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DOXA
EDITORIAL
La fragilidad del estado en Chiapas
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El peor escenario que puede presentarse para la fiscalía del Estado, en el que se requiere de una total credibilidad, es que las personas que fueron linchadas en Ostuacán como responsables de los dos feminicidios que generó profunda indignación
El gobierno y sus dependencias decidieron celebrar las fiestas del día de muertos. La paradoja, es que familias chiapanecas están velando a sus difuntos. Difuntos que no tuvieron la protección y garantía del Estado, en una grave omisión. Y crímenes como los sucedidos en Ostuacán y con Reynaldo Pérez son nota nacional.
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Viernes 30 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 13 | No. 3487
EXIGENCIA
MENSAJE
Urge Amnistía Internacional justicia tras el asesinato del defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez en Chiapas
Amnistía Internacional exigió a las autoridades de Chiapas investigar con debida diligencia el asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos asesinado a balazos el miércoles 28 de octubre en el municipio de Chenalhó. 5
Frayba alerta por inundaciones y daños a más de 150 familias por obras de la supercarretera San CristóbalPalenque
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DECLARACIÓN
Eduardo Ramírez reconoce el apoyo del Gobierno de México al campo de Chiapas PAG. 3
Contratista favorito de Taddei fue
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beneficiado también en Chiapas durante el gobierno de Rutilio Escandón
CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
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FILIPICAS
LLAMADO
Las obras de la supercarretera San Cristóbal-Palenque inundan San Manuel y amenazan la vida comunitaria
HOY ESCRIBEN PAG. 15
Paco Ramírez PAG. 14
28 - 20 - 28 DE OCTUBRE Francisco Ruiz Zuart.
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INE: LAS RENUNCIAS NO SUSTITUYEN A LAS INVESTIGACIONES Julieta del Río
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CUAUHTÉMOC CÁRDENAS: EL HOMBRE QUE ABRIÓ EL CAMINO DE LA DEMOCRACIA Emilio Ulloa PAG. 5
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EDITORIAL La fragilidad del estado en Chiapas
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l peor escenario que puede presentarse para la fiscalía del Estado, en el que se requiere de una total credibilidad, es que las personas que fueron linchadas en Ostuacán como responsables de los dos feminicidios que generó profunda indignación, no sean los responsables de la acusación que les hicieron y se haya acusado a personas inocentes. Sobre todo, porque el desempeño de los ministeriales que detuvieron a los presuntos responsables, muestra que no actuaron de acuerdo al procedimiento, debido a que los detenidos debieron de haber sido presentados de inmediato al ministerio público y en lugar de hacerlo, fueron llevados a los separos de la policía. Pero lo peor de este suceso, se encuentra en una versión que empezó a difundirse, que señala que la persona que fue decapitada, fue sustraído de la turba por un grupo armado ligado al crimen organizado, y luego, minutos después, el cuerpo fue regresado con la cabeza degollada, situación que deja la presunción de que hubo una participación del crimen organizado, que altera, radicalmente, cualquier versión que pueda emitir la fiscalía del Estado, particularmente, porque
los ministeriales no cumplieron con el procedimiento establecido ni con la debida custodia de los detenidos, y ahora en la investigación de este linchamiento, se debe esclarecer la actuación de miembros de la comunidad, pero sobre todo, la presunta participación del crimen organizado. El papel garante de la seguridad y la vida de las personas que tiene el Estado, no se cumplió en Ostuacán, pero tampoco se cumplió en la figura del defensor de derechos humanos tsotsil Reynaldo Pérez Pérez, quien fuera ejecutado extrajudicialmente en el municipio de Chenalhó el pasado miércoles, 28 de octubre, crimen que que nunca debió de haber sucedido, si al defensor se le hubieran brindado la protección que ameritaba, sobre todo, porque ya se habían denunciado amenazas en contra de él, en el que no se debe descartar la intervención del crimen organizado, no sólo por su cercanía con el padre Marcelo, sino porque había denunciado la presencia de los cárteles en los límites de Pantelhó con Chenalhó, en el que incluso, existe la presunción de la existencia de narcolaboratorios. En Chenalhó, el Estado ha tolerado y fomentado la presencia de grupos paramilitares, ocasionando múltiples
acciones de desplazamiento forzado de personas y enfrentamientos con los municipios de Aldama y Chalchihuitán, en donde no se descarta que estos grupos se hayan convertido en parte de la delincuencia organizada que opera en la región, en donde el pensamiento del Lekil Kuxlejal que hoy se predica en el gobierno no tiene cabida, debido a que la violencia sustituyó a la armonía con la naturaleza y pasó a formar parte de la vida cotidiana en muchas de estas comunidades. Sucesos como el de Ostuacán y el asesinato de Reynaldo Pérez en Chenalhó, muestra la fragilidad del Estado mexicano en la entidad, frente al papel que realmente desempeña el crimen organizado, que penetró socialmente a las comunidades, y que sobre la base de los hechos, desempeña el rol de un estado dentro del Estado nación, que dejó de tener funcionamiento institucional en múltiples comunidades, situación que convierte a Chiapas en un territorio de alto riesgo, en el combate y erradicación de los cárteles, que han penetrado a comunidades indígenas, con la fuerza necesaria para designar autoridades municipales. Sea por la vía de las elecciones o por los sistemas normativos de usos y costumbres.
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Urge Amnistía Internacional justicia tras el asesinato del defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez en Chiapas Luis Fernando Ortiz Delgado Ciudad de México, (Tribuna)
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mnistía Internacional exigió a las autoridades de Chiapas investigar con debida diligencia el asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos asesinado a balazos el miércoles 28 de octubre en el municipio de Chenalhó. El organismo reclamó que se considere su labor de defensa de derechos humanos como línea de investigación. Pérez Pérez, indígena tzotzil, era beneficiario desde 2023 del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Antes de su muerte había denunciado amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados en su contra.
El reclamo de Amnistía Internacional El asesinato de Reynaldo Pérez evidencia los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en México y la urgencia de garantizarles una protección efectiva. Amnistía Internacional expresó su solidaridad con la familia del defensor y exigió a la Fiscalía General del Estado de Chiapas garantizarle acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño. El organismo también llamó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a revisar y fortalecer sus medidas, con el fin de prevenir nuevas agresiones y evitar que las amenazas contra defensores culminen en asesinatos. Amnistía Internacional instó además al gobierno de Chiapas a atender las causas estructurales del desplazamiento forzado interno y a garantizar protección, asistencia humanitaria y condiciones de seguridad para que las familias desplazadas puedan ejercer sus derechos, incluido el retorno voluntario y seguro a sus comunidades.
Crisis de desplazamiento forzado en Chiapas Amnistía referenció los datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), para asegurar que en Chiapas suman ya 24 mil 510 víctimas de desplazamiento forzado interno. La organización describió hace cuatro años la situación en los alrededores de Chenalhó: “Estamos en un escenario de guerra como
Urge Amnistía Internacional justicia tras el asesinato del defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez ses después, en octubre de ese año, otras 130 personas indígenas fueron desplazadas de la misma zona, y cinco indígenas tzotziles fueron reportados como desaparecidos.
La comunicación de la ONU y las denuncias previas del defensor
consecuencia del abandono y la complicidad de los gobiernos, por lo que han proliferado los ataques armados”. En la región fronteriza con Guatemala persiste una crisis de violencia armada y control territorial por parte de grupos criminales que, desde 2021, ha obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares. Muchas continúan desplazadas, sin acceso a refugios seguros ni a la atención humanitaria que necesitan, y expuestas a nuevas agresiones.
Patrón de violencia contra defensores Entre 14 y 20 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Chiapas entre 2016 y 2026, según registros de monitoreo independiente. A esta violencia se suman 156 ataques directos documentados entre enero de 2024 y mediados de 2025 por el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas y organizaciones como Espacio OSC, de los cuales al menos cuatro derivaron en homicidios.
Cómo murió Reynaldo Pérez El crimen ocurrió la tarde del miércoles 28 de octubre en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, según reconstruyó el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca. Dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta, se acercaron a la víctima y dispararon con arma corta. Personal de la Fiscalía Indígena, agentes de investigación y peritos acudieron al lugar para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios. Llaven precisó que, hasta ese momento, no exis-
tía ninguna línea de investigación concreta y describió el hecho como “aislado”, sin elementos para vincularlo a algún conflicto político o social en la región. El fiscal adelantó que realizarán “un recuento cronológico de qué pasó momentos antes, dónde estuvo antes” de la víctima, con el fin de precisar una línea de investigación. Reveló además que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar lo llamó personalmente para pedirle que supervisara el caso, por lo que se trasladó a San Cristóbal de Las Casas. En una publicación posterior en Facebook, Llaven informó que se encontraba en esa ciudad “por acuerdo de la Mesa de Paz, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez”, y confirmó la designación de un grupo especial para las diligencias correspondientes. El funcionario describió a Pérez como una persona “muy activa”, que ofrecía servicios como abogado y asesor de víctimas y a quien era habitual ver en las oficinas de la Fiscalía Indígena, Zona Altos. “Habrá cero impunidad”, aseguró Llaven, quien añadió que los responsables “van a enfrentar la justicia”.
Más de una década de defensa a comunidades desplazadas Pérez Pérez fue uno de los propios desplazados de Santa Martha, en Chenalhó, y sobrevivió al ataque armado de 2023 que dejó al menos siete muertos entre la población desarraigada. El defensor representaba a 63 familias tzotziles de esa comunidad, expulsadas de sus viviendas el 24 de junio de 2022 por grupos señalados como paramilitares. Me-
La relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, junto con los relatores especiales Morris Tidball-Binz, Gina Romero y Albert K. Barume, enviaron al Gobierno de México la Comunicación Conjunta AL MEX 1/2025 el 17 de febrero de 2025. El documento alertó sobre ataques contra Pérez y José Vásquez Gutiérrez, ambos defensores indígenas tzotziles de Los Altos de Chiapas. Según esa información, Pérez colaboraba con la organización Derechos Humanos Cuerpos Diplomáticos de Paz, mientras que Vásquez Gutiérrez era miembro de Las Abejas de Nuevo Yibeljoj. Los relatores precisaron que ambos presentaron al menos tres denuncias ante las autoridades correspondientes, las cuales no actuaron con diligencia para investigar las agresiones ni sancionar a los responsables. La información recibida por la relatora sugería que funcionarios públicos habrían estado involucrados en esas agresiones. El Estado mexicano respondió el 6 de marzo de 2025, en un informe transmitido por la Misión Permanente de México en Ginebra el 1 de abril. El documento confirmó que ambos defensores fueron incorporados formalmente al Mecanismo de Protección desde el 13 de junio de 2023, aunque el listado de medidas implementadas apareció sin contenido visible en la versión pública del informe. Pérez Pérez encabezó durante años gestiones, mesas de diálogo y movilizaciones para exigir al gobierno de Chiapas condiciones de seguridad que permitieran el retorno de esas familias a sus hogares, demandas que no lograron concretarse. Además de su acompañamiento a los desplazados, fungió como mediador en el conflicto territorial entre los municipios de Aldama y Chalchihuitán, en Los Altos de Chiapas, y se desempeñaba como asesor externo del ayuntamiento de Pantelhó. Información de Infobae.
