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Índice Boletines Oficiales 14/02/2020 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA Illes Balears. Transporte de mercancías. Real Decreto 232/2020, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Illes Balears. [ P Á G 2 ] 14/02/2020
Monográfico Cronograma del estado actual del Régimen Sancionador del Modelo 720. [PÁG 4]
Consultas vinculantes DGT Modelo 720. Selección de consultas de interés del Modelo 720 [ P Á G 7 ]
Leído en prensa
Tribunal de justicia. Instrucciones prácticas a las partes sobre los asuntos sometidos al tribunal de justicia. [ P Á G 3 ]
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Boletines Oficiales viernes 14 de febrero de 2020, Núm. 39 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA Illes Balears. Transporte de mercancías. Real Decreto 232/2020, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Illes Balears. Disposición transitoria única. Régimen aplicable a las solicitudes en tramitación. Las solicitudes que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto se regirán por las normas hasta ese momento aplicables. No obstante, las mismas se regirán respecto a la documentación exigible y su comprobación por el presente real decreto. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. Este real decreto entrará en vigor en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
El Gobierno mejora las ayudas al transporte de mercancías elaboradas en Baleares 07.02.2020 Redacción Palma (…) Este nuevo Real Decreto mejora varios aspectos. Por una parte, ya no hay un presupuesto máximo, es decir, se compensarán todos los transportes de mercancías, aunque ello suponga doblar la partida económica. También se amplía el abanico de los productos que se incluirán en estas subvenciones. Y, además, se bonifican los traslados entre las islas, incluido Formentera. Según explicó ayer el conseller Marc Pons, en el presupuesto de hace dos años se bonificaba con un 65% el transporte a la península de productos fabricados en Balears. Y la llegada a las islas de materias primas para fabricar productos se subvencionaba con un 60%. Con el nuevo Real Decreto los porcentajes de bonificación quedan igual, pero lo que se hace es que se amplía la partida presupuestaria y también aumenta el catálogo de productos cuyo traslado será subvencionado. El conseller del Govern no quiso dar cifras económicas de lo que representa esta mejora, ya que dependerá de las ayudas que se soliciten. La partida anterior era de cinco millones de euros y se calcula que podría doblarse esta cantidad. Pons puso ejemplos de productos que serán subvencionados cuando se trasladen a la península, y citó el queso, la sobrasada, zapatos o tecnología. Es decir, "todo lo que se elabora en Balears y se exporta". Pons insistió también en que esta medida "cuelga del Régimen Especial Balear" que se aprobó el año pasado. El conseller señaló que esta bonificación económica, en cierta forma, puede compensar el aumento de los precios de los fletes que se imponen ahora en los transportes marítimos. Anunció que están en negociaciones con la Autoritat Portuària y con Puertos del Estado para intentar conseguir una reducción de las tasas portuarias y que esta situación se contemplará en los próximos presupuestos generales. Además, anunció que esta reducción de coste se aplicará en todos los puertos de las islas.
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L 042I 14 de febrero de 2020 INSTRUCCIONES PRÁCTICAS A LAS PARTES SOBRE LOS ASUNTOS SOMETIDOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA IV. DISPOSICIONES FINALES 70. Las presentes Instrucciones prácticas derogan y sustituyen a las Instrucciones prácticas a las partes sobre los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia, de 25 de noviembre de 2013. 71. Las presentes Instrucciones prácticas se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrarán en vigor el primer día del mes siguiente al de su publicación.
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Cronograma del estado actual del Régimen Sancionador del Modelo 720
30.10.2012
31.01.2013
13.02.2013
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Disposición adicional decimoctava. Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Añadida por la Ley 7/2012, de 29 de Octubre de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Artículo 39. Ganancias patrimoniales no justificadas. Redacción dada por la Ley 7/2012, de 29 de Octubre de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Artículo 134. Bienes y derechos no contabilizados o no declarados: presunción de obtención de rentas. Redacción dada por la Ley 7/2012, de 29 de Octubre de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Actual Artículo 121. Bienes y derechos no contabilizados o no declarados: presunción de obtención de rentas. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación. Informe sobre la obligación de presentar el modelo 720 de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero por parte de personas físicas que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), -en lo sucesivo LIRPF-, así como por parte de los miembros de organismos que, en virtud de sus estatutos, estén obligados a cumplir con sus obligaciones tributarias de imposición directa en España.
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29.09.2017
28/11/2018
TEAR COMUNIDAD VALENCIANA [fuente AEDAF] (…) No debemos olvidar a este respecto que en este tipo de infracciones (por incumplimiento de obligaciones y deberes formales) nos hallamos en muchos casos ante conductas idénticas (la presentación fuera de plazo de una declaración) y, si ef obligado no formula alegaciones y aporta pruebas justificando circunstancias ajenas a su voluntad determinantes de su incumplimiento (como ocurre en el caso que nos ocupa), es muy difícil que la Administración pueda motivar la culpabilidad más allá de hacer constar la fecha de la presentación, la identificación del incumplidor y las circunstancias de la presentación extemporánea de la declaración. (…) puesto que no concurren en el presente caso circunstancias singulares que evidencien o hagan especialmente presumible el conocimiento de la obligación incumplida y habiéndose producido dicho incumplimiento con ocasión de su implantación, la propia motivación del acuerdo conduce a este Tribunal a considerar insuficientemente probada la culpabilidad necesaria para la existencia de la infracción sancionada. TSJ Castilla y León Sentencia 01073/2018 HECHOS 05.08.2013. Presentación Modelo 720 correspondiente a 2012; 20.06-2015: Comunicación sanción El día 20 de junio de 2015 fue notificado del acuerdo de inicio y trámite de audiencia de un expediente sancionador por la comisión de una infracción muy grave por " no haber cumplido el obligado tributario en plazo la obligación de informar sobre títulos, activos, valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero". En dicha comunicación se proponía la sanción de 100 € por dato, según lo previsto en el apartado 2 a) de la disposición adicional decimoctava de la LGT, lo que hacía un total de 5.800 € de sanción. (…) La resolución sancionadora es inmotivada y por ello procede la estimación del presente recurso. En puridad, y examinando el expediente sancionador, se colige que al actor se le incoó un procedimiento sancionador, en el curso del cual planteó diversas alegaciones, entre ellas la desproporción de la sanción que se le pretendía imponer y finalmente se le impuso, y, apoyándose, además, en un dictamen de la Comisión Europea. (…) La AEAT actúa como mera aplicadora de la norma y excede de las funciones de este organismo entrar a valorar la idoneidad o incluso la constitucionalidad o adecuación al derecho comunitario de la misma. Si se vierte un alegato de desproporción e inadecuación al derecho comunitario y, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria le consta, como así ha de ser, que la Comisión Europea emplazó a España a modificar la legislación reguladora de la declaración de bienes en el extranjero por vulnerar la libre circulación de capitales respecto del régimen sancionador, por entenderlo desproporcionado, una mínima vocación servicial ( art. 9.3 CE78) de esa administración pasaría por hacer una somera consideración con este alegato, pero comunicar sólo que no es su función el valorar un alegato de desproporción, sustentado por un existente requerimiento oficial de la Comisión Europea supone el reconocimiento expreso de la aplicación de una norma desproporcionada, bajo excusa de incompetencia, cuando la simple lectura de la CE, en su art. 9.3 y LGT en su art. 3.2 imponen la aplicación de las normas con respeto a tal principio fundamental. Es por ello que la resolución es como poco desmotivada, infringe el art. 102.2, 103.3, 133.1.c), 208, 210.4, 215 ...etc., todos ellos de la LGT (…).
