CONTRAPODER EDICIÓN 3424

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Los riesgos de equivocación en los nuevos nombramientos

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La disputa electoral del 2027 en Chiapas está atravesada por grupos de interés, que no han mostrado tener una visión clara de lo que la entidad necesita para salir de la pobreza que la caracteriza y no hay visos de cambios en el futuro.

La presidenta y el secretario de educación señalan que la alternativa de la UNAM son las universidades del bienestar y la Universidad Rosario Castellanos.

El chiste se cuenta sólo. Las universidades del bienestar son escuelitas sin proyecto.

Y la Universidad Rosario Castellanos no tiene frutos todavía.

La alternativa es el fortalecimiento de las universidades estatales y no los proyectos sin proyecto.

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EN CHIAPAS

Viernes 31 de Julio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 11 | No. 3424

ALERTA

EDUCACIÓN

Relator designado de la ONU advierte riesgos para la libertad de expresión por lineamientos de audiencias

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, precisó que aunque asumirá formalmente el cargo internacional el próximo 1 de agosto, sus comentarios los hace en calidad de experto en libertad de expresión y con base en el análisis realizado durante su labor como director de la organización Artículo 19 para México, Centroamérica y el Caribe 5

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INICIATIVA

Chiapas fortalece el derecho a la identidad de personas en contexto de movilidad con acuerdo interinstitucional

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Investigación de la Secretaría Anticorrupción deriva en vinculación a proceso de cuatro exfuncionarios de salud por licitaciones irregulares

MANIFESTACIÓN

Padres de familia denuncian violencia física y psicológica en “novatadas” de la Normal Rural Mactumactzá

Clases arrancarán el 31 de agosto y protestas se postergan hasta 2027

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HOY ESCRIBEN CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

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EL ESTADO QUE DECIDE TRANSITAR DEBERA DE PREGUNTARSE QUÉ CAPACIDADES NECESITA (VIII DE VIII) Carlos Perola Burguete*

FILIPICAS

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Paco Ramírez

TUNANTE

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Francisco Ruiz Zuart.

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EL EXAMEN DE LA UNAM Y LA IA Ernesto Villanueva PAG. 3

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Viernes 31 de Julio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL Los riesgos de equivocación en los nuevos nombramientos

L

a disputa electoral del 2027 en Chiapas está atravesada por grupos de interés, que no han mostrado tener una visión clara de lo que la entidad necesita para salir de la pobreza que la caracteriza y no hay visos de cambios en el futuro. La frase tantas veces repetida de Chiapas rico y gente pobre ha perdido sentido, cuando se observa que Chiapas ha perdido su riqueza y su población se empobrece cada día más y la crisis social no ha estallado de nuevo en revuelta como la que se vivió en 1994, por los altos ingresos que recibe a través de las remesas, por el monto total de los programas que se destinan a la entidad y por la actividad del narcotráfico, de drogas y personas, que se ha convertido en la actividad relevante en la entidad.

Los problemas recientes y ancestrales de Chiapas no son preocupación de los aspirantes a las presidencias municipales ni a para los que desde ahora suspiran por sustituir al gobernador.

Para ellos Chiapas no es un problema sino una conquista, es la oportunidad del enriquecimiento con impunidad, como ha sucedido en los gobiernos del Siglo XXI y en los gobiernos anteriores

a éstos, sin que a los responsables del saqueo y el derroche de los recursos sea castigado. En Chiapas no pasa nada, es una de las frases fatalistas que se repite constantemente, a pesar de que todos los días pasa algo, aunque no se castiga la corrupción y de manera preocupante se perpetúa la impunidad.

Las renuncias de los funcionarios que van en busca de un puesto de elección se presentarán en cascada y el nuevo dilema del gobernador Eduardo Ramírez es decidir sobre quienes recaerán los nuevos nombramientos, donde tiene muy pocas barajas de personas con trayectoria y reconocimiento que permita sembrar las bases de la nueva era en Chiapas. En la primera ola de nombramientos se equivocó y dos años de su gobierno se esfumaron, sin que haya removido las raíces del atraso y pobreza de Chiapas. El esfuerzo que se le reconoce es haber mejorado las condiciones de seguridad y disminución de la violencia, que no es un asunto menor, pero también se le cuestiona la protección indebida al grupo de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, quienes han delinquido y en muchas ocasiones se mueven en la ilicitud y el abuso de poder, que reproduce otro

mal en la población debido a que el peor delincuente es aquel que actúa uniformado, y las denuncias en contra de los pakales no se investigan.

Las elecciones del 2027 representan tres tipos de oportunidades: consolidar un proyecto político, sentar las bases sociales de la nueva era, una promesa hasta ahora incumplida, que resultó un discurso prometedor pero que en los hechos no hay sustancia y finalmente construir un gabinete que le permita cuidar la salida y transitar al 2030 sin los sobresaltos que tuvieron sus antecesores, que terminaron con un gran desprestigio y con la condena popular de persona no grata.

El gobernador no se engaña así mismo y sabe que muchos de sus colaboradores no le funcionaron y que los cambios son obligados. El confeti y las serpentinas de la fiesta ya se acabaron y se está en un momento en que los reclamos por promesas incumplidas se encuentran a la vuelta de la esquina, situación que Eduardo Ramírez como gobernador no conoce, pero que vivió en carne propia en el gobierno de Manuel Velasco; por eso no puede volver a equivocarse en los nuevos nombramientos.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Viernes 31 de Julio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Padres de familia denuncian violencia física y psicológica en “novatadas” de la Normal Rural Mactumactzá Gabriela Coutiño TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro)

P

adres de familia de estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural Mactumactzá denunciaron que sus hijos fueron víctimas de presuntas agresiones físicas y psicológicas durante las tradicionales “novatadas”, por lo que exigieron la intervención inmediata de las autoridades estatales y educativas para investigar los hechos y garantizar la seguridad de los alumnos.

Los inconformes se manifestaron el 27 de julio frente al Palacio de Gobierno, donde acusaron que las actividades de inducción derivaron en actos de violencia que vulneraron la integridad física y emocional de los jóvenes.

“Nos maltrataron a nuestros hijos.

Como padres de familia nos dijeron que iban a estar en manos seguras, pero sus derechos humanos han sido gravemente vulnerados”, expresó José Núñez Díaz, uno de los manifestantes.

El padre de familia relató que su hija, de 18 años, fue sometida a maltratos físicos y psicológicos durante las actividades de bienvenida y posteriormente abandonada en el

centro de Tuxtla Gutiérrez. Señaló que la joven fue auxiliada por ciudadanos, quienes solicitaron apoyo para que recibiera atención médica en un hospital.

Núñez Díaz aseguró además que alrededor de 50 estudiantes no soportaron las condiciones de la denominada “novatada” y fueron expulsados del plantel, lo que, afirmó, les impide ejercer su derecho a la educación pese a haber aprobado el proceso de admisión.

Ante esta situación, los padres solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación y de las autoridades competentes para revisar las condiciones en las que se desarrolla

el curso de inducción y garantizar la permanencia de los estudiantes admitidos.

El denunciante también señaló que, previo al inicio del curso, a los padres de familia se les solicitó llevar bolsas negras de plástico con el argumento de que serían utilizadas en actividades agrícolas. Sin embargo, aseguró que posteriormente fueron colocadas alrededor del perímetro de la escuela para impedir que desde el exterior pudiera observarse lo que ocurría al interior del plantel.

De acuerdo con los testimonios recabados por los padres, durante las actividades los estudiantes fueron sometidos a jornadas físicas exte-

nuantes sin recibir suficiente agua ni alimentos, situación que provocó desmayos y cuadros de deshidratación. Asimismo, denunciaron que no se les permitía acudir al baño, incluso a alumnas que se encontraban en su periodo menstrual, además de ser objeto de castigos y otras prácticas consideradas degradantes.

Aunque algunos estudiantes y padres señalaron que este tipo de novatadas forman parte de una tradición en la Normal Rural Mactumactzá, los denunciantes sostuvieron que ninguna costumbre puede justificar actos que pongan en riesgo la integridad de los jóvenes.

“No puede llamarse tradición cuando casi les cuesta la vida”, señalaron durante la protesta.

Como antecedente, recordaron que en 2018 una novatada realizada en la misma institución dejó como saldo la muerte de un estudiante, por lo que urgieron a las autoridades a investigar las denuncias actuales y tomar medidas para evitar que se repita una tragedia similar.

Hasta la tarde del lunes 27, ni la dirección de la Escuela Normal Rural Mactumactzá ni las autoridades estatales habían emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias formuladas por los padres de familia.

Clases arrancarán el 31 de agosto y protestas se postergan hasta 2027 Manuel Jiménez.

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Luego de casi tres semanas de movilizaciones que mantuvieron en vilo a millones de estudiantes y familias, el magisterio nacional se alista para retomar las aulas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pactó una pausa en sus acciones de protesta por el resto del año, con el compromiso de que las movilizaciones programadas se trasladen hasta 2027, tal como lo planteó el gremio al cierre del ciclo anterior, cuando mantuvo un paro de labores en exigencia de la abrogación de la Reforma Educativa y la modificación de la Ley del ISSSTE. El respiro coincide con la proximidad del inicio del ciclo escolar 20262027, que arrancará oficialmente el próximo 31 de agosto y se extenderá hasta el 13 de julio de 2027, con un calendario de 185 días lectivos para los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, aplicable en las 32 entidades del país, según confirmó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Demandas vigentes y reclamos

históricos A pesar de la tregua, las exigencias del magisterio siguen firmes. El líder gremial Isael González Vázquez fue enfático al desmentir cualquier señalamiento sobre financiamiento externo: “En algún momento, la guerra sucia del estado mexicano ha dicho que somos financiados. Nuestras demandas centrales son la abrogación de la Reforma Educativa”, declaró.

El dirigente recordó que también han solicitado su intervención en el reparto de plazas —un proceso que aún se negocia en mesas bilaterales— y subrayó que Chiapas arrastra un déficit crítico de al menos diez mil docentes, una carencia que golpea con mayor dureza a las comunidades rurales más apartadas.

El calendario al detalle: CTE y suspensiones La SEP detalló que previo al regreso a clases, del 24 al 28 de agosto, se llevará a cabo la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), un periodo de planeación y capacitación para los docentes. Una vez iniciado el ciclo, las sesiones ordinarias del CTE se realizarán cada último viernes de

mes en las siguientes fechas: 2026: 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre.

2027: 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio.

En total, serán ocho Consejos Técnicos a lo largo del año lectivo. Además, el calendario oficial contempla suspensiones de labores docentes en días feriados y de descanso obligatorio: el 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre, 25 de diciembre de 2026;

así como el 1 y 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027.

Con este panorama, el magisterio y las autoridades educativas coinciden en que el desafío inmediato es garantizar que el arranque del ciclo sea ordenado, mientras las demandas de fondo —la reforma educativa, las condiciones laborales y el déficit de plazas— quedan pendientes de resolución en el diálogo político que se retomará el próximo año.

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Viernes 31 de Julio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Eduardo Ramírez convoca a sumar esfuerzos por la conservación de las microcuencas de Chiapas De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

E

l gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la instalación y primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Microcuencas de la Nueva ERA en Chiapas, donde convocó a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como a los distintos sectores sociales, a fortalecer el trabajo coordinado y cercano con las comunidades para impulsar acciones integrales de conservación y restauración de áreas naturales, protección del medio ambiente y manejo sustentable de los recursos hídricos.

