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Defensor del Pueblo promueve implementación de nuevo Código Penal Página 2
La salud mental también es un derecho humano: del discurso a la garantía efectiva Página 8
Proyectos | Expansión Territorial fortalece alianzas institucionales en Santiago Rodríguez y Valverde Página 9
El Defensor del Pueblo en coordinación con la Universidad APEC (UNAPEC), a través de la Facultad de Humanidades y Derecho, desarrolló un conversatorio para analizar el contenido del nuevo Código Penal y reflexionar sobre los desafíos de su implementación.
Allí se destacó la importancia de que esta normativa entre en vigor como resultado de un amplio proceso democrático.
Durante el encuentro, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa sostuvo que el país se encuentra en un momento que exige actuar con serenidad, sentido histórico y responsabilidad de Estado. A su juicio, esto debe hacerse respetando plenamente las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
En ese contexto, la institución consideró oportuna la promulgación del nuevo Código Penal como la culminación de un largo proceso democrático y el inicio de una nueva etapa orientada a su implementación, observación y mejora continua.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se reunió con directivos de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Santiago Rodríguez, a quienes presentó el nuevo Sistema de Alerta Respuesta Temprana (SART). Se trata de una herramienta tecnológica e institucional orientada a prever litigios, tensiones sociales y vulneraciones de derechos a nivel local.
Informó que la iniciativa tiene como propósito recopilar información estratégica provista por actores provinciales para anticipar los conflictos sociales y a través de este garantizar el clima de inversión y la estabilidad desde el punto de vista económico.
Ulloa explicó que el principal propósito del nuevo sistema es recopilar información estratégica provista por actores provinciales para anticipar escenarios de conflicto, evitando que las problemáticas locales queden postergadas a la espera de soluciones centralizadas desde la capital.
Fuente: periódico HOY
El Defensor del Pueblo se reunió con representantes del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), quienes presentaron la investigación “Madres Invisibles: la crisis silenciosa de la mortalidad materna”, elaborada por el Observatorio de Derechos de las Mujeres de esa organización.
Durante el encuentro fueron expuestos los principales hallazgos del estudio y se analizó el impacto de los factores estructurales, institucionales y sociales que inciden en la mortalidad materna en la República Dominicana. Asimismo, ambas instituciones intercambiaron ideas sobre la importancia de fortalecer las acciones orientadas a la
protección de los derechos de las mujeres y al acceso a una atención materna de calidad.
La reunión permitió identificar oportunidades de colaboración para contribuir a visibilizar esta problemática y promover iniciativas que favorezcan una atención materna digna, segura y oportuna.
Por: Julith López
Hablar de salud mental ya no puede limitarse a los consultorios ni a las conversaciones privadas. El cansancio emocional, la ansiedad, el duelo, la violencia, la precariedad y la soledad forman parte de una realidad social que exige respuestas públicas. Por eso, sostengo que la salud mental debe asumirse y garantizarse como lo que es: un derecho humano inseparable de la dignidad.
Mi experiencia de acompañamiento a personas vinculadas a organizaciones de la sociedad civil, a pacientes en consulta y a integrantes de mi entorno laboral me ha confirmado una realidad: cualquiera puede atravesar circunstancias que sobrepasen temporalmente sus recursos personales. La diferencia está en que no todas las personas encuentran a tiempo servicios adecuados, redes de apoyo o espacios seguros donde expresar y atender lo que sienten, piensan y viven.
Salud mental y dignidad: una misma conversación
Hablar de salud mental como derecho humano implica reconocer que ninguna persona debe ser reducida a un diagnóstico, a una crisis o a una conducta visible. Cada ser humano tiene derecho a ser escuchado, tratado con respeto, protegido contra la discriminación y acompañado sin estigma. La salud mental no es un lujo ni un privilegio; es una condición necesaria para vivir con autonomía, participar en la comunidad, aprender, trabajar, cuidar y ser cuidado.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los sistemas de salud mental deben centrarse en la persona, basarse en la comunidad y proteger los derechos humanos (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). Este enfoque exige sustituir las respuestas tardías, fragmentadas o
exclusivamente institucionales por políticas que prioricen la prevención, la atención temprana, la recuperación, la inclusión social y el respeto por la voluntad y las preferencias de cada persona.
Cuando una sociedad ignora la salud mental, también debilita otros derechos: el derecho a la educación, al trabajo, a la seguridad, a la vida familiar, a la participación social y a una vida libre de violencia. Por ello, la salud mental no puede entenderse como un asunto individual aislado. Es una responsabilidad colectiva y una obligación pública.
República Dominicana: entre el reconocimiento legal y la garantía efectiva
La República Dominicana no parte de cero. La Ley núm. 12-06 sobre Salud Mental reconoce la salud mental como un bien público que el Estado debe promover y proteger mediante políticas, planes y medidas de diversa naturaleza (República Dominicana, 2006). Además, la integra al bienestar físico, psicológico y social y vincula su garantía con la protección efectiva de la persona humana. El problema es que reconocer un derecho en la ley no basta si ese derecho no puede ejercerse en la vida cotidiana.
