Las novatadas deben estar prohibidas en el ámbito educativo, simple y sencillamente porque en esas prácticas existe una regresividad en el reconocimiento de la dignidad humana, PAG. 2
El gobierno de Pablo Salazar en una jornada de violencia cerró la normal de Mactumactzá.
Internado que regresó con Juan Sabines y sirvió para formar el grupo de choque la MOCRI EZ.
Todos los gobiernos han buscado mover o cerrar esa escuela normal rural.
Cuando en realidad la apuesta es crear un modelo de educación superior que fortalezca a la docencia.
Universidades Benito Juárez y Rosario Castellanos, opciones para quienes no entren a la UNAM: Sheinbaum
Se debe resolver el problema del examen de admisión “por el propio prestigio de la universidad”, considera la presidenta
Inseguridad en Chiapas: secuestran a mujer en el municipio de Cintalapa de Figueroa y la encuentran con vida
ACCIONES
Eduardo Ramírez encabeza Jornada por la Paz y da inicio a obras de agua potable en Pantelhó
¿Quién gobierna la escuela normal de Mactumactzá?
Las novatadas deben estar prohibidas en el ámbito educativo, simple y sencillamente porque en esas prácticas existe una regresividad en el reconocimiento de la dignidad humana, y por lo consiguiente, en los espacios educativos, en donde se toleran las novatadas, se reproduce un patrón de violación de un conjunto de derechos humanos reconocidos en la Constitución, particularmente, el derecho a la integridad personal, al ser sometidos los estudiantes de nuevo ingreso a mecanismos de torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, que ponen en riesgo la vida misma.
Esta reflexión, vale la pena realizarse, en virtud de que existe un contexto de linchamiento hacia esta práctica que se realiza en la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, en el que históricamente se han suscitado eventos que ponen en riesgo la vida de los estudiantes de nuevo ingreso, e incluso, en el año de 2017, un estudiante de nuevo ingreso falleció
días después de ser sometido a estos ejercicios en la novatada y este suceso se repitió en el año del 2018, en donde otro estudiante falleció, como consecuencia de las actividades realizadas en lo que se considera como un curso de inducción, que se desarrolla bajo la supervisión de otros estudiantes.
En el año de 2018, y como consecuencia del estudiante fallecido, la fiscalía del Estado detuvo al director de la escuela normal, por sus probables actos de omisión, y luego fue puesto en libertad, motivado por las movilizaciones de los estudiantes que exigían la libertad del profesor. Esto significa que la autoridad educativa tiene pleno conocimiento de las actividades que se realizan cada año en esa institución formadora de profesores, y es omisa y aquiescente a las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se desarrollan en las actividades del curso de inducción, que como ya se mencionó, se realiza como parte de los acuerdos estudiantiles y supervisados por ellos mismos, lo que hace demostrable los actos
de omisión en el que incurren las autoridades educativas.
Hoy día, la Escuela Normal Rural Mactumactzá se encuentra sometida a graves cuestionamientos, debido a que padres y madres de familia de los estudiantes de nuevo ingreso denunciaron en las afueras del palacio de gobierno, que muchos de los estudiantes fueron afectados por los esfuerzos físicos y a la falta de agua y alimentos a los que fueron expuestos en este curso de inducción. Dentro de las denuncias, hay un caso alarmante, en donde una estudiante fue abandonada inconsciente en el parque central, por las afectaciones físicas que le produjo las actividades que se les exige cumplir.
La fiscalía del Estado anunció abrir una carpeta de investigación, pero en este proceso se omiten las responsabilidades de las autoridades responsables de supervisar las buenas prácticas educativas en los planteles escolares, sobre todo por los actos de omisión y aquiescencia del secretario de educación, más preocupado
por promover sus dotes intelectuales y anunciarse en espectaculares, en un claro y evidente acto anticipado de campaña, así como del subsecretario de educación federalizada, de quien depende esa escuela normal, que se ha dedicado más a formar un partido político que a atender y resolver la problemática de la escuela normal de Mactumactzá. Todas las críticas, algunas de ellas discriminantes, están dirigidas hacia los estudiantes, que sin duda tienen responsabilidades, pero a la vez, excluyen a las autoridades educativas responsables que permiten, aún teniendo conocimiento de las violaciones de derechos humanos que se cometen en estos cursos de inducción, que se encuentran al margen de los criterios y políticas establecidas del humanismo y buen vivir, que son utilizados sólo como discursos y simulación, mientras se deja en manos de los estudiantes de la escuela normal el gobierno de la institución, cuando los responsables de lo que sucede al interior de ellas son las autoridades educativas.
Congreso de Chiapas aprueba crear registro estatal de deudores alimentarios
Gabriela Coutiño
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro)
El Congreso del Estado de Chiapas aprobó este martes la creación del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, una medida que impedirá a quienes incumplan con el pago de pensiones alimenticias acceder a determinados cargos públicos, registrarse como candidatos a puestos de elección popular y realizar diversos trámites legales y administrativos.
Los diputados avalaron la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil del Estado, propuesta por el presidente del Poder Judicial de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillen, con el propósito de armonizar la legislación local con las disposiciones federales y fortalecer la protección del interés superior de la niñez y la adolescencia. Con la reforma se considerará como persona deudora alimentaria morosa a quien incumpla con el pago de la pensión alimenticia durante 60 días, ya sea de manera continua o discontinua. La inscripción en el Registro Estatal procederá mediante resolución judicial.
Además de la creación del padrón, la reforma amplía las facultades de las autoridades para localizar bienes de los deudores, ordenar embargos precautorios y aplicar las medidas necesarias para garantizar que los recursos lleguen a las personas con derecho a recibir alimentos.
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos
La medida impedirá a quienes incumplan con el pago de pensiones alimenticias acceder a determinados cargos públicos, registrarse como candidatos a puestos de elección popular y realizar diversos trámites legales y administrativos
Moreno Guillén, afirmó que las reformas fortalecen el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizan una mayor protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Explicó que una de las principales novedades es que la constancia de no inscripción en el registro será un requisito para acceder a diversos cargos dentro del servicio público, registrarse como candidato a un cargo de elección popular y realizar distintos procedimientos administrativos previstos en la ley.
“Se fortalece el principio de que quienes aspiran a servir a la ciuda-
danía deben demostrar responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes familiares”, sostuvo el titular del Poder Judicial.
Moreno Guillén añadió que la reforma incorpora herramientas jurídicas para localizar bienes inmuebles de las personas deudoras e inscribir anotaciones con efectos de embargo precautorio, con el objetivo de reforzar las garantías para que las personas acreedoras alimentarias reciban oportunamente los recursos que por derecho les corresponden.
El magistrado señaló que los nuevos ordenamientos representan un
cambio de fondo en la protección de la infancia y la adolescencia, al establecer mecanismos más eficaces para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Asimismo, advirtió que el incumplimiento de una pensión alimenticia no constituye únicamente un conflicto entre personas adultas, sino que afecta de manera directa el desarrollo, la salud, la educación y el proyecto de vida de niñas, niños y adolescentes, por lo que corresponde al Estado establecer mecanismos legales que garanticen el respeto y cumplimiento de esos derechos.
Inseguridad en Chiapas: secuestran a mujer en el municipio de Cintalapa de Figueroa
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas informó la tarde del martes la localización de una mujer que había sido secuestrada en el municipio de Cintalapa de Figueroa.
A través de un comunicado, detalló que elementos de diversas dependencias realizaron un operativo de búsqueda en la zona, y posteriormente logró liberarse y regresó a su domicilio.
Tras haber logrado salir de sus captores, la mujer dijo que caminó hasta solicitar apoyo a un ciudadano, quien le brindó auxilio y la trasladó a su vivienda, donde posteriormente recibió atención médica.
Horas después, la SSP informó
y la encuentran con vida
que elementos de la Fuerza Interinstitucional Conjunta realizaron recorridos en la zona del “Rancho Alegre”, donde localizaron un inmueble que presuntamente habría sido utilizado para mantener retenida a la víctima.
Durante estas acciones, las autoridades ubicaron y recuperaron un vehículo abandonado, propiedad de la víctima, tratándose de una unidad marca Mazda, tipo SUV.
Hasta el momento, no se ha informado de la detención de algún sujeto ligado al secuestro, pero la SSP afirmó que continúa las investigaciones para identificar y detener a los responsables.
De acuerdo con medios locales, la víctima sería una empresaria del municipio dueña de la constructora “Agregados Portillo”.
La prensa local acusó que minutos
antes y después del secuestro camionetas pertenecientes a la Guardia
Estatal Preventiva circulaban por la zona. Información de LatinUS.
Padres de familia denuncian presuntas novatadas en la Escuela Normal Rural
Mactumactzá
exigen la intervención de las
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Padres de familia y alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá Tuxtla Gutiérrez, para presentar denuncias por la violencia que, aseguran, han vivido al interior de la institución de educación superior.
Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación por presuntos actos de violencia cometidos durante las llamadas novatadas en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, localizada en el lado norte poniente de esta capital, luego de recibir cinco denuncias presentadas por estudiantes.
El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, aseguró que las indagatorias ya están en marcha y advirtió que no habrá impunidad si se comprueba la comisión de delitos.
Durante una protesta padres de familia y alumnos denunciaron que en la llamada “novatada” se les obligó a hacer trabajo forzoso en el campo, no les dieron alimento ni agua y tampoco se les permitió dormir durante cuatro días.
