Circular Diciembre 2018

E.de la Orden Ondategui C.Vinzo Gil X. Vendranas Ramón S. de la Orden Montoliu J.M. Cugat Fiter

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ÍNDICE 1.‐ NOTICIAS DE INTERES........................................................................................................................................2 1.1. «MyInvestor» (Andbank) lanza la primera hipoteca sin el impuesto modificado por Sánchez...........................................................................................................................................................2 1.2. El Gobierno, empujado a cambiar su decreto de hipotecas por olvidar las cajas rurales. ...................................................................................................................................................................2 1.3. El ‘decretazo’ del AJD deja otro agujero: las hipotecas subrogadas están exentas. ...........3 1.4. El Gobierno deja la puerta abierta a reclamar el AJD a Hacienda de los últimos cuatro años. ..........................................................................................................................................................4 1.5. Un juez obliga al banco a pagar el impuesto hipotecario con carácter retroactivo. ..........5 1.6. La Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones denuncia a España ante la CE. ........................................................................................................................................................................6 1.7. El Gobierno quiere un único registro y un impuesto específico para las viviendas turísticas................................................................................................................................................................6 1.8. El Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales\. .........................................................7 1.9. Hacienda rastrea a 146 multinacionales para controlar la evasión de impuestos. ...........7 1.10. La unidad de grandes patrimonios de la Agencia Tributaria contará con una plantilla de 200 funcionarios. ........................................................................................................................8 1.11. Cerrado el acuerdo sobre autónomos: la cuota mínima subirá 5,36 euros al mes en 2019...................................................................................................................................................................8 1.12. Cláusula suelo. Efectos retroactivos. Condenada la banca a devolver las cantidades indebidamente cobradas por las cláusulas suelo desde la firma de la hipoteca. ................................................................................................................................................................9 2.‐ PRINCIPALES CAMBIOS DE CRITERIOS PREVISTOS EN EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL ICAC SOBRE PRESENTACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS ASPECTOS CONTABLES RELACIONADOS CON LA REGULACIÓN MERCANTIL DE SOCIEDADES DE CAPITAL ..................................................................................................................................................................... 10 3.‐ COMENTARIOS A LA CONSULTA SOBRE SI LAS SOCIEDADES QUE SE DESCRIBEN FORMAN UN GRUPO EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 42 DEL CODIGO DE COMERCIO. .................. 13 4.‐ CARGA DE LA PRUEBA DE LA EXONERACIÓN DE TRIBUTACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES QUE HAN SIDO DECLARADAS POR EL PAGADOR COMO DIETAS EXCEPTUADAS DE GRAVAMEN. DETERMINAR SI CORRESPONDE AL PAGADOR O AL PERCEPTOR DE LAS MISMAS....................................................................................................................................................................... 16 5.‐ CALENDARIO FISCAL DICIEMBRE 2018. ................................................................................................... 18

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1.‐ NOTICIAS DE INTERES.

1.1. «MyInvestor» (Andbank) lanza la primera hipoteca sin el impuesto modificado por Sánchez.

El neobanco creado por Andbank lanza una hipoteca a 25 años, con un tipo de interés del euríbor más un diferencial del 0,89%, en la que asume todos los gastos, incluido el Impuesto de Actos Jurídicos Do‐ cumentados (AJD)

MyInvestor, el neobanco creado por Andbank en 2017, se ha adelantado a la normativa del Gobierno con el anuncio del lanzamiento de una nueva hipoteca a 25 años que asume todos los gastos, incluido el impuesto de actos jurídicos documentados.

El préstamo, contratable actualmente, se ha adelantado en dos días a la nueva norma fiscal que ha aprobado el Consejo de Ministros con fecha de entrada en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque ha sido convalidado por las Cortes Generales en estos días primeros de diciembre.

La hipoteca, que carece de comisiones, cuenta con un tipo de interés del euríbor más un dife‐ rencial del 0,89%, al término del primer año, cuando aplicará un precio del 1,79%. Según ha detallado la entidad, el producto no exige obligación alguna de suscripción o compra de otros productos, asumiendo todos los gastos ligados a su constitución (tasación, gestoría, notaría y registro, además del polémico impuesto).

1.2. El Gobierno, empujado a cambiar su decreto de hipotecas por olvidar las cajas rurales.

Las cooperativas no saben a qué atenerse. Piden al Gobierno que clarifique que la exención del impues‐ to a hipotecas es firme. El Gobierno calla ante el error del texto

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El decreto ley sobre las hipotecas iba a traer seguridad jurídica al sector después del caos generado por el Supremo. Pero ha provocado lo contrario en las cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Tras desvelar este dia‐ rio que un olvido en la norma las exime del impuesto todas temen la llegada del lunes. Cajamar, la mayor de ellas, ha anunciado que de momento pagará el tributo pero que espera "clarificaciones". Caja de Zamora dice que no lo pagará y otras reclaman a Hacienda que confirme su inter‐ pretación de que están exentas. "No queremos otro lío jurídico", resumen fuentes del sector. Todos creen que el Gobierno tendrá que modificar su decreto ley en la tramitación parlamentaria. No ha du‐ rado ni 24 horas con su redacción actual. Hacienda no quiso hacer comentarios pero la oposición da por hecho que el Congreso lo cambiará. el decreto ley aclara que son los bancos ‐"el prestamista"‐ quienes deben pagar ese tributo. Pero el Ejecutivo olvidó que cajas rurales y cooperativas de crédito ‐un 5% del mercado‐ están exentas de ese impuesto desde 1990. Hasta ahora ese impuesto lo pagaba el cliente y no había diferencia. La ley de 1990 estaba pensada para eximirles del tributo cuando pedían un préstamo pero su redacción es tan amplia que puede afectar también a cuando lo suscriben.

