Sin Greer y con nuevo arancel a Canadá, inicia la tercera ronda de negociaciones T-MEC en México
Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)
En medio del manotazo arancelario que Estados Unidos propinó a Canadá, al imponer un gravamen adicional de 50% a productos como automóviles y bebidas alcohólicas, arrancó este martes la tercera ronda de negociaciones bilaterales entre México y la Unión Americana para la revisión del T-MEC.
Las negociaciones, además, iniciaron sin la presencia del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien apenas unos días antes expuso que, aun cuando México consiga la ratificación del T-MEC o incluso se negocie un nuevo acuerdo comercial, la administración de Donald Trump no está dispuesta a renunciar a los aranceles, esto derivado de que la Unión Americana informó que no ratificará el acuerdo por 16 años más. Previamente, en un comunicado, el representante comercial anunció que el 21 de julio Estados Unidos estaría en la Ciudad de México para participar en la tercera ronda de negociaciones bilaterales.
“Espero seguir avanzando para asegurar que la relación comercial entre Estados Unidos y México beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores, proveedores de servicios y empresas estadounidenses de todos los tamaños, y que se eliminen las lagunas legales que permitan el aprovechamiento indebido por parte de países no signatarios”, publicó Greer, quien anunció que se reunirá
Sara Pantoja
CIUDAD DE MÉXICO
(apro)
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que su rector, Leonardo Lomelí Vanegas, instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1.
El objetivo, dijo en un comunicado, es “contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes”.
Lomelí Vanegas también decidió integrar una comisión técnica en la cual participarán “expertas y expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisarán los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura”.
Añadió que el estudio atenderá “todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección”.
El anuncio de la máxima casa de
con Sheinbaum.
Fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien recibió este 21 de julio en las instalaciones de la dependencia a una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), responsable de encabezar los trabajos de esta tercera ronda.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, las conversaciones de ese día se han dado a nivel técnico.
Se prevé que los equipos negociadores de México y Estados Unidos sostengan reuniones hasta el jueves 23 de julio en la Ciudad de México.
Tratado con aranceles
Precisamente, hace unos días, Jamieson Greer, presentó la posición con la que llegarán a la mesa de negociación. Explicó que aunque México logre un acuerdo para la ratificación del TMEC o incluso termine negociando un nuevo tratado comercial con Estados Unidos, eso no significará el fin de los aranceles; así, se rompe con los princi-
pales objetivos del gobierno mexicano, de recuperar una relación comercial sin gravámenes entre ambos países.
El representante comercial señaló que la administración de Donald Trump pretende conservar algún mecanismo que le permita seguir gravando las importaciones mexicanas cuando considere que existen afectaciones para la industria estadounidense.
“Tengo el mandato del presidente de encontrar la manera de que, en cualquier acuerdo que alcancemos con México, haya aranceles, cuotas o cualquier otro mecanismo para tratar de controlar eso”, dijo durante el Foro de Seguridad del Instituto Aspen, en Colorado.
A ello se suma otra de las principales exigencias de la Casa Blanca, que es el de reducir la participación de insumos chinos en los productos ensamblados en México que posteriormente ingresan al mercado estadounidense bajo las reglas del T-MEC.
De acuerdo con el asesor para Manufactura y Comercio del presidente
Donald Trump, Peter Navarro, Estados Unidos ha identificado prácticas que considera desleales y que, a su juicio, fueron posibles bajo las reglas actuales del T-MEC.
“Se suponía que el T-MEC aumentaría el contenido estadounidense. En cambio, el ensamblaje mexicano se ha convertido cada vez más en una plataforma a través de la cual el contenido chino y de otros países se filtra al mercado estadounidense”, recalcó.
Aranceles
La tercera ronda de negociaciones arrancó con el anuncio de Estados Unidos, de aplicar un nuevo arancel de 50% sobre determinados productos procedentes de Canadá, pero esta vez recurrió a una herramienta distinta a las utilizadas hasta ahora.
La Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una disposición creada para responder cuando otro país discrimina a los productos de la Unión Americana.
“Hoy, el presidente Donald J. Trump firmó tres proclamaciones con fundamento en la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 para imponer aranceles adicionales de 50% a determinados productos procedentes de Canadá, en respuesta al trato discriminatorio que ese país da a los productos estadounidenses. Con esta medida, el presidente Trump busca compensar la carga y la desventaja que, a juicio de su gobierno, las prácticas discriminatorias de Canadá generan para el comercio de Estados Unidos”, se lee en el documento emitido por la Casa Blanca.
Rector de la UNAM ordena revisar proceso de admisión a licenciatura 2026-2027
estudios se da, luego de que el proceso de selección estuvo bajo la sombra de irregularidades, denuncias de presuntos fraudes, así como de violaciones a las reglas de participación.
El pasado 6 de julio, la UNAM informó que presentó una denuncia penal ante las autoridades competentes por presuntos fraudes de personas y empresas que habría engañado a aspirantes y sus familias al venderles supuestos servicios para garantizar buenos resultados en el examen de ingreso a Licenciatura 2026.
Para el 16 de julio, un día antes de que se dieran a conocer los resultados del concurso, detalló que, para el Concurso de Selección 2026, se inscribieron 191 mil 306 aspirantes, de los cuales 158 mil 712 presentaron el examen correspondiente.
De este total, el proceso de ingreso de 2% de personas fue cancelado “por haber realizado conductas contrarias a lo establecido en la Convocatoria y en la Legislación Universitaria”.
Atenderá solicitudes de revisión
En su comunicado de hoy, la UNAM aseguró que, a partir de la publicación de los resultados del concurso de selección “se atiende a las personas aspirantes no seleccionadas que solicitan la revisión de su examen, así como a aquellas que tuvieron cancelada su participación”.
Detalló que, de estas últimas, “quienes pidieron cita ya tienen fecha y hora para conocer personalmente las evidencias que sustentaron la determinación”.
Por último, la UNAM dijo que dará a conocer los resultados “a la brevedad” y refrendó su compromiso “con la equidad y la transparencia en los procesos de admisión”.
Exjuez desmiente a Sheinbaum sobre amparo a Ingemar, la empresa ligada a Ruffo
Diana Lastiri CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Ingemar, empresa vinculada a una red de huachicol, logró frenar la revocación de su permiso para importar combustible mediante un amparo; el juez al que se atribuyó la resolución afirma que no conoció ningún asunto de la empresa ni del exgobernador, Ernesto Ruffo Appel.
