Circular Octubre 2018

E.de la Orden Ondategui C.Vinzo Gil X. Vendranas Ramón S. de la Orden Montoliu J.M. Cugat Fiter

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ÍNDICE 0.‐ EDITORIAL. ............................................................................................................................................................2 1.‐ NOTICIAS DE INTERES........................................................................................................................................3 1.1. El Gobierno usa un atajo legal para garantizar la aprobación de los Presupuestos..........3 1.2. a) La rebaja del tipo del impuesto de sociedades en la OCDE se acelera en 2018. .............3 1.2. b) Hacienda retira la acusación a James por fraude de casi 12 millones y le rebaja la sanción a cuatro por una “discrepancia técnica”. ..............................................................................4 1.3. Hacienda estudia rebajar el impuesto de Sociedades a 1,4 millones de pymes..................4 1.4. Hacer deporte mejora la productividad en los bufetes................................................................5 1.5. Uber traslada a Holanda todos los ingresos obtenidos por usar su aplicación en España. ...................................................................................................................................................................6 1.6. El Gobierno insiste en que subirá el precio del diésel. .................................................................7 1.7. Hacienda insiste: las hipotecas para comprar un piso de Sareb no pagan AJD. ..................7 1.8. El Tribunal Supremo establece que las prestaciones por maternidad está exentas del IRPF. .................................................................................................................................................................7 2.‐ APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS. ............................................. 10 3.‐ ESTADO ACTUAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU) EN LOS CASOS DE TRANSMISIÓN CON PÉRDIDAS...................... 13 4.‐ ANALISIS DE LAS INSTRUCCIONES PARA EL PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. ............................................................................................................................................................ 17 5.‐ ¿PODEMOS RECLAMAR QUE NOS DEVUELVAN LAS PRESTACIONES DE MATERNIDAD A RAIZ DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO?................................................................................... 24 6.‐ PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO................. 28 7.‐ CALENDARIO FISCAL OCTUBRE 2018........................................................................................................ 32

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0.‐ EDITORIAL.

Amigos lectores: Encaminamos el último trimestre del 2018, con una muy negativa perspectiva tendente a una nueva subida de impuestos. ¡Ya está anunciada! Os iremos informando puntualmente de estas previsibles variaciones impositivas. Sin olvidarlas, también debemos ir preparando el cierre del año, tanto en lo económico como en lo tributario y estaremos cerca de todos vosotros para ello. Tenemos muchas consultas sobre las posibilidades de aplazar deudas tributarias y sobre los cambios que en la legislación que lo regula se han venido produciendo. Por este motivo pre‐ sentamos un esquema práctico que puede aclarar todas estas dudas. Un “culebrón” tributario que nos ha ocupado esta primavera y verano ha sido el SI SÍ o SI NO de la inconstitucionalidad de la Plusvalía Municipal, todo ello hasta la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo. Y, a pesar de esa Sentencia del Tribunal Supremo, ¡¡sigue habien‐ do dudas!! De rabiosa actualidad son dos temas. El primero, el pago a cuenta del Impuesto sobre Socieda‐ des que debe realizarse ahora, en octubre. El segundo, la recientísima Sentencia del Tribunal Supremo que declara que las prestaciones por maternidad no deben tributar. De ambos temas os dejamos unas notas. Como último informe de esta CIRCULAR, presentamos un resumen de la transposición que ha hecho España de la Cuarta Directiva de la Unión Europea en relación a la Prevención del Blan‐ queo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Como siempre las NOTICIAS DE INTERES aperturan esta CIRCULAR y el CALENDARIO FISCAL DE OCTUBRE la clausura. ¡¡Hasta la próxima!! Enrique de la Orden

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1.‐ NOTICIAS DE INTERES.

1.1. El Gobierno usa un atajo legal para garantizar la aprobación de los Presupuestos.

Una enmienda a una norma de violencia de género permite la reforma de la ley de estabilidad El Gobierno quiere a toda costa presentar y aprobar cuanto antes los Presupuestos de 2019, su pro‐ yecto clave, el que le permitirá ejecutar sus medidas progresistas y evitar las elecciones anticipadas. Para lograrlo, el Ejecutivo utilizó anoche por sorpresa un atajo legal inesperado: el grupo socialista registró en el Congreso una enmienda a una ley completamente diferente —una reforma de la ley del Poder Judicial para mejorar la formación de los jueces en la lucha contra la violencia machista— para meter ahí un cambio que reforma la ley de estabilidad presupuestaria y elimina la capacidad de veto del Senado, controlado por el PP. Así, se lograría una reforma exprés para levantar el veto, poder pre‐ sentar los Presupuestos en noviembre y aprobarlos antes de las elecciones municipales y autonómi‐ cas de mayo. … 1.2.

a) La rebaja del tipo del impuesto de sociedades en la OCDE se acelera en 2018. La rebaja del tipo del impuesto de sociedades en el mundo desarrollado se ha acelerado en 2018, sobre todo por Estados Unidos, una tendencia de fondo que no inquieta a la OCDE, por‐ que la mayor parte de las reformas se han producido en países que partían de un nivel relativamente elevado. En un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indica que el tipo general del impuesto que graba los beneficios de las em‐ presas es ahora del 23,9 % de media en sus países miembros, frente al 32,5 % en 2000.

En 2018 ha habido ocho Estados que han rebajado ese tipo impositivo, con una disminución media de 4,8 puntos porcentuales, frente a los 2,7 puntos de descenso constatado en 2017 (entonces también habían sido ocho los que lo cambiaron). El cambio más significativo este año ha sido el de Estados Unidos, donde se ha pasado del 38,91 al 25,75 %. Los autores del estudio también reseñan movimientos de caída en Argentina (aunque no forme parte todavía de la OCDE, y sin tener en cuenta las medidas de urgencia anunciadas el lunes), en Francia, Bélgica, Japón, Luxemburgo, Noruega, Luxemburgo y Suecia.

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Desde 2000, todos los miembros de la organización, salvo Chile, han reducido el tipo general del im‐ puesto de sociedades, que varía ahora desde un mínimo del 9 % en Hungría a un máximo del 34,43 % en Francia.

Esa tendencia queda reflejada en el hecho de que en 22 de los 38 Estados cubiertos por el informe el tipo en 2018 es inferior al 25 %, cuando eran sólo seis en 2000.

1.2. b) Hacienda retira la acusación a James por fraude de casi 12 millones y le rebaja la sanción a cuatro por una “discrepancia técnica”.

La Agencia Tributaria ha retirado la acusación de fraude fiscal contra el ex jugador del Real Madrid James Rodríguez y deja reducido su caso a una mera discrepancia tributaria. De esta manera, de los 11,65 millones que le reclamaba al futbolista del Bayern Munich, la cantidad exigida queda reducida a sólo cuatro millones. La gran novedad, que cuenta con escasos precedentes, es que la Agencia Tributa‐ ria no sólo no ve delito fiscal en su actuación, sino que tampoco considera que haya incurrido en un fraude contra la Hacienda pública. Simplemente aprecia una diferencia técnica de criterio que James debe saldar con el pago de una cantidad de 3,6 millones, más 400.000 euros de los inter‐ eses.Inicialmente se atribuía al internacional colombiano un fraude fiscal de 6,35 millones de euros por la tributación de sus derechos de imagen durante su etapa en el Real Madrid. Esta cuota defraudada, junto a la multa y los intereses correspondientes, elevaban la cifra a los 11,65 millones referidos.A pe‐ sar de que la intención inicial del Fisco era acusar por delito fiscal a James y a su agente, Jorge Mendes, ‐de hecho llegó a trasladar el caso a la Unidad de Delito‐, acabó derivando el caso a la vía administrati‐ va.

1.3. Hacienda estudia rebajar el impuesto de Sociedades a 1,4 millones de pymes. El Gobierno y Podemos plantean rebajar el tipo del 25% al 23% La medida atañe a compañías que facturan menos de un millón

Nuevo avance en la negociación fiscal abierta por el Gobierno de Pedro Sánchez con Unidos Podemos para lograr su apoyo parlamentario a las nuevas cuentas públicas del Ejecutivo. El Ministerio de Hacienda, que lidera los contactos con la formación morada, ha aceptado estudiar una rebaja del im‐

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puesto de sociedades para las pymes. En concreto, según fuentes conocedoras de la negociación, el planteamiento que hay sobre la mesa es que las compañías que facturen menos de un millón de euros pasen a pagar un tipo del 23% frente al tipo general del 25% al que están sometidas actualmente junto al resto de empresas. La medida podría beneficiar a cerca de 1,4 millones de empresas españolas sujetas a este impuesto, dejando fuera apenas a 20.000 que facturan por encima de un millón de euros. De ellas, sin embargo, tan solo unas 350.000 compañías pagan efectivamente el tributo de Sociedades, dado que muchas no tienen beneficios y otras pequeñas empresas que siguen registradas han desaparecido durante la crisis o están en concurso de acreedores, según los datos recopilados por el Registro de Economistas Aseso‐ res Fiscales de España (REAF), correspondientes a 2015. A falta de ver el impacto que tendría la media en la recaudación, hay que tener en cuenta que el tejido empresarial español lo componen fundamen‐ talmente pymes de pequeño tamaño y que el 50% de la recaudación del impuesto de Sociedades se obtiene de solo 727 grandes empresas. En paralelo a la fiscalidad específica de las pymes, el Gobierno y Podemos vienen negociando la posibi‐ lidad de establecer un tipo mínimo del 15% en sociedades para evitar que las grandes compañías aca‐ ben pagando un tipo efectivo inferior a este umbral aprovechándose de deducciones fiscales. Pese a la unificación del tipo general al 25%, las empresas españolas pagan de media el 7% de su beneficio en impuestos, aunque descontando las ganancias del extranjero (que no tributan en España), el tipo efec‐ tivo rondaría el 12%.