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Contratista favorito de Taddei fue beneficiado también en Chiapas durante el gobierno de Rutilio Escandón Gabriela Coutiño TUXTLA Gutiérrez, Chis. (apro)
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l entramado de la presunta red de influencias que favoreció al empresario José Alfredo Hernández Casillas y que derivó en la renuncia de la consejera presidente Guadalupe Taddei, también alcanzó las arcas del órgano electoral local de Chiapas durante el periodo del “Grupo Tabasco”, al frente del gobierno estatal con Rutilio Escandón. De acuerdo con registros oficiales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), se detectó la asignación de al menos dos contratos para la adquisición de papelería, urnas, paquetes y material electoral a favor de empresas pertenecientes a este grupo económico, que sumaron un monto de casi 180 millones de pesos. En una de las licitaciones empresas del mismo proveedor simularon competir. Las adjudicaciones a las empresas Cajas Graf y Formas Finas y Materiales ocurrieron durante la gestión de Oswaldo Chacón Rojas al frente del organismo público local electoral, lo que pone bajo escrutinio la concentración de proveedores y los costos de la papelería y el material electoral. Chacón Rojas se desempeña actualmente como rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), la institución pública de educación superior más grande del estado.
El modus operandi: sobreprecios y falsa competencia La revisión de los expedientes de contratación del IEPC Chiapas, en poder de Proceso, muestra la forma en que las firmas de este consorcio en la entidad entraron de lleno a la proveeduría del organismo. En marzo de 2018, Cajas Graf obtuvo un contrato por 74.9 millones de pesos para suministrar paquetes, urnas y material electoral. El 15 de febrero de
De la Redacción Tapachula, Chis. (Tribuna)
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó una mesa de trabajo entre autoridades de gobierno y productoras y productores de plátano, mango, café, palma de aceite y rambután, acompañado de la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra; la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez; y el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Octavio Sánchez Guillén. En este marco, el mandatario refrendó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de acompañar y respaldar a las productoras y los productores chiapanecos. Destacó que, gracias al orden
2021, el Comité de Adquisiciones adjudicó a Formas Finas y Materiales otro contrato por 104.9 millones de pesos. Los documentos oficiales muestran que Cajas Graf y Formas Finas y Materiales participaron en procesos de licitación, presentándose ante la autoridad electoral como competidoras independientes. Hasta el momento, no existen registros de que el IEPC haya investigado o documentado una posible coincidencia de intereses entre ambas licitantes, pese a que en sesiones del Consejo General se había advertido sobre la concentración de proveedores y los sobrecostos en la compra de papelería electoral. Pero además, en noviembre de 2018, durante las elecciones extraordinarias en diez municipios de Chiapas, se denunciaron incrementos atípicos en las cotizaciones de la empresa Gráficos Corona. La compañía cotizó un aumento superior al seil mil por ciento en el costo de impresión de las boletas para esos comicios. Mientras que, en el caso de las actas de la jornada electoral extraordinaria, el precio unitario pasó de 60 pesos en la elección ordinaria a 786 pesos, un incremento superior a mil 200 por ciento. En una sesión correspondiente el proceso de 2018, la entonces consejera estatal Laura León Carballo intervino para mencionar que había pedido las cotizaciones de la empresa Gráficas Corona, y mencionó que en la licitación participaron otras cinco empresas “que pareciera que son del mismo consorcio porque las cotizaciones son muy similares”. “Yo quiero expresar mi preocupa-
ción y solicitar un informe que se rinda a todos los integrantes de este consejo, porque no puedo entender cómo Formas inteligentes nos cotizó cada boleta electoral para ayuntamiento en 80 centavos y la empresa Gráficas Corona cada boleta nos las está cotizando en 54 pesos”, dijo entonces la consejera al comparar con una licitación anterior para el proceso ordinario. Y continuó: “En el caso de la elección ordinaria fueron 3.6 millones de boletas, que al costo de 80 centavos nos costaron 2.9 millones de pesos. En el caso de empresas Gráficas Corona estamos hablando de 62 mil boletas con un monto de 3.4 millones de pesos. Es decir, nos salió más barato en el proceso ordinario que hacer 62 mil boletas en este proceso extraordinario. Estamos hablando de un incremento de 6 mil 775 por ciento, y sí quisiera una explicación”, remarcó la consejera. Incrementos similares se dieron en las actas de escrutinio y cómputo, las actas de cómputo de consejos, los paquetes y las bolsas para el material electoral para la elección extraordinaria en los 10 ayuntamientos donde se tuvieron que realizar ese año 2018. En esa ocasión se mencionó por parte de la secretaría administrativa en el Consejo que la justificación de la empresa fue que algunos materiales se debían adquirir en gran volumen porque así se encuentran en el mercado, y que en el proceso ordinario había salido más barato porque se trató de un mayor volumen de boletas y material electoral. Pero la consejera León Carballo reiteró: “no se justifica que unas boletas que fueron cotizadas en 80 centavos y
que tenían siete medidas de seguridad, la empresa Gráficas Corona las esté cotizando en este proceso electoral en 54 pesos, con sólo cuatro medidas de seguridad”. Chacón: todo se auditó Ante los señalamientos que comenzaron a surgir en la entidad después de conocerse las asignaciones y la relación de Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández en el INE, Oswaldo Chacón Rojas publicó un mensaje en sus redes sociales sobre el tema. Afirmó que las preguntas sobre su gestión son legítimas y sostuvo que los procedimientos de contratación de 2018 y 2021 fueron públicos, documentados y sometidos a auditorías. El exconsejero presidente del IEPC aseguró que las adjudicaciones se realizaron mediante licitaciones públicas nacionales y que las empresas cuestionadas tienen presencia recurrente en el mercado electoral, caracterizado -dijo- por una alta concentración de proveedores. Añadió que la participación reiterada de estas compañías no demuestra, por sí sola, una conducta ilegal. Chacón rechazó que la trama nacional de presuntas irregularidades vinculada con funcionarios del INE y empresarios corresponda a los procesos realizados en Chiapas. Sostuvo que el Comité de Adquisiciones actuó con libertad y transparencia y que las revisiones de los órganos de control, así como las auditorías de las instancias estatal y federal y del INE, no derivaron en observaciones, según su versión. “En democracia, las preguntas son legítimas y el compromiso ineludible con el escrutinio público”, expresó, al defender la investigación periodística y la revisión de los expedientes como mecanismos necesarios para la rendición de cuentas. La oficina de Comunicación Social del IEPC fue consultada sobre los señalamientos, pero indicó que, por el momento, el organismo no hará declaraciones al respecto.
Eduardo Ramírez reconoce el apoyo del Gobierno de México al campo de Chiapas y al adecuado manejo de las finanzas públicas, su administración cuenta con los recursos y la capacidad para brindar apoyos que contribuyan al fortalecimiento del campo. Al participar en las mesas de trabajo, el gobernador agradeció a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por colocar en la agenda prioritaria el impulso de los Polos del Bienestar, así como por el respaldo que brinda a Chiapas mediante diversas acciones y programas que benefician directamente a las mujeres y los hombres del campo. Durante este encuentro, realizado
como parte de la Estrategia de Integración Productiva entre productores regionales y empresas de acopio, empaque y comercialización, Ramírez Aguilar manifestó su convicción de
que el bienestar del campo se refleja en la prosperidad de todo el estado. “Nuestros productores son el motor de la economía del Soconusco y de todo el estado”, afirmó.
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Las obras de la supercarretera San Cristóbal-Palenque inundan San Manuel y amenazan la vida comunitaria De la Redacción San Cristóbal de Las Casas, Chis. (Tribuna)
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as obras de la supercarretera San Cristóbal-Palenque inundan San Manuel y amenazan la vida comunitaria de más de 150 familias enfrentan riesgos como inundaciones, deslaves, pérdida de cosechas y escasez de agua Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), ha documentado, mediante una visita in situ y a partir de los testimonios de habitantes del ejido San Manuel, municipio de Palenque, Chiapas, graves afectaciones y violaciones a los derechos humanos relacionadas con la construcción de la supercarretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque, denominada “Ruta de las Culturas Mayas”. Según la documentación recabada, el 23 de septiembre de 2026, un deslave, asociado a los trabajos de construcción que se realizan en la zona arrastró grandes cantidades de grava, lodo y escombros hacia viviendas, parcelas, cauces y fuentes de abastecimiento de agua. El deslave inundó 12 viviendas, sepultó el manantial del ejido y ocasionó daños al arroyo y a la infraestructura comunitaria de captación y distribución de agua, indicó el Fryba. Durante varios días, las familias permanecieron sin suministro de agua. Hasta la fecha, habitantes de la comunidad continúan reportando que el agua llega turbia y presenta un olor y sabor similares a los de la
Óscar Gómez/ corresponsal SCLC.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó graves afectaciones en el ejido San Manuel, municipio de Palenque, presuntamente relacionadas con la construcción de la supercarretera San Cristóbal de Las CasasPalenque, conocida como “Ruta de las Culturas Mayas”. De acuerdo con testimonios comunitarios, más de 150 familias enfrentan daños por inundaciones, deslaves, pérdida de cosechas y escasez de agua. El organismo informó que el 23 de septiembre de 2026 un deslave arrastró grava, lodo y escombros hacia viviendas, parcelas y fuentes de abastecimiento, inundando 12 casas y sepultando el manantial del ejido. Aunque se realizaron labores de limpieza, habitantes reportan que el agua continúa llegando turbia y con olor y sabor similares a gasolina y aceite de
Según la documentación recabada, el 23 de septiembre de 2026, un deslave, asociado a los trabajos de construcción que se realizan en la zona arrastró grandes cantidades de grava, lodo y escombros hacia viviendas, parcelas, cauces y fuentes de abastecimiento de agua
gasolina y el aceite de motor, lo que genera preocupación por su calidad y pone en duda su potabilidad. Cabe señalar que la cuenca alta de San Manuel alimenta la línea de abastecimiento que llega a la ciudad de Palenque, por lo que las posibles afectaciones a estas fuentes hídricas podrían tener repercusiones más allá del ejido. Las inundaciones pusieron en riesgo a toda la comunidad, en particular a niñas y niños, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas y personas con movilidad reducida, quienes requirieron el apoyo de sus vecinos para ponerse a salvo. Asimismo, se reportan pérdidas
de cosechas, de proyectos de piscicultura; daños a la biodiversidad y dificultades para trasladarse a centros educativos, lugares de trabajo y servicios médicos. Los trayectos que habitualmente duran entre 20 y 40 minutos pueden prolongarse hasta cuatro horas debido a deslaves, accidentes y obstrucciones en los caminos. Finalmente, el deslave sepultó el Ojo de Agua, un espacio de gran importancia espiritual y cultural para la comunidad, donde se realizan rezos y celebraciones comunitarias. De acuerdo con los testimonios recabados, la comunidad no recibió información directa de los trabajos que se realizarían ni fue convoca-
da a un proceso de consulta, bajo el argumento de que la autopista no atraviesa sus predios ni parcelas. Sin embargo, los impactos de la obra recaen directamente sobre la población, sus fuentes de agua y sus espacios de vida. Asimismo, las personas habitantes desconocen la Manifestación de Impacto Ambiental y las medidas previstas para prevenir, mitigar y atender los posibles daños derivados de la construcción. Ante lo ocurrido, la respuesta institucional se ha limitado principalmente a labores de limpieza, sin atender de manera integral la emergencia ni esclarecer los hechos y determinar responsabilidades correspondientes. Asimismo, habitantes de la comunidad han denunciado presuntos actos de intimidación por parte de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. Para el Frayba, los hechos documentados evidencian violaciones a diversos derechos humanos entre ellos, los derechos a la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento, una vivienda adecuada, un medio ambiente sano, la educación, una vida digna; así como a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas.
