El proceso electoral del 2027 muestra indicios de que el partido Morena va a enfrentar retos que no estaban contemplados. Sobre todo, por los tres fuertes señalamientos en contra de miembros destacados de Morena y su gobierno, como son los presuntos vínculos con el narcoterrorismo
D O X A
La fiscalía del Estado inició carpeta de investigación en contra de estudiantes de la
Pero omite investigar a las autoridades educativas por sus actos de omisión y aquiescencia.
Sobre todo, porque la responsable del orden en las normales es el gobierno. Y finalmente es la autoridad educativa quien tolera las novatas en esa escuela.
Originalmente, el partido había fijado el 3 de agosto como fecha para anunciar nuevas convocatorias para los demás cargos a disputarse en las elecciones intermedias (entre ellas diputaciones federales y cargos locales)
Marina asegura 4.4 toneladas de cocaína y destruye laboratorio clandestino
Los escenarios electorales
El proceso electoral del 2027 muestra indicios de que el partido Morena va a enfrentar retos que no estaban contemplados. Sobre todo, por los tres fuertes señalamientos en contra de miembros destacados de Morena y su gobierno, como son los presuntos vínculos con el narcoterrorismo, el huachicol fiscal, fuente de donde presumiblemente proviene el financiamiento a candidaturas de Morena y la corrupción en las principales obras realizadas por el gobierno en el que hubo incrementos considerables que prácticamente triplicaron sus costos inicialmente programados. Junto a estos señalamientos que desprestigian al gobierno y su partido, se erige la presión norteamericana que exige la detención de los políticos que protegen las actividades de los cárteles en el país, así como las redes que posibilitan el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Y aunque no hay una oposición articulada que aproveche la coyuntura de lo que puede ser una policrisis del gobierno, las elec -
ciones no se prevén como un día de campo y en algunas entidades se abre la posibilidad de una competencia electoral y una previsible derrota del oficialismo. Este escenario de derrota y competencia electoral en entidades como Campeche, Colima, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y las dos Baja California, no se debe al ascenso de un movimiento opositor sino a los desaciertos y abusos de cuadros destacados de Morena, que se han visto involucrados en escándalos por corrupción y por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La popularidad del gobierno de Morena, en mucho, debido al reparto de más de un billón de pesos anuales en becas y apoyos sociales, seguramente le alcanza para ganar las elecciones, pero no como lo hicieron en el 2024, donde alcanzaron la mayoría absoluta en las dos cámaras. El discurso que señalaba que la oposición está moralmente derrotada cambió, y ahora quienes muestran señales de estar derrotados moralmente es Morena y su gobierno, particularmente por las presiones del gobierno de Donald
Trump, que empieza a jugar el rol de gran elector en el país, sobre todo, si se ejecutan las detenciones de políticos ligados a Morena.
El factor norteamericano muestra una tendencia de que va a influir en las elecciones: primero, en la vigilancia en la selección de candidatos, donde se convirtió en un filtro para impedir que pasen todos aquellos que puedan presentar un vínculo con los cárteles, y, segundo, para vigilar que no haya dinero del crimen organizado en las elecciones, lo que hace prever que habrá una estricta vigilancia en todo el proceso, que puede considerarse injerencista e intimidatorio, que propicia mayores niveles de certidumbre que el desempeño del INE, que en estos momentos demuestra fragilidad frente a los actos claramente adelantados de campaña, en donde se emplean recursos ilícitos, ya sea si son recurso públicos o provenientes del lavado de dinero.
Los actos anticipados de campaña son una violación a la ley, pero esto no representa ningún límite para un gobierno que está dispuesto a utilizar todos los
mecanismos, legales o no, para retener el poder. En esta tesitura es que debe entenderse la presentación de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que tal y como está presentada, representa un riesgo de censura previa e indirecta que está prohibida en la Constitución, con lo que se prevé evitar la manipulación y la desinformación de las audiencias, en donde la autoridad tendrá facultades para sancionar, fiscalizar y supervisar los contenidos de las transmisiones de radio y televisión, medidas que en lugar de mejorar la calidad informativa va a provocar la autocensura y la disminución de la crítica política ante el temor de la vigilancia de ser sancionado. Situación que implica más que una regulación a los medios, una protección al poder ante los señalamientos de los presuntos vínculos que mantiene con el narcoterrorismo, así como la divulgación de actos de corrupción que afecta directamente a la imagen del gobierno y su partido, sobre todo, dentro del proceso electoral del 2027.
Cae “El Tito”, presunto feminicida de Beany Lozano en Chiapas
Aarón Ibarra CULIACÁN, Sin. (apro)
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer la detención de José Manuel Rubio Santini “El Tito”, señalado como uno de los objetivos prioritarios en Chiapas y presunto feminicida de Beany Lozano, joven mujer de 18 años de edad.
El crimen se registró el 6 de abril de este año en el municipio de Tuxtla Chico, por lo que la Fiscalía de Chiapas ofrecía medio millón de pesos por información que condujera a la captura de “El Tito”. La información fue compartida también por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch en sus redes sociales.
El arresto se registró en Guasave, municipio en el centro norte de Sinaloa en donde participaron autoridades federales y de los estados de Sinaloa y Chiapas, según reportó la SSPC.
Tras el operativo registrado este fin de semana último José Manuel Rubio Santini fue trasladado a Chiapas en donde será puesto a disposición del ministerio público.
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
La Fiscalía General de Chiapas anunció que solicitará una condena de hasta 100 años de prisión en contra de José Manuel Rubio Santini, alias “El Tito”, por el feminicidio de Beany Guadalupe Lozano García.
El fiscal Jorge Luis Llaven señaló que el sujeto es el autor material del feminicidio, ante lo que comenzaron con los trámites en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).
“Vamos a pedir hasta 100 años de cárcel para este feminicida para que enfrente la justicia y como hemos dicho, vamos a ser implacables ante cualquier conducta delictiva que atente contra la la integridad o la dignidad de las mujeres”, destacó.
Al realizar la transmisión en vivo de los lunes, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que en colaboración con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Federal Ministerial, fue detenido en Sinaloa, José Manuel “N”, alias “Tito”, presunto autor material del feminicidio de Beany Guadalupe “N”, ocurrido en el municipio de Tuxtla Chico.
El crimen se registró el 6 de abril de este año en el municipio de Tuxtla Chico, por lo que la Fiscalía de Chiapas ofrecía medio millón de pesos por información que condujera a la captura de José Manuel Rubio Santini
Fiscalía de Chiapas pedirá 100 años de prisión contra “El Tito” por el feminicidio de Beany Guadalupe Lozano
Señaló que la captura fue resultado de varios meses de seguimiento e investigación realizados por un equipo especializado, derivado de la denuncia presentada el 8 de abril de 2026, ante este delito cometido en agravio de la joven estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas.
“Hoy se dio a conocer la detención a través de las redes sociales del Secretario Omar García Harfuch y del Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien agradeció el apoyo de la federación para lograr la captura. Seremos implacables ante cualquier conducta delictiva que atente contra la vida, la integridad o la dignidad de las mujeres en Chiapas, y les reitero que solicitaremos una pena de hasta 100 años de prisión para que enfrente la justicia”, acotó.
En este sentido, el Fiscal General mencionó que de manera personal, junto a un grupo especializado atenderá e investigará las denuncias de feminicidios, de violencia familiar y los delitos de tipo sexual que se han incrementado en las regiones Costa y Soconusco, por lo
que tres días a la semana se trasladará a esa zona para estar pendiente de las investigaciones sobre dichos casos y las denuncias, así como fortalecer las acciones preventivas.0
“Estaremos muy pendientes del trámite de de todo cómo sigue la parte jurídica y estaremos informando oportunamente a al pueblo de Chiapas”, añadió el fiscal.
A pesar de esta aprehensión, la familia de la joven de 18 años advierte que todavía falta mucho por
hacer, ya que hay cómplices del caso que se encuentran en libertad y aún quedan detalles por esclarecer en la investigación, entre ello el papá de “El Tito”, José Manuel Rubio Sánchez.
El 6 de abril de este año Beany Lozano fue localizada dentro de una camioneta con disparo en la cabeza en Tuxtla Chico, Chiapas, 10 días después falleció; la última persona con la que la joven de 18 años fue vista fue precisamente con su pareja sentimental “El Tito”.
Eduardo Ramírez fortalece la educación y amplía espacios deportivos para estudiantes de Chiapas
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Como parte del fortalecimiento de la infraestructura educativa que impulsa el gobierno de la Nueva ERA en Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró el edificio de docencia y la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en Tuxtla Gutiérrez, obra que representó una inversión superior a 23.3 millones de pesos y beneficiará a más de mil 100 estudiantes. Durante su mensaje, el mandatario anunció que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las y los estudiantes universitarios recibirán una beca de transporte escolar a partir del próximo ciclo escolar. Asimismo, adelantó que, además de fortalecer la infraestructura educativa y recreativa, su administración impulsará la construcción de gimnasios en las universidades públicas del estado.
Más tarde, el gobernador entregó las canchas de futbol rápido de la Escuela Secundaria Técnica Número 2 y del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 145, obras que en conjunto representaron una inversión superior a 9.3 millones de pesos. En ese marco, informó que se construirán alrededor de 70 canchas en la entidad y propuso que estos espacios deportivos lleven el nombre de Gilberto Mora, en reconocimiento al joven futbolista chiapaneco que participó en la Copa Mundial 2026.
El director general del Instituto de
De la Redacción Ciudad de México. (Tribuna)
La Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de 4.4 toneladas de presunta cocaína en operativos realizados frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, donde además detuvo a 16 personas. En acciones paralelas, también destruyó un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina en Sinaloa, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.
El primer operativo ocurrió frente a las costas de Oaxaca, donde personal naval detectó dos embarcaciones menores que navegaban de manera sospechosa. Tras inspeccionarlas, aseguró 127 bultos y 42 tabiques con presunta cocaína, con un peso aproximado de tres toneladas, así como seis motores fuera de borda, y detuvo a 10 personas.
En una segunda intervención, frente a las costas de Chiapas, personal naval aseguró otras dos embarcaciones menores. En una de ellas localizó 24 bultos con presunta cocaína, con un peso aproximado de mil 423 kilogramos, así como más
la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, explicó que el proyecto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Unicach incluyó ocho aulas didácticas, sala de docentes, área de espera, bodega, archivo, módulo de servicios sanitarios, cisterna con capacidad de 66 mil litros, caseta de hidroneumático, redes eléctrica, hidrosanitaria, de voz y datos, además de rampas, andadores y señalización.
Asimismo, dio a conocer que próximamente iniciará la construcción de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, con una inversión prevista de 17.2 millones de pesos, así como de la Facultad de Odontología, en el municipio de Berriozábal, donde se destinarán 13 millones de pesos. En cuanto a las canchas de Futbol 7 de la Secundaria Técnica Número 2 y del Cobach Plantel 145, precisó que forman parte de un proyecto estatal orientado a dotar al estudiantado de espacios adecuados para la práctica deportiva.
