Circular Marzo 2018

E.de la Orden Ondategui C.Vinzo Gil X. Vendranas Ramón S. de la Orden Montoliu J.M. Cugat Fiter

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ÍNDICE 0.‐ EDITORIAL.................................................................................................................................................................................................................................2 1.‐ NOTICIAS DE INTERES. ..........................................................................................................................................................................................................3 1.1. Hacienda ligará la subida salarial de los funcionarios a la productividad. .............................................................................................3 1.2. Hacienda solo recauda un tercio de lo previsto con el alza de impuestos a la gran empresa. ..........................................................4 1.3. El gobierno aprobará una reducción de las comisiones en planes de pensiones y la posibilidad de rescatarlos a los 10 años. ...................................................................................................................................................................................................................................6 1.4. La OCDE pide elevar la fiscalidad sobre la energía para combatir el cambio climático. .....................................................................7 1.5. El gobierno contempla el escenario de una segunda prórroga de los Presupuestos. ..........................................................................7 1.6. El diseño del impuesto de patrimonio permite eludir su pago, según el IEB..........................................................................................8 1.7. a) El PP propone incentivos fiscales para las empresas que usen blockchain. ......................................................................................8 1.7. b) ¿Cómo salir con beneficios de las monedas digitales? Compre un chalet en Canarias por 45 bitcoin. .....................................9 1.7. c) El bitcoin se desploma un 45% desde enero: las dudas sobre Bitfinex y tether lastran las criptodivisas. ........................... 10 1.7. d) Los expertos advierten a Montoro: “No hay tecnología capaz de controlar las criptomonedas”............................................. 12 1.8. Hacienda reclama a los concesionarios el IVA del descuento por financiación. ................................................................................. 13 1.9. Informe sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo................................................................................................................................. 13 1.10. El impuesto sobre sucesiones no existe o es residual en la mitad de países de la UE. ................................................................... 14 1.11. Hacienda caza otra vez a Pepe Jeans: ahora por fingir préstamos hacia Holanda........................................................................... 16 1.12. Eurodiputados creen que sacar a Panamá y otros siete paraísos fiscales de la “lista negra” resta credibilidad a la UE. .......................................................................................................................................................................................................................................... 18 1.13. La UE saca a Panamá y a otros siete países de la lista de paraísos fiscales. ....................................................................................... 19 1.14. El negocio de la SGAE llega a su fin y ya tiene competencia en España................................................................................................ 19 1.15. El BEI y DLL (grupo Rabobank) facilitan 200 millones de euros para financiar las inversiones de las pequeñas y medianas empresas españolas. ................................................................................................................................................................................... 20 1.16. El Gobierno pretende acabar con el reparto ‘obligatorio’ de dividendos........................................................................................... 20 1.17. La FEMP acepta la modificación de la plusvalía........................................................................................................................................... 21 1.18. Andorra, entre los países con una presión fiscal homologada y competitiva. .................................................................................. 21 1.19. La falta de prórroga del impuesto de patrimonio presiona a las autonomías. ................................................................................. 22 2.‐ DECLARACIÓN SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO. .................................................................................................. 24 3.‐ MONOGRAFICO SOBRE RETRIBUCIONES EN ESPECIE. ............................................................................................................................................. 62 3.1. Cuadro de retribuciones. ....................................................................................................................................................................................... 62 3.2. Cesión de vehiculos a empleados por parte de empresas. Tributación por el IVA. ........................................................................... 64 3.3. Tratamiento contable. ............................................................................................................................................................................................ 65 4.‐ IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU). INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS 107.1, 107.2 (A) Y 110.4 DEL TRLRHL ÚNICAMENTE EN LA MEDIDA QUE SOMETEN A TRIBUTACIÓN SITUACIONES DE INEXISTENCIA DE VALOR. ................................................................................................................ 67 5.‐ PENSIONES PUBLICAS. ........................................................................................................................................................................................................ 72 6.‐ DIRECTRICES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL TRIBUTARIO................................................................................................................................. 76 7.‐ CALENDARIO FISCAL MARZO 2018. ............................................................................................................................................................................... 79

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0.‐ EDITORIAL.

Apreciados amigos: De nuevo en el mes de marzo nos encontramos con la declaración de bienes en el extranjero. Todavía no hay respuesta de la Unión Europea sobre la legalidad del régimen sancionador y la imprescriptibilidad que ha legislado España. ¡¡Deberemos seguir esperando!! Presentamos un trabajo que recuerda las obligaciones de esta normativa y acompañamos una selección de las consultas publicadas que ayudan a interpretar esta normativa. La retribución en especie es un mecanismo muy útil a la hora de rentabilizar fiscalmente los salarios de nuestros trabajadores y directivos. Adjuntamos un resumen de las diferentes mo‐ dalidades de retribución en especie y ampliamos, para el caso de cesión de vehículo, como afecta el IVA a estas cesiones. Sabéis que el Tribunal Constitucional ha “expulsado” del ordenamiento jurídico, determinados artículos de la Ley del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur‐ bana (IIVTNO). Por tanto hay muchos casos susceptibles de reclamar lo pagado por este im‐ puesto. Hacemos un “paseo” por las recientes sentencias que se han ido pronunciando. Si al‐ guno de vosotros estáis en este supuesto, no dudeis de planteárnoslo para acudir a los tribu‐ nales y reclamar lo debidamente ingresado. Huimos del ámbito tributario para comentaros algunas consideraciones sobre la decisión de jubilarse y su relación con las pensiones públicas que podría percibir. Presentamos también un resumen de algunas de las acciones que figuran en las directrices del plan anual de control tributario para el 2018. Como todoas nuestras CIRCULARES, ésta la iniciamos con las NOTICIAS DE INTERES y la con‐ cluimos con el CALENDARIO de obligaciones fiscales del mes de marzo. Saludos. Enrique de la Orden

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1.‐ NOTICIAS DE INTERES.

1.1. Hacienda ligará la subida salarial de los funcionarios a la productividad.

El Ministerio baraja distintas fórmulas de cara a los Presupuestos para que parte del alza de sueldos públicos para 2018 dependa de su rendimiento A mejor rendimiento, más productividad y, por ende, mayor competitividad. Es la ecuación que expertos, analistas y empresarios defienden como estructura salarial ideal, una de las sugerencias estrella que Angela Merkel recomendó a España como fórmula para salir de la crisis y una vía que comienzan a explorar los agentes sociales en las mesas de negociación de los convenios ‐ CEOE acaba de ofrecer un 2% de subida de salarios para este año más otro 1% variable ‐. La flexibilidad retributiva que implica la vinculación de trabajo y productividad es a juicio de gran parte de los exper‐ tos en derecho laboral uno de los pilares básicos para mantener los equilibrios de la economía, una opción que el Gobierno intenta ahora trasladar a la Administración, premiar a los funcionarios. La idea es vincular parte del aumento de salario de 2018 al rendimiento de los empleados públicos. Y lo quiere hacer ya este mismo año, en las cuentas públicas que ahora están en barbecho a la espera de recabar los apoyos parlamentarios necesarios para aprobarlas. Las fuentes consultadas por ABC explican que en el Ministerio de Hacienda se están estudiando varias fórmulas para fomentar esa productividad, una variable, sin embargo, que es difícil de medir, y que tradicionalmente ha tenido obstáculos para utilizarse por este motivo y por que el concepto «variable» aún cuesta de entender en nuestro mercado de trabajo. Sin embargo en esta ocasión la nueva estructu‐ ra salarial tiene más opciones de implementarse. El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ya afirmó hace una semana que elevaría el sueldo de los funcionarios por encima del 1% de manera retroactiva en cuanto se aprobaran los Presupuestos. La idea que los responsables de Hacienda tienen en la cabeza es sumar un porcentaje variable según determinados indicadores que midan la productividad cada año, aunque hay que concretar colectivos y demás. Esta no es la única vez que se intenta un alza variable. Antes de que las negociaciones entre sindicatos, partidos políticos y Hacienda para aprobar el aumento de sueldos públicos y los Pre‐ supuestos saltaran por los aires ante el desafío catalán, la última propuesta que había puesto sobre la mesa el Ministerio era un aumento fijo del 1,5%, del 1,75% y del 2% para 2018, 2019 y 2020. A ello añadía un alza del 0,5% en cada año que dependía de que el PIB superara las previsiones del Gobierno. Y si encima se cumple el déficit en los tres años se añadía otro medio punto en 2020. De esta forma, en el peor de los escenarios los salarios subirían un 5,34% y en el mejor, un 7,95%. Esta oferta quedó en papel mojado al romperse las negociaciones de Presupuestos a finales de septiembre por la convocatoria del referéndum ilegal el 1‐O. Ahora se trata de resucitar la negociación pero dando protagonismo a la productividad. En los últimos años, el Gobierno ha tratado de revertir los recortes sobre las plantillas públicas, des‐ pués de años de invierno y crisis en las arcas públicas. En 2011 el Ejecutivo de Rodríguez Zapate‐ ro recortó un 5% al sueldo a los funcionarios y en 2012, el de Rajoy eliminó la paga extra de Navidad

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de ese año. En 2015 y 2016 les devolvió progresivamente esta mensualidad y en dicho año subieron por primera vez los sueldos públicos en años, un 1%, mismo porcentaje que en 2017. Paradójicamente, en los últimos ejercicios ha habido colectivos como Instituciones Penitenciarias en los que el complemento de productividad ha sufrido fuertes recortes debido a la congelación de suel‐ dos públicos. El modelo está en otros sectores, donde se han introducido novedosas fórmulas liga‐ das al desempeño, como en la Agencia Tributaria, en la que desde 2014 año a año se negocia el plan antifraude de incentivos, que cuenta ingresos, actuaciones y horas extra. Ahora esta filosofía ‐no tanto el modelo, que es único‐ se llevará a otros colectivos de la Función Públi‐ ca, si bien se estudian varias fórmulas para ello y no hay nada cerrado. El melón de aplicar la producti‐ vidad en las plantillas públicas lleva años abierto: el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 ya trataba de potenciarlo. «La evolución de la productividad los últimos años ha sido injusta: se ha tratado en mesa delegada de cada ministerio, donde prima la opacidad», defiende Carlos Álvarez, responsable del sector de Administración General del Estado de Fesp‐UGT. Muchos han sido los inten‐ tos, todos han sido fallidos en los últimos años.

1.2. Hacienda solo recauda un tercio de lo previsto con el alza de impuestos a la gran empresa.

El Ministerio eliminó un abanico de deducciones en Sociedades a finales de 2016 para ingresar 4.655 mi‐ llones de euros: en 2017 recabará unos 1.500 El Gobierno endureció el Impuesto de Sociedades a finales de 2016 para las grandes empresas con un objetivo en mente: recaudar 4.655 millones de euros. El llamado decreto 3/2016 redujo un buen número de beneficios fiscales en el tributo a menos de un mes de acabar el ejercicio, incluso con cambios retroactivos. La medida provocó que la CEOE señalara que la norma podía ser inconstitucional y supuso un varapalo para la gran empresa. A más de un año vista de aprobar este decreto, los ingresos no han estado a la altura: Hacienda «solo» recaudará unos 1.500 millones de eu‐ ros, menos de una tercera parte de lo que preveía. Así lo corroboran varios expertos y fuentes consul‐ tadas así como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en su último informe de ejecución presupuestaria. «El impacto de las medidas del Real Decreto Ley 3/2016 no alcanzará en 2017 los 1.500 millones de euros, frente a los 4.655 millones previstos inicialmente por el Gobierno», concluye la Airef al respecto. Al analizar los últimos datos recabados por la Agencia Tributaria hasta noviembre de 2017, el impacto recaudatorio del decreto, a falta de un mes para el cierre del año, ascendió a 1.238 millones de eu‐ ros. Si bien diciembre es el tercer mes con mayor recaudación en Sociedades ‐los pagos fraccionados del impuesto de Sociedades se afrontan en abril, octubre y en dicho mes‐, la evolución hasta ahora no parece indicar que se logre una meta tan ambiciosa como los 4.655 millones previstos. Papel mojado Pese a ello, la recaudación del Impuesto de Sociedades, a rebufo de la mejora de la actividad y de las bases imponibles, crece a pleno pulmón si bien no logrará los objetivos presupuestados. Los ingresos por Sociedades aumentan un 5,3% entre enero y noviembre hasta los 19.540 millones de euros frente al mismo periodo de 2016. El objetivo marcado en los Presupuestos es de 24.399 millones, un alza del 12,4% que la Airef calcula tiene una probabilidad de cumplirse del 4%. CEOE prevé que la recauda‐

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ción del tributo estará 930 millones por debajo de las estimaciones del Ejecutivo y cerrará en los 23.469 millones. Como fuere, si se cumple esta previsión se trataría de la menor desviación frente a los ingresos presu‐ puestados por Sociedades desde 2013, cuando se recaudaron 933 millones más de lo estimado ante el inesperado cambio de ciclo de la actividad que comenzó a crecer en el segundo semestre. Según cifras de la Agencia Tributaria, en 2014 los ingresos del tributo se inflaron sobre el papel en 3.613 millones, en 2015 en 2.928 millones y en 2016, año en el que el Gobierno suprime este alud de deducciones, en 3.190. La recaudación de Sociedades aún no ha alcanzado la mitad de lo logrado en el pico precris: según la Intervención General del Estado, en 2007 se recaudaron 51.642 millones mientras que en 2016 se re‐ cabaron 25.582. Pese a que los beneficios han recuperado los niveles de 2006, con 206.075 de resulta‐ do contable en 2016, la base imponible, es decir, las ganancias que realmente tributan al descontar beneficios fiscales, aún es un 33% menor y la recaudación es de la mitad. Ello se debe precisamente a las bonificaciones que arrastran numerosas empresas de la época de crisis como las que redujo el de‐ creto de Hacienda a finales de 2016, que recortan la recaudación pese a la recuperación de la actividad. Estas deducciones, además, provocan que según Hacienda el tipo efectivo del impuesto sea del 7,3% para las grandes empresas sobre el resultado contable mientras que para el resto de compañías fue del 12,2% en 2015, lejos del tipo nominal del 28% que regía entonces –hoy en el 25%–. «A ustedes, las grandes empresas, les conviene tributar más porque si no, esto de la cohesión social no se sostiene», señaló el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el año pasado. El Gobierno de Rajoy denunció que cuando llegó al po‐ der en 2012 había empresas del Ibex que no pagaban impuestos. CEOE replica que la metodología de Hacienda toma el resultado contable, que incluye beneficios de las empresas en todo el mundo. Al ser la mayor parte de las grandes compañías multinacionales con bue‐ na parte de su actividad fuera, se recogen resultados por los que han pagado impuestos en otros paí‐ ses, lo que no ocurre con tanta intensidad en el resto de empresas. Por ello, la patronal recomienda utilizar el tipo efectivo sobre la base imponible, que a su vez descuenta los beneficios fiscales sobre el resultado de las compañías. En ese caso las grandes empresas pagan un 19,8% y el resto, un 24,2%. Pese a la rebaja del tipo nominal en 2015 y 2016, en los últimos años el tipo efectivo ha subido por la eliminación de deducciones y bonificaciones en el tributo. Aún así, los ingresos por Sociedades han recuperado cierto tono frente a su mínimo de 2011 (20.490 millones) y están cerca de la media europea: mientras en la UE se recauda un 2,6% del PIB, España logró en 2016 un 2,3%. Entre los tres principales impuestos, Sociedades es el que está más cerca de la media de recaudación de los países de nuestro entorno frente a IVA (un 6,4% del PIB de ingresos, seis décimas por debajo de la UE) o IRPF (7,3%, dos puntos menos que la UE). La mitad de los ingresos que en 2007 La situación ha cambiado mucho desde que el Ejecutivo aprobó el decreto a finales de 2016. El déficit público de dicho año se encarrilaba hacia el incumpli‐ miento del tercer objetivo otorgado a España ese año por Bruselas, después de estar casi todo el año ‐ 5 –

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con el Gobierno en funciones y con unos Presupuestos que aplicaban gran parte de la rebaja de IRPF y Sociedades con el correspondiente impacto. Tras sortear en el último minuto la multa de Bru‐ selas por incumplir el déficit de 2015 ‐frente al 4,2% apalabrado se acabó en el 5% ese año‐, el Gobier‐ no necesitaba alicatar el cumplimiento. Para ello, se subieron los impuestos a las empresas. El Gobierno primero elevó el tipo mínimo de las retenciones de Sociedades que deben adelantar las grandes empresas, para ingresar 8.000 millones. Lo hizo en septiembre, en una sesión vespertina del BOE a escasas horas de que entrara en vigor de cara al siguiente pago fraccionado que comenzaba el 1 de octubre. En diciembre elevó impuestos a tabaco, alcohol y empresas, en este último caso con el decreto 3/2016. Para ello limitó los beneficios en el impuesto de las grandes empresas: redujo la compensación de ba‐ ses imponibles negativas ‐lo que perjudicó a las compañías que cosecharon pérdidas durante la crisis, y que podían anotarse mayores beneficios fiscales‐, recortó hasta el 50% la deducción en la cuota íntegra por doble imposición, y endureció la obligación para devolver bonificaciones por el deterioro de participaciones aplicadas antes de 2013. Subidas a empresas Esta seguidilla de medidas se aprobaron a comienzos de diciembre, lo que impactó en las cuentas de numerosas empresas de dicho ejercicio ya que había medidas retroactivas. Ello generó un alud de críti‐ cas de la patronal, que amenazó con recurrir algunas medidas ya que podrían ser inconstitucionales. Como avanzó ABC, la CEOE volvió a criticar esta andanada de subidas fiscales hace unas semanas. La patronal, en un informe publicado en diciembre, denunció que entre 2012 y 2016 ha habido 35 cam‐ bios en el tributo para lamentar la falta de seguridad jurídica, lo que tiene efectos negativos sobre re‐ caudación, inversión y empleo. Precisamente, si el objetivo de déficit se cumplirá en 2017 al bajar del 3,1% del PIB será por la conten‐ ción del gasto y por el IVA. Los empleos financieros hasta octubre se redujeron un 2,4% y la Autoridad Fiscal cree que cerrarán el año por debajo del objetivo. Incumplirán las metas de recaudación las coti‐ zaciones sociales (para las que el Gobierno estimaba un alza del 6,4% y hasta noviembre crecieron un 5,36% alcanzando récord pero por debajo de lo previsto), Sociedades y, en menor medida, IRPF (se auguraba un 7,7%, hasta noviembre han avanzado un 6,3%). El IVA se erige como la gran noticia en los ingresos: rebasará los objetivos de recaudación frente al 7,3% previsto aumenta un 8% hasta noviembre gracias al fuerte tirón del consumo.

1.3. El gobierno aprobará una reducción de las comisiones en planes de pensiones y la posibili‐ dad de rescatarlos a los 10 años.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avanzó que propondrá al Consejo de Ministros la aproba‐ ción de un real decreto que permitirá a las personas que ahorran en planes y fondos de pensiones re‐ cuperar todo o parte de lo ahorrado a partir de los 10 años de la aportación. Durante su discurso el almuerzo‐coloquio del Foro ABC que tuvo lugar en el Casino de Madrid, el jefe del Ejecutivo explicó que se van a rebajar "muy sensiblemente" las comisiones que los ahorradores pagan a las entidades gestoras. Explicó que el sistema de pensiones público "está garantizado" por el Estado e incidió en que se trata de un "derecho irrenunciable" de los españoles. No obstante, remarcó que hay que seguir acordando "entre todas las fuerzas políticas" medidas para su "estabilidad y mejora". Aseguró que "todo eso es compatible con la iniciativa privada en el ahorro", ya que los planes de pen‐ siones privados existen en España desde hace 30 años y "complementan" el modelo de pensiones públicas. ‐ 6 –

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Rajoy recordó, asimismo, que el Pacto de Toledo anima a reforzar estos sistemas "complementarios" de ahorro y hoy más de 8 millones de personas tienen un plan de pensiones con un ahorro acumulado de 106.000 millones de euros. Según el presidente del Gobierno, con esta reforma se incentiva ese ahorro y se apela a la responsabilidad individual, dando "más libertad y más garantías al ahorrador".

1.4. La OCDE pide elevar la fiscalidad sobre la energía para combatir el cambio climático.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado a los gobiernos elevar los impuestos sobre la energía para combatir los efectos del cambio climático, en vista de los lentos progresos en esta materia registrados en los últimos años.

En su informe 'Taxing Energy Use 2018', que analiza a un total de 42 países de la OCDE y del G20, que representan aproximadamente el 80% del consumo de energía global, la organización considera que es necesario endurecer la fiscalidad 'verde' sobre la energía, ya que está generalmente dominada por los impuestos indirectos y "sigue estando muy por debajo de su potencial". En un comunicado, el secretario general de la institución, Ángel Gurría, señaló que comparar la evolu‐ ción de estos impuestos entre 2012 y 2015 arroja "un resultado desconcertante", ya que se han reali‐ zado o se están realizando "esfuerzos para aplicar el principio de 'quien contamina paga', pero en ge‐ neral los avances hacia el uso efectivo de los impuestos para reducir las emisiones nocivas son lentos". "Los gobiernos deberían hacer más y mejor", añadió. Así, en 2015, excluido el transporte por carretera, la OCDE afirma que el 81% de las emisiones no es‐ taban gravadas. Mientras que en aquellos casos en que sí existían tasas impositivas, se encontraban por debajo de la estimaciones de los costes climáticos (30 euros por tonelada de CO2) para el 97% de las emisiones.

1.5. El gobierno contempla el escenario de una segunda prórroga de los Presupuestos.

El Gobierno no descarta el escenario de que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 puedan prorrogarse hasta 2019, aunque el Ministerio de Hacienda garantiza que, si no hay presupuestos antes, se abonarán las entregas a cuenta para la financiación de las Comunidades Autónomas de 2018 a partir de abril. Fuentes gubernamentales han restado importancia a la posibilidad de que las cuentas de 2018 no sean aprobadas este año y deban prorrogarse las de 2017 por segunda vez, hasta 2019. No obstante, esta prórroga no impediría que el techo de gasto de 2019, que actualiza los objetivos de déficit de las administraciones públicas y la financiación autonómica para ese año pueda ser ratificado en el Congreso a finales de junio o principios de julio. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha explicado en declaraciones informa‐ les a los periodistas del Congreso que si el Gobierno no consigue los apoyos parlamentarios suficientes antes de abril para sacar adelante las cuentas de 2018, presentará diferentes Reales Decretos Ley refe‐ ridos a los funcionarios o a la financiación de las autonomías de 2018.

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1.6. El diseño del impuesto de patrimonio permite eludir su pago, según el IEB.

El Instituto de Economía de Barcelona (IEB) ha publicado un informe denominado '¿Debe existir un impuesto sobre el patrimonio?', en el que constata que el diseño actual del tributo facilita la creación de mecanismos de elusión de la tasa por parte de los contribuyentes.

Así lo indica la investigadora del IEB Mariona Mas, que detalla que el límite aplicable sobre la renta y el patrimonio, que persigue evitar que el tributo sea confiscatorio, junto con la exención de las participa‐ ciones en empresas familiares ‐‐que pretende favorecer la inversión empresarial‐‐ provocan que, con una planificación correcta, se pueda reducir casi en su totalidad la liquidación del impuesto. A su juicio, si se aplicara el actual esquema de liquidación sobre una base liquidable que incluyera las actuales exenciones por participaciones en empresas familiares, la recaudación derivada supondría un incremento aproximado del 87% del cobre por el impuesto de patrimonio. Mas aboga por un cambio de normativa si el objetivo es lograr un impuesto realmente redistributivo, ya que la normativa actual provoca ineficiencias e incrementa los costes para la administración al ges‐ tionarlo. Asimismo, alerta del nivel "mínimo" de inspección al que está sometido este impuesto, ya que entre 2011 y 2014, el total de actas de inspección en Catalunya no alcanzaron ni un 0,3% de las declaracio‐ nes del impuesto sobre patrimonio presentadas. Por su parte, el también investigador del IEB José María Durán coincide en señalar el impuesto sobre patrimonio como un tributo "lleno de deficiencias" en su normativa y sus resultados, ya que aporta solo un 0,3% sobre el total de ingresos tributarios en España. El investigador considera que tanto los inevitables tratamientos especiales como las dificultades de valoración de los bienes son inherentes al impuesto, por lo que se muestra "escéptico" ante su capaci‐ dad de funcionar como elemento redistributivo y capaz de reducir la desigualdad.

1.7. a) El PP propone incentivos fiscales para las empresas que usen blockchain.

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Las ventajas también podrían abarcar la impresión en 3D o el Big Data

El Partido Popular está preparando una legislación que incluirá exenciones fiscales para atraer a com‐ pañías que utilicen blockchain, la tecnología en la que se basa el bitcoin. Así lo ha anunciado Teodoro

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García Egea, el diputado que está desarrollando la propuesta, cuyo objetivo es atraer a empresas pun‐ teras.

1.7. b) ¿Cómo salir con beneficios de las monedas digitales? Compre un chalet en Canarias por 45 bitcoin.

