desde Palacio Nacional un gobierno de mentiras y engaños, los adobes de la miseria que elaboró durante décadas el priismo y dos gobiernos de panismo, se convirtieron en el odio cegador de una población que depositó su absoluta confianza en un individuo enfermo de poder que supo canalizar ese odio cegador para autonombrarse el dueño de la verdad absoluta en los destinos de México.
En la 4T todo se vale y como nunca antes el fin justifica los medios, ya que para López Obrador justificar lo injustificable siempre resulta fácil bajo el argumento de que es lo mejor para el pueblo, su pueblo.
En medio de un país de muerte, desapa-
Jorge Mendez: Empezaron la campaña y al mero estilo priista brincándose toda las trabas, haciendo lo que quieren y encima descaradamente, asi se las manejan en morena, y vienen cosas peores.
Raquel Osuna: Hasta el presidente lopez obrador dice que no le pregunten nada de las corcholatas que porque según el quiere ser neutro, si ya todos sabemos que él va a elegir a quien sea el próximo presidente.
Antonieta Cancino: AMLO necesita de un personaje como Adán Augusto, es su hermano como dice él y el único que puede cubrirle las espaldas, al final el que deje el peje en la presidencia se las va a cubrir, eso es claro, pero va mas al perfil de Adan Augusto.
Dinorah Gonzalez: Mi apoyo va para AMLO y lo que él elija será lo mejor para Mexico. Pero no acepte a los priistas esos que huyeron, son el cáncer de mexico, se lopedimos presidente.
recidos, ejecutados, miles de muertos por la pandemia, salud sin medicinas, abrazos no balazos, los delincuentes también son seres humanos, obras faraónicas sin fondo, instituciones no gubernamentales desmanteladas, la corrupción normalizada, paisanos que dejaron el país por sus calamidades y en busca de un mejor futuro y las remesas proclamadas como una mejora económica de gobierno, la división de los mexicanos, el aumento voraz de las fortunas de unos cuantos, las nuevas mafias del poder, el incremento de la pobreza y un largo etcétera, todo bajo el yugo de al diablo las instituciones… todo, todo se diluye ante lo que para los que gobiernan es lo más importante: “¿Quién continuara con la deformidad guber
namental parasitaria llamada Cuarta Transformación?”.
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Roberto Morales: Aunque pongan cientos de espectaculares para estar parejo con los demás candidatos algunos ni en la vida los hacen, como Monreal o Noroña, nomas van por un huesito asegurado.
Carlos Reyes: mario delgado recomendo en el arranque de las corcholatas, el no agradirse entre si...acaso mario delgado puede ir en contra de lo que dice el ADN de cada uno de las corcholatas? y esto nada mas es el principio!!
Alethia Mejía López: Este proselitismo de Morena es un descaro total y nos advirte que si ellos llegan a la presidencia nuevamente, les seguirá valiendo la ley con tal de seguir manteniendo el poder.
Alfredo Limon Barqueras: Con cual-
quiera de estas finísimas personas , México está perdido. Espero que en este tiempo pase algo bueno y salga un mejor candidato de oposición.
Serafin Velazquez: Y asi todavia dise el presidente qe ay democracia en mexico es una pena qe a estas alturas mexico siga en la ignorancia y lo engañen tan facil con las limosnas qe el gobierno les da.
Fernando Figueroa Estrada: Reza la sentencia burguesa, el poder se hizo para ejercerlo, y Morena como buen partido de la burguesía aplica la máxima con entusiasmo y total conciencia, contra toda ley y derecho del pueblo, contra toda democracia y se descalzona cínicamente como dictadura.
Antorcha Tlaola: Puro derroche con éstos dizque precandidatos, aparte que se van a gastar de nuestros impuestos, están violando las leyes electorales.
Antonio Lucas Torrez: Necesitamos verdaderos líderes sociales que luchen hombro a hombro con el pueblo.
Blanca Escalona: Es un claro ejemplo de todas y cada una de las irregularidades, engaños en los cuales quieren seguir engañando al pueblo de México, es el momento del despertar a un nuevo sistema de gobierno
En estos textos se respetó el vocabulario original. Fuente Facebook Deprimera
Con la imposición de la dupla conformada por Paola Garate y Bernardino Antelo como presidenta y secretario general del PRI en Sinaloa, inició una masiva desbandada de militantes de ese instituto político en todo el estado, como no se había visto antes. La debacle del partido tricolor ha sido propiciada por la propia dirigencia nacional. Alito Moreno ha entregado el partido a “su jefe AMLO”, señalan las viejas huestes del PRI, quienes no dudan en exigir su salida.
EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA DIRIGENCIA ESTATAL DEL PRI, MARCADO por el dedazo impuesto por Alejandro Alito Moreno Cárdenas y el senador Mario Zamora para favorecer un proceso interno en el que se ignorara la voluntad de las bases, refuerza la idea de que el actual dirigente nacional del partido está operando a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador para terminar de fragmentar al PRI rumbo al proceso electoral de 2024.
López Obrador sabe que Morena tiene asegurado el triunfo electoral en las presidenciales del próximo año, pero quiere el paquete completo: congresos, senado, alcaldías, gubernaturas; todo para Morena. Es por eso que abiertamente ha pedido voto parejo para su partido. Previsor, quiere evitar sorpresas y terminar de consolidar el desprestigio y la debacle de los partidos de oposición como el PRI y el PAN.
En julio de 2022, un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Gobierno de México, dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) había iniciado investigaciones contra Alito Moreno por los delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. En el tweet fue etiquetado tanto la FGR como el propio ex gobernador de
Campeche y actual presidente nacional del PRI. Fue eliminado a los pocos minutos ya que institucionalmente no le correspondía al Gobierno Federal publicar dicha información sino a la propia Fiscalía.
Pero para analistas en temas políticos estuvo claro que no se trató de un error o un accidente: el mensaje generó suspicacias por el origen del remitente (Gobierno de México: AMLO) y por la gravedad de las acusaciones, las cuales implican sanciones penales y prisión preventiva.
La red de corrupción encabezada por Alito Moreno ya había sido denunciada por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad en un reportaje publicado en junio de 2022, en el que se documenta que el ex gobernador de Campeche había usado sus influencias políticas para triangular dinero a través de la compra y venta de inmuebles con el objetivo de no
dejar rastro en sus declaraciones patrimoniales ni ante la autoridad fiscal. Cercado por la amenaza del desafuero y la cárcel, Alito Moreno habría pactado con el presidente López Obrador la debacle del PRI. Lo dijo el propio Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de Sinaloa y ex candidato presidencial: “Alito vendió al PRI al servicio de su jefe AMLO”. Frase secundada por el senador del Grupo Plural, Germán Martínez: “Él es un sirviente de López Obrador. Sus diputados hicieron la reforma energética que aplaudió AMLO y votó Alejandro Moreno. Para mí es una vergüenza como un líder de la oposición y por eso la oposición en México está jodida”.
Durante conferencia de prensa en donde estaban reunidos los comités de los 32 estados, el dirigente priista se fue
(Continúa en la página 4)
(Viene de la página 3) en contra de todos los que han renunciado al partido: “Quienes dicen que se van, cuando ya no estén, ‘voy a renunciar’, pues si ya no estaban, por eso les dije que me traigan un bote de basura. Ya les dije a todos los Comités, pongan el bote de basura y ahí todas (las renuncias) a la basura, porque no representan nada, porque nunca estuvieron. Las y los priistas nos conocemos y sabemos que priistas estuvieron en la campaña y sabemos que priistas le hicieron el trabajo al gobierno de Morena, de lacayos, de esquiroles y de esbirros, porque están muertos de miedo de que los metan a la cárcel. Ahora vamos a ver si los van a meter a la cárcel, ya por pasarse a Morena y a ver si ahora los van a perdonar, después de las denuncias que han hecho. Esa es la hipocresía y la falsedad.”, sentenció.
Desbandada en Sinaloa
Apenas tres días después de la toma de protesta de Paola Gárate y Bernardino Antelo como nuevos dirigentes del PRI Sinaloa, comenzó la desbandada. Se trata de cuadros importantes, liderazgos sindicales, operadores políticos que son los que hacen la talacha durante las jornadas electorales.
La razón principal que han argumentado es que no estuvieron de acuerdo con la manera engañosa en que se eligió a la nueva dirigencia estatal.
El método de consulta a la base que se
había anunciado desde el centro del país no prosperó y en su lugar se favoreció la elección de una fórmula única avalada desde Sinaloa por empresarios y el ex gobernador Mario López Valdez, quien incluso se adelantó al anuncio oficial que un día después realizaría el órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI.
Entre los priistas que presentaron su renuncia al partido se encuentran los siguientes:
Antonio Castañeda Verduzco: 20 años de militancia en el PRI, ex diputado local, ex alcalde sustituto de Culiacán en dos ocasiones (primero con Jesús Vizcarra cuando el empresario solicitó licencia para buscar la gubernatura, y después con Jesús Valdés Palazuelos, cuando este renunció al cargo para emprender su campaña de reelección), además fue director de Vialidad y Transportes durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel y actualmente, ya con la administración de Rubén Rocha Moya, es director general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.
Sandra Lara Díaz: 28 años de militancia en el PRI, ex diputada local, secretaria de Agenda del ex gobernador Jesús Aguilar Padilla, fue la primera presidenta municipal de Culiacán, aunque de manera provisional y durante unas horas cuando Jesús Valdés solicitó licencia, y actualmente es titular de la Coordinación Ejecutiva 04 de COBAES.
“Esta situación ha pesado mucho en esta importante decisión en mi vida personal y política. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento sincero a las mujeres y hombres que forman parte de la militancia del PRI, quienes en el pasado me apoyaron en la defensa de las mejores causas, siempre escuché y respeté sus propuestas”, sostuvo Gárate.
En su carta de renuncia, Lara Díaz expresó que el PRI le dio grandes oportunidades de desarrollarse en espacios de representación popular, partidista y en el servicio público, por lo que se iba agradecida “pero también orgullosa de saber que aporté mi esfuerzo a las causas de la gente (a veces a pesar del PRI)”.
Pero sin duda una de las cartas fuertes que han presentado su renuncia al partido fue Fernando Pucheta, ex presidente municipal de Mazatlán, quien al buscar la reelección no pudo con el tsunami lopezobradorista en 2018 y le tuvo que entregar la Presidencia al hoy defenestrado Luis Guillermo Benítez Torres. Pucheta es una de las renuncias más importantes ya que cuenta con una estructura, un liderazgo y una base social importante en el sur de Sinaloa. Tan es así que el propio Rubén Rocha Moya lo integró a su gabinete como subsecretario de Turismo –puesto al que renunció cuando nombraron secretario de Turismo al Químico Benítez– y antes había sostenido varios encuentros con Pucheta en Mazatlán.
En la carta que envió a la dirigencia
estatal para anunciar su renuncia luego de 30 años de militancia en el PRI, dejó claro que su decisión se debe a que está en “desacuerdo con la forma en que se viene trabajando en el partido, distante, frío y alejado de la gente y de los principios rectores basados en los valores de justicia social, igualdad y democracia”.
Marco Antonio Osuna, ex candidato del PRI a la alcaldía de Ahome en las elecciones de 2021 que ganó Gerardo Vargas Landeros, fue más claro y señaló al renunciar a su militancia que al PRI de Alito Moreno y Mario Zamora no le debe nada.