Otras acusaciones están supuestas restricciones de alimentos y agua, ejercicios físicos extenuantes y otras prácticas atribuidas a las llamadas novatadas. Incluso, familiares de una estudiante
De la Redacción
Pantelhó, Chis. (Tribuna)
En el marco de la estrategia Prevenir para el Buen Vivir, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó aquí la Jornada por la Paz en Pantelhó, uno de los municipios prioritarios de la entidad, donde reafirmó que el gobierno de la Nueva ERA recorre las comunidades para escuchar y atender las necesidades más apremiantes de la población, especialmente de los pueblos que durante años permanecieron en el olvido. En ese sentido, aseguró que continuará impulsando acciones para fortalecer la transformación y consolidar entornos seguros y libres de violencia para niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Ramírez Aguilar señaló que el capítulo de violencia que durante años marcó a Pantelhó ha quedado atrás y que hoy este municipio, al igual que otras regiones de Chiapas, vive una etapa de paz, prosperidad, gobernabilidad y Estado de derecho, resultado de un gobierno que ejerce la autoridad con responsabilidad, aplica la ley y no hace componendas. “Somos misioneros de la paz. Venimos a decirle a Chiapas y a México: en Pantelhó se vive en paz, porque se aplica la ley. No vamos a desistir”.
Como parte de su agenda de trabajo, el mandatario dio inicio a la construcción de los sistemas de agua potable de las localidades San José del Carmen y La
de Chiapas y
autoridades estatales
Durante una protesta padres de familia y alumnos denunciaron que en la llamada “novatada” se les obligó a hacer trabajo forzoso en el campo, no les dieron alimento ni agua y tampoco se les permitió dormir durante cuatro días
de 17 años, quien fue hospitalizada por insuficiencia renal aguda, señalaron que su estado de salud podría estar relacionado con estas actividades.
El anuncio fue realizado al término de una Mesa de Seguridad encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en el municipio de Pantelhó. A través de un videomensaje, el fiscal informó que instruyó a la Fiscalía Metropolitana para iniciar las diligencias correspondientes.
Llaven Abarca detalló que, hasta el momento, la dependencia tiene registradas cinco denuncias de alumnos
por presuntos hechos de violencia. “Tenemos hasta este momento cinco denuncias de alumnos, de alumnas, que están denunciando hechos de violencia cometidos en agravio”, señaló.
Asimismo, explicó que un equipo especializado ya trabaja en la integración de las carpetas de investigación. “Un equipo multidisciplinario ya se encuentra desahogando las diligencias necesarias para integrar las carpetas de investigación y deslindar responsabilidades”, aseguró.
El fiscal indicó que la investigación se inició tras la difusión de informa-
ción sobre presuntas novatadas en la institución. “Esto derivado de las notas mediáticas y periodísticas que están saliendo con relación a estas clásicas novatadas que están llevándose a cabo en una escuela normal rural ubicada aquí en Tuxtla Gutiérrez”, dijo.
También afirmó que la Fiscalía mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance del caso y reiteró que “no habrá impunidad a estos hechos lamentables”. En ese sentido, sostuvo que “quien o quienes resulten responsables enfrentarán a la justicia”.
Las denuncias surgieron después de que madres, padres de familia y estudiantes de nuevo ingreso acusaran públicamente presuntos abusos durante el proceso de inducción en la Normal Rural Mactumactzá.
A partir de esas denuncias, reiteró, la Fiscalía Metropolitana integrará las carpetas de investigación y llevará a cabo las diligencias ministeriales para esclarecer los hechos, establecer cómo ocurrieron las presuntas agresiones y determinar si existen responsabilidades penales.
Eduardo Ramírez encabeza Jornada por la Paz y da inicio a obras de agua potable en Pantelhó
Esmeralda. Destacó que garantizar el acceso al agua potable es una prioridad de su administración, al tratarse de un servicio que impacta directamente en la salud pública y en la productividad de las comunidades.
La secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, manifestó que Pantelhó atraviesa una nueva etapa de transformación, pues con el respaldo del gobierno de la Nueva ERA el municipio ha transitado del olvido a la prosperidad, fortaleciendo la armonía y el tejido social. Asimismo, invitó a la población a aprovechar la Jornada por la Paz, mediante la cual se acercan a las comunidades los programas que las distintas instituciones ofrecen.
El comandante interino de la Séptima Región Militar, Antonio Ramírez Escobedo, valoró la realización de estas Jornadas por la Paz y reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas de privilegiar la prevención y la protección de la vida como pilares de la convivencia armónica. Añadió que el programa de destrucción de armas refleja el compromiso compartido entre autoridades y ciudadanía para construir entornos más seguros, ya que cada arma entregada representa un riesgo menos para las
familias y un paso firme hacia la consolidación de la cultura de paz.
El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la presencia permanente de las corporaciones de seguridad han fortalecido la paz en Pantelhó y la región. Informó que continuarán los patrullajes, operativos y labores de inteligencia, al tiempo de advertir que se actuará con firmeza contra quienes cometan delitos o difundan información falsa.
El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, enfatizó que la estrategia de seguridad implementada por este gobierno ha permitido recuperar la gobernabilidad en Pantelhó y fortalecer la voluntad ciudadana de mantener la ruta de la paz. Dejó en claro que la autoridad no está para favorecer a ningún grupo, sino para servir al pueblo, por lo que advirtió que toda persona que incurra en conductas delictivas o atente contra los derechos de la ciudadanía enfrentará la acción de la justicia.
La directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Karina Montesinos Aguilar, destacó que los sistemas de agua potable que se cons-
truirán en las localidades San José del Carmen y La Esmeralda permitirán dignificar el servicio para las familias, pues tendrán agua de calidad y suficiente. El presidente municipal de Pantelhó, Julio Pérez Pérez, reconoció el trabajo coordinado de las autoridades para fortalecer la paz, la tranquilidad y la seguridad en Chiapas. De igual forma, celebró el inicio del proyecto de agua potable, una obra esperada desde hace muchos años por la población y que hoy comienza a concretarse.
En representación de las y los habitantes de Pantelhó, Marien González Gómez agradeció la visita del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la realización de la Jornada por la Paz en el municipio. Asimismo, expresó el reconocimiento de la comunidad por las acciones que han permitido recuperar la tranquilidad y fortalecer la seguridad en la región.
Marina del Pilar Ávila afirma que sufrió “emboscada psicológica”
De la Redacción Ciudad de México (apro)
Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, afirmó en entrevista con El País, que el exgobernador Jaime Bonilla le tendió una “emboscada psicológica” en la reunión que sostuvo con presuntos miembros de agencias de Estados Unidos.
Esto, después de que el columnista Héctor de Mauleón, de El Universal revelara varios audios en los que se escucha a la gobernadora hablar de recuperar su visa, cancelada en mayo de 2025, y del intercambio de información de las mesas de seguridad.
Al respecto, en entrevistas con medios de comunicación como El País y, Sin Embargo, Ávila Olmeda se ha mantenido fiel a la narrativa que ha sostenido en las últimas Semanas, desde que estalló el escándalo.
Afirmó que el exgobernador Bonilla le ofreció ayuda con el tema de su visa —que fue cancelada en mayo de 2025— y dijo que accedió a la propuesta de reunirse con un presunto asesor de Estados Unidos, en diciembre de 2025, confiando en que la ayuda de su antecesor era “de buena fe”.
Sin embargo, al comenzar la reunión, el presunto asesor planteó cuestiones para las que ella no estaba preparada. De acuerdo con la gobernadora, su interlocutor era una persona “experta en intimidar”, generar miedo e inducir respuestas.
“Lo recibo pensando que íbamos a hablar del tema, pero él empieza a plantearme escenarios que no había escuchado antes: cargos, sanciones, habló incluso de extradición, de cartas. Lo sentí como una emboscada psicológica”, dijo a El País.
Rosalía Quintá Uresti CIUDAD MADERO, Tamps. (apro)
Más de 500 habitantes de la colonia Ferrocarrilera Talleres fueron evacuados de manera preventiva luego del descarrilamiento de un vagón ferroviario de Petróleos Mexicanos (Pemex) cargado con gasolina, registrado en Ciudad Madero. El incidente movilizó a elementos de Protección Civil de Tamaulipas, Protección Civil de Ciudad Madero y diversas corporaciones de emergencia, que activaron los protocolos de seguridad debido al riesgo que representa la carga de combustible. De acuerdo con las autoridades municipales, el carro tanque no presenta fisuras ni derrame de gasolina; sin embargo, se determinó desalojar
La gobernadora de Baja California afirmá que el exgobernador
Jaime Bonilla le tendió una “emboscada psicológica” en la reunión que sostuvo con presuntos miembros de agencias de Estados Unidos
Frente a la situación, Ávila Olmeda explicó que pidió ver esas cuestiones a través de canales oficiales, y asesorarse con abogados. “Lo primero que se me viene a la mente son mis hijos. Yo soy mamá de dos niños, tengo una hija de 13 años y un bebito de cuatro”, agregó.
“Hoy sé que fue una trampa”, dijo, aunque explicó que inicialmente confió en parte debido a que Bonilla es ciudadano americano, vive en San Diego y “participa en política en Estados Unidos”.
Sobre el intercambio de información de seguridad con miembros del gobierno de Estados Unidos, aseguró que esto se trata de algo dentro del marco legal en un estado fronterizo como Baja California.
No obstante, dio a entender que ni la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ni el secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, estaban enterados sobre la reunión que sostuvo para gestionar el tema de su visa. Al ser preguntada expresamente solo respondió: “Ellos sabían que estaba haciendo las gestiones para
tramitar la visa”.
Asimismo, al ser cuestionada sobre la identidad del presunto asesor con quien se reunió y tuvo varias llamadas telefónicas, dijo que no relevará su identidad ya que presentó una denuncia contra quienes resulten responsables. “No sé si habrá más audios, pero conozco el contexto”.
Desde junio, el periodista Héctor de Mauleón ha filtrado al menos tres series de audios distintos que involucran a la mandataria morenista.
El primer audio, difundido el 22 de junio, trata sobre una posible reunión en el consulado de Estados Unidos en Tijuana; posteriormente, el 13 de julio, sobre la conversación de la gobernadora con un presunto asesor de agencias estadunidenses; y la tercera entrega el 16 de julio, incluye audios sobre una presunta reunión pactada en Panamá con el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Estado para los próximos meses.