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14.02.2019
22.02.2019
TEAC. DOCTRINA. Resolución: 00/00529/2016/00/00 HECHOS: 28.07.2014 Presentación Modelo 720 correspondiente a 2012;Importe de los bienes declarados: 340.255,93€ 09.03.2015. Inicio procedimiento inspección 26.05.2015. Regularización ganancia patrimonio no justificada. Acta de disconformidad. Expediente sancionador: 150% CRITERIO TEAC: Liquidación de ganancia de patrimonio no justificada por el importe de los bienes situados en el extranjero, y no declarados en plazo en el Modelo 720.No vulneración del Derecho de la Unión europea relativo a los derechos de libertad de circulación de capitales y personas. TEAR CANARIAS . Resolución: 35/01778/2016/00/00 Se estima la reclamación presentada contra acuerdo de imposición de sanción por presentación fuera de plazo sin requerimiento previo del modelo 720, declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero, porque el acuerdo sancionador no puede dar por acreditada la culpabilidad por el simple retraso producido en la presentación del modelo 720, sino que debe argumentar de manera motivada y precisa la existencia de un proceder atribuible a la interesada, derivado de una inaceptable conducta en términos tributarios, contraria al ordenamiento jurídico, merecedora de la imposición de una sanción tributaria de esta índole.
06.06.2019
La Comisión lleva a España ante el Tribunal por imponer sanciones desproporcionadas por no notificar los activos poseídos en el extranjero
29.12.2019
Asunto C-731/19: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (España) el 4 de octubre de 2019 – KM/Subdelegación de Gobierno de Albacete
29.12.2019
Recurso interpuesto el 23 de octubre de 2019 – Comisión Europea/Reino de España (Asunto C-788/19)
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Consultas Vinculantes Consultas de interés del Modelo 720
Modelo 720
Resumen: selección de consultas de interés del Modelo 720 Fecha: 17/02/2020 Fuente: primeralectura Enlace: CONSULTA/MODELO720
CV2781-17 de 27/10/2017. Los funcionarios que conservan la condición de residentes fiscales en España están obligados a presentar la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. CV3394-19 de 11/12/2019 Los designados “beneficiarios en un trust” tienen la consideración de titulares reales y deberán presentar, en calidad de titular real, la correspondiente declaración del modelo 720 por cualesquiera bienes y derechos situados en el extranjero que sean parte del capital del trust. CV3123-19 de 08/11/2019 CV3119-19 de 07/11/2019 Se deberá presentar el del modelo 720 si se cancela cualquiera de los depósitos ya declarados en la declaración informativa con antelación. CV2869-18 de 05/11/2018 La contabilización ha de entenderse en sentido amplio, siendo válido que se registren en los documentos contables accesorios siempre que sean congruentes con las cuentas anuales y den consistencia a las mismas. En todo caso de la misma se debe poder extraer, con suficiencia y de manera indubitada la información de la existencia del bien o derecho en el extranjero. CV2075-17 de 03/08/2017 La adquisición del oro no conlleva la existencia de saldos monetarios en el exterior disponibles para el consultante y en consecuencia, el oro que haya comprado no deberá ser objeto de declaración en el modelo 720. CV2412-18 de 07/09/2018 Titular de posiciones negativas en acciones. Del fondo económico de la operación no puede concluirse que haya existido, ni siquiera transitoriamente, una inversión patrimonial del cliente en los valores en cuestión.
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Boletín fiscal Diario CV1813-19 de 11/07/2019 CV1342-18 de 23/05/2018 Si inversión en el extranjero no está representada por valores, no estará obligado a presentar el modelo 720 por las cantidades invertidas. CV1049-19 de 16/05/2019 En tanto no se haya producido alguna de las contingencias cubiertas por el plan de pensiones extranjero y salvo que las condiciones del plan de pensiones extranjero establecieran la posibilidad de ejercer el derecho de rescate a favor del partícipe en los términos propios de un seguro de vida, en cuyo caso sí deberían ser objeto de información conforme al citado artículo 42 ter.3.a) del RGAT CV1048-19 de 14/05/2019 La exención opera cuando el valor de las acciones calculado de acuerdo con lo dispuesto en la ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio no supere el importe de 50.000 euros, sin tener en consideración que dichos valores hayan sido financiados o no.
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MfNISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PÚBLICA
"'
't-.