“Al PRI de Alito Moreno y al PRI de Mario Zamora, el peor perdedor que hemos tenido en Sinaloa porque no gana elecciones, no le debemos nada”, declaró en una conferencia de prensa en la que, además, anunció que junto con él se iban del PRI 135 líderes agrarios, ex regidores, operadores políticos, ex síndicos y dirigentes de base del partido.
En la rueda de prensa, Osuna compartió que el principal motivo de su renuncia es que no se le permitió registrase como aspirante a la Secretaría General, en fórmula con Nubia Ramos: “Yo no soy
de berrinches, pero yo creo que se había anunciado, pero sobre todo había sido aprobado por unanimidad que el método para la elección era la consulta a la base”.
En el mismo evento donde Osuna presentó su renuncia también estuvo el ex alcalde de Culiacán, ex diputado local y
ex dirigente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, quizá uno de los personajes más carismáticos y populares que tenía el partido en la capital del estado.
Chuy Valdés lamentó que el PRI haya dejado de tomar en cuenta a su militancia y haya dejado de abanderar “las mejores causas de México”
“Esta situación ha pesado mucho en esta importante decisión en mi vida personal y política. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento sincero a las mujeres y hombres que forman parte de la militancia del PRI, quienes en el pasado me apoyaron en la defensa de las mejores causas, siempre escuché y respeté sus propuestas”, sostuvo.
Desde la nueva dirigencia estatal del PRI se ha intentado minimizar la desbandada de cuadros importantes del partido, quienes no solo se representan a sí mismos sino el apoyo directo de grupos empresariales, políticos y sociales muy fuertes, fundamentales a la hora de ganar elecciones.
Paola Garate prácticamente les ha llamado mal agradecidos pues argumenta que durante muchos años el PRI les permitió construir su carrera política y ocupar espacios en el servicio público, pero hoy que ven la oportunidad en el partido hegemónico no dudan en renunciar a su militancia priista.
“No hay desbandada en el PRI. Son tiempos de definiciones. No tenemos miedo de quedarnos solos, al contrario, estamos seguros que otras personas se van
Paola Gárate prácticamente les ha llamado mal agradecidos pues argumenta que durante muchos años el PRI les permitió construir su carrera política y ocupar espacios en el servicio público, pero hoy que ven la oportunidad en el partido hegemónico no dudan en renunciar a su militancia priista.
Elda Amor López Cárdenas, regidora del ayuntamiento de Culiacán, argumentó su salida del PRI de esta manera: “Títulos hemos atesorado y de los que hemos aprendido mucho, así como también hoy aprendemos de la derrota. Pero pareciera que la derrota más que darnos aprendizajes nos lleva a cerrar las puertas, a dejar de escuchar, a dejar de buscar un partido donde cabemos todos. Con tristeza, pero con gran reflexión personal y de la familia debo decirle que no acompaño la cerrazón del Comité Ejecutivo Nacional, la falta de apertura que hasta el momento se ha demostrado a no de-
a incorporar y van a ir viendo cuadros, liderazgos, que van a encontrar aquí el espacio para poder potenciar más ese liderazgo”, declaró.
Sin embargo, en una jugada politica a manera de represalia, Paola Garate indicó que las renuncias presentadas no tienen validez estatutaria ya que el órgano competente al que se deben dirigir es a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, solicitando una declaratoria de renuncia.
“Quienes han presentado un documento de renuncia, lo han dirigido a una servidora como presidenta del partido y les avisamos a todas esas personas, que esta dirigencia no es la instancia correspondiente; sus pretextos son bien recibidos, los atiendo y los leo con detenimiento, pero les vamos a estar notificando
MURMULLOS DE PRIMERA | «LA NUEVA TRANSFORMACIÓN»
PELAN gallo
Cosa que uno nunca pensaría, pero, se llegó el día y no fue uno, sino varios los priistas que pelaron gallo en Sinaloa, luego de que impusieran a la Paola “te paso el pack” Gárate al mero estilo de los setentas, y pues, a varios no les pareció y mejor renunciaron al PRI… ¡El PRI nunca lo sacarán de su sangre, ome!
A nadie sorprende que el PRI esté en una debacle, se veía venir desde el 2018, pero, lo difícil de creer fue la desbandada que pegó el Chuy Valdés, ya para que de plano ese güey pelara gallo es porque de a tiro las cosas están turbias dentro del Revolucionario… ¡Ahora sí se viene el apocalipsis!
Para este desmadre del PRI, sólo hay un culpable, Alito Moreno y la santa chinga que le metió López Obrador al Revolucionario durante 2018, en donde gracias a un hartazgo parejo, se los cargó el payaso y que hasta la fecha sólo han seguido mamando de la ubre de recursos públicos… ¡A transformarse en Morenos!
jar ni siquiera, participar, a personas que tienen probada militancia, mi postura fue clara en su momento: cuidemos al PRI, a sus liderazgos, a su militancia, no cerremos el partido a decisiones unilaterales”.
Otros cuadros importantes que presentaron su renuncia fueron la diputada local Gloria Imelda Félix, la regidora Grecia Milerth Aguilar González, la diputada local Deisy Judith Ayala, el ex dirigente de la CNOP Héctor Manuel Armenta Rodríguez, el ex alcalde y ex diputado local Francisco Javier Luna Beltrán y el ex secretario general del STASE, Gabriel Ballardo Valdez.
por oficio, que es la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, a donde deben de presentarla”, aclaró Gárate Valenzuela.
Asimismo, señaló que se les facilitará un formato de renuncia, para que lo hagan y en él se indica a quién, cómo y a dónde debe de dirigirse, “esto para que, en vez de estarlo haciendo público y mediático, lo turnen a quien sí corresponde; además, tienen diez días para que lo ratifiquen, si no lo hacen, no se dará por atendido el procedimiento”, enfatizó. Bernardino Antelo, a su vez, expuso que “todos los que quieran renunciar, aquí les vamos a dejar los formatos; ojalá pueda ser esta semana, para que se quiten esa capucha de trabajar para el otro partido, y no dejen de chambear”.
MURMULLOS DE PRIMERA
Todos BIENVENIDOS
Y no se podía quedar callado el gober de Sinaloa, Rocha Moya, el que se duerme en las mañaneras de AMLO, y luego de la desbandada priista, hasta les abrió los brazos para que se vengan al cobijo de su cuna política, ya que él lleva al PRI en su interior, aunque le encante negarlo… ¡Sean todos bienvenidos a la casa del Señor!
MIENTRAS QUE EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE Derechos Humanos y Periodistas gastó en los primeros meses de 2023 un monto mensual de 578 mil 131.9 pesos en pagar a sus empleados y en servicios generales, solamente destinó 110 mil pesos en apoyar a integrantes de ambos gremios objetos de la finalidad de este órgano autónomo creado en Sinaloa.
Sin embargo, su directora Jhenny Bernal Arellano, se la ha pasado quejándose de que el Congreso del Estado no le aprobó suficientes recursos para las medidas y atención, mientras que en sus informes mensuales infla las cifras de casos de personas agredidas, ya que contabiliza como casos de atención llamadas “de asesoría jurídica”, en las que solamente les recomienda a periodistas a dónde acudir para presentar denuncia.
Además, la directora también ha realizado mal uso de otorgar medidas de protección, ya que en febrero pasado le dio un documento a su favor a la diputada de Morena, Almendra Negrete Sánchez, quien se dijo amenazada por Tiago Ventura, activista de los derechos LGBT, quien a su vez también denunció a Negrete por intimidaciones.
Al ser cuestionada por “proteger” a la diputada, la directora Jhenny Bernal señaló que, además de ser legisladora, Almendra era activista, olvidando que lo que prevalece en su caso por ley, es ser funcionaria con fuero constitucional.
“El fuero no detiene una bala”, soltó en tono airado cuando se le cuestionó en una reunión realizada en marzo pasado en Mazatlán, Sinaloa.
Sin embargo, cuando se le preguntó al director del Mecanismo Federal para
la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, si también había legisladores bajo protección, Enrique Irazoque respondió que no, que una vez que se convertían en funcio
narios dejaban de ser sujetos de benefi
cios de la Ley.
¿Qué hace este órgano?
Este Instituto se creó bajo la presión del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, quien se sumó a la lista junto con Javier Valdez Cárdenas.
Grupos de periodistas y defensores impulsaron su aprobación ante el Congreso, pero desde el primer momento comenzaron a surgir diferencias entre los consejeros también elegidos por el Poder Legislativo, ya que Jhenny Bernal, desde
el principio, reveló su plan de dar trabajo a toda una plantilla de allegados, que ya habían trabajado con ella en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, algunos observados por la Auditoría Superior de Estado.
Cuando en agosto de 2022, integrantes del Consejo Consultivo denunciaron que la directora buscaba destinar más recursos a la contratación de personal que a las medidas, el gobernador Rubén Rocha Moya salió a criticar a la “burocracia dorada” de los organismos autónomos.
En una revisión a los estados financieros del Instituto, se confirma que el órgano gasta en concepto de nómina y servicios un monto mensual de 578 mil 131.9 pesos, el cual contrasta con los apenas 110 mil 370 en ayudas sociales a defensores y periodistas.
Con un total de 13 empleados que cobran en colectivo medio millón de pesos mensuales en sueldos, así como gastos de renta y compra de equipo, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa que aprobó el Congreso en la coyuntura del asesinato de Luis Enrique Ramírez Ramos, se ha caracterizado por erogar más recursos en mantener una nómina infuncional que en hacer frente a los desafíos de las agresiones en contra de integrantes de estos gremios que, en medio del poder político y la criminalidad de Sinaloa, han optado por la censura y el repliegue ante las pocas garantías de seguridad que existen tanto para ejercer el periodismo como para defender los derechos de las personas. Eso sí, eventos y lloros por “falta de presupuesto” le sobran a la directora del Instituto.
Según un reporte del órgano, hasta el 30 de abril de 2023 se estaban atendiendo a dos periodistas desplazados, se pagaban dos rentas de vivienda, una alimentación y se aportó para atención médica grave de dos personas más.
El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas gastó en los primeros meses de 2023 un monto mensual de 578 mil 131.9 pesos en pagar a sus empleados y en servicios generales, solamente destinó 110 mil pesos en apoyar a integrantes de ambos gremios objetos de la finalidad de este órgano autónomo creado en Sinaloa.
Juan Luis Quiñones Moreno, gana 20 mil 235 pesos, el titular de Transparencia, 12 mil 669 pesos.
La coordinadora Jurídica, María de los Ángeles Valdez Inzunza, sueldo de 20 mil 235 pesos quincenales, el coordinador administrativo, Cristian Alberto Acosta Padilla también 20 mil 235 pesos.
El resto del personal contratado, que suman otras siete personas, sus sueldos quincenales van de los 12 mil hasta los 15 mil pesos mensuales.
dos por el Poder Legislativo.
En su currículum presentado para participar en la terna, Martini no puso que es asesor de Jáuregui desde que inició la 64 Legislatura. Es decir, mintió en un documento oficial para participar en el proceso de selección del Consejo Consultivo.
Cuando se le preguntó a la legisladora si lo votó en el pleno, replicó que ella no fue quien propuso a su asesor como consejero, sino fue el PRI.
“Vieras que no fui yo quien lo propuso, fue el Grupo Parlamentario del PRI, yo no puse a consideración absolutamente a ninguno, sino que lo vimos en JUCOPO y para mi sorpresa fue el coordinador del grupo del PRI”, comentó a un reportero que le preguntó.
Dijo que ella no ve conflicto de interés, ni ha tenido ningún contratiempo por su trabajo, ya que en el Consejo no cobra un sueldo, es un cargo honorífico.
tección por amenazas, la Dirección del Instituto les informó que ya no podían ampliar el plazo, debido a que lineamientos que la misma Dirección aprobó, establecen que “ya no se puede”.