Frayba alerta por inundaciones y daños a más de 150 familias por obras de la supercarretera San Cristóbal-Palenque motor, lo que genera preocupación sobre su calidad y potabilidad. Las afectaciones también incluyen pérdidas agrícolas y de proyectos de piscicultura, daños ambientales y dificultades para trasladarse a escuelas, centros de trabajo y servicios médicos. Además, el deslave sepultó el llamado Ojo de Agua, un espacio de importancia espiritual y cultural para la comunidad. El Frayba señaló que las familias no habrían recibido información suficiente sobre las obras ni participado en procesos de consulta, y también reportó señalamientos comunitarios sobre presuntos actos de intimidación. Ante esta situación, el Frayba exigió garantizar el acceso al agua, suspender las obras que ocasionan afectaciones, realizar estudios técnicos independientes sobre la calidad
del agua y la estabilidad de las laderas, así como esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. El organismo advirtió que los daños podrían vulne-
rar derechos fundamentales de la población y pidió garantizar la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que afectan su territorio.
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Bloqueos y balaceras en Matamoros dejan una niña sin vida; su madre y rescatista resultan heridos Rosalía Quintá Uresti MATAMOROS, Tamps., (apro)
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na niña murió presuntamente al ser alcanzada por una bala perdida y su madre resultó herida durante la jornada de violencia registrada este jueves en Matamoros, donde se reportaron balaceras, bloqueos carreteros e incendios de vehículos. Los hechos ocurrieron en la carretera a Reynosa, a la altura del ejido Las Rusias, de acuerdo con los primeros informes. La mujer lesionada recibió atención médica, aunque hasta el momento no se ha precisado su estado de salud ni las circunstancias exactas en las que ambas fueron alcanzadas por los disparos. La violencia también alcanzó a los cuerpos de emergencia. Gustavo Acuña, coordinador de Protección Civil municipal, resultó lesionado mientras participaba en las labores para controlar el incendio de una camioneta. Los incidentes se produjeron en medio de una serie de bloqueos y obstrucciones viales que afectaron
Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Comunidades afectadas por la contaminación del Río Sonora, afectado por el derrame de desechos tóxicos de una mina propiedad de Grupo México, alertaron la “simulación” del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para dar respuesta a las víctimas de la tragedia ocurrida en 2014. En un pronunciamiento, los Comités de Cuenca de Río Sonora (CCRS) dieron cuenta de una resolución judicial que puso en evidencia “la simulación como política pública”, definición que refuerzan con el ocultamiento del convenio firmado por su administración con el consorcio minero para remediar los daños causados, anunciado en febrero pasado en una conferencia matutina. Las comunidades afectadas por el derrame dieron a conocer la sentencia de un amparo de un juez federal que “ordenó anular de inmediato” las resoluciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), “que pretendían cerrar de forma unilateral los programas de remediación”. De acuerdo con el comunicado, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México “resolvió de manera contundente que las autoridades ambientales del gobierno federal están incurriendo de forma idéntica en los mismos vicios de inconstitucionalidad por lo que la población fue amparada originalmente por la Suprema Corte de la Nación (SCJN): la falta de transparencia y la
La jornada de violencia afectó diferentes sectores de Matamoros, luego de un operativo de autoridades federales en el que fue detenido un presunto objetivo prioritario
diferentes sectores de Matamoros, luego de un operativo de autoridades federales en el que fue detenido un presunto objetivo prioritario de nombre Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, identificado como el presunto segundo al mando de la célula delictiva “Ciclones”, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Axel Alfredo “N” está relacionado
con homicidios, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos. Tras la detención, se reportaron vehículos de carga utilizados para impedir la circulación, así como unidades incendiadas y otras situaciones de riesgo que complicaron la movilidad en esta ciudad fronteriza. Los efectos de la jornada violenta
también se extendieron a municipios vecinos, entre ellos Valle Hermoso y Río Bravo, donde se reportaron afectaciones al tránsito vehicular. La situación generó riesgos tanto para la población civil como para los trabajadores de los servicios de emergencia, quienes acudieron a atender los incendios y otras contingencias registradas durante los hechos. Ante este panorama, se recomendó a los habitantes evitar las zonas afectadas, suspender desplazamientos no indispensables y mantenerse atentos a los avisos emitidos por las autoridades de seguridad y Protección Civil. Hasta el momento, los reportes preliminares no precisan todos los detalles de los distintos incidentes ni establecen oficialmente la relación entre cada uno de ellos. Se espera que las autoridades amplíen la información sobre la muerte de la menor y las condiciones de salud de las personas lesionadas.
Afectados por derrame en el Río Sonora denuncian “simulación” de Sheinbaum exclusión de las comunidades en los mecanismos de reparación integral”. El resolutivo dejó sin efecto la determinación de Semarnat y Profepa que daban “por concluidos, de forma unilateral y arbitraria los programas de remediación, monitoreo y medidas correctivas e las zonas afectadas”. Para el juez, la decisión de las autoridades federales “no valoraron efectivamente las manifestaciones ni las pruebas técnicas aportadas por las víctimas, reduciendo la intervención comunitaria a un acto meramente formal”. El fallo sostiene que las reuniones o mesas de diálogo no son suficientes para garantizar el “derecho humano a la participación informada”, sino que las autoridades están obligadas a “revisar a fondo, analizar y tomar en cuenta las propuestas y pruebas técnicas de las personas afectadas antes de adoptar cualquier decisión trascendental en el territorio”. Los CCRS señalaron que el resolutivo “confirma que el Estado mexicano ha sustituido la reparación efectiva de los daños por un simulacro burocrático, mientras en la cuenca persisten la contaminación hídrica, la exposición crónica a metales pesados y el riesgo sanitario para la población”. Añadieron que esa práctica de “simulación” se replica, pues “el gobierno federal mantiene bajo estricto secreto el nuevo convenio económico celebrado con Grupo México”, lo que ha motivado a los CCRS a solicitar otro amparo en
vías de resolución. Tras recordar que el 23 de diciembre de 2025, autoridades anunciaron un “Plan de Justicia” para el Río Sonora, “derivado de un acuerdo financiero con la empresa responsable del peor desastre ambiental en la historia de la minería en México”, acuerdo que fue presumido como “un logro histórico” en la conferencia matutina del 13 de febrero de 2026. En dicha conferencia “se reportaron los primeros pagos por 500 millones de pesos y se prometió transparentarlo” como parte del convenio, aunque “en la vía legal el Estado opera en la clandestinidad”. Explicaron que, ante solicitudes de información pública de las comunidades para conocer el contenido del convenio, “la Secretaría de Gobernación y la plataforma de Transparencia para el Pueblo respondieron declarando la ‘inexistencia administrativa’ del documento”. “Ocultar este nuevo acuerdo (que involucra la dispersión de más de 2 mil 223 millones de pesos), reproduce la misma inconstitucionalidad que la SCJN declaró a favor de las comunidades en el Amparo en Revisión 640/2019, cuando sentencio que no se pueden tomar decisiones de remediación a puerta cerrada con el gigante minero y a espaldas de las víctimas”. Para los CCRS “no puede existir justicia basada en el secreto, la impunidad corporativa y el desacato judicial, pues
pactar sin transparencia condena a los habitantes a seguir padeciendo daños acumulados de más de una década de contaminación hídrica y afectaciones graves a la salud que ninguna autoridad ha querido frenar de raíz”. Las comunidades afectadas por el derrame de desechos tóxicos exigieron al gobierno federal “la entrega inmediata y pública del texto íntegro del convenio” celebrado con Grupo México, “incluyendo todos sus anexos técnicos y financieros, eliminando cualquier cláusula de confidencialidad”. De la misma manera, demandaron el “acatamiento inmediato e integral del fallo del Juez Cuarto de Distrito y el pleno respeto al fallo de la SCJN, garantizando la participación directa, activa y vinculante de los CCRS en cualquier plan de remediación y destino de fondos”. Al señalar que es inadmisible que “un acuerdo confidencial reemplace la justicia y la salud” de las víctimas, los CCSR exigieron “el cese inmediato a la política de opacidad institucional que revictimiza a nuestras comunidades y perpetúa la impunidad de la empresa responsable”.
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Jorge Montaño, consejero del INE cercano a Taddei, se salvó de ir a la cárcel en Tabasco Mathieu Tourliere CIUDAD DE MÉXICO (Proceso)
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urante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Jorge Montaño Ventura aprovechó su cercanía con la entonces consejera presidenta para colocar a varios de sus cercanos, tabasqueños como él, en cargos clave del organismo, incluyendo a integrantes del grupo político que construyó el senador morenista Adán Augusto López Hernández en Tabasco, entidad de la que fue gobernador. La carrera del propio Jorge Montaño en la estructura electoral estuvo vinculada con el político tabasqueño, al que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refería como su “hermano”, tanto en sus mejores momentos como en un episodio sucedido mientras era consejero en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), que estuvo a punto de llevarlo a la cárcel. Originario de Tenosique, Tabasco, Montaño inició su carrera en el mundo político en 2004 como asesor parlamentario en el congreso local, que estaba dominado por el PRD –mientras el gobernador era el priista Manuel Andrade Díaz–; de ahí brincó a la subdirección de adquisiciones en el ayuntamiento de Tenosique, presidido por el priista Antonio Abelardo Solá Vela, hasta que en 2009 asumió como vocal ejecutivo y presidente del consejo municipal electoral de Nacajuca. De este cargo local, en un municipio de 150 mil habitantes, Montaño tuvo un ascenso meteórico: ascendió en 2010 a consejero del IEPTC, y cuatro años más tarde fue designado por el Senado como magistrado en el Tribunal Electoral de Tabasco, institución a la que regresó en 2017 para convertirse en su presidente.
En 2021, el fiscal estatal del gobierno de Adán Augusto López Hernández, Nicolás Bautista Ovando, lo nombró fiscal especializado en delitos electorales de Tabasco, hasta que el 31 de marzo de 2023 Montaño salió “insaculado” en la Cámara de Diputados para integrar el INE hasta 2032, junto con Guadalupe Taddei Zavala, Rita Bell López y Arturo Castillo Loza, para sustituir a los exconsejeros Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Muramaya, Adriana Favela y José Roberto Ruiz.
Compraventa fraudulenta El currículum de Montaño tiene un hueco en cargos públicos entre octubre de 2015 y noviembre de 2017. Durante estos años enfrentó un proceso administrativo y penal por el que evitó de poco la cárcel, derivado de un caso de presunta corrupción ocurrido en el IEPTC, del que Montaño era integrante. El caso empezó en 2010, cuando los demás integrantes del IEPTC encargaron a Montaño y a dos de sus colegas una comisión para comprar un inmueble propio para la institución, con un presupuesto de hasta 39 millones de pesos. Los tres consejeros mandaron visitar edificios en Villahermosa, y elaboraron fichas para dar cuenta de sus búsquedas. Los consejeros se decantaron por un edificio ubicado en la colonia Tamulté de las Barrancas, a sugerencia e insistencia de Montaño. La transacción se llevó a cabo el 11 de abril de 2011, por 32 millones 600 mil pesos, mediante la adquisición del inmueble a Gilberto Galassi Cevallos. Se formalizó en la notaría 27, de la que es titular Adán Augusto López Hernández. Poco tiempo después, los funcionarios del IEPTC se dieron cuenta de que el inmueble era inhabitable y que había sido comprado con un sobreprecio de por lo menos 8 millones 308 mil pesos, según la contraloría interna del instituto.
