CONTRAPODER EDICIÓN 3452 by CONTRAPODER EN CHIAPAS

CMAN

DOXA

EDITORIAL

El logro de la alfabetización

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Chiapas forma parte de un realismo mágico en la política, en donde los gobiernos venden falsedades de manera impune y nadie los juzga. Pablo Salazar por ejemplo, quedó convencido que transformó Chiapas, con un conjunto de obras

El cinismo se convirtió en una política de gobierno. De tal manera que Juan Sabines se pasea por Chiapasen total impunidad. Cuando él es un responsable del desastre de Chiapas. Endeudó al Estado sin que se conozca qué se hizo con los miles de millones de esa deuda.

DIARIO

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EN CHIAPAS

Jueves 10 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 11 | No. 3452

SENTENCIA

ACCIONES

Calica: Ciadi condena a México por Peña Nieto, pero deja en suspenso los agravios de AMLO El Ciadi acondenó a México indemnizar a Calica con 15.8 mdd por el cierre parcial de su zona de extracción en Playa del Carmen, ocurrido durante el sexenio de Peña Nieto. La empresa, que exigía 1,700 mdd, también denunció agravios de AMLO, pero el tribunal los dejó fuera del fallo 5

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Eduardo Ramírez impulsa infraestructura para transformar La Independencia

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PETICIÓN

Solicitan esclarecer presunto uso de recursos públicos en disputa por inmueble en Chenalhó

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Aporta UNICACH investigación y formación especializada para monitoreo vulcanológico

HOY ESCRIBEN CHIAPAS, EN LO SUSTANTIVO, LA FRONTERA OLVIDADA Francisco Ruiz Zuart.

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EL MONSTRUO QUE LE PUSIERON EN SUS MANOS Raymundo Díaz S.

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TRAUMA Y POLÍTICAS MIGRATORIAS: UNA MIRADA PSICOSOCIAL

DEMANDA

Productores exigen a Presidenta Sheinbaum resolver adeudos y frenar “negocio inmobiliario” con sus propiedades

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Yunuey Conde, equipo psicosocial, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC IMUMI PAG. 14

EL INE, DECISIONES QUE MINAN LA CONFIANZA Julieta del Río

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JUSTICIA SÍ, SUSTITUCIÓN NO. EL DESAFÍO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Yarabí Ávila* PAG. 3

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Jueves 10 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EDITORIAL El logro de la alfabetización

hiapas forma parte de un realismo mágico en la política, en donde los gobiernos venden falsedades de manera impune y nadie los juzga. Pablo Salazar por ejemplo, quedó convencido que transformó Chiapas, con un conjunto de obras, a grado tal que hizo el reto de que venga el futuro, y el futuro llegó de una manera desalmada porque su heredero, un personaje que difícilmente estaba en sus cabales lo traicionó y estuvo varios meses en prisión, sin una sentencia, como resultado de una venganza más de Felipe Calderón que de Juan Sabines, quien no le perdonó la votación que Chiapas le dio a López Obrador en las votaciones del 2006. Pero el caso más patético de las mentiras oficiales fueron las del gobierno de Juan Sabines Guerrero, quien inventó que había reducido la pobreza en Chiapas, que creó obras fantasmales como el de ciudades rurales y se atrevió a mentir con la producción del biocombustible, en uno de los mayores fraudes de las políticas

públicas del país, en el que no se midió engañando a funcionarios de las Naciones Unidas en el que Sabines condujo un autobús supuestamente alimentado de biocombustible y transportó en él al mismo Secretario General de las Naciones Unidas, todo ello sin dejar de señalar cuando inauguró el primer vuelo comercial de Interjet que presuntamente utilizó bioturbosina fabricada en Chiapas. El gobierno de Manuel Velasco no se comprometió en la realización de grandes transformaciones, por eso no se pueden cuestionar las imposturas de su gobierno que fue de derroche presupuestal sin resultados que presumir. Sin embargo, Rutilio Escandón sí presumió de construir un Chiapas seguro y de acabar con la corrupción en el gobierno, dos grandes mentiras, que lo convierten en lo peor que pudo sucederle a Chiapas. Rutilio Escandón les entregó el territorio al crimen organizado y obtuvo millonarios recursos con esa acción, y por ese motivo debe ser procesado por omisión y aquiescencia por varios de los crímenes ejecutados

durante su administración, que además resultó ser la de mayor corrupción, pero goza de la protección del grupo Tabasco, a pesar de que este grupo tiene reiterados señalamientos de vínculos con el crimen organizado y de formar parte del mayor tráfico ilegal de combustible, por eso goza de libertad e impunidad. Las mentiras en los últimos gobiernos en la entidad han sido recurrentes. Esto se debe a que se festinan logros y éxitos sin que se realicen las evaluaciones de resultados correspondientes. En Chiapas no se realizan evaluaciones en ninguno de sus programas; no se evalúan los resultados de las universidades y por eso se cometen barbarismos como de poner el nombre de benemérita a la universidad, sin que se tengan los resultados para merecer tal denominación. Sin la evaluación de resultados no se puede celebrar ningún logro en los programas, pero la política prevalece sobre la racionalidad, y se decide festinar sin esperar los resultados, por eso en Chiapas se celebran políticas que resultaron todo un fiasco,

como las señaladas en anteriores gobiernos. En el caso particular del gobierno de Eduardo Ramírez, se celebra el logro de la alfabetización en Chiapas y los únicos datos que se tienen de ese programa son los que menciona el propio gobierno que señala un logro de 250 mil alfabetizados, cifra que no se puede contrastar con otros datos y como sucede con otros programas hay que creerle al gobierno. Sin embargo, la cifra real del programa de alfabetización se va a conocer con los resultados del censo nacional del 2030, y sobre la disminución del analfabetismo hay que reducir el número de fallecimientos de personas mayores de 65 anos que eran analfabetas, debido a que el 75% de población analfabeta en Chiapas se encuentra entre el rango etario de personas mayores de 65 años de edad. De ahí que la celebración de este resultado, no tenga ningún impacto económico, sobre todo porque las problemáticas de la entidad no se encuentra en la lucha por el analfabetismo.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Jueves 10 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Productores exigen a Presidenta Sheinbaum resolver adeudos y frenar “negocio inmobiliario” con sus propiedades Manuel Jiménez. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pise tierra chiapaneca, los productores del campo que integran la Unión Nacional de Protección a Pequeños Acreditados (UNAPA) han hecho un llamado urgente: no buscan condonación, sino condiciones dignas para saldar sus deudas con la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). Daniela Estrada Navarro, portavoz del movimiento, denunció que el programa federal “Volver a Crecer”, presentado en mayo pasado como una solución definitiva para cerca de 60 mil pequeños productores, establece un plazo de 36 mensualidades que resulta impagable para quienes enfrentan la peor crisis climática del último siglo. “Las 19 mil familias representadas por la UNAPA no nos negamos a pagar, pero venimos arrastrando sequías multianuales desde 2023, y el fenómeno del ‘Súper Niño’ que se avecina hasta 2028 terminará por asfixiarnos si no se amplían los plazos”, afirmó Estrada. La dirigente recordó que el primer contacto con la presidenta ocurrió en enero de este año en Puebla, cuando un contingente de más de 150 productores logró abordarla para exponerle su situación. La respuesta fue el

lanzamiento de “Volver a Crecer”, que otorga un descuento del 30% sobre el adeudo, elimina intereses moratorios y permite liquidar el saldo restante en cuotas fijas. Sin embargo, la alegría inicial se desvaneció al conocer las condiciones: “La Financiera Rural, en sus años de operación, siempre manejó convenios a 5 años con pagos semestrales o anuales, ajustados a los ciclos de cosecha. Ahora nos exigen pagos mensuales a 3 años. Es simplemente inviable”, explicó Estrada. Los números respaldan el reclamo: la Conagua y el Sistema Meteorológico Nacional han documentado que 2023 fue el año más seco desde que se tiene registro; en 2024, el 76% del territorio nacional padeció sequía; y este 2026, Chiapas se cuenta entre los estados más golpeados, con miles de campesinos que han perdido sus cosechas y se

han declarado en bancarrota. El panorama se torna aún más sombrío con la llegada del “Súper Niño”, un fenómeno que polarizará drásticamente las lluvias y las sequías en todo el país durante 2027 y 2028. “Si el programa es a 3 años y ya hemos perdido dos años por la sequía, ¿con qué vamos a pagar? Necesitamos que se amplíe a 5 años, como antes se hacía”, insistió la representante. Pero el problema no es solo de plazos. Estrada Navarro puso el dedo en la llaga al abordar el caso de los productores cuyas propiedades fueron demandadas, alcanzaron sentencia definitiva o ya fueron adjudicadas a la Financiera. Estos casos, advirtió, fueron excluidos del programa “Volver a Crecer”. En una reunión sostenida el pasado 1 de septiembre con funcionarios del INDEP —la instancia liquidadora de la FND—, los acreditados recibieron

un balde de agua fría: la única forma de recuperar sus bienes es comprarlos mediante un pago único y con valor actualizado, el cual, en muchos casos, se ha multiplicado hasta tres veces desde que fueron entregados como garantía. “El valor de nuestras propiedades cuando las pusimos en garantía hace años no es el mismo de ahora. Quieren vendérnoslas con precio actualizado y en una sola exhibición. ¿Eso es un programa de apoyo o un negocio inmobiliario encubierto?”, cuestionó con dureza la dirigente. Ante este escenario, la UNAPA solicitó a la presidenta Sheinbaum que instruya la creación de un programa de enajenación de bienes, tal como lo establecen las propias bases de liquidación de la Financiera, que permita a los deudores readquirir sus propiedades en condiciones accesibles. “Nuestra petición es clara y justa: que podamos comprar nuestras propiedades con el mismo valor del crédito que quedamos debiendo, con el descuento del 30%, a 5 años y con pagos semestrales o anuales. No pedimos un favor, pedimos justicia”, concluyó Estrada Navarro. La visita de la mandataria a Chiapas, programada para este viernes 11 de septiembre, se convierte así en un escenario de alta expectativa para estas familias que, contra viento y marea, se mantienen firmes en su compromiso de pagar, pero no a cualquier precio.