1.4. Hacer deporte mejora la productividad en los bufetes.

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Cada día son más los grandes despachos de abogados que deciden implementar en sus oficinas programas de salud y bienestar, cuyo objetivo es la reducción del estrés y el absentismo labo‐ ral. Una de las profesiones que más estrés laboral sufre es la de abogado, debido a los altos objetivos que tiene y las maratonianas jornadas de trabajo. Además del evidente perjuicio para la salud de los letra‐ dos, esta enfermedad también acarrea problemas para las propias empresas traducidos en descenso de la productividad y aumento del absentismo. Por este motivo, cada día son más los grandes despachos que deciden implantar programas de salud y bienestar, en el que el deporte es su piedra angular. No en vano, diferentes universidades, entre las que destaca la de Harvard, han publicado varios informes en los que se confirma que los programas inter‐ nos de actividad física dentro de las empresas ayudan a reducir el absentismo laboral y, con ello, mejo‐ ra la productividad de los empleados. Otro de los beneficios que tiene implementar este tipo de programas es que "los valores del deporte, como la capacidad de superación, esfuerzo, trabajo en equipo, gestión del tiempo y planificación, respe‐

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to al contrincante, etcétera, se extrapolan al día a día profesional consiguiendo plantillas de profesiona‐ les más motivados y embajadores de marca, fortaleciendo así los valores corporativos", subraya Paula Fernández‐Ochoa, socia de MoreThanLaw y miembro del Comité de Bienestar del Instituto de Salud Mental de la Abogacía.

1.5. Uber traslada a Holanda todos los ingresos obtenidos por usar su aplicación en España. La filial española de la popular aplicación solo factura servicios de promoción de marca y 'mar‐ keting' a la matriz holandesa Uber Systems Spain, la filial española de la popular aplicación de vehículos con conductor (VTC), ganó 163.514 euros el año pasado, lo que representa un incremento del 96% respecto al ejercicio anterior. Todos los ingresos de la sucursal española de Uber, 2,88 millones de euros, proceden de los servicios de promoción y marketing que presta a Uber International Holding, la matriz que opera desde Holan‐ da. La multinacional traslada a los Países Bajos todos los ingresos que logra por la comisión que cobra a las empresas de transporte por usar su aplicación.

Uber quiere recuperar el tiempo perdido en España. La compañía, convertida en un icono mundial por ser una de las primeras aplicaciones móviles para contratar un coche con conductor, duplicó sus ga‐ nancias el año pasado en España, según sus cuentas anuales de 2017 depositadas en el Registro Mer‐ cantil. La compañía tuvo unos inicios complicados en España. Un juez mantuvo paradas sus actividades du‐ rante un año y medio tras admitir a trámite una denuncia del sector del taxi de Madrid. Uber no pudo operar al 100% en España hasta la primavera de 2016, cuando el juez se lo permitió. Durante en ese tiempo perdió terreno frente a otros competidores. Eso explica en buena parte la gran mejoría de su actividad el año pasado. La compañía logró un benefi‐ cio neto de 163.514 euros, lo que supone un 96% respecto al año anterior. La filial española de Uber pagó 53.817 euros en impuesto de sociedades, un 89% más. Tras la mejora de sus resultados financieros está el buen comportamiento de sus ingresos, que crecen un 102% hasta los 2.855.186 euros. La empresa factura toda esta cantidad a su matriz holandesa, Uber International Holding. "Uber cumple con todas sus obligaciones fiscales en los más de 70 países en los que opera en todo el mundo", explica un portavoz de la compañía. En realidad, Uber System Spain "ofrece servicios de marketing local y apoyo en servicios", según reconoce la compañía en sus cuentas anuales. Cuando un usuario hace un viaje a través de Uber y paga el servicio con la aplicación a través del telé‐ fono móvil, en realidad paga a la empresa de transporte, que tiene las licencias de VTC y contrata a los conductores. Esta empresa de transporte paga a su vez un 25% a la matriz holandesa en concepto de comisión por el uso de la aplicación informática. Es decir, el grupo Uber, a través de su satélite en

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Holanda, factura en España el 25% de todos los desplazamientos que se contratan bajo esa denomina‐ ción.

"A diferencia de la mayoría de grandes tecnológicas, el 75% del ingreso que genera Uber se queda en España ya que es el conductor quien lo recibe directamente", añade el portavoz de la plataforma que sirve para alquilar un vehículo con conductor (VTC). Esta práctica de trasladar el grueso de los ingresos a otra jurisdicción con un régimen fiscal mucho más ventajoso es legal a pesar de las suspicacias que despierta. Muchas otras multinacionales, como Apple, Google, Amazon utilizan esta estrategia fiscal para reducir su factura fiscal. Trasladan su facturación a Irlanda, Holanda o Luxemburgo, países con los impuestos sobre sociedades más reducidos. "Como tantas otras empresas multinacionales, Uber tiene una sede internacional, en Holanda, desde donde operamos en toda Europa en virtud del principio de libre establecimiento de la Unión Europea", explica un portavoz de Uber.

1.6. El Gobierno insiste en que subirá el precio del diésel. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reiteró en el Congreso que se incrementará el precio del diésel a través de más impuestos. Su argumento es que esa subida se enmarca en “una medida de fiscalidad verde” para caminar hacia un periodo de transición destinada a una movilidad más eficiente y soste‐ nible, como marca Europa. “Este camino ya lo han emprendido ciudades como París y Londres o países como Suecia o Noruega”, aseguró.

1.7. Hacienda insiste: las hipotecas para comprar un piso de Sareb no pagan AJD. Sareb no es una entidad financiera, de tal manera que no es posible que quienes compran un piso de su propiedad se puedan subrogar en los préstamos que gravan dichos bienes Las hipotecas destinadas a la compra de una vivienda propiedad de Sareb (la sociedad de gestión de activos procedentes de la rees‐ tructuración bancaria) están exentas del impuesto de actos jurídi‐ cos documentados (AJD), un tributo que, tal y como reconocen varios expertos a El Confidencial, algunos contribuyentes se han visto obligados a pagar ante la falta de claridad de la ley. Así lo ha reiterado la Dirección General de Tributos (DGT), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, tras responder a una nueva consulta vinculante sobre este tema.

1.8. El Tribunal Supremo establece que las prestaciones por maternidad está exentas del IRPF.

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La Sala confirma el fallo del TSJ de Madrid que estimó el recurso de una mujer y ordenó a Hacienda que le devolviera la cantidad ingresada en el IRPF de 2013 por la prestación por maternidad con cargo a la Se‐ guridad Social percibida en dicho ejercicio El Tribunal Supremo ha establecido como doctrina legal que “las prestaciones públicas por ma‐ ternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.” Así lo refleja en una sentencia de la Sección Segunda de la Sala III, de lo Contencioso‐Administrativo, que desestima un recurso de la Abogacía del Estado, que defendía que dichas prestaciones no debían estar exentas del IRPF. El Supremo confirma una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de junio de 2017, que estimó el recurso de una mujer y ordenó a Hacienda que le devolviera la canti‐ dad ingresada en el IRPF de 2013 por la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social percibida en dicho ejercicio. El abogado del Estado recurrió al Supremo esta última sentencia por considerar que era contradictoria con fallos de los tribunales superiores de Castilla y León y Andalucía, sobre la misma materia, y argu‐ mentando, entre otros motivos, que la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir la retribución normal (no exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyen‐ te por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso. Añadía que no cabe extender a las prestaciones por maternidad de la Seguridad Social la exención que el artí‐ culo 7 de la Ley del IRPF sí establece para dichas prestaciones por maternidad cuando proceden de las comunidades autónomas o entidades locales. En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Díaz Delgado, el Supremo consi‐ dera que la prestación por maternidad a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero letra h del artículo 7 de la Ley del IRPF, cuando dispone que “igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”. En primer lugar, porque así se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003, de 30 de di‐ ciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que introdujo la mencionada exen‐ ción en la Ley 40/1998 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y pasó al Real Decreto Le‐ gislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En dicha Exposición de Motivos se dice que: "En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en primer lugar, se establece la exención de las prestaciones públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo, entre las que se inclu‐ yen las prestaciones económicas por nacimiento de hijo y por parto múltiple previstas en el Real De‐ creto Ley 112000, de 14 de enero". Del texto contenido en la referida Exposición de Motivos, argumenta el Supremo, “se desprende que la exención que se establece comprende la prestación de maternidad y no sólo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo, pues se refiere expresamente a la prestación por maternidad y no parece pretender que su alcance se limite a las concedidas por las comunidades autónomas o entidades locales, sino que trata de establecer la exención de todas las prestaciones por maternidad, sin distin‐ ción del órgano público del que se perciban, lo que conduce a estimar que el párrafo cuarto del artículo 7 letra h de la ley del IRPF trata de extender el alcance del tercer párrafo a las percibidas de las comu‐ nidades autónomas o entidades locales”. A ello añade el Supremo una interpretación gramatical. “Cuando el párrafo cuarto comienza con la palabra “también” estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”, después de declarar exentas en el párrafo tercero “las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adop‐