“Yo a Panamá no he ido ni de vacaciones”, dijo al respecto Marina del Pilar.
Y Bonilla niega amenazas
Por otra parte, Jaime Bonilla, dirigente del Partido del Trabajo en la entidad, negó un video fechado en 2023 en el que se le escucha hablar en contra de la actual gobernadora. “Es bien fácil, es bien fácil. Le voy a romper su madre a Marina. En todo el pinche tiempo que tenga yo de vida la voy a estar chingando”, se escucha. Sin embargo, Bonilla aseguró a la periodista Dianeth Pérez Arreola, de Brújula News, que las imágenes eran “una cortina de humo” y negó reconocer el lugar, a las personas ni la fecha. Incluso señaló que con la inteligencia artificial (IA) “se puede clonar la voz de cualquiera”.
Pese a ello medios como Calafia Noticias, realizaron una revisión a las redes de Bonilla Valdez, y constataron que estuvo en las oficinas petistas el 25 de noviembre de 2023, fecha que coincide con la de la supuesta grabación. Calafia Noticias señaló que se aprecian coincidencias entre el lugar del video y la sala donde operaba en esa época el PT en Mexicali. Bonilla fue vinculado a proceso en marzo pasado por el caso de Next Energy, que involucra un presunto daño al erario por 12 mil millones de pesos, y actualmente lleva su proceso en libertad tras el pago de una garantía económica.
Mientras tanto, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, llamó a Jaime Bonilla, exgobernador, y Marina del Pilar Ávila, actual gobernadora, a dejar de lado el conflicto que mantienen en Baja California y pidió respeto de ambas partes para sumar al movimiento de la llamada 4T.
Evacúan a más de 500 personas tras descarrilamiento de vagón con gasolina de Pemex en Ciudad Madero
preventivamente a la población para realizar las maniobras de trasvase del combustible a otra unidad, trabajos que se estima tendrán una duración aproximada de seis horas.
En el operativo participan personal de Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina, Kansas City Southern, así como autoridades estatales y municipales, quienes mantienen acordonada la zona para garantizar la seguridad de los habitantes.
Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse al área del incidente, respetar el perímetro de
seguridad y mantenerse informada únicamente a través de los cana -
les oficiales mientras concluyen las maniobras.
Jueves 30 de Julio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Aplicación de examen operó “conforme a lo previsto”: asegura empresa responsable del software
Sara Pantoja CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Luego de que estudiantes seleccionados y rechazados para ingresar a una licenciatura se manifestaron frente a la Rectoría de la UNAM para exponer sus demandas ante la crisis que vive la institución, la empresa Territorium Life, contratada por ésta para aplicar el examen en línea por primera vez, pidió audiencia a la Comisión Técnica que revisa el proceso para defender su trabajo y ayudar en la recomendación para destrabar el conflicto.
La petición la envió el martes 28 por la tarde, poco después de que la Comisión informó que “esta misma semana” –sin precisar día–, dará a conocer su recomendación para solucionar el problema del examen que presentaron 158 mil 712 aspirantes en diferentes partes del país, de los cuales fueron aceptados solo 21 mil 962, mientras que a 3 mil 142 –el 2%–, les cancelaron la prueba por presuntas irregularidades.
La presión para la Comisión y la UNAM, encabezada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, crece pues en redes sociales ya existen convocatorias de nuevas manifestaciones para el jueves 30 y el viernes 31 de julio en Ciudad Universitaria.
Por si fuera poco, el proceso de inscripción que iniciaba el lunes 27 de julio fue suspendido hasta que se solucione el problema, pero el inicio del semestre está programado para el lunes 10 de agosto; es decir, en 12 días.
La solicitud de audiencia Dirigida al presidente de la Comisión, Eduardo Bárzana García, la carta de Territorium Life pide audiencia y “colaboración técnica” para aportar información que pueda resultar “útil”
Octavio Martínez
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo dos solicitudes de amparo de Calica, con los que la empresa de origen estadunidense busca invalidar artículos de la Ley Aduanera y de la Ley Orgánica de la Armada de México, utilizados de sustento jurídico para intervenir y cancelar la salida de mercancías del puerto de Punta Venado, al sur de Playa del Carmen, desde donde por décadas sacó material pétreo de territorio nacional.
Lo anterior, luego de que magistrados federales quintanarroenses se rehusaron a resolver el caso pues no existen antecedentes que orienten para llegar a una sentencia en los dos amparos solicitados por la filial de Vulcan Materials Company, el gigante de los agregados estadunidense, con los que busca declaratorias de inconstitucionalidad de preceptos legales aplicados en su contra.
en la recomendación que elabora para solucionar el conflicto del proceso de selección de aspirantes a estudiar una licenciatura en la máxima casa de estudios del país.
En el documento, sus fundadores Carlos Guillermo Elizondo Ancer y Gerardo de Jesús Saenz González destacan que su tecnología es utilizada por más de 300 instituciones en Estados Unidos y más de 12 millones de estudiantes en ese país, México, Medio Oriente, Latinoamérica y Sudáfrica y que han participado en la aplicación de más de seis millones de exámenes a nivel global.
Sobre la aplicación del examen en línea, la empresa asegura que operó “conforme a lo previsto”, atendiendo a más de 10 mil aspirantes por turno y que ejecutó “los requerimientos tecnológicos y de seguridad establecidos para la aplicación”.
Sin embargo, aclara que “la integridad de una evaluación de alta demanda no depende exclusivamente de la infraestructura tecnológica. Requiere la coordinación de dos componentes inseparables: la seguridad tecnológica y la seguridad académica”.
Respecto a ésta última, enfatiza que debe proteger “el contenido del examen mediante prácticas como la construcción de versiones equivalentes, la distribución y aleatorización de reactivos, la variación de su orden y el control de
su exposición entre distintos grupos, horarios y jornadas”. Incluso, habla del “riesgo reconocido” de la exposición del contenido de la prueba.
En su escrito, argumenta que “hasta la fecha, Territorium no ha tenido la oportunidad de exponer directamente ante la Comisión la información técnica correspondiente a su ámbito de participación”.
Y lanza: “Por ello, de la manera más atenta y respetuosa, solicitamos una audiencia para presentar los elementos que obran en nuestro poder, responder las preguntas de sus integrantes y colaborar en todo aquello que resulte útil para el cumplimiento de su encomienda”.
De paso, aclara que no quiere interferir en la independencia del trabajo de la Comisión, pero considera que una “revisión rigurosa requiere escuchar a todas las partes que participaron en el proceso y conocer de manera directa la evidencia tecnológica, académica y operativa disponible”.
Hasta las 19:00 horas del miércoles 29, la Comisión no había informado si atendió la solicitud de la empresa.
Territorium Life
Territorium Life es una empresa mexicana fundada el 8 de marzo de 2012 en Monterrey, Nuevo León, por Carlos Guillermo Elizondo Ancer, pre-
sidente del Consejo de Administración y director general, y Gerardo de Jesús Sáenz González, secretario del Consejo y director de Tecnología.
Es especialista en evaluación digital, certificaciones en línea y digitalización integral de procesos de admisión, con experiencia en México, América Latina y Estados Unidos.
De acuerdo con un reporte del diario El Universal, en su haber empresarial destacan contratos por alrededor de 218 millones de pesos para aplicación de exámenes en línea en instituciones nacionales como el Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Lo mismo con diversas universidades estatales; entre ellas: la de Nuevo León (UANL) y el Colegio de Bachilleres de esa entidad, la Benemérita de Puebla (BUAP), la de Baja California (UABC), la de Tamaulipas (UAT), la Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Digital del Estado de México, así como el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
El contrato “... de clase mundial”
El contrato firmado entre la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM y Territorium Life, mismo que está en la Plataforma Nacional de Transparencia, establece un pago mínimo de 40.7 millones de pesos y un máximo de 101.7 millones de pesos por la aplicación del examen. No se ha revelado la cantidad exacta que pagó la Universidad por su servicio.
La contratación fue por adjudicación directa, debido a que, según el contrato, esa empresa garantizaba “seguridad de clase mundial”, así como “experiencia” y “confiabilidad”.
SCJN atiende solicitud de Calica: busca que se declare inconstitucional la intervención en puerto de Punta Venado
Esto ocurre luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), condenó al gobierno mexicano pagar una cantidad mínima, de apenas el 1 por ciento, de los más de mil 500 millones de dólares del reclamo original por los cierres de Calica, efectuados durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. En marzo y abril pasado, magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo concluyeron los dos juicios de amparo con la negativa de resolución de declaratoria de inconstitucionalidad. Ambos expedientes fueron enviados a la Corte, que confirmó la atracción de los casos con el encargo a la ministra Loretta Ortiz Ahlf y el ministro Irving Espinosa Betanzo, para la elaboración de las ponencias y así poner fin a los asuntos.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha asegurado que la concesión del puerto de Punta Venado continúa a favor de Calica, la empresa reclama la aplicación del artículo 144A de la Ley Aduanera, con el que el 10 de mayo de 2022 se le canceló la salida de material pétreo por medio de esta instalación portuaria.
Asimismo, en la otra solicitud de amparo busca invalidar el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México, que faculta al instituto armado efectuar labores de guardia costera. Calica señala que se utilizó esto para tener acceso a las cámaras de vigilancia en vivo de la terminal marítima concesionada.
Calica dejó de operar en mayo de 2022 por las clausuras que impuso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que frenó la extracción de material pétreo en un terreno de una
superficie de alrededor de dos mil hectáreas, ubicado en la zona selvática a 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen. Gobierno y ambientalistas, señalaron un grave problema ambiental ocasionado por la actividad extractiva, que fracturó el acuífero maya, taló selva y desplazó fauna silvestre de la zona, como el jaguar. Desde entonces Calica ha iniciado juicios, principalmente en tribunales federales de Quintana Roo y Ciudad de México.