SEyT, SNE y Secretaría del Humanismo inauguran segunda etapa de cursos de Autoempleo en beneficio de 200 personas De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

La Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), que encabeza Luis Pedrero González, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) y en coordinación con la Secretaría del Humanismo, a cargo de Paco Chacón, puso en marcha la segunda etapa de cursos de capacitación para el autoempleo, dirigida a personas que enfrentan barreras de acceso al mercado laboral. Las acciones forman parte del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), mediante el proyecto Estrategias de Apoyo a Población Desempleada. En una primera etapa desarrollada en agosto fueron capacitadas 200 personas y, con las 200 incorporadas en esta segunda fase, se alcanza un total de 400 beneficiarias y beneficiarios en Tuxtla Gutiérrez durante 2026. En esta nueva etapa participan 173 mujeres y 27 hombres, quienes recibirán capacitación durante 20 días y 80 horas en las especialidades de Elabora-

ción de prendas de vestir (costura básica), Elaboración de snacks, Repostería y Electricidad. Cada participante contará con una beca de 6 mil 300 pesos con 80 centavos, lo que representa una inversión de 1 millón 260 mil 160 pesos, contemplando el monto del equipamiento para 400 beneficiarias y beneficiarios del programa. El titular de la SEyT, Luis Pedrero González, destacó que la capacitación es el primer paso para impulsar el autoempleo y que el propósito es cerrar el círculo productivo mediante conocimientos, herramientas y acompañamiento que permitan a las y los participantes emprender, generar ingresos y avanzar hacia una mayor autonomía económica. Precisó que, al concluir los cursos, además de recibir la beca económica, cada beneficiaria y beneficiario contará con equipamiento de acuerdo con la modalidad de capacitación cursada, con el objetivo de facilitar el inicio de su actividad productiva. Añadió que también tendrán acceso a seguridad social

para ellos y sus beneficiarios familiares, fortaleciendo así la protección y bienestar integral de quienes participan en el programa. Asimismo, Pedrero González señaló que se busca acompañar a estos emprendimientos hacia su incorporación a la economía formal, facilitando el acceso a financiamiento, servicios bancarios y medios de pago digitales. Añadió que la SEyT dará seguimiento a los resultados para medir su impacto y procurar que la capacitación se traduzca en bienestar económico sostenible para las familias. Por su parte, el secretario del Hu-

manismo, Paco Chacón, resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional para acercar oportunidades de capacitación y herramientas productivas a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo, fortaleciendo alternativas que les permitan mejorar sus ingresos y condiciones de vida. Con esta estrategia, la SEyT, el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría del Humanismo fortalecen el autoempleo como una alternativa para generar ingresos, desarrollar capacidades productivas y contribuir al bienestar de las familias chiapanecas.

Jueves 10 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Eduardo Ramírez impulsa infraestructura para transformar La Independencia De la Redacción La Independencia, Chis. (Tribuna)

urante una gira de trabajo por este municipio de la región Meseta Comiteca Tojolabal, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa el bienestar, el fortalecimiento de las cadenas productivas y la prosperidad de. “Tengo una larga historia en La Independencia, conozco los problemas de esta zona. Tengan la certeza de que no les voy a regatear nada y trabajaremos a favor de La Independencia. Quiero servirle con mucha emoción y corazón a toda la región”, RECALCÓ. Como parte de su agenda, el mandatario inauguró aulas y obras exteriores en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 50, con un monto de 2.2 millones de pesos y encabezó el banderazo de inicio de la construcción de la Unidad Deportiva en la cabecera municipal, con una inversión superior a 33 millones de pesos. En este marco, precisó que también se construye una planta de tratamiento de aguas residuales, considerada una obra esencial para la salud de toda la población, con una inversión de 70 millones de pesos. Posteriormente, en la localidad El Triunfo, entregó aulas didácticas y otros espacios en la Telesecundaria 24 de Octubre, además de dar

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Como parte de la consolidación de la atención de alta especialidad, y en el marco del primer aniversario del Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre” y de los 70 años del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, especialistas de esta unidad realizaron con éxito una cirugía endovascular de alta complejidad para tratar un aneurisma de arterias ilíacas, procedimiento que fue posible gracias a la infraestructura de la sala de hemodinamia del hospital. La intervención permitió atender al paciente en Chiapas, sin necesidad de referirlo a otra entidad, y fue posible gracias a la sala de Hemodinamia del HGRE No. 13, la primera de su tipo en el IMSS Chiapas, equipada con tecnología especializada para realizar procedimientos mínimamente invasivos en pacientes con padecimientos cardiovasculares y vasculares de alta complejidad. La coordinadora clínica de Cirugía del HGRE No. 13, doctora Estrella Denisse Rosas Zaragoza, angiólo-

Inauguró obras en el Cobach Plantel 50 y encabezó el arranque de la construcción de la Unidad Deportiva en la cabecera municipal

inicio a la construcción del edificio de aulas y áreas de administración, cómputo, arte, sanitarios y bodegas del Bachillerato Nacional Margarita Maza. Estas obras educativas representan, en conjunto, una inversión superior a 19.5 millones de pesos. En este contexto, sostuvo que trabajará en coordinación con las autoridades del Ayuntamiento para consolidar proyectos en materia hídrica, vial y otros rubros. La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, explicó que la Unidad Deportiva que se construirá en la cabecera municipal contará

con un campo de Futbol 7, cancha de usos múltiples con domo, andadores, servicios sanitarios, áreas recreativas, trotapistas y estacionamiento. A nivel estatal, informó, se construyen 12 espacios de este tipo con una inversión superior a 265 millones de pesos, con el propósito de fomentar la actividad física y fortalecer la convivencia comunitaria. El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, señaló que la inversión en este municipio es de 27 millones de pesos.

Detalló que en el Cobach Plantel 50 se entregaron dos aulas didácticas equipadas y dio a conocer que, a nivel estatal, se han invertido más de 276 millones de pesos en infraestructura educativa en distintos planteles de este subsistema. En la localidad El Triunfo, indicó que la Telesecundaria 519 “24 de Octubre” se entregaron dos aulas equipadas y se iniciaron obras en el Bachillerato Nacional Margarita Maza. El presidente municipal de La Independencia, Johny Sebastián López López, reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con el bienestar de las familias chiapanecas al impulsar obras de impacto social que benefician a habitantes de diferentes comunidades. Por su parte, el comisariado Ejidal de El Triunfo, Romeo Vázquez Velasco, agradeció al Gobierno del Estado por cumplir su palabra y entregar el Telebachillerato, una obra de gran impacto para la educación de las y los jóvenes de esta localidad, tras muchos años de espera. A su vez, la directora de la Telesecundaria No. 519 “24 de Octubre”, Haidé Zúñiga Pineda, externó su gratitud a las autoridades por hacer realidad la construcción de dos aulas y refrendó su compromiso de cuidarlas y aprovecharlas plenamente en beneficio de la comunidad escolar.

Realiza IMSS Chiapas cirugía endovascular de alta complejidad en HGRE No. 13 ga y cirujana vascular que participó en el procedimiento, explicó que la cirugía consistió en la exclusión endovascular de un aneurisma de arterias ilíacas, padecimiento que puede representar un riesgo importante para la vida cuando no se atiende de manera oportuna. “Gracias a que ahora tenemos aquí sala de Hemodinamia, nos hace más fácil el abordaje y resolución de este tipo de patologías. Para los pacientes es más práctico poder operarse aquí y no tener que trasladarse a la Ciudad de México, considerando todos los riesgos de viajar con una patología de este tipo”, destacó la especialista. Agregó que este tipo de aneurismas puede presentar una alta mortalidad cuando evoluciona sin tratamiento; sin embargo, al detectarse y atenderse de manera oportuna mediante técnicas endovasculares, es posible favorecer una recuperación más rápida y reducir la estancia hospitalaria. “Las patologías que estamos resol-

viendo aquí son patologías que definitivamente no se hacían en Chiapas. Poco a poco el hospital está creciendo, a tan solo un año de su puesta en marcha, y tener todos estos servicios aquí nos va a permitir que los pacientes no tengan que trasladarse a otro lugar y tengan mayores posibilidades de recibir atención oportuna y recu-

perarse”, afirmó. La incorporación de procedimientos endovasculares de alta complejidad permite al IMSS en Chiapas ampliar las alternativas de atención para pacientes con padecimientos vasculares y brindar servicios especializados sin necesidad de trasladarlos fuera de la entidad.

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Aporta UNICACH investigación y formación especializada para monitoreo vulcanológico De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

a Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) contribuye, desde la academia, la investigación y la formación de profesionistas, al fortalecimiento del monitoreo vulcanológico en Chiapas, particularmente del volcán Chichón, uno de los dos colosos activos de la entidad. En ese sentido, la rectora de la UNICACH, Fanny López Jiménez, precisó que través del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IIGERCC), esta casa de estudios participa en acciones orientadas a mejorar el conocimiento y seguimiento de la actividad volcánica, así como en la construcción de capacidades para avanzar hacia sistemas de alerta temprana más precisos, oportunos y confiables, que contribuyan a la toma de decisiones para la protección de la población. Por ello, en el marco de la XVII Semana de Ciencias de la Tierra, se formalizó una carta de concertación entre la autónoma UNICACH, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, mediante el cual se fortalecen los vínculos de cooperación institucional en materia de prevención y gestión de riesgos. El acuerdo fue firmado por el director general del Cenapred, Enrique Guevara Ortiz; el secretario de Protección Civil de Chiapas, Mauricio Cordero Rodríguez, y el secretario general de la UNICACH, Gilberto de los Santos Cruz, en representación

Óscar Gómez/ corresponsal San Pedro Chenalhó.

Habitantes de San Pedro Chenalhó, solicitaron la intervención del Síndico Municipal para esclarecer la participación de autoridades y recursos públicos en una controversia relacionada con un inmueble cuyos derechos de propiedad o posesión son atribuidos por las partes involucradas a Alberto y Pascuala. En un escrito presentado este 9 de septiembre, los habitantes cuestionaron la presencia de elementos y vehículos de la Policía Municipal en el lugar, misma que fue documentada mediante fotografías. Pidieron conocer quién ordenó el despliegue, cuál fue su motivo, el fundamento jurídico y si existieron órdenes de servicio, bitácoras o partes informativos relacionados con la movilización. Solicitaron determinar si se utilizaron vehículos, combustible, per-

Se formaliza colaboración con Cenapred y Secretaría de Protección Civil de Chiapas a través de la firma de una carta de concertación

de la rectora. Cabe señalar que durante la inauguración de las actividades de dicha semana académica, la rectora destacó la importancia de sumar capacidades y conocimientos entre instituciones para generar avances en materia de monitoreo, prevención y alerta oportuna ante fenómenos naturales. López Jiménez señaló también que como parte de este esfuerzo, a finales de agosto se realizó la instalación de equipo especializado de última generación, donado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, con lo que se modernizó la red de monitoreo del volcán Chichón. Por su parte, Miguel Ángel Alatorre Ibargüengoitia, responsable del Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico (CMVS) del IIGERCC, explicó que esta moderniza-

ción permite fortalecer la vigilancia permanente del volcán mediante infraestructura especializada para la detección y registro de la actividad sísmica y otros parámetros asociados a su comportamiento. En este contexto, el secretario general de la UNICACH expresó a nombre de la rectora, que “cuando las instituciones trabajan unidas la ciencia se transforma en bienestar y la prevención en una herramienta para proteger vidas, que esta carta de concertación sea el inicio de una colaboración permanente, responsable y comprometida con un Chiapas más seguro y resiliente”. Actualmente, la red de monitoreo del volcán Chichón cuenta con seis estaciones equipadas con sensores sísmicos, de las cuales cuatro operan mediante transmisión satelital, ade-

más de tres cámaras web y dos Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA), ubicadas en los municipios de Francisco León, Ostuacán, Pichucalco y Chapultenango. La relevancia de contar con sistemas de monitoreo permanente quedó evidenciada con la erupción del volcán Chichón ocurrida en 1982, uno de los eventos más importantes registrados en México durante el siglo XX. Además de impulsar, mediante su oferta educativa, la formación de profesionistas con conocimientos y habilidades para atender problemáticas relacionadas con la gestión del riesgo y el cambio climático, la universidad aporta la experiencia de seis profesores e investigadores del IIGERCC y de la Facultad de Ingeniería que participan en el Comité Científico Asesor de Protección Civil en Chiapas.

