Boletín FISCAL diario – miércoles, 19 de septiembre de 2018
Congreso de los Diputados El Congreso aprueba la toma en consideración de la proposición de ley para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
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Boletines Oficiales Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Resolución de 13 de septiembre de 2018, por la que se modifican los modelos de Aval y de Certificado de Seguro de Caución de la caja de depósito de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobados por Resolución de este Centro Directivo Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2018, del Consejo de Gobierno Foral
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de 11 de septiembre de 2018. Aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los Impuestos Especiales, en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y en el interés de demora
Consulta de la DGT de interés IVA. La Administración Tributaria en contestación a la CONSULTA V1542-18 DE 06/06/2018, entre otras cuestiones, aclara los supuestos en que la concesión de descuentos por las entidades financieras o los fabricantes
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suponen una menor base imponible de la entrega de los vehículos.
Sentencias de interés IIVTNU. El valor de la escritura debería bastar para desplazar a la Administración la carga de la prueba sobre la inexistencia de minusvalía
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Procedimientos tributarios: posibilidad de proponer pruebas o formular alegaciones ante los órganos de revisión económico-administrativos cuando no se aportaron (las pruebas) o dedujeron (las alegaciones) en el
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procedimiento de aplicación de los tributos en que se dictó la resolución impugnada
Actualidad del Poder Judicial La Audiencia Nacional rechaza de nuevo extraditar a Suiza al informático Hervé Falciani
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Boletín FISCAL diario – miércoles, 19 de septiembre de 2018
Actualidad del Congreso de los Diputados El Congreso aprueba la toma en consideración de la proposición de ley para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera La reforma permitiría al Congreso aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública con una segunda votación en Pleno si
Consulta IVA sobre descuentos a vehículos
el Senado los rechaza El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con 181 votos a favor, 164 en contra y 1 abstención la toma en consideración de la
Fecha: 18/09/2018 Enlace: Nota de prensa
propuesta de reforma de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y modificar el modo por el que Congreso y Senado aprueban los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales. En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno. Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento. Para el grupo Socialista, promotor de la propuesta de modificación, este sistema "no respeta la posición atribuida por nuestra Constitución al Congreso de los Diputados y al Senado y abre la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias contraídas por España". "A esta situación de anormalidad normativa, debe añadirse que esta intervención del Senado con capacidad de bloqueo no viene impuesta por ningún precepto constitucional, con lo que nada impide que el legislador orgánico altere el procedimiento actual y recupere el procedimiento parlamentario ordinario", prosigue. Para este grupo parlamentario, "resulta ciertamente anómalo que se hubiera introducido en la ley orgánica un procedimiento para la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública distinto al que la propia Constitución establece para la aprobación de los Presupuestos". En este sentido, esta reforma busca la coherencia entre la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, en la que se prevé que el Congreso pueda levantar, en su caso, el veto del Senado. Para ello, el Grupo Socialista propone que, si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple. Si es rechazado, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento. Con esta nueva redacción del apartado 6 del artículo 15 se trata de volver a la redacción que tenía el artículo en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2007, "dotándolo de una mayor coherencia, sin merma de las exigencias constitucionales que se imponen en este ámbito".
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Boletines Oficiales Canarias - Nº 182. Miércoles 19/09/2018 Dirección General del Tesoro y Política Financiera.- Resolución de 13 de septiembre de 2018, por la que se modifican los modelos de Aval y de Certificado de Seguro de Caución de la caja de depósito de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobados por Resolución de este Centro Directivo [ver]
BO de Álava - Num. 108, de 19/09/2018 Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de septiembre de 2018. Aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los Impuestos Especiales, en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y en el interés de demora [ver]
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Consulta de la DGT de interés La Administración Tributaria en contestación a la CONSULTA V154218 DE 06/06/2018, entre otras cuestiones, aclara los supuestos en que la concesión de descuentos por las entidades financieras o los fabricantes suponen una menor base imponible de la entrega de los vehículos. A) El concesionario otorga un descuento al comprador en caso de
Consulta IVA sobre descuentos a vehículos
financiación de la operación con una determinada entidad
Fecha: 06/06/2018
financiera. Por esta operación el concesionario recibe una comisión de la entidad financiera. La comisión puede ser variable en función del tipo de financiación realizada o con una parte fija y otra variable
Enlace: Consulta V1542-18
en función del tipo de financiación.
