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Mini Boletin 30/07/2018

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Boletín FISCAL diario – lunes, 30 de julio de 2018

Boletines Oficiales Valencia. Donaciones fomento cultura valenciana. LEY 20/2018, de 25 de julio, de la Generalitat, del mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional en

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la Comunitat Valenciana. Protección por desempleo. Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley

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31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo Trabajo digno. Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que

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se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020. Protección de datos. Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión

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Europea en materia de protección de datos Acceso universal a la salud. Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

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Código aduanero. Reglamento Delegado (UE) 2018/1063 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, que modifica y corrige el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo

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y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del código aduanero de la Unión.

Sentencia del TS que resuelve recurso de casación en interés casacional LGT. Las liquidaciones emitidas por la Administración tras un procedimiento inadecuado son nulas de pleno derecho por lo que no interrumpe la prescripción.

La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros

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Boletín FISCAL diario – lunes, 30 de julio de 2018

Viernes, 27 de julio de 2018 Núm. 8348 LEY 20/2018, de 25 de julio, de la Generalitat, del mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional en la Comunitat Valenciana.

Artículo 6. Fomento fiscal de las actividades de mecenazgo 1. La Generalitat fomentará mediante incentivos y beneficios fiscales y dentro del alcance de sus competencias normativas en materia tributaria las actividades de mecenazgo 2. Todas las medidas fiscales que la Generalitat establezca en favor del mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional en la Comunitat Valenciana serán compatibles con las que establezca el Estado. … la disposición final primera de esta ley, modifica diversos preceptos de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y los restantes tributos cedidos, incrementando las deducciones en la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que se establece en un 25 % por donaciones relativas al patrimonio cultural valenciano, por donaciones destinadas al fomento de la lengua valenciana, y por donaciones o préstamos de uso o comodato destinados a otros fines de interés cultural, científico o deportivo no profesional, siendo necesario en éstas últimas que los proyectos o actividades hayan sido declarados o tengan la consideración de interés social para poder beneficiarse de los mencionados incentivos fiscales. Por otra parte, no hay que obviar que se aplicarán las reducciones de la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones reguladas en el número 2, del apartado dos del artículo 10, y en el apartado 6 del artículo 10 bis, de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos.

La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros

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Boletín FISCAL diario – lunes, 30 de julio de 2018

Sábado, 28 de julio 2018 – nº 182 Desempleo. Protección Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por

Protección desempleo Equipara el derecho de los trabajadores a tiempo parcial, con independencia de que realicen su actividad durante cinco días de la semana (trabajo horizontal), o concentrando las horas en menos días (trabajo vertical).

desempleo. PDF (BOE-A-2018-10652 - 3 págs. - 165 KB) Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Consejo de Ministros de 27/07/2018 APROBADA UNA NORMA QUE EQUIPARA EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL •

Favorece el acceso a la prestación por desempleo o al subsidio

•

Incrementa la duración de la prestación contributiva

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de adaptación de la normativa a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la prestación contributiva por desempleo a tiempo parcial vertical. La sentencia equipara el derecho de los trabajadores a tiempo parcial, con independencia de que realicen su actividad durante cinco días de la semana (trabajo horizontal), o concentrando las horas en menos días (trabajo vertical). La norma aprobada regula que cuando las cotizaciones acreditadas correspondan a trabajos a tiempo parcial se computará el periodo durante el que el trabajador haya permanecido en alta, con independencia de que se hayan trabajado todos los días laborables, o solo parte de los mismos, y cualquiera que haya sido la duración de la jornada. Con este cambio normativo se favorece el acceso a la prestación por desempleo o al subsidio al facilitar la acreditación del periodo mínimo de cotización exigible para obtener el derecho. Además, incrementa la duración de la prestación contributiva por desempleo al tener en cuenta como cotizados los días en los que no ha habido prestación de servicios dentro de la vigencia del contrato de trabajo. Alrededor de 208.000 beneficiarios perciben cada mes la prestación contributiva a tiempo parcial y, de ellos, 35.000 tienen jornada a tiempo parcial vertical.