SEP ordena el cierre de todas las escuelas militarizadas en el país
Sara Pantoja CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La Secretaría de Educación Pública (SEP) instruyó a las autoridades educativas de todas las entidades que, para el inicio del ciclo escolar 2026-2027 -el 31 de agosto- ninguna institución educativa debe prestar servicios bajo la denominación o modalidad de “Militarizada”, “Militar”, “Castrense” o que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar.
La medida se da después de la polémica desatada por el presunto feminicidio de la adolescente de 13 años, Dafne Zapata, luego de ingresar a una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde, como parte de una novatada, habría recibido tantos golpes que le provocaron la muerte.
La instrucción contra este tipo de escuelas militarizadas fue dada por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, en seguimiento a la comunicación emitida el pasado 24 de julio sobre las supuestas instituciones que se ostentan como “militares” o “militarizadas”.
En un comunicado emitido este miércoles, la SEP dijo que, con base en sus facultades constitucionales y la Ley General de Educación, solicitó a las Secretarías de Educación de las entidades federativas hacer una “revisión exhaustiva” de todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez
Dalila Escobar
CIUDAD DE MÉXICO (apro)
“Es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum ante la serie de críticas y alertas sobre un retroceso democrático en la labor de los medios de comunicación por la presentación de las multas económicas si se incumplen los nuevos lineamientos del “derecho de las audiencias”.
Esto es falso, absolutamente falso, no hay censura, ni va a haber censura en la ley lo que se aprobó”, afirmó.
La mandataria federal dijo que esa aprobación se dio, además, con el acuerdo de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión.
“Esa ley se aprobó dialogando con la Cámara fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias y ahora está a consulta pública los lineamientos de la Comisión, ni siquiera se han emitido, se publicaron para consulta”.
Afirmó que su administración tiene el objetivo de “garantizar los
La medida se da después de la polémica desatada por el presunto feminicidio de la adolescente Dafne Zapata en una academia de Tamaulipas
Oficial de Estudios (RVOE) que se hayan emitido en sus respectivas entidades.
Añadió que, “en los casos en que se detecten instituciones que operen bajo este tipo de denominaciones o modalidades, procederá la suspensión de sus actividades y deberán iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva”.
Agregó que “deberá ordenarse la entrega inmediata de la documentación escolar al estudiantado que pudiera verse afectado, incluidos los certificados totales o parciales de estudios y cualquier otro do -
cumento que obre en poder de las instituciones, a fin de garantizar la continuidad de su trayectoria escolar y facilitar su incorporación a otra alternativa educativa”.
También detalló que, en caso de que existan pagos efectuados por servicios educativos pendientes de devengar, como reinscripciones, útiles, uniformes o cualquier otro concepto, “estos deberán ser reintegrados de manera inmediata por los planteles”.
“Educación humanista”
Delgado Carrillo aseguró que “no puede haber una verdadera trans -
formación educativa si permitimos cualquier expresión de violencia”. Luego, recordó que la llamada Nueva Escuela Mexicana (NEM) “impulsa una educación humanista que promueve el diálogo como vía para resolver las diferencias, fortalece la cultura de paz y protege, por encima de todo, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes”. Por ello, afirmó que la prestación de servicios educativos bajo denominaciones o modalidades de carácter militar es “incompatible con los fines y principios del Sistema Educativo Nacional (SEN) toda vez que la educación militar se circunscribe a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y es impartida de manera exclusiva por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)”. La medida de la SEP ocurre un año y tres meses después de la muerte de Erick Leonardo Terán Torbellín, adolescente de 13 años, que estudiaba en la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, con sede en la Ciudad de México. Sin embargo, en abril del 2025, la escuela organizó un campamento de “supervivencia” en Cuautla y Tepoztlán, Morelos, presuntamente sin los permisos de las autoridades educativas. El adolescente murió presuntamente también después de una novatada.
Sheinbaum rechaza censura en radio y TV con nuevos lineamientos del “derecho de las audiencias”
derechos de las audiencias y esa ley se aprobó ya hace muchos meses y en esa ley dice que la comisión debe tener ciertos lineamientos que hoy están a consulta pública de las empresas de radio y televisión y de cualquier persona que así lo desee. Es importante hacer esta declaración”.
Nueva ley
Los medios de comunicación de radio y televisión podrían enfrentar multas económicas si incumplen los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias, en un esquema en el que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo además de establecer las reglas, también, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), determinará cuándo esas disposiciones fueron incumplidas.
De acuerdo con la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Ra-
diodifusión y con el proyecto de lineamientos sometido a consulta por la CRT, las sanciones económicas podrán imponerse cuando una concesionaria
de televisión o radio difunda “información falsa, información descontextualizada o presente información histórica como si fuera actual”.
Universidades Benito Juárez y Rosario Castellanos, opciones para quienes no entren a la UNAM: Sheinbaum
Dalila Escobar
CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Los jóvenes que no entren a la Universidad Nacional
Autónoma de México tienen la opción de las universidades Rosario Castellanos o Benito Juárez, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio del conflicto por el examen de admisión de nivel licenciatura, al mismo tiempo que admitió que “la UNAM es una gran institución”.
Advirtió que se debe resolver este problema “por el propio prestigio de la universidad” y consideró: “No creo que haya habido mala intención de nadie, sino sencillamente aplicaron un examen donde a lo mejor no pusieron –de acuerdo con el uso hoy de la tecnología y de la inteligencia artificial– los controles para que no se pudiera hacer alguna trampa”
La presidenta apuesta a la honestidad de todos, pero alerta que se debe dar certidumbre para que la situación “no caiga en una falta de reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una gran institución y que tenemos
Rosalía Quintá Uresti REYNOSA, Tamps., (apro)
Dos operativos federales realizados con pocos días de diferencia en Reynosa, permitieron el aseguramiento de millones de litros de combustible de presunta procedencia ilícita, y dejaron al descubierto la existencia de una presunta mini refinería clandestina equipada para almacenar, procesar y distribuir hidrocarburos.
Las acciones, encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y Petróleos Mexicanos (Pemex), representan dos de los mayores golpes recientes contra el robo y almacenamiento ilegal de combustibles en Tamaulipas. En ninguno de los casos las autoridades informaron sobre personas detenidas.
El primer aseguramiento ocurrió el 22 de julio, cuando elementos del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con la FGR y Seguridad Física de Pemex, ejecutaron una Orden Técnica de Investigación en un predio de Reynosa, el cual no fue precisado. En ese lugar fueron asegurados 109 mil 400 litros de una sustancia con características similares al hidrocarburo, además de 18 tanques cilíndricos horizontales, tres tanques verticales de almacenamiento,
Se debe resolver el problema del examen de admisión “por el propio prestigio de la universidad”, considera la presidenta
que cuidar entre todos como país”.
De nuevo ofreció “en lo que quieran las autoridades de la UNAM, apoyo del gobierno si lo solicita, con todo gusto ahí estamos, pero es una decisión autónoma que tiene que tomar la universidad y esperamos que esto se tome en cuenta, que si hay algún fraude particular de la empresa que aplicó, pues que se tomen las me-
didas que se tengan que tomar desde la propia universidad también”. Incluso si consideran que hay un fraude mayor y que es un caso penal, “ahí están las instituciones para que lo lleven. Lo importante hoy es darle la certidumbre a los jóvenes que aplicaron para o que hicieron el examen para entrar a la UNAM. Nosotros buscar todos los mecanismos para
que todos los jóvenes tengan la opción para estudiar una licenciatura a todos aquellos que lo deseen y generar las condiciones para que esto no vuelva a ocurrir”.
La mandataria mexicana insistió en que su administración ayudará a la máxima casa de estudios en lo que requiera, pero el objetivo es que todas y todos los jóvenes tengan universidad.
“La UNAM tiene que tomar una decisión, tiene una comisión técnica que nombró el rector para poder dar una salida a este problema y ahí está el gobierno de México para apoyar en lo que se requiera”.
Como parte de su trayectoria universitaria, como estudiante y como académica, expuso: “Me parece que primero la UNAM es una gran institución. Podemos tener nuestras diferencias -y ni siquiera diferenciaspodemos tener nuestra opinión como universitaria de qué es lo que ha venido ocurriendo en la UNAM, pero ni siquiera es el momento para plantear”.
Megadecomisos de hidrocarburos ponen al descubierto una presunta “mini refinería” clandestina en Reynosa
un tanque móvil tipo Frac Tank, dos tractocamiones, dos pipas, 12 motobombas, cuatro cámaras de videovigilancia, una antena y el inmueble donde se encontraba almacenado el combustible.
Días después, durante un cateo efectuado en un predio industrial ubicado sobre la brecha El Becerro, la FGR aseguró 3 millones 769 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita, así como una infraestructura que evidenció la operación de una presunta mini refinería clandestina.
En ese inmueble fue descubierta una red de tuberías y decomisados seis tractocamiones, siete pipas, una caja seca, un remolque tipo plataforma, 11 frac tanks, siete tanques fijos de almacenamiento industrial, 21 cubitanques, ocho motobombas, tres plantas generadoras de energía, seis equipos de cómputo y una red de tuberías utilizada para el manejo del combustible. Este sitio permanece bajo el resguardo de elementos del Ejército mexicano.
La diligencia fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial, con apoyo de la Guardia Nacional, en cumplimiento de una
orden de cateo autorizada por un juez federal especializado en el Sistema Penal Acusatorio.
La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) abrió una carpeta de investigación por el probable delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburos y mantiene las indagatorias para determinar la procedencia del combustible y deslindar responsabilidades.
Aunque la FGR no emitió una valoración oficial, una estimación basada en precios comerciales calcula que el valor conjunto del hidrocarburo, los vehículos, la infraestructura y el
predio asegurados asciende a 127.9 millones de pesos, de los cuales alrededor de 94.2 millones corresponderían únicamente al combustible.