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La operación puede ser una ruina si el precio del bitcoin sigue bajando

El sector inmobiliario se está abriendo paso en el mundo de las monedas digitales como alternativa para materializar la inversión en criptodivisas. Cada vez es más habitual ver anuncios en portales inmobiliarios que venden viviendas en bitcoins. l Seis viviendas en España que se pueden comprar en bitcoins La vivienda se está convirtiendo en un vehículo para desinvertir en bitcoin, o al revés, vender un inmueble para adquirir bitcoins aprovechando la caída de las monedas digitales esperando a que suba de nuevo. Algunos propietarios que tienen su vivienda a la venta, consideran que la consolidación del bitcoin es solo una cuestión de tiempo. De hecho, un propietario que tiene una vivienda en el portal inmobiliario fotocasa y que sólo acepta el pago por bitcoin explica "creo firmemente, con independencia de los alti‐ bajos que tendrá la cotización en el tiempo, que las criptomonedas son el futuro en una economía cada vez más globalizada en el mercado inmobiliario". Situada en una de las mejores zonas residenciales de las Islas Canarias, en El Sauzal, en Santa Cruz de Tenerife, esta casa unifamiliar de 215 metros cuadrados y 700 metros cuadrados de terreno con vistas al mar se puede adquirir únicamente mediante la criptomoneda por un precio de 45 Bitcoins (450.000 euros, al actual cambio). El hecho de que en el último año la moneda virtual haya tenido una revalorización extraordinaria permite a quien haya invertido en ella hace solo unos meses poder comprar esta propiedad a un precio muy por debajo del precio que hoy tiene al cambio en euros. Por ejemplo, para quien haya invertido en marzo 2017 los 45 bitcoins a los que se vende la casa significará poder adquirir la propiedad por sólo 112.000 euros. Y no digamos ya si las ha comprado hace un año, en tal caso este chalet le costaría 44.000 euros, explica el propietario de la vivienda de las Islas Canarias. Ante el temor de que su valor no se mantenga en un futuro, la compra de viviendas mediante esta fórmula puede ser una oportunidad única para que los dueños de bitcoins y recojan los beneficios en forma de una propiedad. "Aún es incipiente, pero estamos notando que comienzan a ofertarse viviendas que aceptan el pago total o parcial en este tipo de moneda como consecuencia de su revalorización y el interés que despier‐ ta en determinados inversores", explica Beatriz Toribio, directora de Estudios de fotocasa. El propietario de la vivienda asegura que "el tema de los extranjeros es especialmente relevante con las transacciones de bitcoins y es la posibilidad de que vaya dirigido a un mercado internacional y no sólo local: el comprador de la casa puede ser de nacionalidad china, rusa, española, coreana, etc. El volumen de inversores en criptomonedas es mundial".

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1.7. c) El bitcoin se desploma un 45% desde enero: las dudas sobre Bitfinex y tether lastran las criptodivisas.

El bitcoin acumula una caída de más del 45% desde que el seis de enero marcase máximos anuales en los 17.135 dólares por unidad. Desde entonces, la divisa virtual más relevante ha sufrido un desplome intenso que ha llevado al bitcoin a per‐ der los 10.000 dólares con claridad. En la sesión presente, este criptodivisa corrige alrededor de un 11% y se mueve en el entorno de los 9.000 dólares por unidad. Parece que una plataforma llamada Bitfinex y sus dudosas prácticas pueden estar detrás de la fuerte pérdida de confianza de los inver‐

sores en las divisas digitales. Su retroceso en enero ha borrado de la capitalización unos 44.200 millones de dólares hasta caer por debajo de los 200.000 millones en valor de mercado en los que se movía el año pasado, la pérdida mensual en dólares es la más grande de la breve historia de los activos digitales, según destacan desde Bloomberg. Según publica The New York Times, existe una creciente preocupación sobre el bitcoin y la forma en la que sus precios han llegado a máximos históricos. Cada vez más inversores de divisas virtuales creen que los precios de bitcoin y otros tokens digitales se han visto beneficiados artificialmente por una plataforma ampliamente utilizada llamada Bitfinex, que tiene una historia muy ligada a la piratería y las prácticas comerciales opacas. En diciembre, Bitfinex fue citada por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), una agencia reguladora de EEUU. Un fuente familiarizada con la citación ha confirmado la investifación, mientras crecen las sospechas de se han impulsado los precios de las divisas virtuales a través de esta platafor‐ ma. La noticia de la investigación, también adelantada por la agencia Bloomberg, ha traído una venta masiva en la mayoría de las monedas virtuales. ¿Cómo funciona Bitfinex? Las personas detrás de Bitfinex emiten una moneda virtual llamada tether. A diferencia de la mayoría de los tokens digitales, se supone que cada tether está respaldado por dinero tradicional o fiduciario. Por ejemplo, el dólar de EEUU. Los nuevos tokens de tether se emiten cuando los inversores dan dólares a cambio. Un dólar vale una ficha de tether. Gracias a la credibilidad que otorga este tipo de operación respaldada por dinero fiduciario, muchos tether se cambiaban por monedas virtuales como bitcoin. En caso de que el inversor quisiera deshacer la operación sólo tenía que vender sus bitcoin por tether (mucho más sencillo que cambiar bitcoin por dólares directamente) y luego cambiar los tether por dólares o la divisa fiduciaria que respaldase esos tokens. Pero esta historia tan bonita en principio parece que no va a tener un final feliz. En los últimos meses muchos inversores han estado advirtiendo sobre tether. Se crearon cientos de millones de dólares en nuevos tether; casi siempre cuando los precios de otras monedas virtuales caían con fuerza en el mer‐ cado. Los tether se usaron en la plataforma de Bitfinex para realizar grandes compras de bitcoin y otros tokens, lo que ayudó a aumentar sus precios.

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Ahora, los expertos y agentes del mercado especulan sobre el motivo de la citación de Bitfinex ante la CFTC. Algunos creen que Bitfinex no ha guardado los dólares que sus clientes entregaban a cambio de tokens, por lo que si en algún momento una oleada de inversores quieren recuperar ese dinero fidu‐ ciario se van a encontrar con un 'corralito' en toda regla. Esta situación está hundiendo los precios de las divisas virtuales, según destacan desde The New York Times. Además, los reguladores de Corea del Sur y EEUU siguen incrementando la presión sobre estos mercados, ante la creciente preocupación sobre posibles manipulaciones del mercado y otras prácticas de dudosa legalidad. Los expertos ven más volatilidad "Hace poco, cuando llegamos a los 10.000 dólares, la criptomoneda adoptó la imagen de activo alcista que siempre iba a encontrar una base y volver a subir", según ha comentado Stephen Innes, director de operaciones de Oanda en la región Asia Pacífico. "Cuando hablamos del reino de los activos con mayor riesgo y algo pierde el 50% de su valor, eso me dice que va a seguir bajando. Lo triste es que mucha gente se verá perjudicada, porque seguirá comprando cosas que bajan". Desde que alcanzó su techo, muy cerca de los 20.000 dólares, a comienzos de diciembre después de que se presentasen los contratos de futuros en bolsas reguladas de EEUU, una serie de noticias negati‐ vas han golpeado con fuerza al bitcoin y a las criptomonedas rivales. Los retrocesos se han intensifica‐ do desde el comienzos de 2018. El 26 de enero, el robo de la suma récord de 500 millones de dólares en una moneda digital en Coin‐ check, una bolsa japonesa, incrementó la presión sobre los entes reguladores para que investiguen las prácticas empresariales dentro de esta industria que funciona fuera de los marcos legales. En Corea del Sur, uno de los países más activos en las operaciones con divisas virtuales, las autoridades siguen debatiendo medidas más duras, entre ellas una prohibición de ese tipo de bolsas y plataformas. La India se pone seria El Gobierno de la India ha anunciado que tomará "todas las medidas" para acabar con el uso de crip‐ tomonedas como método de pago en el país y advirtió que no las considera monedas legales. "El Gobierno no considera que las criptomonedas sean de curso legal o como moneda y tomará todas las medidas para eliminar el uso de estos activos en la financiación de actividades ilegítimas o como parte del sistema de pagos", indicó el ministro de Finanzas, Arun Jaitley, en el Parlamento indio duran‐ te la presentación de presupuesto del Estado. El anuncio de Jaitley se produce después de que el Go‐ bierno tomara acciones semanas atrás para controlar el uso del bitcóin como método de lavado de dinero. En diciembre inspectores del Departamento de Impuestos indio irrumpieron en centros de intercam‐ bio de bitcóin en Delhi, Bangalore, Hyderabad, Kochi y Gurgaon en busca de pruebas para identificar a los inversores y comerciantes y las transacciones realizadas. El Banco de Reserva de la India (RBI, en sus siglas en inglés) también ha reiterado en el pasado su desconfianza hacia estas monedas virtuales. "Ninguna aprobación regulatoria, registro o autorización ha sido declarada por las entidades interesa‐ das para continuar con esas actividades" de intercambio de bitcóins, indicó el RBI en diciembre de 2013, una postura que ha mantenido a lo largo de los años. Ante toda esta confusión sobre el futuro marco regulatorio de las divisas virtuales, Innes anticipa que la criptomoneda seguirá desplomándose hasta llegar a la franja de 5.000 a 6.000 dólares, aunque más tarde volverá a recuperarse hasta alcanzar los 10.000 o 15.000 dólares. Sin duda será una trayectoria accidentada, dado que de ahora en adelante las autoridades mundiales examinarán más la industria de las criptomonedas, opinó.

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1.7. d) Los expertos advierten a Montoro: “No hay tecnología capaz de controlar las criptomo‐ nedas”.

Especialistas ven escasas posibilidades de éxito a corto o medio plazo a los intentos de control de Hacienda Hacienda quiere controlar las criptomonedas y su utilización como medio de pago de actividades ilícitas. Así lo recoge el Plan de Control Tributario y Aduanero para 2018 de la Agencia Tributaria que pu‐ blicaba este martes el BOE. El problema, según los expertos consultados por La Vanguardia, es que estas buenas intenciones no son más que eso un intento muy loable, pero con escasas posibilidades de éxito al menos en el corto y medio plazo.

“En este momento, no existe ninguna tecnología capaz de fiscalizar las monedas digitales”. Así de con‐ tundente es Pablo Fernández Burgueño, abogado de la consultora NevTrace y uno de los mayores expertos en monedas digitales y tecnología blockchain de España. Dos objetivos para Hacienda Dos son los objetivos de Hacienda de cara a controlar las monedas digitales. Por un lado, el control del patrimonio que los contribuyentes puedan generar a través de la compra venta de este tipo de acti‐ vos”. La forma más fiable de hacerlo sería, según explica, confiar en la colaboración voluntaria de los ciudadanos y que sean ellos quienes informen a la Agencia Tributaria de las operaciones que hacen en esas monedas digitales. Otra posibilidad es controlar la actividad de los brokers a través de los que compran y venden esas criptomonedas. Los expertos estiman que el 80% de las transacciones de usuarios individuales puede que se estén realizando a través de brokers organizados, aunque nadie sabe con certeza la actividad real. En esos casos, los usuarios suelen utilizar las cuentas de sus bancos para enviar las transferencias del dinero real (euros, dólares, libras.. ) con las que compran las monedas virtuales y también reciben la conversión cuando las venden. “En ese sentido sería necesaria la colaboración de los bancos para com‐ partir con Hacienda esa información”, explica Sergio Carrasco, profesor de Derecho y consultor en la asesoría Fase Consulting. Más fácil con los bitcoins Siendo positivos, este control es medianamente posible si hablamos de las monedas más populares como bitcoins. La cadena de bloques en la que se basa esta criptomoneda es una contabilidad digital que sí recoge información del sujeto que compra y del que vende. “Pero ojo! Recoge la información que el sujeto quiere introducir. Nadie verifica que sea ese el sujeto real que hace la transferencia”, advierte Fernández Burgueño. Pero esto es apenas la punta del iceberg del mundo de las criptomonedas. “El mundo de la delincuencia organizada y las mafias ya ha pasado página y está apostando por otras monedas que realmente garan‐ tizan la seguridad de sus usuarios como son Monero o ZCash”, explica este experto. El mundo de la delincuencia organizada y las mafias ya ha pasado página y está apos‐ tando por otras monedas que realmente garantizan la seguridad de sus usuarios como son Monero o ZCash Monero, por ejemplo, surgió como respuesta a esas intenciones de los Gobiernos de controlar el mundo digital. La cadena de blockchain sobre la que está montada ha cambiado la forma en la que se dan de

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alta los datos y en ningún caso permite rastrear información que identifique a ninguna de las partes que participa en la transacción. Podría pensarse que, a pesar de todas estas precauciones, los malos podrían ser pillados cuando inten‐ ten transformar esas monedas digitales en dinero real. Es decir, cuando se incluyan en el circuito finan‐ ciero regulado. Pero, los tiempos avanzan que es una barbaridad, y las mafias organizadas ni siquiera necesitan ya esa vía para blanquear sus beneficios. “En la internet oscura, la Darknet, que es diferente a la Deepweb (internet profunda) a la que se refiere el texto publicado en el BOE, existen páginas como Helix o ShapeShift en las que se facilita la transformación de monedas virtuales procedentes de activi‐ dades ilícitas en bitcoins limpios sin que quede ningún tipo de registro de quién hizo qué, ni de quién es quién”, explica Burgueño.

1.8. Hacienda reclama a los concesionarios el IVA del descuento por financiación.

Investiga las rebajas libres de impuestos en miles de ventas a crédito, también en Galicia Afecta a toda la red comercial, incluida la gallega, porque los inspectores de Hacienda están pidiendo las cuentas de los últimos cuatro años. ¿Qué buscan? «La investigación se centra en el IVA no aplicado a las promociones que se ofrecen a los clientes que optan por pagar el coche a través de la financiera de la marca», confirma Faconauto, la patronal española de los concesionarios. El sector de la distribución se explica, y asegura que no se ha aplicado el IVA sobre el descuento, por considerar que esa suma está ligada a una operación financiera; y la actividad crediticia, así como la de los seguros, no está sujeta a este gravamen.

1.9. Informe sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía, Indus‐ tria y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, del 28 de abril de 2010, con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo. Además, el Gobierno aprovecha para incorporar algunas novedades de la V Directiva de Blanqueo que se publicará a lo largo del primer semestre de este año. El texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar la tramitación parlamentaria.

Aunque la mayor parte de los elementos de la Directiva europea ya están en vigor en España, se in‐ corporan novedades como la ampliación de los colectivos afectados por la Ley. Se añaden, como sujetos obligados a la aplicación de las medidas contra el blanqueo, aquellos que intermedien en alquileres con renta mensual superior a diez mil euros y las plataformas de financiación participativa "crowdfunding". Facilitar las denuncias A su vez, la nueva norma insta a desarrollar mecanismos para facilitar las denuncias sobre incumpli‐ mientos de la normativa de prevención de blanqueo. En concreto, se establece que las entidades suje‐ tas a la norma (bancos, aseguradoras, despachos de abogados, entre otros) deberán crear mecanismos de denuncia interna, mientras que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) contará con un sistema para recibir y canalizar denuncias. Asimismo, la norma refuerza los controles para personas con responsabilidad pública "Politically Ex‐ posed Persons o PEPs", que en la actualidad incluyen las de Comunidades Autónomas y Entidades Lo‐ ‐ 13 –

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cales. Se equipara el control de las personas de responsabilidad pública nacionales, cuya intensidad hasta ahora se determinaba caso por caso, a las extranjeras, que están sometidas a especial seguimien‐ to de manera general: conocimiento del origen de los fondos del cliente, análisis más intenso de la ope‐ rativa que realiza la revisión anual de la información y la documentación que maneja. Registro de prestadores de servicios Además, se crea un registro de prestadores de servicios a sociedades, que contendrá a aquellos sujetos cuya actividad sea la creación de sociedades para terceros o cesiones de domicilio, en‐ tre otras. Y se modifica el contenido del Fichero de Titularidades Financieras, creado con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Hasta ahora, este fichero contenía los datos de apertura o cancelación de cuentas corrientes, de cuen‐ tas de ahorro, de cuentas de valores y de depósitos a plazo y, con la reforma, pasará a incluir las cajas de seguridad y las cuentas de pago. Almacenamiento de datos y sanciones El Anteproyecto permite, además, establecer bases o sistemas comunes de almacenamiento de datos recabados en los procesos de identificación de clientes. Las entidades pueden, así, ahorrar recursos al poder compartir esta información. Estos sistemas se pondrán en marcha con pleno respeto a la Ley de Protección de Datos. El régimen sancionador por incumplimiento de la normativa de prevención es otro de los puntos que se modifican con el Anteproyecto. Las multas máximas pasan del 5 por 100 del patrimonio neto de la entidad al 100 por 100 del volumen de negocio consolidado del grupo. Finalmente, se refuerzan tam‐ bién los sistemas de cooperación entre supervisores europeos dedicados a esta materia.

1.10. El impuesto sobre sucesiones no existe o es residual en la mitad de países de la UE.

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Solo cuatro Estados miembros recaudan más que España por gravar las herencias

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Ningún partido político propone la supresión total del tributo

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Que todos los testamentos que se otorguen en los dominios de la Monarquía española contengan una cláusula de manda forzosa de doce reales de vellón en las provincias de la península é islas adyacentes, y tres pesos en las de América y Asia (...)”. Así rezaba el decreto de 3 de mayo de 1811 que aprobaron las Cortes de Cádiz y que establecían la Manda Pía Forzosa, el antecedente del impuesto sobre sucesio‐ nes y donaciones actual. Gravar las herencias sigue siendo una práctica habitual en la mayoría de Estados modernos y se ha justificado para fomentar la igualdad de oportunidades. Establecer impuestos sobre lo que uno ha re‐ cibido sin esfuerzo personal ha sido defendido, por ejemplo, por teóricos del liberalismo como John Stuart Mill. A pesar de que la mayor parte de países desarrollados contempla en su sistema fiscal algún tipo de figura para gravar las herencias, el impuesto sobre sucesiones no se aplica o es residual en la mitad de los países de la UE. En concreto, en 15 Estados miembros. Entendemos por residual que la recaudación del tributo no alcance el 0,1% del PIB. Croacia, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Hungría y Eslovenia son algunos de los países europeos en los que el impuesto sobre sucesiones y donaciones existe, pero cuya recaudación es testimonial. En el ordenamiento jurídico de Suecia, Estonia, Rumanía o Eslovaquia no se contempla el impuesto sobre sucesiones. El tributo que grava las herencias sí es relativamente relevante en Francia, Bélgica, Alemania, Dina‐ marca, España o Reino Unido. En el caso español, el impuesto sobre sucesiones es un tributo estatal, pero cedido a las comunidades autónomas, que tienen una amplia competencia para modificar los ti‐ pos y fijar bonificaciones. La recaudación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en España se ha movido desde 1995 entre el 0,2% y el 0,3% del PIB. A pesar de los cambios normativos de las autonomías, que han tendido a aprobar elevadas bonificaciones para las herencias y donaciones entre familiares directos, la recauda‐ ción se ha mantenido muy estable en los últimos 20 años. Con datos de 2016, solo Bélgica, Francia, Bulgaria y Holanda han recaudado más que España, cuyos ingresos por el impuesto sobre sucesiones se situaron en el 0,2% del PIB. Es el mismo porcentaje que Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Malta, Reino Unido o Finlandia. Junto con el IBI, el impuesto sobre sucesiones es el único tributo en el que España logra situarse en la media europea. En los grandes im‐ puestos (IRPF, IVA y Sociedades), la recaudación se encuentra por debajo del promedio europeo. En Bélgica, el impuesto sobre sucesiones alcanza el 0,7% del PIB y, en Francia, llega al 0,5%. Los dos niveles más elevados. El futuro del tributo “Hemos logrado suprimir el impuesto sobre sucesiones en Andalucía y Murcia, y vamos a luchar para que se suprima en Aragón y en toda España. No es justo pagar dos veces por lo que es tuyo”, declaró la semana pasado Albert Rivera en una entrevista a Aragón TV. En realidad, no existe doble imposición en el impuesto sobre sucesiones en la medida en que se grava una transmisión de riqueza, que pasa de unas manos a otros. A pesar de que el líder de Ciudadanos asegura que el impuesto se ha eliminado en Andalucía o Murcia, ello no es así. Lo que se ha aprobado en ambas comunidades es establecer una bonificación del 99% en el caso de herencias y donaciones entre familiares directos, aquellas que pasan de padres a hijos. El

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tributo sigue existiendo y es elevado cuando las transmisiones se producen entre familiares de segun‐ do grado como primos o tíos.

Madrid, la comunidad pionera en eliminar prácticamente el impuesto sobre sucesiones y donaciones cuando los bienes pasan de padres a hijos, también mantiene un tributo relativamente elevado para otros supuestos. La Comunidad de Madrid recaudó en 2016 un 40% más por el impuesto sobre suce‐ siones por la herencia del expresidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez. Entre los beneficiarios se encontraba el sobrino del fundador y hoy presidente, Dimas Gimeno, que no pudo beneficiarse de la bonificación del 99% para familiares directos. Ello explica que la recaudación se disparase. El impuesto sobre sucesiones no se ha suprimido en ninguna comunidad y es improbable que ello ocu‐ rra, a pesar de las palabras de Rivera. De hecho, no hay ningún partido político que abogue por su eli‐ minación. Tampoco Ciudadanos. En las últimas elecciones generales, la formación naranja propuso que “solo tributaran las herencias millonarias y que se fijaran los mismos mínimos y máximos para toda España”. En concreto, defendieron que “quedarán exentos del pago la vivienda habitual, la empresa familiar y hasta 1 millón de euros heredado por cada hijo”. En comunidades como Madrid, esta medida supondría elevar el impuesto para los grandes patrimonios en el caso de las herencias entre familiares directos. Ciudadanos también defiende una armonización fiscal para acabar con las diferencias actua‐ les entre comunidades. El Gobierno de Mariano Rajoy podría suprimir el tributo porque es de titularidad estatal, aunque si lo hiciera debería compensar a las comunidades. No se lo plantea. Hacienda ve con buenos ojos armoni‐ zar el impuesto, establecer un mínimo exento común y limitar la competencia autonómica fijando una horquilla de tipos máximos y mínimos.

1.11. Hacienda caza otra vez a Pepe Jeans: ahora por fingir préstamos hacia Holanda.

La Audiencia da la razón a la Agencia Tributaria con el préstamo, que avisó de que casi fue delito fiscal. Abre más inspecciones a la firma, cuyo CEO fue condenado por la lista Falciani

Hacienda ha mordido presa en la multinacional española Pepe Jeans y no la suelta. La pugna no acabó con la condena en conformidad por delito fiscal contra su CEO y alma máter, Carlos Or‐ tega. La Agencia Tributaria ha conseguido que la Audiencia Nacional le dé la razón en la mayor

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parte de un contencioso que mantenía con la empresa por simular préstamos desde su matriz en Holanda, una firma sin personal ni apenas capital que luego dependía de otra en las Antillas Holan‐ desas. Además, en la sentencia se recoge cómo la inspección no mandó el caso a delito fiscal solo

porque la cuota no llegaba. Después de eso, abrió inspecciones a la compañía por los años siguientes, por lo que la pugna continúa. Pepe Jeans es una muñeca rusa. Pepe Jeans SL pertenece a Pepe Jeans BV, con sede en Holanda, que a su vez pagaba por 'royalties' de la ropa a Pepe Jeans NV, en el paraíso fiscal de las Antillas Holan‐ desas. El trasiego de dinero entre las firmas no es sencillo de seguir, ya que en los últimos años han incluido un préstamo de unos 15 millones desde la holandesa a la española. Hacienda abrió inspeccio‐ nes a la empresa por el impuesto de sociedades de los años 2005, 2006 y 2007 en los que le reclama‐ ba 752.404 euros. La empresa recurrió a la Audiencia, que el pasado 11 de diciembre dio la razón en la mayoría de sus argumentos al fisco. El principal punto en disputa era un préstamo que Pepe Jeans había recibido de Pepe Jeans BV. Los intereses de ese préstamo se los deducía en España, pero Hacienda alegaba que no había documentación que acreditara aquello. "Debemos concluir que la existencia del préstamo no ha resultado acreditada a partir del 9 de mayo de 2005", señala la sentencia. La Audiencia sí da la razón a la empresa en una deducción por innovación tecnológica y estima su recurso en ese punto. La sentencia, del pasado 11 de diciembre, puede ser recurrida en casación ante el Supremo. La sentencia recoge la dureza con la que los inspectores ven las prácticas de Pepe Jeans: "¿Cómo es posible que se paguen intereses por cientos de miles de euros a una sociedad vinculada con uno al 100%, y no se esté en condiciones de probar de una manera exhaustiva en concepto de qué —o por qué préstamos— se pagan tales intereses? Y, si no se está en condiciones de probarlo, ¿cómo es posi‐ ble que un obligado tributario se los deduzca? Y todo ello, sin olvidarnos que todo lo expuesto viene trufado con la participación de entidades residentes en las Antillas holandesas (...) Cómo veremos la cosa de grave, que nos vemos obligados a decir que, si la cuantía del ajuste en alguno de los ejercicios concernidos hubiera deparado por sí sola una cuota que hubiera superado el correspondiente umbral penal (artículo 305 del Código Penal), en su día no habríamos dudado en remitir el expediente a la Unidad Especial que examina los expedientes en los que se aprecian 'indicios de delito".