El lunes durante la conferencia matutina de la presidenta, Sheinbaum fue cuestionada sobre el amparo conseguido por Ingemar para continuar importando combustible pese a que en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador le fue revocado el permiso.
“Se le quitó el permiso y fue un amparo el mecanismo a través del cual se lo regresaron. La reforma energética del 2013 abrió, por primera vez, la posibilidad de importar derivados del petróleo a los privados. Previo a ello, solo Pemex podía importar y durante el periodo de (Enrique) Peña Nieto se hicieron muchísimos permisos”, recordó la mandataria.
“Con el presidente López Obrador disminuyeron muchísimo los permisos de importación para asegurar que, en efecto eran empresas que estaban importando y no haciendo otro tipo de negocios o negocios ilegales. En este caso se le quitó el permiso (a Ingemar) y, de todas maneras, se tuvo que restablecer por el Poder Judicial”.
La resolución fue atribuida al ex juez de Distrito Juan Pablo Gómez Fierro, quien entre el 16 de febrero de 2020 y el 31 de enero de 2024 conoció de diversos amparos contra
Sheinbaum
Juan Pablo Gómez Fierro niega haber conocido algún asunto de la compañía acusada de huachicol fiscal a la que el gobierno de AMLO le concedió un “megapermiso” para importar 500 millones de litros de gasolinas
la reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada en el año 2021 por López Obrador que permitió al Estado suspender o revocar permisos a empresas privadas por riesgos a la seguridad nacional o incumplimientos a la ley y le permitía ocupar temporalmente instalaciones para ser entregadas a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ingemar, empresa vinculada a una red de huachicol, fue constituida el 9 de agosto del año 2018 por José Merino Valdez Cuervo, Dragados y Puertos, S. de R. L. de C. V. y Servicios Portuarios, S. A. de C. V.; empresas propiedad de Ricardo Thompson y Ricardo Thompson Navarro.
El 12 de octubre de 2018, la empresa incluyó en su objeto la prestación de servicios de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y pe-
troquímicos; la compra, venta, importación y exportación de dichos productos, entre otras funciones que le permitieron ingresar en el mercado energético la víspera del inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Con la reforma a la Ley de Hidrocarburos, impulsada por el fundador de Morena, Ingemar, que estaba por cumplir tres años de operación, pudo ser una de las empresas afectadas por las revocaciones de permisos para importar combustible.
Aunque la suspensión para evitar esta revocación fue atribuida al exjuez Juan Pablo Gómez Fierro, Proceso consultó a dicho exfuncionario quien afirmó que no llevó asuntos de Ingemar ni de Ruffo Appel, principal accionista de la empresa.
“Revisé los precedentes de la épo-
ca en la que fui juez especializado (16 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2024). No tengo registros de haber conocido de ningún amparo promovido por Ingemar ni por Ernesto Ruffo Appel”, explicó.
PESE A REVOCACIÓN, INGEMAR FUE BENEFICIADA POR EL GOBIERNO FEDERAL
Aunque la presidenta Sheinbaum afirmó que la administración de su antecesor revocó el permiso de Ingemar para importar combustible y que la empresa lo recuperó gracias a un amparo, en diciembre del año 2023 el gobierno de López Obrador le concedió un “megapermiso” para importar 500 millones de litros de gasolinas Magna, Premium y Diesel. En aquel momento, los permisos vigentes para dichos combustibles eran de entre 60 millones de litros y 100 millones, sin embargo, la Secretaría de Energía, entonces encabezada por Miguel Ángel Maciel Torres, otorgó cuatro permisos a Ingemar para la importación de 500 millones de litros de gasolinas, pese a que empresarios del sector advirtieron que ni siquiera tenía la infraestructura para transportar los combustibles. Los cuatro permisos, otorgados en diciembre de 2023, vencían en diciembre del año 2024, antes de que el gobierno federal detectara las irregularidades en los reportes aduanales de Ingemar con los que en el año 2025 habría evadido impuestos ocasionando un daño al fisco de más de 4 mil millones de pesos.
llama a los jóvenes a alejarse de la delincuencia
La presidenta Claudia Sheinbaum coincide con Ismael Zambada en llamar a los jóvenes a no elegir el camino de la violencia y el narcotráfico, aunque aclara que “es difícil citarlo”.
“Obviamente viniendo de quien viene, pues es difícil citarlo. Pero es el trabajo que estamos nosotros haciendo, desde el principio de la atención a las causas de que ningún joven se acerque a la delincuencia. Esta, fíjense, la tragedia de la guerra contra el narco”, aseguró.
Expuso que a quienes no detuvieron por años, incluyendo el sexenio pasado, pero ahora son juzgados en Estados Unidos, son figuras que se han enaltecido en México.
“Ahora resulta que eran los grandes héroes. Cuando supuestamente había una decisión desde el Estado de combatirlos y al mismo tiempo en la propaganda, pues haciéndolos grandes. ¿Y qué es lo que hemos dicho nosotros a las y a los jóvenes? Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte”, dijo.
Agregó que “es una vida de penurias y es una vida en donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanzas. Por eso es un llamado a los jóvenes que nunca vean en la delincuencia una opción de vida, más allá de lo que haya dicho este narcotraficante”.
En cuanto a los 15 mil millones de dólares que un juez ordenó decomisar, si México buscará quedarse con una parte, dijo que “Normalmente se
hace (…) la fiscalía normalmente participa en estos casos y ya le pediríamos a la fiscal que informara”. También expuso que “es la fiscalía
que tiene ya la investigación y si considera conveniente una entrevista, pues lo establecerá, pero son ellos quienes tienen que determinar”.
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Estados Unidos decomisa 261 mil millones de pesos a “El Mayo” Zambada tras condenarlo a cadena perpetua
De la Redacción Ciudad de México (apro)
Estados Unidos ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, equivalentes a 261 mil 473 millones de pesos mexicanos, como parte de la sentencia de cadena perpetua dictada contra Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.
La resolución fue emitida por el juez Brian Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, luego de que Zambada se declarara culpable de delitos relacionados con tráfico internacional de drogas, delincuencia organizada y lavado de dinero. Además de la prisión de por vida, la sentencia establece el decomiso de recursos vinculados con las actividades criminales por las que fue procesado.
