MARTES, 20 DE OCTUBRE DE 2026 La Hora QUITO, ECUADOR
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DECLARACIONES PATRIMONIALES JURADAS: ¿ARMAS POLÍTICAS O CONTROL A LA CORRUPCIÓN?
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CONSULTA PROCESAL ¿Es procedente, basada en principios constitucionales recoger en los fallos pruebas que cambiarían la resolución del juez?
RESPUESTA
EN LA WEB derechoecuador.com Autora: Alejandra Patricia Vivanco Carrión
Resumen. Las declaraciones patrimoniales juradas permiten contrastar la evolución económica de quienes ejercen función pública y pueden aportar a la prevención y detección de enriquecimiento ilícito. Su
utilidad depende de que el examen parta de criterios verificables, interprete los datos en su contexto y respete las garantías de defensa, privacidad y presunción de inocencia. Este artículo examina los límites de una diferencia patrimonial como señal de riesgo, las condiciones para seleccionar casos sin arbitrariedad, el papel
de las herramientas automatizadas, la reserva de la verificación y la necesidad de medir resultados con indicadores comparables. La tesis es sencilla: la declaración habilita preguntas y el examen debe responderlas con evidencia; ninguno de esos pasos permite anticipar una conclusión de responsabilidad. Introducción La declaración patrimonial jurada es una herramienta
constitucional de transparencia. El artículo 231 de la Constitución exige a las servidoras y servidores públicos declarar sus activos y pasivos al iniciar y finalizar la gestión, con la periodicidad prevista en la ley. La Contraloría General del Estado puede confrontar y examinar esa información. El propósito es legítimo: identificar variaciones que requieran explicación y proteger los recursos públicos. La pregunta del título
Los juzgadores están en la obligación de resolver la causa de acuerdo a las pruebas legalmente actuadas en el proceso; debiendo señalar que la carga de la prueba está definida en el COGEP y corresponde a quien alega un derecho o su improcedencia. Esto se desprende de las siguientes normas Art.19 COFJ.- Principio dispositivo: “Las juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley”. Art 27 COFJ.- Verdad procesal: “Las juezas y jueces resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes. No se exigirá prueba de los hechos públicos y notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en el proceso cuando se tome en cuenta para fundamentar su resolución”. El juzgador no puede hacer referencia o resolver en base a pruebas que no estén debidamente actuadas en la causa; y solo excepcionalmente puede disponer prueba de oficio, con la debida motivación, suspendiendo su resolución hasta que se practique esa prueba. Ahora bien, si en segunda instancia se observa que existe prueba no admitida o no valorada y esta circunstancia fue materia del recurso de apelación, los juzgadores pueden considerar dichas pruebas y como consecuencia de ello, confirmar o revocar la sentencia subida en grado. Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia
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QUITO
REVISTA JUDICIAL 16 P QUITO | MARTES 20/OCTUBRE/2026
La diferencia patrimonial es una señal que requiere contexto La Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas dispone que la Contraloría confronte las declaraciones y, ante diferencias evidentes que hagan presumir un incremento no explicado por ingresos legalmente percibidos, comunique el resultado a la persona examinada para que explique el origen de los recursos y presente respaldo. La ley prevé, como regla, un plazo de hasta cuarenta y cinco días; puede ampliarse por otros cuarenta y cinco cuando los bienes estén en el exterior y se solicite la extensión. La comparación contable es un punto de partida, no una conclusión. Para determinar qué significa una variación hay que reconstruir su cronología y considerar ingresos previos, créditos, herencias, donaciones, ventas y compras de activos, deudas, cambios de valoración, actividad económica, régimen patrimonial familiar y movimientos entre cuentas propias. También
importa distinguir el valor declarado de los flujos de dinero: un activo puede cambiar de precio sin que exista un ingreso nuevo y una transferencia puede reflejar un préstamo temporal, una devolución o una operación de terceros que necesita ser documentada. El examen gana rigor cuando cada diferencia se formula de manera concreta: qué rubro cambió, entre qué fechas, qué información sustenta la comparación y qué explicación se solicita. Una cifra aislada, una coincidencia de nombres o una operación inusual no demuestran por sí mismas el origen ilícito de un patrimonio. La hipótesis debe ser contrastada con información completa y con la versión de la persona examinada. La selección debe poder explicarse La normativa permite que el control se realice por hechos o denuncias y también conforme al plan anual de control. La existencia de varias vías de inicio hace necesaria una práctica institucional consistente: registrar qué criterio se aplicó, qué información estaba disponible cuando se tomó la decisión y por qué el caso requería revisión. Ese registro permite diferenciar una priorización técnica de una selección motivada por presión externa o por trato desigual. [2] La Contraloría expidió en 2025 un reglamento específico para la ejecución de estos exámenes, que debe leerse junto con la ley y las garantías constitucionales. No es necesario publicar
datos patrimoniales individuales ni revelar operaciones reservadas para rendir cuentas. Sí es posible explicar la metodología general, los criterios de riesgo, el universo considerado, la cantidad de exámenes iniciados y concluidos, sus tiempos, los archivos, las derivaciones y las rectificaciones. La publicación de datos agregados puede mostrar si casos comparables reciben un tratamiento semejante y si la institución utiliza sus recursos de manera razonable. Cuando un examen coincide con una controversia mediática, la institución debe poder demostrar que existía una razón técnica documentada para iniciarlo. La exposición pública de una persona no constituye, por sí sola, un criterio de riesgo. La trazabilidad de la selección protege tanto a quien es examinado como a la credibilidad del órgano de control.
