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Mini Boletín FISCAL diario

miércoles, 28 de octubre de 2026

ÍNDICE

Consulta de la DGT APLICACIÓN IS. TIPO REDUCIDO DEL 15%. La existencia de un socio común en dos sociedades vinculadas no impide aplicar el tipo reducido del 15 % previsto para las entidades de nueva creación. La DGT considera que una sociedad de nueva constitución puede acogerse al tipo reducido del 15 % aunque su socio único participe también en otra sociedad que desarrolla una actividad económica diferente, siempre que no exista transmisión de actividad entre entidades vinculadas ni se forme un grupo mercantil de subordinación. VALOR ISD. VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. La DGT obliga a valorar las viviendas de protección oficial heredadas por su valor de referencia catastral, aunque supere el precio máximo legal de venta La existencia de un precio máximo de transmisión no permite sustituir directamente el valor de referencia catastral a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Si este supera el límite legal de venta, los herederos deberán autoliquidar inicialmente conforme al valor de referencia, sin perjuicio de su derecho a impugnarlo y solicitar la rectificación de la autoliquidación.

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Sentenc ia TJ U E EXPEDICIÓN TARDÍA DE LA FACTURA EN LA QUE FIGURA LA MENCIÓN “INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO” IVA. OPERACIONES TRIANGULARES COMUNITARIAS. El Tribunal General de la UE rechaza la aplicación retroactiva del régimen simplificado del IVA en operaciones triangulares mediante la rectificación tardía de facturas La inclusión, varios años después de las operaciones, de la mención «inversión del sujeto pasivo» en las facturas inicialmente emitidas sin dicha indicación no permite acogerse al régimen simplificado de las operaciones triangulares intracomunitarias, ni regularizar el IVA en el ejercicio en curso o en períodos posteriores.

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A ctualidad del I CAC Respuestas del ICAC a diversas consultas sobre la obligación de country-by-country reporting público (CbCr público) de las filiales españolas

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La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros

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Consulta APLICACIÓN IS. TIPO REDUCIDO DEL 15%. La existencia de un socio común en dos sociedades vinculadas no impide aplicar el tipo reducido del 15 % previsto para las entidades de nueva creación. La DGT considera que una sociedad de nueva constitución puede acogerse al tipo reducido del 15 % aunque su socio único participe también en otra sociedad que desarrolla una actividad económica diferente, siempre que no exista transmisión de actividad entre entidades vinculadas ni se forme un grupo mercantil de subordinación. Fecha: 01/09/2026

Fuente: web de la AEAT Enlace: Consulta DGT V5502-26 de 01/09/2026

SÍNTESIS: La existencia de un socio común en dos sociedades vinculadas no impide aplicar el tipo reducido del 15 %. La DGT establece que una sociedad de nueva creación puede aplicar el tipo reducido del 15 % en el IS, aunque su socio único participe también en otra sociedad vinculada, siempre que desarrolle una actividad económica efectiva, no exista transmisión de actividad entre entidades vinculadas y no forme parte de un grupo mercantil en los términos del artículo 42 del Código de Comercio. La DGT aclara que las sociedades controladas por una misma persona física constituyen, en su caso, un grupo de coordinación, cuya existencia no excluye la aplicación del tipo reducido. Este se aplicará en el primer ejercicio con base imponible positiva y en el siguiente, aunque este último arroje pérdidas. HECHOS QUE EXPONE EL CONSULTANTE

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En agosto de 2025 se constituye una sociedad (SA) dedicada a la construcción de edificios residenciales (CNAE 4101 e IAE 5011). • Su socio único es una persona física que, a su vez, participa en el 50 % del capital de otra sociedad (SB), dedicada a la construcción de proyectos de ingeniería civil (CNAE 4299 e IAE 5012). • Por tanto, ambas sociedades desarrollan actividades dentro del sector de la construcción, aunque sus actividades económicas son diferentes. CUESTIÓN PLANTEADA

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Se consulta si la sociedad de nueva constitución (SA) puede aplicar el tipo reducido del 15 % en el Impuesto sobre Sociedades, previsto en el artículo 29.1 de la LIS para las entidades de nueva creación, pese a que su socio único participa también en otra sociedad del mismo sector económico. CONTESTACIÓN DE LA DGT Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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La DGT considera que la entidad consultante puede aplicar el tipo reducido del 15 %, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 29.1 de la LIS. Su conclusión se fundamenta en los siguientes argumentos: A. Existencia de una actividad económica de nueva creación

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El artículo 29.1 de la LIS establece que las entidades de nueva creación que desarrollen actividades económicas tributarán al tipo reducido del 15 % durante el primer período impositivo en que obtengan una base imponible positiva y el período impositivo siguiente. No obstante, contempla dos supuestos en los que no se considera iniciada una nueva actividad económica: • Cuando la actividad hubiera sido desarrollada anteriormente por una persona o entidad vinculada y posteriormente transmitida, por cualquier título jurídico, a la sociedad de nueva creación. •

Cuando la actividad hubiera sido ejercida durante el año anterior a la constitución por una persona física que participe, directa o indirectamente, en más del 50 % del capital o de los fondos propios de la nueva entidad.