En este contexto, el mandatario destacó los avances del Programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas, implementado en 71 municipios, y señaló que se trata de una estrategia con visión de futuro, orientada a garantizar el acceso al agua y sentar las bases de un mejor presente y porvenir para las y los chiapanecos.

“Trabajamos con conciencia ambiental porque esto nos da la oportunidad de retener los suelos, alimentar los mantos freáticos y, por lo tanto, lograr que los municipios tengan la po-

De la Redacción Frontera Hidalgo, Chis. (Tribuna)

Durante una gira de trabajo por los municipios de Huixtla y Frontera Hidalgo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA mantiene una estrecha coordinación con los ayuntamientos para impulsar proyectos prioritarios que fortalezcan el bienestar social, los sectores productivos y la prosperidad de la región Soconusco.

En Huixtla, el mandatario inauguró infraestructura educativa en la Escuela Primaria Juan Sabines Gutiérrez, con una inversión superior a 2 millones de pesos, en beneficio de 341 estudiantes. Asimismo, supervisó las acciones integrales del Programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas, donde resaltó los avances de esta estrategia, que promueve el trabajo conjunto entre autoridades y comunidades para fortalecer la sustentabilidad y el cuidado de la madre tierra.

Posteriormente, en Frontera Hidalgo, Eduardo Ramírez inauguró el Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim) y visitó la Escuela Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos, donde entregó aulas, obras exteriores y equipamiento, con una inversión superior a 5 millones de pesos. Estas acciones garantizarán espacios dignos y de calidad para 451 estudiantes. En ese marco, se comprometió a realizar la construcción de cinco aulas más y un módulo de baños para dejar com-

sibilidad de llevar agua a las familias”, agregó.

Ramírez Aguilar reiteró el compromiso de su administración de mantener una política ambiental alineada con la estrategia que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que exhortó a redoblar esfuerzos y fortalecer las acciones institucionales en ejidos y comunidades de las distintas regiones del estado.

Asimismo, agradeció la participación de ambientalistas, organismos y representantes de diversos sectores sociales, quienes contribuyen a la construcción de un Chiapas próspero, en armonía con la madre tierra y con una visión de buen vivir.

La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, explicó que, desde su puesta en marcha en 2025, el Programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas ha generado importantes avances en materia de restauración ambiental, gestión sustentable del agua y participación comunitaria, posicionando a Chiapas como un referente nacional e internacional. Informó que, durante este año, se han consolidado 11 proyectos estratégicos que integran acciones ambientales, productivas y sociales en 131 microcuencas de 72 municipios.

Por su parte, el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Jorge Constantino Kanter, infor-

mó que en 2025 el programa alcanzó prácticamente el 100 por ciento de sus metas, con una inversión superior a 172 millones de pesos, recursos que permitieron restaurar y conservar más de 4 mil 900 hectáreas, rehabilitar brechas cortafuego, realizar acciones de reforestación y construir 5 mil estufas ahorradoras. Añadió que para 2026 se destinarán 200 millones de pesos para fortalecer esta estrategia, priorizando el apoyo directo a las y los beneficiarios.

En representación de las y los alcaldes integrantes del Consejo Estatal, el presidente municipal de Arriaga, Alejandro Aquiles Patrinos Fernández, reconoció la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar al impulsar la creación de este órgano colegiado para la restauración y saneamiento de microcuencas. Asimismo, refrendó el compromiso de los municipios de trabajar de manera coordinada para fortalecer la seguridad hídrica, la producción de alimentos y la conservación de los ecosistemas en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

En ese sentido, resaltó que proteger las microcuencas significa preservar una fuente esencial de vida y bienestar para las comunidades chiapanecas.

Eduardo Ramírez impulsa infraestructura educativa y programas para el bienestar de Huixtla y Frontera Hidalgo pletamente renovada esta institución.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, explicó que el Centro LIBRE brinda atención psicológica y jurídica, además de espacios de recreación y talleres de autoempleo para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

De igual manera, hizo un llamado a denunciar cualquier caso de abuso, acoso u hostigamiento sexual, al enfatizar la importancia de romper el silencio y proteger a niñas, niños y adolescentes.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en Huixtla se destinan cerca de 19 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de aulas didácticas y obras exteriores. Precisó que ya concluyeron los trabajos en la Primaria Mariano Matamoros, de la comunidad Cantón Las Delicias; el Preescolar Nicolás Copérnico, de Tzinacal; la Secundaria Técnica Número 73, de Francisco I. Madero; y el Preescolar Josefa Ortiz de Domínguez, de José María Morelos y Pavón. Asimismo, señaló que continúan en proceso diversas acciones en la Primaria Héroes de Chapultepec y la Telesecundaria 581, de la cabecera municipal; la Primaria Vicente Ramón Guerrero, de Playa Grande; y el Preescolar Francisco León, de Francisco I. Madero.

Respecto a Frontera Hidalgo, detalló que las seis aulas entregadas en la

Escuela Primaria Federal Ángel Albino Corzo Castillejos corresponden a la primera etapa del proyecto. Agregó que, en los próximos días, iniciará la segunda fase, que contempla la construcción de dos aulas adicionales, dos módulos de servicios sanitarios y tres aulas completamente equipadas.

El presidente municipal de Huixtla, Régulo Palomeque Sánchez, reconoció la inversión que el gobernador Eduardo Ramírez realiza en el municipio para fortalecer la infraestructura educativa mediante la construcción de aulas en distintos planteles y el respaldo permanente a la comunidad escolar.

Por su parte, la alcaldesa de Frontera Hidalgo, Elizabeth de la Cruz Mazariegos, agradeció por las acciones a favor del municipio, destacando el compromiso del gobernador con la educación y la seguridad de las mujeres.

El director de la Escuela Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos de Frontera Hidalgo, Carlos López Alfaro, expresó su agradecimiento a las autoridades, así como a las madres y los padres de familia, por el respaldo brindado para hacer posible la reconstrucción del plantel. Resaltó que el trabajo conjunto permitirá ofrecer mejores condiciones para la formación de las nuevas generaciones. A su vez, la alumna Violeta Eloísa Nampulá manifestó que las nuevas aulas representan una oportunidad para que las y los estudiantes tengan un futuro más

prometedor y contribuyan al desarrollo de su comunidad.

En representación de la Red de Tejedoras de la Patria “Voz y Fuerza de las Mujeres” en Frontera Hidalgo, Nancy Dimas Betancourt agradeció el impulso de espacios como el Centro LIBRE y compartió que logró salir de un entorno de violencia gracias a la atención y el acompañamiento recibidos. De igual forma, invitó a identificar las distintas manifestaciones de violencia, denunciar oportunamente y no normalizar ningún tipo de agresión.

A esta gira de trabajo acompañaron al gobernador la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Jorge Constantino Kanter; el diputado local por el Distrito 16, Javier Jiménez Jiménez; la presidenta municipal de Frontera Hidalgo, Elizabeth de la Cruz Mazariegos; así como estudiantes, personal directivo, docente y administrativo de las instituciones educativas, además de madres y padres de familia, entre otras personas invitadas.

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Investigación de la Secretaría Anticorrupción deriva en vinculación a proceso de cuatro exfuncionarios de salud por licitaciones irregulares De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

E

n cumplimiento a la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad impulsada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y atendiendo la firme instrucción de que toda irregularidad sea investigada y llevada hasta sus últimas consecuencias conforme a derecho, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado de Chiapas (SAyBG) dio a conocer que logró la vinculación a proceso en contra de cuatro exservidores públicos de la Secretaría de Salud, por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones, ya que presuntamente omitieron observar las atribuciones inherentes a su cargo en su desempeño como servidores públicos.

Este resultado es producto del trabajo técnico, jurídico e institucional desarrollado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, integrando las investigaciones administrativas correspondientes, elementos de prueba, denuncias conducentes y ha mantenido una estrecha coordinación y coadyuvancia con la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el desarrollo de la investi-

De la Redacción Tapachula, Chis. (Tribuna)

Garantizar el derecho a la identidad es el primer paso para acceder a derechos fundamentales como la educación, salud, protección jurídica e inclusión social. Con esa visión, la Secretaría de la Frontera Sur, encabezada por María Amalia Toriello Elorza, suscribió un convenio de colaboración con el Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Chiapas e instaló, a través de la Subsecretaría de Movilidad Humana, la Mesa Estatal de Derecho a la Identidad para personas en contexto de movilidad.

Esta iniciativa busca consolidar un mecanismo permanente de coordinación entre instituciones para facilitar el acceso a la identidad jurídica y documentación oficial de las personas en contexto de movilidad, condición indispensable para el ejercicio pleno de sus derechos.

Durante el acto protocolario, Toriello Elorza destacó que el trabajo coordinado entre dependencias estatales, federales, organismos internacionales y sociedad civil permitirá construir una ruta de atención más eficiente y con enfoque de derechos humanos para quienes transitan o residen en Chiapas.

Bajo el liderazgo y la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la coordinación institucional permitió la vinculación a proceso a cuatro exservidores públicos por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones

gación penal.

La resolución emitida por el órgano jurisdiccional constituye un avance significativo en el combate a la corrupción, al estimar que existen datos de prueba suficientes para continuar el proceso penal, salvaguardando en todo momento los principios de presunción de inocencia, debido proceso

y tutela judicial efectiva.

La SAyBG refrenda que continuará actuando con estricto apego a la legalidad, privilegiando investigaciones sólidas, objetivas y técnicamente sustentadas, para garantizar que cualquier conducta que transgreda el marco jurídico sea sometida al escrutinio de las autoridades

competentes.

Chiapas consolida una política pública en la que el combate a la corrupción deja de ser un discurso para traducirse en acciones concretas, investigaciones serias y resultados que fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones y el Estado de derecho.

Chiapas fortalece el derecho a la identidad de personas en contexto de movilidad con acuerdo interinstitucional Como parte de la jornada se realizó la firma del convenio de colaboración e instalación formal de la Mesa Estatal de Derecho a la Identidad, instancia que articulará acciones para fortalecer los procesos de registro, documentación e identificación de personas en contexto de movilidad.

El presídium estuvo integrado por la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza; el titular del Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Chiapas, Guillermo Nieto Arreola; el subsecretario de Movilidad Humana, Eduardo Antonio Castillejos Argüello; la directora general del Registro Civil del Estado de Chiapas, María Dolores Estrada Gordillo; Iliana Ordoñez Hernández, en representación de Jorge Wheatley Fernández, titular del Registro Nacional de Población; y Antonio Hazael Ruiz Ortega, coordinador para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. En el marco de este encuentro se presentó el diagnóstico regional para la instalación de la Mesa Estatal de Derecho a la Identidad de las

Personas en Contexto de Movilidad Humana en Chiapas, herramienta que permitirá orientar acciones y fortalecer la coordinación institucional para garantizar este derecho.

Asimismo, participaron representantes del Registro Civil, Registro Nacional de Población (Renapo), Instituto Nacional de Migración (INM), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Fondo de las Naciones

Unidas para la Infancia (Unicef ), consulados de México en Guatemala, El Salvador y Honduras, así como instituciones de los sectores salud, educación, academia y organizaciones de la sociedad civil.

Con esta acción, la Secretaría de la Frontera Sur refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas que coloquen en el centro a las personas, fortaleciendo el acceso a la identidad como un derecho que abre la puerta al ejercicio de todos los demás derechos.

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Viernes 31 de Julio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Tribunal tumba exclusividad para mujeres en presidencias municipales de Aguascalientes Dulce Rodríguez AGUASCALIENTES (apro)

E

l Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA) echó abajo el proyecto impulsado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) que pretendía establecer medidas de paridad mediante la reserva exclusiva de candidaturas femeninas en seis de los 11 municipios de la entidad (Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María y Rincón de Romos) de cara al proceso electoral 2026-2027.