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De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el monto representa bienes y ganancias asociados con la estructura criminal que encabezó durante décadas y forma parte de las medidas económicas impuestas tras la condena.
El decomiso equivale a más de 261 mil millones de pesos mexicanos
Los 15 mil millones de dólares ordenados por la Corte equivalen a aproximadamente 261 mil 473 millones de pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco de México para el 21 de julio de 2026.
La cantidad figura entre los decomisos económicos más altos impues-
Camila Ayala Espinosa
CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La calificación crediticia de México debe convertirse en un tema prioritario. La razón es que el país enfrenta riesgos que recuerdan a lo ocurrido en Brasil y Colombia, dos economías que perdieron el grado de inversión y terminaron enfrentando consecuencias financieras.
Derivado de la publicación del boletín Notas crediticias y finanzas públicas. Experiencias en México, Brasil y Colombia, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), detalló que México enfrenta retos para la evaluación de su calidad crediticia.
Esos desafíos son el lento crecimiento económico, la deuda, la baja recaudación tributaria, la rigidez del presupuesto, el apoyo continuo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la incertidumbre generada por recientes cambios institucionales, como la reforma judicial.
“La sostenibilidad de las finanzas públicas influye directamente en las calificaciones soberanas y ésta en la capacidad del Estado para financiar sus políticas públicas en condiciones
Un juez federal de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a “El Mayo” Zambada y ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares. La cifra supera los 261 mil millones de pesos mexicanos
tos por la justicia estadounidense en un caso relacionado con narcotráfico y forma parte del fallo emitido después de que Zambada aceptara su responsabilidad penal.
Además del decomiso, el tribunal determinó que el cofundador del Cártel de Sinaloa permanecerá en prisión de por vida.
¿Quién es “El Mayo” Zambada?
Ismael “El Mayo” Zambada García es identificado por autoridades de México y Estados Unidos como uno de los fundadores y principales dirigentes del Cártel de Sinaloa, organización criminal creada a finales de la década de 1980 junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán, Héctor “El Güero” Palma y otros opera-
dores del grupo.
Durante más de cuatro décadas permaneció prófugo y fue considerado uno de los narcotraficantes más buscados por agencias estadounidenses. A diferencia de otros líderes del crimen organizado, mantuvo un perfil público bajo y existen pocas fotografías recientes suyas.
Las investigaciones del Departamento de Justicia lo señalaron como responsable de coordinar operaciones para el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos, además de dirigir una red de distribución con presencia en distintos países.
La captura que puso fin a más de 40 años prófugo
La captura de Zambada ocurrió el
25 de julio de 2024, cuando aterrizó en una aeronave en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Semanas después, el propio Zambada difundió una carta a través de su defensa en la que afirmó que había sido llevado contra su voluntad a Estados Unidos después de acudir a una reunión en Sinaloa.
El caso provocó investigaciones de la Fiscalía General de la República en México y abrió una disputa sobre las circunstancias en que ocurrió su traslado al territorio estadounidense.
Del arresto a la sentencia
Tras su captura, Zambada compareció ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde enfrentó cargos por delincuencia organizada, tráfico de drogas, homicidio, lavado de dinero y posesión de armas.
En agosto de 2025 se declaró culpable como parte de un acuerdo con la fiscalía estadounidense, lo que permitió avanzar a la etapa de sentencia.
Finalmente, el 20 de julio de 2026, el juez Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua y ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, equivalentes a alrededor de 261 mil 473 millones de pesos mexicanos, con lo que concluyó uno de los procesos judiciales más relevantes contra un líder del Cártel de Sinaloa.
México, tan cerca de Brasil y Colombia con el riesgo de perder el grado de inversión
favorables”, expuso.
Por citar un problema, el centro de análisis expuso que la deuda neta de México equivale a 54.2% del Producto Interno Bruto (PIB), el déficit presupuestario alcanza 4.4% del PIB y el crecimiento económico previsto para 2025 es de apenas 0.6%; factores que dejan poco margen para fortalecer las finanzas públicas.
“Preservar la confianza de los mercados requiere finanzas públicas sostenibles”, remarcó.
A ello se suma otro elemento y es la posición que ocupa dentro de las escalas de las principales agencias calificadoras. Y es que existe un mayor riesgo de una eventual rebaja si se deterioran las condiciones fiscales o económicas.
Fitch Ratings y Moody’s mantienen al país en el último escalón del grado de inversión, con calificaciones BBBy Baa3, respectivamente, ambas con perspectiva estable. En tanto, S&P Global Ratings ubica a México en BBB,
aunque con perspectiva negativa.
Qué pasó con Brasil y Colombia
Para mostrar lo que puede ocurrir cuando se deterioran los fundamentos fiscales, el CIEP retomó las experiencias de Brasil y Colombia, dos países que perdieron el grado de inversión como resultado de una combinación de factores.
“Brasil perdió el grado de inversión por la combinación de una recesión profunda, deterioro fiscal y crisis política, lo que provocó una depreciación cambiaria frente al dólar (47%), aumento del riesgo país (146.5%) y elevadas tasas de interés (de 11% a 14.25%)”, sostuvo.
En tanto, Colombia perdió el grado de inversión tras el deterioro fiscal derivado de la pandemia y “la incapacidad política para aprobar oportunamente una reforma fiscal creíble”.
Como consecuencia, explicó el CIEP, se debilitó la confianza de las califica-
doras, el peso colombiano se depreció 13.5% frente al dólar, el riesgo país aumentó 114.5% respecto de 2021 y la tasa de interés se mantuvo en 1.75% hasta finales de ese mismo año.
“Los cambios recientes en la evaluación de México por parte de las principales agencias calificadoras, junto con las experiencias de Brasil y Colombia, evidencian que el deterioro de los fundamentos fiscales y políticos puede traducirse en mayores costos de financiamiento, menor margen de maniobra para la política fiscal y una mayor vulnerabilidad macroeconómica”, señaló el CIEP.
Ley Dafne: qué propone la iniciativa tras el feminicidio de la adolescente en Tamaulipas
Georgina Monroy Vázquez Ciudad de México (Cimacnoticias)
La Ley Dafne busca prevenir y sancionar novatadas que pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes, mientras la familia exige justicia por el feminicidio de la joven.