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ción, hijos a cargo y orfandad”, parece dar a entender que además de las que corren a cargo de la Seguridad Social, entre las que cabe incardinar las prestaciones por maternidad, están exen‐ tas las que por el mismo concepto se reconozcan por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pues en otro caso la partícula “también” sería inútil, y podría dar lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente declarar exentas éstas últimas y excluir las estatales”. Por último, se apoya en una interpretación sistemática, basada en que la prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad Social que trata de compensar la pérdida de ingresos del trabaja‐ dor a consecuencia del permiso de descanso por el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimien‐ to, y durante ese periodo el contrato de trabajo queda en suspenso interrumpiéndose la actividad labo‐ ral. Por ello, a tenor del artículo 177 de la Ley General de la Seguridad Social, el Supremo recuerda que se consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autó‐ nomas que lo regulen. “En consecuencia –concluye la sentencia‐‐ la prestación por maternidad puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero de la letra h del artículo 7 de la LIRPF, y por ello el recurso de casación ha de ser desestimado y establecer como doctrina legal que ‘las prestacio‐ nes públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto so‐ bre la Renta de las Personas Físicas’.”

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2.‐ APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS.

1. ¿Todas las deudas tributarias son aplazables? No. Desde la entrada en vigor del Real Decreto‐ley 3/2016 de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. [BOE 3 de diciembre de 2016] , quedó modificado el artículo 65.2 de la Ley General Tributaria, afectando, en particular, a las relación de deudas tributarias que no podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento: a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el 1.1 obligado a realizar ingresos a cuenta. c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concur‐ sal, tengan la consideración de créditos contra la masa. d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado regula‐ das en el título VII de esta Ley.

e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desesti‐ matorias dictadas en un recurso o reclamación económico‐administrativa o en un re‐ curso contencioso‐administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones. f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifi‐ 1.2 que debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a rea‐ 1.3 lizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de 1.4 este apartado serán objeto de inadmisión. 1.1 ¿Son aplazables las deudas correspondientes a retenciones a los trabajadores y profesiona‐ les? No. No son aplazables las deudas tributarias que deban autoliquidarse mediante los modelos: Modelo 111. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Modelo 115. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. Modelo 117. Retención e ingreso a cuenta. Rentas procedentes de transmisión o reembolso de accio‐ nes o participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva.

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Modelo 123. Retención e ingreso a cuenta. Determinados rendimientos del capital mobiliario o deter‐ minadas rentas.

Modelo 124. Rentas y rendimientos del capital mobiliario derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier tipo de activo representativos de la captación y utilización de capitales ajenos. Retenciones e ingresos a cuenta. Hasta la 2017, de forma excepcional, se podía solicitar y obtener su aplazamiento y fraccionamiento, si cuando de los datos obrantes en las bases de datos de AEAT, y de los aportados por el interesado, que‐ daba suficientemente acreditado que la ejecución de su patrimonio pudiera:  afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y el nivel de empleo de la actividad económica respectiva o,  producir grave quebranto para los intereses de la Hacienda Pública. El Real Decreto‐ley 3/2016 eliminó esta posibilidad. 1.2 ¿Son aplazables las deudas derivadas de las autoliquidaciones de IVA? No. No son aplazables salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. 1.3 ¿Son aplazables las deudas derivadas de los pagos a cuenta? Son aplazables los pagos fraccionados a cuenta del IRPF que deben autoliquidarse mediante los mo‐ delos Modelo 130. Empresarios y profesionales en Estimación Directa. Modelo 131. Empresarios y profesionales en Estimación Objetiva. En cambio, no son aplazables los pagos fraccionados a cuenta del IS que deben autoliquidarse me‐ diante los modelos Modelo 202. Pago fraccionado régimen general. Modelo 222. Pago fraccionado Régimen de Tributación de los Grupos de Sociedades. 1.4 ¿Qué consecuencias tiene solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de una deuda que no puede ser objeto de aplazamiento? La inadmisión implicará que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se tenga por no presenta‐ da a todos los efectos.

2. ¿En qué consiste el PROCEDIMIENTO EN LA RESOLUCIÓN AUTOMATIZA‐ DA MASIVA DE SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO? Consiste en una herramienta informática que permite la tramitación automatizada de aquellas solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, para deudas por importe global igual o inferior a 30.000 €, para las que no es necesario aportar garantías [Orden HAP/2178/2015, de 9 de oc‐ tubre]

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A efectos de la determinación del importe de 30.000€, se acumularán, en el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debi‐ damente garantizadas. Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del órgano de recaudación competente, sin que sea precisa la consulta a los demás órganos u organismos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta orden a efectos de determinar el conjunto de las mismas. No obstante, los órganos competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas acumulables que, no constan‐ do en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u organismos. En el procedimiento de resolución automatizada masiva de solicitudes de aplazamiento, se aplican las siguientes pautas: 2.1. No se aplica a las deudas aduaneras y tributarias derivadas de declaraciones aduaneras. 2.2. En el caso de impuestos repercutidos se presumirá acreditada la circunstancia de que no han sido cobradas, con la presentación de la solicitud. 2.3. La domiciliación bancaria es obligatoria. El solicitante deberá presentar un documento bancario que acredite que el deudor es titular de la cuenta en que se domicilie el pago, siempre que la entidad de depósito preste servicio de colaboración en la gestión recaudatoria. 2.4. Cuando el importe total de la deuda solicitada más la posible deuda pendiente de solicitudes ante‐ riores sea inferior a 1.000 €, se resolverá atendiendo a los plazos propuestos por el obligado, siempre que el importe de cada uno de los plazos, excluidos los intereses, no sea inferior a 30 €. 2.5. La periodicidad de los pagos será en todo caso mensual. En el caso de personas jurídicas y entida‐ des del artículo 35.4 LGT, el nº de plazos máximos no podrá ser superior a 6 plazos mensuales; en el caso de personas físicas el nº máximo será de 12 mensuales. 2.6. Se denegarán las solicitudes cuando el deudor tenga otras deudas en periodo ejecutivo, no aplaza‐ das, por un importe total superior a 600 €. También se denegarán las solicitudes cuando el deudor haya incumplido los plazos concedidos en algún aplazamiento anterior.

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3.‐ ESTADO ACTUAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU) EN LOS CASOS DE TRANS‐ MISIÓN CON PÉRDIDAS.

El 09/03/2018 se publicó en el Boletín oficial del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. (122/000196) Con fecha 07/06/2018 se acordó encomendar su aprobación con competencia legislativa plena a la Comisión de Hacienda y Función Pública, así como, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93.1 y 126.5 del Reglamento, disponer su tramitación por el procedimiento de urgencia. Tras sucesivas ampliaciones de los plazos para la presentación de enmiendas, el 04/09/2018 finalizará el plazo para su presentación. Una vez aprobada por la Comisión correspondiente del Congreso, podrá pasar directamente al Senado sin el trámite de deliberación y ni necesidad de votación final en el Pleno. Al tratarse de un procedi‐ miento de urgencia, el Senado dispondrá de un plazo de 20 días para la tramitación de texto remitido. ¿En qué consiste la modificación? Se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que el sujeto pasivo acredite que no ha obtenido un incremento de valor. ¿La modificación será de aplicación en todos los Ayuntamientos? No. Únicamente en los Ayuntamientos localizados en Comunidades Autónomas de Régimen Común. En Euskadi se han aprobado las modificaciones normativas que ya son de aplicación desde 2017.

Viernes, a 31 de marzo de 2017

miércoles, 5 de abril de 2017

Jueves, 22 de junio de 2017

Decreto Foral‐Norma 2/2017, de 28 de marzo, por el que se modifica el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

Decreto Normativo de Ur‐ gencia Fiscal 3/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de marzo, relaciona‐ do con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

DECRETO FORAL NORMA‐ TIVO 3/2017, de 20 de junio, por el que se modi‐ fica la Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

¿Tendrán efectos retroactivos las modificaciones del IIVTNU? Los efectos retroactivos se limitarán a las transmisiones que se hayan producido desde la pu‐ blicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional en el BOE, es decir, desde el 15 de junio de 2017.