Lo que sí hizo Jhenny Bernal fue enviarles un documento informando que podían trabajar en la Ciudad de México, ya que había muchos puestos disponibles en el mercado de medios de información y en el ramo editorial o de video.
“Hicimos una petición respetuosa de extender porque no hay más casos que requieran la ayuda, pero ella nos manda una bolsa de trabajo”, inquirió uno de ellos, quienes están próximos a interponer un amparo ante un Juez de Distrito con la intención de que la justicia federal los ampare contra los actos de autoridad ejercidos por la directora Bernal Arellano.
En el caso de los periodistas desplazados, se derogaron 40 mil pesos al mes hasta mayo, y a partir de junio la Dirección decidió, debido a unos estatutos aprobados por el Consejo, ya no continuar con esta atención.
Sin embargo, la nómina de sus 13 integrantes se conserva íntegra a pesar de los pocos casos extraordinarios de atención. Por ejemplo, según copia de los pagos a la estructura del Instituto, la directora Jhenny Bernal gana 63 mil 112 pesos mensuales, que aumenta a más de 70 mil pesos con los impuestos retenidos.
La secretaria técnica, Flor Leticia Castaños tiene sueldo quincenal de 17 mil 687 pesos; el coordinador de medidas,
Los estados financieros señalan que nada más en pagarles a ellos se van 421 mil 723 pesos al mes. Además, pagaron otros 50 mil pesos en un trimestre a “personal de carácter transitorio”.
El infiltrado
El 22 de junio de 2022, el Congreso del Estado eligió a los seis consejeros integrantes del Consejo Consultivo, así como a la directora Jhenny Bernal Arellano, a quien la ley faculta para contratar el personal “necesario”.
Entre los consejeros elegidos estuvo el periodista Mario Martini Rivera, director de portal Paralelo 23 de Mazatlán, pero a su vez es asesor de la diputada de Movimiento Ciudadano, Celia Jáuregui, por lo que Martini goza de un sueldo por honorarios de 40 mil pesos al mes paga-
Por otro lado, Celia Jáuregui minimizó que el Instituto gaste más en sueldos que en medidas, y refirió que debe ir fortaleciéndose con mejores herramientas para la atención de los gremios.
Los olvidados
Dos periodistas desplazados a quienes el Instituto autorizó apoyo económico por un lapso de seis meses, al solicitar la extensión de las medidas paliativas al encontrarse fuera de Sinaloa, bajo pro-
Entre los consejeros elegidos estuvo el periodista Mario Martini Rivera, director de portal Paralelo 23 de Mazatlán, pero a su vez es asesor de la diputada de Movimiento Ciudadano, Celia Jáuregui, por lo que Martini goza de un sueldo por honorarios de 40 mil pesos al mes pagados por el Poder Legislativo.
Egobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estuvo esta semana en la mañanera desde Palacio Nacional, todo esto para firmar un acuerdo sobre la funcionalidad del IMSS Bienestar en el estado, mismo evento en el que el gobernador hasta dormido se quedó durante dicha conferencia.
“Me atrevo a decirles, háganse sus estudios y nosotros las vamos a curar, si desafortunadamente llegan a salir con problemas de salud (cáncer)”, dijo el gobernador durante su participación desde Palacio Nacional.
La realidad es otra, el discurso falso y mentiroso de los po-
líticos de la 4T es totalmente descarado en Sinaloa, hay niños, hombres y mujeres que sufren por medicamentos, por tratamientos para el cáncer; padres de familia tienen que andar tomando calles y pidiendo dinero en cruceros para solventar sus gastos.
Encima, tenemos dos grandes elefantes blancos que siguen sin funcionar como debe ser, uno, el Hospital Pediátrico que va a cuenta gotas, y de plano, el nuevo Hospital General que sólo en promesas ha quedado para que funcione, y aún así tienen el descaro de decir que ellos “los van a curar”.
De doce millones de presupuesto, más de siete terminarán en pagos operativos del Instituto que debería proteger periodistas y defensores
Rubén Rocha Moya ha sido uno de los gobernadores de Sinaloa que más se ha confrontado con la prensa. En sus conferencias semaneras no es raro que se enfrasque en largas peroratas contras los medios locales que considera contrarios a su gobierno de la misma manera que López Obrador desde Palacio Nacional.
TRAS LA PUBLICACIÓN DE REPORTAJES CRÍTICOS A SU ADMINISTRACIÓN NO DUDA EN lanzarles adjetivos despectivos como “pobretones”, “exagerados” o “vendidos”. Incluso ha llegado a proferir amenazas a medios que con sus investigaciones se han atrevido a ir más allá de los comunicados oficiales.
Las agresiones verbales de Rocha contra la prensa han trascendido lo local, y organizaciones internacionales como Artículo 19 le han exigido al gobernador de Sinaloa que deje de usar expresiones estigmatizantes contra la prensa.
La concentración de poder que ha alcanzado Rubén Rocha Moya es tal que no sólo tiene bajo su control a gobiernos municipales, también el Congreso Estatal y el Poder Judicial están supeditados a sus caprichos o venganzas políticas.
El otro eslabón con el que Rocha busca controlar el discurso o la narrativa
oficial a sus intereses son los medios de comunicación.
A través de rescates fiscales o contratos de publicidad, no son pocos los medios en Sinaloa que están sometidos a la línea editorial enviada desde el Tercer Piso de Palacio de Gobierno.
Uno de los ejemplos más evidentes es el diario Noroeste, un medio que en 2016 se declaró en quiebra por sus adeudos con el SAT y que ahora recibe contratos millonarios de la administración Rochista.
Sin embargo, estos acuerdos no son para divulgar o para informar a la ciudadanía sobre acciones del gobierno estatal, lo cual es perfectamente válido, sino
para orquestar campañas mediáticas contra los adversarios del gobernador, entre ellos, el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, y el presidente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Medios preferidos En 2022 Noroeste se convirtió en el medio que más contratos recibió por parte del gobierno estatal. A través de las empresas Servicios Sinaloenses de Noticias S.A. de C.V., Webdav S.A de C.V. y Servicios de Impresiones de Sinaloa S.A. de C.V., el periódico recibió contratos por 11 millones 599 mil 998 pesos con 78 centavos, de acuerdo con facturas y contratos a los
Para asegurarse las lealtades permanentes, el gobierno de Rocha no cubre la totalidad de los contratos en una sola emisión. Por el contrario, va repartiendo dádivas mensuales para ir midiendo si los medios rehenes del dinero público cumplen con la encomienda ordenada.
millones de pesos por 200 spots mensuales de radio.
Entre los medios más beneficiados con el presupuesto público se encuentra Los Noticieristas un medio que nació prácticamente a la par del rochismo y que en 2022 recibió un contrato por 3.5 millones de pesos. También recibió otro contrato por 183 mil 744 pesos a través de su empresa filial Teleradio Network S.A. de C.V.
sido más evidente en algunos medios que al principio de la administración actual no dejaban de incomodar al mandatario estatal.
que tuvo acceso Deprimera Noticias.
Mientras que, en 2023, justo cuando el gobierno de Rocha ha decidido intensificar sus ataques por un lado contra Cuén y su familia, y por otro lado contra la UAS y el rector, las erogaciones a Noroeste han representado una suma de 6 millones 960 mil pesos de acuerdo con documentos filtrados, ya que la información correspondiente a este año en la Plataforma de Transparencia no se encuentra disponible al momento de esta investigación, sin embargo, estos datos ya se solicitaron directamente a través de Acceso a la Información.
El diario está sometido por completo a la disposición de Rubén Rocha, cuyo gobierno tiene en su poder el crédito fiscal por más de 59 millones de pesos que el diario debía al SAT y que ahora es deuda que corresponde al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.
Pero no solamente es Noroeste el único medio de comunicación rehén del gobierno de Rubén Rocha para la orquestación de campañas sucias contra sus adversarios.
Durante 2022 el gobierno estatal erogó más de 67 millones de pesos del presupuesto público en gastos de publicidad en medios. De ese total, ocho medios acapararon contratos de más de dos millones de pesos cada uno y que en total suman alrededor de 32 millones de pesos.
La segunda empresa más beneficiada con contratos públicos fue TV Azteca, del magnate Ricardo Salinas, a quien Quirino Ordaz regaló un estadio e infraestructura deportiva por el orden de los mil millones de pesos, dinero de los sinaloenses, la televisora con Rocha recibió un contrato por cinco millones 220 mil pesos.
Le siguen Grupo Chávez Radio, empresa que controla distintas estaciones de radio, que recibió en 2022 un contrato por cuatro millones 338 mil 400 pesos. Esta misma empresa también fue beneficiada con otro contrato en 2023 por cinco
Los contratos oficiales establecen que el objetivo es la divulgación de diversos programas y acciones de gobierno y de la administración pública. Esto es algo perfectamente legal, ya que los gobiernos, universidades e instituciones tienen derecho a dar a conocer a la ciudadanía sus programas y acciones a través de los medios de comunicación.
Sin embargo, el verdadero fin del reparto presupuestal entre medios a modo es la divulgación e imposición de la narrativa oficial bajo la amenaza de que, si no aceptan como inapelable el discurso rochista, se cancelan los contratos, lo que ha dejado claro Rocha en sus semaneras.
La línea editorial
El sometimiento de la línea editorial ha
En el caso de RíoDoce o Revista Espejo los cuales fueron víctimas de los dardos de Rubén Rocha en varias conferencias semaneras. A los primeros les lanzaba comentarios despectivos y en alguna ocasión los llamó “pobretones”. A los segundos no dejaba de acusarlos de dedicarse sólo a ver qué nos encuentran e incluso les lanzó una amenaza: “que no nos busquen”.
Por otro lado, está también la manera despectiva en que se arroja contra sus mismos funcionarios de forma intolerante, desposta, soberbia y arrogante, “usted no me aclare nada” le reviraba a su directora de Comunicación Social, Adriana Ochoa del Toro durante su semanera.
“Yo no quiero de los medios que tienen convenio de publicidad, yo no quiero favores” señaló durante su semanera, “no me hagan ningún favor”, recalcó.
Sin embargo, la postura del gobernador hacia ambos medios ha cambiado en los últimos meses a partir de que ambos tomaron como propia la cobertura del
Durante 2022 el gobierno estatal erogó más de 67 millones de pesos del presupuesto público en gastos de publicidad en medios. De ese total, ocho medios acapararon contratos de más de dos millones de pesos cada uno y que en total suman alrededor de 32 millones de pesos.
conflicto en la UAS desde una óptica que complacía al discurso rochista.
Otros medios
En 2022 RíoDoce recibió del gobierno rochista la suma de un millón 748 mil 700 pesos, mientras que Revista Espejo sumó la cifra de 298 mil 319 pesos con 93 centavos.
Otros medios que han sido congraciados con los contratos millonarios con el gobierno estatal son TeleRadio de Sinaloa, con la cual se firmó un contrato por 2.5 millones de pesos.
Televisa Sinaloa recibió un contrato por 3 millones de pesos para la divulgación de spots en sus noticieros locales.
Megacable noticias se sumó a ese grupo con un presupuesto de 1.8 millones de pesos repartidos en diez pagos durante 2022.
Grupo Promomedios recibió otro contrato por 2 millo-
nes 227 mil pesos, en tanto que El Debate recibió múltiples contratos, uno por 2.8 millones de pesos.
Para asegurarse las lealtades permanentes, el gobierno de Rocha no cubre la totalidad de los contratos en una sola emisión. Por el contrario, va repartiendo dádivas mensuales para ir midiendo si los medios rehenes del dinero público cumplen con la encomienda ordenada.
De esta manera Rocha busca instalar en la opinión pública la narrativa oficial que esconde la intención de su gobierno de apoderarse de la universidad, la cual será determinante para un partido como Morena que no cuenta con una estructura social y que solo depende de la popularidad de un nombre, el del presidente López Obrador, como lo aceptó recientemente el mismo Rocha Moya.
Millones de pesos de los sinaloenses utilizados para disputas personales
Redacción Deprimera Noticias
Ya hay casos de trabajadores altamente calificados y con elevados salarios que se están quedando sin empleo al ser sustituidos por programas de inteligencia artificial. Se pensaba que los trabajos que serían reemplazados por la tecnología eran aquellos que implicaban labores repetitivas y a veces sucias, como cobradores en estacionamientos, cajeros en supermercados y barrenderos, entre otros, pero ya quedó en evidencia que no es así.
El diario The Washington Post identificó algunos casos de trabajadores calificados que han sido desplazados por la Inteligencia Artificial. Un ejemplo es el de Olivia Lipkin, especialista en escribir textos de publicidad, ventas y mercadotecnia para una empresa de tecnología en San Francisco. Por su nivel de complejidad y especialización, la redactora consideró que aún estaban lejos los días en que su labor podría estar en riesgo por los avances tecnológicos.
De pronto, en abril pasado, fue despedida sin mayor explicación. Con el paso de los días vio mensajes subidos por sus ex compañeros en las redes sociales y ahí encontró comentarios acerca de cómo su salario resultaba mucho más costoso para la empresa que el de algún programa de inteligencia artificial.
“Cuando alguien hablaba de programas de inteligencia artificial como ChatGPT, me sentía insegura y ansiosa por la posibilidad de que algún día me reemplazara en mi trabajo”, dijo Lipkin al ser entrevistada por The Washington Post y agregó que “ahora sé que eso era un riesgo real y me consta que mi empleo estaba en peligro”.
En un artículo realizado por Pranshu Verma y Gerrit de Vynck, reporteros y analistas especializados en
tecnología para The Washington Post, se agrega que muchos economistas predicen que las tecnologías de inteligencia artificial sustituirán a cientos de millones de plazas de trabajo generando una reorganización cataclísmica de la fuerza de trabajo no vista desde la revolución industrial.
Para algunos trabajadores, ese cambio ya es una realidad. Aunque no se esperaba, los escritores especializados en contenido de mercadotecnia y redes sociales se encuentran entre los primeros en ser reemplazados por herramientas como algunos bots que al parecer son capaces de producir textos capaces de sustituir los que escribían los humanos.
Otro caso es el de Eric Fein, quien fundó una compañía para crear contenido de todo tipo de empresas, desde catálogos hasta páginas web completas y llegó a ser bastante próspero con más de diez cuentas del mismo número de compañías.
En marzo pasado, su principal cliente le notificó que sus servicios ya no serían requeridos pues serían susti-
tuidos por el programa ChatGPT. Antes de que pasara un mes, todos sus demás clientes hicieron lo mismo y Fein perdió la totalidad de su negocio de creación de contenido.
Habló con sus clientes con la intención de hacerlos reconsiderar la decisión y les explicó que el citado programa de inteligencia artificial no tiene capacidad para escribir con los niveles de creatividad, precisión técnica y originalidad que él ofrece. Fein comentó que sus clientes le hicieron saber que estaban consientes de eso, pero utilizar el ChatGPT les permitía reducir sus costos en gran medida.
Ahora Fein decidió emplearse en un trabajo que la inteligencia artificial sea incapaz de realizar por lo que ya se encuentra tomando cursos para convertirse en técnico en aires acondicionados. Al concluir, iniciará otros cursos para ser fontanero.
Al realizar su investigación, Verma y De Vynck también encontraron que la mayoría de las compañías que han reemplazado a sus redactores por chatbots han enfrentado errores garrafales que tienen que ser corregidos. Algunos casos, incluso, han resultado costosos, como el de un despacho de abogados donde su inteligencia artificial comenzó a citar casos totalmente ficticios, o el de una asociación médica especializada en desórdenes alimenticios, donde su chatbot comenzó a generar textos faltos de sensibilidad para sus pacientes aunados con información que podría resultar dañina. Hasta el momento, la decisión que enfrentan las empresas es la de reducir costos o mantener la calidad de sus productos. Cada una tomará la decisión que más le convenga, mejores servicios para sus clientes o reducir sus costos.
LA INFORMACIÓN DEL PROCESO JUDICIAL EN CONTRA DE EMMA CORONEL AISPUro, así como los datos claves sobre el Cártel de Sinaloa y los herederos del clan Guzmán que haya aportado a cambio de una sentencia mínima, continúan siendo los secretos mejor guardados por la DEA, pero a diferencia del hermetismo con el que se ha manejado esta situación, lo que sí cobró relevancia al finalizar la primera semana de junio, es que la pareja del Chapo ya abandonó la prisión de mediana seguridad en donde se encontraba internada para pasar a un arresto domiciliario más cómodo.
De acuerdo con los datos del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, Coronel Aispuro pasó 15 meses en la prisión “FMC Carsewell”, en Forth Worth, Texas, y a partir de este mes, fue trasladada a un inmueble ubicado por la avenida Sea Side, de San Pedro, California.
Los datos revelados por medios del otro lado, indican que el traslado de Emma ocurrió el 30 de mayo, bajo la vigilancia de los Marshall, y pasará los próximos 13 meses en un confinamiento comunitario supervisado por la Oficina de Administración de Residencias de Reingreso en Long Beach.
Al abandonar el sistema carcelario,
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La esposa del Chapo Guzmán se encuentra arraigada en un domicilio en California, al igual que otros, podría ser testigo en el juicio contra Ovidio, el Ratón.
Desde un principio se dijo que más que arresto, la detención de la joven y bella esposa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en febrero de 2021 cuando bajó de un avión en el aeropuerto de Dulles, Virginia, era una entrega formal a la Agencia Antidrogas estadounidense, pues desde antes de iniciar el juicio del padre de sus dos gemelas, Emma Coronel Aispuro iba y venía de México a Estados Unidos sin ser molestada, sin que ser la esposa del líder del Cártel de Sinaloa le agenerara una situación ilegal. Hasta antes de esa fecha, nada hacía pensar que la originaria de Canelas, Durango, estuviera en
la mira de la DEA, en el proceso del Chapo aparecía siempre como su compañera, no como alguien que tuviera participación directa en el crimen, por lo que usando una acusación endeble, para los “sabuesos” del Tío Sam, fue un filete jugoso pero en información clave: esos son los secretos mejor guardados de Emma Coronel, hasta hoy no se sabe qué datos aportó a la Fiscalía, mucho menos se sabe si, de manera eventual, formará parte de la lista de testigos en contra de Ovidio Guzmán López, El Ratón, quien todavía aguarda un largo juicio de extradición a Estados Unidos.
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Coronel Aispuro también tendrá derechos como a la visita familiar o de personas, pero además, la mujer de 33 años en la actualidad, podrá estar sujeta al programa de testigos protegidos.
Dicho programa, debido a su naturaleza, es de orden reservado, por lo que, tras cumplir sentencias, un cooperador del Departamento de Justicia, es enviado a un domicilio particular en espera de ser llamado para algún juicio.
De acuerdo con medios, actualmente Emma puede obtener un trabajo y salir fuera del confinamiento comunitario
De acuerdo con medios, actualmente Emma puede obtener un trabajo y salir fuera del confinamiento comunitario siempre y cuando siga las reglas de las autoridades. Se espera, como parte de su sentencia, que tenga otros 48 meses de libertad condicional, es decir, que no podrá regresar a México ni salir del estado donde se encuentra, debido a que tendrá que continuar presentándose a la corte para firmar.
siempre y cuando siga las reglas de las autoridades. Se espera, como parte de su sentencia, que tenga otros 48 meses de libertad condicional, es decir, que no podrá regresar a México ni salir del estado donde se encuentra, debido a que tendrá que continuar presentándose a la corte para firmar.
Lo que se sabe Aunque es muy pronto para confirmarlo, Coronel Aispuro reúne el perfil para ser una de las personas que testifique en contra Ovidio Guzmán López, El Ratón, ya que dentro de las pruebas adminiculadas durante la acusación que formuló la Fiscalía en contra de ella, se advierte que estuvo al tanto de información sobre los movimientos de su esposo, de sus hijos y de otros integrantes del Cártel de Sinaloa
Por ejemplo, la DEA usó a Dámaso López Núñez, El Licenciado para que declarara en contra de Emma, quien es su comadre debido a que fue el padrino de bautizo de las gemelas, María Joaquina y Emily Guadalupe, ambas nacidas cuando El Chapo se encontraba en libertad y con pleno liderazgo de la organización criminal.
Fue Dámaso quien informó que Coronel Aispuro participó en cuando menos seis reuniones para organizar la fuga del Chapo de la prisión de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.
En estos cónclaves secretos, según López Núñez, estuvieron presentes además de él, sus hijos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán.
Además, dijo que ella fungía como “correo” del Chapo al girar instrucciones para sus asociados fuera de la prisión.
“Me reuní con mi comadre y me encar-
gó algunas tareas”, expuso Dámaso en su declaración juramentada en Estados Unidos.
Pero según los fiscales, Coronel Aispuro no solamente cumplía los encargos, sino que adquirió la figura de ser “una representante” del Chapo Guzmán, y eso le permitió conocer de primera mano la información sobre la organización que operaba su esposo tanto cuando estuvo en la cárcel como cuando se encontraba libre y posteriormente en su fuga.
En las declaraciones de El Licenciado en el acta de acusación contra Emma, se lee también que intentó un segundo plan para sacar al Chapo de la prisión la segunda vez que fue detenido en Los Mochis, y para ello le envió 100 mil dólares, pero la intención se vio descarrilada cuando cambiaron de prisión a Guzmán a Ciudad Juárez, y de ahí en pocos meses, fue extraditado a Nueva York.
Cartas marcadas
En las diversas cartas que enviaba El Chapo a sus socios fuera, citaba a Emma, o le daba instrucciones a ella, para que se viera con tal o cual persona, como un hombre identificado como Cleto, quien, según el FBI, fue la persona que le entregó a Coronel las ganancias de más de cinco kilogramos de heroína.
“Respecto a Cleto dile que aumente la producción para que rinda. Salúdame a Cleto. Dile que por favor me eche una mano para que la primera venta sea de mi parte… porque tengo muchos gastos aquí”, se leyó en una de las cartas que Guzmán le envió.
“Tú sabes quién tiene los papeles en ese lugar. Envíaselos a las gemelas, por favor. La madre de las gemelas les dirá algo a ti y a mis hijos. Por favor, esté alerta, compadre. Ella te explicará. La madre de las gemelas les llevará un mensaje a todos ustedes para que vean personalmente”, señaló en otra misiva dirigida a Dámaso.
Durante el juicio de Coronel Aispuro, un agente del FBI declaró que Emma fue parte activa y se benefició del grupo criminal sinaloense.
Fue Dámaso quien informó que Coronel Aispuro participó en cuando menos seis reuniones para organizar la fuga del Chapo de la prisión de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México. En estos cónclaves secretos, según López Núñez, estuvieron presentes además de él, sus hijos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán.
acelerador para que el Estado mexicano entregue en extradición a Ovidio.