La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros

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Boletín FISCAL diario – lunes, 30 de julio de 2018

Sábado, 28 de julio 2018 – nº 182

recursos humanos contemplan la

Plan Director por un Trabajo Digno

inspectores y subinspectores, lo

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por

estimado del 23% del total de la

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27

plantilla.

de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por

Hay dos Planes de choque

un Trabajo Digno 2018-2019-2020. PDF (BOE-A-2018-10653 - 43 págs. - 795 KB)

Trabajo digno Las medidas de refuerzo de los incorporación de 833 nuevos que supone un incremento

previstos, uno contra el fraude en la contratación temporal y otro contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial

Consejo de Ministros de 27/07/2018 PLAN DIRECTOR POR UN TRABAJO DIGNO •

El impacto económico estimado es de 30 millones de euros, lo que supone un incremento del

10% del presupuesto de la Inspección de Trabajo •

Se prevé la incorporación de 833 nuevos inspectores y subinspectores, un aumento del 23%

del total de la plantilla •

Está dirigido a aquellas empresas que incumplen la normativa laboral y de Seguridad Social

vigente El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, cuyo objetivo es luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo. El impacto económico estimado es de 30 millones de euros durante su vigencia, lo que supone un incremento del 10% en los presupuestos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que estaban prácticamente congelados desde 2012. Las medidas de refuerzo de los recursos humanos contemplan la incorporación de 833 nuevos inspectores y subinspectores, lo que supone un incremento estimado del 23% del total de la plantilla. El Plan Director se enmarca en la consecución de los objetivos estratégicos definidos por la Organización Internacional del Trabajo: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social. Además, el Plan refuerza la garantía de sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales.

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Boletín FISCAL diario – lunes, 30 de julio de 2018 En la redacción del Plan se ha consultado con las Comunidades Autónomas, los agentes sociales, asociaciones de trabajadores autónomos y de la economía social, que han aportado observaciones y sugerencias. Medidas contra el abuso y el fraude en los contratos Una vez valorados los principales problemas detectados el Plan recoge 75 medidas operativas y organizativas, orientadas a luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contratos a tiempo parcial, los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas, e incumplimientos en materia salarial. Asimismo, promoverá la igualdad, la regularización de los falsos autónomos y los falsos becarios, entre otras. Planes de choque Hay dos Planes de choque previstos, uno contra el fraude en la contratación temporal y otro contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial, con el fin de conseguir la regularización de situaciones fraudulentas detectadas. Aunque las medidas serán implementadas en el corto y medio plazo, ambos planes disponen de acciones inmediatas en sus ámbitos de actuación, que comienza el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre. Seguimiento y evaluación del Plan El Plan prevé la realización de un seguimiento semestral del cumplimiento de las medidas, en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Rector, y de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También se evaluarán los Planes de choque en enero de 2019, y del Plan Director en su conjunto en julio de 2020. (PLAN DIRECTOR TRABAJO DIGNO)

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Boletín FISCAL diario – lunes, 30 de julio de 2018

Lunes, 30 de julio 2018 – nº 183 Protección de datos Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. PDF (BOE-A-2018-10751 - 9 págs. - 218 KB)

Consejo de Ministros de

Protección de datos Regula la inspección y el régimen sancionador en materia de protección de datos y los procedimientos en caso de una posible vulneración del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales

27/07/2018 ADAPTACIÓN DEL DERECHO NACIONAL AL REGLAMENTO GENERAL EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley con medidas urgentes para adaptar el Derecho español al Reglamento General de Protección de Datos, norma de la Unión Europea que al entrar en vigor el pasado 25 de mayo impuso importantes modificaciones en la legislación interna, cambios que fueron incorporadas a un proyecto de ley orgánica que todavía no ha superado su tramitación parlamentaria. Por lo tanto, el Real Decreto Ley tiene por objeto establecer la regulación de determinadas materias en materia protección de datos que no están reservadas a la ley orgánica. En concreto, regula la inspección y el régimen sancionador en materia de protección de datos y los procedimientos en caso de una posible vulneración del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Asimismo, el Real Decreto Ley deroga el artículo 40 y el Título VII (a excepción del artículo 46) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La finalidad del Real Decreto Ley es adecuar nuestro ordenamiento al Reglamento General de Protección de Datos en aquellos aspectos concretos que, sin rango orgánico, no admiten demora; su aprobación, sin embargo, debe entenderse sin perjuicio de la necesidad de una legislación orgánica de protección de datos que procure la plena adaptación de la normativa interna a los estándares fijados en la materia por la Unión Europea a través de una disposición directamente aplicable como es el Reglamento General de Protección de Datos, vigente en España desde el pasado 25 de mayo.

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Boletín FISCAL diario – lunes, 30 de julio de 2018 Entre otras medidas contenidas en el Real Decreto Ley, destacan las siguientes: •

La delimitación de los sujetos responsables de los tratamientos a los que les es aplicable el régimen sancionador [los encargados de los tratamientos; los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea; las entidades de certificación; las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta (artículo 4 del Real Decreto Ley)].

•

La determinación de los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones previstas en la norma europea (artículos 6 y 7 del Real Decreto Ley).

•

Peculiaridades de los procedimientos:

a) En caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos se distinguen: 1) Aquellos procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos en los que un afectado reclame que no ha sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento, así como 2) aquellos en los que aquélla investigue la existencia de una posible infracción de lo dispuesto en el mencionado reglamento y la normativa española de protección de datos. b) Suspensión automática de los plazos de tramitación cuando deba recabarse información, consulta, solicitud de asistencia o pronunciamiento preceptivo de un órgano u organismo de la UE o de una o varias autoridades de control de los Estados miembros conforme con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, por el tiempo que medie entre la solicitud y la notificación del pronunciamiento a la Agencia Española de Protección de Datos, con el fin de evitar la caducidad del mismo. c) Actuaciones previas de investigación: Antes de la adopción del acuerdo de inicio de procedimiento, y una vez admitida a trámite la reclamación si la hubiese, la Agencia Española de Protección de Datos podrá llevar a cabo actuaciones previas de investigación a fin de lograr una mejor determinación de los hechos y las circunstancias que justifican la tramitación del procedimiento. •

La representación española en el Comité Europeo de Protección de Datos a través de la Agencia Española de Protección de Datos (disposición adicional primera).

•

La vigencia temporal del Real Decreto Ley: entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE y permanecerá vigente hasta la entrada en vigor de la nueva legislación orgánica de protección de datos, cuyo objeto será adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento General de Protección de Datos (disposición final única). Actualmente, como se ha mencionado, se encuentra en tramitación parlamentaria un proyecto de ley orgánica en materia de protección de datos que fue objeto de aprobación por el Consejo de Ministros el 10/11/2017.

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Boletín FISCAL diario – lunes, 30 de julio de 2018

Lunes, 30 de julio 2018 – nº 183

Acceso universal a la salud pública La norma garantiza el

Sistema Nacional de Salud

Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas que se

PDF (BOE-A-2018-10752 - 7 págs. - 202 KB)

encuentren en España.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Consejo de Ministros de 27/07/2018 ACCESO UNIVERSAL AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD • El Real Decreto Ley reconoce el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan residencia en España • La norma también garantiza el derecho a la asistencia sanitaria a los colectivos excluidos con el Real Decreto Ley 16/2012. • El Real Decreto Ley desliga el reconocimiento del derecho a la salud de la condición de asegurado. • La norma establece criterios para evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria de forma que no será a cargo de fondos públicos siempre que exista un tercero obligado a pago o se pueda exportar el derecho desde el país de origen. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley sobre Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud. La norma garantiza el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas que se encuentren en España. De esta forma, permitirá que reciban atención sanitaria normalizada los colectivos que quedaron excluidos con el Real Decreto Ley 16/2012. Así, la norma reconoce como titulares del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan residencia en España.