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Para estas transmisiones, quienes hayan vendido por un precio inferior al de su adquisición, cuando acrediten la ausencia de incremento de valor, si han pagado el impuesto, tendrán derecho a la devolu‐ ción del impuesto. En la Proposición de Ley se prevé que los valores a tener en cuenta para determinar la existencia de incremento de valor gravable serán los valores que consten en los títulos que docu‐ menten la operación. ¿Y las transmisiones realizadas con anterioridad al 15.06.2017? En estos supuestos, dentro del plazo de prescripción, será el contribuyente, antes de la quien deba ini‐ ciar un procedimiento de rectificación autoliquidaciones, de haberlo autoliquidado, o de responsabili‐ dad patrimonial del Estado, en el caso de liquidación por parte de la Administración. No obstante, sería aconsejable que, antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, los con‐ tribuyentes promuevan estos procedimientos, con el fin de evitar que las autoliquidaciones (4 años) /liquidaciones (1 mes) devengan firmes e impidan su reclamación. ¿No puede presentarse directamente la solicitud de devolución de ingresos indebidos? No. Con carácter general será necesario que exista un procedimiento previo que anule la autoliquida‐ ción/liquidación. ¿En caso de adquisición por herencia o donación se puede reclamar? Cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se tomarán los valores que cons‐ ten en la correspondiente declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o bien el compro‐ bado administrativamente por la Administración tributaria, en caso de que sea mayor a aquel. ¿Deben tenerse en cuenta otras modificaciones? Si. A partir de su entrada en vigor también se gravarán los incrementos de valor generados en menos de 1 año. ¿En las ventas con pérdidas, antes de la publicación de la modificación normativa, es necesario seguir presentando la liquidación e ingresar el impuesto? Depende del Municipio, veamos algunos ejemplos: Nota del Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona Barcelona no cobrará el impuesto de plusvalía en los casos en que el valor de los terre‐ nos no aumente Las personas que se consideren afectadas podrán pedir la revisión de los importes pagados. El Ayuntamiento resolverá las reclamaciones cuando el Estado modifique la Ley de Haciendas Locales, tal como establece una sentencia del Tribunal Constitucional El Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo con un informe solicitado al Consell Tributari, ha decidido que dejará de cobrar el impuesto de plusvalía en todos aquellos casos en que no se haya producido un incremento del valor de los terrenos. La decisión llega después de que una sentencia del Tribunal Constitucional de mayo del 2017 anulara el impuesto en aquellos casos en que se sometía a tributación situaciones de no incremento de valor y fijara que hacía falta una modificación de la Ley de Haciendas Locales para establecer como calcular el incremento de este valor. Por esta razón, el Gobierno Municipal ha decidido paralizar el cobro del impuesto hasta que el Estado no reforme la ley. Cualquier persona interesada que tenga que pagar una autoliquidación o liquidación del impuesto de plusvalía y considere que no se ha producido un incremento de valor de los terrenos puede presentar una instancia, acompañada de la documentación que acredite

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que no se ha producido este incremento, ya sea un peritaje, una escritura notarial u otro documento que considere adecuado. De acuerdo con el dictamen del Consell Tributari, el Ayuntamiento no resolverá las instancias que se presenten hasta que se modifique la Ley de Haciendas Locales. Asimismo, también se suspenderán los procedimientos de inspec‐ ción en curso sobre transmisiones de inmuebles cuando el contribuyente alegue y adjun‐ te la documentación que acredite esta falta de incremento del valor de los terrenos. En el caso de autoliquidaciones o liquidaciones que ya hayan sido pagadas y que se en‐ cuentren en la misma situación de falta de incremento del valor, los contribuyentes también podrán solicitar su revisión mediante una instancia motivada que se resolverá de acuerdo con lo que disponga la nueva legislación. En todos los casos mencionados, la persona interesada recibirá un documento del Ayuntamiento en que quede constancia de esta suspensión provisional del procedimiento, e igualmente puede pedir más infor‐ mación personalmente sobre los procedimientos a seguir en el Instituto Municipal de Hacienda con cita previa. Valencia: EL AYUNTAMIENTO FORMALIZA LA CONGELACIÓN DEL IMPUESTO DE PLUSVALÍAS EN LOS CASOS EN QUE HAYA HABIDO MINORACIÓN DEMOSTRABLE DE INGRESOS. La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy formalmente congelar el cobro del Impues‐ to sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el llamado Im‐ puesto de Plusvalías, una medida que ya se había empezado a aplicar de facto en el Ayuntamiento de València, después de que el pasado día 17 el Tribunal Constitucional ampliara a todo el territorio del Estado la sentencia de febrero referida al territorio fo‐ ral de Gipúzkoa. Tal como anunció el alcalde el pasado día 18, nada más conocerse la decisión del Tribunal, “se trata de una decisión lógica que esperábamos, puesto que si no hay una base sobre la que gra‐ var, no tiene sentido hacerlo”. Esta misma mañana, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ha presentado una moción a la Junta de Gobierno para paralizar provisionalmente el cobro del impuesto “en aquellas autoliquidaciones en las que los interesados declaren minoración de in‐ gresos” y así lo demuestren. Para quedar exentos del pago, los interesados deberán aportar la documentación nece‐ saria que refleje la minoración de ingresos, es decir, que no haya habido objetiva y real‐ mente incremento, sino disminución del valor de los terrenos objeto de la compraventa”. El propio alcalde adelantaba días atrás que “a aquellas personas que acrediten que no se ha producido un incremento del valor del terreno donde se ubica su inmueble no se les cobrará nada, hasta que el Gobierno del Estado nos dé instrucciones sobre cómo realizar a partir de ahora el proceso”. Zaragoza: ECONOMÍA SUSPENDE EL COBRO DE LA PLUSVALÍA CUANDO NO HAYA INCREMENTO DE VALOR Esta suspensión se venía aplicando desde abril cuando la persona presentaba una reclamación por la plusvalía liquidada. Ahora la medida será automática y dejará 'en suspenso las liquidaciones, resoluciones de recursos y solicitudes de devolución, anulación o rectificación de autoliquidaciones derivadas de procedimientos tributarios en los que, indi‐ ciariamente, pueda existir una minusvalía'. La instrucción se aplicará automáticamente salvo que el contribuyente solicite 'expresamente' la no suspensión.

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En todos los supuestos será necesario ponerse en contacto con el Ayuntamiento para saber si existe o no una instrucción específica para aplicar o no la suspensión de forma automática cuando se produce una transmisión con pérdidas.

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4.‐ ANALISIS DE LAS INSTRUCCIONES PARA EL PAGO A CUENTA DEL IM‐ PUESTO SOBRE SOCIEDADES.

[1] Entidad que aplica el régimen de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre: Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. De aplicar el método del artículo 40.2. INFORMA 129902 … si en algunos periodos impositi‐ vos la asociación no estuviera obligada a presentar declaración, y en el supuesto en que el ejercicio coin‐ cida con el año natural, no estaría obligada a realizar el pago fraccionado correspondiente a los meses de abril, octubre y diciembre del ejercicio siguiente, siempre que el método para determinar los pagos fraccionados fuera el establecido en el artículo 45.2 del TRLIS, al ser nula la base para su cálculo. De aplicar el método del artículo 40.3. En el caso de entidades parcialmente exentas a las que resulte de aplicación el régimen fiscal especial

Orden HAP/523/2015, de 25 de marzo Obligatorio para contribuyentes con INCN > 6 millones de € durante los 12 meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo. Si INCN ≤ 6 millones de € no será obligatoria la presentación si no debe efectuarse ingreso algu‐ no. Art 40.1. LIS No deberán efectuar el pago fraccionado ni es‐ tarán obligadas a presentar la correspondiente declaración las entidades que tributen al 1% o al 0% del artículo 29 de la LIS.

Se trata de entidades parcialmente exentas: Las entidades parcialmente exentas deberán llevar contabilidad, de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos correspondientes a las rentas y explotaciones económicas no exentas. Las entidades parcialmente exentas estarán obligadas a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas. No obstante, no tendrán obligación de presentar declaración cuando cumpla: Que sus ingresos totales no superen 100.000 € anuales, Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a retención no superen 2.000 € anuales, y Que todas las rentas no exentas que obten‐ gan estén sometidas a retención. La base imponible positiva correspondiente a las rentas no exentas será gravada al tipo del 10%.