La rectora de la Unicach, Fanny Ló-
pez Jiménez, celebró que, después de 15 años, la universidad cuente con una nueva unidad académica que fortalece su infraestructura y beneficia a más de mil estudiantes de la Licenciatura en Psicología, al ofrecer instalaciones dignas para su formación profesional. De igual manera, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar su respaldo a la educación superior y reiteró el compromiso de la comunidad universitaria de formar profesionistas preparados para responder a las necesidades y desafíos de Chiapas y México.
Por su parte, la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, señaló que las nuevas canchas contribuirán a fortalecer la práctica deportiva y la formación integral de las y los estudiantes. También reconoció el respaldo del gobernador a la educación media superior y convocó a la comunidad educativa a aprovechar estos espacios para promover hábitos saludables y una convivencia sana.
La directora de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Unicach,
Marcela Contreras Valiserra, manifestó que el nuevo edificio representa un paso trascendental para la formación académica y la atención a la comunidad, además de fortalecer el sentido de identidad y pertenencia universitaria. A su vez, la estudiante Jania Guadalupe Gutiérrez Sánchez destacó que la Clínica de Atención Psicológica brindará servicios con profesionalismo y humanismo, contribuyendo al bienestar de quienes requieran atención. En tanto, el director de la Escuela Secundaria Técnica Número 2, Adalberto Palacios Escobar, agradeció al gobernador por cumplir su compromiso con la entrega de la cancha de futbol y resaltó que el deporte fortalece la unidad de la comunidad escolar y representa una herramienta para alejar a las juventudes de conductas de riesgo. Por su parte, Yeri Koral, integrante del Comité de Madres y Padres de Familia, valoró la realización de estas obras, al considerar que fortalecen la formación de las y los estudiantes y reflejan la importancia de la participación de las familias en la vida escolar.
El director del Cobach Plantel 145, Jorge Gutemberg Morales Marín, sostuvo que el nuevo espacio deportivo favorecerá el desarrollo integral del alumnado y contribuirá a disminuir el abandono escolar.
Acompañaron al gobernador los secretarios de Educación, Roger Mandujano Ayala; y del Humanismo, Paco Chacón; estudiantes, personal directivo, docente y administrativo de las instituciones educativas beneficiadas, así como madres y padres de familia, entre otras personas invitadas.
Marina asegura 4.4 toneladas de cocaína y destruye laboratorio clandestino
de dos mil litros de combustible, y detuvo a seis personas.
De acuerdo con un comunicado, los aseguramientos en el mar fueron resultado de operaciones de vigilancia de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.
Operativos alcanzan Nayarit y Sinaloa
En el poblado Península de Villamoros, en Culiacán, Sinaloa, personal de la Marina localizó y destruyó un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina. En el sitio fueron asegurados aproximadamente 300 litros de sustancias químicas utilizadas para la producción de drogas sintéticas.
Por otra parte, durante recorridos terrestres en el poblado Aguamilpa, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, elementos navales fueron agredidos con disparos de arma de fuego. La dependencia informó que
repelió la agresión, con saldo de un elemento de la Marina herido, un presunto agresor muerto y el aseguramiento de un arma de fuego, cargadores y cartuchos.
La Semar señaló que las 16 personas detenidas, así como la droga y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Precisó además que el peso ministerial definitivo de la presunta cocaína aún está pendiente de determinarse.
Decomisos en el gobierno de Sheinbaum Estos decomisos se suman a los resultados reportados por el gobierno federal entre octubre de 2024, cuando comenzó la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, y junio de 2026, periodo en el que se informó
la detención de 59 mil 582 personas, el aseguramiento de 498.98 toneladas de drogas, 31 mil 366 armas de fuego y el desmantelamiento de 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas. En ese mismo periodo, las autoridades federales reportaron el aseguramiento de más de 3.7 millones de litros y 917 mil 417 kilogramos de sustancias químicas, así como mil 340 reactores de síntesis orgánica, 900 condensadores y 233 destiladores. Información de Animal Político.
Comités comunitarios atienden problema de abasto de agua en Chiapas
Manuel Jiménez.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Mientras el debate legislativo avanza en torno a la nueva Ley de Aguas, hay una realidad que se cuela por las rendijas de las estadísticas oficiales y se instala en la vida cotidiana de millones de personas: son los propios vecinos, organizados en comités, patronatos y asambleas, quienes mantienen vivo el acceso al agua potable en Chiapas. La Alianza Aguas Comunes ha puesto el dedo en la llaga al advertir que, sin un reconocimiento explícito a estos sistemas comunitarios, cualquier nueva ley estará condenada al fracaso técnico y a la injusticia social.
La cifra es reveladora: cerca de 2 millones de personas, es decir, una de cada tres chiapanecas y chiapanecos, dependen parcial o totalmente de la gestión comunitaria para obtener agua, ante la ausencia o deficiencia de los servicios públicos municipales, especialmente en zonas rurales y
periurbanas. Este ejército silencioso de ciudadanos —que limpian pozos, reparan tuberías, organizan faenas y administran presupuestos mínimos— ha asumido durante décadas una responsabilidad que el Estado ha delegado de facto.
El análisis territorial de RED+AGUA Chiapas, coalición que integra a 19 organizaciones especializadas, echó por tierra las cifras maquilladas de la cobertura oficial. Mientras los censos del INEGI (2020) presumían un 89.4% de cobertura, la Encuesta Nacional de Ingresos
y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 revela que apenas el 47.3% de los hogares chiapanecos tiene una toma domiciliaria funcional. Más de la mitad de las viviendas no cuentan con el servicio en la llave. Y el drama se profundiza al constatar que solo el 41.2% recibe agua a diario.
En los municipios rurales e indígenas, donde la infraestructura pública es apenas un espejismo, la organización comunitaria no es una opción, sino la única vía de sobrevivencia. Son los propios vecinos, con herramientas rudimentarias y recursos escasos,
quienes garantizan que el agua llegue a sus hogares.
La Alianza Aguas Comunes ha sido enfática: el gobierno no puede usar este esfuerzo colectivo como excusa para desentenderse de su obligación. “No se trata de trasladar la responsabilidad pública a la gente, sino de construir una corresponsabilidad real”, señalaron sus representantes. Por ello, exigen que la nueva Ley de Aguas no solo reconozca a estos sistemas comunitarios como actores estratégicos, sino que les asigne presupuesto, capacitación técnica y acompañamiento institucional. “Hoy, más de un tercio de la población de Chiapas tiene agua gracias a la organización comunitaria. La nueva ley no puede ignorar esta realidad”, sentenciaron. La oportunidad está en la mesa: legislar no para invisibilizar el esfuerzo ciudadano, sino para convertirlo en política pública. No se trata de darles la espalda a quienes han sostenido el recurso vital, sino de caminar juntos hacia un futuro donde el agua sea, por fin, un derecho garantizado para todos.
Migrantes de diversas nacionalidades que son recluidos en la Estación Migratoria Siglo XXI, son extorsionados por el Cártel de Migración. Luis García Villagrán
De la Redacción
Tapachula, Chis. (Tribuna)
El incidente registrado el pasado domingo en la Estación Migratoria Siglo XXI localizada en el municipio fronterizo de Tapachula, México, dos personas fueron remitidas a las autoridades como probables responsables de intentar provocar un incendio mediante la quema de una colchoneta durante una protesta y no amotinamiento, aclaró el Instituto Nacional de Migración (INM).
Pero ese no es el meollo del asunto, pues fuentes del mismo INM) sostienen que en el momento de los hechos había en el interior unas 100 personas, pero la capacidad de las instalaciones del lugar es para al menos 500 personas, es decir el problema que originó el motín no fue hacinamiento.
También es cierto que dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI son en su mayoría migrantes de nacionalidad cubana y venezolana, la mayoría han sido expulsados de Estados Unidos y a pesar de que México formalmente no es un país que reciba migrantes de terceros países, el hecho de estos dos países, no están recibiendo a sus connacionales, prácticamente abandonados en México en donde su status migratoria es incierta porque ni pueden regresar a Estados Unidos ni pueden volver sus propias naciones pero que tampoco se quieren quedar en México.
En el caso de los 40 migrantes que escenificaron disturbios dentro de las instalaciones de la Estación Migratorio fueron de nacionalidad cubana y
venezolana, en su mayoría hombres de más 40 años algunos, de la tercera edad, mismo que la mayor parte de su vida la hicieron en Estados Unidos.
Denuncias de diversas organizaciones humanitarias de apoyo a migrantes, aseguran que una vez que llegan a México son recluidos en la estación migratoria, sin embargo, sus familiares que radican en Estados Unidos reciben llamadas de extorsión exigiendo la cantidad de 300 dólares para liberarlos de esta gran prisión, como la denominan los mismos extranjeros.
O bien les hacen creer que estos recién reportados están secuestrados, otra modalidad que también se ha estado dando en la estación migratoria en Tapachula.
Si bien la normatividad dice que los deportados tienen un plazo de 36 horas para que sean liberados de la estación migratoria a la que llegan aquí en México, por motivos desconocidos las autoridades de este lugar los dejan en el interior de la estación de 15 a 20 días, tiempo en el que no saben cuál es su situación y qué van a hacer.
El activista Luis Rey García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana AC, reveló aquí en la Estación Migratoria los mantienen en contra de su voluntad por más de 10 días pidiéndole dinero a sus familiares que están en Estados Unidos o en Cuba.
Los migrantes expulsados de Estados Unidos vienen cansados después de vivir amargas experiencias con el ICE, porque los deporta de manera ilegal.
García Villagrán denunció que quienes más sufren los abusos son migrantes deportados de Estados Unidos que son entregados al INM en la frontera norte y trasladados vía terrestre a ciudades de la frontera sur como Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco.
Pero al llegar a México, aquí en Tapachula su pesadilla no acaba, pues tendrán que enfrentarse al otro “ICE mexicano”, el Cártel del Instituto Nacional de Migración, que los retiene, prácticamente los secuestran con puertas cerradas.
Al respecto, dijo que existe total opacidad terrible sobre lo que sucede en esta estación migratoria. Hay una opacidad, clasismo en el tema migratorio, es terrible, apuntó.
Justifica la acción de los migrantes, pues aparentemente no están de acuerdo en cómo se les trata, violando sus derechos físicos y humanos, por retenerlos contra su voluntad tanto tiempo en la estación migratoria, luego de haber sido deportados de Estados Unidos y de no saber qué hacer cuando se está en México y desconocer cuál es su status migratorio.
Muchos son migrantes que hicieron toda su vida allá en Estados Unidos, ven que vuelven a vivir la misma experiencia de cuando fueron detenidos y deportados, por lo que la situación es desesperante, lo que provocó que intentaran salir quemando una colchoneta, por fortuna no pasó a mayores.