persona examinada debe conocer las diferencias que se le atribuyen, las fuentes utilizadas y el periodo considerado; contar con tiempo y medios para explicar los movimientos y aportar documentos; y recibir una valoración motivada de sus descargos. La Constitución exige que toda persona sea tratada como inocente mientras no exista una resolución firme o sentencia ejecutoriada que declare su responsabilidad. La información financiera y familiar exige especial cuidado. Que la ley autorice el examen de ciertos datos, incluso de personas vinculadas cuando concurran los presupuestos legales, no vuelve irrelevantes la finalidad, la pertinencia y la seguridad de su tratamiento. Cada dato requerido debe guardar relación con el objeto del examen y circular por los canales institucionales habilitados.
Garantías durante el examen La ley distingue entre la declaración y el procedimiento de control: dispone que la información de la declaración sea pública, mientras que la confrontación y el examen tienen carácter reservado, con las excepciones legales previstas. Además, reconoce a los abogados patrocinadores el acceso a la documentación y a los resultados del examen. Esta distinción protege la rendición de cuentas sin convertir una verificación en una sanción reputacional anticipada. La reserva no elimina el derecho de defensa. La
Automatización y revisión humana IA Las herramientas de análisis pueden ordenar grandes volúmenes de datos, detectar variaciones y priorizar verificaciones. Su resultado depende de la calidad de las bases, de las variables escogidas y de cómo se interpreten las alertas. Un modelo puede marcar como inusual una operación legítima si desconoce la cronología de los ingresos, las deudas, una herencia o una transferencia entre cuentas propias. Por eso, una alerta automatizada debe conducir a una revisión humana documentada. El equipo debe
comprobar la exactitud de los datos, explicar qué variables elevaron el riesgo y descartar errores de identificación o información incompleta. La persona examinada debe poder corregir datos y aportar contexto antes de que una inferencia se consolide en un hallazgo. El sistema también necesita auditorías periódicas que midan falsos positivos, diferencias de tratamiento entre grupos comparables y consistencia de sus resultados. La tecnología puede ayudar a decidir dónde mirar primero; no puede reemplazar el examen de la evidencia, la motivación de los hallazgos ni la decisión de la autoridad competente. Si no es posible explicar por qué una alerta se generó, tampoco es posible someterla a contradicción efectiva. Información pública y resultados institucionales La comunicación debe respetar las etapas del procedimiento. Una alerta, un reporte de inteligencia, el inicio de un examen, un informe con indicios, una investigación fiscal y una sentencia son actos distintos. Usarlos como sinónimos confunde a la ciudadanía y puede afectar derechos. TÍTULO EXTRAVIADO Queda anulado el título de la compañía HOSPITAL DE LOS VALLES S.A. HODEVALLES. No. 2565 No. de acciones: 1 Propietario: FATIMA ROCIO DEL CARMEN HIDALGO MARTINEZ El título detallado será anulado de no presentarse reclamo sobre el mismo en un lapso de 30 días contados. Quito, 20 de octubre de 2026
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plantea una tensión que no debe resolverse con consignas. Un examen patrimonial puede contribuir a la lucha contra la corrupción; también puede causar daños injustificados si se activa selectivamente sin razones comprobables o si una alerta se presenta ante la opinión pública como prueba de una infracción. La legitimidad depende del método, de la calidad de la evidencia y de las garantías que acompañan cada etapa.