La estrategia de las autoridades americanas fue señalar a los Guzmán de ser los principales productores y distribuidores de fentanilo, el opioide sintético que, según los gringos, traen en jaque al país debido a la fuerte adicción que provoca y a la potencia narcótica a la que le atribuyen cerca de 100 mil muertos al año por sobredosis.
De esta manera, la organización de Los Chapitos comenzó a jugar su propia estrategia mediática para desligarse de la producción de esta droga, empujados por la presión de los Estados Unidos, como una forma de prevención de que no sean lanzados nuevos operativos de captura en contra de ellos en territorio sinaloense.
“Coronel conoce y entiende que el Cártel de Sinaloa es el cártel más prolífico de México. Coronel conocía que las ganancias de la droga que ella manejaba durante su matrimonio con Guzmán, se derivaban de estos envíos. Además, de 2012 a 2014 Coronel transmitió mensajes a nombre de Guzmán para promover las actividades del narcotráfico”, dijo el agente del FBI.
Información clave
De este modo, la joven mujer madre de dos gemelas conoce información clave para que la DEA continúe con sus indagaciones en contra de los hijos del Chapo quienes desde la caída de El Ratón en enero pasado con el advenimiento del segundo “Culiacanazo”, se han replegado en sus actividades de producción y
La joven mujer madre de dos gemelas conoce información clave para que la DEA continúe con sus indagaciones en contra de los hijos del Chapo, quienes desde la caída de El Ratón en enero pasado con el advenimiento del segundo “Culiacanazo”, se han replegado en sus actividades de producción y trasiego de drogas.
trasiego de drogas.
A mediados de abril pasado, la DEA y el Departamento de Justicia anunciaron medidas en contra de Los Chapitos, dieron a conocer acusaciones más fuertes en contra los hermanos Iván, Jesús Alfredo y Joaquín, y además metieron el
La presión del gobierno de Joe Biden funcionó, pues los decomisos de laboratorios en lo que va de 2023 se han disparado, sobre todo tras la caída de El Ratón y de José Guadalupe Lupe Tapia Quintero, a quien señalan junto con su familia de ser uno de los principales productores de fentanilo.
Pero más allá de la información recien-
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te, de manera oficial Emma Coronel admitió, en los documentos de aceptación de su culpabilidad, firmados en febrero de 2022 al darse a conocer su sentencia de tres años de prisión.
Aceptó, contrario a lo que decía en las entrevistas de televisión que daba a cadenas de noticias hispanas, que desde que se casó con Joaquín Guzmán en 2007, sabía que él era líder del Cártel de Sinaloa organización que traficaba con drogas, obtenía ganancias millonarias y también mandaba eliminar personas.
En los documentos públicos, Coronel también asumió la responsabilidad de apoyar al Chapo en sus negocios, sobre todo el tiempo en que estuvo en El Altiplano, que conoce a los hijos de Joaquín, con quienes planeó la fuga y cuyos mensajes entregaba para la operación del grupo criminal.
Sin embargo, fuentes extraoficiales señalan que, de cara al juicio del Chapo en la Corte Federal de Nueva York, Los Chapitos no vieron con buenos ojos que Emma Coronel no sólo se exhibiera en redes sociales, sino que diera entrevistas, apareciera en la sala del tribunal.
Datos obtenidos señalan que llegó un momento en que los Guzmán ya no querían financiar ni los gastos de Emma ni los abogados, sobre todo en la etapa final del juicio en que se sabía que el capo sería sentenciado a cadena perpetua.
De ahí que, debido a esa sobreexposición y el temor que Coronel comenzara a contar información relativa a la estructura del grupo criminal, es que optó por entregarse a la DEA para hacer un acuerdo legal. De hecho, se desconoce dónde hacen vida sus dos hijas, toda vez que desde que fue encontrada en Virginia, no se dijo que estuviera acompañada de ellas.
Bajo la lógica que Emma pudiera ser informante de las autoridades gringas, en Sinaloa ya no encontró cabida en el
círculo de la familia de su esposo. Aunque medios extranjeros afirmaron que sí se sentía amenazada, abogados de Coronel afirmaron en 2021 que la información era falsa, pues la comprometían a un tema de seguridad.
Al momento de declararse culpable, el juez federal le preguntó si había recibido una amenaza o presión para hacerlo. Ella dijo que no. También le preguntó si sabía que, con su declaración, renunciaba a derechos constitucionales, como no incriminarse o no poder apelar una condena en lo futuro. Asintió.
“¿Entiende que, si se declara culpable, está renunciando a esos derechos que le expliqué, porque no habrá un juicio y seguramente no habrá una apelación, que está renunciando a su derecho a no incriminarse, porque para yo poder aceptar su declaración de culpabilidad usted tiene que reconocer su culpa?”, le preguntó el juez federal. Coronel contestó afirmativamente.
Tras la audiencia, la abogada de Emma, la litigante Mariel Colón, declaró a medios latinos que su cliente no estaba triste, sino algo preocupada por los artículos periodísticos que la señalaban de filtrar información del cártel.
La representante legal afirmó que si Coronel asumió la culpabilidad y prefirió sujetarse al procedimiento abreviado (en lugar de irse a un largo y cansado juicio), fue por sus hijas.
“Todas las decisiones que ella toma son pensando en sus hijas”, aseguró la
A mediados de abril pasado, la DEA y el Departamento de Justicia anunciaron medidas en contra de Los Chapitos, dieron a conocer acusaciones más fuertes en contra los hermanos Iván, Jesús Alfredo y Joaquín, y además metieron el acelerador para que el Estado mexicano entregue en extradición a Ovidio.
abogada. Todo lo demás, quedó bajo llave y en el más puro secretismo.
Corolario de una exreina
Emma Coronel nació en San Francisco, California, el 2 de julio de 1989. En unos días más cumplirá 34 años. Creció en La Angostura y en Canelas, Durango. Su padre es Inés Coronel Barrera, detenido en Sonora. Se supone que era primo de Ig-
Datos obtenidos señalan que llegó un momento en que los Guzmán ya no querían financiar ni los gastos de Emma ni los abogados, sobre todo en la etapa final del juicio en que se sabía que el capo sería sentenciado a cadena perpetua. Testigo protegido.
nacio Nacho Coronel.
Su madre es doña Blanca Aispuro Aispuro. Además de Emma, el matrimonio procreó a Óscar Inés y Édgar, ambos en prisión también.
En 2006, con 17 años de edad, fue elegida reina del Festival del Café y la Guayaba de Canelas, y fue ahí donde la conoció el Chapo Guzmán.
El 6 de enero de 2007 fue su boda con Guzmán. Y aunque periodísticamente fue noticia en la revista Proceso, según El Mayo Zambada, la boda nunca se realizó, según dijo a Julio Scherer.
En junio de 2021, Coronel Aispuro se declaró culpable de tres delitos: lavado de dinero, participar en transacciones con un narcotraficante y tráfico de metanfetamina, cocaína, marihuana y heroína.
En los papeles admitió que se desempeñó como mensajera entre miembros del Cártel de Sinaloa y El Chapo Guzmán, mientras el capo sinaloense se encontraba recluido en la prisión de máxima seguridad.
Aunque en un inicio su sentencia la iba a cumplir hasta 2024, en febrero de 2022 la defensa de Emma obtuvo la reducción de su condena de 36 a 31 meses de prisión. Hoy se encuentra en el programa para terminar de cumplir la sentencia impuesta. El gobierno estadounidense no emitió postura respecto al caso de Coronel.
POR SER UN MEDIO DE TRANSPORTE BARATO, QUE GASTA POCO COMBUSTIBLE, LA MOtocicleta se ha convertido en un vehículo monoplaza vulnerable ante los accidentes que terminan con la muerte de sus usuarios.
De acuerdo con estudios de datos de empresas aseguradoras, en los últimos 20 años aumentaron un 875 por ciento las muertes en motocicleta, en especial tanto por el incremento de la compra de esas unidades de fácil acceso en el mercado, como también la falta de medidas de seguridad de los usuarios.
Por ejemplo, en la mayoría de últimas muertes de personas en moto en Sinaloa, según revisión en notas periodísticas, las víctimas no llevaban casco, iban a exceso de velocidad o iban dos o más personas montadas, lo que equivale a pérdida de maniobrabilidad.
En el estado, en los últimos diez años,
han muerto en accidentes (de manera general) un total de seis mil 168 personas, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, en los últimos dos años correspondientes al gobierno de Rubén Rocha Moya, las cifras anuales superan los 600 casos, y este 2023, hasta el 31 de mayo, se reportaron 300 defunciones por accidentes de tránsito, de los cuales una gran parte fueron en motocicleta. Por más que desde el Gobierno del Estado se hable de planes y programas para abatir los altos índices de muertes dolosas, que sitúan a Sinaloa en el quinto lugar nacional, la realidad es que la complicidad y la desidia continúa siendo el principal problema para articular una política de gobierno para contener esta dramática situación.
Y se entiende, ya que por más operativos que hagan las corporaciones contra motociclistas que no respetan las medidas de seguridad, se impone la política
siniestra del grupo del narcotráfico dominante, que usa a cientos de jóvenes en estas unidades de dos ruedas para hacer labores de vigilancia.
De ahí que es común observar en las calles los convoyes militares o de la Guardia Nacional, y detrás de ellos, como si fueran rémoras, a jóvenes motociclistas que van reportando por radio el avance de las tropas por la capital del estado, lo hacen de manera impune, sin que los soldados hagan algo.
La tarde del 2 de mayo pasado, la muerte de una pareja de jóvenes sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de la sindicatura de San Pedro, provocó consternación en las redes sociales, ya que circularon imágenes de cómo sus cráneos habían sido aplastados contra el pavimento por un camión de volteo cuyo chofer se dio a la fuga.
Sin una regulación real para controlar tanto su venta como para que quien la conduzca guarde las debidas reglas de vialidad, el uso de la motocicleta se volvió exponencial en Sinaloa, pero también los accidentes y muertes relacionadas con el mal manejo de parte de los usuarios que a la vista de las autoridades incumplen con las normas de seguridad como portar casco protector, conducir a velocidades permitidas y haber aprobado los exámenes de pericia. Sin embargo, debido a que la motocicleta es el principal medio de transporte de los “punteros” del cártel, no hay quien regule esta situación anómala que cuesta vidas humanas y que, a todas luces, cuenta con la complicidad y desidia de parte de las autoridades.
Desde C-4, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer el video en los momentos en que el chofer de la góndola se daba a la fuga, mientras kilómetros atrás habían quedado los cuerpos de la adolescente y de su joven acompañante. Al igual que muchos muertos, ellos tampoco usaban casco. En redes sociales personas se pusieron a favor y otras en contra de las víctimas, pues una de las hi(Continúa en la página 16)
pótesis del accidente es que los jóvenes quedaron en el punto ciego del chofer del camión.
En el mes de junio, de manera seguida, los decesos por accidentes de motocicleta se multiplicaron, sin que el gobierno hiciera eco del uso descontrolado de estas unidades de dos ruedas.
El jueves 15 de junio, a las 10 de la noche, se reportó la muerte de un hombre de 35 años que circulaba a exceso de velocidad sobre la carretera Internacional México-15, entre La Presita y la zona de los moteles de la salida norte de la capital.
Los datos señalan que el conductor se le descontroló el manubrio, derrapó y se salió de la cinta asfáltica para terminar en un terreno de cultivo recientemente trillado.
Horas más tarde, al amanecer del viernes 16 de junio, una mujer falleció y dos personas más resultaron heridas al ser atropelladas cuando circulaban en una motocicleta, sin casco, por la carretera Navolato-Altata, a la altura del entronque para el ejido La Bandera.