La decisión fue aprobada por unanimidad durante una sesión pública en la que analizaron hasta diez medios de impugnación, promovidos por seis partidos políticos, dos presidentes municipales que aspiran a la reelección y un grupo de ciudadanos, quienes cuestionaron el criterio de “deuda histórica” al considerar que vulneraba la equidad en la contienda y la autoorganización de los partidos.

El proyecto original del IEE partía de un diagnóstico sobre los vacíos de representación femenina en diferentes demarcaciones del estado. Históricamente, en los municipios de Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María y Rincón de Romos nunca ha gobernado una mujer. Bajo el principio de progresividad y la dimensión expansiva de la paridad, los lineamientos buscaban obligar a los partidos políticos a postular exclusivamente a perfiles femeninos

en estos seis ayuntamientos.

Durante la discusión del tribunal local este jueves, las magistraturas señalaron que si bien la finalidad de la medida era legítima al intentar saldar esa deuda, el mecanismo de aplicación rebasó los límites de la facultad reglamentaria del IEE. El magistrado Óscar Montoya señaló que la restricción omitió considerar las realidades de competitividad de cada fuerza política.

“Un municipio puede representar una alta posibilidad de triunfo para una fuerza política y una posibilidad mínima para otra. Por ello, reservar determinados territorios no garantiza por sí mismo que las mujeres compitan en condiciones reales de igualdad”, apuntó.

Montoya aseguró que el fallo no representa un retroceso en la defensa de los derechos de las mujeres, sino una exigencia para que el IEE diseñe esquemas más eficaces, como el uso de bloques de competitividad basados en datos verificables, resultados electorales y posibilidades reales de triunfo.

En la misma línea, el magistrado Horacio López Castañeda subrayó que

Cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan De la Redacción Ciudad de México (apro)

Después meses de trabajos de inteligencia e investigación, fue detenido Ramón Ángel Álvarez Ayala, el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, informó Omar García Harfuch.

A través de sus redes sociales, el secretario de seguridad federal informó que el “R1” es el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas, vinculada al CJNG dedicada a la extorsión, homicidios y tráfico de droga en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

Con esta detención, suman ya 31 personas detenidas por el “cobarde” homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el primero de noviembre de 2025, resaltó Harfuch.

Ramón Ángel Álvarez Ayala, el “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos ManzoRamón Ángel Álvarez Ayala, el “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo — SSC Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la Presidenta Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación

la facultad del Instituto tiene límites y no puede crear restricciones que la ley y la Constitución no prevén. Citó criterios recientes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (aplicados recientemente en Jalisco, donde se determinó que la reserva de ayuntamientos excedía lo previsto en la legislación local).

Por su parte, la magistrada presidenta del tribunal, Laura Hortensia Llamas (quien fue militante del PAN y laboró en dependencias estatales antes de ocupar su cargo actual) aseguró que el IEE había excedido su ámbito de competencia al no justificar de manera suficiente la necesidad e indispensabilidad de la medida en los términos planteados.

Un fallo regresivo La resolución había sido esperada por personajes de todos los partidos, incluyendo los actuales presidentes municipales morenistas Erick Muro y Jorge Delgado, quienes gobiernan Rincón de Romos y El Llano, respectivamente.

Ambos están en su primer mandato, por lo que son aptos para reelegirse.

De haberse sostenido el acuerdo del

IEE, las candidaturas para mujeres lo habrían impedido.

Para el abogado experto en Sistema de Justicia Penal Acusatorio, derechos humanos y derecho constitucional, José Luis Eloy Morales Brand, la decisión del tribunal local constituye un revés que vulnera abiertamente el principio de progresividad constitucional.

En entrevista, el especialista cuestionó los argumentos sobre la autodeterminación partidista que sirvieron para echar abajo el proyecto, advirtiendo que los tribunales electorales no pueden anteponer la simulación de los partidos a derechos humanos ganados.

“Un tribunal no puede echar para atrás algo normativamente establecido y ganado en reconocimiento; y si un tribunal local interpreta de esa manera, está cometiendo una falta grave al violentar derechos fundamentales”.

Señaló además que en el terreno político e institucional de Aguascalientes, la paridad sigue operando bajo una lógica de simulación, donde los espacios de poder se otorgan por obligación legal.

“Solamente se ha maquillado, se ha hecho un fraude de etiquetas de hacer creer que se está cumpliendo con la paridad y simplemente se pone por cumplir con la ley, pero no por convicción.

Entonces ahora vamos nuevamente con los hombres… si la ley no lo establece, no lo van a cumplir; o sea, sólo se hacía por eso, no se hacía por convicción, por evolución social o cultural”.

Muere policía municipal en ataque a retén en Jonuta, Tabasco; hay dos detenidos Rodulfo Reyes VILLAHERMOSA, Tab., (apro)

y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“No habrá espacio para la impunidad”: Bedolla El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que no habrá espacio para la impunidad, tras la captura del “R1”: “Que quede claro: en nuestro estado no habrá espacio para la impunidad. Quien atente contra la tranquilidad de las y los michoacanos deberá enfrentar la acción de la justicia”.

La coordinación entre las fuerzas federales y estatales demuestra que, cuando se actúa con inteligencia, estrategia y firmeza, se avanza en la construcción de la paz.

Hoy mediante el trabajo conjunto y coordinado se logró la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, publicó el mandatario en sus redes.

Un policía municipal de Jonuta murió y otro resultó herido durante un ataque armado registrado la madrugada de este jueves contra un puesto de control instalado en esa localidad.

Las autoridades informaron la detención de dos presuntos responsables. Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:20 horas en el retén ubicado en el puente sobre el río Usumacinta, en la carretera JonutaVillahermosa, acceso a la cabecera municipal y vía de comunicación con el estado de Campeche.

La víctima fue identificada como Fidel Martínez Correa, de 55 años, quien recibió impactos de bala durante el enfrentamiento y falleció en el lugar. Otro elemento de la corporación resultó lesionado y fue trasladado a un hospital de la zona, donde se reporta estable.

De acuerdo con las primeras indagatorias, una de las líneas de investigación apunta a que el ataque pudo haber sido una represalia por el aseguramiento de armas y vehículos

realizado por la Policía Municipal la noche anterior.

Tras la agresión, las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo que derivó en la captura de dos personas presuntamente relacionadas con los hechos.

El ayuntamiento de Jonuta informó que tras el ataque se activaron los protocolos de seguridad y se solicitó la intervención de las autoridades competentes para el esclarecimiento del caso.

Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares y compañeros del agente fallecido, y refrendó su disposición para colaborar con las instituciones encargadas de la investigación.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) abrió la carpeta de investigación.

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Deuda de México rebasa los 19 billones de pesos, pero Hacienda dice que es manejable CIUDAD DE MÉXICO (apro)

Un problema que sigue creciendo

n medio de las preocupaciones por el crecimiento de la deuda pública, que al cierre del primer semestre de 2026 ya superó los 19 billones de pesos, y de los llamados cada vez más frecuentes para impulsar una reforma fiscal, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, aseguró a Proceso que el nivel de endeudamiento del país se mantiene “en niveles adecuados y manejables”.

De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública correspondiente al segundo trimestre de 2026, el saldo histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), considerado la medida más amplia de la deuda del país, rebasó los 19 billones de pesos al cierre de junio. Un año antes, en el mismo periodo de 2025, el saldo era de 17 billones de pesos.

Previo a la publicación de estas cifras, la calificadora Fitch Ratings expuso su preocupación por el aumento de la deuda de México y por las presiones que enfrentan las finanzas públicas, al considerar que el país requiere “una reforma fiscal”.

Pese a la postura de Hacienda, distintos centros de análisis consideran que la evolución de la deuda y de las finanzas públicas sigue siendo uno de los principales retos para el país.

Para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), preservar la calificación crediticia de México debe convertirse en una prioridad, ya que existen riesgos que recuerdan a los casos de Brasil y Colombia, economías que perdieron el grado de inversión y posteriormente enfrentaron mayores dificultades financieras.

Entre esos riesgos, el organismo identifica el bajo crecimiento económico y el deterioro de las finanzas públicas.

Como ejemplo, expuso que la deuda neta de México equivale a 54.2% del Producto Interno Bruto (PIB), el déficit presupuestario alcanza 4.4% del PIB y el crecimiento económico previsto para 2025 es de apenas 0.6%, factores que reducen el margen para fortalecer las finanzas públicas.

“Preservar la confianza de los mercados requiere finanzas públicas sostenibles”, remarcó el CIEP.

Camila Ayala Espinosa

E

“Es muy incierto cómo evolucionará el panorama fiscal. Y tenemos países como México, donde Pemex sigue siendo una fuente de presión. Así que la consolidación fiscal en el futuro se ve difícil. Tiene usted toda la razón al decir que estamos en un período de mayor carga de deuda”, expuso durante su conferencia anual el analista de Soberanos para las Américas de la calificadora, Shelly Shetty.

Para el secretario de Hacienda, el análisis no representa un motivo de preocupación. Sostuvo que, al comparar el endeudamiento con el tamaño de la economía, México mantiene una posición favorable frente a otros países con características similares e incluso frente a economías desarrolladas.

“Se encuentra en niveles adecuados (...) la deuda como proporción del PIB

El fiscal de EU que acusó a Rocha Moya es el nuevo jefe de Inteligencia de EU De la Redacción Ciudad de México (apro)

Jay Clayton, fiscal federal de EU a cargo del caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es el nuevo jefe de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

Clayton fue confirmado por el Senado el pasado martes por 51 votos a favor de la mayoría republicana y 47 en contra.

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados acusó formalmente de narcotráfico y de colusión con el Cártel de Sinaloa al morenista Rocha Moya y al senador del mismo partido, Enrique Inzunza, así como a otras ocho personas.

Ese día, como fiscal federal a cargo del caso, Clayton expuso que el encausamiento revela lo lógico en materia de narcocorrupción “que el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones del narcotráfico no podrían operar con efectividad y éxito sin la corrupción de políticos y agentes de la aplicación de la ley que se encuentran en su nómina de pagos”.

El Senado confirmó a Clayton designando así a un director permanente semanas después de que el presidente Donald Trump intentara retrasar su nominación.

Los republicanos esperaban inicialmente confirmar a Clayton en junio,

muestra que México está por debajo de muchas métricas promedio en economías en vías de desarrollo o economía avanzadas. Las variables macrofinancieras muestran no solo la confianza de analistas, sino de inversionistas por los activos financieros del país”, expuso a pregunta expresa de Proceso.

A petición del secretario de complementar la explicación para este medio sobre la situación de la deuda pública, la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, explicó que los países con la misma calificación crediticia que México (BBB) registran, en promedio, una deuda equivalente a 57% de su Producto Interno Bruto (PIB).

En contraste, señaló que en México la deuda pública representa 51% del PIB al cierre del segundo trimestre de 2026.

En medio del conflicto en la UNAM, la SEP presume la universidad creada por Sheinbaum Sara Pantoja CIUDAD DE MÉXICO (apro)

pero Trump pospuso su audiencia para permitir que su candidato interino, Bill Pulte, asumiera el cargo durante varias semanas tras la renuncia de la exdirectora Tulsi Gabbard.