1.3. El ‘decretazo’ del AJD deja otro agujero: las hipotecas subrogadas están exentas.

El decreto ley está reservado para procedimientos de urgencia. El Ejecutivo la justificó en “la situación de incertidumbre generada” las últimas semanas. Deberá ser convalidado por el Congreso El Gobierno justificó la urgencia del decreto ley para acabar con la incertidumbre del mercado hipote‐ cario, pero nada más lejos de la realidad. El nuevo marco normativo deja muchas dudas en el sector, y abre la posibilidad a que la guerra competitiva que tenían las entidades en la concesión del crédito se traslade a la subrogación. Esto es, quitar clientes al rival, al poder ofrecer mejores condiciones sin el impuesto en vez de conceder nueva financiación. “Es una ineficiencia de mercado de libro”, aseguran en el sector.

El decreto ley está reservado para procedimientos de urgencia. El Ejecutivo la justificó en “la situación de incertidumbre generada” las últimas semanas. El decreto ley deberá ser convalidado por el Congre‐ so, y hay diputados de la oposición pidiendo que sea un proyecto de ley. En cualquier caso, una vez clarificado el sujeto pasivo, han surgido otras incertidumbres, como el olvido de las cooperativas de crédito, que tienen una exención del AJD en su normativa fiscal que data de 1990. Hacienda ha rectifi‐ cado para que paguen como el resto del sector, y el Congreso lo ha incluido en la nueva Ley Hipoteca‐ ria.

Otra exención vigente en el mercado hipotecario radica en las subrogaciones, con el argumento de que no se tribute dos veces por el mismo concepto, según la Ley 2/1994. Es decir, cuando hay un cambio en el contrato para modificar al prestatario o, más comúnmente, al prestamista. Las dos modalidades más comunes son que el cliente se lleve la hipoteca de un banco a otro, o que el comprador de la vivienda acepte la hipoteca subrogada del promotor, que ha llegado previamente a un acuerdo de financiación

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con una entidad. Desde Hacienda no han hecho comentarios sobre esta exención, que la banca da por hecho que continuará para evitar la doble imposición.

1.4. El Gobierno deja la puerta abierta a reclamar el AJD a Hacienda de los últimos cuatro años.

El AJD de las nuevas hipotecas lo pagará la banca, tal y como aprobó en un Real Decreto Ley el Gobier‐ no de Pedro Sánchez. Sin embargo, esta norma podría haber dejado la puerta abierta a que los con‐ tribuyentes que hayan pagado este impuesto en los últimos cuatro años puedan reclamarlo a Hacienda. Y es que el Ejecutivo ha modificado el sujeto pasivo, pero no el hecho imponible.

El Real Decreto‐Ley 17/2018 ha modificado el sujeto pasivo del AJD en el caso de la concesión de nue‐ vas hipotecas, pero no el hecho imponible del tributo. En concreto, se ha establecido lo siguiente: “cuando se trate de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista”. Pero deja inalterado el hecho imponible del impuesto. La Ley General Tributaria señala que sólo cuando se realiza el hecho imponible del impuesto, nace la obligación de pagar el tributo.

Es decir, hay una íntima relación entre el hecho imponible y el sujeto pasivo, con lo que resulta muy difícil modificar el sujeto pasivo sin variar el hecho imponible. “Téngase en cuenta, además, que el con‐ tribuyente sujeto pasivo del impuesto, tiene que haber manifestado capacidad económica para que sobre él recaiga el pago de la obligación tributaria principal”. En el caso del AJD que analizamos, parece que la entidad bancaria sería la que manifestaría dicha capacidad económica, al ser ella la que adquiere el derecho de hipoteca.

Este argumento da lugar a dos interpretaciones: ‐ Si consideramos que el Real Decreto‐Ley ha modificado el sujeto pasivo del AJD, entonces ambas par‐ tes (entidad bancaria y cliente) manifiestan igual capacidad económica, y el legislador ha decidido aho‐ ra, por motivos de política social, que el que pague el impuesto sea el cliente. Pero que dicha situación podría cambiar en el futuro. ‐ Si entendemos que el Real Decreto‐Ley lo que ha hecho es aclarar definitivamente que el sujeto pasivo del AJD son las entidades bancarias, habrá que considerar que la capacidad económica siempre re‐ cayó en aquéllas, y no en los clientes. Esto significa que el impuesto pagado en los últimos cuatro años por los contribuyentes fue indebido, ya que no había capacidad económica gravable. Por tanto. El AJD de las hipotecas pagado en los últimos cuatro años podría ser reclamado a las Haciendas autonómicas, que son las competentes en recaudarlo.

El cambio realizado en la ley emplea la palabra “determinar”, que según la RAE significa despejar la incertidumbre sobre algo, establecerlo o fijarlo. El legislador no ha querido modificar la condición del sujeto pasivo, sino sólo establecerlo con claridad y exactitud, indicarlo con claridad o exactitud, fijarlo definitivamente. Es decir, el Gobierno al emplear ese verbo ha dado por hecho que la banca siem‐ pre debió pagar el AJD. Con este cambio normativo de urgencia el Gobierno ha dejado la puerta abierta para reclamar el AJD de las hipotecas. Para ello, los contribuyentes deberán solicitar la rectificación de la autoliquida‐ ción del AJD presentada en su día y la devolución del ingreso indebido.

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Con toda seguridad, Hacienda desestimará dicha solicitud. Pero desde luego hay argumentos para que un día, los Tribunales de Justicia declaren que, en realidad, el Real Decreto‐Ley 17/2018 no modificó la condición de sujeto pasivo en el AJD de los préstamos hipotecarios, sino que solamente la aclaró. Y que, por ello, siempre han sido los bancos, y no los clientes, los sujetos pasivos del AJD de los préstamos hipotecarios.

1.5. Un juez obliga al banco a pagar el impuesto hipotecario con carácter retroactivo.

El banco recurrirá el fallo ante el cambio en la jurisprudencia por la reciente sentencia del Supremo y el decreto ley

El Juzgado de Primera Instancia número 18 bis de Málaga ha condenado a Banco Santander a abonar de forma retroactiva el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de un préstamo hipotecario contratado en 2014, según el fallo al que ha tenido acceso Europa Press y que será recurrido por la entidad ante la Audiencia Provincial.