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Un estándar de control confiable Un sistema confiable necesita reglas de selección anteriores a cada caso, motivos de inicio documentados y análisis patrimoniales que consideren las explicacio-
nes económicas ordinarias. Debe validar la información que utiliza, escuchar a la persona examinada, proteger los datos durante la revisión y motivar por separado cada conclusión. Si utiliza automatización, debe conservar registros auditables y someter el modelo a controles de calidad. La comunicación pública ha de distinguir las alertas de los resultados firmes y las derivaciones de una decisión judicial. La pregunta del título admite una respuesta institucional. La declaración patrimonial es un mecanismo legítimo de control y puede volverse un instrumento de estigmatización cuando se aparta de la evidencia, la igualdad y el debido proceso. Evitar ese riesgo no debilita la fiscalización. Permite que sus resultados sean más útiles, defendibles y confiables. El control empieza con una señal, pero solo se justifica cuando la autoridad explica, comprueba y permite responder. Referencias [1] Constitución de la Re-
pública del Ecuador, arts. 76 y 231. Asamblea Nacional, texto constitucional y reformas. https://www. asambleanacional.gob.ec/ es/contenido/constitucion_ de_la_republica_del_ecuador_reformada [2] Ecuador, Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, arts. 1, 3, 15, 16 y 18. Registro Oficial Suplemento 729, 8 de abril de 2016, con reformas posteriores. https://www. t c e. go b.e c /w p - c o nt e nt / uploads/2022/01/Ley-Presentacion-y-Control-de-Declaraciones-PatrimonialesJuradas.pdf [3] Unidad de Análisis Financiero y Económico, Informe de Rendición de Cuentas 2025, pp. 6–8. https://www.uafe.gob.ec/ wp-content/uploads/downl o a d s / 2 0 2 6/r e n d i c i o n _ cuentas/Informe_de_RC_ publicado_en_pag_web.pdf [4] Unidad de Análisis Financiero y Económico, Informe de Rendición de Cuentas 2024, indicador de informes ejecutivos re-
mitidos a Fiscalía. https:// w w w. u a f e . g o b . e c / w p content/uploads/downloads/2025/12/Art19/12/ ANEXOS/INFORME-DERENDICION-DE-CUENTAS-2024.pdf [5] UAFE, Evaluación Nacional de Riesgos en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, periodo 2018–2022, resumen ejecutivo. Disponible en el sitio colaborativo de la SEPS. https://www.seps. gob.ec/sitio-colaborativopara-prevencion-de-lavado-de-activos/
[6] EXPRESO, “Michelle Maffei: el 40 % de la economía de Ecuador proviene del dinero sucio”, 27–28 de agosto de 2026. La nota identifica la cifra como estimación no oficial, sin un estudio público específico para Ecuador. [7] Contraloría General del Estado, Acuerdo 075CG-2025, Reglamento para la ejecución del examen especial a las declaraciones patrimoniales juradas, Registro Oficial Suplemento 160, 10 de noviembre de 2025.
Juicio N° 17981-2025- 05109 UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA QUITUMBE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, jueves 29 de enero del 2026, a las 12h18. REPUBLICA DEL ECUADOR. UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA QUITUMBE DEL D.M.Q. DE PICHINCHA. Cítese con el siguiente extracto de la demanda de DIVORCIO POR CAUSAL, cuyo tenor es el siguiente ACTOR: MENDOZA MENDOZA NORI CONSUELO DEMANDADO: TOSCANO TOAPANTA LUIS FERNANDO CLASE DE JUICIO: DIVORCIO POR CAUSAL NRO. DE CAUSA N° 17981-2025- 05109 TRAMITE: SUMARIO
CONVOCATORIA
CUANTIA:
A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.
EXTRACTO.CONTENIDO DE LA DEMANDA: MENDOZA MENDOZA NORI CONSUELO, ante usted acudo y con los debidos
De conformidad con lo establecido en el Art. 236 de la ley de compañías, se convoca a usted Señor/a. Accionista de la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A. a la Junta General Extraordinaria a realizarse el día viernes 30 de octubre de 2026 a las 08H00 am, en las instalaciones de la casa comunal del Conjunto Nuevo Amanecer ubicada en las calles José Amesaba Oe1-120 y Orianga, de esta Ciudad, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1. 2.
3. 4.