TRIBUNAL ECONÓMICO
. ADMINISTRATIVO REGIONAL ÐE TA COMUNIDAD VALENCIANA
Reclamación no: Concepto: ¡MPUESTO SOBRE gestoras) Cuantía: 3400 euros.
lnstancia:
tA
RENTA DE IAS PERSONAS FíSrcAS (Sanciones
tl|tCn
Procedimiento: ABREVIADO
En la ciudad de Valencia, a 29 de septiembre de 2017, constituido el Tribunal Económico Administrativo Regional, como Órgano Unipersonal. para conocer v resolver la reclamación con domicílío arrlba referenciada, interpuesta por , con N.l.F. no a efectos de notificacÍones en Número contra el acuerdo de imposición de sancíón con clave de liquidación no , por importe de 3400 euros. ANTECEDENTES DE HECHO
PRlltlERO.- Por la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria de Valencia, previa tramitación del oportuno expediente sancionador se dictó acuerdo en que entiende cometida la infracción tipificada en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 5812OO3, de 17 de diciembre, General Tributaria, para el caso de presentación fuera de plazo, sin requerímiento, de la declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 72q. g incumplimíento sancionado corresponde al ejercicio 2012, siendo la cuantía de la sanción ímpuesta de 3400 euros. SEGUNDO.- El acuerdo sancionador fue notificado el día 11-12-2015 y contra el mismo se presentó recurso de reposición cuya resolución desestimatoría fue notificada el 2-02-2O16 dando lugar a la interposición de la presente reclamación el día 0110312016. En el escrito de interposición formuló el reclamante las alegaciones que estimó conveníentes pera la defensa de su derecho. Vistas las disposicíones legales y reglamentarias de pertinente aplicación,
FUNDAIIENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Este Tribunal es competente, por razón de la materia y la cuantia, para decidir en Unica lnstancia sobre la reclamación a que se refiere la presente resolucíón, que ha sido instada en tiempo habil por persona con capacidad y legitimación bastante, todo ello de conformidad con lo previsto la Ley 58/2003 de '17 de diciembre, General Tributaria, y el Real Decreto 52O|2OOS de 13 de mayo por ef que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley GeneralTributaria, en materia de revisión en vía administrativa.
Av. ARAGóN, 3o-2. 4@1 - VALENCIA 96 396 70 ¡14 FAX: 96 393 51 98 tôât r¡ålênÇiÊ@teeÊ mínhaþ-es TEL.
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4€n5-0.1475-æ.DOC
:
SEGUNDO.- El objeto de la presente resolución es determinar si el acuerdo impugnado se ajusta a Derecho. TERCERO.- El apartado I de la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, introducida por la Ley 7P012, es del siguiente tenor:
"Los obligados tributarios deberan suminidrar a Ia Administracion tributaria, canforme dispuesto en los artículos 29 y 93 de eçta Ley en los términos que rcglamentariamente se establezcan, I a sigu iente información :
y
a Io
a) lnformaciön soöre /as cuenfas situadas en el ertranjerc abieftas en entidades g¿re se dediquen al tráfico bancarío o credíticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren c-omo autorizados o de alguna otra forma odenten poder de disposición. b) lnformación de cualesquiera tltulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimon¡o de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capítalen dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en elextranjero-
c) lnformaciôn sobre /os örbnes inmuebles y derechos soÖrc bîenes inmuebles de su titularidad sftøados en el extraniera. Las obligaciones previsfas en los trcs párrafos anteriores se exfenderán
a
quienes
tengan la consíderación de titulares reales de acuerdo con lo previsto en el apañado 2
del artlculo 4 de Ia Ley 102010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación delterorismo" Elapartado 2 se refiere al régimen de infracciones y sanciones en los siguientes términos:
'Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con dafos falsos las declaracrbnes informativas a que se refierc esta disposíción adicional.
Tambìén constituirá infracción tríbutaria
la
presentación de /as mismas
por medios
drsfinfos a los electtónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuesfos en que hubiera obligación de hacedo por dichos medios.
Las anterio¡es infracciones serán muy graves
y se sancionarán
conforme
a
/as
siguientes reglas:
a) En el caso de incumplimiento de la obligaciön de informar sobre cuentas en entidades de cnédito sffuadas en el extranjerc, la sanción consistirá en multa pecuniaria fíja de 5.0æ euros por cada dato o conjunto de datos ¡eferidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubíeran sido aportados de fo¡ma ìncompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de dafos referidos a una misma cuenta, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin rcquerimiento previo de la Administración tributaria. Del 2t1'l
4õ'l6{t¿1475{]O.BOC
mismo modo se sanc¡onará Ia presentación de la declaración por medios distintos a los elecfuúnicos, informáticos y telemáticos cuando exr.sfa oblígacion de hacerlo por dichos medios.
b) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobrc titulos, activos, valotes, detechos, segutos y rentas deposÌtado,s, gesfionados u obtenidas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fìja de 5.000 euros por cada dato o conjunto de dafos referidos a cada elemanto patrimonial individualmente considerado según su c/ase, que hubiera debido íncluirse en Ia declaración o hubieran sido apoftados de forma incompleta, inexacta ofalsa, con un mínimo de 10-000 eutos.
La sanción será de 10O euros por cada dato o conjunto de datos ¡eferidos a cada elemento patrimonial individualmente considerada según su clase, con un mínímo de 1.500 euros, cuando la declamcîön haya sido presentada fuera de plazo sin requerímiento prevío de la Administración tributaría. Del mismo modo se sancionará la prcsentación de Ia declaración por medios dr.súinfos a los elecfuónicos, informáticos y telemâticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios. c) En elcaso de íncumplîmiento de la oblígación de informar soöre örþnes inmuebles y derechas soþre bienes inmuebles sduados en el extraniero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien inmueble que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta ofalsa, con un mínimo de 10.000 eurÐs.
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien ínmueble o a un mismo derecho soåre un bien inmueble, con un mínimo de 1.500 euros, cuandö la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo moda se sancionará la presentación de la declaracíon por medios drsfinfos a los electrónicos, informáticos y telemâticos cuando exista oblígación de hacerlo por dichos medios.
Las ìnfracciones
y
sanciones reguladas
en esfa
incompatibles con /as establecidas en /os artículos 198
y
dísposiciön adicional serán 199 de esta
Lef.
Por último, aL¡n careciendo de interés en este momento, el apartado 3 de la mísma disposición concluye: "Las Leyes reguladoras de cada tributo podrán establecer consecuenclbs específicas para el caso de incumplímiento de la obligación de informacíön establecida en esta disposición adicional.'