No habría sido la primera vez que el nombre de Pepe Jeans acaba vinculado al delito fiscal. Carlos Or‐ tega, CEO, accionista y alma máter, ha aceptado pagar unos 10 millones de euros por delito fiscal tras aparecer en la lista Falciani. Es la mayor condena en vía penal que ha conseguido la Agencia Tributa‐ ria. Además, aparecía en los papeles de Panamá como dueño de una colección de arte que formal‐ mente tenía su sede en las Islas Vírgenes pero que en realidad se repartía entre sus casas de Madrid, Sotogrande y Londres. La empresa ya temía que podía perder este pleito, según recogen las cuentas de la empresa de 2017. "Los administradores de la sociedad consideran que la reclamación pertinente probablemente sea resuelta suponiendo un efecto adverso, por lo que la compañía tiene registrada una provisión por im‐ porte de 495.060 euros". Después de esa inspección, le siguieron llegando visitas del fisco. El 13 de octubre de 2015, le abrió inspección por los impuestos de sociedades entre 2010 y 2014, el IVA de 2011 a 2013 y retenciones entre 2011 y 2013. Entre 2016 y 2017, en la empresa hubo actas en dis‐ conformidad por valor de 1,39 millones de euros, lo que augura que la pugna judicial continuará.

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1.12. Eurodiputados creen que sacar a Panamá y otros siete paraísos fiscales de la “lista negra” resta credibilidad a la UE.

La UE pierde hasta un billón de euros al año por la evasión y elusión de impuestos, según cálculos de la Comisión Europea.

Los ministros europeos de Finanzas decidieron el pasado 23 de enero sacar a Panamá, Barbados, Granada, Corea del Sur, Macao, Mongolia, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos de la “lista negra” de paraísos fiscales, porque se comprometieron a abordar las preocupaciones de la UE. ¿Qué opinan los eurodiputados? El alemán Werner Langen, del Partido Popular Europeo, considera en una entrevista que se trata de una decisión “inapropiada”. “El Consejo no debería decidir sobre la base de cartas y garantías no vin‐ culantes, sino sobre hechos”, añade el expresidente de la comisión especial de investigación de los llamados “papeles de Panamá”, el entramado de sociedades creadas en paraísos fiscales para evadir impuestos. "Creo que la decisión resta credibilidad a la UE”, sostiene por su parte la socialdemócrata portugue‐ sa Ana Gomes, vicepresidenta de la comisión especial. Gomes opina que en cualquier caso la credibili‐ dad de la Unión “nunca fue muy convincente” en este terreno. “Algunos de los mayores paraísos fisca‐ les del mundo son los Estados miembros de la UE, que bloquean constantemente cualquier intento de reforma interna significativa", asegura. "La legislación actual permite a ciertos Estados miembros utilizar la elusión fiscal legal como un 'mo‐ delo de negocio' para apoyar su propia economía”, recuerda Langen en este mismo sentido. “Estas prácticas deben detenerse para garantizar una competencia fiscal justa entre los Estados miembros", agrega. Pérdida de un billón de euros La Comisión Europea calcula que la UE deja de ingresar alrededor de un billón de euros al año debido a la evasión y elusión de impuestos. Este dinero podría destinarse a cubrir gastos en sanidad, educa‐ ción y servicios sociales, pero en su lugar acaba en paraísos fiscales de todo el mundo. Solo la pérdida impositiva asociada a los llamados “papeles de Panamá”, el entramado de sociedades creadas en pa‐ raísos fiscales para evadir impuestos, podría haberse destinado a dar apoyo a 1,5 millones de puestos de trabajo.

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Origen de la “lista negra” de paraísos fiscales El establecimiento de una “lista negra” de paraísos fiscales fue una de las principales demandas de la comisión parlamentaria temporal sobre blanqueo de capitales y evasión y fraude fiscales, que inves‐ tigó qué medidas deberían tomarse para abordar este problema. La UE creó la “lista negra” de paraísos fiscales en 2017 con el objetivo de señalar a todos aquellos países que, pese a las advertencias de la Unión, no adoptaron medidas significas para corregir las de‐ ficiencias detectadas.

1.13. La UE saca a Panamá y a otros siete países de la lista de paraísos fiscales.

Cuando la aprobó el pasado mes de diciembre, la UE ya demostró poca ambición con la lista negra de paraísos fiscales. Tan sólo 17 países formaban parte de ella y ayer la cifra se redujo a nueve. Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez han logrado aban‐ donarla, bajo la promesa de que van a modificar sus legislaciones.

La UE asegura que tal compromiso está firmado “a alto nivel político”, según dijo el ministro de Finanzas búlgaro, Vladislav Goranov, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria. Sin embargo, los documentos que deben probarlo no son públicos, lo que pone en tela de juicio la política de transparencia de la UE, más teniendo en cuenta que es justo eso lo que exige a los países que considera paraísos fiscales. “No podemos pedir transparencia a otros y no serlo nosotros mismos”, dijo el comisario de Economía, Pierre Moscovici, que exigió a los estados miembros que publiquen dichas promesas. Aunque su de‐ manda no surtió mucho efecto. “No podemos publicar automáticamente estas cartas que nos han remi‐ tidos estas jurisdicciones, pero sí vamos a proponer que se debata y ellas mismas decidan si están dis‐ puestas a revelar los compromisos asumidos”, dijo Goranov. Moscovici abogó también por aprobar sanciones contra el resto de los países de la lista negra y pidió que las instituciones financieras de la UE, como el Banco Europeo de Inversión, tengan prohibido ope‐ rar en dichos territorios. Dos propuestas que tampoco fueron compartidas por los ministros de Finan‐ zas. Los nueve países que ayer abandonaron la lista negra pasaron a engrosar la denominada lista gris, formada por los que dicen estar dispuestos a colaborar con la UE. Si a finales de año no cumplen sus promesas, volverán a la lista de negra de paraísos fiscales.

1.14. El negocio de la SGAE llega a su fin y ya tiene competencia en España.

Aunque con años de retraso, España ultima el reglamento para adaptarse a las normas de la Unión Europea en cuanto a los derechos de autor. Un desfase que podría costarle muy caro a las arcas públicas en concepto de multa por no haber adaptado antes las leyes.

Y es que en 2016 la revisión de la normativa europea obligaba a los Estados miembros a cambiar sus reglas antes de 2018. En el caso de España la nueva norma es todavía un borrador que apunta al fin del negocio de la SGAE y el resto de sociedades sin ánimo de lucro que han gestionado durante estos años este importante negocio. ‐ 19 –

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Con este paso el modelo de negocio en España llega a su fin con el final de una etapa que ha estado marcada por la poca transparencia en la gestión y recaudación de ingresos por los derechos de autor. A ello hay que unir la mala imagen que se había asociado a la SGAE implicada en varios escándalos y operaciones policiales con registros y detenciones que dieron la vuelta a España en todos los informa‐ tivos.

1.15. El BEI y DLL (grupo Rabobank) facilitan 200 millones de euros para financiar las inver‐ siones de las pequeñas y medianas empresas españolas.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha otorgado un préstamo de 100 millones de euros a De Lange Landen International (DLL), operador financiero global y empresa 100% filial de Rabobank. Como parte del acuerdo, DLL aportará otros 100 millones de euros adicionales, con lo que el volumen final puesto a disposición de las pymes y empresas de mediana capitalización españolas será de 200 millones de euros. El acuerdo ha sido ratificado en Madrid por el vicepresidente del BEI, Román Escolano, y el director general de DLL para España y Portugal, Alvaro Zafra.

El préstamo del BEI permitirá reforzar las operaciones de leasing destinadas a financiar las inversio‐ nes de pequeñas y medianas empresas, sobre todo en los sectores agrícola, alimentario y de la cons‐ trucción. Las compañías que accedan a esta línea de crédito podrán beneficiarse de una financiación competitiva tanto en plazos de amortización como en tipos de interés. El acuerdo prevé cubrir hasta el 100% del coste de los proyectos que no superen los 25 millones de euros con un máximo de financia‐ ción de 12.5 millones de euros. En el acto de firma en Madrid, el vicepresidente del BEI, Román Escolano, ha asegurado: «El apoyo a las pymes es una de las prioridades del BEI. Por este motivo, nos complace firmar un acuerdo que permi‐ tirá facilitar recursos financieros a pequeñas y medianas empresas españolas, sobre todo a las que traba‐ jan en el sector agrario y agro alimentario. Gracias a este préstamo, las pymes y empresas de mediana capitalización dispondrán de nuevas líneas para financiar las inversiones necesarias para continuar des‐ arrollando su actividad y, de esta forma, crear empleo». Por su parte, Álvaro Zafra, director general de DLL para España y Portugal, ha resaltado que “desde de su llegada a España hace más de 20 años, DLL siempre ha apostado por el diverso tejido empresarial es‐ pañol. Con este acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), continuamos con nuestra misión de financiar los activos de nuestros clientes para así facilitarles su desarrollo y crecimiento”.

1.16. El Gobierno pretende acabar con el reparto ‘obligatorio’ de dividendos.

El Gobierno está dispuesto a acabar con el llamado reparto obligatorio de dividendos. Para ello, el Partido Popular ha presentado una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados, que pretende modificar el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital. La normativa actual otorga al socio un derecho de separación en caso de falta de distribución de un dividendo mínimo, siempre que se cumplan determinados requisitos, como lograr un año de benefi‐ cios.

La intención del Gobierno es proponer una nueva redacción que trate de alcanzar un equilibrio entre las posiciones de los socios mayoritarios y minoritarios con el interés social de la empresa. ‐ 20 –

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En la actualidad, la redacción del artículo 348 bis pretendía convertirlo en una medida de protección para los accionistas minoritarios. La existencia de grupos de control podía impedirles obtener un ren‐ dimiento económico, un extremo que se produce en numerosas ocasiones en las empresas familiares de segunda o tercera generación. Así, la Junta, amparándose en la posición mayoritaria, puede optar por reinvertir la totalidad del bene‐ ficio y oponerse al dividendo. Además, los mayoritarios ya obtienen generalmente retribuciones de la sociedad como administradores o salarios …. Como principal novedad que plantea la propuesta presentada hay que destacar la posibilidad de que los estatutos de la sociedad excluyan la aplicación del polémico artículo, si bien la introducción de di‐ cho pacto estatuario deberá aprobarse por la junta general, con unos requisitos especiales

1.17. La FEMP acepta la modificación de la plusvalía.

La Junta de Gobierno Extraordinaria acuerda por unanimidad plantear al Gobierno la creación de un fondo de compensación

La Junta de Gobierno Extraordinaria de la FEMP ha acordado por una‐ nimidad que se modifique a la mayor brevedad el impuesto sobre plus‐ valías de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional del pasa‐ do mes de junio. Entiende este órgano de la FEMP que debe regular‐ se con urgencia para despejar la inseguridad jurídica creada, en base a la propuesta elaborada por Hacienda de acuerdo con la Federación. Esa propuesta, a juicio de la Junta de Gobierno, debería entrar en vigor cuanto antes para dar garantías jurídicas, pero con posterioridad deberá ser ampliada y precisada en el marco de la nueva financiación local pendiente de ser negociada con el Ejecutivo. La Junta de Gobierno de la FEMP ha consensuado, además, plantear la creación de un fondo de com‐ pensación a través de una enmienda al texto propuesto por el Gobierno que contemple la merma que pueda ocasionar la aplicación de la referida sentencia del Tribunal Constitucional, toda vez que ésta incidía en que el legislador debe modificar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana que se ha venido aplicando en base a la normativa declarada inconstitucional, algo de lo que ya advirtió la propia Federación. De este modo, la FEMP acepta la modificación del impuesto en base a la propuesta elaborada por el Gobierno para dar cuanto antes seguridad jurídica a los ciudadanos, y plantea que se articule un fondo específico de compensaciones. Entiende la Junta de Gobierno de la Federación que esta modificación es puntual toda vez que deberá regularse en profundidad en la nueva ley de financiación local.

1.18. Andorra, entre los países con una presión fiscal homologada y competitiva.

La presión fiscal andorrana se sitúa en el 25,2% en la estimación semi‐definitiva del PIB del 2016, después de haberse incrementado en 1,8 puntos respecto al año 2015. Si nos fijamos en la tendencia impositiva de los últimos siete años (2010‐2016), se observa un incremento cons‐ tante y substantivo de la recaudación directa, a medida que se han ido desplegando todas las nuevas figuras im‐ positivas y se ha consolidado el IRPF, con una presión ‐ 21 –

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fiscal total que ha pasado del 19,6% al 25,2%. En Estados Unidos la presión fiscal es del 26%.

A pesar de ello, Andorra puede presumir todavía de ser un país muy competitivo. Basta comparar este 25,2% con el 33,9% de España, el 47,4% de Francia o la media impositiva de la Unión Europea, que se sitúa en el 40%. En la comparativa de las distintas figuras impositivas, Andorra resulta hoy un país muy atractivo para cualquier actividad empresarial. El impuesto de sociedades en Andorra es del 10%, con deducciones fiscales para determinados sectores y tipos de empresa (25% en España, 21% en Portugal, 33,3% en Francia ‐igual que Mónaco‐, 19% en Luxemburgo). En Suiza es del 8,5%, pero se incrementa entre el 12 y el 24% cuando se la suma la tasa cantonal. En cuanto a impuestos indirectos, el IGI (equivalente al IVA) es del 4,5% en Andorra, sensiblemente inferior al 21% de España, el 23% de Portugal o el 20% de Francia, igual que en Mónaco. En Luxem‐ burgo es del 17% y en Suiza es casi el doble que en Andorra, del 8%. Finalmente, el IRPF andorrano se mantiene mucho más bajo que en la mayoría de países europeos. Los sueldos inferiores a los 24.000 euros quedan exentos. A partir de esta cifra, la tasa sube en relación con la renta hasta llegar a un tipo máximo del 10%. Cabe recordar que en España y Francia el tipo máximo se encuentra en el 45%. Andorra ha optado por la homologación con Europa, pero modulando ciertas características diferen‐ ciales que no solo le permiten ser más competitivos en su oferta de servicios ‐especialmente en el co‐ mercio y en el turismo‐ sino que convierten el Principado en una de las jurisdicciones más atractivas de Europa para el desarrollo de proyectos de inversión e iniciativas empresariales a nivel internacio‐ nal.

1.19. La falta de prórroga del impuesto de patrimonio presiona a las autonomías.

La presión del Gobierno a las autonomías mediante me‐ didas que recortan sus ingresos previstos para el 2018 como fórmula para obtener los apoyos necesarios para los Presupuestos del Estado del 2018 va en aumento. Al anuncio del recorte de casi 4.000 millones sobre las pre‐ visiones iniciales de ingresos a cuenta que provocó una fuerte polémica política en días pasados, se le añade la decisión de no prorrogar, por ahora, el impuesto sobre el patrimonio. Este tributo vive a base de prórrogas desde el 2011, cuando el Gobierno del PP decidió recuperarlo tras haberlo eliminado a la práctica el Ejecuti‐ vo de Zapatero en el 2008, al aplicarle una bonificación del 100%. La última prórroga del tributo formó parte de una disposición en la ley de Presupuestos del 2017, que a causa de los problemas políticos para constituir Gobierno, no se aprobaron hasta junio del año pasado. Ahora, al tener que prorrogar los Presupuestos del 2017 por falta de apoyos para aprobar unas nuevas cuentas para el 2018, el Gobierno ha preferido no incluir los cambios en el impuesto de patrimonio entre las medidas tributarias de urgencia que aprobó en el último Consejo de Ministros del año pasa‐ do. Resultado práctico: están en el aire más de 1.200 millones que podrían ingresar las autonomías que mantienen este impuesto, con Catalunya a la cabeza, ya que obtiene casi 500 millones del total. Cambios tributarios Entre los cambios tributarios aprobados a final de año hay la actualización de los tipos del catastro para más de un millar de municipios, lo que afecta directamente al impuesto de bienes inmuebles (IBI), o la congelación de las cantidades para aplicar el sistema de módulos a los autónomos. La ‐ 22 –

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prórroga del impuesto del patrimonio podría haber entrado perfectamente en estas normas, pero el Gobierno parece decidido a guardarse esta carta. Tiene tiempo, ya que no se declara hasta finales del abril. El impuesto sobre el patrimonio es uno de los tributos en los que llas autonomías tienen un mayor margen de actuación. El mayor ejemplo de ello es el contraste entre Catalunya y Madrid. Mientras que en esta última autonomía está totalmente bonificado, es decir que no se paga, en Catalunya se aplica sobre contribuyentes que poseen una riqueza neta superior a los 500.000 euros, un umbral inferior al que se establece con carácter general y que está situado en los 700.000 euros. Más ricos El impuesto sobre el patrimonio se utiliza como fuente para informar sobre el número de ricos de una comunidad. En el 2015, el último dato publicado el pasado mes de agosto, se incrementó hasta casi 32.000 el número de personas que poseen una riqueza de más de un millón de euros en Catalunya, sin incluir la vivienda habitual y una vez deducidas las deudas. En concreto, fueron 31.951, un total de 577 más que el ejercicio anterior, según los datos de la memoria del impuesto de patrimonio del 2015 que publicó la dirección general de Tributos de la Generalitat.

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2.‐ DECLARACIÓN SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRAN‐ JERO.

0. Introducción

La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, ha introducido una nueva disposición adicional decimoctava en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por la que se establece la obligación de informar sobre los bie‐ nes y derechos situados en el extranjero. Como normas de desarrollo de esta nueva obligación se encuentran los nuevos artículos 42 bis, 42 ter y 54 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tribu‐ taria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos apro‐ bado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, e introducidos por el Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, y la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, que aprueba el modelo 720 de esta decla‐ ración informativa y se determina el procedimiento para su presentación.

1. Plazo

El plazo para presentar esta declaración correspondiente al ejercicio 2017 finaliza el 2 de abril de 2018.1

2. Obligados a presentar el modelo 720

Están obligados a presentar esta declaración tributaria las personas físicas o entidades residentes en el estado español, incluidos los obligados tributarios residentes en los territorios forales de País Vasco y Navarra. La obligación de declarar comprende no solo casos en los que se ostenta la titularidad jurídica de los bienes o derechos ubicados en el extranjero, sino también aquellos en que se es titular real (aunque no jurídico) de tales bienes (por ejemplo, en los casos en que se interponen entidades fiduciarias), y en los casos en que se ostenta algún poder de disposición sobre dichos bienes, aunque no se sea titular de estos. En concreto, también están obligadas a declarar las personas que tengan la condición de re‐ presentantes, apoderados o beneficiarios de los bienes o derechos. Así, por ejemplo, existiendo una cuenta bancaria en una entidad financiera extranjera, de la que es titular una persona jurídica residente y donde consta apoderada en la misma cuenta un directivo, 1

En aquellos supuestos en que por razones de carácter técnico no fuera posible efectuar la presentación a través de internet en el plazo reglamentario de declaración, dicha presentación podrá efectuarse durante los cuatro días natura‐ les siguientes al de finalización de dicho plazo (art. 17.2 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre). ‐ 24 –

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existirá obligación de presentar la declaración informativa por parte del apoderado, con independen‐ cia de que la persona jurídica tenga obligación o no de declarar este bien.

2.1. Contribuyentes de IRPF residentes en el extranjero También estarán obligados a presentar el modelo 720 determinadas personas físicas que, a pesar de tener su residencia habitual en el extranjero, son contribuyentes del IRPF. Estos casos son los siguien‐ tes: • Miembros de misiones diplomáticas españolas (tanto al jefe de la misión como a los miembros del personal diplomático, administrativo, técnico o de servicios de la misión). • Miembros de las oficinas consulares españolas, (tanto al jefe de éstas como al funcionario o personal de servicios a ellas adscritos, con excepción de los vicecónsules honorarios o agentes consulares honorarios y del personal dependiente de ellos). • Titulares de cargo o empleo oficial del Estado español (como miembros de las delegaciones y representaciones permanentes acreditadas ante organismos internacionales o que formen parte de delegaciones o misiones de observadores en el extranjero). • Funcionarios en activo que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial que no tenga carácter diplomático o consular. 2.2 Residentes en España acogidos al régimen especial de trabajadores desplazados Las personas físicas que, aun habiendo adquirido la condición de residentes en España, hayan optado por acogerse al régimen de trabajadores desplazados (tributando, por tanto, por el IRNR), no estarán obligados a presentar la declaración informativa. Se trata de una excepción a la regla general, ya que, aunque se trata de personas residentes en territo‐ rio español y son contribuyentes del IRPF, no están obligados a tributar por la integridad de su renta. Dicha excepción no es trasladable al resto de miembros de la unidad familiar, los cuales sí estarán obligados a presentar el modelo 720, en la medida en que sean residentes en España y se cumplan los demás presupuestos para ello.

3. Operaciones a desglosar en el modelo 720

En la práctica, las obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero se concentran en tres categorías: ‐

Información sobre cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.

‐

Información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obteni‐ das en el extranjero.

‐

Información sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extran‐ jero.

3.1. Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero Deben ser objeto de declaración cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédi‐ to y cualesquiera otras cuentas o depósitos dinerarios, con independencia de la modalidad o denomi‐ nación que adopten, aunque no exista retribución, en entidades financieras situadas en el extranjero La información a suministrar es la siguiente: ‐

Razón social y domicilio de la entidad bancaria.

‐

Identificación completa de las cuentas. ‐ 25 –

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‐

Fecha de apertura o cancelación, en su caso, fecha de concesión o revocación de la au‐ torización.

‐

Saldos de las cuentas a 31 de diciembre.

‐

Saldo medio correspondiente al último trimestre del año.

No obstante, no existirá obligación de informar cuando: ‐

Los saldos a 31 de diciembre no superen conjuntamente los 50.000 euros y la misma circuns‐ tancia concurra en relación con los saldos medios del último trimestre.

‐

En los siguientes años sólo será obligatoria la presentación cuando cualquiera de los saldos conjuntos a 31 de diciembre o el saldo medio hubiesen experimentado un incremento supe‐ rior a 20.000 euros respecto de los que determinaron la presentación de la última declaración presentada.

En todo caso es obligatoria la presentación del Modelo para los titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, personas con poderes de disposición o titulares reales si dejaron de tener tal condición antes de fin de año, debiendo declararse el saldo a esa fecha. 3.2. Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero Debe ser objeto de declaración lo siguiente: ‐

Los valores y derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídi‐ ca.

‐

Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios.

‐

Los valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, in‐ cluyendo fideicomisos y “trust” o masas patrimoniales que, no obstante, carezcan de persona‐ lidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico.

La información a suministrar es la siguiente: ‐

Razón social o denominación completa de la entidad jurídica, del tercero cesionario o identificación del instrumento o relación jurídica, según corresponda, así como su domicilio.

‐

Valores y derechos representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas. Número y clase de acciones y participaciones de las que se sea titular. Valor a 31 de diciembre de cada año.

‐

Valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios. Número y clase de valores de los que se sea titular. Valor a 31 de diciembre de cada año.

‐

Acciones o participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (art. 42 ter.2). Valores liquidativos a 31 de diciembre.

‐

Seguros (art. 42 ter.3.a). Valores de rescate a 31 de diciembre.

‐

‐Rentas (art. 42 ter.3.b). Valores de capitalización a 31 de diciembre. ‐ 26 –

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3.3. Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.

Deben ser objeto de declaración bienes inmuebles o derechos sobre los mismos situados en el extran‐ jero de los que sean titulares o tengan la consideración de titular real, a 31 de diciembre de cada año o en cualquier momento del año a que hace referencia la declaración, si ya no tuviera tal condición a final de año. La información a suministrar es la siguiente: ‐

Identificación del inmueble, con especificación de su tipología.

‐

Situación del inmueble: país o territorio en que se encuentre situado, localidad, calle y núme‐ ro.

‐

Fecha de adquisición.

‐

Valor de adquisición.

3.4. Bienes excluidos de la obligación de declarar La declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero alcanza a todo tipo de cuentas financieras, además de a los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, no existiendo obligación de información sobre determinados bienes tales como obras de arte, lingotes de oro, o joyas, al no tener la consideración de cuenta financiera. Sobre esta cuestión se ha pronunciado, recientemente, la DGT en contestación a la consulta vinculante V2075‐17, de 3 de agosto, en la que se planteaba si existía obligación de declarar en el modelo 720 el oro físico que el contribuyente tenía fuera de España almacenado en cámaras acorazas, los cuales hab‐ ían sido adquiridos previa transferencia de fondos desde una cuenta bancaria en España. Según la DGT, en la medida en que la adquisición del oro no conlleva la existencia de saldos monetarios en el exterior disponibles para el consultante y en consecuencia, el oro que haya comprado no deberá ser objeto de declaración en el modelo 720.

4. Régimen Sancionador

Incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas situadas en el extranjero: ‐

Infracción Formal (Disposición Adicional 18a.2 LGT).

‐

Ganancia no justificada articulo 39.2 LIRPF y Presunción obtención de renta art. 121 TRLIS.