La mujer fallecida se llamaba Jesús Victoria, de 40 años y los heridos fueron Estefanía, de 37 años y Luis Enrique, de 40 años, todos con domicilio en La Bandera.
Las autoridades señalaron que los tres iban en una motocicleta Italika sobre
la carretera Navolato-Altata a la altura de El Alto del Vergel. Cuando iban a dar vuelta para el ejido La Bandera, fueron embestidos por el conductor de un Buick Enclave.
El domingo 18 de junio, una joven que circulaba en una moto por una calle principal de la sindicatura de Eldorado murió arrollada por un vehículo que se dio a la fuga. Fue identificada como Adriana Sarahí, de 21 años, quien sufrió traumatismo craneoencefálico severo y no portaba casco de seguridad.
Ya por la noche del mismo domingo, en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateo, perdió la vida un joven de nombre Daniel, de 34 años, quien tenía su domicilio en El Tamarindo.
Daniel, al igual que las anteriores víctimas, no portaba casco de seguridad, y circulaba en una Italika FT 150 color blanco, entre la caseta de cobro del Limón de los Ramos y La Campana.
Eran las nueve de la noche cuando se recibió el reporte del accidente en ese tramo. Al igual también que en la mayoría de los casos, el responsable se dio a la fuga del lugar del accidente.
¿Qué ocurre en el país?
Las estadísticas nacionales muestran que conducir una moto y más sin la debida seguridad, es un riesgo en México. Por ejemplo, de acuerdo con datos recopila-
De acuerdo con estudios de datos de empresas aseguradoras, en los últimos 20 años aumentaron un 875 por ciento las muertes en motocicleta, en especial tanto por el incremento de la compra de esas unidades de fácil acceso en el mercado, como también la falta de medidas de seguridad de los usuarios.
Desde hace décadas la violencia en las zonas serranas, la crisis climática y la construcción de diversas obras han propiciado el desplazamiento forzado de miles de familias en Sinaloa.
dos por compañías de seguros, los índices de siniestralidad en contra del sector monoplaza han ido en aumento hasta en un 34 por ciento durante los últimos cuatro años, y del año 2000 al 2022 se promedia un incremento de hasta 875 por ciento en cuestión de la muerte en contra de los motociclistas.
En Sinaloa, aunque el uso de equipo de protección es obligatorio en la Ley de Tránsito, la mayoría de los conductores de moto no lo usan, sobre todo en comunidades alejadas de los centros urbanos más habitados, y las cifras mortuorias demuestran que son en estas zonas donde más decesos se han registrado en el último mes.
En el país, los accidentes en este tipo de unidades generan un total de 43 mil reportes a las unidades de tránsito locales al año, “visualizándose así como uno de los más importantes riesgos de muerte que actualmente se dan para una gran parte del sector, resultando así en un riesgo importante de muerte al sector vehicular en la República Mexicana, por lo cual se vuelve cada vez más necesaria una cultura vial en la que las motocicletas puedan incluirse a transitar de forma tranquila, pero sobre todo en donde puedan evitar todos aquellos imprevistos a los que puedan
estar expuestos”, advierte un reporte de Seguros AXXA.
“En México se registran 16 mil muertes de personas debido a sufrir accidentes de tránsito, en donde los siniestros de motocicletas se encuentran sólo por debajo de los automóviles, sin embargo, las probabilidades de mortalidad son aún mayores a bordo de los vehículos a dos ruedas, y es que los accidentes de moto involucran mayormente a personas que se están entre los 20 y 39 años de edad”, indica la información.
Según este estudio, el uso del casco de protección disminuye hasta en un 42 por ciento todos los riesgos de muerte debido a un accidente en motocicleta, además de un 70 por ciento de posibilidades a presentar lesiones de gravedad en el área de la cabeza, además de un 40 por ciento de complicaciones cervicales.
En Sinaloa, aunque el uso de equipo de protección es obligatorio en la Ley de Tránsito, la mayoría de los conductores de moto no lo usan, sobre todo en comunidades alejadas de los centros urbanos más habitados, y las cifras mortuorias demuestran que son en estas zonas donde más decesos se han registrado en el último mes.
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS MÁS DE NUEVE MIL FAMILIAS DEL ESTADO DE SINALOA HAN sido desplazadas por distintos factores, entre ellos, la construcción de presas o carreteras, cuestiones agrarias y también por el tema de la violencia e inseguridad, compartió Omar Mancera González.
El investigador de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, detalló que en comparación con otras regiones del país donde se tienen desplazados por violencia, cambio climático o el desarrollo de proyectos como la presa Picachos, en el estado de Sinaloa se presentan las tres causales del desplazamiento.
“Nos falta todavía contabilizar, y esta es una labor muy compleja, el número de familias que han sido desplazadas por el cambio climático en regiones urbanas, más el número de familias que han sido desplazadas por cambio climático en regiones rurales, que va a ser otro lío. Hay gente desplazada de comunidades rurales de Choix o El Fuerte por la sequía”, especificó.
De la utilidad de este tipo de investigaciones, es la visibilidad del problema que pone a Sinaloa en el mapa, donde a la luz sale el efecto que está causando el cambio climático que se observa en regiones específicas como las ya menciona-
das, incluyendo Culiacán. Agregó que, gracias a la visualización del problema partiendo de la contabilización de estas familias, es que se pueden reconocer los problemas particulares que tienen en términos de vulnerabilidad y con ello contribuir al diseño de políticas públicas, así como de planes de acción y mitigación si se habla en términos de cambio climático.
Según la Organización Mundial de las Migraciones, de las estimaciones que se tienen hasta el 2022, el 80 por ciento de la población de México se concentra en zonas urbanas, lo que indica que de continuar el crecimiento de migración interna de las zonas rurales hacia las ciudades para el 2050 esta población va a desaparecer, concentrándose la población en las zonas urbanas.
Y si se habla en términos productivos, esto sería un desastre ya que lo que hace la zona rural es que aportan todos los re-
cursos que se consumen en la ciudad, un problema que se avecina en los próximos 20 años, señala el especialista.
De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Mundial, para 2050 el once por ciento de la población mexicana habrá sufrido el desplazamiento interno por motivos climáticos.
“Las variables de temperatura media y precipitaciones indican que en los últimos 20 años hubo un aumento en la temperatura media de entre 1.5 y 4.0 grados centígrados, además de un aumen-
to anual en la precipitación de once por ciento, lo que ha propiciado la intensidad y prolongación de los periodos caniculares (olas de calor) y sequías agrícolas”, señala el informe.
El estudio agrega que los estados situados al norte de México han sido los más afectados por la falta de lluvia y el incremento de las temperaturas. Menciona el caso del estado de Sonora, que en 2020 estuvo siete meses seguidos con los mayores valores de sequía extrema, con
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La guerra contra el narco emprendida por el gobierno federal y las confrontaciones entre distintas facciones del Cártel de Sinaloa por territorios, plazas, mercados, cultivos y tránsito de drogas, ha incrementado el número de víctimas de desplazamiento forzado en Sinaloa.
Violencia, cambio climático o desarrollo de proyectos las principales causas Más de
una precipitación acumulada de apenas 20 milímetros, en comparación con el promedio de lluvias nacional de 742 milímetros.
Alrededor de 43 millones de personas en el país corren el riesgo de migrar de sus municipios a causa de las olas de calor, que cada vez son más duraderas (manteniendo temperaturas constantes a lo largo de semanas) y suceden con mayor intensidad, mientras que 54 millones podrían desplazarse por sequías agrícolas y 61 millones por episodios de inundación.
Desplazados de la sierra
En los últimos años en Sinaloa el desplazamiento forzado interno se ha recrudecido, informó recientemente la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), María Inés Pérez Corral.
La funcionaria estatal dio a conocer que actualmente hay más de tres mil 300 personas en Sinaloa víctimas de desplazamiento forzado, el cual se registra sobre todo en la zona serrana del estado, en los municipios de Sinaloa, Guasave, Choix, Concordia, Culiacán y Cosalá.
En el censo realizado por SEBIDES, existen tres mil 316 personas registradas, quienes han solicitado acceso a la vivienda y la restitución de sus derechos. La mayor parte de los desplazados en Sinaloa se
encuentran viviendo en asentamientos irregulares, ubicados en comunidades y colonias periféricas de los municipios de Culiacán, Mazatlán, Concordia, Guasave, Guamúchil, Sinaloa y Choix.
“Teníamos tres mil 16, ya aumentó a tres mil 316 personas. Nosotros empezamos a trabajar porque la constitución así lo marca, había que restablecerle sus derechos”, señaló Pérez Corral.
Posiblemente, los desplazamientos forzados más importantes y trágicos en el estado de Sinaloa han sido los provocados por la violencia relacionada con el crimen organizado.
“Un antecedente muy visible se remite a mediados de la década de los setenta, con la llamada Operación Cóndor, que consistió en la intervención del ejército en la entidad para combatir los cultivos de enervantes y al narcotráfico, acción que generó, entre otros hechos, asesinatos, desaparecidos, el recrudecimiento de la violencia y la huida de la población, sobre todo en la sierra y en los lugares donde intervinieron las fuerzas del Estado”, declara Roberto Carlos López, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS.
Otra de las causas que menciona en el caso de Sinaloa es el desplazamiento forzado por grupos criminales que actúan al servicio del capital que busca despojar de sus tierras a personas ubicadas en áreas
Existe un fondo de 60 millones de pesos autorizado al gobierno estatal para la construcción de vivienda pública para los desplazados. Sin embargo, dichos recursos se han invertido en adquisición de predios y en la entrega de apoyos como catres o colchonetas, que no resuelven el grave problema de las familias desplazadas.
naturalmente estratégicas.
La hipótesis dice que atrás de la violencia de los grupos criminales, así como de las fuerzas del Estado, está el propósito por despojar de los recursos naturales a los campesinos en un marco privatizador, es decir, allanar los espacios a los grandes capitales como pueden ser los mineros.
La guerra contra el narco emprendida por el gobierno federal y las confrontaciones entre distintas facciones del Cártel de Sinaloa por territorios, plazas, mercados, cultivos y tránsito de drogas, ha incrementado el número de víctimas de desplazamiento forzado en Sinaloa.
Las personas y familias que emigraron lo hicieron porque sufrieron amenazas, extorsiones o alguien de la familia fue desaparecido o ejecutado por grupos criminales. Hay familias que, si bien no fueron agredidas, huyeron de sus comunidades para evadir cooptación, complicidades y amenazas que pondrían en peligro su vida.
“Si bien las autoridades hacen un esfuerzo por detectar los municipios afectados y registrar el número de familias o personas desplazadas, prevalece la dificultad de hacer un censo, porque no todos los desplazados acuden a las autoridades para denunciar su situación. Además, no todos los desplazamientos son
masivos, sino que en muchos casos han sido dispersos, lo que dificulta que sean visibles y contabilizados”.
Trece de 18 municipios de Sinaloa han presentado casos de migración forzada por violencia y muchas de las familias se desplazaron desde sus comunidades a la cabecera de su municipio y a las principales ciudades del estado.
Por ejemplo, a las cabeceras de El Fuerte, Choix, Sinaloa de Leyva, Guamúchil, Mocorito, Cosalá, Culiacán, San Ignacio, Elota, Mazatlán, Concordia, Rosario y en Badiraguato. Y en algunas cabeceras se formaron asentamientos de estas familias en Guamúchil, Choix, Mazatlán, Concordia y en la localidad de Surutato. En Culiacán existen varias colonias y asentamientos irregulares que fueron fundados por desplazados de la sierra, como son las colonias Palos Blancos, Ampliación 5 de febrero, Lomas de Imala, Las Coloradas, Renato Vega o la colonia Progreso.