Hoy en la Estación Migratoria Siglo XXI pareciera un día normal, pero no así para los migrantes que se encuen-
tran en su interior que es de desesperación al no saber cuál será su suerte, sobre todo de los cubanos y venezolanos. Respecto a los presuntos cobros de personas que se hacen pasar por funcionarios de migración, nos dicen que únicamente prometen que nos van a liberar y bueno existe la presunción por parte de los propios migrantes de que se trata pues de agentes al interior del Instituto porque dicen que solo ellos tienen sus datos particulares, solo ellos saben los teléfonos de sus familiares, entonces es poco probable que otra persona tenga la base de datos que permita este tipo de extorsiones.
El cobro, es de alrededor de 300 dólares la extorsión por migrante, saben que sus familiares tienen hasta cierto punto capacidad económica para pagar la extorsión por parte de esa mafia que esta incrustada en el INM.
Prácticamente en todos los casos con los que se han hablado, todos han sido víctimas de este tipo de extorsiones y lo peor es que la autoridad lo sabe.
Oposición en Tabasco denunciará a “Andy” López Beltrán por presuntos actos anticipados de campaña
Rodulfo Reyes VILLAHERMOSA, Tab. (apro)
La alianza opositora “Juntos por Tabasco” anunció que presentará denuncias ante las autoridades electorales contra Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, por presuntos actos anticipados de campaña, luego de que el morenista iniciara recorridos por el sexto distrito electoral federal, donde busca la candidatura de Morena a diputado federal.
El bloque, integrado por el PRD, dirigentes priistas y las organizaciones Somos México y Unión Democrática por Tabasco, sostuvo que las actividades de López Beltrán podrían vulnerar la legislación electoral al realizar actos de promoción política antes del inicio formal del proceso.
El anuncio se produjo después de que López Beltrán difundiera un video en el que informó el arranque de recorridos por cuatro de las 170 secciones
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como “El R1”, volvió a colocar bajo atención pública el nombre de su hermano Roldán Álvarez Ayala, quien desarrolló una trayectoria política en Michoacán y formó parte del PRD antes de incorporarse a Morena.
La relación familiar adquirió relevancia después de que autoridades federales señalaron a “El R1” como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. El Gobierno de México informó el 31 de julio de 2026 que la detención ocurrió durante un operativo en Atotonilco, Jalisco.
Roldán Álvarez Ayala es un político michoacano que fue diputado federal del PRD durante la LVI Legislatura (1994-1997), presidente municipal de Apatzingán entre 2002 y 2004 y coordinador general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas de Michoacán entre 2008 y 2011. Posteriormente, se afilió a Morena el 29 de marzo de 2023. Tras la detención de su hermano Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, Morena informó que Roldán Álvarez Ayala fue expulsado del partido en noviembre de 2025, aunque hasta el 3 de agosto de 2026 no había hecho público el expediente ni la resolución interna que sustenta esa medida. Hasta la redacción de esta noticia, las autoridades federales no habían anunciado una imputación contra Roldán Álvarez Ayala por el homicidio de Manzo ni por las actividades atribuidas a su hermano. El parentesco no acredita responsabilidad penal ni participación en los hechos investigados. Roldán Álvarez Ayala fue diputado y alcalde de Apatzingán
La alianza “Juntos por Tabasco” anunció acciones legales tras el inicio de los recorridos del morenista por el sexto distrito federal; Morena sostiene que se trata de actividades partidistas permitidas por la ley
electorales del distrito 6. De acuerdo con el propio morenista, visitó una comunidad indígena de Tacotalpa, la ranchería Manuel Buelta y Rayón, en
Teapa; la colonia Tamulté, en Villahermosa, y la comunidad de Astapa, en Jalapa. La semana pasada, el dirigente es-
tatal de Morena, Jesús Selván García, confirmó que López Beltrán formalizó su intención de buscar la candidatura por ese distrito y señaló que, hasta el momento, es el único aspirante que ha manifestado públicamente ese interés.
Tras el anuncio de las denuncias, Selván García rechazó que los recorridos constituyan actos anticipados de campaña y afirmó que forman parte de las actividades ordinarias de organización, capacitación y contacto con la militancia y la ciudadanía que realiza el partido.
El dirigente añadió que cualquier persona que considere que existe una infracción puede acudir a las autoridades electorales con las pruebas correspondientes y aseguró que Morena respetará los tiempos establecidos por la legislación electoral.
Quién es Roldán Álvarez Ayala, hermano de “El R1” y exmilitante de Morena
Los registros de la Cámara de Diputados ubican a Roldán Álvarez Ayala como legislador del PRD durante la LVI Legislatura, desarrollada entre 1994 y 1997. Las actas parlamentarias documentan intervenciones en tribuna, votaciones y su integración como vicepresidente de una Mesa Directiva durante un periodo extraordinario de 1996.
Durante su etapa legislativa integró comisiones como las de Marina y Deporte. También participó en una iniciativa de reforma constitucional presentada en abril de 1996 junto con otros diputados del PRD.
Posteriormente, gobernó Apatzingán de 2002 a 2004. Un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación lo identifica como presidente municipal de Apatzingán, mientras que documentos conservados por el ayuntamiento registran su participación en sesiones de Cabildo durante ese periodo.
Álvarez Ayala también ocupó cargos dentro del PRD en Michoacán y trabajó en administraciones estatales encabezadas por ese partido. Su trayectoria incluye funciones durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy.
Qué cargos públicos ocupó Roldán Álvarez Ayala
Estos son los datos documentados sobre su trayectoria:
Diputado federal del PRD en la LVI Legislatura, entre 1994 y 1997.
Presidente municipal de Apatzingán durante el periodo 2002-2004.
Coordinador general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas de Michoacán.
Integrante de comisiones legislativas de Marina y Deporte.
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en 1996.
Afiliado a Morena desde el 29 de marzo de 2023, según el padrón partidista reportado ante el Instituto Nacional Electoral.
Expulsado de Morena en noviembre de 2025, de acuerdo con un comunicado del partido.
Los documentos oficiales sobre su paso por el Gobierno de Michoacán
El Diario Oficial de la Federación contiene acuerdos, convocatorias y resoluciones firmados por Álvarez Ayala como coordinador general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas.
Los documentos lo ubican en ese cargo al menos entre 2008 y 2011. En esa función participó en convenios federales y estatales relacionados con agua potable, alcantarillado, saneamiento y ejecución de infraestructura municipal.
Los registros oficiales confirman su función administrativa, aunque algunos documentos digitalizados presentan problemas de formato que pueden provocar que varios cargos aparezcan asociados en una misma oración. La lectura completa de los convenios permite identificar a cada funcionario y su puesto correspondiente.
Reportes periodísticos de 2014 señalaron que un juez dictó auto de formal prisión contra Álvarez Ayala por peculado y abuso de autoridad, relacionados con un contrato para construir una planta de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, no fue posible localizar en fuentes judiciales públicas
una sentencia firme o el resultado definitivo del proceso.
Por esa razón, el antecedente no permite afirmar que haya recibido una condena. Un auto de formal prisión no equivale a sentencia y corresponde a una etapa del sistema penal vigente en ese momento.
Morena asegura que lo expulsó en noviembre de 2025
Roldán Álvarez Ayala se incorporó a Morena el 29 de marzo de 2023, de acuerdo con información del padrón de afiliados presentada ante el Instituto Nacional Electoral. Su nombre también fue identificado como integrante de estructuras políticas del partido en Michoacán.
El 1 de agosto de 2026, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena difundió un posicionamiento después de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala. El partido afirmó que “El R1” nunca fue militante ni ocupó cargos dentro del movimiento.
En el mismo documento, Morena reconoció la afiliación de Roldán y sostuvo que fue expulsado desde noviembre de 2025, cuando comenzaron a difundirse señalamientos relacionados con el parentesco. El partido señaló que no encubre personas ni tolera actos de colusión con grupos criminales.
“Merezco mi lugar”: Inconformes por examen de control van más allá de la UNAM y bloquean vialidades
Sara Pantoja CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Crecen las protestas de aspirantes que fueron seleccionados para estudiar una licenciatura en la UNAM y rechazan el examen de control presencial anunciado; este lunes fueron más allá de la Rectoría y cerraron durante dos horas y media tres vialidades importantes del sur de la Ciudad de México.
Al mediodía de este lunes, alrededor de 150 aspirantes, muchos acompañados de sus padres y demás familiares, hasta niños, se reunieron frente a la Rectoría para rechazar la aplicación del examen de control presencial y exigir que se respeten los resultados oficiales que les dio la Universidad desde el 17 de julio pasado, tras la aplicación del examen en línea.
Los aspirantes exigieron respeto al tiempo, dinero y esfuerzo que invirtieron en su preparación para obtener los resultados que les permitieron quedarse en la carrera y facultad o escuela que seleccionaron.
Algunos de ellos y sus padres mencionaron que la noticia de que serán sometidos a un nuevo examen que pone en juego el lugar que ya tenían, les ha provocado ansiedad y depresión.
La de este lunes 3 fue la cuarta protesta de aspirantes en una semana. La primera -el 27 de julio- fue de aquellos que no fueron seleccionados, pero que alegaron que muchos seleccionados hicieron trampa.
Las otras tres -28 y 31 de julio y 3 de agostohan sido de aspirantes que exigen que la Universidad les respete el resultado positivo que ya les dio y que no se haga el examen de control presencial recomendado el 31 de julio por la Comisión Técnica.
La movilización
En la protesta de este lunes, frente a la puerta cerrada de Rectoría, los estudiantes exigieron la presencia del rector Leonardo Lomelí: “¡Qué salga, que salga!”, gritaban. “¡Aspirante seleccionado no será
burlado!”, “¡Lomelí Lomelí, tienes que salir!”, “¡mesa de diálogo, mesa de diálogo!”, “merezco mi lugar”.
En la protesta hubo dos adultos, presuntamente padres de familia, que les daban indicaciones a los estudiantes de plantarse en la puerta de rectoría y de cerrar vialidades y de quedarse en la protesta y hasta exigieron su renuncia.
Luego de una hora de lanzar sus consignas, los aspirantes y sus acompañantes pasaron a bloquear vialidades. Un grupo cerró la avenida Insurgentes en sus dos sentidos frente a Rectoría. Otro caminó hacia el Eje 10 donde se plantó dos horas y media. Unos más hicieron lo mismo en la avenida Universidad y otros se quedaron en Rectoría. La manifestación fue pacífica.
A las 15:45 horas, el contingente liberó el Eje 10 porque sus compañeros les avisaron que ya los había recibido personal de Rectoría y había “noticias”.
Algunos aspirantes, incluidos sus padres, se negaban a liberar la vialidad, pero una mujer que dijo ser del área de Concertación Política del gobierno de la Ciudad de México, pero que se negó a identificarse con la prensa, les pidió que se retiraran porque estaban “en riesgo”, ya que la circulación se iba a abrir.