Estas sanciones específicas por falta de presentación o inexactitud de los datos incluidos en el Modelo 720 son incompatibles con las establecidas en la Ley General Tributaria. La falta de presentación de la declaración informativa, o el incumplimiento de la obligación de infor‐ mar en plazo, acarrea la perdida de la prescripción fiscal a efectos del IRPF e IS. 4.1. Infracción formal Incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas, valores e inmuebles situados en el extran‐ jero: ‐

Multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato (fechas de apertura, cancelación, autoriza‐ ción o revocación de la autorización para operar con la misma, así como cada uno de los saldos de las cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio de cada trimestre) o conjunto de datos (in‐ formación sobre la entidad financiera y sobre la identificación completa de las cuentas) referi‐ dos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido apor‐ tados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

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‐

Sanción de 100 euros por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 1.500 euros, por declaración presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributa‐ ria.

‐

De igual manera se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos me‐ dios.

4.2. Ganancia no justificada La falta de presentación de la declaración informativa, o el incumplimiento de la obligación de infor‐ mar en plazo, acarrea la perdida de la prescripción fiscal a efectos del IRPF e IS: ‐

La pérdida de la prescripción fiscal tendría como consecuencia inmediata la calificación del patrimonio no declarado, en el supuesto de que fuese descubierto por la Administración Tri‐ butaria, de ganancia de patrimonio no justificada, sujeta al tipo progresivo del IRPF (o al IS) entendiéndose obtenido en el periodo impositivo más antiguo no prescrito.

‐

Únicamente en el supuesto de que el contribuyente fuese capaz de demostrar que los bienes situados en el extranjero se adquirieron con rentas declaradas o con anterioridad a la adquisi‐ ción de la residencia fiscal en España, se podría evitar la calificación de ganancia patrimonial no justificada.

‐

Infracción: Aplicación de los artículos 39.2 LIRPF y 121 TRLIS.

‐

Calificación de la infracción: Muy grave.

‐

Sanción: Multa pecuniaria proporcional del 150% de la base sancionable.

‐

Base: Cuota íntegra resultante de la aplicación de los artículos 39.2 LIRPF y 121 TRLIS, sin mi‐ noraciones en base o en cuota.

Incompatibilidad con las infracciones del artículo 191 a 195 LGT. Aplicables las reducciones del articulo 188 LGT. 4.3. Consecuencias de la presentación extemporánea del modelo 720 sin requerimiento de la Administración. Según la consulta vinculante de la DGT V1434‐17, de 6 de junio, la presentación fuera de plazo del modelo 720 sin requerimiento previo de la Administración, tendrá las siguientes consecuencias: ‐

Se aplicarán las sanciones por infracción formal (100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada bien o derecho según su clase, con un mínimo de 1.500 euros por cada bloque de bienes o derechos).

‐

• El contribuyente procederá a regularizar (voluntariamente) las ganancias patrimoniales no justificadas del art. 39.2 de la LIRPF, salvo en aquellos casos en los que se pueda probar que los bienes situados en el extranjero se adquirieron con rentas declaradas o con anterioridad a la adquisición de la residencia fiscal en España. Dicha regularización tendrá lugar mediante la presentación de una autoliquidación extemporánea de IRPF correspondiente al ejercicio más antiguo entre los no prescritos.

‐

• No se aplica la sanción del 150% sobre la cuantía de la cuota íntegra resultante de la apli‐ cación del artículo 39.2 LIRPF.

‐

• Procederá, en su caso, la aplicación de los recargos por declaración extemporánea del artículo 27 LGT (5, 10, 15 ó 20 por ciento sobre el importe a ingresar según el retraso).

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5. Normativa aplicable

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condicio‐ nes generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria. (BOE, 26‐noviembre‐2013). Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a que se refiere la disposición adicional decimocta‐ va de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación. (BOE, 31‐enero‐2013). Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuacio‐ nes y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

6. Interpretación de la DGT y AEAT. Consultas

Se recogen a continuación una relación de preguntas frecuentes precedidas de su correspondiente índice. En las mismas se trata de aclarar tanto el ámbito objetivo y subjetivo de la obligación, como el contenido de la misma, los aspectos relacionados con el régimen sancionador y cuestiones de carácter puramente técnicas. INDICE DE LAS PREGUNTAS FRECUENTES DEL MODELO 720 UN SOLO MODELO PARA TRES OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DIFERENTES. 1. Un solo modelo para tres obligaciones de información diferentes. CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A DECLARAR. 2. Traslado al extranjero en el ejercicio 2012 3. Obligación de informar de contribuyentes del IRPF residentes en el extranjero 4. Régimen de trabajadores desplazados en entidades situadas en España 5. País Vasco y Navarra 6. Herencias Yacentes NO OBLIGACIÓN DE INFORMAR SI NUNCA HE TENIDO LA OBLIGACIÓN. 7. No obligación si nunca se ha tenido la obligación 8. No informar de cancelaciones de titularidad anteriores a 31 de diciembre de 2012. Ejem‐ plos TITULARIDAD COMPARTIDA 9. Titularidad compartida en cuentas bancarias 10. Titularidad compartida en un inmueble

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11. Titularidad compartida persona física y jurídica 12. Bienes Gananciales FORMA DE CALCULAR EL LIMITE QUE OBLIGA A DECLARAR 13. Determinación de los saldos en cuentas 14. Computo de saldos 15. Saldos negativos en las cuentas bancarias 16. Diferentes valores a lo largo del ejercicio. Ejemplo 17. Límites para declarar. Ejemplo 1 18. Límites para declarar. Ejemplo 2 CRITERIO DE EXONERACIÓN POR CONTABILIZACIÓN 19. Exoneración por contabilidad en personas físicas. 20. Exoneración por contabilidad en personas jurídicas y demás entidades residentes 21. Criterios de contabilización 22. Contabilidad de las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria. Ejemplo 1. 23. Contabilidad de las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria. Ejemplo 2. OTRAS CAUSAS DE EXONERACIÓN 24. Cuentas en el extranjero de una entidad domiciliada en España

25. Cuentas en el extranjero de un no residente contribuyente de IRPF en una entidad domici‐ liada en España 26. Extensión de la exoneración a otros obligados 27. Acciones depositadas en una entidad establecida en España 28. Acciones o participaciones en IIC adquiridas mediante comercializadora en España 29. Seguros de vida contratados con una entidad aseguradora extranjera que opera en España 30. Exoneración del autorizado de una filial cuya matriz resida en España 31. Autorizado sobre valores situados en el extranjero ¿EXISTE OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE….? 32. Obligación de informar sobre los planes de pensiones 33. Rescate del plan de pensiones 34. Opciones sobre opciones 35. Cuentas de centralización de tesorería. Cash Pool

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36. Obras de arte, oro, barcos, dinero no depositado 37. Préstamos, crédito, cuentas en participación 38. Bienes adquiridos con premios de loterías exentos 39. Cantidades entregadas a cuenta de un inmueble 40. Seguros Unit Linked VALORACIÓN 41. Valoración de acciones negociadas en el extranjero 42. Valoración de valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios 43. Valoración de valores, derechos, seguros y rentas del artículo 42 ter 44. Valoración valores y derechos representativos de la participación en una entidad jurídica 45. Inmuebles adquiridos por herencia o donación 46. Tipo de cambio aplicable en la valoración de cuentas 47. Tipo de cambio aplicable en la valoración de inmuebles 48. Cambios de valor por las variaciones en el tipo de cambio Revisada 49. Consideración sobre el valor de adquisición de los inmuebles OTRAS CUESTIONES

50. Revocación autorización cuentas junio 2013 habiendo o debiendo haber informado respec‐ to al 2012 51. Cancelación de una cuenta habiendo o debiendo haber informado en otro ejercicio 52. Obligación real de declarar en los trust y figuras análogas 53. Titular y autorizado en una cuenta 54. Ámbito temporal de la residencia fiscal 55. Beneficiario 56. Operaciones de reinversión 57. Cuentas globales 58. Consolidación de la titularidad de un inmueble 59. Bien inmueble con varios titulares y distintas fechas de adquisición 60. Fecha de valoración de los bienes 61. Socio de sociedad residente, la cual participa en una no residente 62. Socio de sociedad no residente que a su vez participa en otras 63. Participación en una sociedad instrumental 64. Cuentas bancarias en el extranjero correspondientes a contribuyentes de IRPF residentes

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en el extranjero FRECUENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 65. Frecuencia en la presentación de la declaración SANCIONES Y EFECTOS 66. Sanciones y efecto. Ejemplo 1 67. Sanciones y efectos. Ejemplo 2 68. Sanciones y efectos. Ejemplo 3 69. Sanciones y efectos. Ejemplo 4 70. Sanciones y efectos. Ejemplo 5

Revisada

PREGUNTAS TÉCNICAS 71. Campos obligatorios información declarante 72. Campos obligatorios en el formulario con independencia del bien o derecho del que se in‐ forme 73. Campos obligatorios en el formulario si se informa de un bien del artículo 42 bis 74. Campos obligatorios en el formulario si se informa de un bien del artículo 42 ter 75. Campos obligatorios en el formulario si se informa de un bien del artículo 54 bis 76. Obtención del borrador

Revisada

77. Posibilidad de adjuntar información adicional PREGUNTAS FRECUENTES DEL MODELO 720 (MARZO 2014) 78. Cuentas abiertas y cerradas en un mismo ejercicio. 79. Fecha extinción titularidad de valores. 80. Traspaso valores a España. 81. Reinversión valores e importe íntegro. 82. Cambio en la condición del obligado. 83. Obligación de informar de la extinción de la titularidad en caso de fallecimiento. PREGUNTAS FRECUENTES DEL MODELO 720 (ENERO 2018)

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PREGUNTAS FRECUENTES relativas a la DECLARACIÓN INFORMATIVA MODELO 720 UN SOLO MODELO PARA TRES OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DIFERENTES.

Pregunta 1: Si una persona o entidad tiene la obligación de presentar declaración informativa, modelo 720, tanto por cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero, como por valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero, y por bienes inmuebles situa‐ dos en el extranjero y derechos sobre los mismos, ¿se pueden declarar las tres obligaciones de infor‐ mación en el mismo modelo? Respuesta: Si, cada uno de los tres bloques de bienes, constituye una obligación de información dife‐ rente, pero las tres obligaciones de información se articulan a través de un mismo modelo informa‐ tivo. De este modo las tres obligaciones de información se cumplirían cumplimentando el Modelo 720 informando de todos los bienes y derechos respecto a los que exista obligación de informar. Normativa: Cada uno de los bloques de información siguientes, constituye una obligación de informa‐ ción diferente: ‐ Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. Esta obligación de información se regula en el artículo 42 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e ins‐ pección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por RD 1065/2007, de 27 de julio. (En el Modelo 720 se corresponde con el valor de la “Clave tipo de bien o derecho” “C”) ‐ Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero. Esta obli‐ gación de información se regula en el artículo 42 ter del citado Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio. (En el Modelo 720 se corresponde con los valores del campo “Clave tipo de bien o derecho”, “V”, “I” y “S”). ‐ Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. Esta obligación de información se regula en el artículo 54 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio. (En el Modelo 720 se corresponde con el valor de la “Clave tipo de bien o derecho” “B”) CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A DECLARAR. Traslado al extranjero en el ejercicio 2012 Pregunta 2: Si una persona física se trasladó al extranjero una vez iniciado el ejercicio 2012 y deberá presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas por el ejercicio 2012. ¿Tiene obligación de presentar el Modelo informativo respecto a los bienes y derechos en el extranjero? Respuesta: Sí, siempre y cuando de acuerdo con la regulación de estas tres obligaciones de información resulte obligado a informar de las mismas. Obligación de informar de contribuyentes del IRPF residentes en el extranjero Pregunta 3: Si los obligados a declarar el modelo 720 son exclusivamente aquellos contribuyentes de IRPF en razón de su residencia habitual delimitada en el artículo 9 de la Ley 35/2006, del IRPF o si se incluyen también como obligados a presentar la citada declaración informativa los contribuyentes que deben tributar por el IRPF español por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10 de la Ley del IRPF, es decir, como miembros de misiones diplomáticas españolas, miembros de ofici‐ nas consulares, titulares de cargo o empleo oficial del Estado español como miembros de delegaciones ‐ 33 –

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y representaciones permanentes acreditadas ante organismos internacionales, funcionarios que ejer‐ zan en el extranjero cualquier otro cargo o empleo oficial así como los miembros de cualquier orga‐ nismo que, en virtud de sus estatutos, estén obligados a cumplir con sus obligaciones tributarias de imposición directa en España. Respuesta: Se entiende que son obligados a presentar la declaración informativa modelo 720, entre otros, las personas físicas residentes en territorio español, entendiéndose comprendidos a estos efec‐ tos la totalidad de contribuyentes que han de tributar en el IRPF por la integridad de su renta. De este modo, las personas físicas que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10 de la LIRPF se equiparan a las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español a efectos de su consideración como contribuyentes del IRPF, lo cual implica que tributarán en España por su renta mundial, es decir, por la integridad de su renta independientemente de lugar en donde se hubiera obtenido y cualquiera que sea la residencia del pagador. Estas mismas consideraciones cabe realizarlas de los miembros de organismos que, en virtud de sus estatutos o de las normas que le fueran aplicables, estén obligados a cumplir con sus obligaciones tri‐ butarias de imposición directa en España como contribuyentes del IRPF. Tal sería el caso, por ejemplo, de los funcionarios y agentes de la Unión Europea que tuviesen su resi‐ dencia habitual en territorio español en el momento de entrar al servicio de la Unión y establezcan su residencia en el territorio de otro estado miembro únicamente en razón del ejercicio de sus funciones ya que conservan la condición de residentes fiscales en nuestro país España y tributan en España por la integridad de su renta, esto es, por su renta mundial. Todo ello permite concluir que están obligadas a presentar la declaración informativa modelo 720 las personas físicas que tengan la condición de contribuyentes del IRPF conforme al artículo 10 de la LIRPF, así como los miembros de organismos que, en virtud de sus estatutos o de las normas que les fueran aplicables, estén obligados a cumplir con sus obligaciones tributarias de imposición directa en España como contribuyentes del IRPF como es el caso de los funcionarios y otros agentes de la Unión europea que conserven la condición de residentes fiscales en España. Régimen de trabajadores desplazados en entidades situadas en España Pregunta 4: Una persona física residente en España acogida al régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español previsto en el artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas, ¿tiene obligación de presentar esta de‐ claración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero? ¿Tienen obligación de infor‐ mar el cónyuge e hijos de la persona física residente en España acogida a este régimen fiscal? Respuesta: No Normativa: La obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, pese a no estar ligada a ningún impuesto específico, tiene reguladas para algunos tributos las posibles conse‐ cuencias en caso de incumplimiento. En concreto para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, estas consecuencias se ciñen a los contribuyentes obligados a tributar por el Impuesto por la integridad de su renta, circunstancia que no concurre para las personas físicas acogidas al mencionado régimen fiscal previsto en el artículo 93 de la Ley de IRPF, por lo que no resultan obligados a cum‐ plimentar la nueva declaración informativa. El régimen de trabajadores desplazados a territorio español previsto en el artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de diciembre, no resulta extensible al resto de miembros de la unidad familiar, los cuales podrán estar sujetas a la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el ex‐ tranjero en la medida en la que sean residentes fiscales en España. ‐ 34 –

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País Vasco y Navarra

Pregunta 5: ¿Tienen obligación de presentar declaración informativa sobre los bienes y derechos si‐ tuados en el extranjero los sujetos domiciliados en el País Vasco y Navarra? Respuesta: La declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero se extiende a todos los obligados tributarios y comprende tres obligaciones de suministro general de información respecto de las que se deberá presentar la correspondiente declaración por parte de los sujetos domi‐ ciliados en el País Vasco y Navarra, con arreglo a la respectiva normativa, estatal o foral a la que esté sometidos. La declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero se presentará, bien ante la Administración del Estado en la forma, lugar y plazos aprobados por la Orden HAP/ 72/2013, de 30 de enero, o bien ante la Comunidad Foral o Diputación Foral competente en la forma, lugar y pla‐ zos que se aprueben por dichos organismos según que los obligados tributarios estén sometidos a la normativa estatal o foral respectivamente. Herencias Yacentes Pregunta 6: ¿Están obligadas a informar las herencias yacentes? ¿ Y los herederos? Respuesta: Las herencias yacentes están obligadas informar en la medida en la que son entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Los herederos o legatarios estarán obligados a informar desde que exista aceptación tácita o expresa de la herencia. NO OBLIGACIÓN DE INFORMAR SI NUNCA SE HA TENIDO LA OBLIGACIÓN. No obligación si nunca se ha tenido la obligación Pregunta 7: Si nunca se ha tenido la obligación de presentar el Modelo 720, ni siquiera duran‐ te el ejercicio en el que se cancela o extingue la titularidad sobre el bien. ¿Existe obligación de declarar sobre el bien o derecho situado en el extranjero objeto de estas obligaciones de información? Ejemplo 1: “Una persona física residente tiene una cuenta bancaria abierta en el extranjero sobre la que nunca ha existido obligación de informar de acuerdo con el artículo 42 bis del Reglamento Gene‐ ral aprobado por el RD 1065/2007. Si esta persona cancela la cuenta a lo largo del ejercicio ¿Debe pre‐ sentarse declaración informativa de la misma? Respuesta: No. Ejemplo 2: “una cuenta bancaria abierta en el extranjero que está identificada y registrada en la con‐ tabilidad de una entidad. En el caso de que la cancele a lo largo del ejercicio ¿Debe presentarse de‐ claración informativa de la misma?” Respuesta: No. No, la sociedad no debe presentar declaración informativa sobre la cuenta bancaria cuando cesa su titularidad sobre la misma si nunca ha tenido obligación de presentar declaración informativa sobre la misma. Esta exoneración se extiende también al apoderado, autorizado o cualquier otro titular real sobre esta cuenta bancaria. No informar de cancelaciones de titularidad anteriores a 31 de diciembre de 2012. Ejem‐ plos Pregunta 8: ¿Se debe informar de la cancelación de las titularidades anteriores a 31 de diciembre ‐ 35 –

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del ejercicio 2.012?

Respuesta: No se existe obligación de informar sobre las titularidades que se cancelen antes del 31 de diciembre de 2.012. Ejemplo 1: Una persona/entidad residente era titular de una cuenta en el extranjero que cancela el 1 de agosto de 2.012 con un saldo de 100.000 €, ¿tiene obligación de informar sobre esta cuenta? Respuesta: No, no tiene obligación de informar puesto que a 31 de diciembre de 2012 no existe obliga‐ ción de informar sobre la misma. Ejemplo 2: Una persona/entidad residente era titular de acciones de una sociedad en el extranjero que vende con fecha 30 de diciembre de 2.012 por 200.000 €, en esta misma fecha adquiere acciones de otra sociedad extranjera por importe de 150.000 €, ¿tiene obligación de informar sobre estos valo‐ res? Respuesta: Como nunca ha existido la obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero por esta obligación, solamente deberá informar de las posiciones a 31 de diciembre de 2.012 si las mismas determinan la obligación de declarar. En este caso no existe obligación de infor‐ mar sobre la cancelación o venta de las acciones con fecha a 30 de diciembre de 2.012. TITULARIDAD COMPARTIDA Titularidad compartida en cuentas bancarias Pregunta 9: ¿Existe obligación de presentar declaración cuando se comparte la titularidad sobre una cuenta bancaria abierta en el extranjero cuyo saldo a 31 de diciembre supere los 50.000 €, pero cuya titularidad corresponda a varias personas? Respuesta: Existe obligación de informar sobre la cuenta bancaria cuando se supere este límite (y no concurra ninguna de las demás excepciones a la obligación de declarar) con independencia del número de titulares de la cuenta. Se informará de los saldos totales sin prorratear, indicando el porcentaje de participación. Titularidad compartida en un inmueble Pregunta 10: ¿Existe obligación de presentar declaración cuando se comparte la titularidad sobre un inmueble situado en el extranjero cuyo valor de adquisición supera a 31 de diciembre los 50.000 €, pero cuya titularidad corresponda a varias personas? Respuesta: Sí, existe obligación de informar sobre el inmueble cuando se supere este límite (y no con‐ curra ninguna de las demás excepciones a la obligación de declarar) con independencia del número de titulares sobre el mismo. Se informará del valor de adquisición total sin prorratear, indicando el por‐ centaje de participación. Lo mismo ocurrirá respecto de cualquiera de los tipos de bienes y derechos recogidos en estas tres obligaciones de información cuando existan varios titulares. Titularidad compartida persona física y jurídica Pregunta 11: En el caso de una cuenta bancaria en el extranjero cuyo saldo asciende a 150.000 € el 31 de diciembre del 2.012, y de la que son titulares una entidad residente (70%=105.000€) que la tiene registrada en su contabilidad y una persona física residente (30%=45.000 €). ¿Existe obligación de declarar por parte de la persona física? Respuesta: La persona física debe presentar declaración informativa, informando sobre una cuenta con ‐ 36 –

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un saldo a 31 de diciembre de 150.000 €, indicando que su participación en la misma es del 30 %. Bienes Gananciales

Pregunta 12: Si un bien o derecho que deba ser objeto de declaración es “ganancial”, y solamente consta como titular formal del mismo uno de los cónyuges, ¿existe obligación de declaración del otro cónyuge? Respuesta: Cuando la titularidad formal de un bien o derecho ganancial corresponde a uno de los cónyuges, ambos cónyuges (si están dentro del ámbito subjetivo de la obligación) tienen obligación de presentar la declaración. El cónyuge que no es titular formal deberá declarar como titular real de acuerdo con el artículo 4.2 de la Ley 10/2010 de 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. FORMA DE CALCULAR EL LÍMITE QUE OBLIGA A DECLARAR Determinación de los saldos en cuentas Pregunta 13: En el caso siguiente en el que una entidad residente tiene tres cuentas bancarias en el extranjero, ¿existe obligación de declarar? Cuenta 1: saldo 31/12: 40.000 € y saldo último trimestre 40.000 €. Registrada en la contabilidad. Cuenta 2: saldo 31/12: 30.000 € y saldo último trimestre 30.000 €. No registrada en la contabilidad. Cuenta 3: saldo 31/12: 80.000 € y saldo último trimestre 80.000 €. Cuenta respecto a la que se in‐ forma en el Modelo 196, ya que la entidad bancaria está domiciliada en España. Se plantea en primer lugar, ¿Cuál es el saldo a tener en cuenta para delimitar la obligación en función de la cuantía de los saldos y comprobar si supera los 50.000€? ¿Sobre cuál de estas cuentas se debe informar? Respuesta: El saldo a tener en cuenta sería el de la “cuenta 2”, excluyendo aquellas cuentas que que‐ dan comprendidas en las excepciones a la obligación de declarar. No existiría obligación de declarar puesto que el saldo no excedería de los 50.000 €. Cómputo de saldos Pregunta 14: Si una persona es "titular" de una cuenta corriente en el extranjero cuyo saldo a 31/12 es de 40.000 € y además es "autorizada" en otra cuenta corriente cuyo saldo a 31/12 es de 30.000 €. ¿existe obligación de declarar? Respuesta: Sí, siempre que no concurra ninguna causa de exoneración. ¿Y en el caso de que la segunda cuenta fuese de una sociedad (residente en España) que la tiene regis‐ trada e identificada en su contabilidad? Respuesta: No, en este caso no computaría el saldo de la cuenta corriente, cuyo titular ha resul‐ tado exonerado de la obligación de declarar. Saldos negativos en las cuentas bancarias Pregunta 15: ¿Deben declararse las cuentas con saldos negativos en caso de que existan otras cuentas con importe superior a 50.000 euros? Para determinar si se supera dicho umbral, ¿se han de tener en cuenta los saldos negativos?

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Respuesta: Sí, deben declararse.