Solicitan esclarecer presunto uso de recursos públicos en disputa por inmueble en Chenalhó sonal u otros recursos municipales y, en su caso, conocer la partida presupuestal o autorización administrativa que justificó su empleo. Subrayaron que la petición no pretende anticipar responsabilidades, sino que sean los documentos oficiales los que permitan esclarecer los hechos y garantizar la rendición de cuentas. Asimismo, señalaron que existe preocupación por versiones sobre la presencia de personas armadas en el inmueble y por presuntos vínculos de Pascuala con una organización identificada por los habitantes como del fraccionamiento Tsaneb Bolom. Estos señalamientos no fueron acreditados en el escrito con documentación que permita confirmarlos, por lo que solicitaron que

cualquier controversia sea atendida por las autoridades competentes,

bajo los principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso.

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Boquete de 12 millones: compras irregulares quedan sin investigar en hospital de Yucatán Claudia V. Arriaga Durán MÉRIDA, Yuc. (Proceso).

ompras irregulares de insumos médicos por 12 millones 481 mil pesos dentro del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) permanecen sin ser esclarecidas desde febrero pasado, después de ser reportadas por personal de la propia institución. A la fecha, la investigación no registra avances, no se han emitido sanciones ni se ha citado a comparecer a los implicados. El esquema salió a la luz tras la detección de una factura apócrifa por más de cuatro millones de pesos correspondiente a material médico que jamás ingresó al almacén. El hallazgo destapó el cobro de otros comprobantes millonarios a favor de la empresa Mercado del Sureste, SA de CV, de la que no existe evidencia en el Registro Público del Comercio. Desde el 18 de febrero de 2026, el director de operaciones, Joan Manuel Johnson Herrera, tuvo conocimiento formal del caso. Sin embargo no existió respuesta a la solicitud de investigación interna para dar con las personas involucradas. Proceso tuvo acceso a la documentación que detalla dichas anomalías en las compras, así como la solicitud para que se realice una investigación y se proceda en caso de comprobarse las mismas. Se pidió conocer la postura de la dirección del citado hospital, que depende de la Secretaría de Salud Federal y opera bajo el esquema del IMSS Bienestar, y se enviaron preguntas solicitadas; en respuesta, sólo se indicó que “se está evaluando la situación”. Este hospital, de acuerdo con la información del gobierno federal, tiene un área de influencia planeado para atender a la población de los tres esta-

De la Redacción Ciudad de México (apro)

Un día después de que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer la investigación del homicidio de su esposo, autoridades federales anunciaron la detención de Alexis “N”, señalado como presunto operador regional de un grupo delictivo en ese municipio. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó este miércoles que Alexis “N” fue detenido en Zapopan, Jalisco, mediante una orden de aprehensión cumplimentada por autoridades federales y estatales. De acuerdo con García Harfuch, Alexis “N” asumió funciones dentro de la estructura criminal después de la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como uno de

dos de la península: Yucatán, Campeche y Quintana Roo, con servicios en 28 especialidades y subespecialidades médicas, como oncología, nefrología y cirugía reconstructiva, entre otras. Ese 18 de febrero, el área de finanzas del HRAEPY devolvió la factura con folio M158 del proveedor Mercado del Sureste, la cual fue expedida el 12 de febrero de 2026 y presuntamente surtida al almacén el 12 de enero de 2026; es decir, la mercancía se habría entregado un mes antes de la emisión del comprobante. El informe advierte que la cancelación de la factura se debió a “la inconsistencia entre el folio de la factura M158 y el Folio de Documento Fuente en la entrada M16”, información contenida en el mismo oficio entregado al director del hospital, Johnson Herrera. Aunque el sistema registró una orden de surtimiento número 1 del día 12/01/2026 con folio 89181-A, del contrato AA47-AYO-047AYO941-N-12-2026/001, el material médico jamás ingresó al almacén, según se constató en el acta 23.1 generada por el almacén general el 17 de febrero. Aun así, dos de los comprobantes fiscales de los insumos médicos fueron firmados por el doctor Jesús Antonio Tut Bojórquez, de la dirección médica del HRAEPY, quien, de acuerdo con la denuncia hecha a Proceso por personal que pidió reservar su identidad por temor a sufrir represalias o despidos, es cercano al director del hospital.

Las anomalías se extienden a la descripción gráfica y financiera de las facturas. La primera lista engloba 13 materiales médicos, entre los que se cuentan 7 mil 500 piezas de equipo de venoclisis para bomba de infusión por un precio total de 2 millones 34 mil 300 pesos, y 500 jeringas para bomba de infusión con un costo final de 55 mil 555 pesos. Otra factura por cuatro millones de pesos abarca apenas cinco conceptos: incluye 20 sistemas de infusión portátil adjudicados por un valor de 20 mil pesos, cada uno a un precio total incongruente, además de detallar tres veces el mismo concepto de seis cajas con 87 guantes de nitrilo por 21 mil pesos, cuyos montos no corresponden a la suma total reflejada.

Una investigación paralizada La denuncia presentada ante la dirección del HRAEPY por el encargado del Almacén General, el doctor Alexis Gabriel Varela García, deja claro que los formatos de entrada no están en la plataforma institucional del departamento, y tampoco son el formato oficial de la Plataforma Institucional del Almacén General del HRAEPY. En el oficio, del que Proceso tiene copia, se señalan expresamente como presuntas irregularidades en los documentos “el uso de fuentes de diferente tamaño, ausencia de logos institucionales oficiales”. Los documentos también carecen de las claves CNI (códigos oficiales del

Consejo de Salubridad General) y los sellos no corresponden a los originales del área. Al respecto, precisan que “el sello de recibido” del almacén general de HRAEPY del día 21 de enero, no corresponde con el sello oficial de recepción de insumo. En el reporte entregado a las autoridades del hospital incluso se anexa el sello oficial. Las firmas plasmadas también son falsas y no pertenecen al catálogo de las autorizadas, entre las que pretendieron suplantar la del doctor Alexis Varela y la de la química Velia Peraza. Tras los hallazgos del presunto fraude orquestado al interior del nosocomio, el propio doctor Varela solicitó al director Johnson Herrera la apertura formal de una investigación para deslindar responsabilidades legales, jurídicas o el compromiso del pago económico a proveedores de insumos no reconocidos. A la par, requirió la protección de su integridad laboral y la de su equipo. “Es imperativo que la presente notificación no derive en ningún tipo de medida disciplinaria, persecución, degradación de funciones o cualquier otro tipo de represalia, directa o indirecta en contra de mi personal o de mi equipo de trabajo, asegurando en todo momento nuestra estabilidad y seguridad laboral durante y después de este proceso”, advirtió Varela por escrito a la dirección del hospital. La investigación exigida abarca otras tres facturas emitidas por Mercado del Sureste, SA de CV, como parte del mismo contrato: la número 154 por 2,186,213.45 pesos (recibida el 8 de diciembre de 2025 y pagada el 30 de enero de 2026); la número 155 por 3,467,989.79 pesos (recibida el 9 de diciembre de 2025 y pagada en la misma fecha); y la número 157 por 657,871.24 pesos, con fecha de recepción del 17 de diciembre de 2025 y actualmente en proceso de pago.

Un día después de que Grecia Quiroz pidió a FGR atraer caso Manzo, detienen a presunto operador criminal los presuntos autores intelectuales del homicidio de Manzo. Con esta captura suman 32 personas detenidas por su presunta relación con el asesinato del presidente municipal de Uruapan. La detención ocurre un día después de que Quiroz acudió a la FGR en la Ciudad de México para solicitar formalmente que la institución federal atraiga la carpeta de investigación. La alcaldesa argumentó que existen indicios sobre la participación de integrantes de la delincuencia organizada y sostuvo que no confía en la Fiscalía de Michoacán. “No podemos fraccionar el tema de que una parte la esté investigando el estado de Michoacán y otra parte la Fis-

calía General de la República”, afirmó Quiroz al presentar su petición. La presidenta municipal también sostuvo que, después de casi 10 meses del homicidio, la investigación estatal prácticamente había llegado a su límite con las detenciones realizadas hasta ahora. La nueva captura ocurre además en medio de una disputa sobre las líneas de investigación que sigue la Fiscalía de Michoacán. La dependencia estatal ha solicitado información y los teléfonos celulares que utilizaba Manzo, mientras la exsecretaria particular del exalcalde, Yesenia Méndez, ha rendido declaraciones que abrieron una línea de investigación relacionada con el entorno de la actual alcaldesa.

Quiroz ha rechazado esos señalamientos y pidió que el caso no se politice. La FGR deberá determinar ahora si ejerce la facultad de atracción solicitada por la alcaldesa, mientras la investigación federal suma una nueva detención.

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Jueves 10 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Marco Rubio acusa que México no hace lo suficiente para enfrentar a los cárteles tráfico de personas y drogas.