Entregan pliego petitorio
Ya en Rectoría, dos aspirantes identificados como Daniel y Osvaldo, quienes lideraron la movilización y las consignas, la mayor parte del tiempo usando lentes oscuros y cubrebocas con el argumento de que son acosados y “víctimas de hate” en redes sociales, leyeron un escrito
que entregaron a personal de Rectoría, de quienes no supieron dar sus nombres ni cargos.
En el documento plantearon su pliego petitorio de seis puntos:
Dejar sin efectos la recomendación de aplicar un examen de control
Respeto íntegro de los resultados oficiales publicados por la UNAM y los lugares obtenidos legalmente por los aspirantes seleccionados
Que cualquier procedimiento adicional relacionado con posibles irregularidades se dirija solo a los casos que cuenten con elementos objetivos sin afectar, de manera general, a quienes ya fueron oficialmente seleccionados
Que el proceso de inscripción continúe conforme al calendario correspondiente para los aspirantes seleccionados que dé certeza a los resultados oficiales
Que la UNAM establezca un canal de diálogo con representantes de los aspirantes seleccionados, antes de adoptar decisiones que afecten directamente su ingreso Que la UNAM emita un comunicado oficial que brinde certeza a los aspirantes seleccionados y confirme el respeto a los lugares obtenidos
Luego de leer el pliego petitorio, los aspirantes dijeron tener confianza en que el rector Lomelí tomará en cuenta sus peticiones y que recibirán respuesta de las autoridades en los próximos días.
Sin embargo, advirtieron que si la UNAM no responde a su pliego petitorio en los próximos días, se volverán a organizar para protestar y volver a cerrar vialidades.
Los testimonios
Al inicio de la manifestación, Daniel Oficial dijo que no haría el examen de control anunciado, “porque no quiero estar en una universidad donde no se respete mi lugar. Es muy fácil decir eso de volver a hacer el examen. Yo confío en mis capacidades, confío en mí, pero no tengo por qué demostrarle nada a nadie”, dijo.
Al ser cuestionado por la razón de participar en la protesta titubeó y respondió: “porque queremos justamente cambiar el rumbo de esta decisión, creo que estamos en tiempo”.
Una aspirante dijo: “no se me hace justo que por culpa de unos que no estudiaron, por culpa de unos tramposos, me quiten mi lugar y que les den preferencia a ellos”. Una joven que se quedó en la carrera de Sociología consideró “indignante que la UNAM teniendo estas anomalías estadísticas no haya hecho nada al respecto y que incluso haya sacado resultados para revocarlos inmediatamente después... Repetir el examen de último minuto se me hace una completa agresión a todos los estudiantes que pusimos todo nuestro esfuerzo para quedarnos aquí”.
Un joven llamado Emiliano comentó que llevaba un par de intentos de entrar a la Facultad de Ciencias vía pase reglamentado y lo mandaron a la FES Zaragoza. En este examen en línea sacó 119 aciertos “¡y me están mandando a la verga otra vez y no es justo, que se vayan a la verga ellos!”.
Un aspirante de Veracruz contó que se preparó nueve meses para el examen y que cuando recibió el resultado de seleccionado, se mudó a la CDMX para entregar sus papeles y hacer los trámites de inscripción a tiempo. Gastó en transporte y en dos meses de renta del departamento donde viviría desde el inicio del semestre. “Nadie me va a regresar ese dinero ni el tiempo que gasté, mis sueños que tuve por entrar a la UNAM, pero lastimosamente están cometiendo un fraude. Estoy dispuesto a hacer otro examen, pero no es justo porque yo ya quedé seleccionado”, dijo.
UNAM publicará este martes las fechas y sedes para el examen de control
Sara Pantoja CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Este martes 4 de agosto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará en sus medios oficiales las fechas y sedes en las que se aplicará el examen de control para ingresar al nivel licenciatura, así como el procedimiento para convocar a los aspirantes que podrán aplicarlo.
En un comunicado emitido esta tarde, adelantó que el semestre para quienes resulten seleccionados tras la prueba será el 31 de agosto, mientras que para los alumnos que ya cursan una carrera, será el 17 de agosto. Originalmente, el calendario marcaba el inicio general de clases el 10 de agosto.
La información fue parte de los acuer-
dos que tuvo el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM para atender la recomendación de la Comisión Técnica de Expertas y Expertos para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1 de la UNAM.
Según el comunicado, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó al secretario General recién nombrado el viernes pasado, Javier de la Fuente, a mantenerse en sesión permanente con dicho Colegio para coordinar y operar las acciones encaminadas a las reinscripciones de los jóvenes estudiantes, así como a la implementación del examen de control.
La decisión del Colegio se dio a conocer pocas horas después de que decenas de aspirantes que fueron seleccionados tras la aplicación del examen en línea,
se manifestaron en la Rectoría, algunos acompañados de sus padres, y bloquearon algunas vialidades de la zona en rechazo a la aplicación de dicho examen
Los acuerdos
En el comunicado, la UNAM informó que el Colegio tomó los siguientes acuerdos:
Procurar que el inicio de cursos de licenciatura para las personas de primer ingreso del ciclo 2026-2027/1 sea el lunes 31 de agosto de 2026, tanto para las de pase reglamentado como las del concurso de selección.
Habilitar sedes foráneas, además de la sede en la Ciudad de México, para la aplicación presencial del examen de control.
Fortalecer y agilizar los mecanismos administrativos para la entrega de docu-
mentos y la inscripción de las y los alumnos de primer ingreso.
De acuerdo con el documento, el rector Lomelí Vanegas solicitó que mañana, martes 4 de agosto, “se publique y difunda en los medios oficiales de la UNAM la información sobre las fechas y sedes del examen de control, precisando el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante”.
Derecho de las audiencias: especialistas alertan por afectaciones a libertad de expresión y democracia ante lineamientos
Lidia Arista y Yared de la Rosa Ciudad de México, (Tribuna)
En un país en el que la libertad de expresión ha estado marcada por la estigmatización a la prensa desde el poder y por la violencia en contra de periodistas, la emisión de los Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias pone en riesgo la libertad de expresión y puede atentar contra la democracia en México.
A 13 años de la reforma constitucional en la que se incorporaron los derechos de las audiencias en la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal puso a consulta pública la los lineamientos con los que se definen cuáles son estos derechos, las responsabilidades y sanciones a los medios, en caso de incumplirlos, lo que ha generado un debate sobre si abre la puerta al control gubernamental de medios concesionados, es decir, la radio y la televisión. Para expertas en medios, estas medidas son comunes en gobiernos que no ven bien los cuestionamientos al ejercicio del poder y, con ellas, buscan tener control sobre los contenidos a través de la “autorregulación” y alertaron que luego de los antecedentes que el gobierno anterior y actual tienen sobre la crítica, la medida puede poner en riesgo la libertad de expresión.
El riesgo para la democracia
Para Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, en cualquier democracia es indispensable que se salvaguarde el derecho a la libertad de expresión, pero hay gobiernos que les incomoda la prensa y han optado por presentar a los medios de comunicación como “enemigos” de los proyectos.
“Al poder le incomoda que exista luz y diferente flujo informativo, contenido noticioso respecto a lo que está haciéndose en el poder, le molesta el escrutinio, la crítica”, afirma Tudón.
“Los medios de comunicación están
para ofrecer luz, para ofrecer información y las personas tenemos derecho a tener acceso a esos medios de comunicación, cual sea que sea la línea editorial porque nosotros podemos decidir qué es lo que vamos a consultar”. Marta Tudón, Artículo 19.
Sara Mendiola, directora ejecutiva del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (CIC Propuesta Cívica), sostiene que a diferencia de otros gobiernos en los que había señalamientos hacia la prensa, en la pasada y presente administración se pasó de los dichos a los hechos.
“A Morena le perturba el periodismo crítico, ese periodismo que observa al poder, ese periodismo de investigación, pero no es de este gobierno exclusivamente. El periodismo y sus periodistas incomodan (siempre) al poder, pero de eso a crear mecanismos para agredir o censurar, hay una clara marca en el gobierno de Morena”, sostiene.
Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha aclarado que la intención no es censurar ni sancionar a los medios de comunicación, sino asegurar que se garantice el derecho de la ciudadanía de que no se difundirá “información falsa o descontextualizada” en un proceso de “autorregulación”.
“Ya empezaron hoy a decir que ‘es censura’. No tiene nada que ver con la censura, es el derecho de las audiencias”, aseguró el pasado martes en Palacio Nacional, al señalar que cada medio deberá publicar su código de ética y nombrar su figura de “Defensor de audiencias”.
Mariana Calderón Aramburu, abo-
gada constitucionalista y especializada en derechos humanos y electoral, sostiene que que con los lineamientos, el Gobierno federal está obligando a que los medios de comunicación acoten la información que dan y la acomoden a ciertos beneficios e intereses.
“La tendencia permitiría concluir que lo que van a decir que hay medios que sí hacen bien su trabajo y serán aquellos medios que dan información a fin a los intereses del gobierno. Eso es peligroso en una democracia, no hay nada más peligroso que no poder recibir una pluralidad de noticias y poder elegir qué escuchamos y qué no”, enfatiza.
2Por ello, Mendiola explica que en una democracia, al gobierno no le corresponde convertirse en el juez de la información y determinar qué información debe circular y considera que esta medida tiene un objetivo más bien con miras al periodo electoral.
“Pareciera que el objetivo es como una mira política para 2030. ¿Qué se va a poder decir y qué no se va a poder decir de las y las candidatas que van a contender? Lo que se busca es que desde el gobierno se controle la información, es algo gravísimo”, Sara Mendiola, directora ejecutiva del Centro de Investigación y Capacitación
Estigmatización desde el poder
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue constante la estigmatización a los medios de comunicación. Desde principios de su administración, el entonces presidente calificó a los miembros de la prensa de “fifís”,
“chayoteros”, “mercenarios”, “conservadores” y “hampa del periodismo”. Además, en su gobierno incorporó a la conferencia matutina la sección “¿Quién es quién en las mentiras” en junio de 2021, a cargo de Elizabeth García Vilchis, en la que exponía lo que consideraban era fakenews.
En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno a suprimirla al considerar que impulsaba la violencia y estigmatización hacia la prensa en México.
“(Esta) sección continúa siendo un espacio utilizado por el Poder Ejecutivo para estigmatizar y descalificar el trabajo de la prensa”, planteó el organismo. Con el gobierno actual se mantuvo una sección en su conferencia de prensa para abordar los desmentidos llamada “El detector de mentiras”, en la que también se exponen las que a su consideración son noticias falsas.
El 1 de junio pasado, la presidenta anunció que además que habría una nueva conferencia denominada “Derecho de Réplica”, al considerar que los medios de comunicación no publican las réplicas del gobierno federal.