En los diseños de registro publicados en la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, se incluye la posibili‐ dad en los campos de "VALORACIÓN" (tanto del Registro de Tipo 1 como del 2) de que se consignen signos negativos en los registros declarados. Para determinar si se supera dicho umbral, se han de netear los saldos negativos con los positivos. Diferentes valores a lo largo del ejercicio. Ejemplo Pregunta 16: Si un residente es titular de una sola cuenta corriente en el extranjero (no teniendo condición de titular sobre ninguna otra cuenta), y la misma ha tenido el 4 de abril de 2012 un saldo máximo de 67.000 €. El saldo a 31 de diciembre es de 45.650 € y el saldo medio del último tri‐ mestre es de 46.200,45 €. ¿Debo declarar la cuenta en el modelo 720? Si cancelo la cuenta el 8 de abril de 2013, cuando tenía un saldo de 56.246,75 €. ¿Debo informar de la cancelación en el modelo 720? Respuesta: En relación con la primera cuestión la respuesta es que la cuenta no debe ser objeto de declaración ya que, aunque a lo largo del ejercicio se han superado los 50.000 €, ni el saldo medio del último trimestre ni el saldo a 31 de diciembre superan esa cantidad. En relación con la segunda cuestión la respuesta es que tampoco debe informarse de la cancelación de la cuenta ya que no he tenido obligación de presentar la declaración informativa por cuentas bancarias con anterioridad. Límites para declarar. Ejemplo1 Pregunta 17: En el ejercicio 2012 una persona o entidad residente ha tenido en el extranjero los siguientes bienes: Hasta el 30 de agosto de 2012 un apartamento que se vendió por 120.000 €. El importe de la venta se ingresó en una cuenta corriente situada en el extranjero, con parte de este importe se adquieren participaciones en un Fondo de Inversión extranjero y además parte se repatría a España. La situación final es la siguiente: Valor del Fondo a 31/12/2012: 55.900 €. Saldo de la cuenta: medio del último trimestre: 58.900 €; a 31 de diciembre: 45.256 €. ¿Sobre qué bienes debo informar en el modelo 720? Respuesta: No debo de informar del inmueble ya vendido a 31 de diciembre de 2.012. Deberé declarar el Fondo de Inversión (valor liquidativo a 31/12 superior a 50.000 €) y la cuenta corriente (saldo me‐ dio 4T superior a 50.000 €). Límites para declarar. Ejemplo2 Pregunta 18: Si una persona o entidad residente tiene inmuebles en el extranjero consistentes en la propiedad de tres plazas de garaje en un pueblo de Francia valoradas en conjunto en 45.000 € y ad‐ quiridas en 2009. En 2013 vendo una plaza por 17.000€. ¿Qué debo declarar a efectos del modelo 720? ¿Y si la valoración de las tres plazas fuera de 55.000 €? Respuesta: Al ser el valor conjunto inferior a 50.000 €, en la declaración modelo 720 de 2012 no tuve que declarar ningún inmueble en el extranjero. En consecuencia, tampoco tendré que declarar la plaza vendida en 2013. En cambio, si la valoración conjunta hubiera sido en el ejercicio 2012 de 55.000 €, tuve que decla‐

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rar las tres plazas en el modelo 720 de 2012 y consiguientemente también deberé informar de la per‐ dida de la titularidad de la plaza de garaje vendida en el 2013. CRITERIO DE EXONERACIÓN POR CONTABILIZACIÓN Exoneración por contabilidad en personas físicas.

Pregunta 19: Las personas físicas residentes en territorio español, si desarrollan una actividad económica y llevan su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, ¿tienen obligación de informar sobre los bienes y derechos en el extranjero registrados e identificados indivi‐ dualmente en la misma? Respuesta: Si son titulares de cuentas en entidades financieras en el extranjero (artículo 42 bis del Re‐ glamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio) y las mismas están registradas en dicha documentación contable de forma individualizada e identificada con su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas, no existe obligación de informar sobre las mismas. Si son titulares de valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el ex‐ tranjero (artículo 42 ter del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio) res‐ pecto a los que existe obligación de declarar, el hecho de que estén registrados en la contabilidad de la persona física no excluye de la obligación de informar sobre los mismos, ya que la misma no ha sido incluida en la norma, por lo que habrá de cumplirse con la obligación de información sobre los mismos. Si son titulares de bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero (artí‐ culo 54 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio) y se encuentran identificados de forma individualizada y suficiente, no existe obligación de informar sobre los mis‐ mos. Normativa: La regulación de estas excepciones en la presentación de la declaración informativa res‐ pecto a cada una de las obligaciones se encuentra: ‐ en la letra c del apartado 4 del artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para las cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero; ‐ en la letra c del apartado 6 del artículo 54 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. Exoneración por contabilidad en personas jurídicas y demás entidades residentes Pregunta 20: Las personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español que tengan registrados en su contabilidad los bienes y derechos en el extranjero de los que son titulares de la for‐ ma establecida en la normativa reguladora de las tres obligaciones de información ¿tienen obligación de informar sobre los mismos? Respuesta: No. Normativa: La regulación de estas excepciones en la presentación de la declaración informativa res‐ pecto a cada una de las obligaciones se encuentra: ‐ en la letra b del apartado 4 del artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para las cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero; ‐ en la letra c del apartado 4 del artículo 42 ter del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para los valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u ob‐ ‐ 39 –

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tenidas en el extranjero.

‐ en la letra b del apartado 6 del artículo 54 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. Criterios de contabilización Pregunta 21: ¿Cuáles son los criterios para tener correctamente registrados en la contabilidad los bienes y derechos en el extranjero? Respuesta: Los criterios para entender que los bienes y derechos situados en el extranjero se encuen‐ tran correctamente registrados en la contabilidad son los establecidos en los artículos 42 bis.4, 42 ter.4 y 54 bis.5 del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio. En todo caso la contabilización ha de entenderse en sentido amplio, siendo válido que se registren en los documentos contables accesorios siempre que sean congruentes con las cuentas anuales y den consistencia a las mismas. En todo caso de la misma se debe poder extraer, con suficiencia y de manera indubitada la información de la existencia del bien o derecho en el extranjero. Contabilidad de las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria Ejemplo 1 Pregunta 22: En el caso de las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que no estén obligadas a llevar libros contables, ¿Cómo podrían resultar exo‐ neradas de acuerdo con los artículos 42 bis.4.b), 42 ter.4.b) y 54 bis.6.b) del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27de julio, de la obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero? Respuesta: Solo resultarían exoneradas si llevan contabilidad de forma voluntaria conforme a la normativa contable. Ejemplo 2 Pregunta 23: Si una comunidad de propietarios está obligada a informar de los bienes y derechos si‐ tuados en el extranjero y los mismos no se encuentran contabilizados por la misma ¿Están obligados a informar de estos bienes y derechos situados en el extranjero los comuneros bajo la condición de titu‐ laridad real? Respuesta: Sí, los comuneros están obligados a informar de los bienes y derechos no contabilizados en la comunidad del mismo modo que ocurriría para cualquier tipo de sociedad o entidad residente obli‐ gada a informar que no tuviese registrados los bienes y derechos en su contabilidad. OTRAS CAUSAS DE EXONERACIÓN Cuentas en el extranjero de una entidad domiciliada en España Pregunta 24: Si una persona física residente tiene una cuenta abierta en un establecimiento en el ex‐ tranjero de una entidad domiciliada en España y concurren las condiciones del artículo 42 bis del Re‐ glamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para estar obligada a presentar declaración informativa sobre la misma ¿tiene obligación de presentar declaración informativa si la cuenta bancaria abierta en el extranjero corresponde a una entidad domiciliada en España? Respuesta: No estará obligada siempre y cuando la entidad domiciliada en España hubiera debido pre‐ sentar declaración informativa sobre la misma conforme a lo previsto en el artículo 37 del citado Re‐

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glamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, y siempre que además hubiera podi‐ do ser declarada conforme a la normativa del país donde esté situada.

De acuerdo con lo previsto en este artículo 37, las entidades de crédito y las demás entidades, que de acuerdo con la normativa vigente, se dediquen al tráfico bancario o crediticio, vendrán obligadas a presentar una declaración informativa anual referente a la totalidad de las cuentas abiertas en dichas entidades o puestas por ellas a disposición de terceros en establecimientos situados dentro o fuera del territorio español. Cuando se trate de cuentas abiertas en establecimientos fuera del territorio español no existirá obligación de suministrar información sobre personas o entidades no residentes sin establecimiento permanente en territorio español. Normativa: La regulación de esta excepción a la obligación informativa sobre cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero se encuentra en la letra d del apartado 4 del artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para las cuentas en entidades fi‐ nancieras situadas en el extranjero. Cuentas en el extranjero de un no residente contribuyente de IRPF en una entidad domiciliada en España Pregunta 25: Si una persona física residente habitual en el extranjero que es contribuyente de IRPF tiene una cuenta abierta en un establecimiento en el extranjero de una entidad domiciliada en España ¿Tiene obligación de presentar declaración informativa sobre esta cuenta si concurren el resto de cir‐ cunstancias previstas en el artículo 42 bis del Reglamento General aprobado RD 1065/2007, de 27 de julio para estar obligado? Respuesta: Sí, existe obligación de presentar declaración informativa, salvo que se tenga acreditación suficiente de la entidad de que se ha informado sobre esta cuenta. Salvo que se hubiese informado de la condición de “residente fiscal” o “contribuyente de IRPF” en Es‐ paña, la entidad domiciliada en España no habrá suministrado la información relacionada con su cuen‐ ta. Extensión de la exoneración a otros obligados Pregunta 26: En el caso de que el titular de una cuenta corriente (o cualquier otro bien o derecho objeto de declaración en este Modelo 720), quede exonerado de la obligación de declarar, por concu‐ rrir alguna de las causas que determinen que no resulte de aplicación la misma, ¿están obligados a presentar información sobre estos bienes y derechos el resto de titulares reales, tanto apoderados y autorizados sobre los mismos? Respuesta: Solamente quedarán exonerados de la obligación de presentar el modelo 720, cuando concurra la circunstancia de que la persona o entidad titular estuviese dentro del ámbito subjetivo de las obligaciones de información comprendidas en el citado modelo, y que ostentando la condición de “titular” sobre los mismos, quedase exonerada de la obligación de informar. Acciones depositadas en una entidad establecida en España Pregunta 27: Si el obligado tributario sujeto a estas obligaciones de información es titular de acciones en una sociedad extranjera y estas se encuentran depositadas en una entidad constituida o establecida en España, ¿existe obligación de presentar declaración informativa, Modelo 720, sobre estas acciones si se cumplen el resto de requisitos para estar obligado a declarar? Respuesta: Respecto de las acciones de sociedades extranjeras que su titular mantenga en estableci‐ mientos de entidades depositarias situados en España, no existe obligación de informar sobre las

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mismas en virtud del artículo 42 ter.1 del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, siempre que estas entidades depositarias estén obligadas a proporcionar a la Adminis‐ tración tributaria la información sobre el titular de los valores en ellas depositados en los términos previstos en el artículo 39.1.a) del citado Reglamento General. Resulta extensiva esta cuestión a cualquiera de los valores mobiliarios depositados en entidades resi‐ dentes comprendiendo por tanto las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas extranjeras negociadas en mercados organizados, y los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios negociados en mercados organizados, siempre que en ambos casos estén depositados en una entidad constituida o establecida en España, que presente declaración informativa sobre los mismos de acuerdo con el artículo 39.1 de Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio. Acciones o participaciones en IIC adquiridas mediante comercializadora en España Pregunta 28: Si el obligado tributario sujeto a estas obligaciones de información es titular de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva extranjeras que fueron adquiridas mediante comercializadoras de dichas instituciones en España o a través de representantes en España de las entidades gestoras que operan en régimen de libre prestación de servicios, ¿existe obligación de pre‐ sentar declaración informativa, Modelo 720, sobre estas acciones si se cumplen el resto de requisi‐ tos para estar obligado a declarar? Respuesta: No. De acuerdo con la Consulta Vinculante de de la Dirección General de Tributos, las acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en Espa‐ ña del modo citado, no quedarán incluidas en la obligación de informar regulada en el artículo 42 ter.2 del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, en tanto los referidos valores se mantengan registrados por sus titulares en dichos comercializadores o representantes, ya que la información a que se refiere el citado artículo 42 ter.2 queda cubierta por las obligaciones de informa‐ ción que corresponden al comercializador o al representante, en particular, por las previstas en el artí‐ culo 39.2 del citado Reglamento. Seguros de vida contratados con una entidad aseguradora extranjera que opera en España. Pregunta 29: Si el obligado tributario sujeto a estas obligaciones de información de bienes y derechos en el extranjero es tomador de un seguro de vida contratado con una entidad aseguradora extranje‐ ra que opera en España en régimen de libre prestación de servicios, ¿existe obligación de presentar declaración informativa, Modelo 720, sobre dicho seguro de vida si se cumplen el resto de requisitos para estar obligado a declarar? Respuesta: Respecto de los seguros de vida que el tomador haya contratado con entidades asegurado‐ ras extranjeras que operen en España en régimen de libre presentación de servicios, no existe obliga‐ ción de informar sobre los mismos en virtud del artículo 42 ter.3 del Reglamento General aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, siempre que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 39.3.a) del citado Reglamento General, el representante de dichas entidades aseguradoras proporcione a la Administración tributaria la información prevista en el mismo. Exoneración del autorizado de una filial cuya matriz resida en España Pregunta 30: ¿Debe informar una persona física de una cuenta en el extranjero de la que es autoriza‐ da y cuya titularidad corresponde a una entidad no residente del grupo empresarial para el que traba‐ ja, cuya matriz es residente en España? Respuesta: No debe informar de esa cuenta siempre que la sociedad matriz residente en España la ten‐ ga registrada en los términos del artículo 42 bis.4.b) en su contabilidad consolidada, o en la memoria.

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En todo caso la contabilización ha de entenderse en sentido amplio, siendo válido que se registren en los documentos contables accesorios siempre que sean congruentes con las cuentas anuales y den consistencia a las mismas. En todo caso de la misma se debe poder extraer, con suficiencia y de manera indubitada la información de la existencia del bien o derecho en el extranjero. Autorizado sobre valores situados en el extranjero Pregunta 31: ¿Debe presentar declaración informativa el autorizado sobre los valores contenidos en el artículo 42 ter del Reglamento General aprobado por RD 1065/2007, de 27 de julio? Respuesta: No. La figura o condición de autorizado solamente se establece como obligada a presentar declaración informativa respecto de las cuentas comprendidas en el artículo 42 bis del citado Regla‐ mento General. ¿EXISTE OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE…. ? Obligación de informar sobre los planes de pensiones Pregunta 32: ¿existe obligación de declarar los planes de pensiones contratados en el extranjero? Respuesta: no existe obligación de información sobre los planes de pensiones (de las aportaciones a los mismos) en tanto no se produzca la incidencia que da lugar al cobro de la pensión en modo de renta temporal o vitalicia. El artículo 42 ter del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, remite a la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio para la valoración de determinadas rentas. En concreto esta re‐ misión existe para el caso de las rentas temporales y vitalicias. Artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio en su apartado Dos establece que las rentas temporales o vitalicias constituidas como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bie‐ nes muebles o inmuebles, deberán computarse por su valor de capitalización (en la fecha del de‐ vengo del impuesto), aplicando las mismas reglas que para la constitución de pensiones se establecen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El artículo 10.2.f de la Ley de ITPyAJD valora las “la base imponible de las pensiones” capitalizándolas. Por tanto, en cuanto a la posible obligación de información de los derechos consolidados en un plan de pensiones situado y constituido en el extranjero, se debe tener en cuenta que tales derechos no están incluidos en ninguna de las categorías de bienes y derechos situados en el extranjero a los que se refieren la disposición adicional decimoctava de la Ley General Tributaria y los artículos 42 bis, 42 ter y 54 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e ins‐ pección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. No obstante, en la medida en que las condiciones del plan de pensiones extranjero establecie‐ ran la posibilidad de ejercer el derecho de rescate a favor del partícipe en los términos pro‐ pios de un seguro de vida, deberá ser objeto de información conforme al artículo 42 ter.3.a). En todo caso, una vez acaecida alguna de las contingencias cubiertas por el plan, el beneficiario deberá informar de los derechos existentes en el mismo, bien con indicación de su valor de rescate, conforme al artículo 42 ter.3.a), bien conforme al artículo 42 ter.3.b) si se constituye una renta a su favor. Rescate del plan de pensiones Pregunta 33: En el caso de que se lleve a cabo el rescate del plan de pensiones ¿debe informarse

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sobre la renta que se obtenga?

Respuesta: Si, cualquiera que sea la modalidad del rescate si como consecuencia de ser ejercitado se obtiene una renta debe informarse de la misma. Opciones sobre opciones Pregunta 34: ¿Existe obligación de informar de opciones sobre acciones? Respuesta: No. Cuentas de centralización de tesorería. “Cash Pool” Pregunta 35: ¿Se debe informar sobre las cuentas de centralización de tesorería o de “cash pool” si‐ tuadas en el extranjero? Respuesta: Sí, este tipo de cuenta no implica ningún tipo de especialidad que las discrimine respecto del resto de cuentas situadas en el extranjero en los términos establecidos en el artículo 42 bis del Re‐ glamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio. Obras de arte, oro, barcos, dinero no depositado Pregunta 36: ¿Existe obligación de informar sobre bienes tales como: obras de arte, barcos, lingotes de oro (físicos), joyas, efectivo no depositado en cuentas? Respuesta: No existe obligación de información sobre estos bienes entendidos como tales. Distinta es la cuestión si estos bienes son el subyacente de bienes y derechos objeto de la declaración informativa, como por ejemplo sería el caso de rentas temporales o vitalicias obtenidas como conse‐ cuencia de la entrega de un capital en dinero, de derechos de contenido económico o de bienes mue‐ bles o inmuebles, a entidades situadas en el extranjero. En este caso existe la obligación de infor‐ mar sobre las rentas así obtenidas cualesquiera que sean los bienes y derechos aportados. Préstamos, crédito, cuentas en participación Pregunta 37: ¿Existe obligación de informar sobre: préstamos concedidos a entidades extranjeras, créditos provenientes de operaciones comercial o de servicios, cuentas en participación o cualquier otra modalidad de préstamo o crédito? Respuesta: Solamente existe obligación de informar sobre la cesión a terceros de capitales propios si estos están representados por valores. Bienes adquiridos con premios de loterías exentos Pregunta 38: Una persona física contribuyente por IRPF en el ejercicio 2011, obtuvo un premio de la Lotería Nacional que invirtió ese mismo año en adquirir un inmueble en el extranjero. El premio quedó exento del IRPF con arreglo a lo entonces previsto en la letra ñ del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. ¿Debe presentar el Modelo 720 respecto de ese inmueble? Respuesta: Sí. Siempre que no concurra ninguna causa que le exonere de la obligación de presentar declaración in‐ formativa conforme se establece en los artículos 42 bis, 42 ter y 54 bis del Reglamento General apro‐ bado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, debe presentar el Modelo 720 con independencia de que la renta con la que se adquirieron estos bienes y derechos hubiese estado exenta o no. Cantidades entregadas a cuenta de un inmueble Pregunta 39: ¿Se debe informar sobre las cantidades entregadas a cuenta para la adquisición de un inmueble situado en el extranjero con anterioridad a la firma de la escritura pública? ‐ 44 –

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Respuesta: No, solamente se deberá declarar cuando se ostente la titularidad o titularidad real sobre el inmueble o derecho real sobre el mismo. Seguros “Unit linked” Pregunta 40 : ¿Debe informarse conforme al artículo 42.ter.3 del Reglamento General de las actuacio‐ nes y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, si se trata de un seguro “unit linked” ? Respuesta: Sí, el hecho de que el tomador asuma los riesgos de la inversión en que se materializan las provisiones no altera la obligación de declarar. VALORACIÓN Valoración de acciones negociadas en el extranjero Pregunta 41: ¿A efectos de la obligación informativa de bienes situados en el extranjero, las acciones negociadas en un mercado organizado extranjero de características análogas a las de los españoles, cómo pueden valorarse? Respuesta: A los efectos de esta declaración informativa, se podrán valorar por cualquiera de los me‐ dios establecidos en los artículos 15 o 16 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, o por su valor de cotización a 31 de diciembre. Valoración de valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios Pregunta 42: ¿A efectos de la obligación informativa de bienes situados en el extranjero, los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios negociados en un mercado organizado ex‐ tranjero de características análogas a las de los españoles, cómo pueden valorarse? Respuesta: A los efectos de esta declaración informativa, se podrán valorar por cualquiera de los me‐ dios establecidos en los artículos 13 o 14 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, o por su valor de cotización a 31 de diciembre. Valoración de valores, derechos, seguros y rentas del artículo 42 ter Pregunta 43: En el caso de que exista obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero de acuerdo con el artículo 42 ter del Re‐ glamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, ¿cómo se deben valorar los valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica? Respuesta: Se deberá informar sobre el saldo a 31 de diciembre de cada año, de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. No obstante, a los efectos de esta declaración informativa, si se trata de acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas negociadas en un mercado organizado extranjero de características análogas a las de los españoles, las mismas se podrán valorar por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 15 o 16 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, o por su valor de cotización a 31 de diciembre. Igualmente, si se trata de valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios negocia‐ dos en un mercado organizado extranjero de características análogas a las de los españoles, se podrán valorar por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 13 o 14 de la Ley del Im‐ puesto sobre el Patrimonio, o por su valor de cotización a 31 de diciembre. Valoración valores y derechos representativos de la participación en una entidad jurídica.

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Pregunta 44: ¿Cuál es el valor respecto al que se debe informar en el caso de los valores y derechos representativos de la participación en una entidad jurídica? Respuesta: Si se trata de valores representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de una entidad negociados en mercados organizados, con exclusión de las correspondientes a Instituciones de Inversión Colectiva, se valorarán de acuerdo con el valor de negociación media del cuarto trimestre de cada año (artículo 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Pa‐ trimonio). No obstante, a los efectos de esta declaración informativa, si se trata de acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas negociadas en un mercado organizado extranjero de características análogas a las de los españoles, las mismas se podrán valorar por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 15 o 16 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, o por su valor de cotización a 31 de diciembre. Si se trata de valores representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de una entidad (no negociados en mercados organizados), su valoración se realizará por el valor teórico resultante del último balance aprobado, siempre que éste, bien de manera obligatoria o voluntaria, haya sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría resultará favorable. En el caso de que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no resultase favorable, la valoración se realizará conforme se establece igualmente en el artículo 16 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. Inmuebles adquiridos por herencia o donación Pregunta 45: Si una persona es titular de un inmueble que ha adquirido como consecuencia de una donación o de una herencia, ¿cuál es el valor de adquisición que debe tenerse en cuenta a efectos de determinar (y en su caso declarar) si tiene obligación de declarar? Respuesta: Tanto en el caso de que el inmueble se hubiera adquirido por donación o herencia se hará constar el valor de adquisición, entendiendo por este el valor real del bien en el momento de su adqui‐ sición. Tipo de cambio aplicable en la valoración de cuentas Pregunta 46: Si una persona es titular de una cuenta en el extranjero cuyo saldo se encuentra en una moneda diferente al euro y tiene obligación de presentar declaración informativa correspondiente al modelo 720, ¿qué tipo de cambio debe aplicar para determinar cada uno de los saldos a informar? ¿Y si se hubiera cancelado la cuenta corriente durante el ejercicio? Respuesta: Deberá informar de los saldos correspondientes a la cuenta corriente aplicando el tipo de cambio vigente a 31 de diciembre del ejercicio al que corresponde la información declarada. Esta mis‐ ma referencia se tomará en relación con la valoración del saldo medio del último trimestre correspon‐ diente a cada cuenta. En el caso de que cese la titularidad de la cuenta durante el ejercicio y exista obligación de declarar, deberá utilizarse para determinar el saldo el tipo de cambio vigente en la fecha del cese de esa titulari‐ dad. Tipo de cambio aplicable en la valoración de inmuebles Pregunta 47: Si una persona/sociedad es titular/titular real de un inmueble en el extranjero cuyo precio de adquisición consta en una moneda diferente al euro y tiene la obligación de presentar declaración informativa, ¿cuál es el tipo de cambio que debe utilizar para determinar el valor de adquisición?

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Respuesta: En el caso de los inmuebles, el valor de adquisición, al igual que en el resto de bienes y derechos objeto de declaración, debe ajustarse al tipo de cambio vigente en la fecha 31 de di‐ ciembre del ejercicio al que corresponde la información declarada. Cambios de valor por las variaciones en el tipo de cambio Pregunta 48: ¿Deben tenerse en cuenta a la hora de determinar el incremento producido en la valora‐ ción global de los bienes y derechos las variaciones ocasionadas por los tipos de cambio en la valora‐ ción de los bienes y derechos? Revisada Respuesta: Sí, salvo en el caso de la obligación relativa a la titularidad de bienes inmuebles. En el caso de un bien inmueble, una vez determinado el valor de adquisición, las variaciones en el tipo de cambio que se produzcan en años posteriores al año de declaración no se tendrán en cuenta para determinar si se ha producido un incremento de valor conjunto superior a 20.000 euros, a efectos de presentar una nueva declaración informativa del bien inmueble. Para el resto de bienes y derechos objeto de obligación informativa las oscilaciones producidas en el tipo de cambio deben tenerse en cuenta a efectos de valorar globalmente cada conjunto de bienes y determinar si deben volver a declararse los mismos. Ejemplo: Si en el ejercicio 2013 se presento declaración informativa por las cuentas situadas en el ex‐ tranjero, informando de su saldo a 31 de diciembre de 2012 aplicando el tipo de cambio vigente en esta fecha para expresar los mismos en euros. En el ejercicio 2014 no existe obligación de volver a pre‐ sentar declaración informativa sobre las mismas (siempre que no cese la titularidad sobre las mismas) salvo que el saldo conjunto de todas las cuentas en el extranjero teniendo en cuenta los tipos de cam‐ bio vigentes el 31 de diciembre de 2013 hubiese experimentad o un incremento superior a 20.000 € respecto al saldo conjunto que determino la obligación de declarar en el ejercicio 2013. Consideración sobre el valor de adquisición de los inmuebles Pregunta 49: En el valor de adquisición de un inmueble ¿se deben incluir impuestos y gastos acceso‐ rios de la compra? Respuesta: Sí, el valor de adquisición incluirá gastos inherentes a la compra e impuestos. OTRAS CUESTIONES Revocación autorización cuentas junio 2013 habiendo o debiendo haber informado respecto al 2012 Pregunta 50: Si una persona que ya ha presentado por el ejercicio 2.012 declaración informativa por la obligación de informar sobre cuentas en el extranjero deja de ser autorizado (se le revoca la autorización) en una de estas cuentas en el mes de junio de 2013 ¿existe obligación de presentar declaración informativa en el ejercicio 2014? ¿en el caso de que exista obligación, cual ha de ser el saldo y la fecha sobre las que se informe? Respuesta: Existe obligación de informar sobre la revocación de esta autorización, informando del sal‐ do que existía en esta cuenta en la fecha de la revocación. El contenido de la declaración en relación con esta cuenta en el caso de que exista obligación de declararla deberá informar sobre: La razón social o denominación completa de la entidad bancaria o de crédito así como su domicilio. La identificación completa de la cuenta.