Jaqueline Viedma Ciudad de México, (Tribuna)

“

No es ni de lejos suficiente”, así calificó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la lucha del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga, advirtiendo que su país le hará frente a esta problemática “de una forma u otra”. Durante su visita en Quito, Ecuador, Rubio detalló que en el país gobernado por la presidenta Claudia Sheinbaum, “hay territorios, vastos territorios, en México que no están bajo el control del Estado”. El alto funcionario estadounidense se encuentra realizando una gira por Ecuador, Colombia y Perú, con la que busca endurecer la guerra contra el narco. Rubio destaca cooperación de México en seguridad Resaltó la cooperación que la administración actual mantiene con Estados Unidos, elogiando los esfuerzos de México contra los cárteles, por lo que “Nuestra esperanza y nuestra intención es hacerlo en asociación con México. Ese es el ideal. Pero, eventualmente, esa amenaza tendrá que ser enfrentada de una forma u otra”. Rubio aseguró que el principal tema a tratar en México es la “seguridad”, refiriendo que los cárteles representan “una amenaza para el Estado mexicano”, recordó que la realidad golpea a la clase política, al Poder Judicial y a la prensa:

Ximena Arochi CIUDAD DE MÉXICO (Proceso)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llegó a su Segundo Informe arrastrando un Plan General de Desarrollo (PGD) 20252045 que todavía no pasa de proyecto, y tras cerrar entre protestas una consulta cuestionada por pueblos y barrios originarios, su administración contabilizó foros, asambleas y participantes, pero no rindió cuentas sobre el destino de las propuestas ni el avance del instrumento que orientará durante 20 años el desarrollo de la Ciudad de México. Fue hasta después de entregar el informe al Congreso capitalino, el 1 de septiembre, cuando el secretario de Gobierno, César Cravioto, reconoció que la administración todavía integraba las aportaciones ciudadanas y adelantó que el PGD será presentado ante el Congreso capitalino durante el actual periodo ordinario de sesiones, aunque no especificó una fecha: “El Instituto de Planeación ya lo trabajó y lo que está haciendo es recabar toda la información que hubo en todas las consultas que se realizaron”. Cravioto aseguró que en las consultas “llegaron muchísimos planteamientos”

Discurso de Rubio llega en medio de negociaciones por el T-MEC

“En México se asesina habitualmente a candidatos políticos, a jueces y a periodistas que informan sobre los cárteles. Así que estos grupos representan una amenaza enorme justo en nuestra frontera”.

Operación bilateral contra narcodrones en la frontera En el marco del lanzamiento de llamada “Águila Alta” en la franja fronteriza de Tijuana, Baja California, y San Diego, California; Marco Rubió comentó que México “cuenta con drones. Están usando drones para intentar traficar drogas y personas a través de la frontera. Estos grupos son muy peligrosos, están muy bien financiados y hay que enfrentarlos”. El pasado 7 de septiembre, México y Estados Unidos pusieron en marcha la operación binacional “Águila Alta”, un esquema de cooperación militar orientado a contener el uso de drones por parte del crimen organizado en la frontera común. El operativo funciona bajo el mo-

delo de “operaciones espejo”, en el que las Fuerzas Armadas de ambos países actúan de forma simultánea pero cada una dentro de su propio territorio, sin cruces ni intervenciones conjuntas. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) precisa que el esquema respeta la soberanía de cada nación y se sostiene en principios de reciprocidad y confianza mutua. El despliegue se concentra en la franja fronteriza entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, con vigencia del 31 de agosto al 21 de septiembre de 2026. La primera etapa, ya concluida, sirvió para coordinar a las fuerzas de ambos países y delimitar el área de trabajo mediante reconocimientos terrestres simultáneos. La segunda fase, en curso, incorpora equipos antidron fijos y móviles en la zona fronteriza de cada país. El propósito central del operativo es identificar y neutralizar drones comerciales que las organizaciones criminales utilizan para vigilar movimientos de autoridades durante actividades de

Previo a las declaraciones de Marco Rubio, la mandataria mexicana se reunió de manera virtual con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con miras a la cuarta ronda bilateral sobre el T-MEC que aún no tiene fecha confirmada. Ebrard calificó el intercambio como cordial y adelantó que viajará a Washington el próximo 10 de septiembre para continuar las conversaciones comerciales. El contexto revela una estrategia mexicana de mantener el diálogo bilateral al margen de las tensiones que Estados Unidos enfrenta con Canadá. Sheinbaum sostiene que “los tres países queremos mantener las negociaciones”, pero reconoce que Washington tuvo un “desencuentro” con la contraparte canadiense, mientras México conduce su propia vía de negociación con el gobierno de Donald Trump. La postura oficial mexicana ha trazado límites claros ante la presión estadounidense por avanzar el acuerdo. La presidenta advirtió este miércoles que su gobierno no “va a firmar nada que tenga que ver con una afectación a nuestra soberanía”, y centra las negociaciones en lograr una reducción arancelaria para los sectores de acero, aluminio y autos. Información Infobae.

Segundo Informe: Brugada omite el destino de las propuestas ciudadanas sobre el Plan de Desarrollo y agregó: “Digamos que hicimos el documento base, y ahora estamos terminando de integrar todas las aportaciones de la ciudadanía que, insisto, fueron decenas de miles”. Ésas fueron las declaraciones del funcionario al abandonar el recinto legislativo, mientras que los documentos que entregó al Congreso no fijan una ruta ni un plazo para el PGD y reducen su avance a una numeralia. El Segundo Informe de Gobierno de Brugada concentra su balance en la consulta, la cual aborda bajo el blindaje discursivo de que “cada propuesta recibida debe ser tomada con seriedad” y que los planteamientos deben “generar procesos vinculantes para todos los que habitamos esta ciudad”. “Se realizó la Consulta Pública del Proyecto del Plan General de Desarrollo 2025-2045 mediante cuatro foros que reunieron a 400 personas de los sectores académico, privado, especializado, social e internacional”, dice el documento. Y precisa: “Las aportaciones se sistematizaron en seis componentes: incor-

poración del riesgo como eje transversal de la planeación; seguridad estructural e infraestructura crítica; gestión territorial y del agua; tecnología e información para la gobernanza del riesgo; adaptación al cambio climático, y resiliencia social, capacidades comunitarias y cultura de prevención. Con ello se fortaleció una visión preventiva, intersectorial y territorial”. Al mismo tiempo, indica que la consulta se desarrolló del 7 de noviembre de 2025 al 10 de abril de 2026 mediante 14 foros informativos en igual número de demarcaciones territoriales, 275 foros informativos comunitarios y 200 asambleas deliberativas, con una participación directa de 12 mil 142 personas.

Una consulta cerrada entre protesta El informe omite qué ocurrió con el PGD en los cinco meses que pasaron desde que el gobierno cerró la consulta, en medio de movilizaciones de pueblos y barrios originarios, integrantes de Comisiones de Participación Comunitaria

(Copaco) y organizaciones vecinales que exigieron reponer el procedimiento. Ese 10 de abril, los inconformes se manifestaron afuera de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) al grito de “¡No a la imposición del Plan General de Desarrollo!”, mientras el entonces titular de la dependencia, Pablo Yanes, defendió que se trataba de un “proceso sólido”, sostuvo que “no puede ser infinito” y aclaró que todavía faltaban la integración de las propuestas, la revisión del proyecto por los órganos del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) y su discusión legislativa, con la expectativa de concluirlo durante 2026.

Jueves 10 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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La deuda de México aumentará 10 millones de dólares por hora el próximo año, según el Paquete Económico 2027 De la Redacción Ciudad de México (Tribuna)

a Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que México tendrá un endeudamiento interno de hasta un billón 700 mil pesos para el ejercicio fiscal de 2027, lo equivalente a 10 millones de dólares por hora. De acuerdo con el Paquete Económico 2027, ese monto será obtenido a través de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público, tales como emisión de valores. Esta deuda será usada para aumentar el presupuesto para los programas sociales, rubro al que solicitan un billón 25 mil pesos, así como educación, salud, seguridad y vivienda.

Carlos Olvera CIUDAD DE MÉXICO (Proceso)

A tres meses del fallido examen de admisión en línea para ingresar a licenciatura que desencadenó una crisis institucional en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la máxima casa de estudios reveló el desglose “peso por peso” de los 51 millones 474 mil 649.15 pesos que gastó para dicho proceso. Para la UNAM, el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 marcaría un hito al ser el primer examen de admisión en su historia en aplicarse completamente en modalidad remota y digital; sin embargo, las altas calificaciones que consiguió un número atípico de aspirantes desató la sospecha de irregularidades y fraudes, que llevó a la Universidad a una crisis de credibilidad y repetir dicho examen, pero ahora uno llamado de “control” y modalidad presencial. Tras el fallido examen 100 por ciento digital, Proceso tuvo acceso al desglose total de todo el dinero público que la UNAM gastó en el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026: Desde la renta de la plataforma para la aplicación del examen en línea, a cargo de la empresa tecnológica Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., hasta la publicación en medios de comunicación de la convocatoria al proceso, así como el monto para la nómina del personal que participó en la aplicación del examen, y la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital, entre otros conceptos. Los 23, 24, 30 y 31 de mayo anteriores fueron los días de aplicación del examen de admisión en línea, en los que 107 mil 349 aspirantes participaron —con un pago por derecho a examen de 490 pesos cada uno—, lo que representó el 87.98% de las personas programadas, según cifras de la UNAM.

Áreas responsables La realización del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 comprendió la participación de diversas áreas universitarias, de acuerdo con sus

La pensión para adultos mayores se mantendrá como uno de los principales gastos del gobierno, ya que se estiman 543 mil 498.4 millones de pesos para el 2027, al querer alcanzar una cobertura de 96.8% de afiliados. El segundo mayor gasto en el ru-

bro de Bienestar son los programas de Becas Benito Juárez, para el que se pide un presupuesto de 190 mil 551.9 millones de pesos. Otra parte de la deuda, 560 mil 172.6 millones de pesos, será usada para la inversión de nuevos trenes,

obras hidráulicas, carreteras, puentes, Defensa, Marina, Pemex y CFE. Asimismo, el Paquete Económico 2027 asegura que se priorizará la deuda interna sobre la externa, al estimar que el 84.8% vendrá del país, mientras que el 15.2% del extranjero. Durante la presentación del proyecto de ejercicio fiscal, Édgar Amador, titular de la SHCP, destacó que buscará la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo, por lo que el déficit será de 3.9% del producto interno bruto (PIB). Para alcanzar esta cifra, se buscará que los ingresos tributarios tengan un máximo histórico de 15.9%, mientras que los no tributarios llegarán a 1.3% y los petroleros a 2.5%. Información de LatinUS.

Peso por peso: La UNAM revela el desglose completo de los 51 mdp que gastó en el fallido examen en línea respectivas atribuciones. La Dirección General de Administración Escolar estuvo a cargo de la organización y administración escolar del Concurso, incluyendo la publicación de la convocatoria y el instructivo, el registro de las personas aspirantes, la coordinación de la aplicación y la publicación de los resultados. La Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos participó en las actividades académicas relacionadas con el desarrollo, actualización, piloteo, aplicación y análisis de los reactivos utilizados en los exámenes de ingreso. Para la aplicación en línea se contó con los servicios tecnológicos de la empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V.