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• En el supuesto analizado, la DGT considera que no concurre ninguna de estas circunstancias. B. La vinculación entre ambas sociedades no excluye automáticamente el tipo reducido • • • •

Conforme al artículo 18.2.g) de la LIS, existe vinculación entre dos sociedades cuando los mismos socios participan, directa o indirectamente, en al menos el 25 % de su capital social o fondos propios. En este caso, ambas sociedades están vinculadas porque una misma persona física posee el 100 % de SA y el 50 % de SB. Sin embargo, la mera existencia de vinculación no constituye una causa de exclusión del tipo reducido del 15 %. La DGT destaca dos circunstancias: • No consta que la actividad desarrollada por SA haya sido transmitida por ninguna persona o entidad vinculada. •

La actividad de construcción de edificios residenciales desarrollada por SA no es equiparable a la construcción de proyectos de ingeniería civil realizada por SB.

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En consecuencia, no resulta aplicable la exclusión prevista en el artículo 29.1.a) de la LIS. Asimismo, tampoco resulta aplicable la exclusión del artículo 29.1.b), puesto que no consta que el socio único de SA hubiera desarrollado personalmente la actividad económica durante el año anterior a la constitución. C. Diferencia entre grupo mercantil y grupo de coordinación Este es uno de los aspectos más relevantes de la consulta.

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El artículo 29.1 de la LIS excluye del tipo reducido del 15 % a las entidades de nueva creación que formen parte de un grupo mercantil en los términos del artículo 42 del Código de Comercio. La DGT distingue dos clases de grupos: • Grupos de subordinación o verticales: aquellos en los que una sociedad dominante controla directa o indirectamente a otra u otras sociedades. •

Grupos de coordinación u horizontales: aquellos integrados por sociedades controladas por una misma persona física, sin que exista necesariamente una relación de dominio entre ellas.

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La DGT recuerda que, a efectos del artículo 42 del Código de Comercio, únicamente se consideran grupos mercantiles los primeros. • En el supuesto consultado, una persona física posee el 100 % de SA y el 50 % de SB. Según los hechos expuestos, ambas entidades constituirían un grupo de coordinación, pero no un grupo de subordinación. • Por ello, SA no tendría la consideración de entidad perteneciente a un grupo mercantil a efectos de la exclusión del tipo reducido del 15 %. • Este criterio es coherente con el mantenido en la consulta vinculante V0647-22, de 25 de marzo de 2022. D. Períodos impositivos en los que resulta aplicable el tipo reducido

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La DGT recuerda que el tipo del 15 % resulta aplicable: 1. En el primer período impositivo en que la entidad obtenga una base imponible positiva. 2. En el período impositivo inmediatamente siguiente, aunque en este segundo ejercicio la base imponible resulte negativa.

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Este criterio coincide con la doctrina establecida por el TEAC en su Resolución de 24 de julio de 2023 (RG 4696/2023), dictada en unificación de criterio. • Por tanto, el período de aplicación del beneficio fiscal no se suspende ni se amplía cuando la sociedad obtiene pérdidas en el segundo ejercicio. E. Necesidad de acreditar las circunstancias de hecho

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La DGT advierte de que las circunstancias determinantes de la aplicación del tipo reducido deberán poder acreditarse mediante cualquier medio de prueba válido en Derecho.

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En particular, resultará relevante justificar que la actividad de SA constituye una actividad económica efectiva y que no se ha producido una transmisión de actividad desde SB u otra persona o entidad vinculada.

Normativa aplicable Artículo 29.1 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades. Regula los tipos de gravamen del Impuesto sobre Sociedades y, específicamente, el tipo reducido del 15 % aplicable a las entidades de nueva creación que desarrollen actividades económicas. También establece las causas de exclusión relacionadas con la transmisión de actividades, el ejercicio previo de estas por determinados socios y la pertenencia a un grupo mercantil. Artículo 18.2 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades. Define las relaciones de vinculación entre personas y entidades. Resulta aplicable porque ambas sociedades tienen un socio común que posee participaciones superiores al 25 % del capital social de cada una. Artículo 5.1 y 5.2 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades. El apartado 1 define el concepto de actividad económica, requisito necesario para aplicar el tipo reducido del 15 %. El apartado 2 regula las entidades patrimoniales, que quedan excluidas de la aplicación del tipo reducido. Artículo 42.1 del Código de Comercio. Establece cuándo existe un grupo de sociedades por la concurrencia de una relación de control entre una sociedad dominante y sus dependientes. Es fundamental para determinar si SA pertenece a un grupo mercantil que impida aplicar el tipo reducido. Disposición transitoria cuadragésima cuarta de la Ley 27/2014. Regula la aplicación progresiva de los tipos reducidos establecidos por la Ley 7/2024 para las entidades con cifra de negocios inferior a un millón de euros y las entidades de reducida dimensión. La DGT la reproduce para situar el régimen de tipos impositivos vigente, aunque no constituye el fundamento determinante de su conclusión sobre el 15 %. Artículo 101 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades. Regula los requisitos relativos a la cifra de negocios para la consideración de entidad de reducida dimensión y las reglas de cómputo correspondientes. Se cita por su conexión con los tipos generales reducidos previstos en el artículo 29.1 de la LIS. Doctrina administrativa y resoluciones relacionadas A. DGT. Consulta vinculante V0647-22, de 25 de marzo de 2022. La DGT analiza el concepto de grupo mercantil en el caso de dos sociedades controladas por una misma persona física. Concluye que los grupos de coordinación no constituyen grupos mercantiles en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio. En consecuencia, las sociedades integrantes de estos grupos no pueden considerarse automáticamente miembros de un grupo mercantil a los efectos fiscales que exijan expresamente la existencia de un grupo conforme a dicho artículo. Se trata de un criterio coincidente con el aplicado en la consulta V5502-26, aunque la V0647-22 se refiere específicamente a la consideración de actividad económica en sociedades dedicadas al arrendamiento de inmuebles. B. TEAC. Resolución de 24 de julio de 2023 (RG 4696/2023). Unificación de criterio. El TEAC establece que el tipo reducido del 15 % para entidades de nueva creación únicamente puede aplicarse en el primer período impositivo con base imponible positiva y en el inmediatamente siguiente. Por tanto, la existencia de una base imponible negativa en el segundo período no permite trasladar el beneficio fiscal a ejercicios posteriores. La DGT recoge expresamente esta doctrina en su contestación.