Los dos operativos pusieron al descubierto la infraestructura utilizada para el almacenamiento y presunto procesamiento clandestino de hidrocarburos en Reynosa, uno de los principales puntos de distribución de combustibles en la frontera norte del país. Sin embargo, hasta el momento las autoridades federales no han informado sobre personas detenidas como resultado de estos aseguramientos.
Eufrosina Cruz pide a estados tipificar la cohabitación forzada de menores con penas de hasta 15 años
Leticia Puente Ciudad de México (Cimacnoticias)
La activista Eufrosina Cruz Mendoza llamó a armonizar los códigos penales estatales con el Código Penal Federal para sancionar la cohabitación forzada de menores.
Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la activista zapoteca Eufrosina Cruz Mendoza promueve en distintas entidades del país la homologación de los códigos penales estatales con el Código Penal Federal para tipificar la cohabitación forzada de personas menores de edad como un delito grave.
Durante una conferencia de prensa en Sinaloa, la defensora explicó que la propuesta busca sancionar con penas de entre ocho y quince años de prisión a quienes obliguen a una niña, niño o adolescente a vivir con una persona adulta, aun cuando no exista un matrimonio civil de por medio. La reforma también pretende fortalecer el combate contra la trata de personas, la explotación sexual y la pornografía infantil.
Cruz Mendoza señaló que la cruzada legislativa que impulsa es de carácter apartidista y tiene como propósito erradicar prácticas que, bajo el argumento de los usos y costumbres o de acuerdos familiares y económicos, continúan vulnerando los derechos
Georgina Monroy Vázquez
Ciudad de México (Cimacnoticias)
La periodista Lydia Cacho desmintió que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, haya sido liberado.
La periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho desmintió este martes 28 de julio que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, haya sido liberado, luego de que trascendiera que un Tribunal Federal le concedió un amparo para modificar la medida cautelar que enfrenta y solicitar prisión domiciliaria. Versiones periodísticas, aseguran que hasta el momento Mario Marín permanece internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 «Altiplano», ya que no hay ninguna resolución. Cabe destacar que tampoco ninguna autoridad ha dado a conocer información oficial sobre su posible liberación.
Ante la difusión de la noticia, Lydia Cacho aclaró mediante su cuenta de Instagram que el exgobernador continúa privado de la libertad y que el proceso penal en su contra sigue vigente.
¿Qué ocurrió en el caso Lydia Cacho?
El caso se remonta a 2005, cuando
Cruz Mendoza señaló que la cruzada legislativa que impulsa es de carácter apartidista y tiene como propósito erradicar prácticas que, bajo el argumento de los usos y costumbres o de acuerdos familiares y económicos, continúan vulnerando los derechos de niñas y adolescentes
de niñas y adolescentes.
«Es tiempo de poner un alto legal a prácticas que durante décadas han sido normalizadas», sostuvo la activista, quien destacó que hasta ahora 15 entidades del país han armonizado su legislación.
Una figura jurídica para proteger a niñas, niños y adolescentes
La iniciativa incorpora la figura de cohabitación forzada de menores, con el fin de ampliar la protección jurídica más allá del matrimonio infantil.
Aunque el matrimonio de per -
sonas menores de edad ya está prohibido por los códigos civiles, Cruz Mendoza advirtió que muchas niñas nunca llegan a contraer matrimonio ante el Registro Civil, sino que son obligadas a vivir con hombres adultos mediante acuerdos familiares o económicos, situación que hasta ahora ha dificultado la sanción penal de los responsables.
La activista afirmó que esta práctica persiste principalmente en algunas comunidades indígenas, aunque también se presenta en zonas urbanas
y conurbadas, por lo que insistió en que el Estado debe garantizar el interés superior de la niñez por encima de cualquier práctica que vulnere sus derechos.
México mantiene una deuda con la niñez
De acuerdo con la activista, cada día 36 niñas son obligadas a cohabitar con un adulto. Asimismo, señaló que México ocupa el primer lugar en la industria de la pornografía infantil y el tercer lugar mundial en trata de personas, fenómenos que, dijo, continúan favorecidos por la impunidad y la justificación de estas prácticas bajo motivos culturales o económicos. En México, el matrimonio civil antes de los 18 años está prohibido de forma absoluta en los Códigos Civiles de 31 entidades federativas y a nivel federal. Sin embargo, la tipificación específica como delito penal (sancionando la cohabitación forzada o el matrimonio infantil con cárcel) solo ha sido aprobada y homologada en un grupo reducido de estados, que incluye a Oaxaca, Guerrero, Campeche, Estado de México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Chiapas.
Lydia Cacho desmiente liberación de Mario Marín; así inició el caso por tortura contra la periodista
Lydia Cacho publicó el libro Los demonios del Edén, una investigación periodística que documentó una red de explotación sexual de niñas y niños en México y señaló vínculos entre empresarios y funcionarios públicos.
Tras la publicación, el empresario textilero Kamel Nacif denunció a la periodista por los delitos de difamación y calumnia. Aunque la denuncia fue presentada en Puebla, Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por policías poblanos.
La periodista fue trasladada por carretera durante más de 20 horas desde Cancún hasta Puebla, un recorrido en el que denunció haber sido víctima de amenazas, intimidaciones y actos de tortura psicológica.
Posteriormente, se difundieron grabaciones telefónicas atribuidas a Mario Marín y Kamel Nacif, en las que ambos conversaban sobre la detención de la periodista. A raíz de esas conversaciones, el entonces gobernador fue conocido públicamente como «el góber precioso».
¿Por qué se acusa a Mario Marín? Durante años, organizaciones
nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaron que la detención de Lydia Cacho constituyó un acto de represalia por su trabajo periodístico y una forma de censura.
Después de una larga batalla legal, la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra Mario Marín por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista.
En febrero de 2021, el exgobernador fue detenido en Acapulco, Guerrero, y desde entonces enfrenta un proceso penal por este delito.
La acusación sostiene que la detención y el traslado de Lydia Cacho fueron utilizados para castigarla por sus investigaciones sobre explotación sexual infantil y redes de poder.
Un caso emblemático para la libertad de expresión
El caso Lydia Cacho es considerado uno de los precedentes más importantes sobre violencia contra periodistas en México, al evidenciar el uso de instituciones públicas para perseguir y castigar el ejercicio del periodismo de investigación.
También se convirtió en un referente sobre la obligación del Estado de investigar la tortura, garantizar la libertad de expresión y proteger a quienes denuncian violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dado seguimiento al caso, señalándolo como un ejemplo de los riesgos que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos cuando investigan redes de corrupción y violencia.
DE LOS MEDIOS A LAS REDES SOCIALES: ASÍ SOBREVIVEN LOS ESTEREOTIPOS SOBRE LAS MADRES
Aunque las mujeres parecen ocupar nuevos espacios en las series y redes sociales, la narrativa dominante sigue vinculándolas con el hogar y el cuidado.
La imagen de las madres que aparece en películas, telenovelas, series y ahora también en redes sociales, como Instagram, Facebook y Tik Tok continúa respondiendo a un modelo que las vincula casi exclusivamente con el cuidado, el trabajo doméstico y la familia. Aunque las plataformas digitales han transformado la forma de consumir contenidos, el discurso que sostiene estos estereotipos permanece vigente.
Así lo afirmó la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, Aimée Vega Montiel, en entrevista para UNAM Global Revista. La especialista advirtió que los medios de comunicación siguen siendo uno de los principales espacios donde se reproducen desigualdades de género y violencia simbólica contra las mujeres.
La figura de la madre sigue asociada al cuidado y la domesticidad De acuerdo con la especialista en derechos humanos de las mujeres en los medios y el entorno digital, históricamente la representación femenina ha estado marcada por estereotipos sexistas que presentan a las mujeres como personas destinadas a cuidar de otras personas y a permanecer en el ámbito privado.
Desde la investigación feminista en comunicación, estos discursos son entendidos como parte de un sistema simbólico que limita la participación de las mujeres en el espacio público y condiciona la forma en que la sociedad comprende la maternidad.
Vega Montiel retomó el concepto de «madre-esposa», desarrollado por la antropóloga feminista Marcela Lagarde, para explicar cómo la identidad femenina continúa construyéndose alrededor del trabajo doméstico y de cuidados.
Este modelo convierte a las mujeres en responsables principales de sostener la vida cotidiana, una labor indispensable que, sin embargo, permanece invisibilizada y carece de reconocimiento político, económico y social.
Cambia el formato, pero no el discurso sobre la maternidad
La investigadora señaló que, aunque las narrativas audiovisuales parecen mostrar mujeres más independientes o empoderadas, muchas producciones siguen sexualizándolas o situándolas como responsables del hogar y de la vida afectiva.
Para la académica, este fenómeno también puede observarse en tendencias digitales como las llamadas tradwives o esposas tradicionales, que promueven el regreso a roles tradicionales de género bajo una apariencia de libre elección.
Lejos de representar una ruptura con el pasado, explicó, estas narrativas constituyen una reconfiguración contemporánea del mis-
mo modelo patriarcal.
La violencia simbólica también se reproduce en las plataformas digitales
La especialista explicó que la teoría feminista en comunicación ha desarrollado conceptos como la «aniquilación simbólica», que describe la invisibilización de las mujeres como sujetas de derechos en los medios, así como la «mirada masculina», que analiza cómo la industria audiovisual representa a las mujeres desde una perspectiva predominantemente masculina.
Estas representaciones, dijo, no solo aparecen en televisión o cine, sino también en redes sociales, plataformas digitales y servicios de streaming.
Por ello, definió al ecosistema mediático como «el brazo cultural del patriarcado», ya que amplifica representaciones discriminatorias que resultan rentables para las industrias de la comunicación.
La educación mediática, una tarea pendiente en México
Frente a este panorama, Vega Montiel subrayó la importancia de impulsar políticas de alfabetización mediática que permitan formar audiencias críticas capaces de cuestionar los mensajes que consumen diariamente.