El juez ha dictaminado que la entidad debe pagar al demandante la cantidad de 1.990,31 euros relativa a los conceptos de gastos de notaría, registro, gestoría e IAJD, más los intereses legales desde la fecha de los pagos.

El fallo analiza las tres sentencias del Tribunal Supremo el pasado 16 de octubre, que supusieron un cambio en la jurisprudencia, y la deliberación final del Pleno de lo Contencioso, que estableció que sería el cliente quien pagase este impuesto. Finalmente, es el Real Decreto del Gobierno, que hace responsable de pagar el gravamen a los bancos, el que utiliza el juez para determinar que Santander debe abonar dicho impuesto, y no el cliente.

El juez utiliza el Real Decreto del Gobierno para determinar que el banco debe abonar el im‐ puesto y no el cliente La sentencia argumenta que el contexto jurídico precisaba cubrir una laguna interpretativa con recientes cambios de criterio, dando un marcado carácter interpretativo al nuevo Real Decreto‐ley 17/2018, que no tiene disposición transitoria, por lo que el juez aplica supletoriamente el Código Civil en cuanto a la retroactividad de las normas.

“Para este juzgador no cabe duda que, en la presente controversia, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados debe recaer su pago en la entidad prestamista, porque la disposición del Gobierno que se acaba de dictar resuelve una laguna interpretativa y, por tanto, y en cuanto tal, es tácitamente retroactiva, máxime cuando hablamos en nuestro campo de Derecho Civil, más concretamente de Derecho de Consumido‐ res y cuando estamos ante un carácter tuitivo de tal rama jurídica, y cuando además el retorno o devo‐ lución del pago del impuesto en caso de nulidad es consecuencia misma y directa de la nulidad decre‐ tada en esta sentencia”, reza el documento.

Por ello, el juez ha declarado la nulidad de la cláusula financiera quinta de la escritura del préstamo hipotecario suscrito relativa a los gastos, especificando a efectos interpretativos que por la generalidad

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de la misma, no se extiende a los gastos y/o primas del seguro para la conservación de la finca, hogar o incendio o gastos distintos a la garantía hipotecaria que pudieran haberse establecido.

1.6. La Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones denuncia a España ante la CE.

La Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones, fundada por las plataformas de Aragón, Andalucía y Asturias, ha denunciado ante la CE al Reino de España por dicho tributo, al considerar que "viola derechos fundamentales" reflejados tanto en los tratados de la UE como en la Constitución española.

Uno de los principales motivos que sustenta la denuncia, es la existencia en España de veinte sistemas fiscales diferentes respecto al tratamiento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Esto, señala la nota, genera "grandes diferencias de trato y situaciones discriminatorias, que atentan contra el principio de igualdad ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución Española".

La denuncia también argumenta que la aplicación de dicho impuesto en España es contraria a Dere‐ chos Fundamentales establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la UE, en el cual se consagra el derecho a la libre circulación y residencia de cualquier ciudadano de la Unión, así como la libre circula‐ ción de capitales.

Asimismo, en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en el cual se asegura la libre circulación de sus trabajadores y por tanto queda abolida cualquier tipo de discriminación por razón de nacionali‐ dad o residencia.

La Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones (Fencis) solicita a la Comisión Europea que tenga por formulada la denuncia contra el Reino de España por vulneración de la normativa de la Unión Europea, y que inicie un expediente al efecto de investigar y depurar las infracciones citadas.

Además, pide que se inste a que se anule toda la normativa autonómica que ha dado lugar a las citadas discriminaciones y vulneraciones de derechos.

Como recuerda la plataforma aragonesa, dicho impuesto ha generado entre la ciudadanía de las comu‐ nidades autónomas más afectadas un gran rechazo e indignación, que se ha traducido en manifestacio‐ nes, concentraciones y un gran tipo de acciones en contra del tributo, por considerarlo como "el más cruel, abusivo e injusto".

1.7. El Gobierno quiere un único registro y un impuesto específico para las viviendas turísticas.

Los vecinos quieren que sólo se puedan alquilar plantas bajas y con amplia mayoría de la comunidad.

Airbnb se ofrece al Ejecutivo para recaudar una tasa turística que pagarían los anfitriones.

El Gobierno espera tener listo antes de final de año una nueva regulación sobre los pisos de alquiler turístico que, entre otros elementos, incluya un registro único de los inmuebles en alquiler y también alguna fórmula fiscal adaptada a una actividad que se circunscribe dentro de la llamada economía co‐ laborativa, para la que la Hacienda busca nuevas formas tributarias.

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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha expuesto estos dos elementos ‐el re‐ gistro único y un nuevo impuesto‐ como dos de las cuestiones que debe figurar en el plan que su depar‐ tamento quiere trazar con administraciones, plataformas como Airbnb y asociaciones de vecinos Según ha dicho, las viviendas de uso turístico deben integrarse en la oferta regulada, así como ceñirse a una fiscalidad adotpada a la economía colaborativa. “Tiene que estar dentro de lo que es la fiscalidad del siglo XXI”, ha añadido Maroto.

Hace aproximadamente un mes, el Ministerio reunió a los sectores implicados ‐plataformas como Airbnb y HomeAway, administraciones y colectivos de vecinos‐ para empezar a trabajar en una regula‐ ción de pisos turísticos que, según Maroto, "va bien". Según ha dicho, se está aportando documentación de los distintos operadores y componentes, con la idea de tener un borrador para presentar al final de año.

1.8. El Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre 180.000 ope‐ raciones sospechosas de blanqueo de capitales.

"El Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El Notariado español es el más avanzado en la lucha contra estos delitos y debe colaborar con autoridades y Notariados de otros países ‐como los de América Latina‐ para ayu‐ darles a desarrollar sistemas que les permitan combatir de manera similar esta lacra", según apuntó el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido, en la inauguración del Foro interna‐ cional 'Delitos económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución".