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Boletín FISCAL diario – lunes, 30 de julio de 2018 Los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España tendrán derecho a la protección de la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española. Partiendo de las necesarias cautelas dirigidas a no comprometer la sostenibilidad financiera del sistema Nacional de Salud y para para evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, esta asistencia sanitaria será con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes siempre que dichas personas cumplan con los siguientes requisitos: 1.- No tener la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la Unión Europea, los convenios bilaterales y demás normas aplicables. 2.- No poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia. 3.- No existir un tercero obligado al pago En todo caso, la asistencia sanitaria a estos colectivos no genera un derecho a la cobertura sanitaria fuera del territorio español financiada con cargo a los fondos públicos. Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial. En aquellos casos en que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal al que se refiere la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (90 días), será preceptiva la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las Comunidades Autónomas. En la elaboración de la norma se han tenido en cuenta los informes y consideraciones realizadas por los organismos internacionales (la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la Organización Mundial de la Salud). También se ha incorporado información aportada por las Comunidades Autónomas, el Defensor del Pueblo, sociedades científicas o la sociedad civil en los distintos encuentros mantenidos las últimas semanas para el desarrollo de la norma, que es el resultado de un intenso proceso de diálogo mantenido con estas entidades y organismos. Por otro lado, esta norma aporta coordinación, armonización y seguridad jurídica ante la normativa dispersa de las Comunidades Autónomas disconformes con la ley 16/2012 para preservar la atención sanitaria a los colectivos que quedaron fuera del Sistema Nacional de Salud, pues las Comunidades Autónomas (excepto Ceuta y Melilla) habían elaborado diferentes disposiciones para cubrir a las poblaciones excluidas. Ahora el Real Decreto-ley acabará con la inseguridad jurídica que afecta tanto a las personas que precisan atención sanitaria como a los profesionales que prestan ese servicio público así como a las Administraciones que en su día las aprobaron.

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Boletín FISCAL diario – lunes, 30 de julio de 2018

Diario Oficial de la Unión Europea de 30/07/2018 Reglamento Delegado (UE) 2018/1063 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, que modifica y corrige el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del código aduanero de la Unión. Entrada en vigor El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. El artículo 1, apartado 3, será aplicable desde el 2 de octubre de 2017.

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Boletín FISCAL diario – lunes, 30 de julio de 2018

Sentencia del TS de interés LGT. Las liquidaciones emitidas por la Administración tras un procedimiento inadecuado son nulas de pleno derecho por lo que no interrumpe la prescripción. Sentencia de TS de 02/07/2018 Resuelve recurso de casación en interés casacional que intenta

Liquidación

esclarecer:

derivada de un

«Si la anulación de una liquidación tributaria practicada como desenlace de un procedimiento de verificación de datos, cuando debió serlo en uno de

procedimiento

comprobación limitada, integra un supuesto de mera anulabilidad o uno de nulidad de pleno Derecho, con la consecuencia en este segundo caso, conforme

erróneo

a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la incapacidad de las actuaciones desarrolladas en el procedimiento de verificación de datos para interrumpir el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación».

Fecha: 02/07/2018

Ha de contestarse que la utilización de un procedimiento de verificación de datos, cuando debió serlo de uno de comprobación limitada, constituye un supuesto de nulidad de pleno derecho. Por tanto, si como ocurre en el caso en concreto:

Enlace: Sentencia [SENTENCIA/LGT]

la Administración emitió liquidación tras procedimiento de verificación de datos y tras ser anulada por el TEAC por ser el procedimiento inadecuado la Administración realizó un nuevo procedimiento de comprobación y emitió nueva liquidación cuando ya habían transcurridos más de 4 años: el TS estima que esta segunda liquidación es nula por estar prescrito el impuesto.

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