En el PRI también se incomodaron
Pero los gobiernos de la llamada 4T, no son los únicos que se han incomodado con la libertad de expresión, en sexenios anteriores y en el mundo hay claros ejemplos de ello.
El tema del derecho de la audiencias nació en 2013 en el gobierno de Peña Nieto. Se cambió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) para facultar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para emitir lineamientos operativos.
A lo largo de los años, el alcance de estas reglas ha sido objeto de varias batallas judiciales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dividiendo posturas entre reguladores, concesionarios de medios y defensores de derechos humanos.
Esto es lo que dijo Sheinbaum tras recuperar instalaciones del Canal Once
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (APRO)
Sin una investigación concluida, la presidenta Claudia Sheinbaum determinó que los jóvenes que mantenían tomadas las instalaciones del Canal Once recibían dinero para estar ahí y aseguró que se iniciaron carpetas de investigación.
Estos jóvenes recibían recursos, dinero de no sabemos, de acuerdo con las investigaciones que pudiera tener la fiscalía, quién les daba dinero para estar ahí”, aseguró.
La mandataria mexicana criticó que “no tiene lógica que un movimiento estudiantil que solicita mejoras en el Politécnico tome Canal Once por tanto
tiempo, al final quedaban seis estudiantes o seis jóvenes que tenían tomadas las instalaciones cuando su objetivo en realidad era pues evitar que Canal Once pudiera transmitir”.
Aun con las acusaciones, este medio público no dejó de transmitir los contenidos con afinidad al gobierno.
“Se le prestaron las instalaciones de Educares… Aprende de la Secretaría de Educación Pública y nunca dejó de transmitir, continuó su transmisión. Y partir de hoy, se va a hacer un levantamiento de cuáles son las afectaciones.
¿Qué sentido tiene que hubieran afectado el material videográfico de Canal Once?”, redundó.
La autoridad hará un inventario de lo que ocurrió en esta toma y la carpeta
de investigación es, sobre todo, por si hubo daño al “patrimonio de la nación”. El secretario de Educación, Mario Delgado, expuso que aún no se ha cuantificado el daño que se registró en la toma de estas instalaciones por parte, afirmó, de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), además aseguró que quienes tomaron las instalaciones fueron los mismos trabajadores acompañados del Ministerio Público.
“Hicimos muchos intentos de establecer diálogo con ellos, cuál era su pliego petitorio, se negaron durante mucho tiempo a tener diálogo. Finalmente iniciamos mesas de trabajo encabezadas por el subsecretario Ricardo Villanueva y las autoridades del Politécnico para ir analizando su pliego petitorio, pero ningún punto tiene que ver con el canal Once”. El funcionario federal expuso que el material con más de 70 años debe estar bajo ciertas condiciones y ya empezaba a preocupar mucho el estado de ese archivo y de todas las instalaciones. De manera reiterada se negaron, se negaron a tener, a que nos dieran acceso al canal Once”.
Morena sigue atrasando fechas para definir aspirantes a cargos para 2027
Aldo Canedo
CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlali Hernández, confirmó que el proceso interno del partido para definir a sus precandidatos rumbo a 2027 continuará retrasándose.
Originalmente, el partido había fijado el 3 de agosto como fecha para anunciar nuevas convocatorias para los demás cargos a disputarse en las elecciones intermedias (entre ellas diputaciones federales y cargos locales). Sin embargo, Hernández Mora confirmó que dicho trámite se retrasará casi un mes.
“Decirles que mañana no habrá ni registro ni convocatoria de las otras coordinaciones”, dijo.
En su primer informe a la militancia, Citlalli Hernández explicó que se han realizado ajustes significativos en el calendario de los procesos internos de Morena. Esta decisión, tomada en conjunto con la presidenta del partido, Ariadna Montiel, busca “garantizar que sea un proceso con reglas claras y transparentes” para todos los participantes.
Hernández enfatizó que la misión principal en esta etapa es cuidar los estatutos y asegurar que el método de la encuesta se aplique correctamente
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
A finales de agosto el gobierno federal espera tener una definición sobre la posibilidad de evitar que estudiantes utilicen el celular durante las clases, lo que podría aplicarse a partir del próximo ciclo escolar.
“Ese es el objetivo y poder hablarlo con las maestras, los maestros, para que podamos ya ir avanzando en algo que ya es pues prácticamente un consenso, 70 por ciento de madres y padres de familia en el país están de acuerdo en que no se utilicen los celulares durante todo el tiempo de la escuela”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se tiene la meta de hacer un planteamiento para el nuevo ciclo escolar que inicia el lunes 31 de agosto, indicó.
Aunque se puede iniciar con estas medidas, el gobierno continuará con foros abiertos con académicos, así como con las asambleas del ABC de las emociones, en las que hablarán de las redes sociales, las cuales serán en las escuelas, en especial a partir de tercero de secundaria y en educación media superior, aunque analizan si también podrían incluirse en primarias y los dos primeros años de secundaria.
Originalmente, el partido había fijado el 3 de agosto como fecha para anunciar nuevas convocatorias para los demás cargos a disputarse en las elecciones intermedias (entre ellas diputaciones federales y cargos locales)
para evitar conflictos internos. El nuevo cronograma establece que la emisión de las convocatorias para los cargos de base territorial se llevará a cabo hacia el cierre del mes. Según las palabras de la presidenta de la Comisión de Elecciones, “será a finales de agosto que emitiremos estas convocatorias para los registros tanto para coordinaciones distritales federales como para municipios”.
La programación de los procesos continuará de manera escalonada, lo que afectará las fechas para los niveles locales pendientes. Citlalli Hernández explicó que el calendario se irá “desfasando” gradualmente para cubrir todas las áreas de manera ordenada. En este sentido, adelantó que la convocatoria para la coordinación distrital local sería en septiembre, completando el ciclo de aspirantes a cargos
de elección popular a disputarse en las elecciones intermedias de 2027.
Hernández también hizo una advertencia relevante sobre los criterios de participación, instando a los interesados a no hacer suposiciones basadas en procesos anteriores.
“Habrá requisitos específicos, así es de que no traten de replicar o piensen que los requisitos de la convocatoria estatal se van a replicar en las distritales o municipales”, agregó en su informe emitido por Youtube.
Para mitigar la incertidumbre, la dirigente anunció que pretenden realizar informes mensuales para mantener una comunicación “permanente y constante” con la militancia.
Finalmente, destacó que el objetivo de estos ajustes es asegurar que las encuestas midan no solo la popularidad, sino también la “honestidad y cercanía” de los perfiles con la ciudadanía. Hernández subrayó que se busca garantizar que no lleguen personas con malas trayectorias y recordó que, por encima de las candidaturas, el deber del militante es informar y organizar al pueblo.
Sheinbaum prevé regulación del celular en escuelas a finales de agosto
La mandataria federal también planea “foros más colectivos donde cualquier persona pueda participar también los estamos planteando. Entonces, para escuelas la idea es que podamos tomar una decisión este mismo mes hacia finales de agosto para el inicio del ciclo escolar. Y sobre otras regulaciones mantener la discusión”.
Además está el tema de la inteligencia artificial, que también se tendrá a discusión.
“Una infancia basada en el teléfono”
Durante la conferencia en Palacio participó a distancia Jonathan Haidt, autor del libro “La generación ansiosa”, que documenta los efectos nocivos de los teléfonos inteligentes y las redes sociales en menores de edad y jóvenes de todo el mundo.
Dijo que entre 2010 y 2015, la infancia pasó de su forma tradicional basada en el juego a lo que denominó “una infancia basada en el teléfono”.
“En aquel entonces pensábamos
que nuestros hijos eran nativos digitales: crecían rodeados de teléfonos inteligentes y computadoras, y creíamos que eso los haría sumamente inteligentes y hábiles. Pero estábamos equivocados. Ahora sabemos que la infancia basada en el teléfono provoca depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, adicción, distracción, menor capacidad de atención y aprendizaje, acoso sexual y una serie de otros daños para los adolescentes”. Agregó que “las empresas que controlan la atención de nuestros
hijos utilizaron algoritmos e Inteligencia Artificial para enganchar al máximo a cada niño con el fin de vender su atención. Luego, mintieron al respecto, pero ahora ha salido a la luz la verdad.
Refirió un “histórico caso judicial de Los Ángeles, el pasado mes de marzo” y aseguró que “las democracias del mundo están quitando los teléfonos inteligentes durante la escuela y están elevando a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales”.
Partidos deberán garantizar candidaturas competitivas para mujeres en la CDMX
Georgina Monroy Vázquez Ciudad de México (Cimacnoticias)
El Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó los porcentajes de rentabilidad que utilizarán los partidos para conformar los bloques de competitividad rumbo a las elecciones de 2027.
En el camino hacia el Proceso Electoral Local Ordinario 20262027, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los porcentajes de rentabilidad de los partidos políticos, un indicador que servirá para integrar los bloques de competitividad con los que deberán registrar sus candidaturas y garantizar la paridad sustantiva entre mujeres y hombres.
Aunque se trata de un acuerdo técnico, su impacto recae directamente en los derechos políticos de las mujeres. Los porcentajes de rentabilidad permitirán identificar en qué distritos electorales y demarcaciones territoriales cada partido tiene mayores o menores posibilidades de obtener el triunfo, información que será utilizada para distribuir las candidaturas de manera equilibrada y evitar que las mujeres sean postuladas únicamente en los espacios considerados menos competitivos.
De acuerdo con el IECM, la rentabilidad se calcula a partir del porcentaje de votación que cada partido obtuvo en los distritos uninominales y alcaldías durante el proceso electoral local anterior. Con esos resultados se conforman los llamados bloques de competitividad, una herramienta diseñada para fortalecer el principio constitucional de paridad de género.
El organismo electoral explicó que estos bloques buscan impedir que los partidos políticos concentren las candidaturas masculinas en los territorios con mayores probabilidades de victoria y asignen a las mujeres aquellas demarcaciones donde históricamente registran menores posibilidades de ganar.
En ese sentido, el acuerdo aprobado proporciona certeza jurídica a los partidos sobre la metodología que deberán utilizar para integrar dichos bloques durante el registro de candidaturas para las elecciones locales de 2027.
En el camino hacia el Proceso Electoral Local Ordinario 20262027, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los porcentajes de rentabilidad de los partidos políticos, un indicador que servirá para integrar los bloques de competitividad con los que deberán registrar sus candidaturas y garantizar la paridad sustantiva entre mujeres y hombres
No obstante, el cumplimiento de esta medida será revisado cuando el Consejo General del IECM apruebe los lineamientos de postulación y paridad correspondientes al próximo proceso electoral, los cuales serán obligatorios para todas las fuerzas políticas.
De la paridad numérica a la paridad con posibilidades reales de ganar
La obligación de garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad tiene sustento en la reforma constitucional conocida como «Paridad en Todo», publicada en 2019, que estableció que todos los poderes públicos y los órganos del Estado deben integrar sus espacios de decisión bajo el principio de paridad entre mujeres y hombres.