A unos días del feminicidio de Dafne Zapata, adolescente de 13 años que murió tras participar en un campamento organizado por la Academia Militarizada Doenitz, legisladores de Tamaulipas y su familia impulsan la creación de la denominada Ley Dafne, una iniciativa que busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a prácticas violentas dentro de instituciones de formación militarizada y campamentos.
La propuesta surge en medio de la exigencia de justicia de Alejandra Quintoz, madre de la adolescente, quien ha denunciado públicamente que, pese al avance de las investigaciones, hasta ahora no existe ninguna persona detenida por la muerte de su hija.
«Todos están haciendo su trabajo, pero yo no veo resultados. Todos andan libres y mi hija está enterrada«, expresó la madre durante diversas entrevistas con medios de comunicación.
¿Qué propone la Ley Dafne?
El diputado local de Morena, Alberto Moctezuma Castillo, informó que ya trabaja en un paquete de reformas que será conocido como Ley Dafne, cuyo objetivo será establecer mayores mecanismos de prevención, supervisión y sanción cuando la negligencia o el incumplimiento de protocolos pongan en riesgo la vida de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta contempla modificaciones a diversas disposiciones estatales, entre ellas:
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley de Protección Civil.
Ley de Salud.
Código Penal.
Además, la iniciativa plantea la creación de una Ley de Campamentos de Verano para Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de regular este tipo de actividades y garantizar condiciones seguras para las personas menores de edad.
Entre las medidas planteadas destacan:
Regular el funcionamiento de campamentos y actividades similares dirigidas a menores.
Crear un padrón estatal obligatorio de campamentos.
Establecer requisitos mínimos para su operación.
Exigir protocolos de seguridad y
A unos días del feminicidio de Dafne Zapata, adolescente de 13 años que murió tras participar en un campamento organizado por la Academia Militarizada Doenitz, legisladores de Tamaulipas y su familia impulsan la creación de la denominada Ley Dafne, una iniciativa que busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a prácticas violentas dentro de instituciones de formación militarizada y campamentos
protección civil.
Implementar planes obligatorios de atención a emergencias.
Fortalecer los mecanismos de supervisión por parte de las autoridades.
Garantizar la protección de la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes.
La familia exige prohibir novatadas y castigos físicos
De manera paralela, la madre de Dafne impulsa una propuesta para prohibir cualquier práctica que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes dentro de academias militarizadas o instituciones con esquemas de disciplina similares.
La iniciativa busca impedir prácticas como novatadas, castigos físicos, ejercicios extremos, pruebas de resistencia que comprometan la salud, actos de humillación y cualquier forma de tortura o maltrato.
Alejandra Quintoz sostiene que su hija fue víctima de violencia durante el campamento y ha solicitado que el caso sea investigado como feminicidio.
Aunque reconoció que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa con las investigaciones, señaló que prefiere no revelar algunos detalles para no entorpecer las diligencias ministeriales.
La madre de la adolescente tam -
bién rechazó los argumentos de algunas autoridades que han señalado no tener competencia para supervisar este tipo de instituciones y aseguró que continuará alzando la voz hasta obtener justicia.
«Agradezco el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Voy a seguir hablando porque no quiero que otra familia pase por esto», expresó.
El caso Dafne
De acuerdo con la información difundida por la familia, Dafne Zapata ingresó el pasado 13 de julio a un campamento organizado por la Academia Militarizada Doenitz.
Cuatro días después, personal de la institución notificó a su madre que la adolescente había fallecido presuntamente después de desvanecerse en un baño.
Sin embargo, la familia sostiene que la menor fue víctima de agresiones físicas durante su estancia en el campamento y ha denunciado presuntos actos de tortura y violencia, por lo que exige que las investigaciones se desarrollen con perspectiva de género y que el caso sea tratado como feminicidio.
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con la muerte de la adolescente.
Feminicidios en México: una
violencia que persiste El caso de Dafne ocurre en un contexto de violencia feminicida que continúa afectando a mujeres, adolescentes y niñas en México. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2025 se registraron 721 presuntas víctimas de feminicidio en el país. No obstante, organizaciones civiles han advertido que la violencia letal contra las mujeres es mayor, ya que miles de asesinatos siguen siendo investigados como homicidios dolosos y no bajo el protocolo de feminicidio. Especialistas también han señalado que niñas y adolescentes enfrentan riesgos particulares de violencia en espacios donde existen relaciones de poder, disciplina extrema o ausencia de mecanismos efectivos de supervisión. En ese contexto, la propuesta de la Ley Dafne busca abrir el debate sobre la responsabilidad del Estado para garantizar que cualquier institución que tenga bajo su cuidado a personas menores de edad opere bajo estrictos estándares de seguridad, respeto a los derechos humanos y protección integral de la niñez, con el objetivo de que ninguna otra familia tenga que enfrentar una tragedia como la ocurrida con Dafne Zapata.
CONTRA PODER EN CHIAPAS Miércoles 22 de Julio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
MATRIMONIO INFANTIL PERSISTE EN MÉXICO PESE A SU PROHIBICIÓN; INICIATIVA BUSCA CERRAR VACÍOS LEGALES
Georgina Monroy Vázquez
La iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene el fin de prohibir expresamente las uniones infantiles.
Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de niñas y adolescentes, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de prohibir de manera expresa el matrimonio infantil, las uniones de hecho y el concubinato entre personas menores de edad, así como impedir que adolescentes trabajadores realicen jornadas laborales extraordinarias.
La propuesta contempla modificaciones a los artículos 45 y 47 de dicha ley para reforzar el interés superior de la niñez frente a prácticas que continúan vulnerando sus derechos y que, advirtió la legisladora, pueden provocar consecuencias físicas, psicológicas y sociales permanentes.
Buscan cerrar vacíos legales que permiten las uniones infantiles
Pese a que esta práctica está prohibida en todo el país, el matrimonio infantil continúa registrándose en diversas regiones, principalmente en comunidades rurales y zonas con altos niveles de marginación.
Estas uniones ocurren bajo figuras distintas al matrimonio formal, como el concubinato o las llamadas «uniones de hecho», lo que permite evadir la prohibición legal vigente y dificulta la protección efectiva de niñas y adolescentes.
Por ello, la iniciativa plantea que la legislación prohíba expresamen -
te no solo el matrimonio infantil, sino también cualquier institución equivalente o similar, independientemente de usos, costumbres o prácticas culturales.