El desglose El 12 de enero de 2026, la UNAM lanzó la convocatoria para el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, que fue difundida en algunos medios de comunicación y significó para la universidad un gasto de difusión de 69 mil 297.17 pesos. Por concepto de “Toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital” de los aspirantes, la UNAM dispuso de 5 millones de pesos. Tres millones 150 mil pesos fueron hacia la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos “para las operaciones relacionadas con el desarrollo, actualización, piloteo, aplicación y análisis de reactivos para los exámenes de ingreso a bachillerato y licenciatura”. La UNAM reportó también la compra de alimentos para el personal que participó en la aplicación del examen, con un monto de 326 mil 772.00 pesos; en insumos de cafetería, material de limpieza, tarjetas telefónicas y papelería, la inversión universitaria fue de 60 mil pesos. Para el capital humano (nómina) del

personal que participó en la aplicación del examen, la Universidad cifró el gasto en 808 mil 169.07 pesos. Además, la Máxima Casa de Estudios rentó salones en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM relacionados con el proceso de admisión, por un monto de 152 mil 580.16 pesos. Quitando el presupuesto erogado para la empresa tecnológica encargada de la aplicación del exámen en línea, la Universidad tuvo un gasto de dinero público por 9 millones 566 mil 818.4 pesos para todo el concurso de ingreso a licenciatura 2026.

Territorium Life Para Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., empresa tecnológica con sede en Nuevo León, no era nuevo realizar exámenes en línea ni trabajar para varias universidades en México. Por ejemplo, en 2025, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) contrató a la empresa por un monto de hasta 25.4 millones de pesos para la aplicación en línea de exámenes de nuevo ingreso de estudios de nivel superior, medio superior y procesamiento electrónico de la información de los resultados con soporte y supervisión. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también figuran en la cartera de Territorium Life, S.A.P.I. de C.V. En el caso de la UNAM, el total pagado a Territorium Life, S.A.P.I. de C.V. para el examen en línea a nivel licenciatura fue 41 millones 907 mil 830.75 pesos, de acuerdo con cifras oficiales a las que Proceso tuvo acceso. Según la Universidad, la participación de la empresa “se limitó a los servicios tecnológicos y operativos contratados y no comprendió la determinación académica de los resultados ni las decisiones institucionales sobre la situación

de las personas aspirantes”. Una vez se llevarán a cabo tres auditorías relacionadas con la contratación de la empresa Territorium Life, S.A.P.I de C.V. para la aplicación de exámenes en línea de bachillerato y licenciatura.

Vigilancia y calificación La UNAM acotó que la vigilancia de los exámenes en línea se realizó mediante una solución tecnológica que incluyó un navegador seguro, mecanismos de autenticación de identidad, supervisión humana con apoyo de Inteligencia Artificial, monitoreo mediante cámara y micrófono, captura de pantalla, generación de alertas y registro de evidencias. “Las alertas generadas constituyeron elementos de apoyo para la supervisión y no determinaron automáticamente la existencia de una irregularidad ni la cancelación del examen. Las evidencias correspondientes fueron objeto de revisión institucional y las determinaciones se adoptaron conforme a las reglas establecidas en la Convocatoria y el Instructivo. “En cuanto a la calificación, la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos, que es el área universitaria competente integró y calificó los resultados con base en las versiones del examen y sus respectivas claves de respuesta. La Dirección General de Administración Escolar incorporó los resultados al proceso de selección para su publicación en la fecha establecida”, señaló la UNAM a Proceso.

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Jueves 10 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Calica: Ciadi condena a México por Peña Nieto, pero deja en suspenso los agravios de AMLO Octavio Martínez PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (Proceso).

éxico fue declarado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) responsable de la violación de derechos en materia de comercio internacional contra Calica por el cierre parcial de su zona de extracción pétrea, ubicado al sur de Playa del Carmen, efectuado al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. México quedó obligado a pagar 15 millones 884 mil 117 dólares, de los más de mil 700 millones en divisa norteamericana que solicitaba Calica, también por el cierre total de la sascabera durante el sexenio de AMLO. Además, ambas partes pagarán en montos iguales la suma total de dos millones 499 mil 514 dólares por los gastos de honorarios a los integrantes del panel del Ciadi. Tras emitirse ayer miércoles 9 la sentencia bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el panel internacional, presidido por el holandés Albert Jan van den Berg, dejó pendiente el análisis de agravios que la transnacional de origen estadunidense señaló le perpetró el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que ordenó el cierre total de la zona de extracción en 2022. Lo anterior porque el inicio del arbitraje internacional fue en 2019, y cuando ocurrieron los últimos hechos atribuidos a AMLO ya estaba vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), en vigor desde hace seis años. En el documento de 530 páginas se detalla que México violó el artículo 1105 del TLCAN sobre trato justo y equitativo, al clausurar en enero de 2018 el predio denominado El Corchalito, un segmento de su zona de

Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 no tiene como prioridad al sector energético, ya que concentra los mayores recortes, esto en medio de la demanda de atraer inversiones y de que se necesita más energía para el nearshoring y los centros de datos. De acuerdo con una revisión de Proceso al PPEF 2027, la reducción más brutal en el Paquete Económico aparece en el ramo de Energía, cuyo presupuesto se desplomaría 69% en términos reales respecto a lo aprobado para 2026. En 2026, para Energía, se aprobaron 267 mil millones de pesos. Para el próximo año, el gobierno plantea solamente 85 mil millones de pesos. Esto significa que el presupuesto se derrumba 68% en términos nominales

El Ciadi acondenó a México indemnizar a Calica con 15.8 mdd por el cierre parcial de su zona de extracción en Playa del Carmen, ocurrido durante el sexenio de Peña Nieto. La empresa, que exigía 1,700 mdd, también denunció agravios de AMLO, pero el tribunal los dejó fuera del fallo

concesión para la explotación de material pétreo. Fue la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que en esas fechas intervino el inmueble al demostrar que la empresa se había excedido en el permiso de extracción de calizas en más de 2.15 hectáreas, según un boletín de prensa emitido en esa época. Calica se inconformó inmediatamente con la solicitud de amparos, también por la multa que le impuso la Profepa por la cantidad de siete millones 985 mil 53 pesos. Éstos fueron los agravios originales que fueron llevados ante el Ciadi, que integró el expediente No. ARB/19/1 Vulcan vs Estados Unidos Mexicanos. El tribunal concluyó que la empresa fue agraviada en sus derechos como inversionista pactados entre los tres países integrantes del TLCAN. “La conducta de la Demandada (México) con respecto a la inversión de la Demandante (Calica) en El Corchalito fue arbitraria, notoriamente injusta, antijurídica e idiosincrática, y que involucra ausencia de debido proceso que lleva a un resultado que ofende la discre-

cionalidad judicial en relación con: (i) la negativa de la Profepa a tener en cuenta las pruebas periciales” (sic), se aprecia en la sentencia consultada por Proceso. A finales de julio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum se negó a ahondar en el asunto, tras darse a conocer, sin más detalles, la decisión del arbitraje internacional.

Agravios de AMLO quedan en vilo Aunque el reclamo original fue por el cierre de 2018 efectuado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Calica centró los agravios en su contra cometidos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que arreciaron a partir de 2022, por lo cual la de indemnización sobrepasó los mil 700 millones de dólares. La empresa señaló un ataque sistemático efectuado desde la conferencia matutina de Palacio Nacional, la cancelación de su permiso aduanero e intervención militar del puerto de Punta Venado, también en Playa del Carmen, desde donde enviaba el material pétreo extraído a Estados Uni-

dos, todo lo cual ha sido publicado por Proceso en varios reportajes. Todos estos actos concluyeron en la clausura de la zona de extracción, un terreno de alrededor de dos mil hectáreas de superficie, que ahora forma parte de un área natural protegida decretada por AMLO al final de su gobierno, con lo que se reforzaron los candados legales ante cualquier intención de reactivar la actividad de explotación. “El 2 de mayo de 2022, inspectores de la Profepa llegaron por la noche al sitio de Calica. Los inspectores de la Profepa iban acompañados por más de treinta infantes de la marina mexicana armados, vehículos blindados, drones y embarcaciones navales, que se apostaron en la entrada principal y en el acceso marítimo de las instalaciones de Calica”, se lee en el testimonio de Calica presentada al Ciadi. El tribunal internacional se negó a analizar estos puntos, al argumentar que ocurrieron bajo las directrices del TMEC y no del TLCAN, reglas a las que se acogió la transnacional al momento de iniciar el arbitraje. Una fuente al interior de Vulcan consultada por Proceso, indica que más adelante el Ciadi analizará estos agravios; sin embargo, en la sentencia no se aprecia ningún elemento jurídico que indique cómo se continuará el proceso legal. Actualmente Calica, que comenzó a operar en 1986 al amparo de los gobiernos priistas, permanece sin actividad. En la sentencia, el Ciadi hizo valer los argumentos de reclamo de indemnización monetaria, más que una solicitud de reactivación de la gran cantera.

Sheinbaum mete tijera al sector energético: CFE la más castigada del Paquete Económico de 2027 y 69% en términos reales. En otras palabras, casi siete de cada 10 pesos de capacidad presupuestaria que tenía el ramo Energía en 2026 desaparecerían para 2027. Pemex y CFE, con menores recursos Mientras el presupuesto completo del gobierno federal crecería 4.3% nominal y 1.1% real, para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la reducción de dinero público es la más grave. El presupuesto aprobado para 2026 fue de 554 mil millones de pesos, mientras que para 2027 se proponen 523 mil millones. Aquí ni siquiera el aumento de precios logra esconder el recorte, en términos nominales, la CFE perdería 5.6% de su presupuesto.

Una vez descontada la inflación, la caída alcanza 8.5% real. Se plantea que Pemex tenga un presupuesto de 527 mil millones de pesos el próximo año, frente a los 517 mil millones aprobados para 2026. A primera vista, la petrolera reci-

biría más dinero, son alrededor de 9 mil 760 millones de pesos adicionales, equivalente a un crecimiento nominal de 1.9%. Pero ese aumento desaparece cuando se descuenta la inflación. La diferencia implica una reducción real de 1.3%.