Desde la década de 1970, explicó, existen propuestas internacionales para incorporar la educación para los medios desde edades tempranas; sin embargo, en México estas políticas no se han implementado de manera sistemática.
Asimismo, señaló que la respon-
sabilidad no puede recaer únicamente en las personas consumidoras de contenidos, sino también en el Estado, que ha sido omiso en garantizar una educación mediática con perspectiva de derechos humanos y de igualdad de género.
Los compromisos internacionales para eliminar los estereotipos de género
La erradicación de los estereotipos sobre las mujeres en los medios de comunicación no solo constituye un desafío cultural, sino también una obligación en materia de derechos humanos. Instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecen que los Estados deben adoptar medidas para eliminar los prejuicios y prácticas basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, incluidos aquellos que se reproducen a través de los medios de comunicación. En el ámbito regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, reconoce que la violencia contra las mujeres también se sostiene mediante patrones socioculturales discriminatorios y estereotipos de género. Por ello, llama a los Estados a impulsar políticas públicas y acciones que promuevan representaciones igualitarias y contribuyan a prevenir la violencia simbólica.
Georgina Monroy Vázquez
EL AFFAIRE CALIFORNIANO
José Gil Olmos
El norte del país se ha convertido en el centro del debate político y, de alguna manera, lo que ahí pase tendrá repercusión en la elección intermedia de 2027. Porque además de las acusaciones de huachicol fiscal y vínculos con el narcotráfico a los gobernadores de Tamaulipas, Sinaloa y Sonora, el affaire de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, buscando protección norteamericana, las acusaciones de que le puso una trampa el exmandatario Jaime Bonilla y la detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo, tienen a Morena en un conflicto judicial con graves efectos político-electorales.
De cara a las elecciones de 2027, el tema más álgido y complicado para Morena son las acusaciones y señalamientos de que miembros importantes del movimiento están vinculados con grupos criminales que los apoyaron en sus campañas electorales más recientes.
Ante la falta de recursos y propuestas, la oposición se ha agarrado con todo de la narrativa del narcogobierno morenista para conseguir votos simpatizantes porque se ha evidenciado en las últimas encuestas que estos escándalos han impactado en las preferencias electorales y en la simpatía ciudadana. El escándalo de Baja California es el más reciente y
forma parte de este terreno fangoso en el que se mueve Morena, pues la gobernadora Marina del Pilar no sólo tiene tras de sí el retiro de su visa norteamericana, sino la investigación contra su exconyugue, Carlos Alberto Torres Torres, presuntamente por participar en tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero, así como de recibir pagos para permitir operaciones de una facción del Cártel de Sinaloa.
A Marina del Pilar le ha llovido sobre mojado en las últimas semanas luego de que se difundiera un audio donde se le escuchaba negociar con un agente del FBI, que a la postre resulto falso, protección a cambio de proporcionar información delicada del narcotráfico.
Para salir al paso del escándalo acusó al exgobernador Jaime Bonilla de tenderle una trampa. Bonilla es un personaje polémico, es un empresario de medios de comunicación, dueño del Primer Sistema de Noticias (PSN) con el que logró incursionar formalmente en la política. De doble nacionalidad mexicana y norteamericana es simpatizante del partido Republicano al que pertenece Donald Trump.
En 2019 Morena lo postuló como candidato a la gubernatura de entidad la cual ganó y tras dos años de permanencia fracaso en su ambición de permanecer otros años al cambiar la Constitución del
estado. Fue vinculado a proceso por el caso Next Energy, acusado de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, derivados del fallido proyecto de la planta fotovoltaica. Renunció a Morena y se alió al Partido de Trabajo desde donde quiere nuevamente gobernar.
Jaime Martínez Veloz, político de amplia trayectoria, ligado a Morena en los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que renunció al movimiento tras señalar que no lo apoyaron para ser candidato a gobernador, denunció que Bonilla fue quien urdió la trampa contra Marina del Pilar y, además, lo señaló como colaborador del FBI y de estar ligado al cártel de Los Arellano Félix.
En el pináculo del escándalo vino otro escándalo más: la detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel acusado de participar en una red de venta de combustible robado a Pemex, conocido como huachicol fiscal.
Baja California se convirtió en el epicentro de la gresca política nacional donde todo se mezcla: la contienda política, acusaciones de vínculos con el crimen organizado, la intromisión estadunidense, acusaciones de traición, filtraciones de información, engañifas y confrontaciones que ya forman un escenario en el que se moverán los partidos en estos meses previos a la elección de 2027.
REGULAR LAS REDES SOCIODIGITALES
PUEDE LIMITAR NUESTRA LIBERTAD
Octavio Islas*
El impacto de la tecnología en la salud mental y el desarrollo de la infancia dejó de ser una preocupación especializada para convertirse en un asunto prioritario de la agenda política global. La discusión es legítima: niñas, niños y adolescentes enfrentan riesgos reales en entornos digitales cada vez más opacos, adictivos y difíciles de supervisar.
Esta semana, en Francia, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años. En México, el gobierno federal abrió foros nacionales para construir una iniciativa legislativa sobre el uso de plataformas digitales, inteligencia artificial y teléfonos celulares en las escuelas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido que la propuesta debe basarse en evidencia científica, respetar los derechos humanos y promover un uso responsable de la tecnología.
En 2025, la Secretaría de Educación Pública formó un grupo de trabajo para analizar los efectos de las redes sociodigitales, la inteligencia artificial y los teléfonos inteligentes en la vida escolar y social de los menores.
La dependencia además ha organizado foros regionales con la participación de académicos, docentes, directivos, madres y padres de familia.
La consulta busca reunir evidencia, experiencias y preocupaciones antes de definir una eventual regulación.
A primera vista, la intención parece inobjetable: proteger a los jóvenes del ciberacoso, la exposición a contenidos nocivos, el insomnio, la adicción a los algoritmos de gratificación instantánea y otros daños asociados al uso intensivo de plataformas digitales.
El punto de partida del argumento oficial también es atendible: las grandes plataformas tecnológicas operan con algoritmos opacos, monetizan la atención, refuerzan sesgos de confirmación y fallan con frecuencia en la moderación de discursos violentos. Esa falla estructural existe y exige respuestas públicas.
Sin embargo, la necesidad de regular las redes sociodigitales representa un dilema democrático: proteger a la infancia no debe convertirse en un pretexto para debilitar la privacidad, el anonimato y la libertad de expresión en internet.
1. Verificación de edad: el costo oculto para la privacidad
El primer gran obstáculo de cualquier intento de restringir o regular el acceso a las redes sociodigitales —ya sea mediante una prohibición total, como en Francia, o mediante límites normativos como los que se perfilan en México— no es solo jurídico: también es técnico y sus repercusiones posibles se extienden al imaginario de la identidad ciudadana.
Para impedir que una persona menor de 15 años genere una cuenta o acceda a determinados contenidos, las plataformas o los gobiernos tendrían que verificar la edad de los usuarios de forma sistemática.
En la práctica, esa verificación rara vez se limita a los menores de edad. Para operar, suele trasladar la carga de identificación a todos los usuarios, incluidos los adultos, mediante documentos oficiales, datos personales sensibles o incluso registros biométricos, como el reconocimiento facial.
En México, este escenario resulta particularmente delicado. La protección de datos personales en manos de instituciones públicas ha mostrado vulnerabilidades históricas, y condicionar el acceso a la conversación digital a la entrega de datos de identidad ampliaría los riesgos de seguridad, vigilancia y exposición ciudadana.
Además, el anonimato no debe entenderse como un privilegio de criminales. También representa una herramienta esencial para periodistas, activistas, disidentes políticos y víctimas de violencia que recurren a la esfera digital para denunciar abusos sin temor a represalias. El asunto es complejo.
2. Censura y control político: el riesgo de regular la conversación pública
La iniciativa mexicana se presenta bajo objetivos legítimos: educación, salud mental y bienestar socioemocional. Sin embargo, el riesgo central aparece cuando la ley intenta definir los límites de la conversación digital.
La pregunta de fondo no es si deben protegerse niñas, niños y adolescentes, sino quién decide qué contenido es dañino, qué algoritmo resulta manipulador o qué información puede considerarse apropiada.
En manos del Estado, esas definiciones pueden convertirse en herramientas de presión política.
Los principales riesgos son:
· Que la protección de la infancia se use como justificación para vigilar o limitar la expresión pública.
· Que las plataformas sean presionadas para moderar, ocultar o retirar contenidos incómodos para el poder político.
· Que normas imprecisas abran la puerta a criterios discrecionales sobre
lo permitido y lo censurable. Donde los contrapesos institucionales son frágiles -como precisamente ocurre en México- otorgar al Ejecutivo, al Congreso o a un órgano regulador la facultad de tutelar la conversación pública en línea sienta un precedente peligroso. La frontera entre proteger el bienestar infantil, imponer paternalismo estatal y habilitar censura discrecional puede volverse demasiado estrecha.
3. Modelo francés y realidad mexicana: por qué la prohibición no basta El caso francés resulta ilustrativo, pero también aleccionador. La medida aprobada en París apuesta por una prohibición tajante: impedir el acceso de menores de 15 años a las redes sociales. Sin embargo, los vetos absolutos suelen ser poco eficaces en el entorno digital, donde las restricciones pueden eludirse mediante redes privadas virtuales (VPN), cuentas creadas con datos falsos o plataformas alternativas menos supervisadas y potencialmente más riesgosas.
Trasladar al contexto mexicano una visión punitiva o prohibicionista ignora desigualdades sociales y educativas profundas. En México, internet no es solo un espacio de entretenimiento: para millones de jóvenes también es una vía de acceso a información, aprendizaje autónomo, comunidad y desarrollo personal.