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Consulta VALOR ISD. VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. La DGT obliga a valorar las viviendas de protección oficial heredadas por su valor de referencia catastral, aunque supere el precio máximo legal de venta La existencia de un precio máximo de transmisión no permite sustituir directamente el valor de referencia catastral a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Si este supera el límite legal de venta, los herederos deberán autoliquidar inicialmente conforme al valor de referencia, sin perjuicio de su derecho a impugnarlo y solicitar la rectificación de la autoliquidación. Fecha: 15/09/2026

Fuente: web de la AEAT Enlace: Consulta DGT V5544-26 de 15/09/2026

SÍNTESIS: La DGT establece que, a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las viviendas de protección oficial adquiridas por herencia deben valorarse por su valor de referencia catastral, aunque este supere el precio máximo legal de venta. No obstante, dado que dicho valor de referencia no puede exceder del valor de mercado, los herederos podrán impugnarlo y solicitar la rectificación de la autoliquidación, acreditando la limitación administrativa del precio. Esta posibilidad no les exime de autoliquidar inicialmente el impuesto conforme al valor de referencia. HECHOS PLANTEADOS POR LOS CONSULTANTES ▪

Como consecuencia del fallecimiento de su madre, cinco hermanos, entre los que se encuentran los consultantes, van a adquirir por herencia una vivienda de protección oficial (VPO) de promoción privada. ▪ La vivienda está sometida a un régimen administrativo que establece un precio máximo legal de venta, circunstancia que limita el importe por el que puede transmitirse mientras permanezca vigente dicha protección. CUESTIÓN PLANTEADA ▪

Los consultantes desean conocer cómo debe determinarse la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) correspondiente a la adquisición hereditaria de la vivienda. ▪ En particular, se plantea si debe prevalecer el precio máximo legal de venta, derivado de su régimen de protección oficial, o el valor de referencia establecido por la Dirección General del Catastro, cuando este último resulte superior. CONTESTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS ▪

La DGT concluye que la existencia de un precio máximo legal de venta no altera las reglas generales de valoración de los inmuebles en el ISD, por lo que debe aplicarse, en principio, el valor de referencia catastral. Fundamenta su criterio en los siguientes argumentos: A) La base imponible del ISD y las reglas de valoración de los inmuebles ▪

Conforme al artículo 9.1.a) de la Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD), la base imponible de las adquisiciones mortis causa está constituida por el valor neto de la adquisición individual de cada heredero, una vez deducidas las cargas y deudas fiscalmente admisibles. ▪ Con carácter general, el artículo 9.2 de la LISD establece que los bienes y derechos deben valorarse por su valor de mercado, salvo que el valor declarado resulte superior. ▪ Sin embargo, para los bienes inmuebles, el artículo 9.3 establece una regla específica: deben valorarse por su valor de referencia catastral a la fecha del devengo del impuesto, salvo que el valor declarado sea superior. ▪ Únicamente cuando el inmueble carezca de valor de referencia o este no pueda certificarse, se aplicará el mayor entre el valor declarado y el valor de mercado, sin perjuicio de la comprobación administrativa. B) Incidencia del precio máximo legal de venta de una VPO La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros

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La DGT considera que el sometimiento del inmueble a un régimen administrativo que limita su precio de transmisión no modifica las reglas anteriores. ▪ A su juicio, el precio máximo legal de venta constituye el valor de mercado de la vivienda protegida, dado que representa el importe máximo por el que puede transmitirse legalmente. ▪ Por otra parte, recuerda que la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario establece que el valor de referencia debe determinarse objetivamente y sin superar el valor de mercado. ▪ En consecuencia, la DGT entiende que el precio máximo legal de venta debería actuar como límite del valor de referencia, pero su existencia no autoriza al contribuyente a prescindir unilateralmente del valor de referencia catastral vigente. C) Posibilidad de impugnar el valor de referencia ▪ ▪ ▪

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Cuando el valor de referencia catastral supere el precio máximo legal de venta de la vivienda protegida, los herederos podrán cuestionar dicho valor si consideran que perjudica sus intereses legítimos. Para ello, podrán solicitar la rectificación de la autoliquidación, de conformidad con el artículo 9.4 y 5 de la LISD. La Administración tributaria deberá resolver, previo informe preceptivo y vinculante de la Dirección General del Catastro, que ratificará o corregirá el valor de referencia teniendo en cuenta la documentación y las pruebas aportadas. No obstante, la DGT precisa expresamente que la posibilidad de impugnar el valor de referencia no exime al contribuyente de presentar inicialmente la autoliquidación tomando dicho valor como referencia fiscal. Por tanto, los herederos no pueden aplicar directamente el precio máximo legal de venta cuando exista un valor de referencia superior, sino que deberán acudir al procedimiento legalmente establecido para conseguir su corrección. Criterio administrativo de la Agencia Tributaria de Cataluña

Conviene añadir que la Agencia Tributaria de Cataluña informa de que, cuando un inmueble mantiene vigente su calificación de vivienda de protección oficial, la Dirección General del Catastro puede excluirle la asignación de un valor de referencia. Para solicitarlo, el titular debe presentar un escrito ante la sede electrónica del Catastro. Esta posibilidad es especialmente relevante porque puede permitir abordar el problema desde la propia información catastral del inmueble. Si no existe valor de referencia certificable, resulta aplicable la regla subsidiaria del artículo 9.3 LISD. Puede consultarse el criterio publicado por la Agencia Tributaria de Cataluña.

Normativa aplicable Artículo 3.1.a) LISD. Somete al impuesto las adquisiciones de bienes y derechos por herencia. Determina la sujeción de la adquisición de la vivienda. Artículo 5.a) LISD. Establece que los herederos son los sujetos pasivos del impuesto. Artículo 9.1 LISD. Define la base imponible de las adquisiciones hereditarias como el valor neto individual adquirido. Artículo 9.2 y 3 LISD. Regula el valor de mercado y establece la prevalencia del valor de referencia en la valoración de los inmuebles. Constituye el fundamento principal de la consulta. Artículo 9.4 y 5 LISD. Regula la impugnación del valor de referencia y la intervención de la Dirección General del Catastro. Artículo 6.3 de la Ley del Catastro Inmobiliario. Establece la identificación de cada inmueble mediante su referencia catastral. Disposición final tercera de la Ley del Catastro Inmobiliario. Regula la determinación del valor de referencia y establece que no puede superar el valor de mercado. Consultas relacionadas y antecedentes administrativos Consulta vinculante DGT V0435-25, de 21 de marzo de 2025. La DGT había mantenido anteriormente un criterio coincidente respecto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En aquella consulta, relativa a la adquisición onerosa de una vivienda de protección oficial cuyo valor de referencia superaba el precio máximo legal de venta, estableció que debía autoliquidarse el impuesto conforme al valor de referencia, sin perjuicio de su posterior impugnación. La V5544-26 extiende expresamente ese mismo razonamiento a las adquisiciones hereditarias sujetas al ISD. La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros

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Sentencia del TJUE EXPEDICIÓN TARDÍA DE LA FACTURA EN LA QUE FIGURA LA MENCIÓN “INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO” IVA. OPERACIONES TRIANGULARES COMUNITARIAS. El Tribunal General de la UE rechaza la aplicación retroactiva del régimen simplificado del IVA en operaciones triangulares mediante la rectificación tardía de facturas La inclusión, varios años después de las operaciones, de la mención «inversión del sujeto pasivo» en las facturas inicialmente emitidas sin dicha indicación no permite acogerse al régimen simplificado de las operaciones triangulares intracomunitarias, ni regularizar el IVA en el ejercicio en curso o en períodos posteriores. Fecha: 07/10/2026

Fuente: web del TJUE Enlace: Sentencia del Tribunal General de 07/10/2026, asunto T773/25

SÍNTESIS: El TGUE rechaza la aplicación del régimen simplificado del IVA en operaciones triangulares mediante la rectificación tardía de facturas El Tribunal General de la Unión Europea establece que la inclusión, varios años después de realizadas las operaciones, de la mención «inversión del sujeto pasivo» en facturas que inicialmente carecían de ella no permite aplicar el régimen simplificado del IVA en operaciones triangulares intracomunitarias. El Tribunal considera que dicha mención constituye un requisito material indispensable para trasladar la condición de deudor del impuesto al adquirente final, por lo que su incorporación posterior no puede producir efectos retroactivos. Tampoco cabe regularizar el IVA correspondiente a esas operaciones en el ejercicio en curso ni en períodos posteriores, ya que ello supondría modificar el régimen tributario originalmente aplicable. ANTECEDENTES Y HECHOS

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El litigio tiene su origen en las operaciones comerciales realizadas entre 2011 y 2014 por una sociedad austriaca, F GmbH, dedicada a la comercialización mayorista de ropa de trabajo. Durante esos ejercicios, la sociedad adquirió mercancías a proveedores establecidos en Suecia y Dinamarca, que eran transportadas directamente desde dichos países a clientes situados en otros Estados miembros de la Unión Europea, sin pasar por Austria. Las operaciones reunían, por tanto, las características propias de las denominadas operaciones triangulares intracomunitarias, en las que intervienen tres empresarios identificados a efectos del IVA en tres Estados miembros diferentes, pero las mercancías se transportan directamente desde el primer proveedor hasta el destinatario final. Inicialmente, la sociedad austriaca declaró estas operaciones como entregas intracomunitarias, tanto en sus declaraciones periódicas del IVA como en los estados recapitulativos. Sin embargo, las facturas expedidas a sus clientes no contenían ninguna referencia a la existencia de una operación triangular ni incluían la mención obligatoria «inversión del sujeto pasivo». La Administración tributaria austriaca, tras realizar una comprobación fiscal, consideró que no se cumplían los requisitos exigidos para aplicar el régimen simplificado de las operaciones triangulares. En consecuencia, calificó las operaciones como triangulares fallidas y aplicó las reglas generales de las operaciones en cadena. Ello determinó que se considerasen realizadas adquisiciones intracomunitarias adicionales en Austria, sujetas al IVA conforme a la normativa aplicable, sin reconocer el derecho a deducir las cuotas correspondientes. Para subsanar esta situación, en marzo de 2015 la sociedad emitió nuevas facturas, incorporando las menciones relativas a las operaciones triangulares y al traslado de la deuda tributaria al destinatario. También rectificó los estados recapitulativos de los ejercicios 2011 a 2014. Sobre esta base, incluyó en su declaración del IVA de marzo de 2015 un importe de regularización correspondiente al impuesto que había resultado exigible por las adquisiciones intracomunitarias.