Existía una ficha, con el número 3, la cual advertía que “al edificio le faltaba mantenimiento, ya que tenía mucho tiempo abandonado, el estacionamiento tenía muchas grietas y la maleza estaba por todas partes, muy costoso, resaltando que su estructura era de acero y con poca vida útil en este clima tropical húmedo comparativamente al sistema tradicional de estructuras de concreto y block”. Dicho de otro modo: no era una buena opción. Según un acta de formal prisión dictada contra Montaño por ejercicio indebido de servicio público en 2015 –es decir, a cuatro años y medio de la compra, mientras el IEPTC seguía sin poder ocupar el inmueble, que continuaba con daños estructurales–, el consejero conocía el contenido de la ficha número 3 y no lo mencionó a sus compañeros. “Al contrario, se advierte de ellas que pese al conocimiento que tenía Jorge Montaño Ventura del mal estado del edificio, continuó proponiéndolo como una opción viable de compra”, planteó el acta. La fiscalía estatal abrió una investigación, y sus peritos determinaron que el edificio “carece de un sistema constructivo confiable para resistir las fuerzas inducidas por cargas accidentales”, observaron que el 80% de la cimentación estaba inadecuada para el tipo de terreno y concluyeron que “no deberá de ser destinado como edificio público u oficinas, ya que los márgenes de seguridad no están garanti-
zados en la construcción de dicho edificio”. Además de la notaría 27, la operación sobre la compra del edificio tenía otro vínculo con Adán Augusto López Hernández, entonces diputado federal del PRD por la ciudad de Paraíso: en aquel entonces, el director de administración del IEPCT era Carlos Enrique Íñiguez Rosique, apodado Caliche, un hombre muy cercano al ahora senador de Morena. De hecho, Adán Augusto López Hernández se llevó a Íñiguez al Senado en 2024 para fungir como secretario particular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la que el exgobernador era el presidente. Orden de aprehensión de Jorge Montaño en Tabasco. Durante la operación del edificio, Íñiguez no sólo firmó el cheque: también participó en la revisión de inmuebles y contrató a un valuador que dio su visto bueno a la adquisición. Entre los consejeros del IEPCT figuraba también el abogado Rosendo Gómez Piedra, otro hombre cercano a Adán Augusto López Hernández –lo colocó como magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Tabasco–, quien fue abogado general de la Secretaría de Bienestar, director jurídico de Fonatur y polémico titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Gómez tuvo que renunciar a su cargo en septiembre de 2025, después de ser denunciado por los integrantes de su propio equipo ante el área de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente recibir “cajas con dinero”, contratar a amigos sin conocimiento alguno en materia penal, utilizar vehículos oficiales para uso personal u ordenar a un jefe de departamento fungir como chofer de su esposa, como lo documentó Milenio en su momento.
Cuauhtémoc Cárdenas recibirá homenaje de cuerpo presente en Bellas Artes Ximena Arochi CIUDAD DE MÉXICO (apro)
El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y primer jefe de Gobierno electo de la capital, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, recibirá un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes este viernes 30 de octubre, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Durante la inauguración de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el Zócalo capitalino, este jueves 29 de octubre, la mandataria morenista informó que el recinto cultural albergará una ceremonia para despedir al dirigente de izquierda, fallecido un día antes a los 92 años. “Los invito porque mañana se llevará a cabo un homenaje, un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes. Estará de cuerpo presente este homenaje por su trayectoria, por todo lo que ha significado y significó la
lucha cardenista en este país”, expresó. Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, fue ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), senador por Michoacán a partir de 1976 y gobernador de esa entidad entre 1980 y 1986, ambos cargos bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En 1987 encabezó, junto con Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, la Corriente Democrática que rompió con el PRI ante la falta de democracia interna y el control presidencial sobre la sucesión política. Un año después fue candidato a la Presidencia de la República por el Frente Democrático Nacional (FDN), en una elección marcada por la llamada “caída del sistema” y las denuncias de fraude electoral que dieron lugar a movilizaciones contra el resultado oficial favorable a
Carlos Salinas de Gortari. De aquel movimiento opositor surgió el PRD, fundado el 5 de mayo de 1989, con Cárdenas como uno de sus principales dirigentes. Bajo las siglas de ese partido volvió a competir por la Presidencia en 1994 y, posteriormente, en 2000, esta última ocasión como candidato de la coalición Alianza por México. Entre ambas elecciones presidenciales, el 6 de julio de 1997, obtuvo un millón 861 mil 444 votos, equivalentes al 48.11% de los sufragios, y se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido por voto popular. Su triunfo fue resultado de la reforma política de 1996, que permitió a los capitalinos elegir directamente al titular del Ejecutivo local y puso fin al sistema de gobernantes designados desde la Presidencia de la República, establecido tras la supresión del régimen municipal del Distrito Federal en 1928. Cárdenas asumió la Jefatura de Go-
bierno el 5 de diciembre de 1997, pero no concluyó el periodo para el que fue electo. El 29 de septiembre de 1999 dejó el cargo para buscar por tercera ocasión la Presidencia de la República y fue sustituido por Rosario Robles Berlanga, hasta entonces secretaria de Gobierno de su administración. Su triunfo abrió una etapa de gobiernos perredistas en la capital que se prolongó durante 21 años, hasta diciembre de 2018, cuando Morena llegó a la Jefatura de Gobierno con Claudia Sheinbaum, ahora presidenta de México.
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Durazo niega nepotismo con los Taddei, pero reconoce haberlos recomendado Alberto Duarte HERMOSILLO, Son. (apro)
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on la frase “no hay clan Taddei”, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, aseguró este jueves que no existe un entramado de nepotismo alrededor del apellido de la controvertida exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. “Si lo hay, soy autor intelectual involuntario”, ironizó, tras contar que él recomendó a varios integrantes de la familia en cuestión para que alcanzaran determinados puestos en la vida política del estado y del país. El recuento de la situación arrancó durante su conferencia de prensa semanal ante un cuestionamiento sobre si Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la polémica Guadalupe Taddei, será separado del cargo que ostenta en el gabinete del estado de Sonora como secretario particular. El mandatario dijo que no será así a menos que los resultados de las investigaciones arrojen elementos para ello, y aseguró que Piñeda Taddei ocupa ese puesto por su propio mérito, luego de lograr la recuperación de terrenos estatales cuando trabajó en la Consejería Jurídica. Durazo
Montaño sostuvo que separarlo del cargo de manera anticipada sería estigmatizar el apellido. “Al primer Taddei que conocí fue a Jorge (Luis Taddei Bringas, delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador). Consolidamos una buena relación. En este momento no le hemos dado continuidad pero ahí coincidimos. Jorge Taddei es una gente que viene de la izquierda histórica y cualquiera que venga de ahí me inspira reconocimiento porque los resultados que ha obtenido Morena son resultado de una lucha histórica”, dijo el gobernador. La designación de Jorge Taddei en el puesto conocido popularmente como “súper delegado”, dijo el gobernador de Sonora, fue su primer acto como “autor intelectual involuntario” del supuesto Clan Taddei. Alfonso Durazo recordó que Andrés Manuel López Obrador decidió, en un primer momento, otorgarle el puesto a Florentino Valencia pero, al ser este cuñado del de Bavispe, le solicitó al expresidente que eligiera a otra persona para evitar una imagen de nepotismo, y entonces recomendó sustituirlo por Taddei Bringas. Seguido, el mandatario contó que a Ce-
Lydia Cacho y Mario Marín se carean: Periodista exige pena máxima y el “gober precioso” rechaza pruebas en su contra Gabriela Hernández
leste Taddei la conoció cuando era niña y que hoy representa “un cuadrazo” dentro del movimiento, al grado de que la instó a aceptar la candidatura a la diputación local que ejerció durante la LXIII Legislatura. “En 2018 cuando Morena decide las postulaciones de candidatos y candidatas de manera muy anticipada, yo invité a Celeste Taddei a que aceptara la candidatura en un momento en el que nadie quería ser porque las expectativas de triunfo estaban a la baja. En el 2018 comienza la construcción de la ola que nos llevó al triunfo a todos y ahí llegó Celeste Taddei. No me lo pidió Jorge, no me lo pidió Guadalupe. Estaba en busca de morenistas que pudieran convertirse en cuadros”, aseguró. Otro hijo de Jorge Taddei Bringas es Pablo Taddei, actual director de Litio MX, quien ha sido fuertemente criticado por la inoperancia de la paraestatal surgida tras la nacionalización del mineral que le da
CFE pasa de ganancias a números rojos: pierde 23.3 mil mdp entre julio y septiembre Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)
PUEBLA, Pue., (apro)
Durante los alegatos finales del juicio, por primera vez en 21 años, la periodista Lydia Cacho y el exgobernador Mario Marín Torres sostuvieron un careo, aunque éste ocurrió por videoconferencia. “Es la primera vez en mi vida que veo de frente al exgobernador Mario Plutarco Marín Torres”, expresó la autora del libro Los Demonios del Edén, quien durante su intervención pidió que se le imponga al exmandatario la pena máxima y que se le obligue a dar una disculpa pública a ella y a la sociedad poblana. “Vamos a entregar un escrito a la corte pidiendo la reparación integral del daño, y dentro de esta restitución, la más importante para mí es la exigencia que el gobernador (sic) Mario Marín me pida disculpas públicas por haber ordenado mi tortura y mi detención ilegalmente, pero también que le pida disculpas a la sociedad poblana porque mientras era gobernador constitucional violentó sistemáticamente los derechos de esa sociedad”. Mientras que la defensa de Marín Torres basó sus alegatos en que no existen pruebas de que él haya ordenado la tortura de la periodista, Cacho señaló que el exmandatario huyó para evitar su detención porque sabía que es responsable de tener vínculos y proteger a las redes de trata y explotación sexual infantil. “¿A qué le tenían miedo cuando se dio
a la fuga, si no es que era culpable? Porque yo, como ciudadana, sin ningún poder, llevo 21 años enfrentándolo a usted y a todos los poderosos que defienden y protegen la explotación sexual comercial infantil y la trata de personas en mi país”, subrayó. En tanto que el expolítico poblano leyó los argumentos en su defensa, la periodista recalcó que ella no necesitaba leer nada para decirle que él era responsable de que la torturaran y acusó que en un principio había planes para asesinarla. “…los policías hablaban de usted y de las órdenes que les iba dando por teléfono, y que en el momento determinado en que ellos dijeron “cambio de planes, tenemos que llevarla viva” fue porque recibió una llamada de las autoridades y usted lo sabe muy bien”, reclamó Cacho. La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Cuarto de Distrito de Cancún, Quintana Roo, ante la jueza María José Pech Sáenz, aunque tanto el exgobernador como la periodista declararon por videoconferencia, ya que Marín se encuentra en el penal del Altiplano y Cacho está en España.
el nombre. “Estuvimos en Bacadehuachi y el presidente (Andrés Manuel López Obrador) me compartía la decisión de nacionalizar el Litio y que iba a crear una empresa tipo Pemex. Yo le comenté que un hijo de Jorge Taddei estaba terminando su doctorado en Harvard y que podía ser un buen perfil”. A partir de entonces el equipo del expresidente lo contactó y más tarde fue nombrado director. Las críticas por el estado de la extracción de litio en el país, aseguró en defensa de Pablo Taddei, son infundadas. De acuerdo con lo sostenido por el ejecutivo de Sonora, las operaciones se encuentran impedidas por una querella interpuesta a nivel internacional por una empresa de origen chino que ostentaba la concesión para la explotación del mineral antes de la nacionalización. En última instancia, Alfonso Durazo Montaño dijo que conoció a Guadalupe Taddei cuando ella cumplía sus funciones electorales en el año 2021, cuando fue candidato a la gobernatura que hoy ocupa. No obstante, celebró la renuncia de la exconsejera presdienta del INE toda vez que se entienda como una medida para evitar entorpecer las investigaciones que se encuentran en marcha.