CONSULTA/IVA
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2 1) El concesionario concede al comprador un descuento si financia la compra con una determinada entidad financiera El descuento, previo o simultáneo a la compra, reduce la B.I. del IVA 2) La entidad financiera paga una comisión al concesionario: Se trata de una operación sujeta y exenta de IVA B) El concesionario concede un descuento al comprador en caso de financiación de la operación con una determinada entidad financiera. El fabricante del vehículo realiza un abono posterior
al concesionario, equivalente al importe del descuento concedido por el concesionario al cliente final. Dicho descuento es concedido únicamente en el caso de que el concesionario haya aplicado, a su vez, el descuento al cliente y la financiera contratada sea la designada por el fabricante. Adicionalmente, el concesionario recibe una comisión por intermediación de la financiera en los términos expuestos en el apartado anterior. 1) El concesionario concede al comprador un descuento si financia la compra con una determinada entidad financiera. La base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a la venta del vehículo efectuada por el concesionario al cliente final no debe ni puede ser minorada por el hecho de que el consumidor final obtenga la devolución de parte del precio final de compra por parte del fabricante, dado que el concesionario no es quien está concediendo un descuento al cliente final.
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Boletín FISCAL diario – miércoles, 19 de septiembre de 2018 Solamente cabe reducir la base imponible en el descuento que, en su caso, aplicara el propio concesionario, cuando el descuento no fuera recuperado del fabricante. Así se deduce de lo dispuesto en el artículo 78.Tres.2º de la Ley 37/1992.
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2) El fabricante del vehículo realiza un abono posterior al concesionario, equivalente al importe del descuento concedido por el concesionario al cliente final. Dicho descuento es concedido únicamente en el caso de que el concesionario haya aplicado, a su vez, el descuento al cliente y la financiera contratada sea la designada por el fabricante. El reembolso por los fabricantes a los clientes finales del importe del precio final de compra para promocionar la venta de determinados vehículos por ella comercializados, dará derecho a los fabricantes a minorar la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a las entregas de los citados automóviles efectuadas por la misma a sus clientes (concesionarios), cuando se cumplan determinados REQUISITOS Y CONDICIONES. 3) El concesionario recibe una comisión por la intermediación financiera.
REQUISITOS Y CONDICIONES: 1) La entidad fabricante podrá minorar la base imponible de las entregas de vehículos por ella realizadas en el importe del descuento efectuado a los clientes finales, excluida la parte de dicho descuento que se corresponda con la parte de la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido que grava la venta efectuada por el concesionario al consumidor final. 2) El importe del descuento en una cuantía concreta que sea autorizado por el fabricante a los concesionarios y ofrecido por éstos a los clientes finales ha de entenderse con el Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. 3) La entidad fabricante no estará obligada a rectificar las facturas correspondientes a las entregas de bienes efectuadas a sus concesionarios cuya base imponible sea objeto de minoración según lo indicado en el número 1) anterior ni, por tanto, a rectificar la repercusión del Impuesto que inicialmente les efectuó.
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Boletín FISCAL diario – miércoles, 19 de septiembre de 2018 No obstante lo anterior, y a semejanza de lo previsto por el artículo 15 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación para los descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones, la entidad fabricante deberá documentar la referida minoración mediante documentos expedidos por ella al efecto en los que consten los datos relativos a la minoración de la base imponible que realice (identificación de la devolución efectuada a los clientes finales; importe total de la minoración de la base imponible y de la cuota del Impuesto; período de tiempo a que la minoración se refiere). Dichos documentos deberán ser numerados correlativamente dentro de una serie especial fijada para los mismos y anotados por separado por la sociedad consultante en su Libro Registro de facturas emitidas. La entidad fabricante deberá expedir únicamente el original del referido documento, que será conservado por la misma en su contabilidad. 4) La entidad fabricante deberá acreditar, por cualquier medio de prueba admitido en derecho, la realización efectiva del reembolso del importe del precio final de compra a los clientes finales. En particular, podrá utilizar a tales efectos el documento expedido por ella misma a que se refiere el número 4) anterior si en el mismo se hace constar el reconocimiento por el cliente de la percepción de tales importes. 5) La entidad fabricante tendrá derecho a recuperar el IVA incluido en el descuento que reembolsa al concesionario mediante la minoración del IVA devengado en la declaración-liquidación correspondiente al periodo impositivo que coincide con la fecha de expedición del documento de rectificación o en los posteriores hasta el plazo de un año a contar desde el momento de la fecha de la realización del reembolso. La minoración del IVA devengado se corresponderá con el importe del IVA incluido en el descuento concedido que coincidirá con el importe resultante de aplicar el tipo general del Impuesto a la base imponible del documento de rectificación a que se refiere el número 3) anterior. 6) La modificación de la base imponible a efectuar por el fabricante tampoco conlleva la modificación de las deducciones realizadas por el concesionario por lo que no deberá incluirse dicha operación en la declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 347). 7) Cuando el adquirente final de los vehículos sea un empresario o profesional actuando como tal, el Impuesto deducible en su adquisición no coincidirá con el importe del Impuesto devengado consignado en la factura de venta, sino que deberá ser minorado por el destinatario en el importe resultante de multiplicar la parte de la base imponible abonada el fabricante al adquirente, por el 21 por ciento, para que su deducción resulte equivalente al Impuesto efectivamente ingresado en las fases anteriores del proceso de producción y distribución de los terminales. Por tanto y en conclusión, en lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, los descuentos que el fabricante satisface al concesionario por la venta de vehículos a los clientes finales constituyen el reembolso de parte del precio de venta de dichos vehículos que el fabricante descuenta a los adquirentes de los mismos.