No obstante, el reconocimiento legal no siempre se traduce en acceso efectivo. Muchas personas todavía enfrentan barreras económicas, geográficas, culturales e institucionales para recibir atención. A ello se suma el peso del estigma: la idea de que pedir ayuda es señal de debilidad, exageración o falta de fe. Esa mirada silencia, retrasa la búsqueda de apoyo y profundiza el sufrimiento.
Esa distancia entre el discurso y la garantía
efectiva tiene consecuencias concretas: personas que necesitan atención y no encuentran servicios disponibles; familias que no saben a dónde acudir ante una crisis; centros educativos y laborales sin rutas claras de acompañamiento; y respuestas que llegan únicamente después de una tragedia. Un derecho que solo se invoca cuando el daño ya está hecho todavía no está plenamente garantizado.
Garantizar la salud mental como derecho humano requiere más que campañas ocasionales. Demanda inversión sostenida, servicios comunitarios accesibles, personal capacitado, una atención primaria fortalecida, sistemas de referencia oportunos y políticas intersectoriales que articulen salud, educación, trabajo, justicia, protección social y seguridad ciudadana. La orientación comunitaria, basada en derechos, permite conectar la atención con las condiciones reales de vida y favorecer la recuperación y la inclusión (OMS, 2021).
También exige transformar la cultura. Necesitamos hablar de salud mental sin burlas, sin etiquetas y sin miedo. Necesitamos educar para reconocer señales de alerta, promover el autocuidado, construir redes de apoyo y comprender que acompañar no significa juzgar, minimizar ni imponer soluciones. A veces, acompañar comienza por escuchar con respeto.
En los espacios laborales, educativos y comunitarios, la salud mental debe asumirse como parte de la gestión humana y del bienestar colectivo. No basta con exigir productividad, rendimiento o capacidad de adaptación; también es necesario crear condiciones que protejan la vida emocional de las personas, prevengan la violencia, promuevan relaciones saludables y faciliten el acceso a ayuda profesional cuando sea necesario.
En conclusión, la salud mental es un derecho humano porque se relaciona directamente con la dignidad, la libertad, la capacidad de establecer vínculos y el derecho a vivir una vida con sentido. Pasar del discurso a la garantía efectiva supone dejar de tratar el sufrimiento psíquico como un asunto privado, vergonzoso o secundario
y reconocerlo como una cuestión que exige respuestas públicas oportunas y respetuosas.
La sociedad dominicana necesita respuestas más humanas, cercanas y justas. Defender la salud mental como derecho implica fortalecer la prevención, ampliar la atención comunitaria, combatir el estigma y asegurar que cada persona pueda recibir acompañamiento antes de llegar al límite. El desafío no consiste únicamente en hablar de salud mental, sino en crear las condiciones institucionales y sociales que permitan garantizar este derecho.
Referencias:
Organización Mundial de la Salud. (2021). Guidance on community mental health services: Promoting personcentred and rights-based approaches.
República Dominicana. (2006). Ley núm. 12-06 sobre Salud Mental. Gaceta Oficial núm. 10355. Autor:
Como parte de su programa de Expansión Territorial, el Defensor del Pueblo inició una nueva jornada de trabajo en la región noroeste con una agenda desarrollada en las provincias Santiago Rodríguez y Valverde, orientada a fortalecer la presencia institucional, promover el diálogo con los actores locales y consolidar alianzas en favor de la protección y promoción de los derechos fundamentales.
En Santiago Rodríguez, la institución sostuvo encuentros con autoridades municipales y provinciales, representantes del sector productivo, organismos de respuesta, organizaciones de la sociedad civil y líderes de las iglesias católica y evangélica. Estos espacios permitieron escuchar las inquietudes de los distintos sectores, intercambiar experiencias y fortalecer la coordinación interinstitucional para prevenir y atender de manera oportuna posibles vulneraciones de derechos.
La agenda continuó en Mao, provincia Valverde, donde el Defensor del Pueblo desarrolló una jornada de trabajo junto a autoridades locales, representantes del sector productivo, organismos de respuesta, gremios profesionales, organizaciones sociales y líderes religiosos. Durante los encuentros se abordaron las principales necesidades de las comunidades y se reafirmó el compromiso de impulsar acciones conjuntas que contribuyan a garantizar y promover los derechos de la ciudadanía.
Con estas visitas, el Defensor del Pueblo continúa ampliando su presencia en todo el territorio nacional, fortaleciendo los puentes de diálogo con las comunidades y consolidando una gestión cercana, participativa y orientada a responder de manera efectiva a las necesidades de las personas.
“No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedas hacer”, John Wooden.
1 al 7 de agosto: Semana Mundial de la Lactancia Materna.
9 de agosto: Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
12 de agosto: Día Internacional de la Juventud.
16 de agosto: Día de la Restauración Dominicana.
19 de agosto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
23 de agosto: Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición.