Simulación o participación efectiva en las políticas de seguridad
D O X A
Las personas ejecutadas en El Bosque reafirma que la seguridad es la política prioritaria.
Sobre todo, porque las estructuras del crimen organizado no han sido afectadas.
Ayer en un evento protocolario el gobernador instaló el Comité
Técnico Estatal de Atención
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Humanista de las Causas y Prevención Social de la Violencia y los Delitos, esto como parte de una estrategia de seguridad
De poco sirve realizar detenciones y encarcelamientos si no se afecta el poder en las estructuras del crimen.
Sobre todo los vínculos que se desarrollan entre funcionarios y autoridades con el crimen organizado.
ACCIONES
El gobierno de México interpondrá denuncias en contra de quienes resulten responsables ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por las muertes de mexicanos en el contexto de los operativos del ICE y su traslado a centros de detención
Eduardo Ramírez impulsa una nueva etapa para consolidar la paz en Chiapas
SESIÓN
Consejo General del IEPC aprueba redistribución de financiamiento público para partidos políticos
HOY ESCRIBEN
CARTELERA POLÍTICA
Leonel Durante López
LA SOMBRA DE UN INTERINATO SE CIERNE NUEVAMENTE SOBRE CHIAPAS
Raymundo Díaz S.
TSUNAMI ANTIINMIGRANTE Y POLÍTICAS DE REFUGIO EN MÉXICO
Tonatiuh Guillén López
CUANDO EL ESFUERZO DE UNA VIDA SE CONVIERTE EN “OBJETIVO FISCAL”
Julieta del Río
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN MÉXICO: FEMINICIDIO, VIOLACIÓN Y VIOLENCIA FAMILIAR
MANTIENEN CIFRAS EN 2026
Georgina Monroy Vázquez
Viernes 10 de Julio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 11 | No. 3409
PAG.
Simulación o participación efectiva en las políticas de seguridad
Ayer en un evento protocolario el gobernador instaló el Comité Técnico Estatal de Atención Humanista de las Causas y Prevención Social de la Violencia y los Delitos, esto como parte de una estrategia de seguridad que apoye para la construcción de la paz en la entidad. La conformación de este Comité, debe analizarse entre la diferenciación de una política pública que busca resolver con eficacia los problemas de prevención de la violencia y los delitos o como una acción que sólo disimula preocupaciones por la violencia y la inseguridad, pero que no va a tomar decisiones profundas que busque resolver problemas estructurales que fomentan la corrupción y la impunidad, dos aspectos cruciales para mejorar condiciones de seguridad y disminución de la violencia en la entidad. La idea de integrar un Comité que involucre a instituciones públicas, sectores productivos y organismos de la sociedad civil con autoridades de los tres niveles de gobierno es positiva, debido a que se parte de una concepción de que la seguridad y la construcción de la paz, que son responsabilidad del Estado, no pueden realizarse con éxito sin la parti-
cipación ciudadana y los organismos de la sociedad civil y sectores productivos. Sin embargo, para que se transite de la simulación a una política efectiva, se requiere de la incorporación inclusiva y no sólo mediática de grupos afectados y sobrevivientes de la violencia, como son el de las víctimas de feminicidios y de madres buscadoras, o bien los centros defensores de derechos humanos, quienes deben ser escuchados y participar activamente en las decisiones de políticas fundamentales que buscan mejorar los entornos sociales y disminuir la violencia y la inseguridad.
Llama la atención que en este Comité se excluyen a las familias y sobrevivientes de las víctimas de feminicidio y madres buscadoras, y se reproducen los esquemas de crear estructuras integradas por los mismos funcionarios públicos responsables de la seguridad, que no han tenido los resultados deseables o que bien son señalados por reproducir patrones de impunidad desde el funcionamiento de las dependencias responsables de la seguridad pública y procuración de justicia. De nada sirve que las víctimas o defensores de derechos humanos sean convocados a foros de consulta si se les excluye de la participación efectiva en
la toma de decisiones políticas, como puede ser este Comité de prevención social de la violencia.
El gran fracaso de las políticas públicas es cuando predomina la simulación y las apariencias sobre la participación efectiva de los organismos de la sociedad civil y los sectores productivos. En donde es importante escuchar a los que conocen los problemas, pero más relevante es que los que conocen participen en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las decisiones políticas. De nada sirve crear comités, que desde su origen existen evidencias que no van a ser útiles socialmente. Esto es sólo reproducir la simulación en la política y no construir bases y estructuras para una participación efectiva de grupos de la sociedad civil.
La seguridad, dice la Constitución mexicana, es una función de Estado. Sin embargo, la construcción de la paz es una responsabilidad de la sociedad que se organiza y participa sin simulaciones para el logro de la paz. Por eso ninguna política en materia de seguridad va a terminar siendo efectiva, si en el diseño e implementación de la misma se excluyen a las víctimas y sobrevivientes de la inseguridad que se vive.
DIRECTOR GENERAL José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL Franni Gudiel A.C
Correo electrónico:
Exigen concesionarios de Tuxtla frenar
circulación
de “piratas” del transporte amparados en acuerdos obsoletos
Manuel Jiménez.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
El conflicto por la operación irregular de unidades de transporte público ha escalado en la capital, luego de que concesionarios organizados alzaran la voz para exponer la presión que ejercen dirigentes de tres importantes agrupaciones del gremio, quienes buscan mantener en circulación vehículos con placas particulares al amparo de acuerdos que datan de administraciones pasadas.
En un pronunciamiento que evidencia la creciente tensión en el sector, los transportistas señalaron directamente a los líderes de AMOTAC, FECOTRACH y la Cooperativa Chiapas como los responsables de impulsar esta práctica, que calificaron como un atentado contra el ordenamiento vigente. De acuerdo con los quejosos, la intención de estos dirigentes choca de frente con la política de la actual administración estatal, que desde el inicio del gobierno se comprometió a erradicar este tipo de irregularidades que han llevado al borde del colapso al servicio de transporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez.
Las rutas en la mira
El diagnóstico presentado por los inconformes detalla que las vialidades más afectadas por esta invasión
El hallazgo de los cadáveres de seis hombres y dos mujeres movilizó a los tres niveles de gobierno hacia este punto estratégico donde confluyen los municipios de Jitotol, El Bosque y Bochil
son las rutas 61, 74, 58, 54 y 30. Según su denuncia, las unidades irregulares son dadas de alta formalmente en otras rutas para simular su legalidad, pero posteriormente son reubicadas en estas zonas, donde circulan con placas de uso particular y completamente fuera del padrón oficial de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).
Esta situación ha desatado una competencia desigual, pues mientras los concesionarios legales cumplen con todas las obligaciones fiscales y normativas, estos vehículos irregulares ofrecen a sus operadores la promesa de ser incluidos en el próximo proceso de concesionamiento,
generando una oferta desleal que perjudica la economía del sector. Sin seguro y sin choferes registrados: un riesgo para el usuario Uno de los puntos más críticos de la denuncia es el riesgo que estas unidades representan para la ciudadanía. Los transportistas organizados subrayaron que los vehículos que operan con placas particulares no cuentan con seguro para pasajeros, ni con choferes debidamente registrados y acreditados ante las autoridades, lo que deja a los usuarios en total indefensión en caso de un accidente o incidente vial. Llamado enérgico a la secretaria de Movilidad
Ante el creciente desorden y la inacción que perciben, los concesionarios hicieron un exhorto contundente a la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, para que asuma el control de la situación y no se deje engañar por quienes pretenden hacer valer acuerdos rezagados que no fueron suscritos en el marco de la presente administración.
Asimismo, recordaron la postura firme que el gobernador del estado expresó al arrancar su gestión, al afirmar que no se tolerarían prácticas que vulneren la legalidad y el orden en el transporte. Los manifestantes confiaron en que las autoridades actuarán con prontitud y que estas unidades serán retiradas de circulación a la brevedad posible.
Advierten de más conflictos si no se actúa
Para cerrar, los transportistas advirtieron que la permanencia de estos vehículos apócrifos no solo golpea la economía de quienes cumplen la ley, sino que también profundiza los conflictos internos en el gremio y representa un peligro latente para la seguridad vial de las miles de familias tuxtlecas que día a día dependen del servicio público para trasladarse.
Seinfra proporciona a las mujeres herramientas que transformen la vida comunitaria en Chalchihuitán, Aldama y Tila
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Para brindar herramientas que transformen la vida comunitaria, la titular de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas (Seinfra), Anakaren Gómez Zuart, encabezó las actividades del programa “ERA de las Mujeres” en los municipios de Chalchihuitán, Aldama y Tila, mediante la implementación del curso-taller de “Pintura Básica”.
En la reunión participaron mujeres de la localidad, en la que aprendieron conocimientos y habilidades prácticas que les permitirán desarrollar nuevas capacidades y acceder a herramientas para fortalecer su autonomía económica.
El propósito de este programa es demostrar que las mujeres tienen la capacidad de aprender diversos
oficios, incluidos aquellos que tradicionalmente no se les enseñaban.
Al brindarles estos conocimientos, la funcionaria estatal destacó que se busca incentivar la autosuficiencia de las beneficiarias, dándoles la posibilidad de desarrollar una actividad productiva, generar sus propios ingresos y fortalecer la economía de sus hogares.
Durante los encuentros con las participantes, Gómez Zuart compartió un mensaje de empoderamiento y progreso:
La ERA de las Mujeres nace con el propósito de acercar herramientas y conocimientos que les permitan aprender nuevos oficios, incluso aquellos que tradicionalmente no han estado a su alcance.
Queremos que descubran sus capacidades, que sean más autónomas y que aprovechen estos aprendizajes para contribuir a la economía de sus
hogares. Como mujeres, debemos saber que, si hay algo que queremos hacer, sea cual sea el reto, tenemos la capacidad de aprender, desarrollarnos y lograrlo”, afirmó la titular de Infraestructura.
Finalmente se informó que el programa no se detiene y actualmente
se sigue desarrollando en la capital, Tuxtla Gutiérrez, desde donde se coordinan los esfuerzos para replicar estas jornadas de manera paulatina en más municipios del estado, asegurando que los beneficios alcancen a un mayor número de familias chiapanecas.
Eduardo Ramírez impulsa una nueva etapa para consolidar la paz en Chiapas
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la instalación del Comité Técnico Estatal de Atención Humanista de las Causas y Prevención Social de la Violencia y los Delitos, acto que marcó el inicio de la segunda etapa de la estrategia de seguridad, mediante el fortalecimiento de 58 programas enfocados en la prevención del delito. En esta iniciativa, participan autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad y procuración de justicia, así como instituciones públicas, sectores productivos y organismos de la sociedad civil.
En este contexto, el mandatario hizo un llamado a cerrar filas entre sociedad y gobierno para atender las causas de la violencia y combatir de manera firme los delitos que más afectan a las familias chiapanecas, especialmente aquellos relacionados con la violencia contra las mujeres, las niñas, los niños y las y los adolescentes. Asimismo, destacó que las acciones se concentrarán en los municipios con mayor incidencia delictiva.
“No habrá impunidad; seguiremos siendo implacables contra quienes cometan delitos. En esta segunda etapa de la estrategia de seguridad iremos a atender las causas, por lo que pedimos el apoyo de todas y todos. Tengan presente que cada acción que realizamos tiene como propósito que el pueblo viva mejor.
· Derivado del registro de tres nuevos partidos políticos locales. El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó en sesión urgente realizada la mañana de este jueves, la redistribución del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, para el periodo de julio a diciembre del ejercicio 2026, derivado del registro de tres nuevos partidos políticos locales que tuvo efectos a partir del pasado 1 de julio. Durante el análisis y aprobación del proyecto, la consejera Gloria Esther Mendoza Ledesma, presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, explicó que el monto total a redistribuir en el periodo citado es de 75 millones 164 mil 532 pesos, de tal forma que para los partidos políticos con acreditación y registro previo, se calcula de acuerdo al porcentaje que mantenían respecto de los recursos previamente distribuidos, quedando los montos de la siguiente forma:
En esta iniciativa, participan autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad y procuración de justicia, así como instituciones públicas, sectores productivos y organismos de la sociedad civil
Nuestro objetivo es mantener la paz, porque esa es la base para que Chiapas transite hacia la prosperidad”, expresó al destacar que, gracias al trabajo coordinado entre las distintas instituciones, Chiapas se ha consolidado como una de las entidades más seguras del país.