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Sentencia del TS de interés IIVTNU. El valor de la escritura debería bastar para desplazar a la Administración la carga de la prueba sobre la inexistencia de minusvalía Sentencia del TS de 17/07/2018 Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto pasivo
Los datos des la escritura deberían ser suficiente
(a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al que atribuimos a la autoliquidación del ITP en los fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23/05/2018, de 5/06/2018 y de 13/06/2018;
RESUMEN: Los valores consignados en las escrituras públicas, en tanto sean expresivos de que la transmisión se ha efectuado por un precio inferior al
(b) optar por una prueba pericial que confirme tales indicios; o, en fin,
de adquisición, constituyen un sólido
(c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que
sin poseer un valor absoluto -que no
ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir -sin oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que planteó la cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía.
y ordinario principio de prueba que, podemos establecer con carácter abstracto en sede casacional- sí que bastarían, por lo general, como fuente de acreditación del hecho justificador de la inaplicabilidad del impuesto que, no debemos olvidar, hace sólo objeto de gravamen las plusvalías o incrementos de valor. Fecha: 17/07/2018
Aportada -según hemos dicho, por cualquier medio- por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones
Enlace: Sentencia SENTENCIA/ESPECIAL IIVTNU
para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía. Contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el obligado tributario dispondrá de los medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en sede judicial. En la vía contencioso-administrativa la prueba de la inexistencia de plusvalía real será apreciada por los Tribunales de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 y 61 LJCA y, en último término, y tal y como dispone el artículo 60.4 LJCA, de conformidad con las normas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En otras palabras, tales datos, a menos que fueran simulados, deberían ser suficientes, desde la perspectiva de la onus probandi, para desplazar a la parte contraria, al Ayuntamiento gestor y liquidador, la carga de acreditar en contrario, de modo bastante, que los precios inicial o final son mendaces o falsos o no se corresponden con la realidad de lo sucedido.
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Sentencia del TS de interés Procedimientos tributarios: posibilidad de proponer pruebas o formular alegaciones ante los órganos de revisión económico-administrativos cuando no se aportaron (las pruebas) o dedujeron (las alegaciones) en el procedimiento de aplicación de los tributos en que se dictó la resolución impugnada.
Posibilidad de aportar nuevas pruebas en los tribunales
Sentencia del TS de 10/09/2018 SE PREGUNTÓ EN EL AUTO SOBRE si el reclamante puede presentar ante
RESUMEN:
los tribunales económico-administrativos aquellas pruebas que no aportó ante los órganos de gestión tributaria, determinando, en su caso, las circunstancias en que esta falta de aportación impide su presentación ulterior en sede económico-administrativa.
La naturaleza del procedimiento de revisión y su configuración legal determinan, dado su carácter cuasi jurisdiccional, la procedencia de
Con lo razonado en el fundamento anterior estamos en condiciones de dar
proponer prueba o alegar nuevos
respuesta a la primera de las cuestiones que nos suscita la Sección Primera
argumentos, salvo que se identifique
de esta Sala: consideramos posible, en efecto, que quien deduce una
-y se constate y justifique
reclamación
económico-administrativa
presente
ante
los
tribunales
económico-administrativos aquellas pruebas que no aportó ante los órganos de gestión tributaria que sean relevantes para dar respuesta a la pretensión ejercitada, sin que el órgano de revisión pueda dejar de valorar -al adoptar su resolución- tales elementos probatorios. Todo ello, con una única excepción: que la actitud del interesado haya de reputarse abusiva o maliciosa y así se constate debida y justificadamente en el expediente.
debidamente en el expediente- un comportamiento del interesado contrario a la buena fe o abusivo. Principio de neutralidad del IVA y derecho a la devolución de las cuotas soportadas: distinción entre requisitos materiales y formales para que proceda la devolución.