La trascrita DA 18a LGT fue desarrollada mediante la introducción en el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desanollo de las normas comunes de fos procedimientos de aplicación de los tributos (RGAT), aprobado por Real Decreto 106512007, de los afts. 42 bís (cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero), 42 ter (valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero) y 54 bÍs (inmuebles y derechos sobre los mismos situados en el extranjero), añadidos por el Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre. A ello debe añadirse la Orden Ministerial HAPl72l2A13, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, que aprueba el modelo de declaración y concreta el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación; en este modelo se refunden las tres obligaciones mencíonadas.
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3/ll
REGIONAL DE LA COMUNIOAD VALENCA¡TA
4e1644475{n,DOC
CUARTO.- En la presente reclamación no se cuestiona ni la obligación, ni su incumplimiento, estando acreditada la presentación fuera de plazo, ya que el plazo vencía el31lO3l2A13 (para 2012) y la declaración se presentó el 23-08-2013. Tampoco se discute la adecuación del importe de la sanción a los criterios establecidos pera su cuantificación por los preceptos antes citados. Debemos, en consecuencia, examinar lo relativo al elemento subjetivo de la infracción y, en particular, la prueba de la culpabilidad y su adecuada motÍvación en el acuerdo sancionador. QU¡NTO.- A la hora de determinar si la conducta del contribuyente resulta constitutiva de infracción sancionable es necesario tener en cuenta la doc'trina consolidada por el Tribunal Supremo en el sentido de que en el ámbito del Derecho tributario sancionador tiene plenos efectos el principio de culpabilidad, a cuyo efecto se deberia vincular la punibilidad del sujeto infractor a la circr¡nstancia de que su conducta no se halle amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables; doctrina respaldada por el Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 26 de abril de 1990, al analizar lo dispuesto en el mencionado precepto y entender que en esta materia rehuya el principio de culpabilidad que excluía la Ímposición de sanciones por el mero resultado y sin atender a la conducta diligente del contribuyente. Estos principios se recogieron de forma expresa en el artículo 77 -4.d) de la Ley General Tributaria de 1963 en su redacción dada por la Ley 2511995, de 20 de julio, y asimismo se contienen en el artículo 179.1, conforme al cual "las personas flslbas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 4 del a¡tículo 35 de esta ley podrán ser sancionadas por hechos constitutîvos de infracción tributaria cuando resulten responsables de /os mLsmos", añadiendo el artfculo 179.2 que las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán Iugar a responsabilidad por infracción tributaria, entre otros supuestos (letra d) "cuando se haya puesto la dlllgencla necesaria en el cumpllmlento de las obllgaciones tributarias" y que 'entte ofuos supuesfoq se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación ruzonable de la noÍma". Sin embargo, es igualmente claro que no puede confundirse la interpretación razonable de la norma con eldesprecio que a la misma entraña su desconocimiento culpable. Asl, el artículo 183.f dispone que "son infracciones tributarias las accíones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas como tales en esfa o en otra ley". Tampoco puede admitirse que el mero hecho de que la Admínistración tenga en su poder la información o los medios necesarios para el descubrimiento de la infracción cometida sea suficiente pare entender a éste exonerado de responsabilidad. Profundizando en el concepto de negligencie, su esencia radica en el descuido, en la actuación contraria al deber objetivo de respeto y cuidado del bien jurídico protegido por la norrna. Ëse bien jurídico, en este caso, son los intereses de la Hacienda Pública y, a través de ellos, el progreso social y económico del paÍs, intereses que se concretan en las normas fiscales, cuyo cumplimiento incumbe a todos los cíudadanos conforme establece el artículo 31 de la Constitución. La negligencia, por otra parte, no exige como elemento determinante para su apreciación un claro ánimo de defraudar, sino, como antes se dijo, un cierto desprecio o menoscabo de la norma, una lasitud en la apreciación de los deberes impuestos por la misma.
Al propio tiempo, es claro que la apreciación de la culpabilidad exige el análisis de
las
circunstancias concurrentes en cada caso concreto. Particular mención merece el aspecto relativo a la motivación del acuerdo sancionador. Según elartículo 211.3 de la Ley 58/2003, GeneralTributaria:
4t11
46-18.{r4475^&.DOC
13. La resoluci1n explesa del procedimiento sancionador en matería tributaría contendrá la fiiación de las hechos, la valorcción de las pruebas practicadas, Ia determinación de la infracción cometida, la identificacíón de la persona o entidad infractora y la cuantifrcación de la sanción que se impone, con indicación de los criterios de graduación de la misma y de la reducción que prcceda de acuerdo con lo previsto en el añículo 188 de esta Ley. En su caso, contendrá Ia declaración de inexiste ncia de infracción o respons abílid ad.' En el mismo sentido, el Real Decreto 2063120o4., de 15 octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario señafa en su artículo 24.1, bajo el epígrafe'Resolucíón del procedimiento sancionadof , lo siguiente:
"1. H órgano competente dictará resolución motívada, a la vista de Ia propuesta formulada en la instrucción del prccedimiento y de los documentos, pruebas y alegaciones que obren en el expedíente, sin perjuicia de que previamente pueda ordenar que se amplíen las actuaciones practicadas; en este caso, concluidas ésfas, deberátformularse una nueva propuesta de ¡esolución a la que será de aplicación lo dispuesfo en el apañado 6 det artlculo anterior. No se tendrán en cuenta en la resolución hechos distintos de los que obren en el o apoftados a éste por haber
expediente, determinados en el cursa del procedimîento o s ido ac¡ed itado s p rev i am e nte.