A pesar de la apuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por empujar a México en materia energética, los primeros nueve meses de este 2026 no fueron buenos para las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presentó pérdidas y sus deudas de largo plazo y con proveedores continuaron creciendo. De acuerdo con el informe financiero de la empresa, correspondiente al tercer trimestre de 2026, entre julio y septiembre, la CFE registró una pérdida neta de 23.3 mil millones de pesos, en contraste con las ganancias de 56.4 mil millones de pesos que había obtenido durante el mismo trimestre de 2025. En tan sólo un año, la empresa eléctrica, dirigida por Emilia Cellaja, pasó de registrar ganancias a números rojos. Pero las malas noticias para las finanzas de la CFE no se limitaron a esos tres meses, pues al revisar los resultados acumulados de enero a septiembre, las cifras muestran que la empresa también sufrió una caída considerable en sus utilidades. Durante los primeros nueve meses de 2026, la CFE obtuvo una utilidad neta de 24.3 mil millones de pesos, lo que representó una caída de 80.57% frente a los 125.1 mil millones de pesos registrados durante el mismo periodo de 2025.
Lo que significó que, en tan sólo nueve meses, sus ganancias acumuladas fueron 100.7 mil millones de pesos menores respecto al mismo periodo del año anterior.
Más deuda Pero la caída de sus ganancias y pérdidas no llegaron solas, pues, sus deudas de largo plazo, y las cuentas pendientes con sus proveedores fueron en aumento. De acuerdo con el mismo informe, al 30 de septiembre de 2026, la deuda de largo plazo de la CFE ascendió a 422.2 mil millones de pesos, un incremento de 5.47% respecto a los 400.1 mil millones de pesos registrados al cierre del 31 de diciembre de 2025. Durante los primeros nueve meses de este año, la empresa eléctrica acumuló 21.8 mil millones de pesos adicionales en deuda de largo plazo. Sin embargo, no fue el único incremento que registraron sus obligaciones de pago, pues a este panorama se sumó la deuda con sus proveedores. Según las cifras del informe, al cierre de septiembre de 2026, el monto pendiente con proveedores alcanzó los 80.5 mil millones de pesos, frente a los 67.3 mil millones de pesos registrados al 31 de diciembre de 2025. Esto significó un incremento de 19.56 por ciento, equivalente a 13.1 mil millones de pesos adicionales durante los primeros nueve meses del año.
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Denuncian ante la CIDH 103 activistas asesinados y 10 desaparecidos al final del gobierno de AMLO Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)
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urante los dos últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los dos primeros del de Claudia Sheinbaum Pardo, fueron asesinados 103 defensores de derechos humanos y diez más fueron desaparecidos, denunciaron representantes de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la audiencia “Situación de personas defensoras de derechos humanos y obstáculos para acceder a la justicia en México”. Durante el 171 periodo de sesiones, llevado a cabo en Panamá, Saulo Loya, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, resaltó que “México continúa siendo uno de los países más peligrosos a nivel mundial para defender derechos humanos”, violencia que se reveló en la víspera, con el asesinato del defensor Reinaldo Pérez de Chiapas. En representación de 120 organizaciones sociales del país, Loya apuntó que a la trágica violencia contra defensores se suma “que las acciones realizadas por el Estado mexicano para protegerles, investigar los delitos y sancionar a las personas responsables siguen siendo insuficientes”. A Marcela de Jesús Natalia, periodista indígena de la Costa Chica de Guerrero, quien estuvo en prisión tres años y sobrevivió a un atentado con arma de fuego, le correspondió exponer parte de la ominosa numeralia. “Entre el primero de enero de 2022 y el 30 de septiembre de 2026 se han documentado 113 homicidios y desapariciones contra personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 20 han sido judicializados, y tan solo cuentan con sentencia condenatoria cuatro, lo que implica el 96.5% en completa impunidad, siendo de esas 19 mujeres buscadoras. “A su vez, entre el primero de octubre de 2024 y primero de septiembre de 2026, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró 530 agresiones contra mujeres periodistas por y en el ejercicio de su labor, algunas con marca de género”, describió De Jesús Natalia. Al describir las deficiencias en las investigaciones de las agresiones contra defensores en fiscalías locales, Sibely Cañedo, de Iniciativa Sinaloa, apuntó que en los casos que tienen sentencias condenatorias sólo “sancionan a una o varias personas ejecutoras, pero no esclarecen integralmente los motivos del delito, la totalidad de las responsabilidades ni su relación con la labor de defensa”, lo que “permite que las estructuras que hicieron posible la agresión permanezcan activas y que continúe el riesgo para las organizaciones y comunidades”. Cañedo destacó que a pesar de que en algunos estados hay fiscalías espe-
cializadas que atienden casos contra defensores y periodistas, a nivel federal sólo existe la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que ha disminuido a su vez su labor de representación, ya que mientras en 2025 atendió 230 audiencias judiciales, en lo que va de 2026 sólo lo ha hecho en 110. Mario Hurtado, de Espacio OSC, resaltó que de 96 solicitudes de ingreso al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, sólo fueron admitidas 35, dejando al resto “en total desprotección”.
Casos emblemáticos Ruben Moreno, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), recordó los asesinatos emblemáticos sin esclarecer, el del padre Marcelo Pérez Pérez, ocurrido el 20 de octubre de 2020; el de Simón Pedro Pérez López, el 5 de julio de 2021, y el de Samir Flores Soberanes, ocurrido el 20 de febrero de 2019, caso que se encuentra en análisis en la CIDH. Asimismo, recordó los allanamientos de las oficinas del Frayba y del domicilio de la directora de esa institución, Dora Roblero, así como los atentados contra la defensora indígena Pascuala López, víctima de desplazamiento forzado. Tras reconocer la reciente publicación del Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de los Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos, advirtió que “surge de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Digna Ochoa y familiares contra México”, emitida en 2021. Entre las peticiones que hicieron los miembros de la sociedad civil, resalta la aplicación del protocolo en las 32 fiscalías estatales; crear fiscalías especializadas en las 32 entidades para la atención de delitos contra defensores, “con objetivos, actividades, autoridades responsables, presupuesto, indicadores y plazos verificables, a través de un mecanismo de monitoreo y evaluación del protocolo, con participación de organizaciones de la sociedad civil”. Durante la audiencia, se presentó el testimonio de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Andrea Bolaños Vargas, quien informó que en lo que va de 2026 ha compartido
con mandatos de otros procedimientos especiales de la ONU ocho comunicaciones expresando preocupaciones por la situación de defensores. Las comunicaciones “reflejan tendencias preocupantes contra personas defensoras, criminalización, detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías judiciales de las personas indígenas, asesinatos y persistente impunidad de sus autores intelectuales, desapariciones y violencia contra mujeres buscadoras, y amenazas, intimidaciones y ataques contra organizaciones que defienden los derechos de las personas indígenas”, dijo la experta originaria de Colombia. Bolaños Vargas reconoció que en materia de protección a defensores, “México muestra avances que son modelos en la región, no obstante, enfrenta desafíos significativos para garantizar un entorno seguro y propicio para la labor de las personas defensoras, en particular las indígenas, las personas buscadoras, muchas de ellas mujeres, y las organizaciones y personas que trabajan en contextos de alta presencia del crimen organizado”. Grave situación pese a avances Los comisionados de la CIDH alertaron sobre la grave situación que impera en México para los defensores a pesar de los avances normativos e institucionales. “México continúa siendo uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos y la violencia y el hostigamiento y las amenazas que padecen las personas defensoras y defensoras de derechos humanos tiene carácter estructural”, sostuvo Andra Pochak, relatora especial para México. En su intervención reconoció que en esta situación “es indudable el ingreso, el impacto, el flagelo del crimen organizado”, en la medida en que “cuanto más poder político, cuanto más poder económico esté afectando la labor de las personas defensoras y defensoras de derechos humanos, mayor es el peligro que enfrentan”. Al señalar que subsiste un número elevado de personas defensoras amenazadas, Pochak alertó que frente a ello hay “un Estado que no está siendo suficiente a pesar de asumir el compromiso, de tener instituciones, de reconocer el problema, el Estado no está siendo lo suficiente o no resulta efectivo todo lo que se está haciendo para garantizar la prevención de estos casos”.
El comisionado Edgar Ralón Orellana se sumó a la preocupación con datos de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que documentó que “entre 2016 y 2025 fueron asesinadas 138 personas defensoras, 49 periodistas y otras 68 fueron desaparecidas; el 70% había sufrido incidentes previos y 72 contaban con medidas de protección”. Asimismo, “en 2025, Frontline Defenders registró 43 personas defensoras asesinadas y fue el año más letal para las personas buscadoras, siete asesinadas y cuatro desaparecidas”. “Uno de los desafíos mayores que continúa dándose es la impunidad, las cifras que nosotros tenemos es alrededor de 93.6% de homicidios que queda impune y la impunidad no es una estadística sino es un mensaje para quien agrede de que puede volver a hacerlo y para quien defiende de que está indefenso”, puntualizó Ralón Orellana. En nombre del Estado mexicano, Tobyanne Ledesma Rivera, responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, describió la forma de operar de la dependencia y resaltó que desde que se creó en 2012, ha atendido 7 mil 517 “asuntos”, y que al momento se encuentran incorporados 2 mil 362 beneficiarios, de los cuales mil 261 son defensores de derechos humanos, 678 periodistas y 423 familiares. En la cifra de defensores, el Mecanismo tiene incorporadas a 344 personas buscadoras, de las cuales 259 son “líderes de colectivos”, siendo 215 mujeres y 85 familiares de buscadoras, abundó. César Villanueva Esquivel, director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se refirió a la colaboración del Estado mexicano con los organismos internacionales de derechos humanos, y que prueba de ello es que aceptó 304 de las 318 recomendaciones que recibió de 115 países durante el Examen Periódico Universal (EPU), “30 de ellas se relacionaron específicamente con la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y fueron aceptadas por México en julio de 2024”, en tanto que se comprometió a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana por los casos Digna Ochoa y de García Andrade, emitida en agosto de 2025, relacionada con el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade y hostigamiento contra su madre Norma Andrade, en la búsqueda de justicia. En su intervención, el representante de México ante la CIDH, Alejandro Encinas, solicitó a los representantes de la sociedad civil compartir la información sobre los 103 homicidios de defensores y 10 desapariciones, para verificar la situación en que se encuentran, en tanto que, alertó, no podría comprometer la creación de una fiscalía especializada en la estructura de la Fiscalía General de la República (FGR), por la autonomía de la institución.
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Cuidar a familiares con discapacidad afecta el sueño, la salud y el empleo de las mujeres Georgina Monroy Vázquez Ciudad de México (Cimacnoticias)
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n el Día Internacional de los Cuidados, llaman a fortalecer los servicios de asistencia para mujeres cuidadoras. Las labores de cuidado de familiares con discapacidad tienen consecuencias en la salud, el descanso y la autonomía económica de las mujeres. Una investigación del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) documentó que 76.2 por ciento de las personas cuidadoras consultadas dejó de trabajar, 74 por ciento descuidó su salud y 69.1 por ciento redujo sus horas de sueño debido a estas responsabilidades. Los hallazgos forman parte del estudio Percepción de las necesidades de cuidados y asistencia para infantes y jóvenes con discapacidad psicosocial, intelectual y múltiple. Resultados desde una perspectiva de derechos humanos, que recoge las experiencias de familias y personas cuidadoras. Los datos muestran cómo la atención permanente de una persona con discapacidad puede limitar el acceso de las mujeres al empleo remunerado y al autocuidado, además de representar una carga económica para los hogares. En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora el 29 de octubre, estos resultados ponen sobre la mesa la necesidad de fortalecer los servicios de asistencia y construir redes de apoyo que no dejen la responsabilidad exclusivamente en las familias.