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establecido en el Capítulo XIV del Título VII de esta Ley, se tomará como resultado positivo el corres‐ pondiente exclusivamente a rentas no exentas. (DA 14ª LIS) [2] Entidad que aplica el régimen de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Socieda‐ des Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. [3] Entidad de capital‐riesgo que aplica el régimen fiscal especial del art. 50 LIS

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Están exceptuadas de la aplicación del % de pago mínimo (DA 14ª)

Están exceptuadas de la aplicación del % de pago mínimo (DA 14ª) Están exceptuadas de la aplicación del % de pago mínimo (DA 14ª)

Con independencia del INCN, estarán obligadas a aplicar la modalidad del artículo 40.3 LIS, sobre la base imponible calculada conforme a las re‐ [4] Entidad que aplica el régimen de las entidades glas establecidas en el artículo 114 de la citada navieras en función del tonelaje: Ley y aplicando el porcentaje del 25%, sin com‐ putar deducción alguna sobre la parte de cuota (Art 16 LIS) [5] Entidades que cumplan los requisitos del art. 101 LIS y apliquen tipo gravamen art. 29.1, 1er párrafo Tipo general de gravamen del 25% LIS: [6] Entidades que en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se inicie el período impo‐ Estarán obligadas a aplicar la modalidad del sitivo, hayan tenido una cifra de negocios superior a 6 artículo 40.3 LIS. millones de €. Tributarán al 20%, excepto por lo que se refiere [7] Cooperativa fiscalmente protegida: a los resultados extracooperativos, que tribu‐ tarán al tipo general. [8] Entidad que aplica la Reserva para inversiones en Canarias o tenga derecho a la bonificación del art. 26 Ley 19/1994 Entidad que aplica el régimen ZEC Entidad que aplica la bonificación de Ceuta y Melilla art. 33 LIS Entidad con resultados positivos por operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensa‐ ción de créditos que no se integran en la base imponible por aplicación del artículo 17.2 LIS Entidad parcialmente exenta que aplica el régimen fiscal especial Cap. XIV Tít. VII LIS Entidad que aplica la bonificación del artículo 34 LIS Las cooperativas de crédito y cajas rurales tribu‐ [9] Otras entidades con posibilidad de aplicar dos tarán al tipo general, excepto por lo que se refie‐ tipos impositivos: re a los resultados extracooperativos, que tribu‐ tarán al tipo del 30%. Artículo 29. El tipo de gravamen. 1. El tipo general de gravamen para los contribuyen‐ tes de este Impuesto será el 25 por ciento. [10] Tipo de gravamen del Impuesto sobre Socieda‐ No obstante, las entidades de nueva creación que des del ejercicio en curso: realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base im‐ ponible resulte positiva y en el siguiente, al tipo

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del 15 por ciento, excepto si, de acuerdo con lo previsto en este artículo, deban tributar a un tipo inferior. A estos efectos, no se entenderá iniciada una activi‐ dad económica: a) Cuando la actividad económica hubiera sido reali‐ zada con carácter previo por otras personas o enti‐ dades vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta Ley y transmitida, por cualquier título jurídico, a la entidad de nueva creación. b) Cuando la actividad económica hubiera sido ejer‐ cida, durante el año anterior a la constitución de la entidad, por una persona física que ostente una par‐ ticipación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación su‐ perior al 50 por ciento. No tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que formen parte de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del Códi‐ go de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales con‐ solidadas. El tipo de gravamen del 15 por ciento previsto en este apartado no resultará de aplicación a aque‐ llas entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial, en los términos estableci‐ dos en el apartado 2 del artículo 5 de esta Ley.

Aplicarán el % de pago mínimo (DA 14º LIS) La cantidad a ingresar no podrá ser inferior, en ningún caso, al 23 por ciento del resultado posi‐ tivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural … , minorado exclusivamente en los pagos fraccionados realizados con anterioridad, correspondientes al mismo período impositivo. En el caso de contribuyentes a los que resulte de [11] Importe neto de la cifra de negocios en los 12 aplicación el tipo de gravamen del 30% previsto meses anteriores a la fecha de inicio del período im‐ para las entidades de crédito así como las enti‐ dades que se dediquen a la exploración, investi‐ positivo de al menos 10 millones de €: gación y explotación de yacimientos y almace‐ namientos subterráneos de hidrocarburos en los términos establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, el % mínimo será del 25%. El porcentaje a que se refiere el último párrafo del artículo 40.3. será el resultado de multipli‐ car por diecinueve veinteavos el tipo de grava‐ men redondeado por exceso. (DA 14ª 1.b)) COMPENSACIÓN BINs: En todo caso, se podrán compensar en el perío‐ do impositivo hasta 1 millón de €. Igual o superior a 10 millones de € e inferior a 20 Aplicarán la limitación general del 70% de la BI

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millones de €

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previa a la aplicación de la reserva de capitali‐ zación

Igual o superior a 20 millones de € e inferior a 60 La limitación será del 50% millones de € Igual o superior a 60 millones de € La limitación será del 25%

CLAVE [01] En el caso de entidades que tributen exclusivamente al Estado, se tomará como base del pago frac‐ cionado la cuota íntegra del último período impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración estuviese ven‐ cido el día 1 del mes que corresponda, de los indicados en el punto anterior, minorado en las deducciones y bonificaciones así como en las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a aquél, siempre que dicho período impositivo haya sido de duración anual. No se tendrán en cuenta los pagos a cuenta del ejercicio anterior ni del ejercicio corriente. Las deduccio‐ nes y bonificaciones así como en las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al ejercicio base de referencia. Casos particulares: Último período impositivo concluido sea de duración inferior al año: se tomará en cuenta la parte pro‐ porcional de la cuota de períodos impositivos anteriores, hasta completar un período de 12 meses. Primer ejercicio de actividad: Al no existir ejercicio base de referencia no existe obligación de presentar pagos fraccionados en el primer ejercicio de actividad. Segundo ejercicio de actividad: El pago correspondiente al mes de abril tampoco tendrá ejercicio base de referencia. Para el 2P y 3P la cuota que debe tomarse como base para calcular el pago fraccionado será la que corresponda a dicho período – aunque tenga un plazo inferior a 12 meses ‐ ya que no existe cuota de períodos impositivos anteriores que permita completar un período de 12 meses y la normativa no con‐ templa para este supuesto la elevación al año. Sociedad limitada nueva empresa: No tendrá la obligación de efectuar los pagos fraccionados a cuenta de las liquidaciones correspondientes a los dos primeros períodos impositivos concluidos desde su consti‐ tución. Entidad sin actividad: Una sociedad es contribuyente del Impuesto sobre Sociedades mientras conserve su personalidad jurídica, y como la tiene hasta que se inscriba en el Registro Mercantil la escritura pública de su extinción y se cancelen los asientos registrales, mientras esto último no ocurra estará obligada a efectuar los correspondientes pagos fraccionados a cuenta de la liquidación por el Impuesto sobre Socie‐ dades del período impositivo que esté en curso, siempre que, en la declaración realizada en el último período impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración estuviese vencido, que haya servido de base de cálculo para determinar los aludidos pagos fraccionados por el ejercicio en curso con arreglo a las normas establecidas por el apartado 2 del artículo 40 de la LIS, hubiese resultado una cuota a ingresar, y la sociedad no hubiese optado ex‐ presamente en tiempo y forma por la modalidad de base de cálculo del pago fraccionado contemplada por el apartado 3 del artículo 40 de la mencionada Ley del Impuesto sobre Sociedades. [INFORMA 135852] CLAVE [03] Será el resultado de aplicar el porcentaje del 18% a la cantidad calculada como base del pago frac‐ cionado.

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CLAVE [04] Resultado contable (después del IS) [INFORMA 135852] El período impositivo de una entidad comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre. Los pagos a cuenta del ejercicio en curso se realizan en los meses de diciembre, abril y octu‐ bre. ¿Qué año debe figurar como período impositivo y cuáles deben ser los códigos a consignar en el mo‐ delo para identificar cada uno de los períodos de pago? …. , para el cálculo de la base del pago fraccionado (clave 04), en el caso de sujetos pasivos cuyo periodo impositi‐ vo no coincida con el año natural, indican que realizarán el pago fraccionado sobre la parte de la base imponible correspondiente a los días transcurridos desde el inicio del período impositivo hasta el día anterior al 1 de abril (para el 1/P), 1 de octubre (para el 2/P) ó 1 de diciembre (para el 3/P). En consecuencia, la entidad cuyo período impositivo comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiem‐ bre del año siguiente, consignará en el apartado Devengo del modelo los siguientes datos durante el per‐ íodo impositivo 1‐10‐2015 / 30‐9‐2016: Pago fraccionado a efectuar en los primeros veinte días naturales del mes de diciembre de 2015: Ejerci‐ cio 2015, Fecha de inicio del período impositivo 01/10/2015, Período 3/P. Pago fraccionado a efectuar en los primeros veinte días naturales del mes de abril de 2016: Ejercicio 2016, Fecha de inicio del período impositivo 01/10/2015, Período 1/P. Pago fraccionado a efectuar en los primeros veinte días naturales del mes de octubre de 2016: Ejercicio 2016, Fecha de inicio del período impositivo 01/10/2015, Período 2/P. CLAVES [07] y [08] Resto correcciones al resultado contable, excepto comp. BI negativa ej.ant. Se consignará en la clave [07] el importe correspondiente al total de aumentos al resultado de la cuenta de Pérdi‐ das y Ganancias excepto la corrección por impuesto sobre Sociedades y el ajuste por la limitación a las amortizaciones fiscalmente deducibles, y en la clave [08] el correspondiente a las disminuciones. Libertad de amortización: CV0096‐16 DE 15/01/2016 … para calcular la base imponible a los efectos del artículo 40.3 de la LIS, la consultante podrá aplicar las cantidades derivadas de la libertad de amortiza‐ ción. En la medida en la que la obligación de realizar pagos a cuenta tiene carácter autónomo respecto de la obligación tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.1 de la LGT, el hecho de que la consultante opte por apli‐ car las cantidades pendientes derivadas de la disposición adicional undécima para el cálculo de los pagos fraccio‐