Jueves 10 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Ley Malena alcanza 23 estados; María Elena Ríos cumple siete años sin justicia Georgina Monroy Vázquez Ciudad de México. (Cimacnoticias)

hihuahua se convirtió en la entidad número 23 en incorporar disposiciones específicas contra los ataques con ácido y sustancias corrosivas. A siete años del ataque con ácido contra María Elena Ríos Ortiz, México suma ya 23 entidades con legislación específica para sancionar la violencia ácida, luego de que el Congreso de Chihuahua aprobara por unanimidad reformas para incorporar este tipo de agresiones al marco jurídico estatal. La aprobación en Chihuahua ocurrió el 8 de septiembre y convirtió a la entidad en la número 23 en avanzar en la llamada Ley Malena, iniciativa impulsada a partir del caso de la saxofonista oaxaqueña. Con 23 de las 32 entidades federativas con disposiciones en la materia, la cobertura legislativa alcanza cerca de 72 por ciento del país. El avance representa un cambio frente a un escenario en el que las agresiones con ácido y sustancias corrosivas podían ser investigadas y sancionadas bajo figuras que no reconocían la dimensión específica de esta forma de violencia contra las mujeres. Sin embargo, para María Elena Ríos, el avance legislativo contrasta con la situación de su propio caso: este 9 de septiembre se cumplen siete años del ataque y su proceso penal continúa sin una sentencia definitiva. Desde ese día he luchado a pesar del dolor, el cansancio y la corrupción de un estado que ha protegido a Juan Antonio #VeraCarrizal, su hijo Juan Antonio #VeraHernández y tres… pic.twitter.com/TJ7SPQ1ZVn (@_ElenaRios) September 9, 2026

Siete años después, el proceso permanece detenido Ríos Ortiz denunció que el proceso contra Juan Antonio Vera Carrizal permanece paralizado desde diciembre de 2024, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza si atraerá los amparos promovidos por el empresario, quien busca obtener su absolución. De acuerdo con la sobreviviente, Vera Carrizal permanece inter-

La aprobación en Chihuahua ocurrió el 8 de septiembre y convirtió a la entidad en la número 23 en avanzar en la llamada Ley Malena, iniciativa impulsada a partir del caso de la saxofonista oaxaqueña. Con 23 de las 32 entidades federativas con disposiciones en la materia, la cobertura legislativa alcanza cerca de 72 por ciento del país

nado en el Hospital Santa Anita, en Oaxaca, bajo el argumento de problemas de salud. Ríos sostiene que esta situación ha impedido que peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realicen una valoración médica independiente para determinar su condición. A ello se suma que Juan Antonio Vera Hernández, señalado también como uno de los autores intelectuales del ataque, permanece prófugo. La Fiscalía de Oaxaca mantiene una recompensa de un millón de pesos por información que permita localizarlo y detenerlo. En un pronunciamiento difundido este 9 de septiembre, Ríos hizo un llamado a la Suprema Corte para que analice el caso con perspectiva de género y evite que la dilación judicial se traduzca en mayor impunidad.

Diez cirugías y un proceso que ha pasado por 11 jueces En estos siete años, María Elena Ríos ha tenido que someterse a 10 cirugías reconstructivas, además de mantener tratamientos médicos derivados de las lesiones provocadas por el ataque. La sobreviviente también señala que su caso ha atravesado por

11 jueces, dos gobernadores, tres fiscales generales y dos presidentes de la República, sin que hasta ahora exista una sentencia condenatoria definitiva contra las personas señaladas por su participación en la agresión. El 9 de septiembre de 2019, alrededor de las 10 de la mañana, María Elena Ríos fue atacada con ácido sulfúrico en Oaxaca. Desde entonces, su caso se convirtió en uno de los principales referentes de la lucha contra la violencia ácida en México y en un punto de partida para exigir que este tipo de agresiones sean reconocidas jurídicamente como una expresión específica de violencia contra las mujeres.

La violencia ácida no es un caso aislado El caso de María Elena Ríos ocurre en un contexto en el que cientos de mujeres y personas han sido víctimas de agresiones con sustancias corrosivas en México. Entre enero y octubre de 2025 se identificaron 393 víctimas de amenazas o agresiones consumadas con ácido o sustancias corrosivas, de acuerdo con información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violen-

cia contra las Mujeres. Del total registrado, 115 personas agresoras fueron identificadas como cónyuges o parejas y 108 como exparejas. Estos datos muestran además un patrón de violencia relacionado con las relaciones de pareja: más de la mitad de las personas agresoras registradas correspondieron a cónyuges, parejas o exparejas de las víctimas. La dimensión del problema también rebasa las fronteras de México. La organización Acid Survivors Trust International (ASTI) estima que ocurren más de 10 mil ataques con sustancias corrosivas cada año en el mundo, aunque advierte que la cifra puede ser mayor debido a la falta de registros oficiales y al subregistro de casos. La violencia ácida provoca lesiones que pueden cambiar la vida de las sobrevivientes y dejar consecuencias físicas, psicológicas y sociales de largo plazo. ASTI señala que uno de los principales obstáculos para dimensionar el fenómeno es precisamente la falta de información y denuncia. “¡Ni una mujer quemada más en México!”, es el llamado con el que María Elena Ríos acompaña su exigencia de justicia.

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JUSTICIA SÍ, SUSTITUCIÓN NO. EL DESAFÍO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

l 15 de octubre de 1917 inició sus actividades la universidad estatal, creada por el Congreso de Michoacán a partir del proyecto del gobernador Pascual Ortiz Rubio, con una premisa fundamental: mantenerla fuera del inestable ambiente político de la época (Raúl Arreola Cortés, Historia de la Universidad Michoacana, UMSNH, 1984). El Decreto Número 9, del 5 de octubre de ese año, lo dice a la letra: “Se establece la Universidad Autónoma del Estado de Michoacán y se denominará Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo” (Xavier Tavera Alfaro, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidos en el estado de Michoacán, Congreso de Michoacán, 1978). Como la evidencia histórica demuestra, la autonomía fue declarada desde el decreto fundante como parte esencial del proyecto de esta noble institución, cuya misión sigue vigente. Hoy más que nunca ese legado de sus fundadores debe defenderse frente a las amenazas que se ciernen sobre la máxima casa de estudios de Michoacán. El sentido de esa autonomía quedó fijado hace 60 años por Javier Barros Sierra en la declaración que emitió, en nombre del Consejo Universitario de la UNAM, el 12 de noviembre de 1966: la autonomía es la libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura, y comprende la facultad de organizarse y de dictarse sus propios ordenamientos dentro del marco de la Ley Orgánica; los problemas académicos, administrativos y políticos internos, escribió, “deben ser resueltos exclusivamente por los universitarios”, sin que ello equivalga a sustraerse de las leyes de observancia común (Javier Barros Sierra, “La autonomía universitaria”, declaración del 12 de noviembre de 1966, Gaceta UNAM, vol. XIII, núm. 37, 21 de noviembre de 1966; reproducida en Política y Cultura, núm. 9, 1997, pp. 103-104). Jorge Carpizo, exrector, exministro de la Suprema Corte y expresidente de la CNDH, lo tradujo en términos jurídicos: la autonomía no es extraterritorialidad y las universidades están encuadradas en el orden jurídico nacional, pero en la designación de sus autoridades ninguna autoridad externa “es competente para opinar, calificar o modificar” esa decisión (“Transparencia, acceso a la información y universidad pública autónoma”, Cuestiones Constitucionales, núm. 21, 2009, pp. 79-80). De ahí la pregunta que hoy nos ocupa a quienes encabezamos universidades públicas: ¿hasta qué punto un órgano jurisdiccional puede afectar a una universidad

Yarabí Ávila* autónoma? El artículo 3º constitucional reconoce a las universidades la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, sin que ello implique inmunidad frente a las leyes. La Constitución traza los límites de los poderes externos, incluidos los jurisdiccionales, que no pueden sustituir ni suplantar a los órganos de gobierno universitario. Entre ellos destaca el Consejo Universitario, máximo órgano de la casa de estudios que, conforme a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, es el representante de la comunidad nicolaíta y su máxima autoridad: el corazón mismo de la vida universitaria. La tentación de suplantarlo no es nueva: en 2016, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se acudió al amparo contra la elección interna de consejeros en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades; el tribunal resolvió que esos comicios no constituyen acto de autoridad, privilegió el autogobierno protegido por el artículo 3º y refrendó que ningún órgano externo puede decidir quiénes integran los órganos universitarios (Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, tesis (IV Región)2o.7 A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, julio de 2016, registro digital 2012044). El artículo 3º es, así, un impedimento constitucional para que un juez de amparo desplace las competencias universitarias sobre la designación de sus integrantes y sus procesos internos. Hechos recientes colocan esa pregunta en el centro. La Casa de Hidalgo ha enfrentado dos amparos: uno por presuntamente no respetar la elección de una consejera universitaria y otro por la suspensión temporal del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Sergio Carmelo Domínguez Mota, acordada por el Consejo Universitario. ¿Hasta qué punto una autoridad jurisdiccional puede modificar, permanente o provisionalmente, una decisión de gobierno de una universidad autónoma? Todo integrante de la comunidad puede pedir la protección de la justicia; pero debe ponderarse la facultad inherente de autogobierno que la Constitución reconoce a las universidades públicas autónomas, como ha quedado plasmado en diversas resoluciones de los órganos jurisdiccionales federales. Carpizo. “El juez constitucional está obligado a respetar la autonomía” El propio Carpizo lo advertía: quien se considere lesionado puede acudir al juez, pero el juez constitucional está igualmente obligado a

respetar la autonomía que garantiza el artículo 3º, fracción VII. De lo contrario, no sólo se modifica una decisión interna: se nulifica progresivamente una garantía concebida para preservar la libertad, el autogobierno y la autonomía de la universidad frente a poderes externos. Otra interrogante queda abierta: ¿en qué momento la protección de un derecho incide materialmente en el ejercicio del autogobierno universitario? La autonomía es una garantía constitucional que comprende el autogobierno y permite tomar decisiones internas con independencia de órganos externos. Autonomía y derechos no son conceptos contrapuestos; deben coexistir. La autonomía no es un “cheque en blanco” para vulnerar los derechos de la comunidad universitaria, pero restituir un derecho tampoco puede ser un boleto automático para sustituir consejos, comisiones, órganos académicos o procedimientos internos. Con el nuevo Poder Judicial, cuyos integrantes son definidos por elección popular desde 2025, se vuelve necesaria una delimitación y un análisis serio sobre su imparcialidad y objetividad, y sobre si sus resoluciones descansan en elementos técnicos y jurídicos o en intereses políticos y poderes fácticos. No se trata de prejuzgar a quienes llegaron mediante elección popular, sino de reconocer que el nuevo modelo obliga a nuevas reglas de convivencia y respeto entre órganos jurisdiccionales e instituciones autónomas, La prevalencia del respeto exige voltear al pasado para resignificar el presente, retomando los precedentes que han marcado la vida universitaria. En 2009 nuestra universidad enfrentó cuatro amparos contra el nombramiento del rector. La Primera Sala de la Suprema Corte determinó que ese nombramiento pertenece al ámbito de la autonomía y no es impugnable en amparo, pues la autonomía implica autoformación, autogobierno e independencia en las decisiones de la vida interna (tesis 1a. XXX/2010, Semanario Judicial de