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La Administración tributaria rechazó esta regularización. La sociedad recurrió ante el Tribunal Federal de lo Tributario de Austria, que estimó su pretensión parcialmente. Consideró que las nuevas facturas no podían producir efectos retroactivos sobre los ejercicios 2011 a 2014, pero sí podían desplegar efectos desde su expedición (ex nunc), permitiendo regularizar el impuesto en 2015. La Administración interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Austria, que planteó una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, posteriormente atribuida al Tribunal General.

El objeto principal de la cuestión prejudicial consistía en determinar si la expedición, varios años después de las operaciones, de facturas que incorporaban por primera vez la mención «inversión del sujeto pasivo» permitía aplicar el régimen simplificado desde la fecha de su emisión y regularizar el IVA en el período corriente o en ejercicios posteriores. FALLO DEL TRIBUNAL GENERAL

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El Tribunal General rechaza que la expedición tardía de facturas con la mención «inversión del sujeto pasivo» permita aplicar el régimen simplificado de las operaciones triangulares a operaciones anteriores que ya habían sido facturadas sin cumplir este requisito. En concreto, interpreta el artículo 42, letra a), de la Directiva 2006/112/CE, en relación con su artículo 197.1.c), en el sentido de que la incorporación de dicha mención varios años después de realizarse las entregas no genera los efectos jurídicos del régimen excepcional. Por consiguiente, el sujeto pasivo no puede declarar la regularización del IVA correspondiente a esas operaciones en el ejercicio en curso ni en ejercicios posteriores. El Tribunal considera que la emisión de una factura que contiene por primera vez esa indicación no constituye una simple subsanación formal, sino el cumplimiento tardío de un requisito material indispensable para trasladar la condición de deudor del impuesto al adquirente final. Dada esta respuesta, el Tribunal no considera necesario pronunciarse sobre las otras dos cuestiones prejudiciales, relativas a la tributación previa en el Estado miembro de destino y a la acreditación de la recepción de las nuevas facturas.

Fundamentos jurídicos de la sentencia 1. La mención «inversión del sujeto pasivo» constituye un requisito material del régimen simplificado

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El Tribunal recuerda que el régimen simplificado de las operaciones triangulares constituye una excepción a las reglas generales de tributación de las adquisiciones intracomunitarias. Este régimen permite que el operador intermedio no tenga que identificarse ni cumplir las obligaciones de declaración del IVA en el Estado miembro de destino de las mercancías, trasladando la obligación tributaria al adquirente final. Sin embargo, su aplicación exige que el destinatario final haya sido designado como deudor del impuesto conforme al artículo 197 de la Directiva del IVA. A estos efectos, el artículo 226.11 bis obliga a incorporar en la factura la mención «inversión del sujeto pasivo». El Tribunal subraya que esta exigencia no constituye una formalidad accesoria, sino una condición material imprescindible, porque permite al adquirente final conocer inequívocamente que le corresponde liquidar el impuesto.

2. La emisión tardía de la factura no permite subsanar retroactivamente el incumplimiento

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El Tribunal parte de la doctrina establecida en la sentencia Luxury Trust Automobil de 8 de diciembre de 2022, según la cual la incorporación posterior de la mención obligatoria no constituye propiamente una rectificación de factura. Se trata, por el contrario, de la primera expedición de una factura que cumple los requisitos necesarios para aplicar el régimen excepcional.

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miércoles, 28 de octubre de 2026

Aunque el artículo 42 de la Directiva no establece expresamente un plazo máximo para acogerse al régimen simplificado, ello no significa que pueda optarse por su aplicación varios años después de realizadas y facturadas las operaciones. En particular, el Tribunal rechaza que unas facturas expedidas años más tarde puedan modificar la tributación de operaciones cuyos efectos fiscales ya se habían producido.

3. La simplificación administrativa ya no puede alcanzarse una vez nacidas las obligaciones tributarias

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Uno de los objetivos fundamentales del régimen simplificado consiste en evitar que el adquirente intermedio tenga que identificarse y presentar declaraciones del IVA en el Estado miembro de destino. Sin embargo, cuando las operaciones ya se han realizado sin cumplir los requisitos exigidos, las obligaciones tributarias correspondientes han nacido conforme al régimen general. La posterior expedición de nuevas facturas no permite hacer desaparecer esas obligaciones. En consecuencia, el Tribunal considera que no puede alcanzarse retrospectivamente una simplificación administrativa cuyo objetivo ya ha quedado frustrado.