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nados en los términos previstos en el artículo 40.3 de la LIS correspondientes al período 2015, no conlleva la obligación de que dichas cantidades deban tenerse en cuenta para la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades de 2015.ades derivadas de la libertad de amortización prevista en la disposición adicional undécima del TRLIS. CLAVE [44] Remanente reserva de capitalización no aplicada por insuficiencia de base Únicamente consignarán esta casilla los contribuyentes cuyo tipo de gravamen se corresponda con el previsto en el apartado 1 o 6 del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuando se den los requisitos previstos en el apartado 1 del artículo 25 de la LIS, y siempre que no se haya podido reducir la totalidad del 10% del incremento de fondos propios en la declaración del Impuesto sobre Sociedades (modelo 200), pudiendo aplicar de esta manera, el remanente pendiente por insuficiencia de cuota de cantidades correspondientes a años anteriores. En este sentido, la reducción en la base imponible de un determinado período impositivo relativa a la reserva de capitalización, se corresponde con el 10% del incremento de los fondos propios, para cuya determinación resulta imprescindible que se haya producido el cierre del ejercicio. Esto significa que la aplicación de la reserva de capi‐ talización no puede tenerse en cuenta en la determinación de la base imponible aplicable a los pagos fracciona‐ dos, dado que el período impositivo no habrá concluido y no habrá tenido lugar el cierre del ejercicio, no se habrá podido determinar el posible incremento de fondos propios que determinaría la reducción de la base imponible. Ello solo se podrá determinar en la declaración del correspondiente período impositivo que, de acuerdo con el artículo 124.1 de la LIS, se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo. En consecuencia, en los pagos fraccionados no podrá figurar una reducción por este concepto (reserva de capitalización) en la parte de la base imponible a partir de la cual se determinan tales pagos fracciona‐ dos. Por el contrario, sí podrá figurar una reducción por la reserva de capitalización, pero correspon‐ diente a las cantidades pendientes de aplicación de la reducción de años anteriores, que es lo que figu‐ rará en esta casilla, en concepto de remanente de reserva de capitalización no aplicada por insuficiencia de base. CLAVE [14] Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores Se consignará el importe de las bases negativas de períodos anteriores que son objeto de compensación a efectos de esta declaración. Toma el valor cero si la casilla 13 es negativa o cero, excepto si hubiera indicado algún im‐ porte en la casilla parte integrada en la base imponible por operaciones de quita o espera. La compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores está limitada al 70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización establecida en el artículo 25 de la LIS y a su compensación. No obstante, y tal y como establece la disposición adicional 15 de la LIS, para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, los límites establecidos en artículo 11.12, en el primer párra‐ fo del artículo 26.1, en la letra e) del artículo 62.1 y en las letras d) y e) del artículo 67, de esta Ley se sus‐ tituirán por los siguientes: – El 50 por ciento, cuando en los referidos 12 meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros pero inferior a 60 – El 25 por ciento, cuando en los referidos 12 meses el importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 60 millones de euros. En todo caso, se podrán compensar en el período impositivo bases imponibles negativas hasta el importe de 1 millón de euros. La limitación a la compensación de bases imponibles negativas indicada en el párrafo anterior no resultará de aplicación en el importe de las rentas correspondientes a quitas y esperas consecuencia de un acuerdo con los acreedores del contribuyente. Las bases imponibles negativas que sean objeto de compensación con dichas ren‐ tas no se tendrán en consideración respecto del importe de 1 millón de euros a que se refiere el párrafo anterior. CLAVES [45] y [46] Reserva de nivelación (art 105 LIS) (sólo entidades que cumplan los requisitos del art. 101 LIS y apliquen tipo gravamen art. 29.1. 1er párrafo LIS

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La reserva de nivelación se trata de un incentivo fiscal aplicable a las entidades de reducida dimensión (aquellas cuyo importe de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 10 millo‐ nes de euros). En este sentido, en las correcciones al resultado contable no está incluida la cantidad correspon‐ diente a la reserva de nivelación. Tras las correcciones al resultado contable, se obtiene una base imponible pre‐ via, sobre la que se aplicaría la compensación de bases imponibles negativas), y se obtiene la base imponible, sobre la que, en su caso, se aplicaría la reserva de nivelación, que ha de tenerse en cuenta a efectos de los pagos fraccionados, tal y como señala el apartado 5 del artículo 105 de la LIS y la cual puede minorar o adicionar esa base imponible. Así y siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 105, se podrá minorar la base imponible positiva (siempre que no supere el importe de 1 millón de euros) en hasta el 10 por ciento de su importe. En caso de minorar la base imponible, deberá de dotarse una reserva con cargo a los resultados positi‐ vos del ejercicio por el importe de dicha minoración. Así el importe de minoración, se deberá de incluir en la cla‐ ve [46]. Estas cantidades, se adicionarán a la base imponible de los períodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos a la finalización del período impositivo en que se realice dicha minoración, si el contribuyente tiene una base imponible negativa y hasta el importe de la misma. El importe de adi‐ ción, se deberá de incluir en la clave [45].

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5.‐ ¿PODEMOS RECLAMAR QUE NOS DEVUELVAN LAS PRESTACIONES DE MATERNIDAD A RAIZ DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO?

El Tribunal Supremo, en sentencia de 3 de octubre de 2018, ha resuelto que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF. el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había declarado en varias sentencias, que dichas prestacio‐ nes debían quedar exentas de dicho impuesto. El Abogado del Estado recurrió al Tribunal Supremo la STSJ de Madrid de 29 de junio de 2017 al considerar que era contradictoria con lo dispuesto por otros tribunales superiores de justicia, concretamente con los fallos del TSJ de Castilla y León y de Andalucía. Pues bien, el Tribunal Supremo considera en esta sentencia que la prestación por maternidad perci‐ bida del INSS puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero letra h del artícu‐ lo 7 de la Ley del IRPF, cuando dispone que "igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad". Los argumentos que llevan al TS a tal conclusión se sintetizan en los siguientes: 1. Porque así se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, que introdujo la mencionada exención, en la que el Legislador se refiere expresamente a la pres‐ tación por maternidad junto con la de nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo, sin que parezca que se pretenda limitar la exención únicamente a las concedidas por las Co‐ munidades Autónomas. 2. Una interpretación gramatical de la norma. Cuando el párrafo cuarto del art. 7.h) de la LIRPF comienza con la palabra "también" estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales", después de declarar exentas en el párrafo tercero "las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad", parece dar a entender que además de las que corren a cargo de la Seguridad Social, entre las que cabe incardinar las prestaciones por maternidad, están exentas las que por el mismo concepto se reconozcan por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pues en otro caso la partícula "también" sería inútil, y podría dar lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente declarar exentas éstas últimas y excluir las estatales". 3. Una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico. La prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad Social que trata de compensar la pérdida de ingresos del traba‐ jador a consecuencia del permiso de descanso por el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o aco‐ gimiento, y durante ese periodo el contrato de trabajo queda en suspenso interrumpiéndose la ac‐ tividad laboral; y a tenor del artículo 177 de dicha norma, se consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen. En consecuen‐ cia la prestación por maternidad puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero de la letra h del artículo 7 de la LIRPF, y por ello el recurso de casación ha de ser desestimado y es‐ tablecer como doctrina legal que "las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Segu‐ ridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas." Quién puede reclamar y cómo el IRPF de la prestación por maternidad tras la sentencia del Su‐ premo La sentencia del Alto Tribunal, que considera que las prestaciones por maternidad no deben tributar por IRPF, afecta a las percibidas desde el año 2014, salvo algunas excepciones