Además de fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Clayton fue presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Los demócratas expresaron su preocupación por Clayton, quien perdió el apoyo bipartidista tras una polémica audiencia hace dos semanas en la que se negó repetidamente a afirmar que el expresidente Joe Biden ganó las elecciones de 2020, según reportó la agencia AP. Tras la votación, Trump elogió a Clayton en redes sociales: “Felicitaciones al gran Jay Clayton por su confirmación por el Senado de los Estados Unidos como el próximo Director de Inteligencia Nacional. Jay es excepcional en todos los sentidos y hará un trabajo espectacular como Director”, escribió en Truth Social.

En medio de la polémica por el examen de ingreso a la licenciatura de la UNAM -al que aplicaron poco más de 158 mil aspirantes-, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, presumió la entrega de cuatro mil reconocimientos a egresados de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) a quienes dijo que “la educación superior es hoy territorio del pueblo y no de unos cuantos privilegiados”.

En compañía de la rectora de la UNRC, Alma Herrera Márquez, aseguró que la Rosario Castellanos “forma parte fundamental de la estrategia para abrir más de 300 mil espacios en educación superior y lograr una república educadora, humanista y científica, donde la educación superior deje de ser un privilegio lejano, reservado para unos cuantos”.

En el evento, al que no fue convocada la prensa, el expresidente nacional de Morena destacó que la UNRC tiene una matrícula de 94 mil 260 estudiantes atendidos en 35 unidades académicas a nivel nacional. Y que en sus aulas “late la filosofía” de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

“Aquí se pone en el centro la responsabilidad social y el vínculo con la comunidad; se comprende el mundo para transformarlo y se aprende que la educación es fraternidad, porque todo aprendizaje ocurre con las y los otros, con la mirada puesta en el territorio y con el pulso de la historia”, afirmó.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció la UNRC y la Universidad Benito Juárez como alternativas de estudio para los aspirantes que no logren entrar a la UNAM. La UNRC tiene su antecedente en la administración de Sheinbaum Pardo en la Jefatura de Gobierno de la CDMX, donde ordenó su creación como alternativa de estudio para miles de jóvenes. Al iniciar su gobierno, instruyó que dicha universidad creciera a nivel nacional para apoyar en la meta sexenal de crear 300 mil espacios para estudiar la educación superior en el país.

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“Si hubiéramos querido censurar ya lo hubiéramos hecho”: Sheinbaum sobre lineamientos de derecho de las audiencias Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)

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Si hubiéramos querido censurar ya lo hubiéramos hecho porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal”, admitió la presidenta Claudia Sheinbaum ante las críticas por la censura que podrían implicar los lineamientos de “derecho de las audiencias” que propone el Ejecutivo Federal.

Afirmó que nunca ha habido más libertad de expresión que ahora y reprochó a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión que se queje de elementos que antes aprobó en los diálogos con el gobierno federal para delinear la ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

“Lo que está en los lineamientos está en la ley, eso tiene que quedar muy claro. La ley que se aprobó fue con el acuerdo de la CIRT, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión participó en las discusiones para la aprobación de la ley, estuvieron de acuerdo. Incluso se hicieron mesas de trabajo para modificar artículos para que pudiera salir una ley en donde hubiera un acuerdo básico con todos”.

“Ahora que salen los lineamientos dicen que hay censura, además, no se han publicado. Se ha publicado para consulta pública, todavía se pueden modificar si hay alguna discusión, pero ya salieron todos a decir que hay censura y que pretendemos censurar”, reprochó.

La mandataria mexicana se adjudicó que antes no se había tenido tanta libertad de expresión como ahora, tampoco mencionó que así fuera en el sexenio pasado.

“Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora, lo puedo asegu-

AP

Un testigo en la muerte de un mexicano a manos de un agente federal de inmigración en Houston fue liberado el miércoles de un centro de detención después de pasar varias semanas bajo custodia.

José Trinidad Rojas Pliego era uno de los tres hombres que viajaban el pasado 7 de julio en la camioneta que conducía Lorenzo Salgado Araujo cuando fue abatido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés). Salgado Araujo fue baleado después de que agentes federales a bordo de vehículos sin distintivos le marcaron el alto.

Rojas Pliego, de nacionalidad mexicana, ha cuestionado en documentos judiciales la versión del gobierno federal en relación al incidente, la cual ha calificado como una “mentira”.

Un juez federal ordenó esta semana la liberación de Rojas Pliego después de instruir previamente al gobierno que suspendiera su deportación.

Rojas Pliego ha vivido en Estados

La mandataria mexicana se adjudicó que antes no se había tenido tanta libertad de expresión como ahora, tampoco mencionó que así fuera en el sexenio pasado

rar, hay una televisora que 24 horas habla mal del gobierno. Hay radiodifusoras que pueden tener un programa medio plural, pero sus conductores o algún otro a hablar mal del gobierno, cuándo hemos buscado su censura, cuándo hemos pedido que se mueva a un conductor, a un opinólogo”.

La presidenta admitió también que la conferencia de prensa es utilizada para promover sus acciones de gobierno y manejó el mismo argumento que se ha criticado a quienes señalan censura en su propuesta: Que quien no esté de acuerdo con la mañanera que no la vea, sin señalar si se le aplicaría alguna multa cuando las afirmaciones en ese espacio resulten falsas.

“Pues que no la vean, tienen esa atribución ver o no ver la mañanera, nosotros tenemos un espacio para difundir los resultados del gobierno y las acciones como hoy (con el sargazo). La mañanera tiene una virtud, hablamos de manera directa (...) quien no quiera ver la mañanera pues que no vea la

mañanera”, dijo la jefa del Ejecutivo Mexicano.

La presidenta dijo que “muy distinto es que desde aquí digamos no estamos de acuerdo, hay detector de mentiras, es falso lo que publicaron, no estamos de acuerdo en lo que se está diciendo y aquí damos nuestra versión porque si no existiera la mañanera entonces no tendríamos derecho de réplica porque cuando uno le pide a un medio a pesar de que es ley que publique en el mismo tamaño o con el mismo tiempo una réplica no lo hace.

Entonces tenemos la mañanera para debatir, poner puntos de vista y para defender el proyecto de nación que representamos”.

Sin embargo, aseguró que “no hay censura, ni habrá censura porque es nuestra convicción (…) supuestamente queremos censurar de una ley que se discutió y estuvieron de acuerdo”.

Justificó que la propuesta de su administración se puso a consulta y no se ha tomado una decisión final.

“Ni siquiera se han aprobado y hay mesas de trabajo y hay personas que pueden opinar, pero censura jamás no estamos de acuerdo nosotros con ello” y aseguró que su gobierno cree en la libertad de expresión, porque por eso han luchado toda su vida.

“En la ley que se aprobó es para que las audiencias tengan el derecho constitucional a la información. El derecho de las audiencias no lo inventamos nosotros, se discute desde hace años en México, el senador Corral fue uno de los que en su momento lo defendió” y, dijo, la defendieron muchos periodistas”.

Admitió que se critica el tema de las multas, “eso venía desde la ley, pero está a consulta y quién aplica las multa en todo caso, eso está a consulta está a debate, desde el gobierno de ninguna manera, jamás, cómo creen vamos a querer censurar”.

Nunca, afirmó, van a censurar, al mismo tiempo que lanzó las preguntas: “TvAzteca, ¿cuándo lo hemos censurado? ¿o Aristegui cuándo la hemos censurado? o cualquier medio, díganme ustedes. Una cosa es que no estemos de acuerdo con lo que publiquen y aquí hacemos derecho de réplica y otra cosa muy distinta es lo que se hacía en el pasado, que se hablaba por teléfono con los dueños y se les decía corre a este conductor porque está hablando mal de mí o se les llamaba la oficina del coordinador de comunicación social, se les ofrecía recurso para que cambiaran su línea editorial. Nunca se ha hecho eso ni es la pretensión de los lineamientos”.

Testigo en la muerte de mexicano a manos del ICE en Houston es liberado de detención migratoria Unidos desde hace varias décadas, aunque no cuenta con estatus legal, según su hijastra Griselda Silva. Añadió que la familia no podía cubrir los honorarios legales para tratar de actualizar su estatus.

Más o menos al mismo tiempo en que Rojas Pliego salió del centro de detención, fiscales federales solicitaron suspender su liberación mientras se resuelve una apelación, argumentando que el fallo que el juez federal de distrito, Keith Ellison, emitió el lunes entraba en conflicto con las decisiones en otros casos de inmigración.

Con un dispositivo de rastreo en el tobillo, Rojas Pliego visitó un altar improvisado en conmemoración a su exjefe y aprovechó el momento para recordar el día en que el grupo fue seguido por agentes del ICE. “Íbamos al trabajo y le quitaron la vida a Lorenzo Salgado”, dijo en español, añadiendo que en lugar de proporcio-

narle primeros auxilios, los agentes lo esposaron y lo arrojaron al suelo.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus iniciales en inglés) declaró poco después del incidente que Salgado Araujo había “utilizado su vehículo como un arma en su intento por atropellar a un agente del ICE”, y que el agente había disparado en defensa propia. Pero Rojas Pliego y otro pasajero escribieron en declaraciones presentadas ante el tribunal que los agentes estaban a los costados de la camioneta, y nunca enfrente o detrás del vehículo.

Salgado Araujo, de 52 años y padre de tres hijos, había vivido en Estados Unidos desde hace 35 años y estaba cerca de obtener estatus legal, según su familia. No tenía antecedentes penales.

Su muerte es una de al menos 10 ocurridas durante operativos de control migratorio desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas del presidente

Donald Trump, y su fallecimiento ha desatado protestas generalizadas en Houston y llamados a una investigación independiente.

En el lugar del altar, Rojas Pliego puso una canción en su teléfono y le dijo a los reporteros que extrañaba a su jefe.

“Imagina cómo me siento. Conviví con él en el trabajo, en las buenas y en las malas”, señaló, agregando que era un “buen patrón”.

“Se te va a extrañar, mi amigo”, finalizó.

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Relator designado de la ONU advierte riesgos para la libertad de expresión por lineamientos de audiencias De la Redacción Ciudad de México (Tribuna)

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eopoldo Maldonado, Relator Especial designado por la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, advirtió que los nuevos Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias, que serán sometidos a consulta pública, plantean preocupaciones por el alcance de las facultades que otorgarían a la autoridad para intervenir en la evaluación de contenidos informativos.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, precisó que aunque asumirá formalmente el cargo internacional el próximo 1 de agosto, sus comentarios los hace en calidad de experto en libertad de expresión y con base en el análisis realizado durante su labor como director de la organización Artículo 19 para México, Centroamérica y el Caribe.

Explicó que la Artículo 19 prepara una serie de observaciones sobre el proyecto, aunque adelantó algunos de los principales puntos de preocupación.

Entre ellos, señaló la posibilidad de que una comisión reguladora determine qué información puede considerarse falsa o descontextualizada.

“No es recomendable, bajo ninguna circunstancia, que el Estado en su conjunto pueda determinar la veracidad de la información, menos lo es que, repito, sea un organismo sin estas condiciones de imparcialidad”, afirmó.

Indicó que el artículo 13 de los lineamientos incorpora conceptos amplios

De la Redacción Ciudad de México (apro)

En plena temporada vacacional de verano y mientras Quintana Roo enfrenta la mayor arribazón de sargazo proyectada para su litoral, con 119 mil toneladas estimadas para 2026, el equivalente al peso de casi cuatro mil tráileres de carga completamente llenos y por encima del récord de 96 mil toneladas registrado el año pasado, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó una estrategia con la que busca demostrar que la limpieza de las playas puede realizarse sin agravar otro problema que comienza a preocupar a las autoridades: la erosión costera.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, exhibió un video sobre el manejo del sargazo en un hotel de la Riviera Maya, donde se emplean barreras de contención, maquinaria especializada y un proceso para separar la arena del sargazo seco con el propósito de recuperarla y reincorporarla posteriormente a la duna costera.

El funcionario sostuvo que uno de los principales desafíos ya no consiste

como la falsedad de la información, la descontextualización o la presentación de información del pasado en el presente, cuyos alcances, dijo, no están claramente definidos.

Maldonado sostuvo además que el proyecto excede las facultades reglamentarias previstas en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Recordó que durante la discusión legislativa sobre los derechos de las audiencias nunca se planteó que estos pudieran utilizarse para restringir la libertad de expresión.

Explicó que tanto los tratados internacionales como la Constitución mexicana conciben la libertad de expresión como el derecho a buscar, difundir y recibir información, por lo que limitar cualquiera de esas dimensiones afecta también el derecho colectivo de las audiencias.

“Estos lineamientos le hacen un flaco favor a las audiencias para garantizar su derecho colectivo a recibir información, y más bien parece que se está encaminando a arrogarse por parte del Poder Ejecutivo una serie de facultades que no le da la ley”, señaló.

El especialista reconoció que los lineamientos sí prevén la existencia de

defensorías de las audiencias y códigos de ética en los medios de comunicación.

Sin embargo, consideró que la propuesta incorpora un procedimiento adicional que permitiría a quienes no queden conformes con la resolución de una defensoría acudir ante la comisión reguladora, instancia que incluso podría revisar la veracidad de la información y aplicar sanciones económicas.

De acuerdo con el proyecto, las multas podrían oscilar entre el 0.1% y el 1% de los ingresos acumulables anuales del concesionario de radio o televisión. Para Maldonado, ese esquema generaría un efecto inhibitorio desde su entrada en vigor.

“La mera vigencia de estos lineamientos va a trastocar la propia dinámica informativa y por supuesto va a generar un efecto de autocensura porque los concesionarios no se van a querer arriesgar a recibir este tipo de multas”, sostuvo.

Añadió que no sería necesario que existiera una sanción concreta contra un periodista o un medio para que se produjera ese efecto, pues la sola posibilidad de ser objeto de procedimientos y multas modificaría la manera en que se desarrolla la actividad informativa.

También se refirió a las comparaciones que hizo previamente con regula-

ciones existentes en otros países. “Por lo menos lo que se tiene documentado son este tipo de regulaciones en esos países”, respondió al ser cuestionado sobre referencias a naciones como Nicaragua, Cuba, Tailandia e India.

Al explicar el caso de Nicaragua, señaló que diversas reformas impulsadas por el gobierno de Daniel Ortega han permitido al Estado intervenir en el control de la información mediante disposiciones relacionadas con propaganda extranjera, terrorismo o sedición.

A su juicio, el elemento de fondo es la capacidad que se otorga a un organismo del Poder Ejecutivo para revisar y regular contenidos en radio y televisión.

“En el fondo está eso, la capacidad que se le está dando en este caso a un organismo del Ejecutivo de regular y revisar y hacer auditoría de contenidos en radio y televisión”, dijo.

Maldonado subrayó que esta discusión se refiere específicamente a los medios concesionados y la distinguió del debate internacional sobre la regulación de plataformas digitales y redes sociales, donde, indicó, continúa la discusión sobre los modelos regulatorios, procurando que no impliquen control sobre los contenidos.

Advirtió que la experiencia internacional muestra que regulaciones justificadas con objetivos como el combate al terrorismo, la seguridad nacional o la protección de las infancias pueden terminar afectando el flujo de información y generando efectos inhibitorios sobre la libertad de expresión, al instrumentalizar fines legítimos para restringir ese derecho. Información Aristegui Noticias.

Fonatur presume estrategia contra sargazo mientras se estima una amenaza de 119 mil toneladas únicamente en retirar la macroalga del litoral, sino en evitar que las labores de limpieza extraigan también grandes cantidades de arena, lo que acelera la erosión de las playas.

Por ello, explicó, la presidenta instruyó a Fonatur a documentar las mejores prácticas aplicadas por hoteles de la Riviera Maya para replicarlas en otros puntos del Caribe mexicano y establecer criterios comunes para el manejo del sargazo.

Ramírez Mendoza reconoció que diversos complejos hoteleros ya aplican métodos para reducir el impacto ambiental de la recolección y anunció que Fonatur buscará coordinar esos esfuerzos con el sector turístico como parte de una estrategia integral.

El plan contempla además la instalación de cuatro sitios de disposición final del sargazo en Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Marina, el gobierno estatal y empresarios turísticos. Estos espacios contarán con geomembranas e infraestructura especializada para el manejo del ma-

terial recolectado.

Asimismo, Fonatur impulsa, junto con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proyectos para aprovechar el sargazo mediante su transformación en biofertilizantes, biocarbón y biogás, con el objetivo de incorporarlo a un esquema de economía circular.

El anuncio se produce en medio de una de las temporadas más severas de sargazo registradas en el Caribe mexicano. Playas de destinos como Tulum, Puerto Morelos, Cancún y Playa del Carmen han registrado extensas acumulaciones de la macroalga, mientras autoridades, prestadores de servicios turísticos e investigadores advierten sobre sus efectos en la actividad turística, los ecosistemas costeros y la infraestructura destinada a contener el fenómeno.

En ese contexto, el mensaje de Fonatur marca un cambio de enfoque.

Además de retirar el sargazo, el gobier-

no federal reconoce que las propias labores de limpieza pueden acelerar la pérdida de arena y el deterioro de las playas, por lo que ahora plantea reducir ese impacto mediante técnicas de recuperación del sedimento y un manejo integral del material recolectado.

La estrategia fue presentada cuando la temporada de arribazones atraviesa uno de sus momentos de mayor intensidad y con miles de toneladas aún previstas para llegar a las costas de Quintana Roo durante las próximas semanas, por lo que su eficacia comenzará a ponerse a prueba en el periodo de mayor presión para las playas y la infraestructura turística del Caribe mexicano.

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Cae la “Ley Serrano” tras meses de acometidas contra la libertad de expresión en San Luis Potosí María José Puente Zavala Ciudad de México (Cimacnoticias)

E

l Congreso de San Luis Potosí derogó las disposiciones conocidas como «Ley Serrano», una reforma al Código Penal que fue cuestionada por su impacto en la libertad de expresión.

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó derogar el artículo 187 TER, así como el Capítulo V sobre «Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social», con sus artículos 272 BIS y 272 TER, del Código Penal local.

El dictamen con proyecto de decreto fue el único para el que se convocó a sesión extraordinaria del Pleno este jueves y puso fin a la denominada “Ley Serrano”, propuesta por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Héctor Serrano Cortés, hace apenas nueve meses.

Mientras que en noviembre de 2025 reunió 18 votos a favor, hoy fue derogada con 22, tras el anuncio y la presentación de una iniciativa del propio gobernador Ricardo Gallardo Cardona, otrora su principal impulsor; una de la diputada Gabriela Torres, de Morena; y dos de origen ciudadano.

Los diputados Carlos Arreola, José Roberto García y Luis Emilio Rosas, de Morena; Luis Felipe Castro, Luis Fernando Gámez, Roxana Hernández, César Arturo Lara, Gabriela Guadalupe Martínez, María Dolores Robles, Dulcelina Sánchez, Brisseire Sánchez y Héctor Serrano, del PVEM; Crisógono Pérez, de Nueva Alianza; así como Tomás Zavala y Leticia Vázquez, del PT se vieron obligados a revertir una reforma que, en su momento, aprobaron pese a las advertencias de organizaciones locales, nacionales e internacionales de la sociedad civil en torno los impactos que tendría para el ejercicio de la libertad de expresión.

¿Por qué se aprobó y por qué se revirtió la “Ley Serrano?

En octubre de 2025, en medios de comunicación locales y en redes sociales, circularon dos videos en los que se relacionaba al gobernador Ricardo Gallardo Cardona con grupos de crimen organizado.

Interrogado por ello, el mandatario no sólo negó el señalamiento, sino que aseguró que esos materiales fueron elaborados con inteligencia artificial para dañar su reputación, una narrativa que se replicó desde otras dependencias del gobierno estatal como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El gobernador también pidió al Congreso del Estado, cuya mayoría suele controlar, elaborar una legislación para castigar con cárcel a quienes realizaran contenidos similares y también a quienes los difundie-

ran, una petición que cobró forma a principios de noviembre, cuando el diputado Héctor Serrano Cortés, coordinador de la bancada del PVEM, presentó una iniciativa para castigar hasta con seis años de cárcel el “uso indebido de la inteligencia artificial”.

La iniciativa propuso crear 3 delitos: Artículo 187 TER. Uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial. Un delito que comete quien, sin consentimiento previo, expreso, específico e informado de la persona a la que corresponda la imagen, la voz o la identidad digital, utilice sistemas de inteligencia artificial o programas automatizados para crear, reproducir, modificar, manipular o difundir contenidos que simulen la apariencia, la voz, los gestos o la identidad de una persona real.

Artículo 272 TER. Manipulación institucional mediante inteligencia artificial. Un delito que comete quien, a sabiendas de su falsedad y con la finalidad directa de alterar la confianza pública en las instituciones o poner en riesgo verificable la seguridad del Estado, genere, modifique o difunda, mediante sistemas de inteligencia artificial, contenidos digitales que simulen de manera verosímil declaraciones, comunicados o actuaciones de autoridades, instituciones públicas y cuerpos de seguridad.

Artículo 272 BIS. Difusión dolosa de desinformación generada mediante inteligencia artificial. Un delito que comete quien, de manera dolosa y con el propósito directo de generar alarma pública o alterar la paz social, fabrique, modifique o difunda, mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial, contenidos falsos o manipulados que se presenten como reales, y que sean idóneos para producir un riesgo verificable a la paz pública o a la seguridad de las personas”.

Antes y después de que fuera aprobada, la organización Artículo 19 advirtió que la redacción de los tres nuevos artículos era peligrosamente amplia y ambigua y que podría significar un riesgo, no solo para el ejercicio periodístico crítico, sino para la libertad de expresión y los derechos

digitales de todas las personas.

Esa preocupación se materializó en mayo de 2026, cuando fueron detenidas Eréndira Reyes, comunicadora y Alejandra Hermosillo, funcionaria pública en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, ambas acusadas de haber difundido una imagen creada con inteligencia artificial en la que se mostraba a la senadora Ruth González, esposa del gobernador, Ricardo Gallardo, con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

A la par, trascendió la apertura de carpetas de investigación en contra de al menos otras nueve personas, entre periodistas, activistas e incluso integrantes de la estructura de partidos políticos en la entidad, por la probable comisión de delitos similares, particularmente la difusión de aquel video que incomodó al gobernador Gallardo en octubre de 2025.

También fue detenido el comunicador Christian Herrera, en Ciudad Valles, acusado de haber realizado una publicación en la cuenta de su portal en redes sociales en la que invitaba a sus seguidores a enviarle denuncias por abusos cometidos por parte de integrantes de la Guardia Civil Estatal.

En este caso, las versiones de la autoridad se contrapusieron sobre los delitos imputados. Mientras que la Fiscalía General del Estado informó que le detuvieron por usurpación de funciones, el titular de la Secretaría de Seguridad declaró que le acusó de cometer el delito de halconeo.

Esa ambigüedad en el discurso oficial para establecer los motivos de las detenciones ha sido, en todo momento, el factor clave de la narrativa para impulsar, implementar y ahora derogar la reforma.