En la ciudad de Mazatlán y en la Sindicatura de Villa Unión se formaron algunos asentamientos en zonas irregulares de familias desplazadas por la violencia y la inseguridad que provienen de pueblos del mismo municipio y de algunos municipios aledaños como son Concordia, San Ignacio y Rosario.
Existe un fondo de 60 millones de pesos autorizado al gobierno estatal para la construcción de vivienda pública para los desplazados. Sin embargo, dichos recursos se han invertido en adquisición de predios y en la entrega de apoyos como catres o colchonetas, que no resuelven el grave problema de las familias desplazadas.
A Luis Ángel Pineda Ochoa se le acabó el tiempo: durante los últimos cuatro años gozó de libertad gracias a un amparo que tramitó su abogado. Ahora, deberá enfrentar una pena de ocho años de cárcel por el delito de desempeño irregular de la función pública. Es el único de los exfuncionarios malovistas que pisará la cárcel. Los demás, entre ellos Armado Villarreal y María Alejandra Gil Álvarez, alcanzaron la impunidad.
LUIS ÁNGEL PINEDA OCHOA, EXSECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO durante el gobierno de Mario López Valdez, fue sentenciado a ocho años y tres meses de cárcel por el delito de desempeño irregular de la función pública.
Tras un largo proceso judicial que inició en 2016, Pineda Ochoa será el único de los exfuncionarios malovistas al que habrá alcanzado la justicia, ya que el resto de los que en su momento también fueron denunciados, evitaron ir a la cárcel gracias a los acuerdos alcanzados con la Fiscalía General del Estado.
mismas garantías que a los “peces gordos” malovistas ya que se trataba de un funcionario de segundo nivel.
De acuerdo con la sentencia emitida por la juez, Pineda Ochoa es autor y penalmente responsable del delito de desempeño irregular de la función pública, previsto y sancionado en el artículo 300, fracción V, del Código Penal de Sinaloa vigente desde el año 2016.
“La pena de prisión la deberá de compurgar en el lugar que designe la juez de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en el entendido que su cómputo iniciará el día que ingrese a prisión por los presentes hechos”, señala el acta.
el servicio público durante 16 años y seis meses. También deberá pagar la reparación del daño al erario público por la cantidad de ocho millones 651 mil 798 pesos con 52 centavos.
De acuerdo con la investigación hecha por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el dinero desviado por Pineda Ochoa entre junio y noviembre de 2016, presuntamente era para el pago a varios proveedores de campañas vacacionales para promocionar varios destinos turísticos en Sinaloa, denominadas
distintas cuentas bancarias de su esposa, su hermana, sus dos hijos, un cuñado y otras personas cercanas.
Pineda Ochoa ya había sido detenido el 22 de noviembre de 2017 en la ciudad de Los Mochis. Luego de permanecer unas horas en la Vicefiscalía Zona Norte, donde fue atendido de urgencia por un médico general, fue enviado al penal de Aguaruto toda la noche.
A la mañana siguiente, el ex fiscal Juan José Ríos Estavillo convocó a una rueda de prensa para anunciar oficialmente la detención como el primer triunfo de su dependencia en contra del gobierno malovista.
Desplazados se manifiestan.
A Lapo, como también se le conoce por su acrónimo, no se le ofrecieron las
El ex funcionario, además, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en
Campaña Delta Vacations, Campaña Continental Airlines y Campaña Canwest 206, las cuales nunca se realizaron.
El dinero, en cambio, se depositó en
Sin embargo, no pasaron ni 24 horas cuando un juez de control determinó que los delitos imputados contra Pineda
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Armando Villarreal, Gil Álvarez y Echeverría Aispuro, los impunes del gobierno malovista
Ochoa no ameritaban la prisión preventiva, por lo que, tras el pago de un millón de pesos, la promesa de que se presentaría cada quince días ante las autoridades y de que no saldría del estado, fue puesto en libertad.
Finalmente, en julio de 2019, fue sentenciado por la jueza –y ahora Fiscal a modo del gobierno de Rocha–, Sara Bruna Quiñónez Estrada a 13 años y seis meses de prisión, además del pago de una multa y la reposición de los más de 8 millones de pesos robados al erario público. ocho
Sin embargo, los abogados de Lapo recurrieron al recurso de apelación para disminuir la condena. En julio de 2020, obtuvieron el fallo a favor de Pineda Ochoa y se estableció una reducción de condena a ocho años y tres meses de prisión.
A partir de ese momento, la Primera Sala del Tribunal de Justicia informó a los abogados que el ex funcionario tenía que entregarse de manera voluntaria, tal como lo marca el artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: “Si el sentenciado se encuentra en libertad y se dicta una sentencia condenatoria sin otorgamiento de algún sustitutivo penal, el juez de Ejecución lo requerirá para que en el plazo de cinco días se interne voluntariamente, y en caso de no hacerlo, ordenará su reaprehensión inmediata”.
Pero nuevamente, Lapo se salvó de ir a prisión ya que sus abogados promovieron otro amparo contra la nueva sentencia, por lo que la Fiscalía Anticorrupción no pudo ejecutar la orden de aprehensión. Durante cuatro años –desde julio de 2019 que se dictó la primera sentencia condenatoria hasta junio de 2023– Lapo logró evadir la cárcel.
Los peces gordos
Pineda Ochoa fue uno de los varios funcionarios del gobierno de MALOVA contra quienes se abrieron carpetas de investigación principalmente por dos delitos: desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.
Epasado 28 de abril el Pleno del Senado aprobó la “Ley 3 de 3”; y con ello remite el documento a las legislaturas estatales. Tiene el objetivo de suspender derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a agresores sexuales y deudores alimentarios con sentencia.
En julio de 2017, la Auditoría Superior del Estado interpuso 13 denuncias contra ex servidores públicos ante la Fiscalía General del Estado, tras lo cual, se solicitaron y obtuvieron cinco órdenes de aprehensión en contra de Ernesto Echeverría Aispuro, ex secretario de Salud; Jaime Otáñez García, ex director de Atención Médica de Servicios de Salud; María Alejandra Gil Álvarez, ex directora administrativa de la Secretaría de Salud; Rafael Lizárraga Favela, ex secretario de Turismo, y José Luis Martínez Romero, ex jefe del Departamento Administrativo de Turismo.
Echeverría fue titular de Salud y de Servicios de Salud y durante su periodo otorgó 29 contratos que sumaban 87.2 millones de pesos a empresas que él mismo fundó antes de ocupar el cargo y a otras que pertenecen a su red empresarial encabezada por sus socios Luis Javier Salido Artola e Ildefonso Salido Ibarra, empresarios relacionados con los sectores de salud, construcción, bienes raíces, con el periódico El Debate y con la Universidad San Sebastían.
Se le señaló de haber usado el sistema de Salud de Sinaloa para hacer operaciones que beneficiaron económicamente a sus amigos, algo estrictamente prohibido de acuerdo con el artículo 15, fracciones 15 y 23 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Sin embargo, en febrero de 2019 se cerró el caso en su contra luego de que el ex funcionario pagara una suma de 7 millones de pesos como reparación del daño al erario público –en cómodas facilidades–, tras lo cual el juez dictó sentencia absolutoria. En diciembre de 2020,
Echeverría Aispuro murió por consecuencias del Covid-19.
Otro de los peces gordos malovistas contra quien solo se simuló que se hacía justicia fue Armando Villarreal Ibarra, ex secretario de Administración y Finanzas, quien fue acusado junto con otros dos ex funcionarios más por el desvío de 293.4 millones de pesos entre julio y diciembre de 2016.
Villarreal Ibarra incluso fue vinculado a proceso por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
El proceso penal en su contra terminó en 2021, cuando la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien en un principio se había mostrado contraria a los acuerdos reparatorios entre el gobierno del estado, la Fiscalía Anticorrupción y los abogados de Villarreal Ibarra, finalmente cedió y autorizó una suspensión condicional del proceso con la que evitó ir a juicio.
Para cerrar el proceso penal debió pagar dos millones de pesos, publicar una disculpa pública, abstenerse de viajar al extranjero, residir en un lugar determinado y acudir a firmar cada mes durante seis meses.
Sin embargo, tras la publicación de la disculpa en el diario El Debate en las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guamúchil y Guasave, el juez Adán Alberto Salazar no se mostró conforme pues dejó claro que más que una disculpa a la sociedad sinaloense, los denunciados parecían negar las acusaciones en su contra.
“Es de vital importancia, dejar claro que en ningún momento los suscritos firmantes, utilizamos o dispusimos de recursos del Estado, para fines o beneficio
personal”, señalaba el texto publicado.
El juez dijo que el texto no era una disculpa: “Al analizarla parece que dice: no hicimos nada, pero tenemos que pedir disculpas. La disculpa no era en ese sentido tan pobre, no es lo que la sociedad debería escuchar”, expresó.
La sociedad, indicó el juez, se merece una disculpa real, centrada y objetiva. Villarreal Ibarra y los otros imputados tuvieron que publicar otra disculpa en la que evitaron cualquier frase de autodefensa.
María Alejandra Gil Álvarez, quien fue sentenciada en marzo de 2020 de manera penal por el delito de desempeño irregular de la función pública por una presunta responsabilidad al haber firmado un contrato durante su gestión como funcionaria con Echeverría Aispuro, quedó absuelta tras ganar un amparo a su favor… con la impunidad a tope en Sinaloa.
malovistas contra quien solo se simuló que se hacía justicia fue Armando Villarreal Ibarra, ex secretario de Administración y Finanzas, quien fue acusado junto con otros dos ex funcionarios más por el desvío de 293.4 millones de pesos entre julio y diciembre de 2016.
Esto es importante para Sinaloa ya que, por lo menos cuatro funcionarios de primer nivel se encuentran señalados de acosadores sexuales: Enrique Inzunza Cázarez, secretario de Gobierno; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal espurio de Culiacán y ahijado del gobernador; Leobardo Gallardo Beltrán, magistrado del Tribunal Superior de Justicia Administrativa y Antonio Aguilar Gómez, acusado de corrupto y violador, ya que desvía las pensiones de adultos mayores, además de violar y acosar sexualmente a jóvenes beneficiarias del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” y a trabajadoras “Servidoras de la Nación”, de acuerdo a denuncias de las víctimas.
El caso que resalta inmediatamente es el de Inzunza Cázarez, secretario de Gobierno de Rocha Moya, quien en abril de 2018 la jueza adscrita al juzgado primero de control y enjuiciamiento penal en el sur de Sinaloa, Ana Karina Aragón, lo denunció por acoso sexual cuando, el hoy funcionario con más poder, sólo por debajo del gobernador, fungía como presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
La jueza Aragón se vio perseguida, no sólo por el poder Judicial, ya que Inzunza Cázarez tenía en 2018 el control y lo sigue teniendo al dejar a su compadre, Jesús Iván Chávez Rangel, en el cargo que él ocupaba en esa fecha.