Las mujeres cuidadoras enfrentan afectaciones a su salud y empleo Durante el panel Cuidados, discapacidad múltiple y movilidad social: de las necesidades de las familias a la acción pública, Mónica Orozco Corona, investigadora externa del CEEY y una de las especialistas que participaron en el estudio, explicó que las responsabilidades de cuidado también afectan las posibilidades de las mujeres de generar ingresos propios. De acuerdo con los resultados difundidos, 76.2 por ciento de las personas cuidadoras consultadas reportó haber dejado de trabajar; 74 por ciento señaló que descuidó su salud, y 69.1 por ciento indicó que dejó de dormir lo suficiente. Estas afectaciones no se limitan al tiempo que exige atender a una persona. También pueden traducirse en pérdida de ingresos, menor autonomía económica y dificultades para acudir a consultas médicas o mantener actividades personales. La distribución desigual de los cuidados implica que, cuando una
Durante el panel Cuidados, discapacidad múltiple y movilidad social: de las necesidades de las familias a la acción pública, Mónica Orozco Corona, investigadora externa del CEEY y una de las especialistas que participaron en el estudio, explicó que las responsabilidades de cuidado también afectan las posibilidades de las mujeres de generar ingresos propios
persona requiere asistencia continua, las mujeres pueden asumir una parte importante de las tareas cotidianas y postergar sus propias necesidades. Por ello, el estudio plantea la importancia de contar con apoyos que permitan atender a las personas con discapacidad sin que sus familiares tengan que renunciar al trabajo o a su bienestar.
tar porque el hogar debe cubrir las necesidades de la persona atendida mientras pierde parte de sus ingresos potenciales. La investigadora también advirtió que los apoyos económicos disponibles no necesariamente cubren el conjunto de necesidades de las familias, por lo que se requieren servicios y recursos complementarios.
mujer de 75 años que cuidaba a sus tres hijos con discapacidad permanente en condiciones de pobreza. El ejemplo mostró cómo las necesidades de asistencia pueden agravarse cuando las familias carecen de recursos económicos y redes de apoyo.
Familias gastan miles de pesos al mes en cuidados
La mayoría de las familias necesita cuidados permanentes
La atención de familiares con discapacidad también representa un gasto constante. Durante la presentación del estudio, Orozco Corona señaló que los costos económicos de los cuidados pueden oscilar entre 5 mil y 10 mil pesos mensuales, de acuerdo con los gastos reportados por las familias participantes. Entre las necesidades que requieren desembolsos directos se encuentran los pañales, el transporte accesible, las terapias y los servicios de rehabilitación. La investigación reportó que 92.9 por ciento de las familias consultadas gastaba recursos propios en pañales; 91.5 por ciento, en transporte accesible, y 88.4 por ciento, en terapias y rehabilitación. Estos gastos se suman a la dedicación de tiempo de quienes proporcionan la asistencia. Cuando las cuidadoras dejan de trabajar o reducen sus oportunidades laborales, la presión económica puede aumen-
Margarita Garfias Hernández, fundadora de Familias y Retos Extraordinarios y de la colectiva Yo Cuido México, señaló que 78.2 por ciento de las personas entrevistadas indicó que su hija, hijo o familiar requiere cuidados permanentes o continuos. Estas necesidades pueden involucrar atención médica, educación, movilidad, rehabilitación, asistencia personal y accesibilidad. Por ello, la respuesta no puede limitarse a un apoyo económico aislado: requiere servicios coordinados que respondan a las distintas circunstancias de cada familia. La falta de alternativas suficientes puede concentrar las responsabilidades en una sola persona y dificultar que las cuidadoras mantengan sus empleos, continúen sus estudios o atiendan su salud. Durante el panel, María Estela Álvarez Corona, secretaria de Bienestar de Tlaxcala, expuso el caso de una
El 29 de octubre se conmemora el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, una fecha que permite visibilizar la importancia de estas tareas para el sostenimiento de la vida y la necesidad de avanzar hacia sistemas de atención inclusivos. Los resultados del CEEY apuntan a que las familias necesitan algo más que recursos para cubrir gastos: también requieren servicios accesibles, asistencia personal y condiciones laborales compatibles con las responsabilidades de cuidado. Desde una perspectiva de género, esto implica reconocer que el cuidado no debe recaer de manera desproporcionada en las mujeres ni obligarlas a elegir entre atender a sus familiares, conservar su empleo y cuidar su propia salud. Fortalecer los apoyos públicos y las redes de asistencia es fundamental para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y para que quienes las cuidan también tengan acceso al descanso, el trabajo remunerado y una vida digna.
Día Internacional de los Cuidados: la necesidad de repartir responsabilidades
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CUAUHTÉMOC CÁRDENAS: EL HOMBRE QUE ABRIÓ EL CAMINO DE LA DEMOCRACIA Emilio Ulloa
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ay hombres c uya trascendencia política no puede medirse solamente por los cargos que ocuparon, las elecciones en las que participaron o las responsabilidades públicas que desempeñaron. Su verdadera dimensión histórica se encuentra en las causas que defendieron, las conciencias que despertaron y las generaciones que contribuyeron a formar. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pertenece a esa estirpe de mexicanos que hicieron de la lucha democrática una convicción de vida. Tuve el privilegio de conocerlo y acompañarlo en uno de los momentos más importantes de la historia política contemporánea de México. Eran los años de 1987 y 1988, cuando la ruptura con el régimen político dominante parecía una empresa imposible y desafiar al presidencialismo autoritario era considerado, por muchos, un acto de traición. Cuauhtémoc Cárdenas tuvo el valor de hacerlo. Y con esa decisión contribuyó a cambiar para siempre el destino político de nuestro país. Recuerdo al ingeniero como un hombre de pocas palabras, pero de una extraordinaria capacidad para escuchar. Atendía con paciencia las opiniones, incluso aquellas que contradecían sus propias posiciones. Su autoridad no provenía de la imposición, sino de la serenidad, la congruencia y la profundidad de sus convicciones. Había en él una virtud poco frecuente entre quienes ejercen el poder: sabía escuchar antes de decidir. Para quienes entonces éramos jóvenes estudiantes, muchos provenientes del Instituto Politécnico Nacional y de distintas universidades públicas, su liderazgo representaba algo mucho más profundo que una candidatura presidencial. Era
la posibilidad real de transformar México, de romper con un sistema político cerrado y de construir una democracia en la que el pueblo pudiera decidir libremente su destino. Acompañarlo en aquellas jornadas fue una de las experiencias más importantes de mi formación política. Recorrimos Hidalgo, Chiapas, Guerrero y distintas regiones del país. Participamos en marchas, reuniones comunitarias, encuentros con campesinos, trabajadores, estudiantes y habitantes de colonias populares. En ocasiones nos recibían multitudes; en otras, pequeños grupos de ciudadanos que encontraban en su presencia una esperanza de cambio. No importaba el número de asistentes. Para Cárdenas, cada encuentro tenía valor, porque entendía que la democracia no se construye únicamente en las grandes plazas, sino también en los barrios, los pueblos y las comunidades donde se expresa la vida cotidiana de nuestra nación. Aquella experiencia fue una verdadera escuela política. Aprendimos que transformar un país exige mucho más que discursos encendidos. Requiere organización, perseverancia, capacidad de diálogo, compromiso social y, sobre todo, una profunda confianza en el pueblo. La campaña presidencial de 1988 significó un parteaguas. El Frente Democrático Nacional logró articular a diversas corrientes políticas y sociales alrededor de una aspiración común: terminar con el autoritarismo y recuperar el sentido popular de la democracia. La histórica caída del sistema durante el cómputo electoral quedó como símbolo de una elección profundamente cuestionada y de las resistencias del régimen a reconocer la fuerza de aquella insurgencia ciudadana. Pero el significado de 1988 trascendió el resultado electoral. Allí
comenzó a consolidarse una nueva izquierda democrática mexicana. Una izquierda capaz de convertir la inconformidad social en organización política, de disputar pacíficamente el poder y de construir una alternativa nacional. Sin aquella ruptura, sin la valentía de Cárdenas y sin la movilización de millones de mexicanos, difícilmente podría comprenderse el proceso histórico que después conduciría a la formación del Partido de la Revolución Democrática y, décadas más tarde, al triunfo de una nueva etapa de transformación política en México. La historia de nuestra democracia no comenzó con las victorias electorales recientes. Fue construida por generaciones que enfrentaron la exclusión, el fraude, la persecución y el autoritarismo. Cuauhtémoc Cárdenas ocupa un lugar fundamental en esa trayectoria. Hay, además, una dimensión humana de su personalidad que considero indispensable destacar: su tolerancia. En una época en la que las diferencias políticas suelen convertirse en descalificaciones personales, el ingeniero ha demostrado que se puede sostener una convicción firme sin renunciar al respeto por quienes piensan distinto. Su figura convoca al reconocimiento de personas provenientes de distintas tradiciones ideológicas y partidos políticos. Incluso entre quienes hemos sostenido debates y diferencias profundas, existe un reconocimiento a su aportación histórica. Esa capacidad de suscitar respeto más allá de las fronteras partidistas constituye uno de sus legados más importantes. Cuauhtémoc Cárdenas nos enseñó que amar a México significa comprometerse con su pueblo, defender su soberanía y trabajar por una sociedad más justa. Su nacionalismo
nunca fue una expresión de intolerancia, sino una convicción fundada en la dignidad de nuestra nación y en el derecho de los mexicanos a decidir su propio futuro. Hoy, al recordar su trayectoria, siento una profunda gratitud por haber compartido aquellos años de lucha, aprendizaje y esperanza. Para muchos de nosotros, jóvenes que apenas comenzábamos a definir nuestro camino político, su ejemplo fue determinante. Nos permitió comprender que la política podía ser una forma de servicio y que la transformación social era una causa por la cual valía la pena dedicar la vida. Las diferencias políticas que inevitablemente surgen con el paso del tiempo no pueden borrar esa historia compartida. Por el contrario, reconocer las aportaciones de quienes abrieron camino es una obligación de honestidad histórica. La mejor manera de honrar el legado de Cuauhtémoc Cárdenas consiste en mantener vivas las causas que dieron sentido a su lucha: la democracia, la justicia social, la soberanía nacional y la dignidad del pueblo mexicano. Porque las grandes transformaciones no son obra de un solo hombre ni de una sola generación. Son el resultado de una larga cadena de luchas, sacrificios y esperanzas colectivas. Cuauhtémoc Cárdenas nos enseñó que la democracia no se concede desde el poder: se conquista con el pueblo. Y esa enseñanza permanece como una de las grandes lecciones de nuestra historia contemporánea. Gracias, ingeniero, por aquella escuela de vida, por su ejemplo de congruencia y por haber contribuido a abrir el camino de un México democrático. Su legado nos compromete a seguir luchando por un México mejor.
CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
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ace 5 años, el 28 de OCTUBRE del 2021, a las puertas de su casa, fue asesinado por un joven desconocido el periodista Fredy López Arévalo y hasta la fecha, sobre el caso, siguen sin conocerse el móvil y el autor intelectual del premeditado crimen... ¿Justicia en Chiapas? Hace 2 años, el domingo 20 de OCTUBRE del 2024, fue asesinado posterior a ejercer la misa de la mañana en el barrio de Cuxtitali, el sacerdote comprometido con su palabra, Marcelo Pérez Pérez, originario del municipio de San Andrés Larráinzar, por dos jóvenes que de día se conducían en motocicleta... A dos años de distancia aún continúan sin conocerse el móvil del suceso criminal y quiénes o quién fue el autor intelectual de los hechos...
¿Cero impunidad y justicia en Chiapas? AYER 28 de OCTUBRE, día y mes parecidos a cuando dieron muerte a Fredy López Arévalo, alguien ordenó asesinar al joven indígena DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS y miembro activo de la Iglesia Católica, Reynaldo Pérez Pérez, originario del municipio de Chenalhó, Chiapas. Los autores materiales también se transportaban en una motocicleta y operaron de día... Mucho se dice que crimen que no se aclara y se castiga, se repite.
Viernes 30 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
28 - 20 - 28 DE OCTUBRE Francisco Ruiz Zuart.
Crímenes en distintos años, mismo mes, mensajes semejantes y directos.
¿Justicia en el Estado de Chiapas? Tres crímenes, libreto muy parecido. De día y desde una motocicleta dos de ellos. Con jóvenes como sicarios. Con el móvil escondido y el autor intelectual intocable. 28 de OCTUBRE, 20 de OCTUBRE, 28 de OCTUBRE. ¿Son coincidencias, son mensajes? Y el mensaje es claro: en Chiapas, matar a un periodista, a un cura o a un defensor sale gratis. La impunidad es la que repite el crimen, y quien protege la impunidad, ordena el siguiente. Hoy el marcador ya no es casual. ¡Ah! Sucesos lamentables como los
hoy anotados y muchos otros, la historia nos dice que solamente ocurren cuando las autoridades y las organizaciones criminales se desplazan de la mano: conviven y comen en la misma mesa. Duermen en camas separadas, pero en la misma habitación. Se auxilian mutuamente. Comparten funciones, éxitos y riquezas. En Chiapas, cuestiones como estas decepcionan y entristecen. De esas tristezas que contribuyen a acumular razones y rencores explosivos, muy peligrosos. ¿Saben qué? Crímenes como los des-
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critos, seguirán ocurriendo. ¡Ah! Con lo sucedido ayer en Chenalhó, a la Iglesia Católica en Chiapas la colocan en 2-0... ¿Los autores intelectuales de los crímenes están conscientes de la cifra y los agraviados finales? POR SUPUESTO que lo están. !AH! GRAN OLVIDO. En la misma San Cristóbal de Las Casas, en la noche del martes 10 de agosto del 2021, a las 20:55 horas, en la Prolongación Insurgentes, fue asesinado de seis tiros ( ayer se dijo que fueron 7 tiros a Reynaldo) dentro de su vehículo el Fiscal de Justicia Indígena, el tseltal Gregorio Pérez Gómez. Los autores materiales: dos jóvenes en motocicleta. El mismo libreto. ¿Y saben qué investigaba? El caso Pantelhó con Los Herrera como protagonistas principales Los Herrera en el caso del padre Marcelo. Los Herrera en caso Reynaldo. Los Herrera en el caso del Fiscal Indígena… ¿Quién protege a Los Herrera? !Ah! OIGAN ¿y si a todos los crímenes anteriores agregamos el del Defensor de Derechos Humanos y activista social Sinar Corzo Esquinca, ocurrido el día 3 de enero de 2019 y perpetrado también por un sujeto en motocicleta? Aún no aclarado del todo y mucho menos castigado el culpable intelectual. ¿Cero impunidad y Justicia en Chiapas? Pura saliva espesa. CUIDÉMONOS.
INE: LAS RENUNCIAS NO SUSTITUYEN A LAS INVESTIGACIONES
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ay relaciones que funcionan mientras todos obtienen beneficios. Los contratos se adjudican, el dinero público circula y empresarios y servidores públicos mantienen vínculos que deben examinarse cuando existen indicios de posibles irregularidades. Pero ¿qué ocurre cuando llegan las auditorías, aparecen grabaciones y quienes participaron comienzan a preocuparse por sus propias responsabilidades? Cuando una investigación avanza, los intereses pueden cambiar. Quienes antes compartían negocios toman distancia; quienes disfrutaron de los beneficios buscan defenderse, y quienes conocen los detalles de las operaciones pueden aportar documentos, comunicaciones o testimonios para esclarecer lo ocurrido. El caso del Instituto Nacional Electoral (INE) plantea preguntas que van más allá de una persona o una contratación. Las revelaciones periodísticas sobre presuntos vínculos entre proveedores y personas cercanas a la entonces consejera presidenta obligan a investigar si se trata de hechos aislados o de una red más amplia de relaciones empresariales y decisiones administrativas. En octubre de 2026, diversos reportes periodísticos dieron cuenta de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre empresas proveedoras de material electoral por posibles irregularidades en contrataciones públicas. Entre
Julieta del Río los señalamientos figuran presuntas simulaciones de competencia, triangulación de recursos y vínculos entre sociedades. Son hechos que deben esclarecerse mediante pruebas y procedimientos legales. Uno de los puntos que requiere mayor precisión es el supuesto bloqueo de cuentas y su posterior liberación mediante un amparo. Aunque se han publicado antecedentes sobre medidas de la UIF contra personas y empresas, no he podido confirmar documentalmente que las cuentas de Corporativo Zeg fueran específicamente las bloqueadas y liberadas mediante ese recurso jurídico. La propia presidenta de la República confirmó esta situación en su conferencia mañanera, entonces si ya tenían estos antecedentes es obligado preguntar por qué siguieron trabajando con ellos. Las grabaciones difundidas públicamente abren otras interrogantes: ¿quién las realizó y con qué propósito? Su contenido podría aportar elementos para reconstruir los hechos, pero cualquier hipótesis sobre la participación del proveedor en su difusión o sus posibles motivaciones debe comprobarse. Las autoridades no deben limitarse a quienes aparecen en los videos o han sido señalados públicamente. Es necesario reconstruir la secuencia de decisiones, identificar a los participantes y determinar si existieron vínculos que influyeron en las contrataciones. Lo digo desde mi experiencia en el servicio público. Como contralora general del estado de Zacatecas, aprendí que no basta
con revisar expedientes: hay que examinar las relaciones entre servidores públicos y empresas, analizar las decisiones administrativas y reunir pruebas para establecer responsabilidades. Durante mi gestión, inhabilité y denuncié penalmente a servidores públicos coludidos con empresas. Sé que llegar al fondo de estos asuntos exige ir más allá de las apariencias. No basta con investigar a los empresarios. También deben revisarse las actuaciones de quienes intervinieron en las contrataciones, evaluaron propuestas, autorizaron pagos o tenían la obligación de supervisar los procedimientos. Si hubo omisiones, complicidades o beneficios indebidos, las responsabilidades deben determinarse conforme a la ley. Si un proveedor aporta información para defenderse o deslindar responsabilidades, esta debe investigarse, no aceptarse sin corroboración ni descartarse por conveniencia. La autoridad debe contrastar versiones, revisar las relaciones corporativas y seguir las rutas del dinero. Quien señala a otros también debe responder por su propia participación si existen pruebas en su contra. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe investigar los hechos dentro de sus atribuciones y darles el seguimiento correspondiente. Las renuncias, separaciones del cargo o relevos administrativos no sustituyen las investigaciones ni explican cómo se adjudicaron los contratos, quién tomó las decisiones o qué ocurrió con los recursos públicos.
La fiscalización debe examinar los expedientes, los vínculos entre proveedores, la competencia efectiva, los precios, las comunicaciones relevantes y la actuación de los órganos internos de control. También debe determinar si hubo alertas que no se atendieron y si los mecanismos de vigilancia funcionaron. Lo que está en juego no es solamente la situación de una funcionaria o de una empresa, sino la confianza pública en una institución fundamental para la democracia. Ninguna investigación debe detenerse ante jerarquías, nombres o intereses económicos. Si existió una red de relaciones indebidas, hay que identificar a todos sus integrantes, dentro del INE y entre los proveedores. Si hubo beneficios ilegales, hay que seguir el dinero. Y si participaron servidores públicos o empresarios, cada quien debe responder por sus actos. Las renuncias no cierran las investigaciones: deben hacerlo los resultados, las pruebas y la rendición de cuentas. ¡Ahora la presidenta pide revisar 20 años atrás! Hay responsabilidades que prescriben y otras que deben investigarse oportunamente. Por eso, cabe preguntar: ¿por qué hacerlo ahora y qué se hizo durante todos estos años? La rendición de cuentas exige transparencia, investigación y consecuencias; no basta con anunciar revisiones cuando las pruebas pueden haberse perdido y la justicia puede llegar demasiado tarde. Mejor que se concentren en resolver los problemas del presente.