La senadora Corona Nakamura señaló que las reformas buscan consolidar los avances alcanzados en la erradicación del matrimonio infantil, incorporando herramientas legales que permitan a las autoridades prevenir estas prácticas y sancionar las violaciones a los derechos de niñas y adolescentes.
La senadora sostuvo que el propósito es fortalecer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar el interés superior de la niñez y brindar mayores condiciones de protección a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad desde edades tempranas.
Las «uniones de hecho» mantienen vigente el matrimonio infantil en México
Aunque el matrimonio infantil está prohibido en México, organizaciones de derechos humanos han advertido que miles de niñas y adolescentes continúan siendo obligadas a unirse con hombres adultos mediante figuras como el concubinato o las llamadas «uniones de hecho», prácticas que permiten eludir la legislación vigente y perpetúan distintas formas de violencia. De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC), estas uniones suelen estar vinculadas con violencia sexual, embarazos forzados, abandono escolar, pobreza y explotación, además de reproducir patrones de desigualdad de géne -
ro. La organización sostiene que, pese a los compromisos internacionales asumidos por México, el país mantiene una deuda pendiente en la erradicación de estas prácticas. Incluso, un informe presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que alrededor de un millón 420 mil niñas y adolescentes en México viven casadas o unidas antes de cumplir los 18 años, mientras que en regiones como la Montaña de Guerrero, Chiapas y Oaxaca persisten matrimonios y uniones forzadas justificadas bajo «usos y costumbres», donde las menores son privadas de su derecho a la educación, la salud y una vida libre de violencia.
El trabajo adolescente también pone en riesgo el derecho a la educación y al descanso Dentro de la iniciativa de la senadora, Corona Nakamura señaló que también busca consolidar los avances alcanzados en la erradicación del trabajo que afecta principalmente a adolescentes. Aunque en México la edad mínima legal para trabajar es de 15 años, muchas chicas y chicos adolescentes continúan realizando jornadas extraordinarias, pese a que aún son menores de edad.
La legisladora recordó que la Ley Federal del Trabajo ya prohíbe las horas extraordinarias para personas menores de 18 años; sin embargo, consideró necesario incorporar esta protección de forma explícita en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y sanción por parte de las autoridades.
CUANDO INVOCAR FUENTES PERIODÍSTICAS DEJA DE SER UN ARGUMENTO
La semana pasada, la renuncia de Ulises Lara López a la Fiscalía General de la República fue objeto de múltiples versiones sobre las causas de su salida. Todas ellas, por supuesto, citando fuentes de altísimo nivel. Por ello quiero compartir en Proceso algunas reflexiones sobre el secreto de las fuentes y la veracidad informativa que desarrollo en mi próximo libro Libertad de expresión y responsabilidad jurídica que se encuentra actualmente en prensa. La libertad de expresión protege el derecho de los periodistas a reservar la identidad de sus fuentes. Esa garantía es condición del periodismo de investigación y, en consecuencia, del derecho de la sociedad a recibir información de interés público. Hace casi 30 años advertí ese dato (ver mi obra El secreto profesional del periodista. Concepto y regulación jurídica en el mundo. Madrid. Fragua. 1998) antes de que México se introdujera esa figura. Sin ella, quienes conocen hechos de relevancia colectiva desde el interior de las instituciones simplemente callarían, por temor a represalias laborales, administrativas o penales. Así lo han reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al considerar la protección de las fuentes una de las piedras angulares de la libertad de expresión (caso Goodwin vs. Reino Unido, 1996); la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al destacar el papel esencial del periodismo en una sociedad democrática (caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 2004), y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al vincular el secreto profesional con la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero de esa premisa no se sigue otra muy distinta: que una imputación pública de hechos deba considerarse confiable únicamente porque quien la formula afirma haber consultado fuentes reservadas. El secreto profesional responde una pregunta: por qué puede mantenerse oculta la identidad de los informantes. No responde otra, igualmente importante: por qué la información publicada merece ser creída. Confundir ambas preguntas convierte el periodismo en un acto de fe. Veamos.
Primero. El secreto profesional protege personas, no inferencias. Su objeto es impedir que el Estado o los particulares obliguen al periodista a revelar a quienes le proporcionan información de interés público, preservando así un flujo informativo indispensable para la deliberación democrática. Por eso constituye una garantía institucional, establecida en beneficio de la sociedad, y no un privilegio personal del comunicador. Esa protección, sin embargo, no alcanza automáticamente a las conclusiones
construidas con la información recibida: el anonimato de la fuente puede estar plenamente justificado y, aun así, la imputación publicada resultar insuficientemente corroborada. Confundir ambos planos atribuye al secreto profesional un efecto que nunca ha tenido: convertir la reserva de identidad en presunción de veracidad.