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Hoy por hoy, el método para reclamar es la solicitud de rectificación de la autoliquidación, a no ser que la Agencia Tributaria facilite un procedimiento más ágil Entre 2014 y 2017 la Seguridad Social ha pagado 6.853 millones de euros en concepto de prestaciones de maternidad, a 1,1 millones de madres y padres (en mucha menor cantidad en este segundo caso) El coste para las arcas públicas ascenderá a 1.300 millones, según UGT El Tribunal Supremo ha dictado sentencia: las prestaciones por maternidad no deben tributar por IRPF. De este modo, acaba con los litigios entre contribuyentes y la Agencia Tributaria, que mantenía que sí eran rendimientos del trabajo y como tales había que pagar impuesto sobre la renta por su per‐ cepción durante las 16 semanas que dura el permiso. Se habían dado varias sentencias contradictorias por parte de Tribunales Superiores de Justicia. Ahora el Supremo ha sentado jurisprudencia. ¿Quién puede reclamar? Los derechos y obligaciones tributarias prescriben a los cuatro años. Esto quiere decir que puede re‐ clamar quien haya recibido prestaciones desde el año 2014, explica el secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas, Luis del Amo. Pueden ser las madres o los padres que hayan compar‐ tido la baja de maternidad. Las mujeres autónomas que hayan recibido esta prestación (deben estar afiliadas y en situación de alta en el RETA y estar al corriente en el abono de las cuotas mensuales de la Seguridad Social) también pueden reclamar las retenciones. ¿Cómo se reclama? Debe solicitarse una rectificación de la autoliquidación, y pedir la devolución de los ingresos indebidos y de los intereses de demora. Para las declaraciones de la renta de 2016 y 2017 se puede hacer este trámite a través de la propia web de la Agencia Tributaria. Para las de años anteriores, debe dirigirse un escrito a la Agencia Tributaria llamado "Solicitud de rec‐ tificación de autoliquidación y de devolución de la prestación de maternidad". ¿Hay que ir a juicio? No. A falta de conocer si Hacienda pondrá en marcha algún canal concreto para reclamar este dinero, o si el Gobierno trata de impulsar algún tipo de devolución generalizada, la vía más sencilla para recupe‐ rar lo pagado es solicitarlo directamente a la Agencia Tributaria presentando una rectificación de la autoliquidación del IRPF. ¿Cuánto tarda en contestar la Agencia Tributaria? La administración dispone de seis meses para resolver las solicitudes recibidas. La Agencia Tributaria ya ha anunciado que tomará “en consideración” la sentencia del Supremo, por lo que previsiblemente abonen las cuantías pagadas de más. Si se negara, se podría acudir al Tribunal Económico Administrati‐ vo regional, como paso previo a la vía judicial ¿Qué revisará la administración para pagar? Antes de devolver el dinero, la Agencia Tributaria deberá comprobar que el reclamante percibió la prestación por maternidad en el año 2014 o los ejercicios posteriores, que tributó por ella y que la cuantía no le fue devuelta. ¿Qué ocurre si se cobra la prestación en 2018? Para quienes hayan sido madres (y padres si comparten la asignación) durante este año, lo previsible es que no tengan que tributar por la prestación de maternidad cuando realicen la declaración de la renta

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en primavera de 2019. Al asumir el fallo del Supremo, la Agencia Tributaria dejará exenta esta retribu‐ ción del IRPF. ¿Hay excepciones a todo lo anterior? Habría casos en los que no se podría reclamar el IRPF, como el de aquellas contribuyentes cuya decla‐ ración de la renta haya sido comprobada y modificada y hayan aceptado una autoliquidación firme. Tampoco aquellas personas que ya hayan recibido una sentencia o resolución administrativa firme contra la devolución del IRPF. Sí se verían beneficiadas quienes hayan percibido su prestación antes de 2014 y estén en trámite judi‐ cial o de reclamación abierto, aunque en principio del 2013 hacia atrás la opción de reclamar haya prescrito. Según el experto de REAF, podría darse que la AEAT, tras la sentencia, pusiera a disposición de las in‐ teresadas un procedimiento más ágil, con algún tipo de formulario a rellenar o adjuntar, en lugar de tener que reclamar la autoliquidación vía web o escrito, como se detallaba anteriormente. ¿A cuántas mujeres afecta y qué supone en dinero? Ni la Agencia Tributaria ni el Ministerio de Hacienda ofrecen cálculos concretos. Según UGT el coste para las arcas públicas puede ascender a 1.300 millones de euros. Con datos del Ministerio de Empleo, entre 2014 y 2017 la Seguridad Social ha pagado 6.853 millones de euros en concepto de prestaciones de maternidad, a 1,1 millones de madres y padres (en mucha menor cantidad en este segundo caso). Con carácter general, solo hay obligación de hacer la declaración del IRPF cuando se han percibido rentas por encima de 14.000 euros anuales (si ha habido varios pagadores), 12.000 hasta que se apro‐ baron los Presupuestos de 2018 el pasado junio. La sentencia introduce una nueva distorsión en este cálculo, ya que con un solo pagador con obligación de pagar IRPF (en este caso la prestación deja de tener esta naturaleza) el límite está establecido en 22.000 euros anuales. En cuanto a las cantidades que se pueden reclamar, dependerá de lo que se haya cobrado como presta‐ ción, en función a su vez del sueldo de la beneficiaria. La primera sentencia del TSJM, que ha terminado desembocando en esta del Supremo, llegó tras una denuncia interpuesta por una contribuyente que solicitaba la devolución de los 3.135 euros que pagó en la declaración de la renta por los 11.679 que cobró. Lo que dice la Agencia Tributaria La Agencia Tributaria "tomará en consideración" el criterio establecido por el Tribunal Supremo por el que declara exentas del pago de IRPF las prestaciones de maternidad, en la resolución de reclamacio‐ nes, han informado a EFE fuentes de este organismo. Han indicado que este nuevo criterio, recogido en una sentencia publicada este viernes, se aplicará a la hora de resolver los procedimientos, reclamaciones y recursos actualmente en curso o que se presen‐ ten en el futuro. El Supremo ha declarado exentas de IRPF las prestaciones por maternidad percibidas de la Seguridad Social, ratificando una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2017, al consi‐ derar que de acuerdo a la ley de este impuesto tienen que estar exentas prestaciones públicas como las de nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad. En principio, este cambio de criterio solo afectará a los pagos de los últimos cuatro años, ya que ese es el plazo de prescripción, salvo cuando este plazo haya quedado en suspenso, por ejemplo, por haber iniciado un procedimiento de reclamación.

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Se habían dado varias sentencias contradictorias en Tribunales Superiores de Justicia. El de Madrid estimó en junio de 2013 el recurso de una mujer y ordenó a Hacienda que le devolviera la cantidad ingresada en el IRPF de 2013 por la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social. Es un subsidio y el contrato de trabajo queda en suspenso Por último, el Supremo mantiene que la prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Segu‐ ridad Social que trata de compensar la pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del permiso de descanso por el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento, y durante ese periodo el con‐ trato de trabajo queda en suspenso interrumpiéndose la actividad laboral. Por ello, a tenor del artículo 177 de la Ley General de la Seguridad Social, el Supremo recuerda que se consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción, la guarda con fines de adopción y el aco‐ gimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen. "En consecuencia ‐concluye la sentencia‐ la prestación por maternidad puede incardinarse en el su‐ puesto previsto en el párrafo tercero de la letra h del artículo 7 de la LIRPF, y por ello el recurso de casación ha de ser desestimado y establecer como doctrina legal que 'las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Perso‐ nas Físicas'". Esta sentencia llega en respuesta al abogado del Estado que había recurrido el fallo del TSJM con el argumento de que la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir la retribución normal (no exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual, y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso. Los últimos datos disponibles muestran que la Seguridad Social desembolsó en los ocho primeros me‐ ses de este año 1.542,59 millones de euros en prestaciones de maternidad, paternidad y riesgo en el embarazo.

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6.‐ PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TE‐ RRORISMO.