Tras poco más de un mes privadas de la libertad, las tres personas detenidas fueron liberadas, no sin antes ser obligadas a suscribir acuerdos para reparar daños a quienes les denunciaron (todos funcionarios públicos cercanos al gobierno estatal); y ante el alcance de la controversia, el pasado 16 de julio, el Gobierno de San Luis Potosí anunció que la denominada “Ley Serrano” sería derogada.

Vendrá una nueva reforma para

regular el uso de inteligencia artificial en San Luis Potosí El 16 de julio, el Gobierno de San Luis Potosí organizó el Primer Encuentro Estatal por la Innovación, Derechos Humanos e Inteligencia Artificial, un evento en el el gobernador Ricardo Gallardo anunció que presentaría una reforma para que el Congreso derogara “la mal llamada Ley Serrano”.

En dicho foro, al que solo fueron convocados algunos funcionarios públicos, personajes políticos, académicos y representaciones de las empresas de medios de comunicación, el mandatario estatal se resistió a reconocer error alguno en el impulso a la reforma y, por el contrario, aseguró que su interés estaba puesto en proteger la dignidad humana.

Además, adelantó que se realizarían nuevos foros a partir de los cuales será redactada una nueva iniciativa de reforma.

El dictamen aprobado este jueves en el Congreso del Estado consta de tres artículos transitorios, uno de los cuales replica la indicación del titular del Poder Ejecutivo: será diseñada una nueva reforma en materia de inteligencia artificial.

El documento establece que próximamente, se realizará un proceso de Parlamento Abierto en el que se “propiciará la realización de mecanismos de deliberación plural, abierta, técnica y participativa, que permitan la intervención de instituciones académicas, especialistas, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, sectores productivos y demás personas interesadas”.

Voces Libres: derogar la «Ley Serrano» no borra sus consecuencias La organización Voces Libres sostuvo que, aunque la derogación de la llamada «Ley Serrano» representa un paso necesario para restablecer el orden constitucional, no elimina las afectaciones que provocó durante el tiempo que estuvo vigente.

En un posicionamiento público, recordó que la reforma aprobada en noviembre de 2025 dio origen a investigaciones penales, personas privadas de la libertad y procesos contra periodistas, comunicadores y creadores de contenido, además de generar un clima de incertidumbre y autocensura.

También señaló que la legislación fue cuestionada por especialistas, organizaciones de derechos humanos y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que vulneraba derechos fundamentales.

Para la organización, el debate nunca se limitó al uso de la inteligencia artificial, sino a los límites del poder punitivo del Estado frente al ejercicio de la libertad de expresión, la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

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EL EXAMEN DE LA UNAM Y LA IA

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a inteligencia artificial no falló en la UNAM. Falló quien la administró. El matiz parece menor. No lo es. Define quién responde, quién merece protección y quién debe decidir. La Comisión Técnica delibera sin plazo.

Los juzgados de distrito no esperan.

Ahí se incuba el siguiente capítulo. Sostengo dos tesis que se complementan.

Primera: a una falla administrativa se responde con administración, oportuna y con responsables de nombre y apellido. Segunda: si esa respuesta no llega o llega mal, el amparo procede contra la Universidad, y la jurisprudencia acaba de girar a favor de los aspirantes. Veamos.

Primero. Los hechos no describen un accidente. Describen una falla de diseño. La Universidad aplicó por primera vez su examen de ingreso en modalidad remota, vigilado por inteligencia artificial, a unos 167 mil aspirantes.

Meses antes defendió el modelo: seguridad, supervisión humana, confiabilidad. Los resultados dicen otra cosa.

Análisis independientes, con datos de la propia administración escolar, documentaron 14 puntajes perfectos de 120 aciertos, la cifra más alta con registro comparable, nueve en Médico Cirujano. Antes de la aplicación circularon en redes los métodos para burlarla: un segundo teléfono, una videollamada.

Un estudio estima que cerca de cinco mil aspirantes competitivos quedaron fuera por ese desplazamiento.

Aquí aparece el primer principio.

Quien diseña un sistema de evaluación, responde por él. Quien lo contrata, responde. Quien lo certifica como seguro, responde dos veces. La delegación tecnológica no transfiere el riesgo al sustentante. Si el modelo era seguro y lo venció un teléfono adicional, la primera pregunta no es qué hicieron los aspirantes. Es qué dejó de hacer la administración universitaria. Qué evaluación de riesgos precedió a la contratación. Qué pruebas de vulneración se practicaron. Qué protocolos existían el día de la aplicación. Ninguna de esas preguntas es política. Todas son administrativas. Todas tienen respuesta documental: contratos, dictámenes, bitácoras. La buena administración no es acertar siempre. Es prever, verificar y responder a tiempo.

De ahí deriva una regla de método: investigar no es decidir. Investigar explica. Decidir resuelve. La Comisión Técnica, presidida por un investigador emérito, puede reconstruir hechos, oír peritos, recomendar. Esa función vale. Pero las decisiones ejecutivas no son suyas: revisar el contrato, corregir vulnerabilidades, dar certeza a los aspirantes de buena fe antes del ciclo escolar, deslindar responsabilidades.

Todo eso corresponde hoy a la Rectoría y a las instancias que la Legislación Universitaria señala. Una comisión complementa. No sustituye. No suspende. El tiempo administrativo no es neutro. Corre contra los aspirantes,

Ernesto Villanueva nunca contra la burocracia.

Conviene decir lo que la crítica seria no debe callar. El rector Leonardo Lomelí es un universitario de trayectoria limpia. Sus prendas intelectuales y morales no están en juicio. Reconocerlo no es cortesía: es precisión que acota el problema. La falla no está en la persona del rector ni en la Universidad como institución. Está en un eslabón concreto: la contratación y supervisión de una plataforma. Ahí debe concentrarse la revisión y el deslinde. A Lomelí le tocó la primera crisis de gobernanza algorítmica de la historia universitaria. Merece solidaridad para decidir con la ley en la mano. Criticar el eslabón fallido es defender a la institución, no golpearla.

La objeción es evidente: si las omisiones vienen de la propia estructura, la revisión interna arriesga ser juez y parte. La salida no es la arena política, donde las culpas se diluyen. Son tres garantías verificables: independencia real de quienes revisan, publicidad íntegra del informe y de los contratos, y deslinde casuístico: quien debía prevenir asume las consecuencias. La rendición de cuentas señala responsables concretos. La culpa difusa no fortalece nada.

Segundo. Frente a los aspirantes rige un principio elemental del Estado constitucional: la responsabilidad es individual, nunca colectiva. Miles de jóvenes confiaron en la Universidad.

Con razón: ella organizó el procedimiento, ella lo certificó. La inmensa mayoría actuó de buena fe. Ninguno controlaba la tecnología del sistema.

Cualquier medida que los afecte debe superar tres exigencias.

La primera es la convocatoria. El concurso se rige por sus bases: norma del procedimiento y parámetro de la confianza legítima. Ninguna cancelación puede fundarse en causales que las bases no prevén. Toda cancelación individual exige motivación concreta y audiencia previa. La seguridad jurídica no es un tecnicismo: las reglas anunciadas antes del examen deben ser las mismas después de los resultados. Cambiarlas al conocer los puntajes no es corregir. Es defraudar la confianza convocada.

La segunda es la prueba. Encierra la regla que los jueces deberán fijar en este caso: la anomalía estadística agregada acredita la falla del sistema, nunca la conducta del individuo. La estadística señala el dónde. No señala el quién. Anular por inferencia colectiva invierte la carga de la prueba y sanciona sin acreditar. Quien hizo trampa debe responder, sí, pero con evidencia individualizada y suficiente.

La tercera es la proporcionalidad, anclada en el derecho a la educación del artículo 3o constitucional. Anulaciones masivas o reposiciones indiscriminadas castigarían a quienes el procedimiento debía proteger. El derecho no conoce castigos por avalancha.

La Corte ya marcó la orientación: en el amparo en revisión 526/2025, el Pleno

sostuvo que las reglas universitarias no deben volverse obstáculo desproporcionado al acceso o la permanencia, y ordenó restituir derechos académicos.

Estas exigencias ordenan a los quejosos en cuatro supuestos de fuerza decreciente. El más sólido: el examen presentado que se cancela sin procedimiento. Interés jurídico directo y dos violaciones a la vista: la audiencia del artículo 14 y la motivación del artículo 16 si la cancelación descansa en estadística. El segundo: la omisión. El amparo procede contra el silencio ante las solicitudes de revisión, vía de presión inmediata. El tercero es preventivo: ante una anulación general, los seleccionados de buena fe tendrían interés jurídico contra la privación retroactiva del lugar obtenido, con la irretroactividad y la confianza legítima como escudos. El cuarto es el más novedoso: los desplazados por la inflación fraudulenta de puntajes. No tienen derecho a un lugar. Tienen interés legítimo: el Estado incumplió su deber de organizar el acceso en igualdad. Su agravio no es haber perdido. Es haber competido en una cancha inclinada que la autoridad debía nivelar. Nivelarla no es dádiva. Es obligación constitucional.

Queda un frente que nadie discute.

La vigilancia implicó datos biométricos y videograbaciones de 167 mil personas, muchas menores de edad.

La UNAM es sujeto obligado en protección de datos: debe transparentar la evaluación de impacto, quién resguarda las grabaciones, por cuánto tiempo y con qué fines. Sobre todo si pretende usarlas como prueba de cargo. Esos datos no son botín probatorio. Son responsabilidad jurídica. La transparencia que se exigió al sustentante se le debe, con mayor razón, a la institución.

Tercero. Queda la premisa que sostiene todo: la UNAM es autoridad para efectos del amparo. La Primera Sala lo fijó en la 1a./J. 119/2017: la autonomía es garantía institucional del derecho a la educación superior y no puede usarse para restringirlo. La Segunda Sala lo dijo antes, en la 2a./J. 12/2002: desincorporar derechos de una persona es acto de autoridad impugnable. Órgano del Estado. Imperio. Supra a subordinación.

Durante dos décadas rigió un muro: la contradicción de tesis 37/2005-SS, sobre la Universidad de Guadalajara, sostuvo que no admitir a un aspirante reprobado no es acto impugnable: mera expectativa, relación de coordinación. Ese muro acaba de agrietarse. El Pleno, en el recurso de queja 1/2026 del 21 de abril de 2026, revocó

el desechamiento de la demanda de una aspirante indígena excluida de la admisión en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, calificó de incorrecto el criterio anterior y ordenó admitirla: lo decisivo es la materialidad de los actos y sus efectos.

Hay que decirlo: el giro de la Corte merece reconocimiento. Tiene una atendible vocación social. Rompe una ficción que duró demasiado: la autonomía entendida como soberanía, un recinto donde, por diseño político, el juez constitucional no podía entrar aunque adentro se lesionaran derechos fundamentales. La autonomía del artículo 3o, fracción VII, nunca fue eso: es garantía para enseñar e investigar sin injerencias, no territorio exento de Constitución. Ninguna lesión a derechos queda fuera del control judicial por el prestigio de quien la causa. Aun bajo la línea antigua, los supuestos fuertes sobreviven: no reclaman una expectativa sino la desincorporación de lo ya constituido, el examen que se cancela, el lugar que se retira. Núcleo de la 2a./J. 12/2002.

La vía es el amparo indirecto, ante juez de distrito, conforme al artículo 107, fracción II, en el plazo general de quince días. Conforme al artículo 19, el plazo sólo corre en días hábiles, y no lo son aquellos en que el órgano suspende labores. El primer periodo vacacional del Poder Judicial de la Federación corre justo ahora: el receso detiene el cómputo y nadie pierde su término.