Respetos comparezco y presento la siguiente demanda de DIVORCIO POR CAUSAL - f) parte Actora AUTO DE CALIFICACIÓN.- UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOILESCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA QUITUMBE DEL D.M.Q DE PICHINCHA.- Una vez que se ha dado cumplimiento al Art. 56 del COGEP, es pertinente la prosecución se la causa. En lo principal, la demanda de DIVORCIO POR LA CAUSAL propuesta por MENDOZA MENDOZA NORI CONSUELO se califica como clara, precisa y reúne los requisitos formales de Ley establecidos en los Art. 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos, por lo que se la admite al TRÁMITE SUMARIO, establecido en el Art. 332 numeral 4 ibídem. CITACIÓN.- por cuanto la accionante ha declarado con juramento que pese a los esfuerzos no ha conseguido el domicilio de la demandada y ésta no tiene registro Consular, Cítese al demandado TOSCANO TOAPANTA LUIS FERNANDO CC. 1714929856 de conformidad con el Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos, mediante tres publicaciones en un periódico de mayor circulación de esta ciudad de Quito; para lo cual remítase el correspondiente extracto, advirtiéndole a la parte demandada de la obligación que tiene de comparecer a juicio en esta Unidad Judicial y CONTESTAR A LA DEMANDA EN EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS luego de haber sido citado, conforme el Art. 333 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos. Caso contrario el proceso se sustanciará en rebeldía de la parte demandada y con las implicaciones que señala la Ley. [3] AUDIENCIA.- La audiencia única establecida en el Art. 333 numeral 4, se señalará una vez que sea citada la parte demandada, diligencia a la que deben acudir las partes personalmente o mediante procurador judicial con cláusula especial para transigir. ANUNCIO DE PRUEBAS: Téngase en cuenta TODO el anuncio probatorio. PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL.- no se fija alimentos provisionales dado que ya se ha fijado en otras causas. DOCUMENTOS: Agréguese a los autos los documentos que acompaña la parte actora en su demanda. NOTIFICACIONES: Tómese en cuenta la casilla judicial como pide la accionante.- La accionante a la brevedad posible debe sugerir curador ad litem para que represente los intereses de su hija menor de edad.- Confiérase el extracto para la publicación por la prensa.CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.
Constatación del quórum. Elección de la Nueva Directiva período 2026 - 2028 2.1 Elección de Presidente 2.2 Elección de Vicepresidente 2.3 Elección de Gerente 2.4 Elección de tres vocales principales 2.5 Elección de tres vocales suplentes Posesión y toma de juramento de la nueva directiva periodo 2026 - 2028 Clausura
Seguros de contar con su presencia y participación, agradecemos de antemano su puntual asistencia a la presente Junta General Extraordinaria.
Nota. - De no contar con el quórum necesario, la Junta General Extraordinaria se realizará una hora más tarde, así como lo estipulan los estatutos.
INDETERMINADA
Ab. Susana Guarango Jara SECRETARIA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA QUITUMBE DEL D.M.Q. DE PICHINCHA
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En particular, un reporte de operaciones inusuales e injustificadas (ROII) es un insumo de análisis que se remite por los canales legales; no equivale por sí mismo a denuncia, acusación o condena. Los datos de rendición de cuentas también requieren precisión. En su informe de gestión 2025, la UAFE reportó un crecimiento del 15 % en la recepción y análisis de ROII respecto del año anterior. En ese mismo informe registró 2.366 requerimientos atendidos de la Fiscalía y describió los informes ejecutivos como respuestas a pedidos específicos, con información financiera de referencia y sin carácter pericial. En 2024, la entidad había reportado 1.869 informes ejecutivos a Fiscalía. Estas cifras miden productos diferentes y no deben sumarse ni presentarse como número de denuncias o condenas. Para evaluar eficacia hacen falta series comparables que permitan seguir el trayecto de la información: cuántos reportes se analizaron, cuántos dieron lugar a nuevas diligencias, cuánto duraron los exámenes, cuántos concluyeron con hallazgos sustentados, cuántos se archivaron, qué recursos se recuperaron y qué errores se detectaron. Los datos deben publicarse de forma agregada para proteger investigaciones y datos personales. También se requiere cautela con estimaciones sobre el tamaño de la economía ilícita. La Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos de la UAFE, basada en información del periodo 2018–2022, calificó el riesgo de lavado como medio alto. Una estimación regional puede abrir una discusión, pero no sustituye una medición nacional transparente ni permite juzgar el desempeño de una institución por sí sola.
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