En materia electoral, esta reforma significó que los partidos políticos ya no sólo deben registrar el mismo número de candidatas y candidatos, sino que también deben evitar prácticas que limiten las posibilidades reales de las mujeres de acceder a un cargo de elección popular.
Una de esas prácticas consistía en postular a mujeres en distritos o municipios donde los propios partidos tenían pocas probabili -
dades de obtener el triunfo, mientras que las candidaturas masculinas se concentraban en los territorios considerados «seguros». Por ello, las autoridades electorales desarrollaron los bloques de competitividad, que obligan a distribuir las candidaturas de manera equilibrada entre zonas de alta, media y baja competitividad.
En la Ciudad de México, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los partidos deberán integrar estos bloques con base en los resultados de la elección inmediata anterior, respetando las reglas de paridad durante el registro de candidaturas.
La representación política de las mujeres ha avanzado, aunque persisten desafíos
Las medidas de paridad han contribuido a incrementar la presencia de mujeres en los espacios de representación política en México. Tras las elecciones federales de 2024, la Cámara de Diputados quedó integrada por 251 mujeres y 249 hombres, mientras que el Senado se conformó con 64 senadoras y 64 senadores, consolidando la integración paritaria del Congreso de la Unión.
En el ámbito local también se han registrado avances. De
acuerdo con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, las entidades federativas han incorporado criterios de paridad en congresos, ayuntamientos y gubernaturas, aunque la representación femenina sigue enfrentando obstáculos relacionados con la violencia política en razón de género, la distribución desigual de recursos y la resistencia de algunos partidos para postular mujeres en cargos estratégicos.
Organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ONU Mujeres han señalado que alcanzar la paridad no implica únicamente cumplir con un porcentaje de candidaturas, sino garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades de competir y ejercer los cargos públicos en condiciones libres de discriminación y violencia.
Con la aprobación de los porcentajes de rentabilidad, el IECM busca que el proceso electoral de 2027 avance hacia ese objetivo: que la paridad no se limite al número de candidaturas registradas, sino que también se traduzca en oportunidades reales para que las mujeres accedan a los espacios de representación política.
Martes 4 de Agosto de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS, CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA ASIGNACIÓN DE
LA PUBLICIDAD DEL ESTADO
La reciente presentación del Anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, junto con la apertura de la consulta pública por parte de la autoridad reguladora en México, ha reactivado un debate de larga data: ¿hasta dónde debe intervenir el Estado para garantizar información veraz sin convertirse en árbitro moral ni en censor del periodismo?
El anteproyecto busca regular principios ya reconocidos constitucionalmente, entre ellos la distinción entre información y opinión, la separación entre contenido editorial y publicidad comercial, el fortalecimiento de las Defensorías de las Audiencias, el derecho de réplica y el acceso universal para personas con discapacidad.
Riesgos de la propuesta
No obstante, la incorporación de facultades de supervisión, monitoreo y sanción sobre contenidos periodísticos vuelve a colocar en el centro de la discusión el riesgo de censura previa e indirecta en la radiodifusión y la televisión mexicanas.
Para dimensionar esos riesgos, conviene analizar la propuesta desde tres planos estrechamente vinculados: sus implicaciones jurídicas, sus dilemas éticos y sus efectos operativos en el ejercicio cotidiano del periodismo.
1. El problema de origen: imponer por norma la separación entre información y opinión
Uno de los ejes del anteproyecto es exigir que los medios de comunicación distingan de manera explícita y formal cuándo transmiten información noticiosa —hechos veraces y oportunos— y cuándo ofrecen opinión, interpretación o análisis.
A primera vista, la premisa parece razonable: proteger a la audiencia frente a la manipulación, la propaganda encubierta o el periodismo presentado sin transparencia. Sin embargo, en la práctica periodística contemporánea, la frontera entre hecho, contexto e interpretación rara vez es absoluta.
Riesgo de burocratizar la narrativa periodística
El periodismo interpretativo, el reportaje de investigación y la crónica dependen de la contextualización. Obligar a separar hechos y opiniones mediante advertencias, etiquetas o formatos rígidos puede someter a los reporteros a criterios administrativos ajenos a la lógica editorial.
Así, un análisis de coyuntura, una investigación incómoda o una narración con elementos interpretativos podrían ser calificados por la auto-
ridad como “opinión no declarada”, con el consecuente riesgo de procedimientos o sanciones.
El peligro de convertir al Estado en árbitro de la verdad
Si el Estado supervisa la veracidad de la información para determinar si un medio miente, desinforma o confunde a la audiencia, el poder público adquiere la facultad de decidir qué debe considerarse verdad factual y qué debe catalogarse como falsedad.
Ese escenario resulta especialmente contrario al derecho a la información y, por supuesto, delicado para el periodismo de investigación, que con frecuencia contradice versiones oficiales.
Una investigación crítica podría ser tratada como información “no veraz” u “opinión disfrazada”, abriendo la puerta a expedientes sancionatorios contra contenidos incómodos para el poder.
2. Monitoreo estatal y riesgo de efecto inhibidor
Supervisión estatal sobre contenidos
El aspecto más controvertido del anteproyecto se encuentra en las facultades de supervisión y fiscalización sobre las transmisiones de radio y televisión. Si el regulador puede monitorear contenidos para evaluar el cumplimiento de códigos de ética o reglas de veracidad, su intervención deja de ser meramente técnica y entra de lleno en la dinámica cotidiana de las redacciones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la libertad de expresión no sólo protege frente a la censura previa, sino también frente a los medios indirectos de restricción. En esta categoría pueden incluirse la presión regulatoria, la amenaza constante de procedimientos sancionatorios y la vigilancia administrativa sobre la línea editorial.
Cuando un medio sabe que sus emisiones son observadas bajo criterios interpretativos ambiguos —y que una posible infracción puede de-
rivar en multas significativas o incluso en la suspensión de operaciones—, el resultado más probable no es un periodismo de mayor calidad, sino la autocensura.
En ese contexto, los concesionarios pueden optar por moderar sus críticas, evitar investigaciones incómodas sobre funcionarios públicos y privilegiar contenidos inocuos. El efecto final sería una esfera pública menos crítica y, por tanto, una vida democrática de menor calidad.
3. Defensorías de las audiencias: autorregulación, mediación y límites del control estatal
En las democracias consolidadas, la protección de los derechos de las audiencias suele apoyarse en un modelo de autorregulación guiada. En este esquema, los medios elaboran sus propios Códigos de Ética y designan Defensorías de las Audiencias con autonomía técnica para atender quejas del público, emitir recomendaciones y promover la alfabetización mediática.
El problema aparece cuando el anteproyecto altera ese equilibrio y convierte una figura de mediación ética en una pieza funcional del aparato fiscalizador. Esa distorsión se expresa, sobre todo, en dos riesgos:
Riesgo de perder su naturaleza ética: Las defensorías fueron concebidas para resolver dilemas deontológicos y fortalecer la relación entre medios y audiencias. No deberían funcionar como auxiliares, informantes ni extensiones de un órgano fiscalizador gubernamental.
Riesgo de sustituir sanciones morales por sanciones punitivas: Frente a una falta ética, las respuestas adecuadas son la rectificación pública, el derecho de réplica o la recomendación del defensor. Convertir esos incumplimientos en infracciones administrativas sujetas a sanciones económicas desnaturaliza la ética periodística y la transforma en un régimen punitivo de Estado.
4. El valor democrático de los derechos de las audiencias
Sería un error descalificar por completo el debate sobre los dere-
chos de las audiencias. En México, las audiencias han sido históricamente afectadas por modelos comerciales de radiodifusión que han normalizado prácticas opacas y excluyentes, entre las que destacan: Infomerciales y periodismo pagado: la venta de espacios informativos a actores políticos o corporativos, sin advertirlo de forma clara a la audiencia, constituye una práctica opaca que lesiona el derecho a recibir información transparente.
Falta de accesibilidad: millones de personas con discapacidad auditiva o visual siguen quedando al margen del debate público debido a la insuficiencia de subtitulaje.
Proteger a las audiencias sí es una causa legítima y necesaria. El problema no está en la finalidad, sino en el instrumento.
5. ¿Y los medios públicos?
El marco regulatorio resulta insuficiente si el propio Estado no asume una responsabilidad ética e institucional respecto de la calidad, veracidad y neutralidad de los medios que administra directamente.
En una democracia plural, los medios públicos no deberían operar como voceros del gobierno en turno. Su razón de ser es servir a la sociedad mediante una alternativa periodística independiente, sustentada en el rigor informativo, la pluralidad de voces y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
En el contexto mexicano, la frontera entre información pública y propaganda gubernamental se ha vuelto cada vez más difusa. Diversas voces críticas y analistas han advertido que algunos canales de televisión y estaciones de radio, financiados con recursos públicos, operan como auténticas plataformas de difusión ideológica y defensa sistemática de las políticas oficiales. La perversión de los medios públicos resulta lamentable. Cuando los medios públicos responden a propósitos partidistas, renuncian a cumplir su función de servicio público. 6. Coherencia entre exigencia pública, medios públicos y gasto estatal
El debate sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias suele centrarse en las obligaciones de las concesionarias frente al público: distinguir con claridad entre opinión e información, garantizar contenidos accesibles para personas con discapacidad y promover una oferta informativa plural. Sin embargo, el ecosistema mediático no opera en el vacío: la independencia editorial y el derecho a recibir información veraz dependen también de las condiciones económicas en las que se produce esa información.
Octavio Islas*
ZACATECAS: LA PALABRA BAJO PENA
El 4 de febrero de 2026 apareció en el Periódico Oficial de Zacatecas el Decreto 247. Reforma el Código Penal del estado en materia de violencia digital e inteligencia artificial. El fin es legítimo y urgente: proteger la intimidad sexual frente a los ultrafalsos (deepfakes) y frente a una violencia que golpea sobre todo a mujeres, niñas y adolescentes. Eso no está a discusión. El núcleo del decreto es defendible. Lo que viaja alrededor, no. Tres piezas arrastran problemas de distinta naturaleza y conviene separarlas. Un delito que castiga palabras sin decir cuáles. Una agravante que recorre el código entero sin preguntar a quién daña más. Y una condición de sujeto que ningún congreso local puede inventar. Vaguedad, desproporción, competencia. Veamos.