Con más de un año de retraso, finalmente se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la transposi‐ ción de la Cuarta Directiva de la Unión Europea en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. De esta forma, mediante la aprobación del Real Decreto‐ley 11/2018, de 31 de agosto, se especifican, en su título II, las modificaciones que sufre la Ley 10/2010, de 28 de abril, de PBC/FT como conse‐ cuencia de la mencionada transposición y plantea: Medidas en prevención del blanqueo de capitales Se modifica la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terroris‐ mo con el fin de incorporar la Directiva 2015/849, que establece obligaciones adicionales a las de la ley española en materia de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades, así como un endurecimiento del régimen de sanciones y el establecimiento de canales de denuncia. Lo cierto es que la normativa nacional española, así como las normas de la Unión Europea en esta materia, encuentran en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) su fuente de inspiración primigenia y se habían abordado mediante modificaciones realizadas en años anteriores. Mediante la modificación prevista en el Real Decreto‐ley se culmina este proceso de adaptación. Sus objetivos son: ‐Incorporar la obligación de aplicar medidas de diligencia debida reforzadas respecto de aquellos países que se relacionen en la lista que al efecto elabora la Comisión Europea de conformidad con el artículo 9 de la Directiva. ‐Dar una nueva regulación al régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública, que se endurece en relación con las personas con responsabilidad pública domésticas, yendo más allá de lo exigido por las Recomendaciones de GAFI. ‐Reducir el umbral en el que los comerciantes de bienes que utilizan el efectivo como medio de pago, están obligados a cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, que bajan de 15.000 a 10.000 euros. ‐Adaptar los límites sancionadores a los umbrales máximos establecidos por la normativa de la UE, incorporando además nuevas normas en materia de publicidad y nuevos tipos infractores. ‐Establecer un sistema de comunicación o denuncia de infracciones que tenga naturaleza confidencial. ‐Crear la obligación de registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos. Principales modificaciones 1. Modificación del importe máximo posible de las sanciones (multas) a imponer en caso de incum‐ plimiento de las obligaciones de prevención, quedando de la siguiente manera: a) Sanciones por infracciones muy graves  Multa cuyo importe mínimo será de 150.000 euros y cuyo importe máximo ascenderá hasta la mayor de las siguientes cifras: 

10% del volumen de negocios anual total del sujeto obligado

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

Duplo del contenido económico de la operación por la que ha sido sancionado



Quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando di‐ chos beneficios puedan eterminarse



10.000.000 euros

b) Sanciones por infracciones graves  Multa cuyo importe mínimo será de 60.000 euros y cuyo importe máximo podrá as‐ cender hasta la mayor de las siguientes cifras: 

10% del volumen de negocios anual total del sujeto obligado



El tanto del contenido económico de la operación por la que ha sido sancionado más un 50%



El triple del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos be‐ neficios puedan determinarse



5.000.000 euros

2. Obligación de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades. La disposición adicional única impone que las personas físicas o jurídicas que de forma empresa‐ rial o profesional presten todos o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o) 1 de la Ley 10/2010, deberán, previamente al inicio de sus actividades, inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio. Las personas que a la fecha de la entrada en vigor de esta disposición adicional estuvieran reali‐ zando alguna o algunas de las actividades comprendidas en el citado artículo 2.1.o), y no constaren inscritas, deberán, en el plazo de un año, inscribirse. Igualmente, las personas que ya constaren inscritas en el Registro Mercantil, deberán, en el mismo plazo de un año, presentar en el registro una manifestación de estar sometidas, como sujetos obli‐ gados, a las normas establecidas en la Ley 10/2010. Las personas jurídicas además deberán presentar una manifestación de quienes sean sus titulares reales. Estas manifestaciones se harán constar por nota marginal y deberán ser actualizadas en ca‐ so de cambio de esta titularidad real. Además, estas personas deberán cada ejercicio, junto con el depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil competente, acompañar un documento para su depósito del que resulten los siguientes datos: 1

Constituir sociedades u otras personas jurídicas, ejercer funciones de dirección o de secretarios no conse‐ jeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

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a) Los tipos de servicios prestados de entre los comprendidos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010 b) Ámbito territorial donde opera, indicando municipio o municipios y provincias c) Prestación de este tipo de servicios a no residentes en el ejercicio de que se trate d) Volumen facturado por los servicios especificados en el apartado a) en el ejercicio y en el precedente, si la actividad de prestadores de servicio a sociedades no fuera única y ex‐ clusiva. e) Número de operaciones realizadas de las comprendidas en el mencionado artículo 2.1.o), distinguiendo la clase o naturaleza de la misma. f) En su caso titular real si existiere modificación del mismo respecto del que ya conste en el Registro. 3. Se establece la obligatoriedad de que el Representante ante el SEPBLAC sea una persona residente en España, que ejerza cargo de administración o dirección de la sociedad. Además, se especifica que en los grupos que integren varios sujetos obligados, el Representante será único y deberá ejercer cargo de administración o dirección de la sociedad dominante del gru‐ po. 4. Los sujetos obligados deberán contar con canales específicos para la denuncia interna de conduc‐ tas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar cumpli‐ miento a aquélla. El artículo 26.bis, relativo a los procedimientos internos de comunicación de potenciales incum‐ plimientos, estipula que los sujetos obligados deben establecer dichos procedimientos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información rele‐ vante sobre posibles incumplimientos de la Ley de PBC/FT. Cabe mencionar que la obligación de establecimiento del procedimiento de comunicación descrito, no sustituye la necesaria existencia de mecanismos específicos e independientes de comunicación interna de operaciones sospechosas de estas vinculadas con el blanqueo de capitales o la financia‐ ción del terrorismo. 5. El período de conservación de documentos. Los sujetos obligados conservarán durante un período de 10 años la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, procediendo tras el mismo a su eliminación. Transcurridos 5 años desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación ocasional, la documentación conservada únicamente será accesible por los órganos de control interno del sujeto obligado. 6. Comunicación de infracciones. Los empleados, directivos y agentes de los sujetos obligados que conozcan hechos o situaciones que puedan ser constitutivas de infracciones contempladas en la Ley 10/2010, lo podrán poner en conocimiento del SEPBLAC. Otras modificaciones de interés 1. Se modifica el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010. Anteriormente, se consideraban sujetos obligados las personas que con carácter profesional prestaren servicios a terceros tales como constituir so‐ ciedades, facilitar un domicilio social o ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad. Ahora el redactado es distinto, estableciendo como sujetos obligados a las personas que con carác‐ ter profesional prestaren dichos servicios por cuenta de terceros.

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2. Se especifica, en el artículo 2.1.u) de la Ley 10/2010, que se consideran sujetos obligados a las per‐ sonas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. Además, se deta‐ lla que en el caso de loterías, apuestas mutuas deportivo‐ benéficas, concursos, bingos y máquinas recreativas tipo “B” únicamente lo serán respecto de las operaciones de pago de premios. 3. Se establece como regla que, los casinos, deberán aplicar la totalidad de las medidas de diligencia debida cuando efectúen transacciones por un valor igual o superior a 2.000 euros en una opera‐ ción o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación.

4. Se rebaja el umbral del importe de las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con bienes, quedando sujetas a las obligaciones específicas que determina la Ley 10/2010 cuando dicho importe sea superior a 10.000 euros. 5. Ya no se establece la posibilidad de que los sujetos obligados puedan remitir voluntariamente su manual al Servicio Ejecutivo de la Comisión, a efectos de que por éste se determine la adecuación de las medidas de control interno establecidas. 6. Por primera vez, los Expertos Externos pueden ser sancionados por ser responsables de la infrac‐ ción en cuestión, pudiendo ser multados con un importe mínimo de 3.000 euros y un máximo de hasta 5.000.000 euros.

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7.‐ CALENDARIO FISCAL OCTUBRE 2018.

CALENDARIO FISCAL

OCTUBRE 2018

1 de octubre

IVA  Agosto 2018. Autoliquidación: 303  Agosto 2018. Grupo de entidades, modelo individual: 322  Agosto 2018. Grupo de entidades, modelo agregado: 353

22 de octubre

RENTA Y SOCIEDADES Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmue‐ bles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.  Septiembre 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230  Tercer trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

Pagos fraccionados Renta  Tercer trimestre 2018: 

Estimación directa: 130



Estimación objetiva: 131

Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos Permanentes de no Residentes  Ejercicio en curso: 

Régimen general: 202



Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales): 222

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IVA  Septiembre 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IGIC y otras opera‐ ciones: 340

 Septiembre 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349  Septiembre 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380  Tercer trimestre 2018. Autoliquidación: 303  Tercer trimestre 2018. Declaración‐liquidación no periódica: 309  Tercer trimestre 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349  Tercer trimestre 2018. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electróni‐

cos en el IVA. Autoliquidación: 368  Tercer trimestre 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380  Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: 308  Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: 341

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS  Septiembre 2018: 430 IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN  Julio 2018. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558  Julio 2018. Grandes empresas: 561, 562, 563  Septiembre 2017: 548, 566, 581  Septiembre 2017: 570, 580  Tercer trimestre 2018: 521, 522, 547  Tercer trimestre 2018. Actividades V1, V2, V7, F1, F2: 553  Tercer trimestre 2018: 582  Tercer trimestre 2018. Solicitudes de devolución: 506, 507, 508, 524, 572

Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores au‐ torizados: 510 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD  Septiembre 2018. Grandes empresas: 560  Tercer trimestre 2018. Excepto grandes empresas: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES  Tercer trimestre 2018. Pago fraccionado: 585  Pago fraccionado 2018: 589

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN  Tercer trimestre 2018: 595

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30 de octubre

IVA  Septiembre 2018. Autoliquidación: 303  Septiembre 2018. Grupo de entidades, modelo individual: 322  Septiembre 2018. Grupo de entidades, modelo agregado: 353

31 de octubre

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  Tercer trimestre 2018. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito: 195 CUENTA CORRIENTE TRIBUTARIA  Solicitud de inclusión para el año 2018: CCT La renuncia se deberá formular en el modelo de “solicitud de inclusión/comunicación de renuncia al sistema de cuenta corriente en materia tributaria”

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