4. La aplicación tardía del régimen podría comprometer la correcta tributación en el Estado de destino

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El régimen simplificado también pretende garantizar que las operaciones tributen correctamente en el Estado miembro de destino, evitando situaciones de doble imposición. Para ello, resulta esencial que el destinatario final conozca desde el momento correspondiente su condición de deudor del IVA. El Tribunal advierte de que la aplicación del régimen años después podría producir incertidumbre y dificultar la correcta liquidación del impuesto, especialmente si las circunstancias de los operadores han cambiado o alguno de ellos ha desaparecido. Tampoco considera suficiente condicionar la regularización a la buena fe del operador intermedio o a la garantía de que el impuesto haya tributado efectivamente en destino, porque ello exigiría examinar individualmente las operaciones, desvirtuando la finalidad simplificadora del régimen.

5. El principio de neutralidad fiscal no justifica la regularización pretendida

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El Tribunal rechaza que el principio de neutralidad fiscal obligue a admitir una regularización posterior mediante la emisión de nuevas facturas. Distingue entre la posibilidad de corregir un IVA indebidamente facturado y el cumplimiento tardío de una condición material necesaria para trasladar la deuda tributaria al destinatario. En el primer caso, la jurisprudencia europea admite mecanismos de regularización bajo determinadas condiciones, particularmente cuando se acredita la buena fe o se elimina oportunamente el riesgo de pérdida de ingresos fiscales. Sin embargo, en el segundo supuesto, la deuda tributaria fue correctamente exigida conforme al régimen aplicable en el momento de las operaciones. Por ello, la neutralidad del IVA no permite transformar posteriormente una operación sometida al régimen general en otra acogida al régimen excepcional de simplificación.

6. La regularización en ejercicios posteriores supondría una retroactividad encubierta

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Finalmente, el Tribunal rechaza el argumento de que las nuevas facturas pudieran producir únicamente efectos desde su expedición. Aunque la regularización se declarase en el ejercicio corriente o en uno posterior, su consecuencia sería modificar el tratamiento fiscal de operaciones ya realizadas. Ello equivaldría materialmente a reconocer efectos retroactivos a las nuevas facturas, afectando también a la situación tributaria del adquirente final. Por esta razón, la aplicación del régimen simplificado no puede admitirse mediante una regularización efectuada años después de las operaciones originales.

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Actualidad del ICAC Respuestas del ICAC a diversas consultas sobre la obligación de country-by-country reporting público (CbCr público) de las filiales españolas Fecha: 27/10/2026

Fuente: web del ICAC Enlace:

BOICAC 144 Consulta 5 Sociedad residente en España que forma parte de un grupo multinacional cuya matriz tiene residencia fiscal en Italia. Primera Consulta: ¿Puede la filial española acogerse a una exención según Disposición Adicional 11º de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas para la publicación del informe, cuando el informe público País por País sea publicado por la matriz italiana conforme a la normativa italiana, aunque dicha publicación se realice después del plazo de seis meses previsto en la normativa española? Respuesta: “(…) En España, la Directiva (UE) 2021/2101 se ha transpuesto atribuyendo dicha obligación a la sociedad dominante última sujeta a Derecho español que cumpla los requisitos establecidos. Esta sociedad, cuando sea residente en territorio español, deberá aprobar y publicar el informe en el plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio, conforme al apartado Tercero. Publicación y accesibilidad de la disposición adicional undécima de la LAC. Ahora bien, en el supuesto objeto de consulta, la sociedad obligada es la sociedad dominante última residente en Italia. (…) Segunda Consulta: En caso de que no resulte aplicable la exención por razones de plazo: ¿Debe la filial española publicar el informe antes del 30 de junio (plazo español), o puede esperar a la publicación por parte de la matriz italiana (hasta el 31 de diciembre)? (…) En consecuencia, la elaboración, aprobación, publicación y plazos del informe se regirán por la normativa italiana que haya incorporado la citada Directiva.” BOICAC 146 Consulta 3 Primera Consulta: En el caso de un grupo con una matriz no sujeta al Derecho de un Estado Miembro que tiene diversas filiales radicadas en España ¿puede una sola filial española cumplir la obligación por todas las filiales españolas? Respuesta: “(…) la solución más prudente consiste en admitir el cumplimiento centralizado por una sola filial o sucursal española siempre que concurran garantías suficientes de integridad, trazabilidad y accesibilidad de la información, y que las demás entidades potencialmente afectadas identifiquen de forma clara la entidad que cumple la obligación y el lugar en que puede consultarse el informe. A tal efecto, resulta razonable que la entidad incluya una declaración indicando este hecho, así como otros datos que faciliten la localización de la información en la documentación a depositar en el Registro Mercantil.” Segunda consulta: En el caso de tener filiales radicadas en distintas jurisdicciones de la UE: ¿qué plazo se aplica cuando la entidad designada está en otro Estado miembro de la UE? Respuesta: “(…) cuando las diversas filiales o sucursales se encuentran radicadas en distintas jurisdicciones de la UE y la dominante última o empresa extranjera no esté sujeta al Derecho de un Estado miembro , sin que exista una sociedad dominante intermedia europea de la que dependan las sociedades españolas, debe admitirse que la matriz última o la empresa extranjera pueda designar a una de las filiales o sucursales radicadas en la Unión Europea para cumplir la obligación de publicación, accesibilidad y depósito del informe a efectos del grupo. En tal caso, la filial o sucursal española no tendría que publicar, hacer accesible y depositar separadamente en España el informe junto con sus cuentas anuales, siempre que el acuerdo de designación identifique de forma expresa a otra entidad europea designada, el lugar en que el informe puede consultarse, siempre que el informe publicado o depositado cubra la información correspondiente al grupo o empresa y permita comprender que alcanza La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros

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a las filiales o sucursales españolas incluidas en su perímetro y que la publicación o depósito por la entidad designada se realice conforme al plazo y demás requisitos establecidos por la legislación nacional que resulte aplicable a dicha entidad designada.” BOICAC Nº 147 Consulta 1 Aclaración de la consulta 3 publicada en el BOICAC 146, en particular sobre el inciso “sin que exista una sociedad dominante intermedia europea” en el caso de que exista una sociedad dominante europea de la que dependan las sociedades españolas. “(…)en ausencia de una previsión expresa para el supuesto planteado debe tenerse en cuenta, asimismo, el criterio ya expresado por este Instituto en la contestación anterior, conforme al cual, cuando existan varias filiales radicadas en distintas jurisdicciones de la Unión Europea, puede admitirse que la sociedad dominante última designe a una de ellas para cumplir, a efectos del grupo, las obligaciones de publicación, accesibilidad y depósito del informe. Partiendo de dicho criterio, puede admitirse que cuando exista una sociedad dominante intermedia europea de la que dependan las entidades españolas sea ésta la entidad designada para asumir tales obligaciones, salvo que la dominante última designe expresamente a otra filial para cumplir dicha obligación. En todo caso, el informe publicado debe comprender la información correspondiente al grupo encabezado por la sociedad dominante última no sujeta al Derecho de un Estado miembro, incluya a las filiales españolas comprendidas en su perímetro y cumpla los requisitos de contenido, plazo, publicidad y accesibilidad establecidos por la normativa de transposición que resulte aplicable, sin perjuicio de que las entidades españolas identifiquen de forma clara a la sociedad que ha efectuado la publicación y el lugar en el que el informe puede consultarse.

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Principales medidas de los Proyectos de ley que han decaído por la disolución de las Cortes Generales DECAEN MEDIDAS PROYECTOS DE LEY. Listamos los principales proyectos que decayeron con la disolución de las Cortes del 6 de octubre de 2026. Las medidas que se describen eran propuestas legislativas y no llegaron a entrar en vigor por estos proyectos. 1. Reforma del IVA en la era digital (121/000101) Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la transposición parcial de la Directiva (UE) 2025/516 del Consejo, de 11 de marzo de 2025, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las normas del IVA en la era digital.

El proyecto pretendía adaptar el IVA español a la Directiva europea 2025/516, conocida como ViDA. Principales medidas previstas

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Plataformas digitales: se reforzaba su intervención en la recaudación del IVA, especialmente en el alquiler de alojamientos de corta duración y el transporte de pasajeros. En determinados supuestos, las plataformas pasarían a asumir la condición de sujetos responsables de la repercusión e ingreso del impuesto. Operaciones intracomunitarias: se impulsaba el intercambio electrónico de información para mejorar el control tributario y detectar operaciones fraudulentas. Simplificación administrativa: se pretendía reducir la necesidad de disponer de registros de IVA en distintos Estados miembros, ampliando mecanismos de declaración centralizada. Comercio electrónico: se adaptaban las reglas del IVA al creciente protagonismo de plataformas e intermediarios digitales. La caducidad retrasa la adaptación española, pero no elimina la obligación de transponer la normativa europea en los plazos correspondientes.

2. Reforma de la Ley General Tributaria, IRPF e Impuesto sobre Sucesiones (121/000060) Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de prescripción, recaudación, asistencia mutua y obligaciones de información; la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

El proyecto planteaba modificaciones en varios ámbitos tributarios: 1. Prescripción de la responsabilidad tributaria. Se distinguían expresamente dos derechos de la Administración sujetos a prescripción de cuatro años: • •

El derecho a declarar la responsabilidad tributaria. El derecho a exigir al responsable el pago de la deuda una vez declarada dicha responsabilidad.

El plazo para declarar la responsabilidad solidaria se vinculaba, con determinadas reglas, al fin del período voluntario de pago del deudor principal o a la realización posterior del presupuesto de responsabilidad. Para la responsabilidad subsidiaria, se tomaba como referencia la última actuación recaudatoria notificada al deudor principal o a los responsables solidarios. 2. Embargo de criptoactivos. Se modificaba el artículo 169.2 LGT para incluir expresamente los criptoactivos en el orden de embargo. Se diferenciaban los comprendidos en el Reglamento europeo MiCA de otros criptoactivos, asignándoles distintas posiciones dentro de dicho orden. 3. Embargo de fondos en entidades financieras. Se ampliaba expresamente el artículo 171 LGT para comprender fondos y bienes depositados en entidades de pago y entidades de dinero electrónico. La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros

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4. Información sobre criptoactivos. Se introducían nuevas obligaciones de identificación, diligencia debida e información para proveedores de servicios de criptoactivos, en aplicación de la Directiva DAC8. 5. Régimen sancionador. Se establecían multas específicas por incumplir obligaciones de diligencia debida, incluyendo sanciones de 200 euros por persona afectada y de 300 euros por determinadas comunicaciones de información falsa, incompleta o inexacta. 6. Restricción de operaciones. Los proveedores de servicios de criptoactivos deberían impedir determinadas operaciones cuando el cliente no facilitara la información exigida tras dos recordatorios y transcurridos 60 días desde la solicitud inicial. 7. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Se modificaba el artículo 34.4 de su ley reguladora para actualizar la relación de comunidades autónomas donde la autoliquidación es obligatoria. No se trataba de una reforma general de los tipos o reducciones del impuesto. 8. Régimen transitorio de la prescripción. Las nuevas reglas se aplicarían a derechos todavía no prescritos y procedimientos en curso a la entrada en vigor de la ley, sin permitir por esa sola causa revisar actos firmes fuera de los procedimientos especiales legalmente previstos. 3. Modificación de los criterios de tamaño de las empresas (121/000075) Proyecto de Ley por la que se modifican los criterios de tamaño de las empresas a efectos de información financiera.

La reforma pretendía elevar los umbrales económicos de clasificación empresarial, ampliando el número de sociedades que podrían acogerse a obligaciones contables simplificadas. Entre los cambios anunciados figuraban los siguientes límites para la consideración de pequeñas empresas: Magnitud

Umbral anterior Umbral propuesto

Total del activo

4 millones €

7,5 millones €

Cifra de negocios

8 millones €

15 millones €

Número de trabajadores 50

Las sociedades podrían formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados cuando cumplieran al menos dos de las tres circunstancias durante dos ejercicios consecutivos. 4. Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad (121/000038) Proyecto de Ley de información empresarial sobre sostenibilidad, mediante la que se modifican el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.

El proyecto pretendía incorporar al ordenamiento español las nuevas exigencias europeas de información corporativa sobre sostenibilidad. Sus principales medidas eran: • Ampliación de la información ESG: se exigía a las empresas comprendidas en su ámbito informar de riesgos, impactos y oportunidades relacionados con cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. • Doble materialidad: la información debía reflejar tanto los efectos de la actividad empresarial sobre las personas y el medioambiente como la incidencia financiera de los factores de sostenibilidad sobre la empresa. • Verificación independiente: se reforzaban las obligaciones de revisión de la información de sostenibilidad. • Supervisión del ICAC: se ampliaban sus funciones de supervisión de los verificadores de sostenibilidad. • Formato electrónico: se exigía una presentación armonizada que permitiera comparar la información publicada por las empresas. • Grupos mercantiles: se contemplaban obligaciones de información consolidada sobre sostenibilidad.

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5. Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (121/000111) Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. Introducía importantes reformas en el derecho societario. A. Inscripción de las transmisiones de participaciones de SL El proyecto pretendía modificar sustancialmente el régimen de transmisión de participaciones sociales. • Se crearía una sección especial en el Registro Mercantil para identificar a los titulares de las participaciones de cada sociedad limitada. • Se inscribirían las transmisiones de participaciones, tanto voluntarias como forzosas, así como la constitución de derechos reales, embargos y otros gravámenes. • La inscripción tendría carácter constitutivo en las transmisiones inter vivos: el adquirente no podría ejercer los derechos inherentes a las participaciones hasta que se practicara la inscripción. • Se permitiría documentar determinadas transmisiones mediante documentos privados electrónicos con firmas cualificadas y formato normalizado, sin perjuicio de la posibilidad de otorgar escritura pública. • Los administradores tendrían nuevas obligaciones relacionadas con el registro electrónico de socios y su actualización. También se modificaba el régimen de legitimación de los socios y de percepción de dividendos, que pasaría a vincularse estrechamente con la titularidad inscrita. B. Disposición transitoria sexta: obligación para las SL existentes Plazo transitorio previsto: 1 año Todas las sociedades limitadas existentes antes de la entrada en vigor de la nueva regulación deberían remitir al Registro Mercantil una certificación electrónica actualizada de sus titularidades, tomando como referencia el libro registro de socios. La certificación permitiría abrir la sección especial del Registro Mercantil destinada a reflejar la titularidad de las participaciones y los derechos o gravámenes correspondientes. Consecuencia del incumplimiento: transcurrido el plazo de un año sin presentar la certificación, se produciría el cierre registral de la sociedad. C. Libro registro de socios electrónico El proyecto contemplaba la llevanza de un libro electrónico con información sobre: • Titularidad originaria y sucesivas transmisiones de participaciones. • Derechos reales y gravámenes. • Identificación de los titulares reales conforme a la normativa de prevención del blanqueo de capitales. • Datos identificativos y medios electrónicos de notificación de los socios. Se preveía su depósito anual junto con las cuentas anuales y un régimen de acceso para administraciones, autoridades, socios y determinados terceros con interés legítimo. D. Nueva causa de disolución de pleno derecho Se introducía una nueva causa de disolución para sociedades anónimas y limitadas que acumularan determinadas situaciones de incumplimiento. En concreto, cuando una sociedad: 1. Tuviera revocado su NIF. 2. No hubiera depositado las cuentas anuales durante cuatro ejercicios consecutivos. 3. No regularizara la situación dentro del plazo adicional previsto tras el cierre provisional de su hoja registral. Podría producirse el cierre definitivo de su hoja registral, con las graves consecuencias jurídicas previstas en el proyecto, incluida la extinción de la personalidad jurídica. La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros

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