Primero. El decreto cambió la fracción V del artículo 182 Bis. Ahora castiga a quien “provoque o incite al odio o a la violencia, sea por medios impresos o digitales, incluidos el uso de la inteligencia artificial u otras tecnologías emergentes”. Conviene mirar bien qué se movió. El verbo ya estaba. La indefinición también. Lo único que el legislador agregó fue el medio. No inventó un delito de palabra: heredó uno y lo llevó al terreno digital sin arreglarle el defecto de fábrica. ¿Cuál defecto? Que la norma no dice qué es el odio. No exige que la incitación sirva para producir violencia. No pide que esa violencia sea inminente. Y pone el acento en el instrumento, cuando debería ponerlo en el daño. El estándar internacional va en sentido contrario. El artículo 13.5 de la Convención Americana manda prohibir la apología del odio nacional, racial o religioso que incite a la violencia. Ese mandato tiene bordes. Fuera de ellos, toda restricción debe pasar el examen del 13.2. La Observación General No. 34 (2011) del Comité de Derechos Humanos lo dice de otro modo: la ley debe escribirse con precisión suficiente para que uno sepa qué puede
decir y qué no. El Plan de Acción de Rabat (2012) pide medir contexto, quién habla, con qué intención, con qué alcance y con qué probabilidad de daño. Y en Estados Unidos, desde Brandenburg vs. Ohio (395 U.S. 444, 1969), sólo pierde protección la incitación a una acción ilegal inminente y probable. Ninguno de esos filtros aparece en la fracción zacatecana. Basta la palabra “provoque”. Con ella cabe la opinión ácida. Cabe la sátira. Cabe la crítica dura. Cabe casi cualquier cosa que moleste al poder. Y hay un detalle que dice más que la norma. Una de las iniciativas invocó, para respaldar la reforma, el Amparo Directo en Revisión 2806/2012. Ese expediente es un pleito civil por daño moral entre directivos de dos periódicos poblanos. No habla de tecnología. Ni una línea.
Segundo. El artículo 58 Quáter es nuevo. Aumenta hasta en una quinta parte la pena de cualquier delito del código cuando el autor use inteligencia artificial, ultrafalsos, clonación de voz o imagen “destinadas a crear apariencia de veracidad”. Hay que reconocerle un límite: no basta usar la herramienta, hay que usarla para fingir verdad. Pero ese límite no arregla el problema. Nada más lo cambia de lugar. La agravante cae sobre todos los delitos por igual. Sobre todos. Sin preguntar si fingir verdad tiene algo que ver con el daño que el delito produce. En un fraude, sí: el engaño es el fraude. En unas lesiones o en un despojo, no necesariamente. Y la Constitución es clara en su artículo 22: la pena debe ser proporcional al delito y al bien jurídico afectado. Un aumento parejo para todo el código supone un daño extra que muchas veces no existe. El otro problema está en la definición. Inteligencia artificial es, para el decreto, cualquier sistema, modelo o algoritmo con funciones de aprendizaje, predicción, clasificación y toma de decisiones, “cuya operación pueda producir efectos jurídicos que dañen derechos de alguna persona”. Léalo dos veces. La norma define la
herramienta por el daño que puede causar. Entonces, para saber si hubo inteligencia artificial, primero habría que saber si se dañaron derechos. Que es justo lo que el juicio debe probar. Lo que tenía que marcar el límite acaba dependiendo del resultado. El perro se muerde la cola. Alguien dirá que la Suprema Corte ya toleró esto. A medias. En la acción de inconstitucionalidad 66/2024 aceptó que nadie puede definir la inteligencia artificial con exactitud, y por eso salvó la norma de Sinaloa. Pero allá la imprecisión vivía dentro de un solo delito. Aquí gobierna el código completo. Lo que se aguanta en una habitación no se aguanta en todo el edificio. Tercero. La fracción VII del artículo 232 Ter agrava el delito cuando lo comete “un medio de comunicación impreso, digital o electrónico, o algún operador de plataforma o servicios digitales”. Aquí el asunto ya no es cómo está escrita la norma. Es quién podía escribirla. La diferencia importa, porque un vicio de competencia no se cura con buena redacción. Los estados sí pueden castigar conductas cometidas por medios digitales. Eso lo convalidó la Corte en el caso sinaloense. Lo que no pueden es convertir al operador de una plataforma en destinatario del Código Penal por el solo hecho de ser operador. Y eso hace la fracción. No describe una conducta distinta. No exige una intención peor. Describe una calidad. Un quién. Ese quién pertenece a un terreno que la Constitución reservó a la Federación en los artículos 73, fracción XVII, y 6º, apartado B. Digámoslo sin exagerar: esos preceptos hablan de telecomunicaciones, radiodifusión, banda ancha e Internet. No dicen “plataformas”. Extenderlos a los operadores digitales es una lectura, no un dato. Pero es la lectura razonable, porque la otra consiste en aceptar que treinta y dos congresos definan cada uno qué es una plataforma y cuándo responde. Treinta y dos definiciones para una red que no conoce fronteras estatales. La cláusula residual del artículo 124
no salva la pieza: lo que la Constitución entregó a la Federación no admite ocupación local, ni parcial ni con buenas intenciones. Y hay algo más. La fracción no distingue entre quien produce el contenido y quien apenas lo aloja. Todos caen en la misma bolsa. Esa confusión es justo la que un régimen federal de intermediarios existe para evitar. El efecto práctico es el peor de todos. Una norma que castiga por ser operador no persigue mejor el delito. Cambia los incentivos. El intermediario que tema quedar comprendido bajará el contenido antes de discutirlo. Bajar es barato. Resistir es caro. La censura no la firmará un juez. La ejecutará un particular asustado. Alguien dirá también que la Corte, en la acción de inconstitucionalidad 104/2024, resolvió que hablar de inteligencia artificial sin definirla no vulnera la seguridad jurídica, y que lo hizo sobre una ley de Zacatecas. Cierto. Pero aquélla era una ley de derechos de niñas, niños y adolescentes. No mandaba a nadie a la cárcel. A una declaración de derechos no se le pide lo mismo que a una norma que aumenta penas. La diferencia no es formal. Es la que separa reconocer de castigar. Y queda un último detalle, que el propio expediente entrega: el dictamen rechazó crear nuevos delitos porque violarían la taxatividad, y acto seguido aprobó la agravante. El legislador conocía la regla. La usó para descartar y la olvidó para aprobar. Ampliar el delito de violación a la intimidad sexual para alcanzar los ultrafalsos responde a un daño real, grave y creciente. Ahí no hay problema. El problema es lo que se le colgó alrededor. La ventana de la acción de inconstitucionalidad ya se cerró: treinta días naturales desde el 4 de febrero. Quedan el amparo contra actos de aplicación y el control difuso que todo juez está obligado a ejercer. Merecen usarlos pronto. Porque una ley que no dice con claridad qué prohíbe no protege a nadie. Sólo enseña a callar. Y el derecho penal existe para perseguir daños, no palabras.
Ernesto Villanueva
DE GAULLE EN EL PALCO: CÓMO ACTUAR FRENTE A UNA SUPERPOTENCIA
Olivia Muñoz-Rojas
Un palco es un lugar reservado para quienes importan. Mientras observaba la configuración de la tribuna presidencial durante la final del Mundial en Nueva York pensaba en el díptico La Bataille de Gaulle del director Antonin Baudry, estrenado recientemente en Francia. La película relata en dos partes la experiencia de Charles de Gaulle, general de segundo rango quien, sin ejército y sin estructura formal, se instaló en Londres para defender la Francia Libre y asegurar la soberanía francesa durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque De Gaulle no fue invitado a Yalta, logró estar presente en la conferencia de Casablanca y fue finalmente el rostro de la Francia vencedora. Desde aquel 18 de junio de 1940 en que tomó por primera vez el micrófono de la BBC para llamar a los franceses a resistir la ocupación nazi, hasta el 25 de agosto de 1944 en que recorrió a pie un París liberado, De Gaulle fue construyendo una autoridad que compensaba la enorme debilidad material de la Francia Libre. Con sus casi dos metros de altura, siempre en uniforme, siempre erguido, entendió que la legitimidad también se actúa simbólicamente. Su empeño por no ser tratado como un actor secundario por Churchill y Roosevelt encuentra eco en escenas aparentemente distantes como el palco presi -
dencial de un Mundial. Antes de su celebración, la final de la Copa del Mundo se perfilaba como un acontecimiento de alto voltaje geopolítico. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sólo contaba inicialmente con la invitación protocolaria de la FIFA, pero una llamada personal de Trump la hizo cambiar de planes y terminó sentándose en la tribuna junto a él y su homólogo canadiense, Mark Carney. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reorganizó su agenda para poder asistir al evento, aun cuando el Rey representaba ya a España. La ausencia del aliado más natural de Trump en este contexto, el presidente argentino Javier Milei, atribuida a una cábala futbolística, dejó un palco constituido esencialmente por adversarios ideológicos del presidente de Estados Unidos, pero obligados a relacionarse con él. Más allá de las diferencias ideológicas, surge la pregunta: ¿cómo debe actuar un dirigente de un país menos poderoso frente a una superpotencia una vez que se sienta junto a ella? Las fotografías de estos encuentros invitan a interpretar sonrisas, apretones de manos o gestos de cercanía, aunque sólo sus protagonistas conocen el verdadero tono de estos intercambios. En México, las imágenes del palco de la final dieron pie a diversas interpretaciones. Para algunos, Claudia Sheinbaum se percibía inesperadamente relajada con
Donald Trump. Sin embargo, mantener un trato cordial y distendido es una exigencia de la relación diplomática y del protocolo que no compromete necesariamente la firmeza de una posición independiente. El debate no es nuevo. De Gaulle fue acusado de ser demasiado áspero en público con Churchill y Roosevelt en su afán por preservar su autonomía, pero entre bambalinas tuvo que aceptar episodios que consideraba humillantes.
Baudry explora estos altibajos en la relación de De Gaulle con el mandatario británico. Éste apreciaba el coraje del general francés y sentía admiración por la Francia que encarnaba y, en el verano de 1940, compartieron numerosas conversaciones y cenas a dos. Pero cuando sus intereses entraron en conflicto, prevalecieron los del Reino Unido. De Gaulle, no obstante, nunca aceptó que esta desigualdad de fuerzas implicara una desigualdad de dignidad política.
La película narra este aspecto con la fallida operación de Dakar, frente a las costas de la entonces África Occidental Francesa, actual Senegal. De Gaulle estaba decidido a incorporar la colonia a la Francia Libre. Pero no a cualquier precio. Antes de intervenir envió emisarios y mensajes radiofónicos apelando a los oficiales para que cambiaran de bando. Cuando las negociaciones fracasaron y los británicos quisieron continuar el ataque, declaró que prefería retirarse antes que provocar una
guerra civil entre franceses. Fue un revés militar, pero una victoria moral que demostró que el autoproclamado líder de la Resistencia no abandonaría sus principios, aun en situaciones difíciles. Esta coherencia –la certeza de que no sacrificarían aquello que consideraban esencial por una ventaja táctica– terminó convirtiéndose en un activo político para De Gaulle y otros miembros de la Resistencia, como el general Leclerc o Jean Moulin; un activo que, a ojos de la sociedad civil, reemplazaba el escaso capital material del que disponían. Esa integridad no eliminaba la asimetría con el Reino Unido o Estados Unidos, pero sí hacía más difícil ignorar a la Francia Libre en las decisiones clave de la guerra. La grandeur de la que hablaba De Gaulle puede sonar hoy grandilocuente o incluso anacrónica. Sin embargo, desprovista de su envoltorio nacionalista, contiene una intuición que sigue siendo pertinente para los líderes de potencias emergentes como México o una potencia media como España: estas potencias rara vez compensan su debilidad relativa subordinándose al más fuerte; a veces, en cambio, pueden hacerlo labrándose una reputación de integridad y coherencia. En el siglo XXI, esa coherencia debería medirse, entre otros, por la fidelidad a los derechos humanos y a la legalidad internacional y por la capacidad de sostenerla incluso cuando la presión de la superpotencia invita a lo contrario.