1.9. Hacienda rastrea a 146 multinacionales para controlar la evasión de impuestos.

La Agencia Tributaria busca posibles inconsistencias entre lo declarado en nuestro país y lo que factu‐ ran fuera en sus lugares de origen.

La Agencia Tributaria está intentado descubrir posibles disfunciones en las declaraciones de impuestos de grandes multinacionales instaladas en España. Para acabar con prácticas de presunto fraude fiscal, los inspectores tienen a su disposición el famoso modelo 231, un mecanismo puesto en marcha por el departamento que entonces dirigía Cristóbal Montoro y que entró en vigor el 1 de enero de este año. El objetivo es conocer si estas grandes empresas foráneas con presencia en España declaran de forma adecuada y no tratan de evadir impuestos.

Hacienda lleva recibiendo desde hace once meses información de administraciones tributarias de 48 países. Por eso, gracias a estos intercambios, la Agencia Tributaria puede tener conocimiento de cuál es el volumen de negocio que tiene una multinacional en nuestro país en base a lo que declara en su país de origen. Cruzando esos datos los inspectores pueden conocer cuál es su actividad real en suelo español y, por tanto, lo que deberían declarar. Montoro puso en marcha esta operativa para aca‐ bar con las disfunciones en las operaciones vinculadas entre filiales y matriz, un momento en el que se podría aplicar una agresiva reducción de la factura fiscal.

Según datos del departamento que dirige María Jesús Montero, la Agencia Tributaria está analizando actualmente la información que 146 multinacionales han aportado a través del modelo 231. De

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este casi centenar y medio de informes abiertos, la gran mayoría de ellos han sido aceptados (130).

107 de ellos corresponden a matrices y 23, a firmas subrogadas o constitutivas. Además, 14 de ellos han sido parcialmente aceptados (12 corresponden a matrices y 2 a subrogadas o constitutivas). Por último, dos modelos han sido rechazados.

Esta información, que se da a conocer por primera vez, ha sido suministrada por el Ministerio de Hacienda en una respuesta parlamentaria a la diputada socialista Patricia Blanquer. El departamento tributario reconoce que “es esta fase aún se están tramitando requerimientos a contribuyentes que por la falta de presentación del modelo o por la existencia de incoherencias en el mismo”.

Aclara, asimismo, que estos 146 expedientes tramitados y sus resoluciones tienen carácter de “provi‐ sional”.

1.10. La unidad de grandes patrimonios de la Agencia Tributaria contará con una plantilla de 200 funcionarios.



Estará operativa a partir del próximo años



Analizará el ámbito familiar extendido y su entorno societario

La Agencia Tributaria tiene previsto lanzar "ya" la unidad de control de grandes patrimonios, con un equipo de 200 funcionarios y que estará plenamente operativa el año que viene, para centralizar el control sobre los contribuyentes con patrimonios relevantes, su ámbito familiar extendido y su entorno societario.

En declaraciones a los periodistas tras intervenir en las XVII jornadas tributarias, organizadas por la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha avanzado que se va a aprobar "ya" la resolución para la creación de la oficina de control a grandes patrimonios, anunciada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el mes pasado.

Gascón ha explicado que se va a designar el equipo que está ya en las oficinas trabajando en temas "co‐ nexos" para situarlos bajo el paragüas de la nueva oficina, con lo que se conseguirá la capacidad opera‐ tiva de 200 funcionarios.

El objetivo es que todas las actuaciones de vigilancia que actualmente se hacen de manera dispersa so‐ bre patrimonios relevantes se pasen a realizar de manera homogénea en todo el territorio nacional, bajo la dirección de una nueva oficina que reforzará la selección de los casos "más significativo", teniendo en cuenta el ámbito territorial y criterios de coordinación.

1.11. Cerrado el acuerdo sobre autónomos: la cuota mínima subirá 5,36 euros al mes en 2019.

La base mínima de cotización de los trabajadores autónomos subirá un 1,25% a partir del 1 de ene‐ ro de 2019, hasta los 944,35 euros al mes, y el tipo de cotización será del 30%, con lo que los autó‐ nomos personas físicas tendrán que pagar 5,36 euros más al mes (64 euros más al año) de lo que pa‐ gan actualmente, aunque a cambio recibirán una mayor protección.

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En total, en 2019 los autónomos personas físicas pagarán al mes 283,3 euros mensuales de cuota si cotizan por la base mínima. En el caso de los autónomos societarios, la base mínima subirá el próxi‐ mo año hasta los 1.214,08 euros mensuales. Pagarán 364,22 euros al mes, lo que supone 6,89 euros mensuales más (casi 83 euros más al año) que ne 2018.

1.12. Cláusula suelo. Efectos retroactivos. Condenada la banca a devolver las cantidades inde‐ bidamente cobradas por las cláusulas suelo desde la firma de la hipoteca.

La sentencia resuelve que procede estimar el recurso de ADI‐ CAE respecto de la íntegra restitución de las cantidades cobradas a los consumidores afectados por aplicación de la denominada cláusula suelo, sin la limitación temporal apreciada en la Sentencia de la primera instancia.

Respecto de la valoración, dicha sentencia afirma que:

Ha de recordarse que esta cuestión ha centrado también diversas observaciones en muchos motivos de recurso de apelación de las distintas entidades de crédito, con el fin de lograr bien el rechazo completo a cualquier reconocimiento de efecto restitutorio de la nulidad declarada del tipo de estipulación, bien al menos mantener su extensión limitada, en el sentido acogido por la Sentencia de la primera instancia.

Aunque ya fue objeto de atención, ha de tenerse presente que muchas de las alegaciones aducidas en tal sentido se basaban en la ausencia de enervación de la buena fe de las entidades en el uso, o en la for‐ ma de uso, de tal cláusula, cuando menos hasta el conocimiento público de los criterios de la STS nº 241/2013, o para ciertos casos concretos, el de la STS nº 139/2015.