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La fecha de la revocación de la autorización. Saldo de la cuenta en la fecha en la que dejo de ser autorizado. Cancelación de una cuenta habiendo o debiendo haber informado en otro ejercicio

Pregunta 51: Si una entidad presento el Modelo 720 en relación con la obligación de informar sobre cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero en un ejercicio porque el saldo de su cuenta superaba los 50.000 € y no concurría ninguna circunstancia eximente de la obligación, y en otro ejercicio su saldo no supera los 50.000 € y cancela la cuenta. ¿existe obligación de declarar? Respuesta: Sí. Obligación real de declarar en los trust y figuras análogas Pregunta 52: En el caso de figuras tales como, los trust o masas patrimoniales que carezcan de perso‐ nalidad jurídica de acuerdo con la legislación española, y que impliquen la transmisión de determina‐ dos bienes situados en el extranjero, ¿sobre quien recae la obligación informativa sobre bienes y dere‐ chos situados en el extranjero? Respuesta: Si el constituyente o “settlor” es residente en España, recae sobre él la obligación de informar sobre los bienes y derechos situados en el extranjero como titular de los mismos. Si el “trustee” es residente, deberá informar en su caso sobre su condición de autorizado, persona con poder de disposición o beneficiario que ostente sobre las cuentas situadas en el extranjero, o sobre la titularidad real que pueda ostentar sobre el resto de bienes objeto de la obligación de declaración. Si el o los beneficiarios son residentes, y se trata de beneficiarios reales y efectivos, es decir que no se trate de “beneficiarios potenciales”, deberán informar sobre las cuentas y rentas temporales o vitali‐ cias. Estas respuestas se entienden en todo caso sin perjuicio de la existencia de un titular real conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blan‐ queo de capitales y de la financiación del terrorismo. Titular y autorizado en una cuenta Pregunta 53: Si una persona es titular de una cuenta en el extranjero y autorizada sobre la misma. ¿Se deben declarar ambas condiciones o es suficiente con la declaración de la titularidad? Respuesta: La titularidad de la cuenta implica la autorización sobre la misma, luego en este sentido al recaer ambas condiciones en la misma persona, solamente se tiene la obligación de informar de la titu‐ laridad. Ámbito temporal de la residencia fiscal Pregunta 54: ¿Cuál es el ámbito temporal de la residencia a efectos de la obligación de presentar la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero? Respuesta: La residencia fiscal se refiere al ejercicio al que se refiere la declaración informativa. Ejemplo: personas que fueron no residentes (fiscales) en España en 2012 pero que van a serlo en 2013, y viceversa. ¿Cuál es el criterio que debe seguirse a los efectos de presentar el Modelo? Si la persona no se encontraba dentro del ámbito subjetivo de la obligación en el ejercicio 2012, en el ejercicio 2013 no tiene obligación de presentar el Modelo 720 (artículo 42 bis, 42 ter y 54 bis del RGAT). Si en el ejercicio 2013 esta persona se encuentra dentro del ámbito subjetivo de la obligación de declarar deberá presentar declaración informativa en el ejercicio 2014 respecto a la información del

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ejercicio 2013. Beneficiario

Pregunta 55: ¿Cuál es el concepto de beneficiario a efectos de la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero? Respuesta: La condición de beneficiario se recoge en el Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, a los efectos de esta declaración informativa, exclusivamente para “cuentas” (artículo 42 bis del citado Reglamento General) y para rentas temporales o vitalicias (artículo 42 ter.3.b) del citado Reglamento General). En ambos casos no se trata de un mero “beneficiario potencial” sino de un beneficiario “efectivo o real”. Operaciones de reinversión Pregunta 56: ¿Es necesario reflejar en el modelo 720 la información sobre todos los valores respecto de los que se ha perdido la titularidad a lo largo del ejercicio y antes del 31 de diciembre en aquellos casos en los que dicha perdida de titularidad se produce como consecuencia de operaciones de venta y reinversión del importe obtenido en la adquisición de nuevos valores? Respuesta: No. Cuando la pérdida de la condición de titular o titular real a que se refiere el último párrafo del artículo 42 ter.1 tuviese origen en la transmisión de los valores y derechos y el importe obtenido se hubiese destinado íntegramente a la adquisición de otros valores o derechos que sean objeto de declaración sólo deberán declararse los saldos a 31 de diciembre a los que se refiere el mismo apartado. Cuentas globales Pregunta 57: Si una “cuenta” recoge globalmente diferentes elementos o bienes, los cuales se encuen‐ tran perfectamente individualizados con códigos diferentes (ISIN o cualquier otro código de valores) ¿se debe informar de forma individualizada por cada uno de ellos en registros diferentes? Respuesta: Si. En la medida en que una “cuenta global o custodia” recoja bienes diferentes, ya sean acciones, partici‐ paciones o depósitos entre otros, deberá informarse de forma individualizada respecto a cada uno ellos, puesto que pueden constituir bienes integrantes de diferentes obligaciones de declaración pese a ser objeto de información en este mismo modelo 720. Consolidación de la titularidad de un inmueble Pregunta 58: ¿Qué fecha de adquisición se debe consignar en aquellos supuestos en los que, en un inmueble situado en el extranjero, se adquirió la nuda propiedad por un parte y con posterioridad se consolida la plena propiedad? Respuesta: Si se produce la consolidación de la titularidad sobre el inmueble, se deberá informar de la fecha en la que la persona se hace “titular” del mismo (en la que se consolida la titularidad), y como valor se deberá indicar el valor de adquisición total (computándose en su caso el valor del derecho real inicial y el valor de consolidar la titularidad). Bien inmueble con varios titulares y distintas fechas de adquisición Pregunta 59: Si existen múltiples partícipes del bien o derecho declarado, el importe no se prorratea y se especifica el porcentaje de titularidad. ¿Qué importe se consigna en aquellos supuestos en que el bien ha sido adquirido por varias personas en distintos momentos y por distintos importes? Respuesta: El importe a consignar en estos supuestos será el correspondiente a su porcentaje de ‐ 49 –

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participación calculado elevando al íntegro el importe por el cual adquirió la parte correspondiente del bien. Dado que se desconoce el valor de adquisición del resto de partícipes, el valor total del bien así determinado (elevando al 100% el valor correspondiente a su porcentaje), será el límite para determinar la obligación de declarar, por lo que podrán existir partícipes obligados y otros no. Ejemplo: Si una persona residente “A” adquirió el 50 % de un inmueble situado en el extranjero en el año “n” por un importe de 20.000 euros y en el año “n+3” otra persona residente “B” adquiere el otro 50 % del mismo inmueble situado en el extranjero por un importe de 40.000 euros. ¿Cómo deben declarar la titularidad que ostentan sobre el citado inmueble cada uno de los titulares? La persona residente “A” no tiene obligación de informar sobre el citado inmueble. El valor que habrá tomado en consideración para determinar la existencia de la obligación de informar, será para este inmueble, el valor de adquisición de su participación elevada al integro, es decir, como ostenta el 50 % y su parte le costó 20.000 euros, el importe que debe considerar como limite determinante de la obligación es 40.000 euros. La persona residente “B” tiene obligación de informar sobre el citado inmueble. El valor que de‐ termina la existencia de su obligación en los términos establecidos en el artículo 54 bis del Reglamento General, será el valor de adquisición de su participación elevada al integro, es decir, 80.000 euros. Fecha de valoración de los bienes Pregunta 60: ¿En qué momento deben computarse los valores de los bienes situados en el extranjero para aplicar el límite de 50.000 € del artículo 42 bis.4.e) y 42 ter.4 del Reglamento General aprobado RD 1065/2007, de 27 de julio? ¿Qué se debe declarar en estos casos? Respuesta: El sujeto obligado a declarar debe tomar en consideración los siguientes valores de los bie‐ nes y derechos en el extranjero en las fechas señaladas a continuación: Respecto de las cuentas del artículo 42 bis del Reglamento General aprobado RD 1065/2007, de 27 de julio: Los saldos de la cuentas a 31 de diciembre y los saldos medios del último trimestre. Respecto de los valores del artículo 42 ter.1 del Reglamento General aprobado RD 1065/2007, de 27 de julio: Los saldos de los valores a 31 de diciembre. Respecto de las acciones o participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva del artículo 42 ter.2: Los valores liquidativos a 31 de diciembre. Respecto de los seguros del artículo 42 ter.3.a): Los valores de rescate a 31 de diciembre. Respecto de las rentas del artículo 42 ter.3.b): Los valores de capitalización a 31 de diciembre. Socio de sociedad residente, la cual participa en una no residente Pregunta 61: Una persona física residente en España es socio, directa o indirectamente, de una so‐ ciedad residente, que a su vez lo es de otra sociedad no residente. ¿Qué obligaciones de información tiene la persona física y la sociedad residente? Respuesta: La obligación de informar afecta a la sociedad residente respecto de su participación en la no residente, si bien no resultará exigible cuando quede exonerada por concurrir alguno de los supues‐ tos del artículo 42.ter.4. Por lo tanto, cuando concurra alguno de estos supuestos en la sociedad resi‐ dente, la persona física no deberá informar de las acciones en la sociedad no residente, ni de los activos integrantes del patrimonio de la misma. Lo anterior será de aplicación siempre que la sociedad no residente realice efectivamente una activi‐ dad económica mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales, es decir, ‐ 50 –

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que no tenga un carácter instrumental cuya finalidad sea el mero control indirecto de los bienes por parte del titular real. Socio de sociedad no residente que a su vez participa en otras Pregunta 62: Un residente en España es socio de una sociedad no residente (primer nivel) que a su vez lo es de otras también no residentes (segundo nivel) ¿Qué obligaciones de información tiene el residente respecto de las entidades no residentes y los bienes titularidad de éstas? Respuesta: El residente deberá informar sobre su participación en la primera de las sociedades no re‐ sidentes. Lo anterior será de aplicación siempre que las sociedades no residentes realicen efectivamente una actividad económica mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales, es decir, que no tengan un carácter instrumental cuya finalidad sea el mero control indirecto de los bienes por parte del titular real. Participación en una sociedad instrumental Pregunta 63: En el caso de una sociedad instrumental extranjera titular de activos en el extranjero objeto de esta declaración informativa, si se hubiese producido el “levantamiento del velo societario” al haberse presentado por el titular real la Declaración Tributaria Especial, Modelo 750, admitiendo que la sociedad era un mero vehículo, ¿Existe obligación de declarar la participación de la sociedad ins‐ trumental, o la titularidad indirecta real, o ambos? Respuesta: En este supuesto, el contribuyente deberá informar de los bienes y derechos respecto de los que es titular “real” en el extranjero. En todo caso, el contribuyente también deberá informar de la titularidad sobre las acciones de la so‐ ciedad instrumental que sigue siendo la mera titular “formal” de los bienes. Cuentas bancarias en el extranjero correspondientes a contribuyentes de IRPF residentes en el extranjero Pregunta 64: Si una persona física residente habitual en el extranjero es contribuyente de IRPF, tiene una cuenta en una entidad financiera situada en el extranjero donde cobra la nómina satisfecha por la Administración General del Estado ¿está sujeta a la obligación de información sobre esta cuenta en el caso de que no concurra ninguna de las causas que excepcione esta obligación de información de acuerdo con la normativa vigente? Respuesta: Sí, de acuerdo con el artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, existe obligación de informar sobre la misma. No concurre ninguna circuns‐ tancia excepcional en la cuenta de la entidad financiera situada en el extranjero en la que se cobre la nómina para no estar sujeta a la obligación de declarar. FRECUENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN Pregunta 65: Una vez se ha presentado la primera declaración del Modelo 720 correspondiente a un ejercicio ¿se debe volver a presentar cada año? ¿respecto a que información se debe volver a pre‐ sentar? Respuesta: Una vez presentada la declaración del Modelo 720 respecto de una o varias de las obligaciones de información contenidas en el mismo (a la que se hace referencia en la pregunta nº 1), solamente deberá volver a presentarse este Modelo, cuando en relación con una o varias de estas obli‐ gaciones se produzca un incremento del límite conjunto establecido para cada bloque de información

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superior a 20.000 euros respecto del que determino la presentación de la última declaración. Ejemplo: “Se presenta en el ejercicio 2013 Modelo 720, respecto a la información del ejercicio

2012. En esta declaración informativa se informó de cuentas bancarias en entidades financieras situadas en el extranjero y bienes inmuebles en el extranjero con los saldos y valores siguientes: Cuenta nº 1 Cuenta nº 2 TOTAL SALDOS

Saldo último trimestre 2012 40.000 15.000

Saldo a 31/12/2012 45.000 12.000

55.000

57.000

Inmueble nº 1 Inmueble nº 2 TOTAL valor

Valor de adquisición 50.000 20.000 70.000

Volverá a existir obligación de presentar la declaración informativa, Modelo 720, en ejercicios sucesi‐ vos cuando se produzca un incremento del límite conjunto establecido para cada bloque de informa‐ ción superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración. Ejercicio 2013: Si en el ejercicio 2013 los valores de los inmuebles no se modifican sustancialmente (y tampoco concurre ninguna otra causa para su declaración como por ejemplo sería su transmisión), el saldo conjunto de todas las cuentas en el último trimestre incrementa 15.000 € y el saldo conjunto de todas las cuentas a 31 de diciembre aumenta en 18.000 €, de forma que los saldos totales son los siguientes:

Cuenta nº 1 Cuenta nº 2 Cuenta nº 3 TOTAL SAL‐ DOS

Ejercicio 2013 Saldo último trimestre 2013 20.000 40.000 10.000 70.000

Saldo a 31/12/2013 18.000 23.000 34.000 75.000

Los incrementos experimentados en los saldos conjuntos de las cuentas han sido los siguientes:

Incremento respecto al ejercicio 2012

Incremento del sal‐ do conjunto del último trimestre 15.000

Incremento del saldo con‐ junto a 31 de diciembre 18.000

En el ejercicio 2013 no existirá obligación de presentar el Modelo 720, respecto a la obligación de in‐

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formación sobre bienes inmuebles en el extranjero (artículo 54 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio). Tampoco existe obligación de presentar el modelo 720, respecto a la obligación de información sobre cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero (artícu‐ lo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio) ya que el saldo con‐ junto (total) en el último trimestre y el saldo conjunto (total) a 31 de diciembre no se ha incremen‐ tado ninguno de ellos en más de 20.000 € respecto a los importes que determinaron la obligación de declarar en el último ejercicio de su presentación, en este caso el año anterior (siempre que además no concurra ninguna otra causa que obligue a su presentación, como sería por ejemplo la transmisión o en su caso cancelación de cualquiera de ellos). Ejercicio 2014: Si en el ejercicio 2014 el saldo conjunto de todas las cuentas en el último trimestre incrementa 2.000 € y el saldo conjunto de todas las cuentas a 31 de diciembre aumenta en 10.000 €. Los incrementos de saldos por cada año y en conjunto son los siguientes:

Incremento del Incremento del sal‐ saldo conjunto do conjunto del a 31 de diciembre último trimestre Incremento respecto al ejercicio 2012 15.000 18.000 Incremento respecto al ejercicio 2013 2.000 10.000

Incremento respecto al último ejercicio en que se presentó declaración por esta obligación de información (art.42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007)

17.000

28.000

El incremento que debe tenerse en cuenta, es el incremento experimentado del saldo conjunto del último trimestre y del saldo conjunto a 31 de diciembre respecto a los saldos que determinaron la obligación de declaración sobre cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero (artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio) en el último ejercicio en el que se presentó la misma. En este caso el incremento del saldo conjunto a 31 de diciembre de 2014 respecto al saldo conjunto a 31 de diciembre del último ejercicio en el que se presentó declaración, Modelo 720, por esta obligación de información, ha sido superior a 20.000 € luego en el ejercicio 2014 se presentará declaración informativa, Modelo 720, por la obligación de información sobre la totalidad de las cuentas en entida‐ des financieras situadas en el extranjero. Normativa: La regulación de la “frecuencia” en la presentación de la declaración informativa res‐ pecto a cada una de las obligaciones se encuentra: ‐ en el apartado 5 del artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para las cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero; ‐ en el apartado 5 del artículo 42 ter del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para los valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero;

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‐ en el apartado 7 del artículo 54 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, para bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. SANCIONES Y EFECTOS Sanciones y efectos. Ejemplo 1 Pregunta 66: En el supuesto de que no se presente declaración informativa, Modelo 720, existiendo obligación de presentarla respecto a las tres obligaciones de información sobre: ‐ cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero; ‐ valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero; ‐ bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. ¿Cuál sería la sanción mínima que se impondría por la falta de presentación? Y en el caso de que solamente existiese obligación de presentar el Modelo 720 respecto a una sola de las obligaciones de información. ¿Cuál sería la sanción mínima que se impondría? Respuesta: La sanción mínima por la falta de presentación del Modelo 720 en el primero de los casos, en el que se incumplen las tres obligaciones de información, sería de 30.000 €. En el segundo supuesto, en el que se incumple una sola obligación de información, la sanción mínima es de 10.000 €. Normativa: La Disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri‐ butaria, establece el régimen de infracciones y sanciones respecto a la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Este régimen de infracciones y sanciones establece las infracciones y sanciones para cada una de las tres obligaciones de información, de modo que se configuran sanciones mínimas para cada una de ellas. Sanciones y efectos. Ejemplo 2 Pregunta 67: Si un obligado tributario tiene que presentar el Modelo 720 por la obligación informati‐ va regulada en el artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio por una serie de cuentas bancarias abiertas en el extranjero, y presenta información sobre las tres cuentas recogidas en el cuadro siguiente omitiendo o consignando datos/conjuntos de datos de forma incompleta, inexacta o falsa. En el cuadro siguiente se recogen las tres cuentas sobre las que se informa en el Modelo 720, re‐ cogiéndose los datos correctos sombreados y con una “X" los datos/conjuntos de datos omiti‐ dos/incompletos/inexactos/falsos.

Cuenta nº 1

Datos o conjuntos de datos © Razón © Identifica‐ fecha de social (den.) ció n comple‐ apertura / saldo a + domicilio ta CCC concesión 31/12 X

saldo medio último tri‐ mestre

Cuenta nº 2

X

Cuenta nº 3

X

Se han omitido o declarado de forma incompleta/inexacta/falsa incompleta tres datos o conjuntos de

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datos de tres cuentas diferentes (de tres registros distintos). ¿Cuál sería la sanción mínima? ¿y la sanción correspondiente al caso planteado en el ejemplo?

Respuesta: La sanción mínima opera por cada obligación de información, en este caso opera por la obligación de información recogida en el artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio. La sanción mínima será de 10.000 euros. La sanción correspondiente al caso planteado en el que se incumple la obligación de informar del artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, omitiendo o bien declarando de forma incompleta, inexacta o falsa, dos conjuntos de datos y un dato, será de 15.000 euros (5.000 euros/dato o conjunto de datos según dispone el apartado 2.a) de la Disposición Adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). Sanciones y efectos. Ejemplo 3 Pregunta 68: En el caso de que se presente el Modelo 720 respecto a cualquiera de las obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, ¿se podría comprobar si se co‐ rresponden con rentas declaradas? ¿en el caso de que se correspondan con rentas no declaradas, se podría regularizar? Respuesta: Sí, se podría comprobar si los bienes y derechos declarados se corresponden con rentas susceptibles de haber sido declaradas, y si se comprobase que tienen su origen en rentas no declaradas se podría regularizar conforme a la normativa vigente. Sanciones y efectos. Ejemplo 4 Pregunta 69: ¿Respecto a que datos o conjunto de datos, la omisión, inexactitud, falsedad o aportación incompleta de los mismos constituye infracción tributaria conforme se establece en el apartado núme‐ ro 2 de la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa‐ ria? Respuesta: Se procede a analizar cuáles son los datos o conjuntos de datos que omitidos o declarados de forma inexacta, incompleta o falsa determinan la existencia de una infracción tributaria, en rela‐ ción con cada una de las tres obligaciones de información declaradas en el Modelo 720. a) En relación con la obligación contenida en el artículo 42 bis del Reglamento General aprobado por el Reglamento General aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, son los estableci‐ dos en el artículo 42 bis.6 del citado Reglamento General por cada registro declarado. La razón social o denominación completa de la entidad bancaria o de crédito y el domicilio de la entidad constituyen un “conjunto de datos”. Se entenderá que el “domicilio” se ha declarado de forma incompleta o inexacta cuando de la información suministrada no se permita determinar la ubicación concreta de la entidad. La identificación completa de la cuenta también se considera un conjunto de datos. Se entenderá por identificación completa de la cuenta: la determinación de si el código que la identifica responde a un código IBAN o bien a otro código diferente (“clave de identificación de la cuenta”), así como la cumplimentación del código de la cuenta (“código de la cuenta”). “La fecha de apertura o cancelación, o, en su caso, las fechas de concesión y revocación de la autori‐ zación”. Cada una de estas fechas constituye un dato. El saldo a 31 de diciembre de la cuenta, así como el saldo medio correspondiente al último trimestre

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constituyen un dato cada uno de ellos.