La odisea que tuvo que soportar la jueza Ana Karina por tener el valor de denunciar al todo poderoso Inzunza Cázares, pasó de redes sociales, donde la misma esposa de Enrique Inzunza, Claudia Meza Avendaño, actualmente Magistrada del Poder Judicial, ventiló la supuesta relación entre su esposo y la jueza; los medios de comunicación oficiales también tomaron partido en el pleito, el mismo Inzunza Cazarez buscó
al padre de la ofendida y hacía visitas constantes a su casa… al final la jueza tuvo que obsequiar el perdón, no sin antes señalar: “Yo fui a otorgarle el perdón, no cerró por falta de elementos a procesar, jamás. El perdón está en el juicio de amparo de donde yo lo otorgué. Salió en el Universal que la carpeta se cerraba por el perdón de la ofendida, nunca por falta de pruebas”. Hace un par de semanas se presentó en el Congreso local una de cinco iniciativas leídas, la segunda fue presentada por cinco diputadas y un diputado integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, que proponen adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa y el Código Penal para el Estado de Sinaloa y establecer un registro de agresores sexuales.
Esta iniciativa tiene por objeto prevenir, visibilizar y sancionar con pena de prisión a quien cometa violencia digital y mediática. Esta ley se suma a la presenta-
da a finales de abril a nivel federal abordando el mismo tema: poner un alto a los acosadores y violadores sexuales, principalmente los que visiblemente ocupan cargos públicos de primer nivel.
El caso del titular de la Secretaría de Gobierno, Enrique Inzunza, debiera ocuparnos como sociedad y no convertir un silencio en complicidad, ya que es sabido que Rocha Moya delega gran parte de la gobernabilidad a Cázarez por obvias razones de la edad del gobernador y su falta de energía, y con la soberbia y prepotencia que lo caracterizan, cualquier asunto de comunicación, compromiso o solución termina siempre en problemas y en frases iracundas del mismo Roca Moya.
El otro caso que transita por el mismo rumbo es el de la titular de la Secretaría de la Mujer, Teresa Guerra Ochoa. En el caso de Nohemí Rivera, ya que como Nohemí hubo otras personas que denunciaron los mismos delitos contra personalidades como Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, o el propio
gobernador Rubén Rocha Moya, Leobardo Gallardo y Antonio Aguilar Gómez acusando incluso también a éste último de “pervertido” y amenazando a las jóvenes de retirarle los apoyos o enviándolas a las zonas serranas de alto riesgo.
Los señalados ya habían sido denunciados penalmente, pero no sé había concretado ninguna acción legal en su contra hasta el pasado 26 de mayo, cuando se publicó el resolutivo de más de 50 páginas en el que la jueza Paula Liliana Cháirez Parra estableció que la Secretaría de las Mujeres “omitió analizar de manera exhaustiva la denuncia presentada por la quejosa particularmente realizar un escrutinio estricto de los hechos y contexto que motivaron las quejas o denuncias”.
Un secretario de gobierno enfermo de poder y con un grave antecedente de acosador sexual y nepotismo, junto a él, la defensora de las mujeres en Sinaloa que se ha dedicado más a defender a los agresores que a cumplir cabalmente con la sociedad.
De acuerdo con la sentencia emitida por la juez, Pineda Ochoa es autor y penalmente responsable del delito de desempeño irregular de la función pública, previsto y sancionado en el artículo 300, fracción V, del Código Penal de Sinaloa vigente desde el año 2016.
Otro de los peces gordos
La madrugada del 12 de noviembre de 2010 mataron a un hombre de 30 años en el interior de una casa de la colonia Chapultepec.
De la muerte de este hombre se supo porque sus familiares le estuvieron llamando y mandando mensajes a su teléfono celular y nunca contestó.
El mismo día 12 de noviembre, a las 10 de la mañana, tenía programado tomar un vuelo hacia La Paz, donde abordaría un crucero.
Al principio sus familiares supusieron que no contestaba porque estaba en el aeropuerto o ya había abordado el avión, pero pasaron las horas y seguía sin contestar las llamadas.
Entonces una de sus hermanas fue a buscarlo a su casa.
Apenas se estacionó se dio cuenta de que la puerta de la calle estaba entreabierta. La empujó ligeramente llamando a su hermano. Ya mientras presionaba la puerta empezó a imaginar el peor de los escenarios.
En el piso, entre los dos sillones de la sala, había huellas de sangre: hilos alargados y gotas aisladas de un líquido oscuro que condujeron su mirada hacia el lado del comedor.
Detrás de un sillón, pálidos, rígidos, vio un par de pies. Avanzó hacia ellos, mientras murmuraba repetidamente el nombre de su hermano, más para ella misma que para alguien más.
Ahí estaba el cuerpo de su hermano, boca arriba, vestido sólo con un short y una playera blanca con manchas de sangre, su rostro desfigurado por una herida producida por un bat de béisbol que se encontraba tirado en el piso, debajo del comedor.
Su grito de espanto alarmó a los vecinos. Acudieron y se toparon con la mujer saliendo de la casa, corriendo, pidiendo ayuda, llorando desconsoladamente.
La policía llegó, acordonaron el área, los peritos hicieron su trabajo de levantar evidencias del crimen, entrevistar a la hermana y a los vecinos, luego ordenaron el traslado del cuerpo para la necropsia de ley.
Traumatismo craneoencefálico por golpe contuso, fue el dictamen del forense.
En las entrevistas que les hicieron a los vecinos todos respondieron lo mismo: no escucharon nada sospechoso, no vieron a nadie entrar o salir de la casa en toda la noche, nadie escuchó alguna discusión.
Sin embargo, el boca a boca entre los vecinos de la colonia fue esparciendo la verdad que nadie se animó a contar a la policía: la noche del crimen, el vecino había estado tomando alcohol con varias personas, hombres y mujeres, en el interior de su domicilio.
Todos en la cuadra sabían que al día siguiente el vecino se iba a ir de vacaciones a un crucero porque él mismo lo había contado.
El ruido de la reunión lo escuchaban los vecinos más cercanos. Música, risas, conversaciones en la banqueta de personas que habían salido a fumar, etc. Pero
en algún momento de la noche, entre la una y la una treinta de la madrugada, los ruidos se suspendieron. Contaba un vecino que de pronto los ruidos cesaron. Y continuaron escuchó murmullos de gente que salía a la calle, abordaba su auto y se retiraba.
Pero en la casa del crimen se comenzaron a escuchar voces aisladas, una conversación entre dos o tres personas, un golpe seco, pasos en la banqueta, el silencio otra vez.
Se dijo que lo habían matado por un tema de drogas. Por una deuda. Que el alcohol provocó una pelea que terminó mal. También se dijo que varios de los amigos que habían estado conviviendo con la víctima esa noche tuvieron que irse de la ciudad y del país. También se dijo que el o los asesinos eran gente poderosa. De familias con buenas relaciones en el gobierno.
La casa quedó en manos de los familiares. Y apenas un mes después del
homicidio la pusieron en venta. Un gran letrero con un teléfono y el logotipo de una inmobiliaria anunciaba que esa propiedad estaba en venta.
Hubo personas interesadas que incluso acudieron a ver la casa en persona acompañadas por un agente inmobiliario. Pero tarde o temprano se enteraban de lo que había ocurrido ahí. Y en ese momento se les acababa el interés.
Poco a poco dejaron de acudir posibles compradores. Y el letrero de la inmobiliaria, colocado en la ventana junto a la puerta, comenzó a llenarse de polvo. Llegó un momento en que de tan empolvado ya ni siquiera se miraba el número de teléfono. Pasaron 12 años desde el crimen y la casa no se pudo vender. Finalmente fue demolida, junto con el resto de las casas vecinas, cuando un despacho de arquitectos que planeaba construir una plaza comercial llegó con ofrecimientos que ninguna familia pudo rechazar.
Honor a quien honor merece, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), a través del H. Consejo Universitario y en Sesión Solemne, otorgó la más alta distinción que confiere, el Doctorado Honoris Causa, al biólogo y escritor David Bradford Werner, por su altruismo sin límites, humanismo y méritos incuestionables.
El Rector de la máxima Casa de Estudios sinaloense, doctor Jesús Madueña Molina, encabezó este evento que reunió en el Auditorio de la Autonomía Universitaria no sólo a la comunidad rosalina, sino a colaboradores, amigos y familiares del galardonado, que llegaron de otros municipios y estados y que se enlazaron vía internet desde Estados Unidos, Australia y España.
“En nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa y a título personal expreso nuestro más profundo agradecimiento a David Werner, muchas gracias Doctor Werner por su entrega, por su vocación de servicio y por tantas y tan excepcionales contribuciones; su vida y su obra son ejemplos que nos inspiran a trabajar por un mundo más justo y equitativo, que nos motivan a continuar educando a la juventud en un marco de vanguardia científica y responsabilidad social”, expresó el Rector.
Y es que el galardonado, de origen estadounidense, se distingue por su bondad, generosidad y calidad humana que plasmó siempre en su destacada labor en el campo de la salud comunitaria e incansable defensa de los derechos de personas con discapacidad, siempre a favor de los menos favorecidos en países del tercer mundo de Asia, Australia y América Latina, pero de manera muy especial en la sierra de San Ignacio mejorando la calidad de vida de las personas que ayudaba.
“Ha sido ese altruismo sin límites, lo que define a nuestro homenajeado de hoy, un ciudadano de excepcional valía, que ha dedicado prácticamente toda su carrera a mejorar vidas, a construir esperanza en decenas de comunidades (…) desde la Universidad Autónoma de Sinaloa buscamos destacar a personalidades que no solo contribuyen al saber científico o al fortalecimiento de la cultura, sino que brinden cátedra de humildad y de amor al prójimo, ambas cualidades están presentes en el Doctor David Werner”, expresó Madueña Molina.
Hace 60 años Werner visitó localidades de la Sierra Madre Occidental y encontró gran diversidad de flora y fauna y una evidente necesidad humana. Su pasión por servir lo motivaron a quedarse más tiempo del planeado, aplicando sus conocimientos en salud en favor de las familias de los campesinos de la región y brindó lecciones de educación para la salud que trasformaron las condiciones de vida de niños y adultos, al disminuir diversas enfermedades a partir de prácticas curativas y preventivas.
El nuevo Doctor Honoris Causa cuenta con infinidad de libros, artículos y conferencias que plasman todos los conocimientos generados en su trabajo, las obras más reconocidas mundialmente son “Donde no hay doctor” y “Reportes de la Sierra Madre”, textos que la Organización Mundial de la Salud considera una guía en el autocuidado de la salud.
“El doctor David Werner es nuestro Doctorado Honoris Causa número 39, a quien recibimos en nuestra comunidad con admiración y afecto, agradeciendo todo lo que ha hecho por Sinaloa y por nuestra gente, por su salud y por la rehabilitación de personas y comunidades (…) sus enseñanzas nos invitan a que trabajemos para que la salud sea un derecho al que todos tengamos acceso, a que nos prodiguemos por el bien de nuestros semejantes, a que nuestro faro y nuestro motor de vida sean siempre el respeto y el amor al prójimo. Honor a quien honor merece”, enfatizó el Rector al felicitar al galardonado. Después de recibir de manos del Rector y del Secretario General de la UAS la muceta, el birrete, la medalla, el pin con el escudo de la UAS y el cuadro que le otorga el Doctorado, Werner se dijo muy conmovido por el reconocimiento y el aprecio mostrado, consideró que la distinción debe ser también para todos sus colaboradores, los promotores y académicos que con esfuerzo sirven al pueblo más necesitado.
“Agradezco mucho a la Universidad por reconocer no solo a mí, sino a todo este proceso, ustedes también han sido una parte, ojalá podamos poco a poco ir cambiando la sociedad y al mundo para que haya más paz, más amor, más sentido de ayudarnos unos a otros, si no hacemos eso la humanidad no va a durar mucho”, fue parte de su mensaje.
De doce millones de presupuesto, más de siete terminarán en pagos operativos del Instituto que debería proteger a periodistas y defensores.