Del examen de los preceptos indicados se desprende que la adecuada motivación del acuerdo que resuelve el procedimiento sancionador exige, entre otras cosas, la fijación de los hechos constitutivos de la infracción tributaria que se imputa al presunto infractor. De este modo, una vez incorporados al expedÍente sancionador los docurnentos acreditativos de los hechos que configuran el elemento objetivo de la presunta infracción tributaria, queda abierta la fase de instrucción, en la que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento Sancionador, "se realizarán de oficio cuantas actuaciones ¡esulten necesarias para determinar, en su caso, la existencia de infracciones suscepfibles de sancióno, con lo cual se tiatará de apreciar si los hechos ya constatados se encuentran asocíados con el elemento subjetivo exigÍdo por el artículo 183.1 de la Ley 5812003, con el objeto de justificar la imposición de la correspondiente sanción tributaria, Ha de señalarse que resulta insuficiente la mera referencia al hecho regularizado. El mismo no puede tomarse en modo alguno como'la causa por la que se considera que la actuación del sujeto pasivo denota una culpabilidad que, cuando menos, pueda calificarse de negligente. En términos del Tribunal Supremo: "Lo que tienen que motivar los óryanos sancionadotes no es al incumplimiento de Ia obligaciön tributaria... sino la razön de ser de la sanción, y la infmcción da los bienes jurldicos gue con su ímposición tratan de preseruarse." (Sentencía del Tribunal Supremo de l0 de febrero de 2010, rec. 243712004). Como dice también el Tribunal Supremo (Sentencia de 3 de abril de 2008): nPues bien, es patente que estas motivaciones resultaban absolutamente insuficientes, en cuanto no se refieren a circunstancias del caso concrcto de las que se deduzca el carácter inazonable y negligente de la conducta seguida por el sujeto pasivo." Por consiguiente, si no queda acreditado el elemento subjetivo de la infraccíón y Ja sanción se impone por medío de una motivación genérica, ha de concJuirse que lo procedente ha de ser su anulación, puesto que reposa exclusivamente en una presunción de intencionalidad.
En esta misma llnea, debemos recordar la doctrina del TEAC en orden af rechazo de cualquier automatismo, de tal forma que los elementos objetivos del tipo infractor han de darse como elemento necesario, pero no suficiente- Pero el que exista el elemento subjetivo de la culpabÍlidad ha de hacerse patente en el procedimiento sancionador mediante la TRIBUNAL EcoNô[4Ico - ADMÍNISTRATIVo REGIONAL OE LA COMUNIDAD VÁLENCIANA 5111
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motivación. Hasta tal punto es exigente, que una motivación basada en juicios de valor o fórmulas generalizadas ni siquiera es subsanable, siendo doctrina del propío TEAC gue, una vez anulada una sanción por resolución o sentencia por falta de motivación, al tratarse de un elemento esencial, le queda vedado a la Administración el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. Por ello, los elementos fácticos y jurídicos en los que la Administración fundamente la existencia de la culpabilidad deben constar en elexpediente sancionador y en el propio acuerdo sancionador, sin que resulte admisible intentar acreditar su existencia por remisión a los hechos que resulten probados en el expediente de regularización de la deuda o a otros documentos distintos del expediente sancionador diferentes de la propía resolución sancionadora. La doctrina expuesta se ha visto recogida en numerosas resoluciones; entre ellas, las de 21 de mayo de 2015 (RG 00101564124121,23 de enero de 2014 (00102318120111, 7 de junio de 2011 (RG OOlO1O13l2009) y l8 de febrero de 2016 (RG 00/07036/2015), dictada esta última en recurso de alzada para unificación de criterio y en la que se fija el siguiente: <<La fórmula propuesta por Ia Dírectara rcclamante como válida para entender que se esfá cumpliendo con los reguísifos de la motivación: 'analizadas las circunstancias concuîenfes fa conducta del obligado trihutario ha sído negligente sîn que se aprecie ninguna causa de exoneración de la responsabilidad", ademâs de ser una fótmula genérica, pues puede ser utilizada en cualquier supuesfo y con todo obligado tributario, srn anáÍ.srs ninguno, es difícil que pueda ser considerada como suficientemente motivada, na merece tal consideraciön una fórmula que puede ser empleada en cualquier supuesto para dar por existente el elemento subjetivo que debe ser prcbado y explicado, con la consecuencia del fuaslado de Ia carga al ohligado tributario; carece de la más mínima adecuación al caso concreto; y en cuanto "al juego de las circunstancias concufientes", permitir usar esa fórmula como válida, implicarîa permitir no mencionar ninguna circunstancia, ni su efecto o impoftancia, ni como se relacionan entre sí, en la apreciaciön de Ia negligencia>>. SEXTO.- Conviene completar lo expuesto -con carácter general- sobre la culpabilidad y su motivación en el acuerdo sancionador, con ciertas consideraciones que afectan de modo particular a la infracción que nos ocupa. Por una parte, podría pensarse que el acuerdo sancionador ahora impugnado se ve afectado por el hecho de que la normativa con él relacionada esté siendo revisada por la Comisión Europea. En efecto, corno consecuencia de denuncias presentadas ante la Comisión Europea, basadas en la supuesta incompatibilidad con el Derecho comunÍtario de la obligación de declaración de bienes en el extranjero, previa apertura de un procedimiento de infracción contra el Reino de España, la Comisión ha enviado un dictarnen motivado a España pidiéndole modificar sus normas sobre modelo 72O. La Comisión reconooe a España el derecho a exigir a sus contribuyentes la información sobre determinados activos de que sean titulares en el extranjero, pero entiende que las multas impuestas en caso de incumplimiento son desproporcionadas si se compara con la situación de activos invertidos en España procedentes de rentas no declaradas. Sin embargo, el dictamen motivado de la Comisión no es sino una fase previa al proceso contencioso que la Comisión puede suscitar ante el Tribunalde JustÍcia en el caso que el Estado requerido no se atuviere a dicho dictamen; dicho dictamen carece de fuerza vinculante para el Tribunal de Justicia, órgano máximo encargado de la interpretación del derecho de la Unión Europea y que, en su caso, podrá o no atenerse a su contenido en función de la valoración que haga de é1. En definitiva, el dictamen de la Comisión de la Uníón Europea no produce efecto sobre la vigencia y eficacia de las normas dictadas por los Estados miembros, ni sobre los actos que se han producido en aplicación de fas mismas. La normativa legal y reglamentaria en que se fundamenta el acuerdo sancionador, en tanto no ha sido anulada, se encuentra vigente, siendo pertínente su aplicación. Debe hacerse constar, por lo demás, que la Audiencia Nacíonal, en Sentencia de 24102/2014 (rec. 12812013), desestimé la impugnación de la Orden Mínisterial creadora del modelo 720.