No obstante, lo anterior, en el caso de cancelación o revocación de la condición de declarante sobre la cuenta se debe informar sobre el saldo en la fecha del cese de tal condición. b) En relación con la obligación contenida en el artículo 42 ter del Reglamento General aprobado por el Reglamento General aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, son los establecidos en el artículo 42 ter.7 del citado Reglamento General. En el caso de los valores enumerado en la letra i), ii) y iii) del artículo 42 ter.1 del mencionado Regla‐ mento General, se considerará un para cada uno de ellos: Conjunto de datos: la razón social o denominación completa de la entidad jurídica, del tercero cesiona‐ rio o identificación del instrumento o relación jurídica, según corresponda, así como su domicilio. Datos: los saldos a 31 de diciembre de cada uno de estos valores. En el caso de de cese en la condición de titular o titular real se informará en su lugar del saldo en la fecha de dicho cese. En el caso de las acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva situadas en el extranjero: Conjunto de datos: la razón social o denominación completa de la institución de inversión colec‐ tiva y su domicilio constituyen un “conjunto de datos”. Se considera dato el valor liquidativo a 31 de diciembre constituye un dato. En el caso de cese en la condición de titular o titular real se informará en su lugar del valor liquidativo en la fecha de dicho cese. Respecto a los bienes enumerados en el artículo 42 ter del Reglamente General (seguros de vida o invalidez y rentas temporales o vitalicias): Conjunto de datos: la denominación completa de la entidad aseguradora y su domicilio. Se considera dato el valor de rescate a 31 de diciembre en el caso de los seguros, y el valor de capitali‐ zación a 31 de diciembre en el caso de las rentas temporales o vitalicias. En todos estos casos se entenderá que el “domicilio” se ha declarado de forma incompleta o inexacta cuando de la información suministrada no se permita determinar la ubicación concreta de la entidad. c) En relación con la obligación contenida en el artículo 54 bis del Reglamento General aprobado por el Reglamento General aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, son los establecidos en el artículo 54 bis.8 del citado Reglamento General por cada registro declarado. Respecto a la titu‐ laridad sobre bienes inmuebles: La identificación del inmueble con especificación sucinta de su tipología, constituye un dato, exigiéndo‐ se a estos efectos que se indique si se trata de un bien inmueble de naturaleza urbana o rústica. La situación del inmueble: país o territorio en que se encuentre situado, localidad, calle y número, constituyen un dato. Por lo tanto, se exigirá que a efectos de concretar la ubicación se determine: país, localidad, calle y número. Se entenderá que se ha declarado de forma incompleta o inexacta cuando de la información suministrada no permita determinar la ubicación concreta del inmueble objeto de la declaración. La fecha de adquisición de la titularidad, constituye un dato. Valor de adquisición del inmueble consti‐ tuye un dato. En los casos de “cancelación/transmisión” del inmueble, constituyen además datos, “la fecha de cance‐ lación” y el “valor de transmisión”. ‐ 56 –

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Respecto a la titularidad de contratos de multipropiedad, aprovechamiento por turnos, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, y respecto a la titularidad de derechos reales de uso o disfrute y nuda propiedad sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. La identificación del inmueble con especificación sucinta de su tipología, constituye un dato, exigién‐ dose a estos efectos que se indique si se trata de un bien inmueble de naturaleza urbana o rústica. La situación del inmueble: país o territorio en que se encuentre situado, localidad, calle y número, constituyen un dato. Por lo tanto, se exigirá que a efectos de concretar la ubicación se determine: país, localidad, calle y número. Se entenderá que se ha declarado de forma incompleta o inexacta cuando de la información suministrada no permita determinar la ubicación concreta del inmueble objeto de la declaración. La fecha de adquisición de estos derechos, constituye un dato. Valor a 31 de diciembre de estos dere‐ chos/titularidades. En los casos de “cancelación/transmisión” de estas titularidades constituyen además datos, “la fecha de cancelación” y el “valor de transmisión del mismo”. Sanciones y efectos. Ejemplo 5 Pregunta 70: ¿Cuáles son las consecuencias de la presentación de la declaración fuera de plazo? Re‐ visada Respuesta: Con independencia de las sanciones por el incumplimiento de la obligación formal, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 39 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, “en todo caso tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas y se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización, la tenen‐ cia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. No obstante, no resultará de aplicación lo previs‐ to en este apartado cuando el contribuyente acredite que la titularidad de los bienes o derechos corres‐ ponde con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente por este Impuesto.” De modo similar se establece en el apartado 6 del artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre Socieda‐ des, que “En todo caso, se entenderá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada que se imputará al periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos susceptible de regularización, los bienes y derechos respecto de los que el sujeto pasivo no hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el sujeto pasivo acredite que los bienes y derechos cuya titularidad le corresponde han sido ad‐ quiridos con cargo a rentas declaradas o bien con cargo a rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de sujeto pasivo de este Impuesto.” Debe tenerse en cuenta en relación con esta cuestión la consulta de la Dirección General de Tributos V1434‐17 en la que se aclaran las consecuencias de la presentación del modelo 720 de forma extem‐ poránea sin requerimiento previo por parte de la Administración tributaria: 1. Procede la aplicación de las sanciones del apartado 2 de la disposición adicional decimoctava de la LGT. (sanciones formales por presentación fuera de plazo). 2. En cuanto a la posible regularización de las ganancias no justificadas del artículo 39.2 LIRPF, se ‐ 57 –

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llega a la conclusión de que es admisible que el obligado tributario pueda regularizar voluntaria‐ mente la ganancia patrimonial no justificada. La ganancia patrimonial no justificada se regularizará mediante la presentación de una autoliquidación extemporánea por el IRPF correspondiente al ejerci‐ cio más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización en el momento de la presentación de la citada autoliquidación complementaria, salvo que, conforme a lo dispuesto en la disposición adi‐ cional segunda de la Ley 7/2012, corresponda imputar la ganancia patrimonial no justificada a un per‐ íodo posterior. En todo caso, se matiza que no existirá ganancia patrimonial no justificada por la parte de los bienes o derechos que hubieran sido adquiridos tanto con rentas declaradas en plazo como con rentas declara‐ das mediante la presentación, dentro del plazo de prescripción, de una autoliquidación complementa‐ ria extemporánea sin requerimiento previo. La regularización voluntaria de la obligación tributaria material principal a través de una autoli‐ quidación extemporánea en los términos expuestos, permite la aplicación de los recargos correspon‐ dientes al artículo 27 de la LGT, y la no aplicación de la sanción regulada en la disposición adicional primera de la Ley 7/2012. PREGUNTAS TÉCNICAS Campos obligatorios información declarante Pregunta 71: ¿Cuáles son los campos obligatorios de la información sobre el DECLARANTE? (en el formulario aparecen con asterisco rojo los campos obligatorios). Respuesta: *NIF *Apellidos y nombre o razón social (Persona con quién relacionarse): *Teléfono – Admite nueve dígitos. No obstante en el caso de tratarse de un número cuya extensión (por prefijos extranjeras) sea mayor, se deberá consignar el número de teléfono sin tener en cuenta los prefijos. *Apellidos y nombre Campos obligatorios en el formulario con independencia del bien o derecho del que se informe Pregunta 72: ¿Cuáles son los campos obligatorios comunes relativos a los bienes y derechos sobre los que se informa?: (en el formulario aparecen con asterisco rojo los campos obligatorios). Respuesta: *Clave de condición del declarante *Clave tipo de bien o derecho *Subclave de bien o derecho * Código de país. (Anexo 2 de la Orden EHA/3496/2011, de 15 de diciembre) (Domicilio de la enti‐ dad/ubicación del inmueble) *Código país. (Anexo 2 de la Orden EHA/3496/2011, de 15 de diciembre) * Origen del bien o derecho (Si es el primer ejercicio que se declara, si se transmite o si se vuelve a

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declarar por incrementarse los valores conjuntos en más de 20.000 €) ‐ Porcentaje de participación – Cuando se trata de “autorizados” este campo NO es obligatorio. Campos obligatorios en el formulario si se informa de un bien del artículo 42 bis

Pregunta 73: ¿Qué campos son específicamente obligatorios en el caso de que se declaren cuentas? (artículo 42 bis) “C” Respuesta: *Clave identificación de cuenta. * Código de cuenta. * Identificación de la entidad Si la clave de incorporación es “A” *Fecha de incorporación. * Valoración 1 (Saldo a 31/12) *Valoración 2 (Saldo medio último trimestre) Si la clave de incorporación es “C” *Fecha de incorporación *Fecha de cancelación. *Valoración 1 (Saldo en la fecha cancelación) Campos obligatorios en el formulario si se informa de un bien del artículo 42 ter Pregunta 74: ¿Qué campos son específicamente obligatorios en el caso de que se declaren valo‐ res/seguros/rentas? (Artículo 42 ter) “V”, “I” o “S” Respuesta: La fecha de incorporación NO es obligatoria. *Clave de identificación (solo obligatorio si la clave es “V” o “I”) *Identificación de valores (solo obligatorio si la clave es “V” o “I”) * Identificación de la entidad. * Valoración 1. *Clave de representación de valores (solo obligatorio si la clave es “V” o “I”). *Número de valores (solo obligatorio si la clave es “V” o “I”). Campos obligatorios en el formulario si se informa de un bien del artículo 54 bis Pregunta 75: ¿Qué campos son específicamente obligatorios en el caso de que se declaren inmue‐ bles o derechos reales sobre ellos? (artículo 54 bis) “B” Respuesta: *Fecha de incorporación. Si la clave “origen de la operación” es “A” * Valoración 1. Si la clave “origen de la operación” es “C” * Fecha de transmisión. * Valoración 1. *Valoración 2. *Clave tipo de bien inmueble. ‐ 59 –

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Obtención del borrador Pregunta 76: ¿Se puede obtener un borrador de la declaración?

Revisada

Respuesta: Si. Accediendo al trámite de presentación, con certificado electrónico o Cl@ve PIN (esta última para pre‐ sentaciones correspondientes a 2013 y siguientes), y cumplimentándose el formulario, existe una opción en la parte inferior llamada “borrador”. Con esta opción se visualiza el PDF no válido para la presentación con todos los registros de bienes y derechos declarados. Desde este PDF no valido para la presentación se puede enviar/firmar/presentar directamente la de‐ claración. Posibilidad de adjuntar información adicional Pregunta 77: ¿Existe la posibilidad de adjuntar o anexar información adicional a la declaración? Respuesta: Sí, en la misma pantalla que aparece al acceder a “presentación electrónica”, tenemos la opción de “aportar documentación complementaria”. 2014 ‐ PREGUNTAS FRECUENTES DEL MODELO 720 Pregunta 78: ¿Se debe informar de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero abiertas durante el ejercicio 2013 y canceladas antes del 31 de diciembre de 2013? Respuesta: No, no existe obligación de informar. El mismo criterio se aplica para los bienes y derechos objeto de las obligaciones de información reguladas en los artículos 42 ter y 54 bis del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, de modo que si se adquieren a lo largo del ejercicio y se extingue su condición de titular sobre ellos en el mismo ejercicio, no existe obligación de informar. Pregunta 79: ¿Es obligatorio informar de la “fecha de extinción de la titularidad” sobre valores, que se informaron o que debieron informarse en una anterior declaración informativa sobre bienes y dere‐ chos situados en el extranjero? No, la fecha de extinción de los bienes comprendidos en el artículo 42 ter del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio, no es un campo obligatorio a informar. Por lo tanto, podrá agruparse la información referida a transmisiones de valores homogéneos respecto de los que se deba informar. Pregunta 80: Si se realiza el traslado de valores situados en el extranjero a España, ¿existe obliga‐ ción de informar sobre el mismo? No, no existe obligación de informar en el caso de traslado de valores, siempre que este no implique la cancelación de la condición de titular o titular real sobre los mismos. Pregunta 81: Si se procede a la venta de valores (artículo 42 ter del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007), respecto de los que ya se informó o se tuvo la obligación de informar en la decla‐ ración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y se adquieren otros nuevos, ¿existe obligación de informar?

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Se debe informar de la cancelación de los valores, respecto de los que ya se informó o se tuvo la obli‐ gación de informar en la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. (No de la venta de valores que se adquieran y se vendan a lo largo del ejercicio y antes del 31 de di‐ ciembre). Solamente se debe volver a informar del conjunto de valores, seguros y rentas (obligación establecida en el artículo 42 ter del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007), que se posean a 31 de diciembre de 2013, si el valor conjunto de los mismos en esta fecha, experimenta un incremento su‐ perior a 20.000 euros respecto al valor conjunto que determino la obligación de presentación de la última declaración de bienes y derechos situados en el extranjero (Artículo 42 ter.5 del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de julio). Ahora bien, si dicha pérdida de titularidad, fue consecuencia de operaciones de compra‐venta, y los importes obtenidos se fueron reinvirtiendo íntegramente en la adquisición de otros valores (artículo 42 ter del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007), se podrá sustituir la obligación de informar sobre cada una de las cancelaciones, por la obligación de declarar los saldos a 31 de diciem‐ bre, con independencia de que el valor conjunto para todos los bienes y derechos comprendidos en este artículo 42 ter del citado Reglamento experimente o no un incremento superior a 20.000 euros. Se considerará que se ha reinvertido el importe íntegro, cuando se reinvierta el importe obtenido, mi‐ norado, en su caso, por los gastos y comisiones inherentes o habituales en este tipo de operaciones. Pregunta 82: Si en la Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero, se informó de la titularidad sobre participaciones en una sociedad de carácter instrumental, trust o figuras análogas, y a su vez de la titularidad real sobre los bienes y derechos situados en el extranjero, de los que es a su vez titular la sociedad o entidad instrumental. Si durante el ejercicio se ha procedido a la disolución de la entidad instrumental, ¿Cómo debe informarse en la declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero? De acuerdo con los artículos 42 bis.5, 42 ter.5 y 54 bis.7 del Reglamento General aprobado por el RD 1065/2007, se deberá informar de la cancelación o extinción de la titularidad sobre las participaciones en la sociedad instrumental y a su vez de la extinción de la titularidad real sobre los bienes y dere‐ chos situados en el extranjero, de los que a su vez era titular la entidad instrumental. Igualmente, y como consecuencia del cambio en la forma jurídica o condición en la que se detenta la titularidad sobre los bienes y derechos situados en el extranjero respecto de los que se ha dejado de ser titular real, para pasar a ser titular (jurídico/formal), se debe informar igualmente de la nueva titu‐ laridad (jurídico/formal) sobre estos bienes y derechos situados en el extranjero. En este sentido es preciso recordar la incidencia que la correcta declaración de la forma de titularidad tiene a efectos de imposición directa conforme a lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición Adi‐ cional decimoctava de la LGT. Pregunta 83: Si una persona presentó la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero y fallece a lo largo del ejercicio 2013, ¿existe obligación de informar sobre la extin‐ ción de la titularidad ocasionada por el fallecimiento o de cualquier otra cancelación de bienes y dere‐ chos respecto de los que ya se presentó o se tuvo la obligación de presentar declaración informativa? Sí, existe obligación de informar.

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3.‐ MONOGRAFICO SOBRE RETRIBUCIONES EN ESPECIE.

3.1. Cuadro de retribuciones.

Normativa LIRPF art 42.2.a) RIRPF art 44 [redacción RD 1074/2017]

Retribución Las cantidades destinadas a la actualización, capacitación o reciclaje del personal empleado, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.

[1]

Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil del trabajador.

LIRPF art 42.2.a) LIRPF art 42.3.a) RIRPF art 45 [redacción RD 1074/2017]

[2]

LIRPF art 42.3.b)

[3]

LIRPF art 42.3.c) RIRPF art 46 [redacción RD 1074/2017]

[4]

Las entregas a empleados de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de empresa o economatos de carácter social. CV1426 -17

CV038917 CV323117

LIRPF art 42.2.d)

LIRPF art 42.3.e) RIRPF art 46 bis LIRPF art 42.3.f) RIRPF art 43

[5]

LIRPF art 43.1.1.a)

[6]

LIRPF art 43.1.1ºb) RIRPF art 48 bis

[7]

LIRPF art 43.1.1ºc)

[8]

LIRPF art 43.1.1ºd)

LIRPF art 43.1.1ºe)

[9]

No tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en especie

La utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal empleado (Guarderías y Transporte colectivo). Las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad, del propio trabajador, su cónyuge y descendientes. Las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por cada una de las personas beneficiarias. La prestación del servicio de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado. Las cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros con la finalidad de favorecer el desplazamiento de los empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo. La cantidad no podrá exceder de 136,36 euros mensuales por trabajador, con el límite de 1.500 euros anuales.

Estarán exentos

Entrega de acciones a trabajadores. Límite 12.000 € anuales77 Mantenimiento mínimo: 3 años

CV524716 CV174417

Utilización de una vivienda que sea propiedad del pagador Valoración: 10% valor catastral Utilización o entrega de vehículos automóviles: “coste” Reducción de la valoración de los rendimientos del trabajo en especie derivados de la cesión de uso de vehículos automóviles eficientes energéticamente: entre el 15% y el 30% Préstamos con tipos de interés inferiores al legal del dinero Prestaciones en concepto de manutención, hospedaje, viajes y similares, no exentos. Primas o cuotas satisfechas en virtud de contrato de seguro u otro similar, no exentos. Cantidades destinadas a satisfacer gastos de estudios y manutención del contribuyente o de otras personas ligadas al mismo por vínculo de parentesco, incluidos los afines, hasta el cuarto grado inclusive. Utilización de una vivienda que no sea propiedad del pagador. Contribuciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones y las contribuciones satisfechas por las empresas

Retribuciones en especie con Reglas específicas de valoración

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promotoras. LIRPF art 43.1.1ºf) RIRPF art 48

Precio ofertado por empresas que tengan como actividad habitual la realización de las actividades que dan lugar al mismo.

[1] Los gastos pueden ser financiados directa o indirectamente. Se entenderá que los estudios han sido dispuestos y financiados indirectamente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos para los que resulte necesario disponer de una adecuada for‐ mación por parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal participación [2] La cuantía de las fórmulas indirectas no podrá superar 11 euros diarios. [3] Más que una retribución en especie, se trata del uso de instalaciones que son propiedad de la em‐ presa por parte de sus empleados. CV1426‐17 La DGT ha venido reiterando como criterio interpretativo (consultas nº 0652‐93, 0682‐93, 0920‐95, V0146‐04 y V0760‐11, entre otras) que el transporte gratuito en autobús del personal al lugar de trabajo, en tanto se efectúe mediante vehículos dedicados al transporte colectivo de viajeros cuya capacidad exceda de nueve plazas incluida la del conductor y siempre y cuando esté organizado en forma de “rutas” o “líneas” con puntos fijos de subida y bajada de viajeros, de manera que no se trate de un “servicio a domicilio”, se considerará un servicio social y, por tanto no tendrá la considera‐ ción de retribución en especie (rendimiento del trabajo en especie exento con la actual normativa). [4] La cuantía será 1.500 € por cada beneficiario con discapacidad. CV3231‐17 La referencia al cónyuge que se contiene en el artículo 42.3.c) de la Ley del Impuesto no ampara a la pareja de hecho del trabajador. CV0389‐17 Los requisitos para la aplicación de la letra c) del mencionado artículo 42.3 son los que se recogen expresamente en la Ley y en el Reglamento del Impuesto (aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, BOE de 31 de marzo), no estableciéndose ningún límite en función de la edad de los descendientes (que incluirán a los hijos, nietos o bisnietos). [5] Cada uno de los trabajadores, junto con sus cónyuges o familiares hasta segundo grado, no pueden tener una participación, directa o indirecta, superior al 5%. Desde 2015 la oferta debe realizarse a to‐ dos los trabajadores de la empresa en las mismas condiciones. [6] En el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores catastrales hayan sido revisados o modificados, o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carác‐ ter general, de conformidad con la normativa catastral, y hayan entrado en vigor en el período imposi‐ tivo o en el plazo de los diez períodos impositivos anteriores, el 5 % del valor catastral. La valoración resultante no podrá exceder del 10 % de las restantes contraprestaciones del trabajo. [7 ] Valoración: Entrega: el coste de adquisición para el pagador, incluidos los tributos que graven la operación. Uso: el 20% anual del coste a que se refiere el párrafo anterior. En caso de que el vehículo no sea pro‐ piedad del pagador, dicho porcentaje se aplicará sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo. CV5247‐16 Al tratarse de una adaptación del vehículo particular del trabajador a sus necesidades no resulta viable la posibilidad de establecer un criterio de reparto entre los ámbitos particular y laboral CV1744‐17 Al consultante le ha asignado en 2017 un coche de empresa con nueve años de antigüedad. El vehículo había sido adquirido por la empresa (cuya actividad es la instalación y canalización de su‐

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ministros: agua, gas, electricidad...) en 2013 por el valor residual/opción de compra (17.800 euros) de un contrato de "renting". La valoración de referencia para determinar en el caso consultado la retribución en especie por el uso para fines particulares del vehículo será el 20 por ciento del coste de adquisición por el pagador: valor residual por el que se efectuó la compra a la empresa de “renting” (incluidos los tributos que gravaron la operación). [8] Será retribución en especie la diferencia entre el interés efectivamente pagado y el interés legal vigente en cada ejercicio. [9] Se valorarán por el coste para el pagador.

3.2. Cesión de vehiculos a empleados por parte de empresas. Tributación por el IVA.

Se plantea la tributación por el IVA respecto de la cesión de determinados vehículos automóviles efec‐ tuada por empresas a favor de sus empleados, para su utilización mixta (laborable y particular) por parte de estos; así como las deducciones cuotas soportadas relacionadas con esta operativa. Sujeción al IVA. La cesión de vehículos automóviles por parte de las empresas a los empleados, para que éstos los des‐ tinen a uso privado, constituye una prestación de servicios efectuada a título oneroso, pues se efectúa en contraprestación de los servicios prestados por los trabajadores en régimen de dependencia. No se trata de un supuesto de autoconsumo de servicios, por cuanto no es una cesión sin contrapres‐ tación. Dicha cesión está plenamente sujeta al IVA, por cuanto concurren los requisitos que la norma exige para ello: realización del hecho imponible (la cesión de uso), intervención de empresarios o profesio‐ nales (la empresa), así como el ámbito territorial de aplicación del Impuesto. En el caso de que el vehículo se utiliza simultáneamente tanto para el desarrollo de actividades empre‐ sariales o profesionales del empleador, como para las necesidades privadas de los asalariados, única‐ mente constituye retribución en especie sujeta al IVA la parte proporcional del uso que se realice de los vehículos que se destine a las necesidades privadas del trabajador. No puede ser de otra manera, cuando lo que se pretende es el gravamen del consumo privado del mismo, conservándose como em‐ presarial la parte en la que el vehículo sirve a los fines propios de la actividad de la empresa. Se trata pues, determinar que parte de la cesión del vehículo se destina a satisfacer las necesidades privadas del trabajador, que será la que constituirá la prestación de servicios sujeta al Impuesto. A estos efectos, se ha de estar a la disponibilidad del uso del vehículo que se le otorga al trabajador para su uso privado, esto es, el periodo de tiempo en el que el trabajador puede aprovechar el vehículo para usos particulares, no resultando aceptables, ni el uso real o efectivo del vehículo, ni criterios que fijasen un forfait según horas de utilización efectiva o kilometraje. El parámetro determinante debe ser la facultad que se le da al trabajador de la disposición del vehículo fuera del tiempo que constituye su jornada laboral. La disponibilidad del vehículo para uso privado determina el consumo que debe gravarse por el IVA, por equiparación al que efectúa el consumidor final que adquiere o arrienda directa‐ mente el vehículo. Esto es, en cualquier arrendamiento o cesión de uso, el consumo que se gra‐ va por el IVA no tiene en cuenta únicamente el uso real o efectivo del bien cedido, sino que se toma en consideración el periodo que tiene el consumidor final para disponer del elemento que se le cede.

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Determinación de la Base Imponible.

Para determinar la Base Imponible del Impuesto, habrá de aplicar el porcentaje de disponibilidad del vehículo para uso privativo, al valor de mercado de la cesión habida cuenta de que entre empleador y trabajadores existe vinculación, y resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 79.cinco de la Ley del IVA. Para posteriormente aplicar el tipo impositivo general que determinará la cuota de IVA de‐ vengada. Con relación al cálculo del porcentaje de disponibilidad del vehículo para uso particular del trabajador, en el caso concreto de la Resolución del TEAC que se comenta, se determina en función de las horas fijadas por el Convenio, comparadas con el cómputo de horas anuales. La proporción de la disponibilidad del vehículo, se efectúa del modo que se indica, teniendo en cuenta que:  el año tiene 365 x 24 horas;  periodo en el que trabajador tiene la disponibilidad del vehículo fuera del horario laboral: es de 365 x 24 ‐ horas laborables fijadas por el Convenio  Proporción disponibilidad uso privado vehículo = 365 x 24 ‐ horas laborables fijadas por el Convenio 365 x 24 Ejemplo: para un Convenio que fijase 1.800 horas laborales, el porcentaje de disponibilidad sería del 79,45 %. Debería aplicarse dicho porcentaje al valor de mercado de la cesión para determinar la Base imponible correspondiente a la prestación de servicios gravada por el IVA. A mayor abundamiento, la Consulta Vinculante V0891‐12, de 25 de abril señala que, dado que el IVA es un tributo de obligada repercusión, dicha repercusión del Impuesto deberá efectuarse al trabajador mediante descuento en la nómina, o a través de la correspondiente factura.

3.3. Tratamiento contable.

Hasta aquí hemos visto el tratamiento fiscal de las diferentes retribuciones en especie a considerar y en especial la relativa a la cesión de vehículos. A continuación comentamos el tratamiento contable, tam‐ bién para el caso más común, la cesión de vehículos a trabajadores. La consulta número 5 del BOICAC número 106/Marzo 2016, trata sobre el tratamiento contable que debe darse a una retribución en especie derivada de la cesión a los trabajadores de vehículos en régi‐ men de renting. El ICAC indica que para contabilizar los hechos descritos deberá tomarse como referencia la interpreta‐ ción que ha hizo el ICAC sobre el tratamiento contable de la adquisición de un vehículo destinado a ser cedido en uso al personal de una empresa para fines privados, publicada en la consulta 7 del BOICAC nº 48, y que en aplicación del actual Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, se considera en vigor. En concreto, las retribuciones al personal de la empresa tendrán naturaleza contable de gasto figuran‐ do en la partida de gastos de personal de la cuenta de pérdidas y ganancias formando parte integrante de los resultados de explotación, pudiendo emplear la cuenta 649. Otros gastos sociales, para su reconoci‐ miento contable. Como contrapartida de este gasto la empresa deberá registrar el ingreso correspondiente al servicio de renting, que en la medida que forme parte de las actividades ordinarias de la empresa deberá mostrar‐ se en la cifra anual de negocios; en caso contrario, para contabilizar el ingreso se podrá emplear la ‐ 65 –

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cuenta 755. Ingresos por servicios al personal.

Por último, en su caso, el IVA repercutido en la operación se reconocerá mediante abono en la cuenta “Hacienda Pública IVA repercutido” con cargo a la cuenta de tesorería o crédito correspondiente. Si el trabajador no abonase dicho importe, se contabilizará como un mayor valor del gasto de personal. Del mismo modo, si la operación pudiera determinar la realización de un ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deberá incrementarse por dicho importe el gasto de personal indicado, generándose como contrapartida una cuenta relativa a la Hacienda Pública acreedora. Todo esto lo extractamos en el cuadro núm. 1 siguiente

Veamos un caso práctico: La sociedad A se dedica a la prestación de servicios de leasing y renting. La empresa adquiere una serie de vehículos, que posteriormente son cedidos a los trabajadores en régimen de renting para fines priva‐ dos. La cuota de renting es de 10.000 euros (más IVA). Los trabajadores no van a abonar las cuotas. La retención asciende al 20 %.

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4.‐ IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU). INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTI‐ CULOS 107.1, 107.2 (A) Y 110.4 DEL TRLRHL ÚNICAMENTE EN LA MEDIDA QUE SOMETEN A TRIBUTACIÓN SITUACIONES DE INEXISTENCIA DE VALOR.