La respuesta expresada es contraria a la tesis contenida en la sentencia recurrida, que niega en todo caso la posibilidad de alegar o probar en vía revisora cuando no se hizo, pudiendo haberlo hecho, en el procedimiento de aplicación de los tributos. Debemos,
no
obstante,
dar
respuesta,
rebatiéndolos,
a
los
dos
Fecha: 10/09/2018
Enlace: Sentencia SENTENCIA/IVA y LGT
razonamientos en los que la Sala de instancia hace descansar su decisión: el de la "inutilidad" del procedimiento de gestión y el de la alteración de la naturaleza jurídica del procedimiento de revisión. Y es que, a nuestro juicio, con el criterio aquí expresado no se vacía de contenido el procedimiento de aplicación de los tributos, pues en el seno de este procedimiento será en el que naturalmente el contribuyente deberá justificar el derecho pretendido o alegar cuanto tenga por conveniente en defensa de ese derecho. SEGUNDA cuestión en el auto de admisión si el derecho a la deducción de las cuotas de IVA soportadas puede ser negado cuando, pese a concurrir las condiciones materiales que determinan su nacimiento, no se cumplen los requisitos formales exigidos por la normativa interna a tal efecto.
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Boletín FISCAL diario – miércoles, 19 de septiembre de 2018 Cabría responder, en los términos vistos en el fundamento anterior, que el principio de neutralidad del IVA no impide a los Estados miembros comprobar, de manera proporcionada y ajustada a las exigencias derivadas de dicho principio, que se cumplen los requisitos materiales establecidos en la normativa de la Unión Europea y en la legislación interna dictada en su desarrollo para la procedencia de la devolución de cuotas de dicho impuesto.
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Boletín FISCAL diario – miércoles, 19 de septiembre de 2018
Actualidad del Poder Judicial La Audiencia Nacional rechaza de nuevo extraditar a Suiza al informático Hervé Falciani Los magistrados señalan que el Código Penal español no incluye ningún tipo penal similar al delito de “espionaje financiero agravado” por el que la justicia helvética
Caso Falciani
había condenado al informático a una pena de cinco años de prisión La Audiencia Nacional ha rechazado por segunda vez la extradición del informático Hervé Falciani a Suiza porque los hechos ya fueron valorados en la primera solicitud de extradición (cosa juzgada) y porque el Código Penal
Fecha: 18/09/2018
Enlace: Nota de prensa
español no incluye ningún tipo penal similar al delito de “espionaje financiero agravado” por el que la justicia helvética había condenado a Falciani a una pena de 5 años de prisión. En su auto, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala Penal explican que en esta segunda petición de extradición -en la que la Fiscalía había informado en contra de la entrega- concurre la excepción de “cosa juzgada” porque los hechos relatados en la sentencia de 27 de noviembre de 2015 del Tribunal Penal Federal suizo ya fueron valorados en marzo de 2013 por la misma Sala de la Audiencia Nacional y entonces rechazó la entrega del informático al entender que no se cumplía con el requisito de la doble incriminación. El tribunal destaca, como prueba de que la presente solicitud de extradición es la misma que la anterior, el hecho de que las autoridades suizas que fijaron en 5 años la pena para Falciani descontaron en el fallo de la misma los 170 días que el condenado estuvo privado de libertad en España como consecuencia de esa primera solicitud de extradición. En su auto, el tribunal recuerda el artículo 24.1 de la Constitución que protege y garantiza la eficacia de la cosa juzgada, que impide que los tribunales puedan desconocer o contradecir las situaciones declaradas en resoluciones judiciales firmes donde se hayan valorado los mismos hechos y por las mismas partes. Tampoco existe el requisito de doble incriminación A mayor abundamiento, la Sala reitera que la legislación penal española carece de un tipo delictivo que se corresponda con el tipo penal suizo denominado “espionaje financiero agravado” por el que Hervé Falciani resultó condenado, un tipo penal que difiere sustancialmente con los delitos españoles que podrían considerarse más próximos, como el de “revelación” o “divulgación” de secretos que recoge nuestro Código Penal. Después de analizar el relato de hechos de la sentencia suiza, los magistrados concluyen que la única divulgación efectiva que hace el reclamado es la que realiza al transmitir la información a las autoridades de inteligencia financiera, administraciones tributarias de diferentes Estados y a las autoridades judiciales y fiscales, que inician procedimientos a partir de esos datos. Esta circunstancia, explican los jueces, se ve corroborada con el informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción en el que se detallan los procedimientos judiciales abiertos o finalizados en los que se ha concretado la colaboración del reclamado. Esa “imposible” subsunción de los hechos analizados en los artículos 199 y 279 del Código Penal español, subraya el tribunal, ya fue igualmente examinada por la Audiencia en la primera solicitud de extradición de Falciani y en ella ya se consideró que los hechos no eran constitutivos de delito en España porque faltaba el
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Boletín FISCAL diario – miércoles, 19 de septiembre de 2018 requisito de la doble incriminación, un pronunciamiento sobre el fondo del asunto que permanece y que “produce efectos vinculantes para posteriores demandas extradicionales basadas en los mismos hechos”.
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