Cuando esa confusión ocurre, la credibilidad se desplaza de la evidencia hacia la autoridad del emisor. El lector deja de preguntarse por qué una imputación parece fundada y la acepta porque quien la formula invoca informantes que no puede revelar. Se trata de la forma contemporánea de una falacia clásica, el argumentum ad verecundiam (la apelación a la autoridad): la conclusión se sostiene por el prestigio de quien la enuncia, no por las razones que la respaldan. Y el prestigio, conviene decirlo, acredita una trayectoria; no demuestra un hecho. El problema es epistemológico antes que jurídico: toda fuente transmite información; ninguna sustituye la verificación. Una fuente puede equivocarse de buena fe; varias pueden compartir el mismo error; decenas pueden reproducir idéntica versión sin conocer directamente los hechos, porque provienen de un origen común, pertenecen al mismo entorno institucional o escucharon el mismo rumor en la misma reunión. Los estudios sobre información circular describen bien el fenómeno: cuando varias personas repiten un relato que nació de una sola boca, no hay diez confirmaciones; hay una sola fuente multiplicada por el eco. La verdadera corroboración exige convergencia independiente entre elementos de verificación, no la simple reiteración de un mismo relato. Las fuentes abren caminos de investigación; la evidencia y el razonamiento justifican las conclusiones. Segundo. El derecho no es indiferente a esa distinción. La Suprema Corte ha sostenido, a partir del amparo directo en revisión 2044/2008, que la protección constitucional de la libertad de expresión no ampara imputaciones fácticas carentes de respaldo razonable cuando lesionan derechos de la personalidad. La Corte Interamericana ha seguido una lógica semejante al exigir diligencia en el manejo de la información como condición de compatibilidad con una sociedad democrática (caso Kimel vs. Argentina, 2008). Desde luego, la prensa no está sujeta al estándar probatorio de una sentencia: su función es informar oportunamente sobre asuntos de interés público, no juzgar, y exigirle certeza plena antes de publicar equivaldría a silenciarla. Pero entre la certeza judicial y la mera invocación de fuentes existe un territorio intermedio que es, precisamente,
el del periodismo profesional: el de la corroboración razonable. De ahí el criterio que propongo denominar principio de autosuficiencia corroborativa: toda imputación pública de hechos debe poder justificarse mediante un proceso de corroboración objetivamente explicable, aun cuando la identidad de las fuentes permanezca legítimamente protegida. El principio no exige revelar informantes ni judicializar el periodismo. Exige algo distinto y perfectamente posible: que el comunicador pueda explicar, sin riesgo para sus fuentes, qué información fue contrastada; qué elementos independientes de verificación existieron, por ejemplo, documentos cotejados con registros públicos o testimonios coincidentes de personas sin comunicación entre sí; qué inconsistencias encontró y cómo las resolvió; qué hipótesis alternativas descartó y qué versión ofreció la persona señalada. Ninguna de esas explicaciones delata a nadie. Todas se formulan en un nivel de abstracción que impide triangular identidades, pues describir el método no equivale a describir a las personas. Y ninguna opera como carga previa a la publicación, lo que configuraría una censura prohibida por el artículo 7o. constitucional, sino como parámetro de valoración en sede de responsabilidad ulterior, único momento en que el derecho puede examinar lo publicado. Una investigación rigurosa distingue, además, entre lo que sabe, lo que infiere y lo que todavía ignora; la proporcionalidad entre evidencia y narrativa, junto con la disposición a rectificar, es uno de los indicadores más confiables de calidad periodística.
Tercero. ¿Y qué puede hacer quien recibe la información? La alfabetización mediática no consiste en desconfiar del periodismo ni en descalificarlo en bloque, sino en sustituir el acto de fe por un método. David Hume lo formuló en 1748, en la sección décima de su Investigación sobre el entendimiento humano, dedicada a los milagros: la persona sabia proporciona su creencia a la evidencia disponible. Cualquier lector con un mínimo de pensamiento crítico puede aplicar esa máxima mediante seis preguntas sucesivas.
1.- ¿Qué se afirma exactamente? Hay que separar los hechos verificables de las opiniones y de las interpretaciones. Que un funcionario renunció es un hecho comprobable; que renunció por presiones de un superior es un hecho atribuido que requiere prueba; que su renuncia revela una crisis institucional es una interpretación. Sólo los hechos pueden ser verdaderos o falsos; las opiniones se evalúan por su razonabilidad, no por su veracidad, y no deben exigírseles pruebas. El primer paso del lector crítico es identificar cuál de esas tres cosas tiene enfrente.
2.-¿Qué soporte acompaña a las fuentes? Documentos, oficios, audios, videos, versiones estenográficas, registros públicos o datos que un tercero pueda comprobar valen más que cualquier número de informantes anónimos, porque pueden examinarse con independencia de quién los aportó. Si la nota no ofrece ninguno, no significa que sea falsa; significa que descansa por completo en la palabra de quien firma, y el lector debe saber que eso es lo único que está aceptando.
3.- ¿Qué explica el método? Una cosa es asegurar que fuentes de alto nivel confirmaron algo; otra, describir cómo se contrastó la información, qué se verificó por vías distintas y qué versiones se descartaron en el camino. El periodismo serio puede narrar su itinerario de comprobación sin comprometer una sola identidad. Cuando ni siquiera lo intenta, pide confianza sin ofrecer razones.
4.-¿Se buscó y se publicó la respuesta de la persona señalada? El deber de procurar la versión de la contraparte es elemental en cualquier código deontológico. No es lo mismo consignar que el aludido declinó responder, lo cual documenta el intento, que omitir toda referencia a su versión. La ausencia injustificada de la contraparte es una señal de alerta, no un detalle menor.
5.- ¿El lenguaje gradúa la certeza? Un texto honesto distingue lo probado de lo inferido y lo inferido de lo especulado; usa el condicional, el “presuntamente” y el “según versiones” cuando corresponde, y reserva la afirmación categórica para lo efectivamente corroborado. Cuando la contundencia del lenguaje excede la evidencia exhibida, el lector está ante retórica, no ante información.
6.-¿Otros medios confirmaron con elementos propios o sólo repitieron la versión original? La reproducción en cadena de una misma nota crea una ilusión de consenso: parece que muchos lo dicen cuando, en realidad, uno lo dijo y los demás lo copiaron. La repetición no es corroboración; la confirmación independiente, con documentos o fuentes propias, sí lo es.
Ernesto Villanueva
MÉXICO ANTE LAS NUEVAS RELACIONES
TRIANGULARES
Carlos Perola Burguete*
(I DE VIII)
Estado, soberanía estratégica y transición del orden mundial
Proemio. Las grandes transformaciones históricas rara vez anuncian su llegada. No irrumpen con un solo acontecimiento capaz de señalar, de manera inequívoca, el comienzo de una nueva época. Se manifiestan, más bien, mediante una sucesión de cambios que, observados aisladamente, parecen responder a circunstancias particulares: una innovación tecnológica, la modificación de una cadena de suministro, una nueva política industrial, un conflicto comercial, una guerra regional, la firma de un tratado o el desplazamiento gradual de un centro de poder económico hacia otra región del planeta.
Sólo cuando esos acontecimientos comienzan a adquirir coherencia entre sí es posible comprender que no se trataba de hechos dispersos, sino de las expresiones visibles de una transformación mucho más profunda: la transición de un orden internacional hacia otro.
Nuestra época parece encontrarse precisamente en uno de esos momentos.
Durante más de tres décadas, el sistema internacional funcionó bajo un equilibrio relativamente estable. La desaparición de la Unión Soviética consolidó un orden unipolar encabezado por Estados Unidos, caracterizado por la expansión de la globalización, la liberalización comercial y financiera, la fragmentación internacional de la producción y la convicción de que los mercados constituían el principal mecanismo para asignar eficientemente los recursos a escala mundial. En ese contexto, la integración económica dejó de concebirse como un instrumento de competencia entre Estados para convertirse en el lenguaje común del desarrollo.