La sentencia del Constitucional que declaró contrarios a la Carta Magna dos artículos de la Ley de Haciendas Locales ha sido objeto de diversas interpretaciones en los órganos judiciales españoles. En algún caso como el del Juzgado de Las palmas se ha decantado por la doctrina emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: la decisión del Constitucional no afecta sólo a aquellas situaciones en las que se demuestra que con la sucesión o venta no se produjo riqueza. Los artículos declarados in‐ constitucionales han quedado “expulsados” del ordenamiento jurídico y, por tanto, ya no es necesario demostrar que no ha existido realmente ganancia en este periodo de tiempo, sino que todas las liqui‐ daciones realizadas en base a la norma son nulas, porque lo que se ha declarado inconstitucional es la propia capacidad de la Administración de realizar esa valoración apoyándose en la Ley de Haciendas Locales. Pero veamos el devenir de los pronunciamientos de los tribunales y el diferente tratamiento que se ha dado a las reclamaciones de los sufridos contribuyentes. 1.‐ Tribunal Constitucional ((Pleno), sentencia 59/2017 de 11 de mayo Cuestión de inconstitu‐ cionalidad 4864/2016 a) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuraicón actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse in‐ constitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, “unicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica” (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ5). b) Como apunta el Fiscal General del Estado, aunque el órgano judicial se ha limitado a poner en duda la constitucionalidad del artículo 107 LHL, debemos extender nuestra declaración de inconstitu‐ cionalidad y nulidad, por conexión (art. 39.1 LOTC) con los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, al artículo 110.4 LHL, teniendo en cuenta la íntima relación existente entre este último citado precepto y las reglas de valoración previstas en aquellos, cuya existencia no se explica de forma autónoma sino solo por su vinculación con aquel, el cual “no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene” [SSTC 26/2017, FJ 6, y 37/2017, FJ 4 e)]. Por consiguiente, debe declararse inconstitucional y nulo el artículo 110.4 LHL, al impedir a los su‐ jetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad econó‐ mica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5).

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c) Una vez explusados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 110.4 LHL, en los térmi‐ nos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento sus‐ ceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modifica‐ ciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5). 2.‐ Interpretación de la doctrina del Tribunal Constitucional: (i) Nulidad de liquidaciones por no existir norma de cobertura aplicable. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso‐Administrativo, sentencia de 30 de octubre de 2017 (recurso 8/2017) Por lo que la declaración de nulidad porinconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL 2/2004 se refiere “únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpre‐ sivas de capacidad económica”, que más bien parecen declaraciones y un claro mandato expreso diri‐ gido al legislador estatal de haciendas locales, aun sin la fijación de plazo al efecto, a quien le corres‐ ponde en exclusiva en ejercicio de su libertad de configuración normativa establecer la forma de de‐ terminación de la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación, que no a la labor interpretativa de los órganos judiciales guiada más por obvias y justificadas razones de justicia del caso concreto, ahora ya expresamente descartadas por la indicada jurisprudencia constitucional. Resultará procedente y obligado readecuar el sentido de los anteriores pronunciamientos de este Tri‐ bunal sobre la cuestión controvertida a las nuevas determinaciones de la expresada jurisprudencia constitucional, como vienen haciendo otros tribunales de este mismo orden jurisdiccional contencioso administrativo, con la consecuencia obligada de la declaración de invalidez de las correspondientes actuaciones municipales liquidadoras del impuesto de continua referencia –IIVTNU‐ por falta de co‐ bertura normativa legal para la exacción del tributo hasta que por el legislador estatal de haciendas locales no se atienda, finalmente, el expresado mandato expreso de la jurisprudencia constitucional citada sobre un elemento de la relación jurídico tributaria manifiestamente afectado por el principio constitucional de reserva de ley en materia tributaria. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso‐Administrativo, setencia de 20 de sep‐ tiembre de 2017 (recurso 745/2016) Entendemos que la liquidación debe ser anulada, en cuanto fue girada teniendo en cuenta, exclusiva‐ mente, preceptos explusados del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado no puede ser re‐ examinado a la vista de una prueba pericial para la que se carece de parámetro legal (comparación de valores escriturados, comparación de valores catastrales, factores de actualización, aplicaicón de nor‐ mas de otros impuestos …). Esto implicaría continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Cons‐ titucional rechaza, esto es, “dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria ocmo la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento”, determinación que el Constitucional insiste en que queda reser‐ vada al legislador. Al legislador también debe entenderse dirigida la aclaración del alcance o significado de la inconstitu‐ cionalidad mediante el empleo de los términos: “pero únicamente en la medida [en] que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”. Si esta expresión se interpretara diri‐ gida al aplicador del derecho, en calidad de limitación de la declaración de inconstitucionalidad a los concretos supuestos de hecho en que no hay incremento de valor, serían quebrantados los principios

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de seguridad jurídica y de reserva de ley en materia tributaria, los cuales, en definitiva, han determi‐ nado la declaración de inconstitucionalidad. En el mismo sentido:

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Burgos, Sala de lo Contencioso‐Administrativo, sen‐ tencia de 22 de septiembre de 2017 (recurso 21/2017) Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso‐Administrativo, sentencia de 20 de julio de 2017 (recurso 742/2016) Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso‐Administrativo, sentencia de 14 de julio de 2017 (recurso 15002/2017) (ii) Validez de las liquidaciones en caso de incremento de valor Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Sala de lo Contencioso‐Administrativo, sentencia de 16 de noviembre de 2017 (recurso 62/2017) El criterio probatorio razonable es que el sujeto pasivo del IIVTNU aporte un principio de prueba so‐ bre la inexistencia de incremento del valor del terreno transmitido, siendo insuficiente la simple nega‐ ción del hecho imponible y, una vez aportado algún elemento probatorio indicativo de tal circunstan‐ cia de hecho, es cuando a la Administración local, los Ayuntamientos, si pretenden cuestionar el de‐ cremento alegado, se les trasladaría la carga de probar la existencia de un efectivo incremento de valor del terreno. En conclusión, consideramos necesario modificar el criterio puesto de manifiesto en los FFDD Quinto y Sexto de la sentencia 1404/2017 de la Sección Cuarta, y unificarlo mediante esta sentencia, por enten‐ der que el sistema normativo regulador del IIVTNU no es, con carácter general, contrario a la Constitu‐ ción Española, en su configuración actual, siéndolo únicamente en aquellos supuestos en los que some‐ ta a tributación situaciones que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmi‐ sión. Una vez constatada la existencia del hecho imponible, resultarán de aplicación las reglas objetivas de cuantificación de la base imponible previstas en el artículo 107 del TRLHL. Voto particular. Referencia a Autos del Tribunal Supremo. Por todos: Auto del Tribunal Supremo, Sala Tercera, 20 de julio de 2017 (recurso 2093/2017) (iii) Una de las últimas sentencias: Juzgado de lo Contencioso Adminsitrativo número 6 de las Palmas. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas emitió el pasado 29 de enero el primer fallo que, en aplicación de la sentencia 59/2017 del pleno del Tribunal Constitucional, anula las liquidaciones del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) practicadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra una vecina de la capital que había heredado 10 inmuebles de su abuela (adquisición por sucesión mortis causa). Se trata de la primera sentencia que anula las plusvalías practicadas por el Ayuntamiento capitalino. El Juzgado provincial ya había dictado dos sentencias similares en referencia a otros municipios del terri‐ torio ‐el pasado 1 de septiembre, en el procedimiento ordinario 288/16, anuló una plusvalía en Anti‐ güa (Fuerteventura) y el 18 de enero dictó otro fallo condenatorio, en el proceso 63/16, contra el Ayuntamiento de Agüimes (Gran Canaria)‐, pero ahora el proceso se resuelve por una plusvalía en la capital. Veamos que la Justicia ya no sólo anula la plusvalía municipal cuando no hay aumento de valor, sino que también lo hace cuando lo ha habido. Se exime del pago de la plusvalía municipal a pesar de que hubo incremento de valor, lo que quedó acreditado por un informe pericial. Lo hace porque el Gobier‐ ‐ 69 –

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no no ha reformado el impuesto como exigía la setencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017 que lo anuló para los casos en los que hay incremento de valor, y considera que no hay forma de liqui‐ darlo y que cualquier liquidación debe ser anulada. Se desestima la argumentación que pedía suspender el impuesto y esperar a que haya una nueva ley, y da la razón al reclamante y lo anula. Recuerda que el Constitucional no se ha pronunciado sobre la forma de determinar si ha habido o no incremento, ya que ha considerado que es competencia del le‐ gislador. Sin embargo, el legislador estatal todavía no ha actuado, a diferencia del foral, que sí que se ha adapta‐ do a la primera sentencia que anuló el impuesto el pasado 17 de febrero si no hay incremento de valor. Las Diputaciones de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava aprobaron sus respectivas reformas del impuesto en‐ tre marzo y junio. Estas sentencias esgrimen que en este caso la suspensión no está prevista ni en la Ley de la Jurisdic‐ ción Contencioso‐Administrativa ni en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tampoco considera que le com‐ peta determinar el valor del terreno y cita una sentencia del TribunalSuperior de Justicia (TSJ) de Cata‐ luña que, siguiendo jurisprudencia constitucional, se mostró contraria a "una eventual reconstrucción normativa de los preceptos de aplicación mediante el libre arbitrio del aplicador o de los órganos ju‐ risdiccionales por vía interpretativa". No le parece pertinente hacerlo "en revisión de actuaciones tri‐ butarias para la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria y, a su vez, para la elección en cada caso concreto del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incre‐ mento o decremento de valor de los terrenos transmitidos". Lo estima "contrario [...] no sólo al princi‐ pio constitucional de seguridad jurídica [...] sino también al principio constitucional de reserva de ley en materia tributaria". La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha exigido al Gobierno que reforme la plusvalía municipal con urgencia y que se les compense. El pasado junio, la FEMP planteó dos propues‐ tas: la primera, convertir la plusvalía en un impuesto a cuenta como la Renta, la más valorada por los fiscalistas y por la propia FEMP, que trasladaría el coste del cambio al Estado, y la segunda, la creación de unos coeficientes de variación del mercado inmobiliario que se incorporarían a la base imponible, sistema en el que el contribuyente deberá acreditar que no ha habido plusvalía, por la que se ha decan‐ tado el Ministerio de Hacienda, en medio del descontento de los ayuntamientos del cambio, liderados por Madrid y Barcelona, con la propuesta de Hacienda, en la que los grandes consistorios podrían salir muy perjudicados. Esta segunda opción ya forma parte de un borrador (resumido al final de estas notas) que el Fisco ha remitido a los grupos parlamentarios. En este modelo, Hacienda calcula que Madrid dejará de ingresar cerca de 121 millones de euros al año, y Barcelona, 37 millones. Todo ello, en un contexto en el que el Fisco se niega a flexibilizar la regla de gasto. La reforma del impuesto acumula un importante retraso tras la sentencia del TC que anuló el impuesto en mayo, fallo que era previsible y que vino precedido de una avalancha de sentencias favorables al contribuyente de varios TSJ durante los años de la crisis. La pelota estaba en el tejado de Hacienda, que remitía a una reforma de la financiación local que no llega, y pasa ahora al Congreso. El borrador que propone Hacienda La reforma de la plusvalía municipal para adaptarse a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el impuesto cuando hay pérdidas se aplicará con carácter retroactivo desde el 15 de junio de 2017, según el borrador de proposición de ley que maneja el Grupo Popular a partir de los trabajos del Ministerio de Hacienda y que empezará a negociarse en el Congreso a partir de febrero. Hacienda pre‐ tende que la reforma se aplique desde el día en el que el BOE publicó la sentencia del TC para el terri‐

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torio común. Los contribuyentes que desde el 15 de junio de 2017 hayan vendido sus inmuebles por un precio inferior al que los compraron y, a pesar de ello hayan tributado por la plusvalía, deberían, una vez que entre en vigor esta ley prevista para el verano, recibir la devolución del tributo. No es des‐ cartable que algunos grupos intenten en la negociación alargar la retroactividad de la reforma a los últimos cuatro años no prescritos. Será el sujeto pasivo el que deberá declarar la transmisión no sujeta al impuesto, "así como adoptar las pruebas que acrediten la inexistencia de incremento de valor". La reforma también modifica el cálculo del tributo cuando sí haya ganancia a partir de unos nuevos coefi‐ cientes, según el número de años transcurridos desde la adquisición del inmueble, hasta un máximo de 20, que variarán desde el 0,09 cuando la venta sea inferior a un año hasta el 0,60 cuando sea igual o superior a 20 años, y serán actualizados anualmente. Los ayuntamientos tendrán tres meses para adaptarse.

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5.‐ PENSIONES PUBLICAS.

¿Ha pensado jubilarse en los próximos años? ¿Le preocupa saber cuánto cobrará de pensión pública? ¿Debería informarse sobre si le interesa anticipar su jubilación antes de la entrada en vigor de las últimas reformas?

Dedicamos este trabajo a examinar algunos datos publicados por el Banco de España y el INSS en rela‐ ción con el Sistema Público de Pensiones, con el fin de facilitar algunas respuestas a las preguntas de nuestros clientes, en particular a aquellos que tienen pensado jubilarse en los próximos años y les pre‐ ocupa saber cómo afectarán las últimas reformas en el importe de su pensión.

Empecemos con familiarizarnos con algunos términos: 1. Tasa de dependencia: El gasto en pensiones es mayor cuando el grupo de edad correspondiente es más numeroso en re‐ lación con la edad de trabajar, es la denominada tasa de dependencia. 2. Tasa de empleo: Cuanto menor sea la proporción entre la población en edad de trabajar que tiene un empleo, me‐ nor será el PIB, y, por lo tanto, mayor será el gasto en pensiones expresado en dichos términos. 3. Tasa de sustitución de las pensiones: Relaciona la pensión media y el salario medio, es decir mide la relación entre las rentas de la etapa como trabajador en activo y las rentas de la etapa de jubilación. Cuanto mayor es la tasa de sustitu‐ ción mayor será el gasto en pensiones. 4. Factor de Sostenibilidad Asocia la pensión a la longevidad de cada generación: Vincula el importe inicial de las pensiones de jubilación a la evolución de la esperanza de vida. Algunas simulaciones estiman que reducirán la pensión inicial en aproximadamente el 10 % en el año 2030 y el 20 % en 2050. 5. Índice de Revalorización Asocia la revalorización de las pensiones a los recursos disponibles, desvinculándolo de las tasas de inflación. Este factor se moverá entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC + 0,5%.

Escenario demográfico: El peso de la llamada generación del baby boom (nacida entre finales de los años 50 y mediados de los setenta) va a transformar la pirámide demográfica, haciendo que cada vez más parezca una pirámide

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invertida: la población mayor de 67 años que representaba en torno al 10% de la población total a principios de los años 80, supone hoy en día más del 16% y se proyecta que represente más del 30% a partir de la década de 2040:

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Banco de España. Documento nº 1701

La Reforma del Sistema Público de Pensiones: El sistema público de pensiones español ha sufrido dos importantes reformas, con el objetivo principal de adaptarlo al nuevo escenario demográfico que se proyecta en el gráfico anterior: La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Segu‐ ridad Social (en vigor a desde 2013), introdujo cambios significativos en las condiciones de acceso a la jubilación, tales como:   

aumento escalonado de la edad legal de jubilación, desde los 65 a los 67 años; incremento progresivo del período considerado para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación, desde los 15 hasta los 25 años, y obligación de acreditar al menos 37 años cotizados para acceder al 100 % de la pensión.

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Esta reforma se completó con el Real Decreto‐ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento acti‐ vo, donde se revisaron, entre otras, las condiciones de acceso a la jubilación parcial y anticipada, vincu‐ lando dicho acceso al incremento en la edad legal de jubilación. Este proceso reformista se intensificó con la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. En esta reforma se estableció un nuevo mecanismo para calcular la revalorización anual de las pensiones (a partir de 2014) y se introdujo el factor de sostenibilidad de las pensiones de jubilación (a par‐ tir de 2019). Según estimaciones del Instituto BBVA pensiones el Factor de Sostenibilidad en 2019 podría rondar el 99,28%, lo que implicaría que una pensión de 1.000 euros quedara reducida a 992,8 euros. En 2030 el factor estimado es del 92,08% (la pensión de 1.000 euros pasaría a ser de 920,8) y en 2045 es del 84,38% (en este caso la pensión de 1.000 euros quedaría reducida a 843,8 euros). El Sindicato CCOO, coincide, a grandes rasgos, con esta estimación, en una valoración del ejercicio 2013

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El impacto sobre una pensión que inicialmente apuntaba a 1.000, es de 5 euros mensuales por cada año que pase desde el 2018. El sindicato UGT estima que “La cuantía de las nuevas pensiones se reducirá un 4% cada 10 años y de manera acumulativa” “Tal y como reconoce el propio Gobierno en la nueva versión 2017‐2010 de la Actualización del Programa de Estabilidad, en una década se retrasará en casi 9 meses la edad media de jubila‐ ción efectiva en España (que por cierto es una de las más altas de la UE con 64,1 años) y a partir de 2019 (gracias al llamado Factor de Sostenibilidad) se producirá una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del 4%, acumulativo cada 10 años (es decir una pensión de jubilación de 1000 euros mensuales no pasará de 960 euros en solo 10 años y así sucesiva‐ mente).”

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6.‐ DIRECTRICES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL TRIBUTARIO.

 Un uso intensivo de las tecnologías de análisis de datos, sumado a la información del CRS y el SII, y a la consolidación de otras fuentes como el 720, abre un escenario de mayor dificultad para la ocultación y de más facilidad para la detección de conductas defraudatorias  La AEAT desarrollará modelos de análisis de riesgos para optimizar la información sobre gru‐ pos internacionales que comenzará a recibir a partir de junio a través del denominado ‘Informe País por País’ (CBC)  Tras las primeras inspecciones vinculadas con la nueva herramienta de selección de grandes patri‐ monios, en 2018 se reforzará el control a partir de más de medio centenar de riesgos fiscales predefi‐ nidos  La estrategia del control tributario se encamina hacia una mejora del cumplimiento voluntario y un ensanchamiento y consolidación de las bases imponibles declaradas por los contribuyentes  En el ámbito de recaudación, se buscará el efecto inducido en el cumplimiento espontáneo a medio y largo plazo de los contribuyentes y se reforzará el control de grandes deudores mediante una per‐ manente y exhaustiva investigación patrimonial

23 de enero de 2018.‐ Dos nuevas fuentes de información, el Suministro Inmediato de Informa‐ ción (SII) del IVA y los datos de cuentas financieras procedentes de decenas de jurisdicciones a través del proyecto CRS de la OCDE, serán a partir del presente año pilares esenciales en la lu‐ cha de la Agencia Tributaria contra el fraude, como pone de manifiesto su Plan de Control Tributa‐ rio 2018, cuyas directrices generales se publican hoy en el Boletín Oficial del Estado. La utilización de la información procedente del SII y el CRS, así como la consolidación de otras fuentes incorporadas en los últimos años (modelo 720 de bienes y derechos en el extranjero, análisis de datos declarados en el modelo 750 y Acuerdo FATCA sobre residentes españoles titulares de cuentas en Es‐ tados Unidos, entre otros) llevan al desarrollo de una estrategia integral que permite dar un importan‐ te impulso en la explotación de la información mediante un uso intensivo de tecnologías de análisis de datos. La suma de esta tecnología y de las nuevas fuentes de información abre un escenario de mayor dificul‐ tad para la ocultación y de más facilidad para la detección de conductas defraudatorias, de forma que la estrategia del control tributario de la AEAT se dirige hacia una mejora del cumplimiento voluntario de los contribuyentes y un ensanchamiento y consolidación de sus bases imponibles declaradas. Grandes patrimonios y ocultación de actividad La información del CRS resultará de especial utilidad para la detección de rentas y bienes ocultos en el extranjero por parte de grandes patrimonios, ámbito de control en el cual ya se han iniciado inspec‐

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ciones vinculadas con la nueva herramienta informática de selección de contribuyentes creada el pa‐ sado año para analizar el valor del patrimonio real de personas físicas titulares de patrimonios signifi‐ cativos y para mejorar la definición de sus riesgos fiscales asociados.

A lo largo de 2018 se reforzará el control a partir de más de medio centenar de riesgos fiscales prede‐ finidos mediante la nueva herramienta de selección y enfocados a supuestos que presenten importan‐ tes rasgos de opacidad o deslocalización. Adicionalmente, la actividad investigadora seguirá resultan‐ do esencial para la detección de rentas y patrimonios ocultos en paraísos fiscales o territorios con res‐ tricciones en el intercambio de información, y para la localización de bienes y derechos en España en supuestos de simulación de residencia fiscal en el extranjero. A su vez, la implantación del SII facilitará el control de actividades empresariales y profesionales total o parcialmente ocultas, sumando este potencial de información permanente sobre transacciones co‐ merciales a dinámicas y estrategias de control ya habituales en el ámbito de la lucha contra la econom‐ ía sumergida, como las operaciones coordinadas de entrada y registro con unidades de auditoría in‐ formática, o la detección de signos externos de riqueza. Multinacionales y grandes empresas El primer intercambio, a partir de junio de 2018, de la información sobre las magnitudes esenciales de actividad a nivel mundial de los grupos multinacionales, a través del denominado ‘Informe País por País’ (CBC), permitirá optimizar los análisis de riesgos de estos grandes grupos al objeto de detectar, regularizar y reconducir prácticas de elusión fiscal. En paralelo, la AEAT seguirá corrigiendo las prácticas elusivas de las multinacionales de acuerdo con las áreas de riesgo BEPS (Erosión de Bases y Traslado de Beneficios) de la OCDE en materias tales co‐ mo la utilización abusiva de las políticas de precios de transferencia (intragrupo) o las estructuras de planificación fiscal agresiva, y se potenciará la detección y regularización de establecimientos perma‐ nentes pertenecientes a entidades no residentes que cuentan con estructuras operativas instrumenta‐ les en España. Análisis de nuevos modelos de negocio La investigación en internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de ac‐ tividad económica sigue siendo una prioridad para la Agencia Tributaria, no únicamente al objeto de asegurar una tributación equitativa, sino también para evitar prácticas discriminatorias en relación con las formas de trabajo tradicionales. En este sentido, se prestará especial atención a los nuevos modelos de prestación de servicios y de distribución por vía electrónica, se adaptarán los sistemas de información teniendo en cuenta el cre‐ cimiento de sistemas de pago como los monederos electrónicos y las transferencias instantáneas y se mantendrá el control sobre fabricantes y prestadores de servicios online. A todo lo anterior se suman otros controles que la AEAT tradicionalmente viene considerando priori‐ tarios, en ámbitos como las tramas de IVA e hidrocarburos, la división artificial de la actividad, o la utilización de testaferros y empresas fantasma. En el caso del comercio exterior, se realizarán actuaciones de reevaluación de las condiciones de acce‐ so al estatus de Operador Económico Autorizado y de las autorizaciones para la aplicación de proce‐ dimientos aduaneros simplificados, y se establecerán comprobaciones e investigaciones combinadas de las importaciones de productos de consumo, textiles y otros con origen asiático. Represión del contrabando y el blanqueo En materia de represión del contrabando y el narcotráfico, se reforzarán especialmente los medios materiales y las actuaciones de control en el área del Estrecho de Gibraltar y se plantearán medidas ‐ 77 –

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normativas dirigidas a limitar el uso de embarcaciones de alta velocidad que habitualmente utilizan las organizaciones de narcotraficantes. Igualmente, se intensificará la lucha en los puertos contra la introducción de estupefacientes por parte de organizaciones que se sirven del tráfico marítimo de mercancía legal en contenedor. A su vez, se potenciará el control sobre todos los eslabones de la cadena del comercio ilícito de tabaco, especial‐ mente en el caso del contrabando de hoja de tabaco picada, para detectar operaciones ilícitas y poten‐ ciar las investigaciones de redes criminales. Por su parte, las unidades de investigación de la Agencia Tributaria potenciarán el uso de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes abiertas para atajar la eventual utilización de la denominada internet profunda o ‘deep web’ y las criptomonedas por parte del crimen organizado para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos. Efecto inducido en Recaudación En el Área de Recaudación, la Agencia Tributaria definirá sus actuaciones buscando el efecto inducido de la gestión recaudatoria ejecutiva, al objeto de incidir en el cumplimiento espontáneo de los contri‐ buyentes. Además, en 2018 será una actuación prioritaria de la AEAT el control sistemático de los grandes deudores, así como una exhaustiva y permanente investigación de sus patrimonios. También se pretende impulsar la utilización de la información que proporciona el SII, dado que su in‐ mediatez permite mejorar tanto la eficacia de los embargos como su control a posteriori. De igual for‐ ma, el Área de Recaudación impulsará como años anteriores la adopción de medidas cautelares, deri‐ vaciones de responsabilidad e investigaciones patrimoniales para afianzar el cobro de las deudas tri‐ butarias, y se mantendrá un control permanente para seguir reduciendo la deuda pendiente, especial‐ mente la deuda en fase de embargo.  El SII y la nueva información de cuentas financieras serán pilares clave en la lucha de la AEAT con‐ tra el fraude

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Marzo 2018

7.‐ CALENDARIO FISCAL MARZO 2018.

CALENDARIO FISCAL

20 de marzo

MARZO 2018

RENTA Y SOCIEDADES Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputacio‐ nes de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las insti‐ tuciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles ur‐ banos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.  Febrero 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA Febrero 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros regis‐ tro del IVA e IGIC y otras operaciones: 340  Febrero 2018 Declaración recapitulativa de operaciones intracomunita‐ rias: 349  Febrero 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

Recuerda que la finalización del 'modelo 720' es el 2 de abril

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 

Febrero 2018: 430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN Diciembre 2017. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558 Diciembre 2017. Grandes empresas: 561, 562, 563 Febrero 2018: 548, 566, 581 Febrero 2018: 570, 580 Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores auto‐ rizados: 510    

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 

Febrero 2018. Grandes empresas: 560

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