Esta resolución puede ser recurrida en casación ante la ante la Sala Primera del Tribunal Su‐ premo.

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2.‐ PRINCIPALES CAMBIOS DE CRITERIOS PREVISTOS EN EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL ICAC SOBRE PRESENTACIÓN DE INSTRUMENTOS FINAN‐ CIEROS Y OTROS ASPECTOS CONTABLES RELACIONADOS CON LA REGULA‐ CIÓN MERCANTIL DE SOCIEDADES DE CAPITAL.

2019

Principales cambios de criterios previstos en el Proyecto de Resolución del ICAC sobre presentación de instrumen‐ tos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de sociedades de capital, en sintonía con la NIC UE 32

La RICAC está previsto que entre en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE y será de aplicación a las cuentas anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019.

Los nuevos criterios contenidos en la RICAC serán de aplicación obligatoria a las empresas que aplican el PGC y el PGC‐PYMES. Para las sociedades cooperativas será de aplicación subsidiaria.

De no establecerse un régimen transitorio, las empresas deberán aplicar los nuevos criterios de valo‐ ración y presentación de forma retroactiva, reexpresando las cifras comparativas de 2018.

A continuación, reseñamos los principales cambios de criterios, para tenerlos en consideración desde momento del inicio del ejercicio 2019: Beneficio buible (art. 2.5.)

distri‐ A los efectos de cuantificar el beneficio distribuible, el resultado del ejercicio deberá incrementarse en el importe de los gastos financieros contabili‐ zados al cierre del período en concepto de dividendo mínimo o preferen‐ te.

El capital social y, en su caso, la prima de emisión o asunción de acciones o participaciones sociales clasificado como patrimonio neto se presentará en los epígrafes A‐1.I. “Capital” y A‐1.II. “Prima de emisión”, siempre que se hubiera producido la inscripción en el Registro Mercantil de la ejecución del acuerdo de aumento con anterioridad al plazo establecido en la Ley para Contabilización de la formulación de las cuentas anuales. En caso contrario, figurarán en la las ampliaciones y partida 5. “Otros pasivos financieros” o 3. “Otras deudas a corto plazo”, ambas reducciones de del epígrafe C.III “Deudas a corto plazo” del pasivo corriente del modelo nor‐ capital mal o abreviado, respectivamente. (art. 7)

La reformulación de las cuentas anuales no afectará al registro de la amplia‐ ción de capital, salvo que se hubiera cometido un error en su contabilización.

Una vez inscrita la ampliación de capital después del citado plazo legal, la sociedad mostrará los efectos contables de la operación mediante la re‐ expresión de la información comparativa del ejercicio anterior. Las re‐ ducciones de capital se reconocerán aplicando los mismos criterios.

Aportaciones de Cuando los socios efectúen una aportación en un porcentaje superior a su par‐ los socios en pro‐ ticipación en el capital social de la sociedad, el exceso sobre dicho importe se porción distinta a reconocerá atendiendo a la realidad económica de la operación. En la medida

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la de su participa‐ en que la operación se califique como una donación, se aplicarán los cri‐ ción en el capital terios indicados en la norma de registro y valoración sobre subvenciones, social donaciones y legados recibidos del Plan General de Contabilidad o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. (art. 8) Se seguirá este mismo criterio en la constitución de la sociedad o en los aumen‐ tos de capital social con prima de emisión o asunción cuando el valor razonable del patrimonio aportado por cada socio no sea proporcional al valor nominal de las participaciones sociales o de las acciones recibidas a cambio.

Los gastos derivados de estas transacciones se registrarán como un mayor valor de la inversión financiera.

Adquisición y ena‐ jenación de accio‐ nes o participacio‐ nes de la sociedad dominante (arts. 22 y 23)

La diferencia entre la contraprestación recibida por la enajenación de acciones o participaciones de la sociedad dominante y el valor en libros que se da de baja se registrará como un resultado financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los gastos derivados de estas transacciones se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias como un resultado derivado de la baja de un activo financiero minorando la ganancia o aumentando la pérdida de la operación.

Cuando la remuneración de los administradores se vincule a los benefi‐ Remuneración de cios de la sociedad, en cumplimiento del sistema de retribución estable‐ los administrado‐ cido, la remuneración se contabilizará como un gasto en la cuenta de res (art. 26) Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que se haya devengado el benefi‐ cio.

Cuando existan pérdidas acumuladas y el resultado del ejercicio sea positivo, en caso de que el patrimonio neto sea inferior al capital social, la totalidad del Aplicación del re‐ resultado del ejercicio debe destinarse a la compensación formal o saneamien‐ sultado to de las pérdidas sin que en este caso proceda destinar una parte del resulta‐ do a dotar la reserva legal. Con esta aclaración se revisa la anterior inter‐ (art. 27) pretación de este Instituto publicada en la consulta 5 del BOICAC nº 99, de septiembre de 2014.

Primas de asisten‐ Cuando pueda concluirse que el pago no tiene carácter compensatorio ni cia a la Junta Gene‐ cabe identificarlo como una cuantía razonable para incentivar la partici‐ ral pación de los socios en el gobierno de la sociedad, la prima de asistencia se reconocerá como una aplicación del resultado. (art. 28)

Contabilización de la aplicación del resultado en el socio

Desde la perspectiva del socio, se recuerda que cualquier reparto de reser‐ vas disponibles o, en su caso, de la prima de emisión, se calificará como una operación de “distribución de beneficios” y, en consecuencia, origi‐ nará el reconocimiento de un ingreso en el socio, siempre y cuando, des‐ de la fecha de adquisición, la participada o cualquier sociedad del grupo

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(art. 30)

participada por esta última haya generado beneficios por un importe superior a los fondos propios que se distribuyen, en sintonía con la consul‐ ta 2 del BOICAC nº 96, de diciembre de 2013.