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CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS
FILIPICAS Paco Ramírez
La izquierda en el espejo de la infamia: el legado de Cárdenas frente al cinismo de la incongruencia
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a partida del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano el pasado 28 de octubre de 2026 cierra de forma definitiva el capítulo más digno e institucional de la izquierda mexicana. Junto a Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, Cárdenas sacudió las estructuras de la dictadura perfecta en 1987. Aquella Corriente Democrática desafió al monolito del PRI exigiendo apertura y recibió como respuesta la expulsión. Lejos de la sumisión, esa ruptura sembró el Frente Democrático Nacional y dio vida, en mayo de 1989, al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Cárdenas entendió la política como una causa colectiva regida por tres pilares inquebrantables: instituciones electorales confiables, soberanía nacional sobre los recursos y un poder estrictamente sometido a contrapesos. Sin embargo, la historia de esta lucha democrática está indisolublemente ligada a una de las mayores ofensas a la voluntad ciudadana: la infame noche del 6 de julio de 1988. Fue ahí donde el sistema de cómputo electoral colapsó para encubrir un fraude descomunal que impidió la llegada de Cárdenas a la presidencia y pavimentó el ascenso de Carlos Salinas de Gortari. El operador político de ese atropello histórico, el hombre que anunció la cínica “caída del sistema” y sepultó las boletas en elfuego para borrar las huellas del veredicto popular, fue Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación. Ahí radica la más monumental y dolorosa contradicción de la política contemporánea. La llamada “Cuarta Transformación” de Andrés Manuel López Obrador operó bajo un pragmatismo cínico al premiar a Manuel Bartlett Díaz con la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Resulta una
incongruencia histórica insostenible que el mismísimo verdugo del movimiento democrático de 1988 —el rostro de la represión electoral que Cárdenas y miles de mexicanos combatieron— terminara cobijado, justificado y purificado bajo el manto del obradorismo. El gobierno que se autoproclama heredero de las luchas de izquierda terminó reciclando y encumbrando a los artífices más oscuros del viejo régimen autoritario. Ese desprecio por la congruencia ética resulta todavía más flagrante cuando se contrasta con la altura moral de Heberto Castillo Martínez. Semanas antes de aquella elección de 1988, Heberto, un científico brillante y legendario luchador social que padeció la cárcel de Lecumberri tras el movimiento de 1968, decidió declinar su candidatura presidencial por el Partido Mexicano Socialista (PMS) en favor de Cárdenas. Castillo y Cárdenas compartían una visión científica y patriótica de la soberanía energética; concebían a Pemex como una palanca de desarrollo y no como un botín discursivo o una caja chica. Heberto sacrificó su ambición personal en aras de un frente opositor unificado contra el autoritarismo. Hoy, mientras la memoria de Heberto brilla por su desprendimiento, el oficialismo actual prefiere la abyección y la concentración absoluta del poder en un solo hombre. Esta claudicación ética no solo es un agravio a los grandes líderes, sino una traición directa al México profundo que regó con sangre el camino democrático. En Chiapas, el avance del cardenismo fue cobrado con vidas campesinas bajo el yugo de los cacicazgos locales y del régimen salinista. Organizaciones combativas como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y la Organi-
zación Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) sufrieron persecución y ejecuciones extrajudiciales por atreverse a defender el voto libre y exigir el reparto agrario. La memoria de Chiapas está marcada por el luto de sus cuadros. Ahí queda el nombre de Sebastián Pérez Núñez, destacado dirigente indígena tsotsil de la CIOAC y ex diputado local del PSUM y el PMS, quien fue cobardemente acribillado a tiros en una gasolinera del municipio de Bochil el 29 de diciembre de 1988. El crimen ocurrió apenas a semanas de que José Patrocinio González Blanco Garrido asumiera la gubernatura, en una clara muestra de la violencia de Estado que buscaba aplastar la insurgencia civil. A su nombre se suman los de defensores como el abogado Andulio Gálvez Velázquez, asesinado por la espalda en Comitán; el dirigente histórico Luis Hernández Cruz, emboscado en 2017; y Juan Carlos Jiménez Velasco, ejecutado en San Cristóbal en 2016 por defender a comunidades desplazadas. Intelectuales de la izquierda chiapaneca como el poeta Eraclio Zepeda, quien se sumó formalmente al cardenismo al integrarse al PRD en 1989 fundando su Comisión de Garantías, y periodistas como Amado Avendaño Figueroa (gobernador en rebeldía tras el fraude local de 1994) entendieron que el límite al poder era una cuestión de dignidad elemental. Este despertar social y político del sur no se puede explicar sin el papel del obispo Samuel Ruiz García, “Tatic”. Alineado con la Teología de la Liberación, Don Samuel no fue un militante partidista, sino el arquitecto ético de la organización indígena en Chiapas. A través de su labor pastoral y la fundación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), cobijó y defendió a las comunidades
perseguidas del cardenismo frente a la maquinaria violenta del Estado, convirtiéndose en el puente indispensable de mediación y paz. La encrucijada definitiva llegó con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994. El zapatismo irrumpió cuestionando de raíz el sistema que Cárdenas intentaba transformar por la vía pacífica y civil. Los encuentros entre el EZLN y Cárdenas en la Selva Lacandona desnudaron las tensiones de la izquierda: mientras Cárdenas buscaba canalizar la indignación nacional hacia las urnas en su segunda campaña presidencial, el subcomandante Marcos y la dirigencia indígena zapatista miraban con desconfianza la vía electoral, llamando incluso al boicot y distanciándose del PRD. Samuel Ruiz, al frente de la CONAI, mantuvo una neutralidad estricta para salvaguardar los Diálogos de la Catedral, priorizando la agenda histórica de los derechos indígenas por encima de las urgencias de los partidos. La partida de Cuauhtémoc Cárdenas expone la desnudez de un régimen que ha desmantelado los contrapesos institucionales que costaron décadas de persecución, cárcel y sangre edificar. Quienes gobiernan hoy bajo el membrete de la izquierda tienen derecho a reclamar su parte de la herencia, pero el espejo de la historia los obliga a explicar por qué demolieron lo que Cárdenas y Heberto Castillo construyeron, y por qué sentaron a Manuel Bartlett en la mesa del banquete del poder. La verdadera izquierda de México no se mide por la retórica oficialista ni por las banderas que ondea, sino por el poder absoluto que está dispuesta a limitar. El obradorismo eligió el absolutismo y el reciclaje de represores; la historia, implacable, ya ha tomado nota de su incongruencia.
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CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
• Cárdenas un líder moral de la izquierda mexicana, pero malo para gobernar • El gobierno de México sin atributos democráticos: Zedillo
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on la muerte de Cárdenas se cierra un ciclo muy importante de la historia de México como gobernante, como líder partidista y como impulsor de la democracia. Cuauhtémoc Cárdenas tuvo a lo largo de su existencia las enseñanzas que vivió a través del trabajo del desarrollo del desempeño de su padre el general Lázaro Cárdenas presidente de México un presidente muy reconocido por muchos mexicanos. Muy preparado con una buena calidad académica, era un hombre que había conocido el mundo. Fue legislador para luego brincar a ser gobernador del Estado de Michoacán, todo con el PRI donde había militado, había sido parte sustancial del partido, cosa que terminó por diferencias abismales el presidente Miguel de la Madrid cuando la candidatura de Carlos Salinas de Gortari le pareció que era un giro o un vuelco que estaba dando el Revolucionario Institucional a lo que le llamaron posteriormente neoliberalismo. Cuauhtémoc Cárdenas no simpatizaba con muchas cosas que pasaron con la llegada de Morena al poder. Aquí hay que abrir un paréntesis para hablar de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum ni el uno ni el otro le hicieron una justicia al ex líder del Partido de la Revolución Democrática. Claudia lo llamó en algún momento para asesorarla para participar, pero hasta ahí, con López Obrador puedo asegurar que fue incluso un traidor, que lo podrán determinar con elementos quiénes fueron compañeros de él en el PRD cuando prácticamente quiso borrar la figura del Cuauhtémoc Cárdenas, pero no podemos confundirnos, porque entre los dos no hay punto de comparación. Volviendo con Cuauhtémoc Cárdenas en la elección de 1988 llena de muchas dudas, de mucha incertidumbre en aquel tiempo porque se aseguraba que previamente se había dado un fraude por la participación del estado mexicano en la candidatura de Carlos Salinas de Gortari. Luego vino la caída del sistema que la protagonizó quién Manuel Bartlett, hoy morenista y amigo de López Obrador de Claudia Sheinbaum que tanto protege, él fue el que asustó todo el procedimiento y que dejó caer el sistema por el miedo de lo que estaba pasando. Ahí la calidad política de Cuau-
htémoc Cárdenas se mostró porque supo ser discreto estuvo peleado y exponer su forma de ver ese proceso electoral sin llegar a la invasión de calles a la derrota gloriosa como si quiso ser en 2006 todo por el contrario fue un hombre mesurado que le importó más el desarrollo del país que su propia de su protagonismo yo les puedo asegurar que al menos para mi Cárdenas fue un gran dirigente político un hombre que supo romper con lo que no estaba de acuerdo. Otra cosa que también puedo sostener que Cárdenas no fue un buen gobernante ni como gobernador de Michoacán ni como Jefe del Gobierno del DF. O sea, no hay que colgarle milagritos, pero si fue muy regular tirándole a mediocre. Cuauhtémoc Cárdenas es por hoy una figura en el proceso democrático en llegar al Estado democrático de México, eso es indudable; ahí está en la historia de México el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas ya está inscrito como un hombre que supo romper con el PRI el partido gobernante para entrar a un proceso completamente distinto y probablemente su derrota de 1988 fue a cambio de una gran Reforma Electoral que llevó y ayudó a fortalecer una democracia que desgraciadamente estamos perdiendo. Desgraciadamente estos que llegaron hace ocho años la están deteriorando así que en paz descanse el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y puede descansar en paz porque ha sido un gran mexicano porque ha sido un hombre que cumplió con creces los retos que él mismo se estableció, retos que significaba ser el hijo de un prócer de la patria como Lázaro Cárdenas.
Viene una autocracia electoral
En la mañanera de este viernes es posible que llegue Claudia Sheinbaum -como siempre- con la “espada desenvainada con el animo de chingar al prójimo.
Es más, posiblemente llegue con “chorrillo” por el coraje que le hizo pasar con sus declaraciones hechas en Madrid por el presidente Ernesto Zedillo, tras acusar al gobierno de Morena de debilitar las instituciones encargadas de garantizar la independencia judicial, la competencia electoral y los contrapesos al Poder Ejecutivo. Y, por ende, el ex presidente Ernesto Zedillo sostuvo que México ha dejado de reunir los atributos necesarios para considerarse una democracia. Durante la mesa “Europa, América y el destino de la democracia”, organizada por Letras Libres en el marco de su aniversario 25 en España, Zedillo recriminó a Morena haber llegado mediante elecciones democráticas y, posteriormente, capturar y debilitar las instituciones y organismos autónomos encargados de garantizar elecciones limpias y transparentes. “Creo que, si hacemos una verificación de los atributos que debe tener una democracia, creo que desgraciadamente nuestro País no los tiene, obviamente van a celebrar elecciones, porque viene una autocracia electoral (...) pero son elecciones que, para propósitos prácticos, va a organizar el Gobierno. Zedillo se preguntó: “¿quién va a juzgar o determinar si hay controversias -que las habrá-? Un Tribunal Electoral controlado por el Gobierno; habrá uso de recursos públicos y muy seguramente del crimen organizado para apoyar a los candidatos del partido en el poder y no habrá instrumentos legales para rechazar eso porque controlan a los jueces y controlan a los organismos electorales”. El ex Mandatario, que llegó a la titularidad del Ejecutivo abanderado por el PRI en 1994, recordó que los mandatos morenistas desaparecieron los organismos autónomos e impusieron una mayoría calificada “artificial” en el Congreso -con espaldarazo del INE y el TEPJF- para
modificar la Constitución y avalar la reforma al Poder Judicial. Zedillo consideró que, en términos generales, los sistemas políticos del mundo son encabezados por actores políticos que utilizan el poder para debilitar las libertades. “Los que han logrado capturar los sistemas usando la democracia para apoderarse del poder y ahora destruir o pretender destruir la democracia también buscan apoderarse de nuestras otras libertades”, afirmó. Anticipó que, en próximos años, el País podría experimentar el escenario de Venezuela, donde pese al rechazo ciudadano, el oficialismo utilizó a las instituciones para aferrarse al mando.
Del Montón
Las mujeres de Morena y de la Cuarta Transformación han ocupado un papel central en la estructura del poder político mexicano durante los últimos años, operando tanto en el gabinete federal como en los gobiernos estatales y órganos autónomos. Sin embargo, el ejercicio de sus funciones ha estado frecuentemente rodeado de cuestionamientos públicos, señalamientos de opacidad y denuncias formales por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos. A pesar de la gravedad de las acusaciones documentadas por la Auditoría Superior de la Federación y diversos medios periodísticos, la protección política derivada de su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha funcionado como un manto de impunidad que las ha mantenido prácticamente intocadas por la justicia mexicana. * * * El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó hoy el acuerdo que ordena a los partidos postular a mujeres en al menos 5 de las 9 gubernaturas que se disputarán el año entrante. En caso de incumplimiento, el órgano podría incluso hacer un sorteo para hacer valer la medida. Sin embargo, el destino final de esta instrucción recaerá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues el PAN reiteró su inconformidad, al señalar que el INE no tiene la facultad de dictar esos parámetros y además, porque en tres de las nueve entidades ya tienen reglas de paridad. A su vez, el PRI ve irregularidades en el procedimiento de aprobación. * * * Eso es todo por hoy, hasta el domingo próximo primero Dios con más de lo mismo.
CMAN
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Viernes 30 de Octubre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 13 | No. 3487 Link: https://issuu.com/danteoliveyro/docs/contrapoder_edici_n_3487