Una prohibición rígida o una regulación asfixiante podría profundizar la exclusión digital. Quienes cuentan con recursos encontrarían formas de sortear las restricciones, mientras que los sectores más desfavorecidos quedarían aún más alejados de la alfabetización digital necesaria para participar plenamente en el siglo XXI.
La diferencia clave es esta:
· El modelo francés parte de la prohibición como herramienta central.
· El contexto mexicano exige soluciones graduales, educativas y sensibles a la desigualdad.
· Una regulación mal diseñada puede terminar castigando más a quienes menos recursos tienen para adaptarse.
4. El camino correcto: responsabilidad corporativa y educación digital, no tutela estatal
De acuerdo con datos de la UNESCO, el número de países que
cuentan con algún tipo de regulación nacional sobre el uso de teléfonos celulares en instituciones educativas ha aumentado de forma significativa. Entre 2023 y 2026, el porcentaje pasó de 24 a 58% Actualmente existen 114 sistemas educativos con normas particulares sobre la materia.
Reconocer los riesgos de la regulación estatal no significa defender el statu quo ni eximir de responsabilidad a las grandes corporaciones tecnológicas. Las plataformas digitales han diseñado algoritmos orientados a maximizar el tiempo de pantalla y la captura de atención, incluso cuando ello puede afectar el bienestar psicofísico de los usuarios. Ese problema es real, urgente y exige respuestas públicas claras.
Pero la respuesta no debe ser un Estado tutor que decida cómo, cuándo y quiénes pueden comunicarse en la plaza pública del siglo XXI. Una regulación inteligente debe concentrarse en proteger a los usuarios sin vulnerar las libertades fundamentales.
Dos frentes resultan indispensables:
1. Diseño seguro y responsabilidad corporativa. Las empresas tecnológicas deben modificar sus arquitecturas algorítmicas, eliminar patrones oscuros de adicción y ofrecer controles parentales efectivos. Esta obligación debe recaer en las plataformas, sin que el Estado intervenga en la identidad de los usuarios ni asuma el control de la moderación de contenidos.
2. Alfabetización y acompañamiento digital. La protección efectiva también requiere fortalecer el criterio crítico en las aulas y promover el involucramiento activo de las familias. La tecnología debe ponerse al servicio de las personas mediante mediación pedagógica, no mediante apagones digitales ni prohibiciones generalizadas.
Conclusión: proteger sin entregar libertades
Regular el acceso a las redes sociodigitales bajo el argumento de la protección puede abrir una grieta por la que se filtren la vigilancia masiva, la pérdida de privacidad y la tentación del control autoritario. La preocupación por la infancia es legítima, pero no debe convertirse en una autorización para reducir derechos fundamentales en el espacio digital.
Frente a los desafíos de la era digital, la respuesta democrática no debe ser la restricción del espacio público, sino el fortalecimiento de la ciudadanía: educación digital, pensamiento crítico, protección efectiva de datos personales y exigencia firme de transparencia a los gigantes tecnológicos.
Entregar al Estado las llaves de lo que podemos ver, compartir y navegar en internet es un precio demasiado alto para una democracia que debe proteger a la infancia sin sacrificar las libertades que la sostienen.
LA SOBERANÍA ESTRATÉGICA SÓLO PUEDE CONSOLIDARSE CUANDO EL ESTADO TRANSFORMA SUS CAPACIDADES INTERNAS (VII DE VIII)
Carlos Perola Burguete*
Estado, soberanía estratégica y transición del orden mundial
La soberanía estratégica sólo puede consolidarse como proyecto nacional cuando el Estado transforma sus capacidades internas en capacidad de articulación internacional. Los Estados que alcanzan madurez histórica no sólo habitan las geometrías del poder mundial; construyen geometrías estratégicas que amplían permanentemente sus márgenes de decisión.
Del Estado que acumula capacidades al Estado que construye geometrías
Hasta este punto del ensayo hemos recorrido un camino que permite comprender la lógica de la transición histórica que vive el sistema internacional. Primero demostramos que toda modificación del orden mundial altera las funciones que el Estado está llamado a desempeñar. Después observamos que el ascenso de China no sólo modificó la economía internacional, sino también las categorías con las que durante décadas se interpretó el desarrollo. Más adelante analizamos cómo la competencia entre Estados Unidos y China transformó las relaciones bilaterales en una estructura triangular de decisiones condicionadas, obligando a México a pensar su inserción internacional desde una lógica distinta. Finalmente sostuvimos que la respuesta a esa nueva realidad no depende de escoger entre potencias, sino de construir capacidades nacionales que amplíen la libertad de decisión del Estado mexicano.
Sin embargo, aún falta responder una pregunta decisiva.
¿Qué ocurre cuando un Estado logra desarrollar esas capacidades?
La respuesta parece sencilla, pero posee implicaciones profundas. Las capacidades nacionales no constituyen un fin en sí mismas. Ningún país fortalece su sistema científico, reorganiza su política industrial, desarrolla infraestructura estratégica o impulsa innovación tecnológica únicamente para mejorar indicadores internos. Todo ese proceso adquiere sentido cuando esas capacidades permiten modificar la manera en que el Estado se relaciona con el resto del mundo.
En ese momento la política exterior deja de ser un ámbito separado del desarrollo nacional. Se convierte en su prolongación. La diplomacia, el comercio, la cooperación científica, los acuerdos tecnológicos o las alianzas regionales dejan de responder exclusivamente a circunstancias coyunturales y comienzan a expresar una estrategia previamente construida desde el interior del propio Estado.
Por ello, la calidad internacional de un Estado nunca puede ser superior a la calidad de sus capacidades nacionales. Ninguna política exterior puede compensar indefinidamente una estructura productiva débil, una base científica insuficiente o una limitada capacidad tecnológica. Del mismo modo, cuando esas capacidades existen y logran articularse entre sí, el margen de acción internacional se amplía de
manera casi natural.
La política exterior no crea, por sí sola, el poder del Estado.
Lo expresa.
La proyección internacional de las capacidades nacionales
Esta afirmación obliga a modificar otra idea profundamente arraigada en buena parte del debate latinoamericano. Con frecuencia se analiza la política exterior como si dependiera principalmente de decisiones diplomáticas, afinidades ideológicas o cambios de gobierno. Sin negar la importancia de esos factores, conviene reconocer que la posición internacional de un país responde, sobre todo, a la solidez de las capacidades que ha logrado acumular durante largos periodos.
La capacidad para negociar acuerdos tecnológicos depende del desarrollo científico alcanzado. La posibilidad de participar en cadenas de valor sofisticadas depende del grado de complejidad industrial construido previamente. La autonomía energética se relaciona con decisiones adoptadas décadas antes sobre infraestructura, innovación y aprovechamiento de recursos. Incluso la influencia diplomática suele ser consecuencia de una capacidad económica, tecnológica o institucional previamente consolidada. Por ello, las relaciones internacionales no comienzan en las cancillerías.
Comienzan mucho antes, en las universidades, los centros de investigación, las empresas innovadoras, los sistemas educativos, las redes logísticas, las instituciones públicas, el campo, la infraestructura energética y la organización territorial. Es allí donde un Estado acumula los recursos que posteriormente transformará en capacidad de negociación internacional.
La política exterior constituye, en consecuencia, la expresión visible de un proceso mucho más profundo de construcción estatal.
Del triángulo a la construcción de nuevas geometrías
El análisis desarrollado por Enrique Dussel Peters sobre la nueva relación triangular entre México, Estados Unidos y China representa una contribución fundamental para comprender el escenario contemporáneo. Su principal aporte consiste en mostrar que las decisiones adoptadas por cualquiera de esos tres actores ya no pueden entenderse de manera aislada, pues cada movimiento modifica inevitablemente las opciones disponibles para los otros dos.
Pero ese triángulo no debe interpretarse como un espacio cerrado. Representa el punto de partida, no el punto de llegada.
La verdadera cuestión consiste en preguntarse qué puede hacer un Estado cuando comprende que habita una estructura internacional condicionada por grandes potencias. Existen, al menos, dos posibilidades. La primera consiste en limitarse a administrar esas restricciones, adaptando permanentemente sus
decisiones a la lógica impuesta por actores con mayor capacidad de influencia. La segunda supone algo distinto: utilizar las capacidades nacionales acumuladas para construir nuevas formas de articulación internacional que amplíen los márgenes de maniobra del propio Estado.
En ese momento deja de ser suficiente describir la geometría existente.
Es necesario comenzar a construir otra.
Los Estados históricamente más exitosos no fueron aquellos que aceptaron pasivamente la arquitectura internacional heredada. Fueron aquellos que identificaron espacios de cooperación, promovieron alianzas variables, impulsaron instituciones regionales, desarrollaron nuevas plataformas económicas y diversificaron deliberadamente sus vínculos internacionales sin perder coherencia estratégica.
La madurez de un Estado comienza precisamente cuando deja de preguntar únicamente cuáles son las reglas del sistema y empieza a preguntarse de qué manera puede contribuir a modificarlas o ampliarlas en función de sus intereses nacionales.
América Latina como dimensión estratégica de la soberanía
Es aquí donde América Latina adquiere un significado distinto al que tradicionalmente ha ocupado dentro del discurso político mexicano. Durante mucho tiempo la relación con la región osciló entre la afinidad histórica, la solidaridad diplomática o la cooperación cultural. Todas ellas conservan importancia, pero el nuevo orden internacional permite observar otra dimensión mucho más estratégica.
América Latina constituye uno de los pocos espacios donde México puede contribuir simultáneamente al fortalecimiento de sus propias capacidades nacionales y al desarrollo de capacidades regionales compartidas. Infraestructura física y digital, corredores logísticos, integración energética, investigación científica, innovación tecnológica, seguridad alimentaria, cadenas regionales de valor, salud, educación superior y aprovechamiento responsable de recursos estratégicos representan ámbitos donde la cooperación deja de ser un ejercicio de buena voluntad para convertirse en una inversión en soberanía estratégica.