Las prisas del partido en el poder en la República Mexicana, Morena, con su decisión de adelantar la convocatoria nacional desde donde se habrán de escoger a sus candidatos para futuros presidentes municipales en el país y en los estados que corresponda, dan para formular algunas preguntas, hacer varias precisiones y dibujar algo de conclusiones.
PREGUNTAS.
¿Por qué meter ruidos perturbadores en el ambiente nacional y en los estados, cuando ya de por sí los ruidos muy preocupantes campean por todo México?
¿Para qué agregar más distracciones oficiales -imprudentes y contraproducentes- a las que ya existen desde hace casi 8 años, cuando lo más urgente es estar atentos y conscientes de la realidad económica, social, política… la verdadera y no la aparente?
¿Cuánta información oficial y grave nos esconden las más altas autoridades de este país, que seguramente suponen que pronto pueden hacer crisis aún más delicadas y profundas, como para decidir de forma apresurada distraernos con el proceso y los resultados que conlleva la Convocatoria Nacional para observar y escoger a sus futuras mujeres y hombres, como candidatos a president@s en distintos municipios ubicados en varios estados del país?
En una fundada realidad nacional de narcogobernantes, narcopolítica, narcoeconomía, narcodemocracia, narcolegislaturas, narcoministros, narco “Representantes Populares”… ¿qué más imaginan los gobiernos que puede ocurrir, como para adelantar las bullas generalizadas desde las comunidades, barrios, colonias y ciudades, donde
Hay una escena que se repite cada julio en Tuxtla Gutiérrez desde hace más de cuatro décadas: decenas de niñas, niños y adolescentes cruzan la entrada del Zoológico Miguel Álvarez del Toro no como visitantes de un día, sino como aprendices de todo un verano. No van a memorizar nombres científicos frente a un pizarrón. Van a tocar tierra, a observar de cerca a un mono aullador, a entender —muchas veces por primera vez— que el agua que corre por una microcuenca cercana a su casa tiene una relación directa con la vida que los rodea. Ese es, en esencia, el Curso de Verano SEMAHN 2026, que este año llevó por nombre “Descubriendo los misterios de la naturaleza en la Nueva ERA”. La primera semana concluyó el pasado sábado, y el mensaje de cierre de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Malena Torres Abarca, resumió bien el espíritu del programa: no se trata solo de entretener a la niñez durante las vacaciones, sino de sembrar —literal y metafóricamente— una generación que entienda que cuidar el entorno es cuidar a la propia comunidad.
Una tradición con más historia que muchos de sus asistentes Pocas cosas en la administración pública chiapaneca tienen 43 años de continuidad. El curso nació en los años 80 como una alternativa educativa no formal para el periodo vacacional, y ha sobrevivido a cambios de gobierno, de nombre de la dependencia y de estilo institucional, conservando siempre el mismo núcleo: aprendizaje a través del juego y el contacto directo con la naturaleza. Esa longevidad no es un detalle menor. En un país
PRISAS.
Francisco Ruiz Zuart.
Del Morena. ¿Por qué? Sus muy probables implicaciones en Chiapas.
en el año 2027 habrá cambios o reelecciones de presidentes, síndicos y regidores de cada ayuntamiento? ¿Para qué entretener de manera tan adelantada, cuando se debe estar ocupado y con todo en las prioridades del presente?
PUNTUALIZACIONES.
En el estado de Chiapas, en 8 semanas más los ayuntamientos cumplirán dos años en el cargo, y en un año más concluye el periodo para el cual fueron nombrados. Han transcurrido ya casi dos años donde las cuestiones realmente prioritarias y relevantes, socialmente trascendentes, NO HAN SIDO ATENDIDAS, o han recibido una atención contraproducente, sesgada, insuficiente, mañosa…
Dos años cumplirán los ayuntamientos de Chiapas con sus president@s municipales hasta adelante: festejando a los Santos Patrones en las ciudades, en los barrios y en las comunidades. Dos años de pachangas con música, artistas fuereños de costos millonarios, viandas abundantes, bailes ruidosos, deslices vergonzosos, peleas de gallos, carreras de caballos…
Dos años pronto cumplirán los ayuntamientos de Chiapas con l@s president@s municipales al frente: robando, engañando, TRAFICANDO con lo que tienen a su
alcance, echando mentiras, “empiernados” con el Crimen Autorizado, extraviados de sus responsabilidades constitucionales, en la absoluta IMPUNIDAD y con la total complacencia, explícita y pública, de las autoridades obligadas a hacer cumplir las leyes: el gobernador, el Congreso de Chiapas, el Auditor Superior del Estado, el Fiscal General de la Entidad, las autoridades federales cuya competencia incide en las municipalidades… Dos años habrán de festejar l@s president@s municipales de Chiapas, distraídos de LO SUSTANTIVO y bien ocupados, con esmero, solamente en sus USOS Y MALAS COSTUMBRES delictivas.
De las inaplazables acciones honestas y objetivas, suficientes: de un buen rumbo al bienestar y al futuro de las familias del municipio; de la atención a los servicios pú-
FILIPICAS
Paco Ramírez
Lo
que la selva le enseña a la niñez: 43 años de un verano distinto en Chiapas
donde los programas gubernamentales suelen tener la vida útil de una sola administración, un curso que ha pasado por generaciones completas de chiapanecos —muchos de los cuales hoy llevan a sus propios hijos— construye algo que ningún boletín de prensa puede fabricar de la nada: memoria colectiva.
El aprendizaje que no cabe en un salón
El comunicado oficial lo dice con una frase que vale la pena tomarse en serio, no solo como eslogan: “hay aprendizajes que no caben en un salón de clases”. Es una afirmación con más peso pedagógico del que aparenta. La educación ambiental basada en experiencias directas —tocar, oler, observar procesos naturales en tiempo real— tiene un respaldo consistente en la literatura sobre desarrollo infantil: genera una comprensión más duradera y una relación emocional con el entorno que ningún libro de texto logra replicar por sí solo. Que ese tipo de aprendizaje ocurra precisamente en un centro de conservación y reserva natural como el ZooMAT, y no en un aula improvisada, es coherente con lo que se busca enseñar.
Lo que se enseña, en voz de quien lo enseña
Hay un equipo técnico que diseña, semana a semana, los contenidos del curso. Brenda Eunice González Moreno, integrante de la Dirección de Gestión, Investigación y Edu-
cación Ambiental de la SEMAHN, explica que el objetivo va más allá de la recreación vacacional: se trata de un programa pensado deliberadamente para sensibilizar a niñas, niños y adolescentes de 5 a 15 años sobre los problemas ambientales que enfrenta Chiapas, y sobre el papel que ellos mismos pueden jugar para resolverlos.
Los temas que se abordan durante la semana son, según detalla, diversos y concretos: recursos naturales, la conexión con la naturaleza, los bienes y servicios ambientales que ofrecen los bosques, cambio climático y las problemáticas ambientales que actualmente padece la sociedad chiapaneca. No es, entonces, un recorrido genérico por el zoológico con actividades de relleno; es un currículo breve pero intencionado, construido para que en el transcurso de una sola semana los participantes puedan, en palabras de González Moreno, “analizar un poquito acerca de cómo nosotros
blicos, al medio ambiente, a la participación ciudadana, a la democracia en las conductas oficiales, a la seguridad en la práctica y no únicamente en las arengas oficiales; de la infraestructura social y productiva básicas… los ayuntamientos de Chiapas se encuentran olvidados. “Que Dios les bendiga”, han de decir l@s president@s municipales. DESGRACIAD@S indolentes.
CONCLUSIÓN
Imaginen ustedes que, frente a esta realidad palpable de irresponsabilidades, de permanentes conductas oficiales que violentan la ley, descompuesta, compleja, de preocupación para cada uno de los hogares chiapanecos: MORENA, el gobierno, dispone soltar su Convocatoria Nacional para escoger a futur@s president@s municipales, particularmente en Chiapas, donde la autoridad de los municipios está en manos de TRANSGRESORES DE LAS LEYES, y que además algun@s pretenden *REELEGIRSE.
¡Ah! Hoy la vida en los municipios de Chiapas no se da en condiciones prósperas y de estabilidad, y la referida, apresurada e inoportuna Convocatoria Nacional de Morena, indiscutiblemente, vendrá a DESESTABILIZAR más la convivencia del pueblo chiapaneco. Esperemos.
¡Ah! Imaginen a Fabiola Ricci Diestel, presidenta de Morena en San Cristóbal de Las Casas, ya de por sí ALOCADA y con desvaríos, en campaña política permanente para reelegirse: verla ahora apretar el paso seguida de sus compañeros, como una bien definida y probada ORGANIZACIÓN DELICTIVA a la cacería de votantes, con todo el DINERO PÚBLICO para comprar, abajo y arriba, su reelección.
podemos como ciudadanía ayudar a resolver esas problemáticas” y, al mismo tiempo, aprender sobre la riqueza natural de su propio estado. Ese matiz importa. Convierte al curso en algo más ambicioso que una simple actividad de entretenimiento infantil: es, en su diseño, un ejercicio temprano de formación ciudadana ambiental, donde el zoológico funciona menos como atracción y más como aula viva.
Una infraestructura que también se renueva
No es casualidad que esta edición del curso coincida con la inauguración de la nueva entrada principal del ZooMAT, un proyecto encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar junto con Torres Abarca. Los primeros grupos de este curso de verano probablemente sean de los primeros en cruzar ese acceso renovado, lo cual añade un simbolismo que la propia SEMAHN ha sabido capitalizar: la idea de que la “Nueva ERA” no es solo un lema de gobierno, sino algo que también se refleja en el espacio físico donde la niñez chiapaneca aprende a relacionarse con su entorno natural. Lo que queda
Con todo, el valor de fondo del programa es difícil de discutir. En un contexto donde Chiapas enfrenta presiones ambientales reales —deforestación, presión sobre áreas naturales protegidas, contaminación de cuencas—, invertir en que la niñez desarrolle una relación temprana y directa con su entorno no es un gesto cosmético. Es, probablemente, una de las pocas políticas públicas donde los resultados no se miden en el corto plazo de un sexenio, sino en la manera en que una persona adulta, veinte años después, decide o no cuidar el río que cruza su pueblo.