la Federación y su Gaceta, febrero de 2010, registro digital 165333). El precedente es relevante por la defensa que hace de la vida interna de las universidades y porque recuerda que el autogobierno no es una concesión administrativa: es una garantía institucional de rango constitucional vinculada al derecho a la educación superior. La autonomía es, como recordaba Barros Sierra, antes responsabilidad que privilegio; no es patrimonio de rectores ni de autoridades, sino una garantía institucional cuyo fin primigenio es proteger a la universidad y a su comunidad frente a poderes externos, incluidos los jurisdiccionales, sin que ello signifique que las universidades estén por encima de la Constitución y de las leyes que de ella emanan. Los tribunales deben intervenir cuando exista una verdadera violación de derechos fundamentales, y debe existir claridad sobre su papel: son órganos que restituyen un derecho, no órganos de gobierno universitario, por lo que proteger un derecho no puede instrumentalizarse para sustituir consejos, comisiones o procedimientos internos. Cuando lo jurídico se vuelve instrumento político, la universidad pública reitera: justicia sí, sustitución no. La discusión no admite postergación, porque trasciende a la Universidad Michoacana e involucra a todas las universidades autónomas del país. Hoy se afecta la integración del Consejo Universitario o la designación de directivos; mañana pueden ser las decisiones académicas, los procesos de elección interna o los planes de estudio. Los tribunales federales están facultados para proteger los derechos de quienes integran nuestras universidades, pero sus decisiones deben apegarse a una Constitución que salvaguarda el derecho a la educación precisamente al dotarlas de autonomía y autogobierno. Defender la autonomía no es cerrar las puertas a la justicia; es exigir que se reconozcan los límites que la Constitución estableció, y los primeros en respetarlos deben ser los órganos jurisdiccionales. La lección es clara: no estamos ante una simple interpretación de la ley, sino ante el riesgo de que, una vez sustituido el gobierno interno de una universidad, se pierda la autonomía que la Constitución garantiza. ¡Justicia sí, sustitución no! *Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Sobre Justicia sí, sustitución no. El desafío de la autonomía universitaria Postura de Carolina Fernández Oropeza

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Jueves 10 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EL INE, DECISIONES QUE MINAN LA CONFIANZA Julieta del Río

n 2024 comenzó la desaparición de los organismos autónomos en México. Mediante reformas y decretos fueron cayendo instituciones que durante años representaron contrapesos frente al poder. En 2025 sobrevivieron, entre otras, dos instituciones fundamentales para nuestra democracia y nuestros derechos: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral.

Hoy quiero detenerme en el INE.

Una institución cuya principal tarea es organizar elecciones y garantizar certeza no puede darse el lujo de generar dudas entre los ciudadanos. La autonomía no se proclama: se demuestra con hechos. Y en las últimas semanas hemos visto decisiones de la mayoría de los consejeros y consejeras que, por lo menos, generan inquietud sobre su imparcialidad. Ya habíamos visto un primer episodio. El INE pretendió implementar una metodología para “monitorear” expresiones que podían incluir sarcasmo, ironía o formas indirectas de descalificación. ¿Quién determinaría qué era sarcasmo? ¿Quién interpretaría la ironía? ¿Con qué criterios? El riesgo era evidente: dejar en manos de una interpretación subjetiva aquello que ciudadanos, periodistas o medios podían expresar. El Tribunal Electoral terminó echando abajo esa parte de la metodología.

El INE debe ser árbitro, no censor; debe garantizar condiciones equitativas, no convertirse en intérprete de nuestras expresiones. Pero ahora aparece un nuevo motivo de preocupación: las llamadas “boletas planchadas”. ¿Qué es una boleta planchada? Es una boleta que aparece sin los dobleces que normalmente tendría después de que un ciudadano la marca y la deposita en la urna. La propia legislación establece que el elector debe doblar las boletas antes de depositarlas. Además, durante la sesión del Consejo General del INE se explicó que, por las dimensiones de la boleta y de la ranura de la urna, una boleta utilizada debe doblarse para poder ser introducida. Si aparece una boleta completamente plana dentro del paquete electoral, ¿cómo llegó ahí? La pregunta no es menor, porque serán los consejos distritales quienes determinen si esas boletas deben considerarse válidas o no. No significa automáticamente que exista fraude. Sería irresponsable afirmarlo sin una investigación. Pero sí constituye una anomalía que debe ser investigada, documentada y explicada. Porque si una boleta aparece sin doblez, ¿cómo podemos tener certeza de que fue utilizada en la casilla y no introducida de otra manera? No estamos hablando simplemente de una hoja de papel. Estamos hablando de la evidencia física de la voluntad de un ciu-

dadano. Por eso, ante una anomalía, la respuesta institucional debería ser ofrecer la mayor certeza posible. Precisamente por eso resulta preocupante la decisión adoptada el pasado 3 de septiembre. El Consejo General aprobó, por siete votos contra cuatro, un criterio para que cuando se detecte una boleta sin marcas de doblez se documente la anomalía y sea el Consejo Distrital quien determine si debe computarse. Los siete votos en favor fueron de Guadalupe Taddei Zavala, Norma Irene De la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Jorge Montaño Ventura, Frida Denisse Gómez Puga, Blanca Yassahara Cruz García y Arturo Chávez López. En contra votaron Martín Faz Mora, Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey Jordan y Rita Bell López Vences. Aquí está el punto de fondo: si la democracia depende de la confianza de los ciudadanos, las instituciones electorales deberían establecer todos los candados necesarios para fortalecerla. Más candados, no menos.

Y ahí le va otra.

El INE también eliminó el filtro que impedía a los Servidores de la Nación registrarse como observadores electorales para los próximos procesos de votación. Los Servidores de la Nación forman parte de una estructura gubernamental vinculada a los programas sociales. Por eso, permitir su participación como observadores abre una discusión legítima sobre la necesidad de preservar la mayor distancia po-

sible entre quienes forman parte del gobierno y quienes participan en la vigilancia ciudadana de una elección. No se trata de prejuzgar a una persona por pertenecer a una institución. Se trata de cuidar las condiciones para que la observación electoral sea percibida como independiente e imparcial. Cuidado, porque el INE no puede perder lo más importante que tiene: su credibilidad. Después de la desaparición de los organismos autónomos, México necesita instituciones que demuestren que los contrapesos siguen funcionando. Y el INE, precisamente por la responsabilidad que tiene, debería ser el primero en entenderlo. No basta con decir que se es autónomo. Hay que actuar como tal. Hay que garantizar que cada voto tenga detrás una cadena de certeza. No basta con decir que una anomalía será revisada. Hay que explicar públicamente qué ocurrió, cuáles fueron los criterios utilizados y por qué una boleta que no presenta las características esperadas puede ser considerada válida. Y si una sola boleta planchada puede generar preguntas, imaginemos lo que ocurriría si aparecieran miles. La democracia se sostiene sobre algo mucho más frágil de lo que pensamos: la confianza. Por eso el INE debe demostrar su autonomía con hechos y no generar, con sus propias decisiones, nuevas razones para que los ciudadanos desconfíen.

Jueves 10 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EL MONSTRUO QUE LE PUSIERON EN SUS MANOS Raymundo Díaz S.

• Luis Ignacio Avendaño Bermúdez NO DEBE PERDER PISO y ni debe CREARSE FRENTES INNECESARIOS. Sólo debe abocarse al gigantesco reto puesto en sus manos. • ¿Que otros cambios vendrán en la Secretaría de Salud en Chiapas?

PERFIL FRONTERIZO.

ay quiénes no lo entienden, pero, el hecho de ser amigo -pero leal- del gobernador, no sólo es una distinción y un lujo, sino UN RETO, y mucho más si tu amigo te confía y pone en tus manos una encomienda súper mega gigantesca La Secretaría de Salud en Chiapas, como otras dependencias, es un espectro social, administrativo y hasta político, y de eso ya se enteró el actual y aún reciente estrenado titular, el comiteco Luis Ignacio Avendaño Bermúdez. Este es uno de LOS MEJORES AMIGOS del gobernador chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, es uno de LOS MÁS LEALES a él, y es uno de LOS MÁS CONFIABLES, PRUDENTES y CAPACES de su equipo, pero eso, más allá de ser UN LUJO, es una GIGANTESCA

RESPONSABILIDAD y RETO; no le puede fallar, menos traicionar, a su amigo, a Chiapas y a él mismo. La responsabilidad de tener ese “monstruo” en sus manos y en cu-

ya búsqueda de poner orden han fallado muchos, es hasta de miedo, tanto al cargo, como al gobernador quién no se tienta hasta ni el corazón cuándo de desennainar la

espada de democles se trata. Bajo esta sentencia pública y particular, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez tiene prohibido FALLAR o está obligado a NO FALLARLE a su amigo, a Chiapas y a él mismo porqué de eso depende la cima que divisa cercana. Así, podrán faltar y fallar otros, menos él. Podrá o podrán “desparramarse” y divertirse otros, él no o debe ser prudente y sabio al temar decisiones. Podrán andar en la “grilla” y barata otros, pero él tiene retos muy grandes en el sistema de Salud de Chiapas. No se puede dar el lujo de crearse frentes innecesarios, y eso lo entiende y lo entiende muy bien. Ante ello, la Secretaría de Salud en la entidad chiapaneca vive y está por vivir otros CAMBIOS DE SUMA RELEVANCIA, DETERMINANTES PUES. Ya abundaremos, y mucho, muchísimo. He dicho.

TRAUMA Y POLÍTICAS MIGRATORIAS: UNA MIRADA PSICOSOCIAL

Yunuey Conde, equipo psicosocial, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC IMUMI

ablar de trauma migratorio requiere, en primer lugar, evitar una idea que puede resultar problemática: migrar no es, por sí mismo, una experiencia traumática ni las personas migrantes son sujetas inherentemente vulnerables. La salud mental se encuentra atravesada por las condiciones sociales, económicas y políticas en las que ocurre la migración. Especialistas como Vilar Peyrí y Eibenschutz Hartman han señalado que no es necesariamente la migración la que deteriora la salud mental, sino factores como la violencia, la precariedad, el aislamiento y los acontecimientos adversos que pueden presentarse antes, durante y después del desplazamiento. En este sentido, el llamado trauma migratorio puede comprenderse como parte de un proceso en el que diferentes experiencias de pérdida, violencia, incertidumbre y desarraigo se acumulan a lo largo de la trayectoria migratoria. Esta perspectiva resulta particularmente relevante frente a las políticas migratorias implementadas durante el segundo mandato de Donald Trump. Desde enero de 2025, su administración ha endurecido las medidas de control fronterizo, restringido el acceso al asilo, incrementado las detenciones y promovido una política de deportaciones.