Agosto abrirá con juzgados de vuelta y demandas acumuladas. La definitividad no estorba cuando el acto carece de fundamentación o cuando sólo se alegan violaciones directas a la Constitución, y aquí ambas están abiertas.

La reforma a la Ley de Amparo del 16 de octubre de 2025 conservó el interés legítimo pero lo endureció: el nuevo artículo 5o, fracción I, exige afectación real y actual, directa o por especial situación frente al orden jurídico, proscribe el interés simple y reclama un beneficio cierto, no hipotético. Para el desplazado, la afectación es real y actual: quedó fuera del ciclo por comenzar. Su beneficio es cierto: depurar el fraude libera lugares por prelación. La reforma también restringió la suspensión, que es la batalla real: sin ella, el amparo llega cuando el ciclo ya corrió. La apariencia del buen derecho favorece al cancelado sin audiencia; la orientación restitutoria del Pleno anuncia jueces poco dispuestos a dejar que la falla se consume.

Una advertencia: contra lo que la Comisión decida mañana no hay amparo hoy, los actos futuros e inciertos no se reclaman. Lo litigable hoy: cancelaciones ejecutadas, omisiones y el destino de los datos biométricos. Quien lo litigue litigará el primer gran caso mexicano de vigilancia algorítmica.

Los jueces no resolverán sólo unos exámenes: fijarán el estándar de responsabilidad del Estado cuando delega en una máquina la garantía de un derecho fundamental.

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

L

a misma semana en que la Secretaría de Educación Pública instruyó a las autoridades educativas del país eliminar cualquier denominación “militarizada” o “castrense” de las instituciones de nivel medio superior, en Tuxtla Gutiérrez un grupo de padres de familia denunciaba ante la Fiscalía General del Estado que sus hijos, alumnos de nuevo ingreso en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, habían sido sometidos a trabajo forzado en el campo, privados de alimento y agua, e impedidos de dormir durante cuatro días. Una de las jóvenes, de apenas 17 años, terminó hospitalizada por insuficiencia renal aguda. El contraste no podría ser más elocuente: mientras la federación redacta circulares sobre el “derecho a la formación educativa libre de toda expresión de violencia”, en Chiapas ese derecho se sigue violando a pedradas, en la intemperie de un campo de cultivo.

Conviene no perder de vista que Mactumactzá no es un caso aislado ni nuevo. La institución arrastra un historial de novatadas que en 2017 y 2018 ya habían costado la vida a estudiantes de nuevo ingreso, y sobre el cual esta ha llamado la atención en más de una ocasión. Que el patrón se repita casi una década después no habla de un exceso puntual, sino de una tolerancia institucional que las autoridades educativas estatales prefieren nombrar como “omisión” antes que como responsabilidad directa. El fiscal general aseguró que “no habrá impunidad” y anunció un equipo multidisciplinario para las

A

stuta es la presidenta municipal de Morena en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: Fabiola Ricci

Diestel.

El martes 28 de julio, en un vuelo que se retrasó y que por fin despegó a las 11:40 de la noche, viajó a la Ciudad de México. Iba acompañada de su hija y de su esposo, Héctor de León.

Pero como ya es costumbre, para engañar y cubrir sus ausencias, deja material videograbado. Con eso hace creer que sigue en el municipio, “trabajando intensamente”.

Ayer publicó que inauguraba obras aquí y allá. En la ciudad y en comunidades. Posó. Envió mensajes. Mentiras.

La verdad es otra: se fue a echar grilla al centro del país. Se fue a buscar a personajes de la política nacional. A pedir la bendición. Su objetivo: REELEGIRSE. Y con eso, continuar con el saqueo de recursos públicos.

Lo hace como lo hace la delincuencia organizada. Y lo hace

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FILIPICAS Paco Ramírez

Mactumactzá y el espejismo de la “educación humanista”

carpetas de investigación; habrá que exigir que esa promesa no se archive junto con las de 2017.

Es aquí donde el discurso nacional se vuelve, más que un consuelo, un espejo incómodo.

La circular de la SEP —surgida tras el presunto feminicidio de la adolescente Dafne Zapata en una academia militarizada de Tamaulipas— insiste en que la llamada Nueva Escuela Mexicana “impulsa una educación humanista” que resuelve diferencias mediante el diálogo y protege “el interés superior de niñas, niños y adolescentes”. Son palabras necesarias, pero suenan huecas cuando en

Chiapas la prensa documenta, con nombres y carpetas de investigación abiertas, que la violencia formativa no depende de si una escuela se llama “militarizada”: basta con que una tradición de abuso se sostenga por inercia y opacidad. El problema no es de nomenclatura, es de vigilancia real sobre lo que ocurre puertas adentro de los planteles.

La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, respondió esta semana a las críticas por la nueva ley de telecomunicaciones y su “derecho de las audiencias”, negando que exista un ánimo censor y remitiendo

TUNANTE Francisco Ruiz Zuart.

acompañada: mamá, papá, hermanas, hermano y familia de primero y segundo grado. ¿Y cómo se comprueba fácil que

no estaba en el municipio? * Ayer 29 de julio, en la cabecera de Pantelhó, el gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar encabe-

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el tema a consulta pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. También ofreció, ante el conflicto por el examen de admisión a la UNAM, las universidades Rosario Castellanos y Benito Juárez como alternativas “de gran calidad” para los jóvenes que no logren un lugar en la máxima casa de estudios.

Son declaraciones de gestión, propias de una administración que busca proyectar apertura y alternativas. Pero la prueba de esa apertura no se mide en foros de consulta ni en universidades sustitutas: se mide en si la Fiscalía de Chiapas logra, esta vez, deslindar responsabilidades penales entre quienes en Mactumactzá cambiaron formación por tortura. Amen de todo esto, muchos maestros y normalistas consideran que las escuelas rurales deben funcionar porque son las únicas instituciones educativas que dan cabida a estudiantes para lograr la carrera de maestros de educación, argumentando que como son hijos de campesinos no tienen el recurso económico para sostener la carrera en una escuela particular, y las escuelas normales de gobierno están saturadas y suelen ser recomendados los que logran ingresar. Puede ser valida esta reflexión como otras, aquí no se cuestiona el objetivo de las escuelas rurales, sino la forma y el actuar de los jóvenes que propician las novatadas. Las autoridades deben investigar no con el afán de tomar como pretexto para cerrar las escuelas sin argumentos validos, pero de encontrar pruebas fehacientes que se cometen irregularidades tendrán que aplicar la ley.

zó la MESA DE PAZ. Estuvo con su gabinete de seguridad y con mandos federales.

A Fabiola Ricci Diestel le tocaba estar ahí. Preside la Mesa de Seguridad de la Región Altos. No fue.

Estaba en la Ciudad de México.

Esos eventos no se los pierde. Y siempre se retrata. Para luego presumir poder y relaciones. * Ayer también, en San Cristóbal, se hizo el relevo del jefe de la Guardia Nacional en la región.

Como máxima autoridad civil, la invitaron. No se presentó. Porque estaba en la Ciudad de México.

Ni siquiera mandó al regidor Sergio Natarén o al síndico Jorge A. Ruiz Hernández como representante. Desairó a la Guardia Nacional.

No le importa. Ella se siente la muñequita del pastel del gobernador OERA. ¡Ah! Y cuando Fabiola Ricci Diestel y su esposo Héctor de León se ausentan, ¿a quién dejan encargado de los negocios municipales? ¿A quién nombran para coordinar y resolver los asuntos en LA GRANJA?

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CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

EL ESTADO QUE DECIDE TRANSITAR DEBERA DE PREGUNTARSE QUÉ CAPACIDADES NECESITA (VIII DE VIII) Carlos Perola Burguete*

Estado, soberanía estratégica y transición del orden mundial

T

El Estado que decide transitar odo orden internacional contiene una promesa de estabilidad.

También contiene, silenciosamente, las condiciones de su propia transformación. Durante buena parte de las últimas décadas, el sistema surgido al finalizar la Guerra Fría permitió a numerosos países organizar sus estrategias de desarrollo bajo la premisa de que la apertura económica, la integración comercial y la expansión de los mercados constituían el horizonte relativamente permanente de la economía mundial. México construyó buena parte de su inserción internacional dentro de ese contexto, y los resultados obtenidos en materia manufacturera, exportadora e integración con América del Norte forman parte de esa historia.

Sin embargo, ninguna arquitectura internacional permanece inalterable.

La emergencia de China como potencia industrial, tecnológica y financiera; la recuperación de la política industrial por parte de Estados Unidos; la redefinición estratégica de Europa; la competencia por el dominio de las tecnologías críticas; la reorganización de las cadenas globales de valor y el desplazamiento del eje económico hacia Asia anuncian una transformación cuyo significado rebasa ampliamente la disputa entre dos grandes potencias. Lo que está cambiando no es únicamente la distribución del poder.

Está cambiando la forma misma en que los Estados producen, compiten, cooperan y construyen capacidades nacionales. Ésa ha sido la hipótesis que recorrió este ensayo.

Cada transición del orden mundial modifica también la naturaleza del Estado. Las capacidades que resultaban suficientes para un periodo histórico dejan de serlo cuando cambian las condiciones sobre las cuales se organiza el poder internacional. Los Estados que reconocen esa transformación revisan sus instituciones, reorganizan sus prioridades y construyen nuevas capacidades. Los que no lo hacen pueden conservar durante algún tiempo sus indicadores de estabilidad, pero comienzan a perder capacidad para influir en el mundo que está naciendo.

Desde esa perspectiva, el ascenso de China no constituye solamente el crecimiento extraordinario de una economía nacional. Representa el acontecimiento que obligó a revisar categorías que durante décadas parecían indiscutibles. La discusión dejó de girar alrededor de oposiciones simples entre Estado y mercado, planificación y apertura o capitalismo y socialismo.

La experiencia china mostró que la cuestión decisiva no radica en esas dicotomías, sino en la capacidad de un

Estado para organizar, durante largos periodos, procesos acumulativos de aprendizaje tecnológico, desarrollo científico, fortalecimiento institucional y transformación productiva.

La consecuencia fue aún más profunda. La reacción estadounidense confirmó que el cambio no pertenecía exclusivamente a China. Cuando la principal economía del mundo recupera políticas industriales, subsidios estratégicos y mecanismos de protección tecnológica, queda claro que el sistema internacional ha entrado en otra etapa. El regreso del Estado como constructor de capacidades dejó de ser una excepción. Comenzó a convertirse en uno de los rasgos centrales del nuevo orden.

Es precisamente en ese escenario donde adquiere sentido la categoría de las relaciones triangulares. La competencia entre Washington y Beijing transformó el espacio estratégico dentro del cual actúa México. La relación dejó de ser la suma de dos vínculos bilaterales para convertirse en una estructura donde las decisiones de cada actor modifican los márgenes de decisión de los otros. Enrique Dussel Peters aporta una contribución decisiva al identificar esa nueva geometría internacional. Sin embargo, el verdadero alcance de esa transformación aparece cuando la pregunta deja de formularse sobre las potencias y comienza a formularse sobre el Estado mexicano.

Porque la cuestión decisiva ya no consiste en describir el triángulo.

Consiste en preguntarse qué capacidades necesita un Estado para actuar con libertad relativa dentro de él.

Desde ahí adquiere pleno sentido el concepto de soberanía estratégica desarrollado en estas páginas. La soberanía deja de ser únicamente una condición jurídica para convertirse en una capacidad histórica. No expresa el aislamiento frente al mundo, sino la posibilidad efectiva de ampliar los márgenes nacionales de decisión mediante la acumulación sostenida de capacidades productivas, científicas, tecnológicas, energéticas, alimentarias, institucionales y territoriales. La

política industrial, la innovación, la infraestructura, la educación superior, la organización del territorio, la seguridad energética, la soberanía alimentaria y la articulación entre Estado, universidades, empresas y sociedad dejan entonces de ser políticas sectoriales. Forman parte de una misma arquitectura estratégica.