No se trata de construir un bloque orientado contra otros actores internacionales.
Tampoco de sustituir la integración con América del Norte o las relaciones con Asia y Europa.
Se trata de ampliar el repertorio estratégico del Estado mexicano.
Cuanto mayor sea la diversidad de relaciones construidas sobre capacidades reales y proyectos compartidos, mayor será también la libertad con la que México podrá actuar dentro del sistema internacional. La integración latinoamericana deja entonces de ser una alternativa ideológica. Se convierte en uno de los instrumentos mediante los cuales el Estado puede ampliar su margen de decisión.
La calidad histórica del Estado Todo lo anterior conduce finalmente a una pregunta que trasciende el caso mexicano y que, en realidad, resume el sentido completo de este ensayo.
¿Cómo se mide la calidad histórica de un Estado?
No basta observar el tamaño de su economía, la estabilidad de sus instituciones o el volumen de sus exportaciones. Esos indicadores describen una parte de la realidad, pero no alcanzan a explicar la capacidad de una nación para influir sobre su propio destino cuando el sistema internacional atraviesa una transformación profunda.
La calidad histórica de un Estado comienza a manifestarse cuando logra reconocer que el mundo está cambiando antes de que ese cambio se vuelva irreversible; cuando reorganiza deliberadamente sus capacidades nacionales para responder a esa transformación; y cuando convierte esa acumulación interna en una política de articulación internacional capaz de ampliar, de manera sostenida, sus márgenes de decisión.
Ésta es, probablemente, la diferencia más importante entre un Estado que simplemente participa en el sistema internacional y un Estado que contribuye a configurarlo desde la escala que le corresponde. Los primeros reaccionan.
Los segundos articulan.
Los primeros negocian dentro de geometrías construidas por otros. Los segundos procuran ampliar esas geometrías mediante la acumulación de capacidades nacionales y la creación de nuevas redes de cooperación.
En esa diferencia comienza a delinearse una teoría del Estado mexicano para el siglo XXI.
No una teoría fundada en el aislamiento ni en la confrontación entre bloques, sino en la convicción de que la soberanía estratégica sólo puede consolidarse cuando el desarrollo interno y la acción internacional forman parte de un mismo proyecto histórico.
Y es precisamente esa idea la que permite arribar a la conclusión de este ensayo. Porque, después de recorrer el tránsito desde la transformación del orden mundial hasta la construcción de capacidades nacionales y su proyección internacional, la pregunta final ya no se refiere al comportamiento de las grandes potencias.
Se refiere al propio Estado mexicano. No se trata de preguntar en qué mundo vivirá México durante las próximas décadas.
La pregunta verdaderamente decisiva es otra: ¿está México dispuesto a construir el Estado que ese nuevo mundo exigirá?
*Investigador Periodístico en luchas del campo mexicano, la soberanía alimentaria y económica y las relaciones entre Estado, empresas y comunidades rurales. Director de la A.C. PEROLA. Miembro Honorario del Despacho Jurídico B&GChiapas.
¿OTRO VEHÍCULO BLINDADO?
Blindado. Y para el servicio personal de la presidenta municipal de Morena en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, repite cada que puede que LA SEGURIDAD en el país es de las mejores del mundo y que muchos quisieran vivir en México.
El gobernador de Morena en Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presume todos los días que Chiapas está entre los dos primeros lugares en SEGURIDAD a nivel nacional.
El Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, asegura que Chiapas hoy, mejor que nunca, destaca por LA SEGURIDAD que disfrutan las familias chiapanecas.
El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, afirma a donde va que gracias a la voluntad del gobernador OERA y a la coordinación interinstitucional, LA SEGURIDAD ya no es un anhelo sino una realidad que da certidumbre y confianza. Y que eso se refleja en el turismo, en la actividad productiva y en la economía de los chiapanecos.
Si los gobernantes y funcionarios citados no mienten a la sociedad mexicana y chiapaneca...
¿Entonces por qué muchos de ellos se trasladan en VEHÍCULOS BLINDADOS?
El caso de Dafne ha reabierto un debate nacional sobre las novatadas o rituales de iniciación. Aunque las circunstancias de cada caso deben ser esclarecidas por las autoridades competentes, el tema ha puesto bajo escrutinio prácticas que desde hace años han sido denunciadas en distintas instituciones educativas, deportivas y de formación. En Chiapas, por ejemplo, las novatadas en la Escuela Normal Rural Mactumactzá han sido motivo de señalamientos públicos “todos los años” y en diferentes momentos. Ello no significa que todas las generaciones o actividades sean iguales, pero sí justifica revisar si existen protocolos eficaces para prevenir abusos ya que se podría estar tocando una red muy delicada de intereses internos.
En las preparatorias era común rapar el cabello, pintar la cara, obligar a hacer ridículos públicos. Muchos lo recuerdan con nostalgia porque “a mí también me tocó”. Ese es precisamente el problema: la violencia heredada se convierte en tradición.
En el Ejército existen rituales de iniciación y códigos de pertenencia, pero las fuerzas armadas modernas han tenido que regularlos para evitar abusos. La disciplina no puede confundirse con humillación.
En política ocurre algo pare -
Francisco Ruiz Zuart.
Ver a los “representantes populares” y a sus operadores ir y venir en VEHÍCULOS BLINDADOS, con escoltas adelante y atrás, hace dudar de sus palabras y de los resultados que tanto presumen dentro y fuera del país.
¿Y por qué escribir hoy de SEGURIDAD y BLINDADOS?
Porque este mes de julio, desde el primer círculo de la presidenta municipal de Morena en San Cristóbal de Las Casas, se filtró la información: la presidenta Fabiola Ricci Diestel se transporta ahora en un VEHÍCULO BLINDADO nuevo, distinto al Jeep que usaba desde el inicio de su administración.
Se desconoce si el blindado es rentado o propiedad del Ayuntamiento.
No se sabe si ahora la presidenta de Morena tendrá dos VEHÍCULOS BLINDADOS o solo uno.
Se ignora si son necesarios dos vehículos como parte de una estrategia de seguridad más estricta para evitar una agresión mortal contra Fabiola Ricci Diestel.
Nada es certero. Solo lo que confían sus más cercanos: que las medidas de seguridad son cada vez más rígidas.
Hoy hay quienes, cercanos a los Sánchez Ricci y a los de León Ricci, aseguran que cuando Fabiola viaja a Tuxtla Gutiérrez sale en un vehículo y en el camino cambia de blindado.
Sea como fuere, Fabiola Ricci Diestel se transporta en VEHÍCULO BLINDADO pagado con recursos públicos. Rentado, sin autorización del Ayuntamiento. Y ni el
PUNTO Y COMA
Roger Laid
¿Violencia disfrazada de tradición?
cido: muchas instituciones protegen prácticas abusivas bajo el argumento de que “siempre se ha hecho así”. Ese argumento nunca ha sido una justificación.
El Gobierno Federal y los congresos podrían impulsar medidas firmes para equilibrar esa autoridad interna (o auto gobierno) que tienen en algunas escuelas normales y en la Mactumatzá, según informes de alumnos y otros ahora mentores, señalan su coalición entre algunos maestros y alumnos y es lo que lleva al temor de
otros, a realizar quejas ya que quien no participa en el comité estudiantil a favor, lo dejan fuera.
La secretaría de Educación Federal entrega recursos para infraestructura por medio del “Programa Expansión de la Educación media y Superior” a “la Mactu” en millones y que se deben de utilizar para metas de operación, fortalecimiento y necesidades de infraestructura o gasto corriente autorizados en dichos convenios (observado en la página de convenios).
síndico ni los regidores de Morena saben el costo.
Si la morenista Fabiola Ricci Diestel se mueve protegida en VEHÍCULOS BLINDADOS, es evidente que NO CREE en las palabras sobre SEGURIDAD que presumen la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Ramírez Aguilar, el secretario Aparicio Avendaño y el fiscal Llaven Abarca.
!Ah! ¿Quieren conocer la nueva CAMIONETA BLINDADA?
Según testimonios de cercanos a Fabiola Ricci Diestel, es una Volkswagen modelo 2026, la más costosa en su tipo.
Aquí se muestra, estacionada a unos metros de la puerta principal que da acceso al túnel vertical que conduce directo a las oficinas de Héctor de León -esposo de la presidenta- y de ahí al despacho de Ricci Diestel.
Dicen sus admiradores que el blindaje de la camioneta nueva es equivalente al que usan Generales y gobernadores en estados donde los cárteles y los narcogobiernos crecen, se toleran y hasta florecen.
!Ah! Hoy no habrá sesión de Cabildo.
Fabiola Ricci Diestel, su esposo y su hija viajaron anoche a la Ciudad de México. El vuelo se retrasó y salieron a las 11:40 de la noche de ayer martes. Según información de alguien de su círculo rojo.
Ojalá, el secretario de educación Mario Delgado, genere alguna página de quejas “real” y obligue a denunciar cualquier acto que constituya un delito, evitando que se resuelva únicamente como un asunto interno.
Incluso, crear mecanismos de denuncia anónima y protección para estudiantes que denuncien abusos. Ningún “código de tradición” puede justificar actos de violencia o degradación.
El punto y coma de esta deliberación podría ser que: la disciplina no debe confundirse con la humillación, ni la integración con el maltrato. Las tradiciones solo merecen conservarse cuando respetan la dignidad humana. Cuando una novatada termina en lesiones graves o en la pérdida de una vida, deja de ser una tradición para convertirse en un problema de seguridad, de responsabilidad institucional y, en su caso, de justicia penal.
Puntos Suspensivos…
Si hay fósiles en las normales por los negocios que representa entonces me quedo con esta reflexión: “Toda tradición merece respeto, excepto aquella que necesita humillar a alguien para sobrevivir. Si una institución requiere violencia para construir identidad, el problema no son los estudiantes nuevos; es la cultura de quienes llevan años ahí.”