Amnistía Internacional ha documentado que estas medidas han generado obstáculos para solicitar protección, así como detenciones, separaciones familiares y un contexto generalizado de miedo e incertidumbre. En la frontera entre México y Estados Unidos, estas políticas han tenido además efectos concretos sobre las personas que permanecen en México mientras esperan una posibilidad de protección, muchas veces sin certeza sobre su futuro. Uno de los aspectos más preocupantes es la expansión de las deportaciones hacia terceros países. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó que durante el primer semestre de 2025, miles de personas venezolanas fueron deportadas desde Estados Unidos hacia países distintos a su nacionalidad, mientras que Human Rights Watch ha alertado sobre el aumento de acuerdos para trasladar a personas migrantes, incluidas solicitantes de asilo, a terceros países. En 2026 se han documentado casos de personas mexicanas deportadas a Guatemala. Más allá de las implicaciones jurídicas, desde una perspectiva psicosocial cabe preguntarse: ¿qué significa ser expulsada de un territorio y trasladada a otro con el que no existen vínculos, redes de apoyo, ni posibilidades reales de integración? Estas condiciones profundizan las

experiencias de incertidumbre, la pérdida de control, la separación familiar y la ruptura del tejido social. Diversas investigaciones realizadas con personas centroamericanas en tránsito por México han identificado niveles de miedo, angustia, estrés, tristeza, insomnio, frustración e impotencia fuertemente asociadas a la violencia y a las condiciones del trayecto. Sin embargo, resulta fundamental no interpretar estas respuestas únicamente como síntomas individuales. Es necesario advertir sobre los riesgos de una mirada biomédica de la salud mental, la cual tiende a estigmatizar y medicalizar malestares que, en realidad, tienen raíces sociales y políticas. Además, estos impactos no se distribuyen de manera homogénea. Una perspectiva de género e interseccional nos permite reconocer que las experiencias de las mujeres, las niñas y las adolescentes en movilidad están atravesadas por desigualdades históricas de género, edad, nacionalidad, raza y condición socioeconómica.

Desde el IMUMI hemos documentado que las mujeres en estos contextos enfrentan riesgos diferenciados; por lo tanto, las políticas migratorias restrictivas no solo interactúan con vulnerabilidades preexistentes, sino que generan nuevas formas de exposición a la violencia machista e institucional. Desde esta mirada, el trauma migratorio no debería entenderse únicamente como un problema que ocurre “dentro” de las personas y que puede resolverse solo con atención psicológica en un consultorio. Si el miedo surge ante la amenaza de detención, si la angustia se relaciona con la separación familiar o si la incertidumbre se prolonga por políticas que bloquean la protección internacional, entonces el sufrimiento tiene una innegable dimensión política. Por ello, una intervención psicosocial crítica no puede limitarse a intentar reparar las consecuencias individuales de la violencia: debe denunciar las estructuras que la producen y, al mismo tiempo, reconocer las capacidades, redes y estrategias de resiliencia de las personas migrantes. La pregunta no es solamente cómo atender el trauma, sino qué condiciones sociopolíticas están produciendo ese sufrimiento y por qué sus efectos castigan de manera tan desigual a determinados cuerpos y comunidades.

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Jueves 10 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CHIAPAS, EN LO SUSTANTIVO, LA FRONTERA OLVIDADA Francisco Ruiz Zuart.

Los distintos actores locales y nacionales, en lo ESENCIAL se muestran indolentes.

S Parte 2.

i lo nacional es grave, lo de Chiapas es una bomba de tiempo con mecha corta y con todos los ingredientes para llegar a ser peor que Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Michoacán… Según datos de Sedena citados por el periódico Reforma: - 118 artefactos explosivos decomisados/usados en Chiapas en menos de 100 eventos. Es decir, más de una bomba por evento. - 121 artefactos decomisados hasta agosto de 2023. - Somos el 4to estado con más uso de explosivos, después de Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Ya estamos en el top 4 nacional del terror con explosivos. ¿QUÉ USAN AQUÍ? ¿POR QUÉ AQUÍ ES DISTINTO Y MÁS PELIGROSO? En Chiapas, no se habla de coche bomba todavía. Aquí el crimen organizado apostó por algo más perverso, más barato y más efectivo en nuestra geografía y nuestra frontera porosa: 1. Drones con explosivos: Más de 100 artefactos explosivos adaptados para drones asegurados solo en Frontera Comalapa. El modus operandi: drones que se activan con el encendido de luces y cargan granadas, tubos metálicos y recipientes con explosivos. Los tiran sobre poblados, sobre casas, sobre gente que no tiene a dónde correr en la sierra. Es terrorismo psicológico desde el aire. 2. Minas terrestres y granadas hechizas: Colocadas en contenedores de herramientas, en caminos de terracería, en veredas donde transita gente inocente, campesinos, niños a la escuela. Como en Colombia en los 90. Esa es la particularidad de Chiapas. 3. Coches bomba: No hay un ataque confirmado y documentado como los de Zacatecas, pero Sedena y medios ya ubican a Chiapas como uno de los 4 estados donde “también se han usado coches bomba y las minas”, pero sin detallar fecha ni saldo. Es decir, ya están aquí, solo no han explotado en el centro histórico todavía.

Hechos que usted debe conocer y que no salen en la televisión nacional: - Frontera Comalapa 2024: En 7 cateos se aseguraron más de 100 artefactos explosivos para drones, 5 vehículos “monstruo” blindados artesanalmente y miles de cartuchos. Un arsenal de guerra. - Tuxtla Gutiérrez: Cateo donde aseguraron 2 vehículos “monstruo”, 64 armas largas y cartuchos. En la capital de Chiapas. - Diciembre del 2025 - Frontera con Guatemala: El Cártel de Sinaloa ingresó a Guatemala desde Chiapas para atacar al “Cártel de Chiapas y Guatemala”. Se decomisaron armas, explosivos y drones. Nuestra frontera ya es pista de guerra internacional. ¿Quiénes están detrás? Se ha dicho que el CJNG, que tiene presencia y es señalado como principal usuario de drones, minas y coches bomba a nivel nacional. Cártel de Sinaloa, operando en la frontera con Guatemala. Y el Cártel de Chiapas y Guatemala, grupo local que disputa territorio. Todos armados hasta en los ojos.. La Sedena lo explica sin rodeos y con una crudeza que debería avergonzarnos: El objetivo es “generar terror, generar inconformidad e incidir en la psicología en toda la comunidad”. También para neutralizar vehículos monstruo de grupos rivales y para delimitar áreas de tránsito. Es control territorial a base de miedo. Y AQUÍ VIENE EL JALÓN DE OREJAS Y DE TESTÍCULOS QUE NADIE QUIERE DAR, PERO QUE ES URGENTE:

En estos 21 meses de gobierno de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar se ha hecho algo nada despreciable por la seguridad, aunque aún no está garantizada del todo y hoy se encuentra sentada sobre unos palillos. Se reconoce. Pero NADA importante se ha iniciado para activar de forma relevante la economía del campo y las ciudades. No hay un proyecto para producir riqueza en el medio rural y en las áreas urbanas. Sin producción, sin trabajo, sin bienestar, el desarrollo nunca llega. Y sin desarrollo, la seguridad es una ilusión que dura lo que tarda un operativo mixto de las fuerzas armadas. Particularicemos: Chiapas es de los estados con mayor empobrecimiento extrema del país. Esa pobreza es letal. Donde el Estado se encuentra ausente en lo esencial y determinante. Donde la justicia social, la igualdad, la democracia, el trabajo y vida digno… solo existen en los desgastados discursos y los desvaríos nocturnos del gobernante: ahí los cárteles llegan con dinero en efectivo y con armas. Reclutan donde hay empobrecimiento letal, desempleo, subempleo y hambre. Un joven sin futuro prefiere 2 mil pesos a la semana que morirse de hambre con dignidad. Esa es la cruda verdad. Y desde hace 32 años existe el EZLN, en Chiapas y varios estados del país. Nació declarando la guerra a las instituciones y no ha suspendido esa declaración, el Estado decretó tregua unilateral hace 32 años y desde entonces mantiene presencia y crecimiento.

No se puede analizar Chiapas sin eso. Hoy conviven en el mismo territorio: Gobierno + Cárteles + EZLN en lo suyo y sin violencia, sin nada que le relacione con las organizaciones criminales. Ningún otro estado tiene esta triple dimensión. Ninguno. Por eso los problemas del Crimen Organizado en Chiapas no se pueden medir y pesar igual que en otros estados. Y sin riqueza social, seguiremos vulnerables ante cualquier organización de criminales. Por más policías que traigan, por más Pakales que lleguen, si la gente sigue empobrecida, el crimen tiene materia prima infinita. Reflexione esto: Las condiciones que hoy existen en Chiapas tienen garantizadas alcanzar pronto las expresiones violentas que ahora los cárteles dejan ver en Zacatecas, Michoacán, Sinaloa... Si no se actúa a tiempo, lo de Ojocaliente en la feria de la tuna, lo vamos a ver en cualquier momento, en la feria de San Cristóbal, Comitán, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, VillaFlores, Jiquipilas, Cintalapa, Frontera Comalapa… ¿QUÉ HABRÍA QUE EXIGIR? No más discursos para bobitos, ni más abrazos hipócritas, ni más saliva para repartir desde los gobiernos. Que se cumpla lo que protestaron cumplir y hacer cumplir. Y si no, que el pueblo se los demande. Así lo juraron. SEGURIDAD sin consolidación de una ECONOMÍA SUSTENTABLE, sin democracia y sin justicia social en Chiapas, es solo contención. La verdadera paz solo surge cuando la gente tiene qué perder: su parcela, su cosecha, su negocio, su empleo, su ingreso justo, su bienestar satisfecho… !Ah! Y nuestros presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores… ¿qué hacen por superar la realidad chiapaneca? Nada relevante o nada de nada. Ellas, a ellos solamente les funcionan los dedos y las nalgas. !Ah! Cuidemos la vida desde todas las formas posibles y necesarias. CUIDÉMONOS.

CMAN

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Jueves 10 de Septiembre de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 11 | No. 3452 Link: https://issuu.com/danteoliveyro/docs/contrapoder_edici_n_3452