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Precisamente, en relación con la proporcionalidad de la sanción, esfamos ante un principio consagrado por el artículo 178 LGT, conforme al cual "la potestad sancionadora en materia tributaria se ejercerá de acue¡do con los principios reguladorcs de la misma en materia administrativa con //as especialídades esfaó/ecidas en esta Ley. En pafticular serán aplicables los príncipios de legalidad, típicidad, responsabilidad, proporcionatidad y no concurrencia. E! principio de inetroactividad se aplicará con carácter general, teniendo en consideración lo dispuesfo en e[apañado 2 delaftículo 10 de esta lef .
El Tribunal Supremo, en su Sentencia de22 septiembre 2O11, Recurso de Casación núm. 428912009, delimitaba el alcance del principio de proporcionalidad en la potestad sancionadora en los siguientes términos: ".,.conforme a la jurisprudencia delTribunal ConstitucÍonal, la adecuación o proporción de las condenas o sanciones a las conductas ilícitas es una decisión que coresponde al legislador, por lo gue, en este ámbito, la capacidad de maniobra de la Administración o -en este casodel órgano judicial es extraordinariamente limitada. En realidad, prácticamente nula en el
ámbito del Derecho tributario sancionador, en la medida en que la LGT de 2003 ha establecido para cada conducta ílícita una sanción especÍfíca, concreta, determinada, sin dejar, a fa hora de imponer la sanción, como hacía la anterior LGT de 1963, margen alguno para la apreciación del órgano com petente para sancionar."
En efecto, como ha señalado el Tribunal Constitucional [en una doctrina que, como advertlamos en la Sentencia de '12 de novíembre de 2009 (rec. cas. núm. 13gBt2OO4), FJ 6, B), aunque sentada para el ámbito penal, resulta plenamente aplicable al administrativosancionadorl, en principio, el <problema de la prcporcionalidad entre pena y detito [o infracción y sanciónl es competencia del legislador en el ámbito de sø política penal> ( STC 16011987 , de 27 de octubre , FJ 6; en parecidos términbs, SSTC 65if 986, de 22 de mayo , FJ 3, in fine ; 150/1991, de 4 de julio , FJ 4, in fíne ), quien K goza, dentro de los lîmites establecidos en la Constitución, de un amplío matgen de libertad que deriva de su posición constitucional y, en última instancia, de su específîca legitimídad democrática ) (SSTC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 6 ; 16111997, de 2 de octubre , FJ g ; 136/1999, de 2O de julio , FJ 23). A este respecto, el máximo intérprete de nuestra Constitución ha atribuido al legislador la potestad exclusiva ( parc configurcr /os bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de /as sancrbnes penales, y la prcporción entre las conductas que pretende evitar y las penas con las que intenta conseguirlo r ( S$TC 55/1996, de28 de mazo, FJ 6; 16111997, de 2 de octubre, FJ 9; 136/1999, de 20 de julio , FJ 23).
Y en tanto que, como hemos dÍcho, la cuestión de la proporcionalidad entre pena y delito o, en su caso, infracción y sanción, constituye un juicio de oportunidad que es competencia exclusiva del legislador, a í los Tribunales de justicia só/o /es conesponde, søgún Ia Constitución, la aplicaciön de /as Leyes y no verificar si tos medios adoptados por el Iegislador para la prctección de los bienes jurídicos son o no adecuados a dicha finalidad, o si son o no prcporcionados en abstracto >, conclusíón ésta que se infiere delart. 117 de la CE ( STC 65/1986, de 22 de meyo , FJ 3, in fine). En consecuenciâ, rno cabe deducir del artículo 25.1 de la Constitución Española un derecho fundamental a Ia proporcionalidad abstracta de la pena con la gravedad del delito> ( sTc 65/1986, de 22 de mayo , FJ 3, in fine ), y en los supuestos en que <¡una condena penal pueda ser razonablemente entendida como aplicación de Ia ley, la eventual lesión que esa aplicacion pueda p¡oducio, rcerá imputabte at tegistador y no al Juezt (STC 136/1999, de 2O de julio, FJ 21 , in fine )'. En el'mismo sentido se expresa el mismo Tribunal en su Sentencia de 11 diciembre 2014, Recurso de Casación núm. 274212013:
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TRIEUNAL EcoNÓMIco - ADMINISIRA11Vo REGIONAL ÞE tA COMUN¡DAD VAI-ENCIANA
"Este margen de maniobra que reconocÍamos a los Tribunales como mecanismo de control del ejercicio de la potestad sancionadora de la AdminístracÍón, empero -y es aqul donde queremos poner el acento-, ha quedado anulado por el legislador tributario con la redacción de fa LGT de 2003, pues como señalábamos en nuestra Sentencia de22 de septiembre de 2011 (rec. cas. núm.428912009 ), s en la medida en que la LGT de 2003 ha establecido para cada conducta illcita una sanción específica, concreta, determinadarno ha dejado s a la hora de imponer la sanción, corno hacía la anterior LGT de 1963 , margen alguno para la apreciación del órgano competente para sancionan [FD Quinto D) a)]. A la inexistencia de este margen de maniobra en la aplicación del principio de proporcionalidad se refiere precisamente la sentencia recurrida ct¡ando señala que ( la Administración se ha limitado a aplicar las normas exigibles, no existiendo margen cuantitativo para la fijación de la sanción, considera[ndo] la Sala que no existe la vulneración del principio de proporcionalidad denunciada, sin que guepa, taly como recoge la resolución delTEAC combatlda, a efectos de calcular los periuicios causados, apreciar las consecuencias que se derivan para los dos sujetos implicados> (FD Quinto), conclusión que haoemos enteramente nuestra y que trae como consecuencia la inexistencia de la vulneración denunciada del principio de proporcionalidad-
'
En definitÍva, la potestad sancionadora de la Administración debe someterse al principio de legalidad, de manera que la sanción impuesta se corresponda con la prevista en la Ley para dicha infraccíón y se tengan en cuenta los criterios concretos que establece la norma para su graduación y concreción, siendo competencia del legislador adecuar el importe de la sanción a la gravedad de la infracción cometida. En el presente caso, la sanción impuesta fue la prevista en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley GeneralTributaria.