Se señala que sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos previstos en la Aumentos y reduc‐ normativa mercantil, el aumento de fondos propios a título de aportación por causa de una ampliación de capital por compensación de créditos se contabi‐ ciones de capital lizará por el valor razonable del crédito que se cancela, de acuerdo con las (Capítulo VII) consultas 5 del BOICAC nº 79, de septiembre de 2009, y 4 del BOICAC nº 89, de marzo de 2012.

Otras cuestiones de interés

2020

2020

Se retrasa, al menos, hasta el 1 de enero de 2020 la entrada en vigor de la adaptación del PGC a la NIIF UE 9. Instrumentos financieros en empresas no financieras

Se retrasa, al menos, hasta el 1 de enero de 2020 la entrada en vigor de la adaptación del PGC a la NIIF UE 15. Ingresos

202x Aplazada, sin fecha la adaptación del PGC a la NIIF 16. Arrendamientos

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3.‐ COMENTARIOS A LA CONSULTA SOBRE SI LAS SOCIEDADES QUE SE DES‐ CRIBEN FORMAN UN GRUPO EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 42 DEL CODIGO DE COMERCIO.

La sociedad consultante A constituida en 2013 tiene como objeto social, entre otros, la realización para terceros de estudios e informes económicos y de mercado y la administración y asesoramiento de ne‐ gocios y bienes. La sociedad fue constituida por 4 socios: la sociedad B retuvo el 44,75%, la Sociedad C el 28,25%, la sociedad D el 18% y la sociedad E el 9%.

La participación en el capital social, tal y como se constituyó, se mantuvo inalterada hasta mayo de 2016. En ese año se produjo una reducción de capital de tal manera que la Sociedad B se quedó con el 51%, la sociedad C con el 34,50% y la sociedad E con el 14,50%.

Cada una de las sociedades B, C y E se encuentra íntegramente participada por una persona físi‐ ca las cuales no mantienen vinculación y/o grado de parentesco alguno entre ellas. Los tres so‐ cios personas físicas forman parte del Consejo de Administración de la sociedad A, a título de representantes de las sociedades socio.

En el momento de su constitución se firma un pacto de socios donde entre otros acuerdos se establece que las decisiones de la Junta General se tomarán por mayoría del capital presente, pero se establece una mayoría del 75% para la toma de algunas decisiones significativas. Poste‐ riormente en el año 2014 se modificó dicho pacto, de tal forma que, la adopción de los acuerdos y toma de decisiones de mayor trascendencia para la sociedad queda limitada, impidiendo así que el socio mayoritario pueda tomar decisiones unilaterales sin el apoyo del resto de los so‐ cios con independencia de que este posea la mayoría de los derechos de voto.

La sociedad consultante también informa que ésta no forma parte de un grupo en el sentido del artícu‐ lo 42 del Código de Comercio recordando para ello la consulta 4 del BOICAC 92 del Instituto de Conta‐ bilidad y Auditoría de Cuentas en el cual se señala que “sólo hay grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio cuando una sociedad controla a otra sociedad o empresa” teniendo en cuenta que se entiende por control “el poder de dirigir las políticas financieras y de ex‐ plotación de una entidad con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades” conforme recoge el artículo 1 de las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC), aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.

Sobre la base de la interpretación del ICAC a la consulta señalada, la sociedad consultante considera que no forma parte de un grupo con sus socios en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio y que no existe control por parte de ninguno de los socios.

La consulta que se formula a este Instituto versa sobre la existencia o no, a raíz de la informa‐ ción aportada, de un grupo de subordinación.

La definición de grupo, a efectos de consolidación de cuentas, viene recogida en el artículo 42 del Códi‐ go de Comercio (CdC), que indica que existe grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, dire‐ cta o indirectamente, el control de otra u otras, indicando varios casos en los que se presume el con‐ trol; éste sería el que podríamos denominar grupo de subordinación. En tal caso, la sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas deberá incluir en ellas, a las sociedades integrantes del gru‐ po, así como a cualquier empresa dominada por éstas, cualquiera que sea su forma jurídica y con inde‐ pendencia de su domicilio social.

Por otro lado, el Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en la norma de elaboración de las cuentas anuales (NECA) 13. Empresas del grupo, mul‐

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tigrupo y asociadas, prevé además la existencia de lo que se podría denominar grupo de coordinación, integrado por empresas controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas. Para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2008 únicamente los grupos de subordinación están obligados a formular cuentas anuales consolidadas.

La interpretación de este Instituto sobre el concepto de empresas del grupo está publicada en la consulta 1 del BOICAC nº 83, de septiembre de 2010, y en la consulta 4 del BOICAC nº 92, de di‐ ciembre de 2012.

A modo de resumen, a la vista del contenido de las citadas consultas se puede afirmar que sólo hay grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del CdC cuando una sociedad controla a otra sociedad o empresa. En este sentido, en el artículo 1 de las NFCAC aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, se estipula que la sociedad dominante es aquélla que ejerza o pueda ejercer, directa o indirectamente, el control sobre otra u otras, que se calificarán como dependientes o dominadas, cualquiera que sea su forma jurídica y con independencia de su domicilio social. Y que a estos efectos se entiende por control el poder de dirigir las políticas financieras y de explotación de una entidad, con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades.

Además, en principio, el control es la consecuencia lógica de poseer la mayoría de los derechos de voto de una sociedad, o de la facultad de nombrar o haber designado a la mayoría de los miembros de su órgano de administración, circunstancia que también requiere, con carácter general, gozar de los dere‐ chos de voto. No obstante, en aplicación del artículo 42 del CdC cabría sostener: 1. Que una sociedad que posee la mayoría de los derechos de voto de otra sociedad no posee el con‐ trol si un tercero u otro socio, que no tiene la mayoría, adquiere la capacidad de dirigir las políticas financieras y de explotación de la participada en virtud de un acuerdo contractual, y deja el ejerci‐ cio de los derechos de voto del socio mayoritario relegado a la toma de decisiones sobre aspectos formales o administrativos, sin alcanzar a las actividades relevantes.