México construyó buena parte de su estrategia nacional dentro de ese
paradigma. La apertura comercial, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, posteriormente, del T-MEC, redefinieron la inserción internacional del país. La economía mexicana se integró profundamente a las cadenas productivas de América del Norte, desarrolló una poderosa plataforma manufacturera y convirtió su relación con Estados Unidos en el principal eje de su crecimiento exportador.
Durante muchos años esa estrategia respondió adecuadamente a las condiciones del sistema internacional vigente.
Sin embargo, toda estrategia nacional posee una premisa silenciosa: supone que el entorno para el cual fue diseñada permanecerá esencialmente estable.
Y esa premisa ha comenzado a desvanecerse.
El ascenso de China como potencia industrial, tecnológica y financiera; el retorno de la política industrial en Estados Unidos; la disputa por el liderazgo en sectores estratégicos como los semiconductores, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, las energías limpias y los minerales críticos; la reorganización de las cadenas globales de valor; la creciente utilización del comercio, la inversión y la tecnología como instrumentos de poder geopolítico, anuncian una transformación cuya profundidad apenas empezamos a comprender.
No asistimos únicamente a una nueva fase de la globalización.
Asistimos a una redefinición de las condiciones bajo las cuales los Estados compiten, cooperan y construyen poder.
En este nuevo escenario, conceptos que parecían relegados por la lógica del mercado —política industrial, planeación estratégica, seguridad económica, autonomía tecnológica y soberanía productiva— han regresado al centro del debate internacio-
nal. Las grandes potencias vuelven a pensar en términos de capacidades nacionales, control de sectores críticos y resiliencia estratégica.
El mercado continúa siendo un mecanismo indispensable para la creación de riqueza. Pero ha dejado de ser el único criterio que organiza las decisiones económicas de los Estados.
La geoeconomía ha recuperado un lugar que durante años pareció subordinado a la lógica de la globalización.
Es precisamente aquí donde se sitúa el problema que da origen a este ensayo.
En México, buena parte del debate público continúa concentrándose en los beneficios inmediatos derivados del nearshoring, del crecimiento exportador o de la relación privilegiada con el mercado estadounidense. Es un debate legítimo y necesario. Pero resulta insuficiente para comprender la magnitud del cambio histórico que comienza a desplegarse.
La pregunta ya no consiste únicamente en cómo administrar con eficiencia la integración existente.
La pregunta consiste en determinar si el Estado mexicano está desarrollando las capacidades necesarias para actuar estratégicamente dentro del nuevo orden internacional que comienza a configurarse.
Este desplazamiento modifica también la forma de interpretar la relación entre México, Estados Unidos y China.
Durante años predominó una visión esencialmente bilateral. México analizaba su relación con Estados Unidos; posteriormente comenzó a observar por separado el crecimiento de China. Hoy esa perspectiva resulta insuficiente. La competencia sistémica entre Washington y Beijing ha transformado esas relaciones en una estructura triangular donde las decisiones de cada actor condicionan cre-
cientemente las opciones de los otros.
Bienvenidos…
P.D-1a A este escenario nos estamos subiendo hoy, dándolo a conocer en ocho capítulos, una dosis cada día, para degustarla por la mañana y reflexionarla durante el transcurso del dia, para tenerla más clara por la tarde, frente a otras y otros, y juntos, hacerla pedazos y recomponerla entre todas y todos.
P.D-2a. o segunda nota aclaratoria, sobre el ensayo ‘México Ante las nuevas Relaciones Triangulares’, aquí empezado a narrar, provocado por el objetivo y las reflexiones de la lectura y el análisis socioeconómico, propuestas para el siglo xxi, titulado “México ante una encrucijada histórica” del cual, Enrique Dussel Peters, quien es el responsable de su autoría. Documento que podrán obtener gratuitamente en el siguiente vinculo. https://www.researchgate.net/ publication/405372936_Mexico_ante_una_encrucijada_historica_Entre_la_nueva_seguridad_nacional_de_Estados_Unidos_y_la_ cooperacion_con_China_Analisis_ socioeconomico_y_propuestas_para_el_siglo_XXI
P.D-3a. o tercera aclaración, que explica, para una mejor comprensión de cada una de las ocho entregas, a través de este medio periodístico. Cada una de las columnas inicia con una tesis, descrita en negritas en el primer párrafo, a la cual la narrativa subsecuente de la columna, busca responder. Esperamos cuando menos seguir viviendo en ese intento, durante este periodo de reflexión. Iniciamos con esta introducción. *Investigador Periodístico en luchas del campo mexicano, la soberanía alimentaria, económica y las relaciones entre Estado, empresas y comunidades rurales. Director de la A.C. PEROLA. Miembro Honorario del Despacho Jurídico B&G-Chiapas.
CARTELERA POLÍTICA
Leonel Durante López
• Un tabasqueño anda en campaña y quiere gobernar Chiapas
• Daniel Ortega entierra la democracia en Nicaragua
Ahora resulta que el sinvergüenza, cínico y corrupto mejor conocido como Pepe Cruz se le ha ocurrido la “idiota” de pretender gobernar Chiapas. Ya no intentó una vez, pero fracaso el tabasqueño.
Pepe Cruz ha de pensar que nos va hacer el favor de gobernarnos, pero aquí en Chiapas sobran los prospectos, solo hay que buscarlos y darles la oportunidad, pero no a un fuereño que se ha servido de los chiapanecos.
Pepe Cruz bajo la sombra del exgobernador Rutilio Escandón y de su cuñado Adán Augusto López Hernández, el cuasi hermano del mesías tropical del Grupo Tabasco y presuntos capos de “la barredora”, no pudo tener la candidatura a la gubernatura, sin embargo, le dieron su premio de consolación, una senaduría que para ser más que la verdad no se la merece.
Como senador, no ha demostrado sus habilidades políticas para beneficio de los chiapanecos, el cargo le ha servido para promoverse e intentar de nueva cuenta hacerse la candidatura a la gubernatura.
Se ve descabellado el plan, pero en eso anda, en la zona Norte de Chiapas, para ser exacto en Pichucalco, en donde violando las leyes electorales hace campaña disfrazada como coordinador de la defensa de la transformación, de la soberanía y el voto. Mis polainas.