Por último, es inelevante el hecho de que no se haya ocasionado daño o perjuicio a la Administración tributaria- En primer lugar, porque no es cierto: no se habrá ocasionado un perjuicio cuantificable económícamente, pero es evidente que el incumplimiento de las obligaciones de infonnación dificultan considerablemente la gestión e cargo de la Administración tributaria. Pero, en segundo lugar y sobre todo, porque ya hemos visto el concepto de infracción tributaria formulado por el artículo 183 LGT, en el que no es elemento esencial la existencia de un daño o perjuicio económico. Es lo que sucede con todas las infracciones que sancionan el incrrmplÍmiento de deberes de información o de obligaciones formales.
SÉPflMO.- Llegados a este punto, queda por examinar -aplicando la doctrina expuesta al caso que nos ocupa- las circunstancias concretas que concurren en cuanto a motivación y prueba de la culpabílidad. Dicha motivación es la siguiente: 'En Ia omisión de Ia presentaciön en plazo de Ia dec[aración en que ha incurrido D. Richañ Kent se aprecia cuando menos simple negligencia, entendida Çomo omisión del deber de respeto y cuidado del bien jurldico protegido por la norma. La presentacìón en plazo de la declarcción es un deber de cuidado que compete personalmente al citado obligado, quien pudo prever y evitar el ¡esultada dañoso que se produce para la adecuada gestion de los datos contenidos en la declaración con su prcsentación fuera de plazo.
La situacîón de extemporaneidad es un clarc incumplimiento de Ia concreta obligación exigida por la normativa reseñada más adelante; en particular, se desfaca que Ia normativa y, en concreto el plazo para presentar Ia declaraciön, ha gozado de suficiente puhlicidad para ser conocido por el inte¡esado.
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En prímer lugar, a nivel de publicidad de Ia normativa, el plazo general de declaración (desde el 1 de eneto al 31 de mano) se fij6 en el Real Decreto 155812:012 publicado en el B.O.E. de 24 de noviembrc de 2012 (por el cual se modificó el Reglamento general de las actuaciones y /os procedimientos de gestión e inspección tríbutaría aprobado por Real Decreto 1065z.12007) y para Ia declaración delejercicio 2012 el Real Decreto 1715/2A12, publicado en el B.O.E. de 29 de diciembrc de 2012, incluso estableció una ampliación del plazo general (hasta el 30 de abríl). En segundo lugar, la
Agencia Tributaria ofrece desde el establecimienta de esta obligaciön infatmación suficiente y puntual soône la obligación en general, y, en particular, soóre los plazos de presentación en su poftalen lnternet, tanto en la informacíón gue se ofrøce sobre cada modelo (especlfrcamente parc el modelo 720 se oftecen recopilaciones de preguntas frecuentes y vídeos explicativos) como en eldetalle delcalendario del contríbuyente. Adicionalmenfq es de destacar que coincidiendo con la entrada en vigor de esfa obligación (comienms del año 2013) la Agencia Trtbutaría participo en numerosas charlas arganizadas por profesionales del ámbito tributarío con la fînalidad de dar la mayor publicidad acerca de /os diyersos detalles de la mismaEn consecuencia, a la vista de lo explícita g¿re es Ia normativa que fija los plazos en esta concreta obligación y de la publicidad efectuada desde la Agencia Tributaria, Ia falta de prcsentación en plazo de esta declaración es debida claramente a una falta del mínimo deber de cuidado del obligada a su prcsentación dentrc del plazo rcglamentario, obligado que, Gemo se þa razonado, dlipuso de suficiente infotmación e íncluso de un plazo ampliado especÍficamente para elejercicio 2A12.
A fin de completar la normativa reseñada al final, se indica que la referente a la obligación, cuantificación de la base de fa sanción y plazo se contiene en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección de los tributos y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos hibutarios (Real Decreto 1A6512007, de 27 de julio, B.O.E. de 5 de septÍembre de2OO7): artículos 42.bis,42ter y 54bis."
A la vista de la motivación transcrita -y del resto del acuerdo no transcrito-, en cuanto a la motivación de la culpabilídad este Trlbunal consídera cumplidas las exigencias de individualización de dicha motivación, al menos en términos suficíentes como pare que no pueda alegarse indefensión por parte de la reclamante. No debemos olvidar a este respecto que en este lipo de infracciones (por incumplimiento de obfigaciones y deberes formales) nos halJamos en muchos casos ante conductas idénticas (la presentación fuera de plazo de una declaración) y, si ef obligado no formula alegaciones y aporta pruebas justificando circunstancias ajenas a su voluntad determinantes de su incumplimiento (como ocurre en el caso que nos ocupa), es rnuy diffcil que.la Administración pueda motivar la culpabilidad más allá de hacer constar la fecha de la presentación, la identificación del incumplidor y las circunstancias de la presentación extemporánea de la declaración. Y, sin embargo, tampoco es razonable pensar que sea voluntad del legislador la tipificación de infracciones y ef establecimiento de sanciones para que no sean nunca aplicadas por imposibilidad de una de motivación más explfcita de la culpabílidad del infractor. La conclusión, obviamente, no debe ser que nos hallamos ante un supuesto de responsabilidad objetiva, sino que la motivación de la culpabilidad -que en todo caso ha de efectuarse expresamente en el acuerdo sancionador con respecto a las circunstancias del caso concreto-, y su prueba, se desprenden de una presuncíón: concurriendo determinadas circunstancias, es lógico entender probada la existencia de una determinada culpabilidad.