2. Que una sociedad que posea una inversión notable en otra sociedad, pero no mayoritaria, puede ejercer el control en función de cuál sea el número y el porcentaje de participación de los restantes socios. Así, por ejemplo, si el resto del accionariado es numeroso y su participación reducida es muy probable que el inversor pueda ejercer el control, del mismo modo que también sería verosí‐ mil el control en caso de que el número de socios no fuese elevado y al mismo tiempo resultase po‐ sible logar la mayoría mediante acuerdos con uno solo de ellos.

3. Igualmente, de conformidad con el artículo 42 del CdC es posible que el control se pueda ejercer con una participación minoritaria e incluso sin participación. Para identificar estos supuestos, en el artículo 2, apartado 2, de las NFCAC se regulan una serie de presunciones sobre el control. En este punto conviene aclarar que si una sociedad controla otra sociedad en virtud de estos acuerdos y no posee participación alguna, el grupo así configurado no es un grupo de coordinación sino un grupo de los previstos en el artículo 42 del CdC, es decir, un grupo de subordinación.

Una vez realiza esta aclaración, como se ha señalado, es preciso recordar que en nuestro Derecho con‐ table coexiste, junto al grupo de subordinación, otro concepto de grupo, el grupo de coordinación o grupo ampliado a que se refiere el último inciso de la Norma 13ª de elaboración de las cuentas anuales del PGC, esto es, el grupo que se construye a partir del concepto de unidad de decisión y que integran las sociedades controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente, o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

A mayor abundamiento se puede indicar que el elemento que caracteriza a los grupos de coordinación es el hecho de que el poder de dirigir las políticas financieras y de explotación de las sociedades (que forman el grupo) se ejerce, bien por una persona física o jurídica (no obligada a consolidar) o por el

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mismo conjunto de personas físicas o jurídicas. También forman un grupo de coordinación las socie‐ dades que se hallan bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En todos estos supues‐ tos, no cabe duda que identificar relaciones de subordinación entre las sociedades puede llevar a un resultado arbitrario o infundado, porque el control se ejerce por las personas físicas o jurídicas que se han descrito, o ha quedado predeterminado en virtud de los citados acuerdos o cláusulas estatutarias.

En definitiva, en este contexto regulatorio, es preciso advertir que en muchas ocasiones la calificación de varias empresas como sociedades del grupo en el sentido del artículo 42 del CdC no es una cuestión del todo evidente, y que los accionistas que controlan el grupo cuentan con un amplio margen de dis‐ crecionalidad para organizar la estructura jurídica de las diferentes empresas bajo cualquiera de las dos tipologías: grupo de subordinación o grupo de coordinación.

Frente a lo anterior, no cabe duda que la unidad de decisión se erige como un concepto que permite una aproximación más evidente a la cuestión de fondo, esto es, a la tarea de identificar el conjunto de las sociedades o empresas ubicadas bajo un mismo poder de dirección, sin perjuicio de que en algunos supuestos apreciar la identidad de las entidades que lo integran también sea una tarea no exenta de dificultad.

En resumen, este Instituto ha reiterado en la contestación a numerosas consultas que la calificación de un conjunto de empresas como grupo del artículo 42 del CdC requiere analizar los elementos indicia‐ rios que puedan llevar a concluir que una sociedad controla a otra sociedad o empresa, y que a tal efec‐ to sería preciso disponer y enjuiciar todos los antecedentes y circunstancias del correspondiente caso.

Además, es necesario advertir que, si esta tarea no culmina con la identificación de un grupo de subor‐ dinación, pero las sociedades están sometidas por otros medios a un control común, la conclusión que debe arrojar el análisis es que todas ellas forman parte de un grupo de coordinación.

De acuerdo con todo lo anterior, y entrando en el fondo de la cuestión planteada, existirían ra‐ zones por las que no podría concluirse que las sociedades A y B (socio que participa en un 51% del capital de la primera) forman un grupo del artículo 42 del CdC, en la medida en que según afirma la consultante, primero en virtud del pacto de socios y posteriormente a raíz del cambio en los estatutos, parece que la adopción de las decisiones significativas sobre las políticas fi‐ nancieras y de explotación de la sociedad A requiere una mayoría reforzada que implica la ne‐ cesidad de un acuerdo entre el socio mayoritario y, al menos, uno de los otros dos socios.

No obstante, y por los mismos motivos, tampoco se puede afirmar lo contrario. Esto es, que las sociedades A y B no forman un grupo del artículo 42 del CdC. En este sentido, conviene resaltar que la sociedad B, que posee el 51%, puede llegar a un acuerdo con cualquiera de los otros dos socios para tomar las decisiones relevantes, y que cualquier acuerdo siempre requerirá de la participación del socio mayoritario. Además, en todo caso, este último puede bloquear con sus votos las iniciativas que pudieran plantear los socios minoritarios.

Por ello, se recuerda que en muchas ocasiones la pertenencia de varias sociedades a un grupo es una cuestión de hecho, que no viene predeterminada por la mera posesión de un determina‐ do porcentaje de los derechos de voto, sino que para poder llegar a una conclusión sería preciso analizar todos los antecedentes y circunstancias del caso. Y que esta tarea, en última instancia, corresponde a los administradores de la sociedad consultante.

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4.‐ CARGA DE LA PRUEBA DE LA EXONERACIÓN DE TRIBUTACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES QUE HAN SIDO DECLARADAS POR EL PAGADOR COMO DIETAS EXCEPTUADAS DE GRAVAMEN. DETERMINAR SI CORRESPONDE AL PAGADOR O AL PERCEPTOR DE LAS MISMAS.

Resolución del TEAC de 06/11/2018 Criterio: 1.‐ No existe obstáculo normativo que impida a la Administración comprobar al perceptor de retribu‐ ciones que han sido declaradas como dietas y asignaciones para gastos de viaje exoneradas de grava‐ men, en relación con las mismas.