Si tuviera tantita vergüenza el tabasqueño debiera de desistir del intento de burlar a los chiapanecos y ser el candidato a la gubernatura porque no ha hecho ningún mérito para merecer.
El debate en torno a las investigaciones contra el senador José Manuel Cruz Castellanos abarca un tema legal y político clave, pues existen investigaciones y auditorías abiertas por parte de la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría Anticorrupción y la Fiscalía de Combate a la Corrupción de Chiapas sobre presuntas irregularidades presupuestales durante su gestión al frente de la Secretaría de Salud estatal, durante la gestión de Rutilio Escandón que le dio manga ancha para robar a su antojo.
El pelón Cruz no debiera buscar otro cargo público porque si el gobierno federal en turno hiciera justicia este barbaján, cínico y corrupto pelafustán debiera de estar en la cárcel no sirviéndose del cargo.
Pero lamentablemente, Morena, la 4T los defienden como gato boca a arriba, si porque el “miedo no anda en burro”, en el entendido que
“si cae uno, caen todos”, entre ellos, López Obrador y la misma Claudia Sheinbaum.
La presidencia de la República ha manifestado públicamente que se revisarán e investigarán las denuncias u observaciones correspondientes, mientras que la dirigencia de Morena ha señalado que las autoridades competentes deben actuar sin protección indebida si se comprueban los hechos.
Sin embargo, puro “jarabe de pico”, porque hasta ahora ningún corrupto del oficialismo a caído a la cárcel, porque además de existir las pruebas suficientes para enjuiciarlos, son defendido por su presidenta, amén que en la legislación mexicana, para que un legislador federal pueda enfrentar un proceso penal de forma ordinaria e ir a la cárcel, se deben cumplir etapas clave:
Juicio Político o Declaración de Procedencia (Desdesafuero) y eso está en chino.
Los chiapanecos no debemos darle al bandido de Pepe Cruz ni el beneficio de la duda, no tiene ni derecho ni merece ser gobernador de este estado, es más ni pensarlo porque nos ofender, mejor que primero rinda cuentan, justicie lo robado, se estima que vulgar ladrón provocó un daño al erario de Chiapas de por lo menos cinco mil millones de pesos, por concepto de compras de medicamentos caducados, insumos de baja calidad, pago de obras inconclusas, simulación de actos de compraventa con empresas fantasma, adquisición de vehículos usados pero pagados como nuevos, entre otras anomalías. Es más, el sátrapa de Pepe Cruz con la campaña adelantada le esta faltando al respeto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar que el próximo 8 de diciembre estará cumpliendo dos años de haber tomado posesión del cargo.
Este individuo debe ser investigado por todos los medios y a quien también le recomiendo ponerse a trabajar en lugar de andar en la grilla, chingando a periodistas y obede-
ciendo instrucciones del Congreso del estado, como le llamara mi amigo Paco Gurghua, la ceguera del elefante blanco del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), que hasta ahora no ha hecho un papel digno como lo debe ser el árbitro electoral.
La dictadura demuestra que su única fuerza reside en la represión y las armas
“Daniel Ortega y Rosario Murillo han abandonado incluso la apariencia de consentimiento popular”, subrayó Marco Rubio, el Secretario de Estado del gabinete presidencial de Trump.
El encargado de la política exterior de los Estados Unidos en referencia a los declarado por el exguerrillero nicaragüense sobre futuros comicios en su país.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump consideró que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo al considerar que no habrá más elecciones en su país es abandonar el consentimiento popular.
“La declaración de Daniel Ortega de que, bajo la dictadura de su familia, Nicaragua nunca más celebrará elecciones pone al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria”, agregó Marco Rubio.
Los nicaragüenses andan mal, porque este lunes 20 de julio, el “Sandinismo nicaragüense” coronó la ruta de la dictadura: su presidente Daniel Ortega anunció que “aquí no volverán a haber elecciones”.
Y los nicaragüenses callaron, ni pio dijeron, pero son ellos los que llevarán en sus espaldas una pesada loza de concreto.
Hace poco más de 35 años, Octavio Paz advertía sobre ese riesgo por lo que fue acremente cuestionado por intelectuales, académicos y amplios sectores de la izquierda y publicaciones como la revista Proceso, que calificaron de visceral y “lleno de odio” contra Nicaragua.
Gabriel Zaid y Enrique Krau -
se, entre varios otros intelectuales más, coincidieron con el discurso del poeta.
Poco más de 35 años después, nos queda claro que Octavio Paz se adelantó al futuro, y cuánta razón tuvo, muy a pesar de los que lo cuestionaron en su momento tan duramente, hoy ya ni se acuerdan.
Mientras tanto, y como es su naturaleza, el gobierno mexicano de Morena y la 4T de López Obrador y Sheinbaum callan, porque como es sabido, ellos simpatizas con las dictaduras revolucionarias de Latinoamérica.
Ortega y Murillo escriben su epitafio
En 1984, las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua serán un rito vacío y muchos se abstendrán de votar. Al apresar a candidatos y críticos, la dictadura ha demostrado que su única fuerza reside en la represión y las armas
Del Montón
El dirigente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, rechazó guardar silencio por “prudencia” y afirmó que responsabilizar a Ruffo de ser el cerebro del presunto esquema de huachicol fiscal “es una gran mentira”. Sostuvo que una operación de esa magnitud solo podría realizarse con la participación de autoridades del Gobierno federal y llamó a respaldar al exmandatario bajacaliforniano con el mensaje #LiberenARuffo. * * * Por su parte, el expresidente Felipe Calderón calificó al gobierno de Morena como “autoritario y déspota” y sostuvo que busca utilizar el sistema de justicia para reprimir políticamente a la oposición. En ese contexto compartió la columna de Salvador Camarena, publicada en El Financiero, en la que se plantea que Morena estaría recurriendo al uso de procesos penales contra adversarios políticos. * * * Un día después de la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, el expresidente de México Vicente Fox defendió la presunción de inocencia de su antiguo compañero en el PAN. Fox Quesada expresó su “solidaridad y absoluto respaldo” a Ernesto Ruffo, a quien calificó como un mexicano íntegro, honesto y comprometido con el bienestar del país. También recordó que el exgobernador abrió el camino de la transición democrática en México al derrotar al autoritarismo por la vía pacífica y fortalecer las instituciones. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.