Y, sin embargo, esta consideración -formulada con carácter general- no es óbíce para gue, con respecto a la ínfracción que nos ocupa y a la vÍsta de la motivación del acuerdo sancionador, se suscÍten dudas a este Tribunal en cuanto a la prueba de fa culpabilidad en el TRTBUNAL EGoNóMrco - ADMtNlsrRATtvo REGIONAL DE I. COMUNIDAO VALENC¡ANA 9111
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presente caso. En efecto -sin menoscabo de todo lo dicho anteriormente con respecto a la proporcionalidad de la sanción-, es evidente que en la interpretación y aplicación de la norma no pueden dejar de tomarse en consideración determinadas circunstanciasr se trata de una norma que pone de manifiesto la energía con la que el legislador quiere actuar con respecto a determinadas conductas que considera especialmente indiciarias de una posible defraudación tributaria, de ahí la cuantía de las sanciones y de ahí que califique la infrección, en todo caso, como muy grave. Añádase a ello la tan cuestionada imprescriptibilidad. Estas circunstancias exigen extremar, si cabe, la diligencia de la Administración en cuanto a que no haya duda alguna sobre la concunencia de la culpabifidad; exigencia igualmente aplicable a este órgano revisor. Precisamente por elJo +s un hecho que le consta a este Tribunal por notoriedad, ademås de que lo diga el acuerdo-, no sólo se emplearon los métodos jurldicamente habituales para facilitar el conocimiento de la norma al tiempo de su ímplantación (una vacatio Iegis prolongada y aprobación de normas de desarrollo), sino que por parte de la Administración se llevó a cabo una extraordinaria labor de difusión: publicaciones en medios de comunicación, participación de la Agencia Tributaria en numerosas charlas organizadas por profesionales del ámbito tributario con la finalidad de dar la mayor publicidad acerca de los diversos detalles de aquélla, etc. Pues bien; a juicio de este Tribunal, tal proceder por parte del legislador y de la Administración pone de manifiesto el reconocimiento impllcito de la extraordinaria novedad, dificultad tråcnica e interpretativa en determinados puntos de la norma y -lo más importante la gran trascendencia que su incumplimiento podrfa acarrear para el incumplidor, quien, sin embargo, podría incurrir en esta u otras infracôiones relacionadas con ella por simple desconocimiento, es decir, por causes aienas a su voluntad. De ahf la campaña de difusión. Ello al margen de que, por su especificidad y tecnicismo, aquellas charlas y noticías Íara vez trascendieron más allá del ámbito de los profesionales de la fiscalidad. Ën consecuencia, puesto que no concuren en el presente caso circunstancias singulares que evidencien o hagan especialmente presumible el conocimiento de la obligación incumplída y
habiéndose producido dicho incumplimiento con ocasión de su implantación, la propia motivación del acuerdo conduce a este Tribunal a considerar insuticientemente probada la culpabilidad necesaria para la existencia de la infracción sancionada. FALLO
Este Tribunal, resolviendo en única instancia, acuerda ESTIMAR reclamación, anulando el acuerdo impugnado.
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rffiË ES GOPIA EL SECREIiARTO FfuFraniroffi Ofüüfüù Lo quele noljñco re9Ùamerìt¡irigqtê$g a V.q:. advirl¡éndol€ d€ que contra este acuêrdo Frêde interponer en los (cont¿dos a palr dd siþuienb af de la natificac¡fi) los sþuienieb ieo.rrsos:
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el þ { pæo.de OUINCE dAS. recurso de a¡ulación de la.L€'y.542003, d6J7
ante eslê Tíbufiâl e,Xctus¡yament€ por læ motivos prqvistos en d øt. 99 dldenúré. c€nôrat Tr¡tuta¡a. y de contcmkiãUiðnãl ärt. æ rieinàianämo A" ?4r.b.Þ Reúsón ên vía adminísÎÌarva, Real Decreto 520/2005, de 13 de may<j.
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Contra la resoludón
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si lû nolitlcåc¡ón de lå resoluclón se ha realizado enüe læ dlas uno y 15 de cada mes. dssde ¡a ferhâ de recepcíón de h notificaciófi hala d dfa 20 del mês podsrloro, si ês{e nofuera håHl;hasta el hm€dido håm siguisntB. Si la nol¡f¡cac¡dn dê lÊ r6olucidn ss lta redø:ado entre los das 16 y úlümo dê cada m€s, desde Ia feche de recepciôn dê la nodicacjón hasta el da cinco dol segundo mes posterioro, si óstõ no ruerà trrau. naaâellñmso-áã-ñã¡¡riid,i¡äiie
S b suspensiôn se produþ en poíodo ejecutivo. ta presenle noilncaclôñ d€tôrm¡na la ænt¡ndación o d ¡oic¡o d€l procedmienþ de apr€mio. siÐJn quo la p¡otddencia de apemio hutiese s¡do n(Êiñcada o no, respectiyar¡ente. cofl sntedtr¡dad a lafecha Én la qre surtiô efodos la suspensim. Si contra la_pesente r€solucist.gpiera recurso sún¡nigùdlvo. d€ inlelponeße. la suspensión eÉenderá su vigencia hasta la notñoación de
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fa ræolución del mismo.
IratÉn<þse cle resdución de P,|EZA SEPARADA DE SUSpËNSóN: Ett el p!æo de tJS ndEsES, rocurso ante ol Tribunal $pe¡ior ds Justicia Oontetcios+ Adni n istrst¡ro.
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de resofucjón de üJESflÖùl INODENTAL conra acutrdo denegat6¡o de suspensim €utrcrnática o de suspenson con prestacíør de otas garantias. La resoluciúfi que ponga ténnfii-o âl ¡nc¡d$te no será sueceptible d6 recú¡so (ats.43.5 y 44.5 del RGRVA y 230.6 de la LGT), perc d recilir la reoolución de la reclamæión, d ¡nteresado podrà díscùir nuaraniente el obJeto de lá cusstiör Tratár¡dose
íncidântal mBdiant€ e[ recurso que proceda contra la resoluclón. Efectos de la úneoación de la Suspensióq (at. 42.2 del RGRVA):
. a) Si en el momento de sdicitarse la suspêns¡ón la deuda se erìcc[ltróa en pedoctû voluntar¡o de inorâso. notific€ciôn dB su denegæiôn se inicianá el dæo pr€visto gt el afi.82.2 ds la LGT, para que dicho lngreso see realzadð.
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b) S øt el rnqnento de goJicitarse la smpenslÖn ladeuda so enconFabe en peiÍodo e¡ecr.tvo. la no¡ficac¡ón del acuercþ de.doregáclón_lmpl¡cdá que dêba iniciàrse 9l proced¡miento de apremio ên fos térmínos p¡evistoi en el arl 1ô7.1 do la LGT. de no habêrse ¡niciâdo con artdíoridgd s dcha notíficadón.
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ÌRTBUNAL EcoNóMtco - ADMtNtslRAlvo RÊGIONAL DE tA COMUNIDAD VALENCIA¡{A