Pero esa arquitectura tampoco se agota dentro de las fronteras nacionales.

Un Estado que madura sus capacidades internas comienza también a proyectarlas hacia el exterior. Comprende que la política exterior no puede reducirse a la administración de relaciones diplomáticas. Se convierte en la prolongación internacional de un proyecto nacional. Desde esa perspectiva, América Latina deja de representar únicamente una referencia histórica o cultural para convertirse en una dimensión estratégica mediante la cual México puede ampliar sus capacidades de negociación, cooperación científica, integración productiva, seguridad alimentaria, transición energética e innovación tecnológica, sin renunciar a la profundidad de su integración con América del Norte ni a la importancia creciente de Asia dentro de la economía mundial.

La geometría internacional deja entonces de ser un espacio donde el Estado simplemente se mueve.

Se convierte en un espacio que también puede contribuir a construir. Ésta es, probablemente, la aportación teórica más importante que intenta formular este ensayo.

La calidad histórica de un Estado ya no puede medirse únicamente por el tamaño de su economía, por el volumen de sus exportaciones o por la estabilidad de sus indicadores macroeconómicos. Debe medirse por su capacidad para reconocer las transiciones del orden mundial, reorganizar deliberadamente sus capacidades nacionales y transformar esa acumulación interna en una ampliación permanente de sus márgenes de decisión. Ése es el criterio.

No se trata de un criterio aplicable sólo a México. Constituye una manera

distinta de observar el comportamiento de los Estados durante los grandes cambios de época.

Vista desde esa perspectiva, la pregunta que atraviesa todo este trabajo también cambia de naturaleza.

Ya no consiste en preguntar si México debe acercarse más a Estados Unidos, a China o a América Latina.

Tampoco consiste en discutir si el país debe elegir entre mercado y Estado, entre apertura y protección o entre integración y autonomía.

Todas esas preguntas pertenecen a un nivel inferior del debate.

La pregunta decisiva es anterior a todas ellas. ¿Qué Estado necesita construir México para ejercer soberanía estratégica en el mundo que está emergiendo?

La respuesta no puede ofrecerse de manera definitiva. Ningún ensayo puede anticipar completamente el curso de la historia. Lo que sí puede hacer es proponer un criterio para interpretarla.

Los Estados que atraviesan con éxito las grandes transiciones históricas no son necesariamente los que poseen mayores recursos naturales ni los que parten de mejores condiciones económicas. Son aquellos capaces de comprender el tiempo que les corresponde vivir antes de que ese tiempo termine imponiéndose sobre ellos.

Quizá ésa sea, en última instancia, la diferencia entre administrar la historia y participar en su construcción.

Porque las naciones no transforman su destino simplemente cuando cambia el mundo.

Lo transforman cuando el Estado comprende que también él debe decidir transitar.

PD. Final. Con este ensayo nuestra reflexión deja de ser concebida como una relación bilateral, Estados Unidos- México, y pasa a ser triangular; México–China–Estados Unidos, para terminar convertido en una propuesta de teoría del Estado mexicano para el siglo XXI. En mi opinión, ése era el horizonte intelectual que hemos venido construyendo desde las primeras conversaciones de este tema.

Hoy utilizar el caso triangular, propuesto por Peter Dussel, como el laboratorio empírico para formular una categoría más amplia, la del Estado con capacidad histórica, cuya expresión política consideramos, debe de ser la soberanía estratégica.

Esa es la idea que, si está bien desarrollada, puede darle identidad propia y permanencia y vida al ensayo, aquí expuesto. *Investigador Periodístico en luchas del campo mexicano, la soberanía alimentaria y económica y las relaciones entre Estado, empresas y comunidades rurales. Director de la A.C. PEROLA. Miembro Honorario del Despacho Jurídico B&G-Chiapas.

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CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• La 4T busca blindarse con la Ley Mordaza • El INE utiliza a “Alito” Moreno como “conejillo de indias”

E

l presidente de Estados Unidos Donald Trump mantiene de manera firme una postura sumamente dura contra el gobierno de México, centrando sus declaraciones en las operaciones del crimen organizado y la relación con los “narcopolíticos”.

En reiteradas ocasiones, Trump ha sostenido reiteradamente que el crimen organizado controla gran parte del país y que el gobierno de México está “petrificado” o sometido ante los cárteles.

Además, advierte que, si las autoridades mexicanas no combaten de forma contundente al narcotráfico y la entrada de fentanilo a Estados Unidos, su administración actuará directamente en territorio mexicano mediante incursiones terrestres y ataques a laboratorios de drogas.

Pero lo que más temor le da a la presidenta mexicana es que su homologo norteamericano cumpla su problema de ir en contra de los “narcopolíticos” que están diseminados en su “narco partido Morena” y en su gobierno en la mal llamada cuarta transformación.

Claudia esta contra la pared, por un lado, la presiona Trump y por el otro López Obrados quien gobierna desde Palenque, de ahí que el problema abarca tanto a los cárteles como a los funcionarios públicos que colaboran y se benefician del crimen organizado.

Ni Claudia ni López Obrador puede negar que sus cómplices del crimen organizado porque ambos recibieron apoyo financiero de los grupos criminales en sus campañas político electorales, de ahí la defensa a ultranza y pruebas hay muchas y esas pruebas están en poder del gobierno norteamericano.

No obstante, Claudia se defiende como “gato boca arriba” utilizando todas las estrategias habidas y por haber para salvar el pellejo.

Suman a la fecha siete años de mal gobierno con violencia como nunca la ha registrado gobierno alguno en la historia de México.

Hoy la presidenta de México se encuentra acorralada por ambos francos y utiliza todo tipo de defensa porque en Estados Unidos tiene en su haber denuncia contra integrantes de la cúpula de Morena por sus vínculos con el crimen organizado.

Por ello, Claudia Sheinbaum y su partido impulsan una ley mordaza que tendrá como efecto restringir el acceso de los ciudadanos a información libre e independiente y aunque lo niegue, la verdad es que, durante los más de siete años de Morena,

han censurado a cuanto periodistas no piensan igual que ellos.

En las mañaneras de las mentiras sostiene que “No hay censura ni la habrá”, sin embargo, el objetivo es silenciar las denuncias por narcogobierno y blindar la narrativa oficial frente al escrutinio público con miras a las elecciones del 2027 definitorias para el oficialismo en las cuales se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán a 17 gobernadores.

Ni Claudia ni López Obrador están dispuestos a que la oposición les arrebate el poder, porque lo que está en juego es demasiado y el miedo del régimen morenista los obliga a hacer cualquier cosa incluyendo la violación a tratados internacionales que protegen el derecho humano universal de la libertad de expresión.

Sin equivocarme, a Sheinbaum y el partido oficial no les ha bastado con cooptar al Instituto Nacional Electoral y a las autoridades judiciales en la materia tampoco haber aprobado la ley que permitirá al régimen anular elecciones con el pretexto intervención extranjera.

Consciente por el alto costo político que podrán representar ahora quiere intimidar a todo aquel medio de comunicación en televisión y radio que se atreva a disentir.

Pero no conforme con ello, Sheinbaum se plantea seguir socavando y pisoteando los derechos de la prensa escrita y plataformas, copiando modelos de regímenes retrógradas y autoritarios como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Con el falso argumento de defender las audiencias el gobierno de Morena quiere secuestrar el derecho de los ciudadanos a estar oportuna y veramente bien informados.

Lo cierto es que en México, además de tener un narco gobierno, se confirma que nos enfilamos a una de las más cuestionables dictaduras del nuevo siglo, pero el “pueblo sabio y bueno”, no se ha dado cuenta por seguir durmiendo pensando que vive en el país de las maravillas que

todas las cosas le caen del cielo.

El INE se echa un alacrán encima con Alito Moreno

En la sesión extraordinaria del miércoles anterior y con carácter de urgente y en privado la Comisión del INE analizó una solicitud de medidas cautelares presentada por Morena en contra del líder nacional del PRI, Alito Moreno por la difusión de publicaciones en redes sociales que a juicio del partido oficial contienen expresiones presuntamente calumniosas.

La queja se relacionó con publicaciones en las que se vinculó a Morena con dichos nada desconocidos y que nos impresiones como narcogobierno, narco propagandista narcopolíticos, narco dictadura.

Cártel de Morena y narcopartido las cuales según el partido denunciante le atribuyen falsamente vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Detalla el INE que la Comisión determinó procedente la adopción de medidas cautelares respecto de 5 publicaciones realizadas desde cuentas del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y cuatro publicaciones difundidas por la cuenta de ese partido al considerar que podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio del partido político denunciante al asociarlo con actividades relacionadas con el narcotráfico.

Sin un sustento fáctico, así las autoridades electorales pidieron que el partido tricolor y su presidente eliminen de sus redes sociales todas las publicaciones que hacen referencia a dichas palabras.

Creo que el INE no se dio cuenta que se echaban encima a un “alacrán”, porque Alito Moreno no tardó en salir a posicionarse desde su cuenta de X. El líder priista acusó que la resolución representa un acto flagrante de censura, un límite a la crítica política y un escudo protector para un gobierno que según sus pala-

bras sigue padeciendo la violencia y el control territorial del crimen organizado.

Para Moreno del PRI, es inaceptable que el INE dedique su tiempo a perseguir palabras en lugar de defender con firmeza la libertad de expresión.

La democracia no se fortalece silenciando a la oposición ni convirtiendo a las autoridades electorales en un escudo para quienes gobiernan, expuso Moreno Cárdenas.

Tiene razón Alito, el INE se ha convertido en una especie de oficina de relaciones públicas y control de daños del oficialismo cuando una institución decide qué términos puede utilizar un dirigente político para referirse al partido gobernante.

Así, el INE de ja de fungir como un árbitro imparcial, en el sensor de cabecera de la dictadura en ciernes, pero si la actuación de ese organismo electoral, causa indignación.

La reacción desde Palacio Nacional rosó en el descaro total, el cinismo y la desfachatez de Sheinbaum salió a respaldar con bombo y platillo la censura con la que la ley censura.

Para el oficialismo arcaico, prohibir que se le llame narco partido a morena y narcopolíticos, a sus próceres no es un atentado contra la democracia sino un acto de justicia moral.

Del Montón

Los nuevos Lineamientos Generales para Garantizar la Protección de los Derechos de las Audiencias, que serán sometidos a consulta pública, plantean preocupaciones por el alcance de las facultades que otorgarían a la autoridad para intervenir en la evaluación de contenidos informativos, consideró Leopoldo Maldonado, Relator Especial designado por la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión. Agregó que Artículo 19 prepara una serie de observaciones sobre el proyecto, aunque adelantó algunos de los principales puntos de preocupación. Entre ellos, señaló la posibilidad de que una comisión reguladora determine qué información puede considerarse falsa o descontextualizada. “No es recomendable, bajo ninguna circunstancia, que el Estado en su conjunto pueda determinar la veracidad de la información, menos lo es que, repito, sea un organismo sin estas condiciones de imparcialidad”, afirmó. * * * Eso es todo por hoy, hasta el domingo próximo primero Dios con más de lo mismo.

CMAN

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EN CHIAPAS

Viernes 31 de Julio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 11 | No. 3424 Link: https://issuu.com/danteoliveyro/docs/contrapoder_edici_n_3424