2.‐ Los gastos de locomoción mediante uso de vehículo privado así como los gastos de manuten‐ ción, deben ser acreditados por el pagador, pues a él le corresponde justificar el día y lugar del des‐ plazamiento que, junto con el motivo o razón de éste, son precisamente los extremos que permiten acreditar que las cantidades (euros por kilómetro o euros por día) establecidas en la norma quedan exoneradas de tributación por obedecer a razones laborales y de desarrollo de su actividad económica.

Ello no es obstáculo para que el perceptor pueda aportar voluntariamente la justificación de los mis‐ mos si dispusiera de ella.

3.‐ Los gastos de locomoción en caso de haberse utilizado un medio público de transporte, así como los de estancia (con la salvedad de los correspondientes a conductores de vehículos de transporte de mercancías por carretera que no excedan de las cantidades diarias señaladas en la norma), habrán de justificarse, en principio, por el empleado o perceptor de las dietas, al no atribuir la norma la car‐ ga de dicha prueba a la entidad pagadora, haber sido satisfechos por él, estando los justificantes expedidos a su nombre, y regir, en definitiva, el criterio general sobre reparto de la carga de la prueba del artículo 105 de la LGT y que atribuye al obligado tributario acreditar aquellos hechos que le favore‐ cen. Lo mismo cabría señalar de los gastos de aparcamiento o peaje en el caso de que se hubiese utili‐ zado un vehículo privado.

No obstante lo anterior, la acreditación de la vinculación de estos gastos con la actividad económica de la entidad pagadora corresponderá a esta última, pues a ella le atribuye la norma la carga de probar el día, lugar y motivo del desplazamiento, esto es, que los gastos de desplazamiento de los empleados obedecen a razones laborales y de organización de su actividad económica. Ello no es obstáculo para que el perceptor pueda aportar voluntariamente la justificación de tales circunstancias si dispusiera de ella.

Ahora bien, si el perceptor de las cantidades en concepto de dietas y asignaciones para gastos de viaje no acreditara en el seno del procedimiento de comprobación incoado respecto a él estos gastos por él satisfechos, alegando que tal documentación está en poder del pagador por habérsela entregado de cara a su resarcimiento con ocasión de la rendición de cuentas, o que la propia empresa pagadora re‐ conoce la exoneración de las cantidades en el certificado de retribuciones y retenciones sobre el traba‐ jo personal que a tal efecto se exhibe o en el modelo 190 presentado cuyos datos le imputa la Adminis‐ tración, y con cuyos contenidos no discrepa, el principio de disponibilidad de la prueba y facilidad pro‐ batoria impide a ésta hacer tributar sin más tales cantidades en el IRPF del perceptor, por falta de la justificación correspondiente, sin antes intentar obtener del pagador la documentación precisa me‐ diante el oportuno requerimiento.

4.‐ Si la Administración acreditase que al tiempo del procedimiento de comprobación seguido con el perceptor la relación de éste con el pagador fuera tal que le permitiera el acceso pleno a las pruebas requeridas para justificar la exoneración de gravamen de las cantidades recibidas en concepto de die‐

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tas y asignaciones para gastos de viaje, entonces aquélla podría dirigirse exclusivamente al perceptor para recabarlas, sin obligación de requerir al pagador.

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5.‐ CALENDARIO FISCAL DICIEMBRE 2018.

Recuerda:

20 de diciembre

Hasta el 31 de diciembre de 2018: Comunicación anual relativa al régimen especial del grupo de entidades: 039

RENTA Y SOCIEDADES Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias deri‐ vadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.  Noviembre 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no residentes  Ejercicio en curso: o Régimen general: 202 o Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales): 222

IVA Noviembre 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IGIC y otras ope‐ raciones: 340  

Noviembre 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349



Noviembre 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 

Noviembre 2018: 430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 

Septiembre 2018. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558

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

Septiembre 2018. Grandes empresas: 561, 562, 563



Noviembre 2018: 548, 566, 581



Noviembre 2018: 570, 580

Diciembre 2018

Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores auto‐ rizados: 510 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 

Noviembre 2018. Grandes empresas: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 

Pago fraccionado: 584



Año 2017. Declaración informativa anual operaciones con contribuyentes: 591

31 de diciembre

RENTA  Renuncia o revocación estimación directa simplificada y estimación objetiva para 2019 y sucesivos:

036/037 IVA  Noviembre 2018. Autoliquidación: 303  Noviembre 2018. Grupo de entidades, modelo individual: 322  Noviembre 2018. Grupo de entidades, modelo agregado: 353  Renuncia o revocación regímenes simplificado y agricultura, ganadería y pesca para 2019 y sucesi‐

vos: 036/037  Opción o revocación por la determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio

global en el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección para 2019 y sucesivos: 036  Opción tributación en destino ventas a distancia a otros países de la Unión Europea para 2019 y

2020: 036  Renuncia régimen de deducción común para sectores diferenciados para 2019: sin modelo  Comunicación de alta en el régimen especial del grupo de entidades: 039  Opción o renuncia por la modalidad avanzada del régimen especial del grupo de entidades: 039  Comunicación anual relativa al régimen especial del grupo de entidades: 039  Opción por el régimen especial del criterio de caja para 2019: 036/037  Renuncia al régimen especial del criterio de caja para 2019, 2020 y 2021: 036/037

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Responsable del tratamiento: Gabinete Enrique de la Orden – Dirección Pl. Francesc Macià, nº 4, 4º 1ª – 08021 Barcelona Teléfono 93‐414.50.14 Correo electrónico ga‐ binete@delaorden.net Base jurídica del tratamiento: relación contractual e interés legítimo Finalidad del tratamiento: mantener el contacto para el envío de informaciones de su interés en relación a los servicios Sus datos se conservarán hasta que usted se oponga a este tipo de tratamiento de sus datos personales, LO QUE PUEDE HACER EN CUALQUIER MOMENTO, solicitán‐ donos que desea dejar de recibir nuestra Circular Usted, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión portabilidad, limitación y oposición al tratamiento de la información que le concierne, comu‐ nicándose con la dirección de correo electrónico:gabinete@delaorden.net

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