Por su parte, el secretario técnico del Comité y fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, refrendó su compromiso de contribuir al esfuerzo colectivo impulsado por el gobernador, al considerar que se trata del proyecto preventivo más importante de las últimas décadas y de la mayor cruzada para construir bienestar.
“Tenemos claro que la paz comienza mucho antes de una denuncia y que prevenir significa educar, escuchar, acompañar, fortalecer a la familia, abrir oportunidades y construir comunidad. ¡Prevenir es sembrar hoy el Chiapas que nuestras hijas e hijos merecen mañana!”, puntualizó.
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por el trabajo realizado para fortalecer la paz, la tranquilidad y la seguridad en Chiapas, así como por la disminución en la percepción de inseguridad en la capital del estado.
Además, destacó la importancia de la participación ciudadana y de los municipios en la construcción de una sociedad más segura y sostenible, al tiempo que reconoció la coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo para reforzar las acciones preventivas.
A su vez, la presidenta de la Asociación Civil Tierra de Mujeres, Roxana Yanet Ruiz López, celebró la instalación del Comité Técnico Estatal al considerar que permitirá fortalecer la colaboración entre las autoridades y la sociedad civil para prevenir la violencia. Asimismo, sostuvo que el respaldo a las mujeres rurales contribuye al fortalecimiento de las familias y las comunidades, y reiteró la disposición de la organización para sumarse a la construcción de la paz en Chiapas.
Durante la ceremonia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, tomó protesta a las y los integrantes del Comité Técnico Estatal de Atención Humanista de las Causas y Prevención Social de la Violencia y los Delitos, a quienes exhortó a desempeñar sus responsabilidades con compromiso y a velar por la seguridad de las y los habitantes de Chiapas.
Consejo General del IEPC aprueba redistribución de financiamiento público para partidos políticos
Partido Acción Nacional 5 millones 116 mil 480 pesos; Partido Revolucionario Institucional 7 millones 545 mil 311 pesos; Partido Verde Ecologista de México 12 millones 493 mil 816 pesos; Partido del Trabajo 8 millones 219 mil 915 pesos, Partido Movimiento Ciudadano 5 millones 612 mil 390 pesos; Partido Morena 22 millones 207 mil 913 pesos; Partido Redes Sociales Progresistas Chiapas 9 millones 458 mil 832 pesos; y a los Partidos con reciente registro, Movimiento de Esperanza de Chiapas, Conciencia Humana y Fuerza Chiapaneca, 1 millón 503 mil 290 pesos a cada uno.
La consejera presidenta Marina Martha López Santiago y las consejeras electorales integrantes de la citada comisión, Helena Margarita Jiménez Martínez y Teresa de Jesús Alfonso Medina, coincidieron en destacar
que este ejercicio no representa un aumento al financiamiento público aprobado para este ejercicio anual, sino que se trata de la redistribución del mismo en virtud del cumplimiento de una obligación constitucional
así como del reconocimiento legal de nuevos Institutos Políticos, medida que busca garantizar condiciones de equidad y que las prerrogativas asignadas puedan ejercerse de manera lícita y transparente.
Operativo Enjambre en Tabasco por primera vez; detienen a seis mandos de la SSPC
Rodulfo Reyes VILLAHERMOSA, Tab., (apro)
El primer Operativo Enjambre realizado en Tabasco dejó este jueves seis elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detenidos por orden judicial, informó la Fiscalía General del Estado (FGET).
La acción fue ejecutada de manera coordinada por la FGET, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.
De acuerdo con la autoridad, el Operativo Enjambre busca combatir la corrupción, la impunidad y los presuntos vínculos de servidores públicos con estructuras criminales, como parte de la Estrategia Nacional
De acuerdo con la autoridad, el Operativo Enjambre busca combatir la corrupción, la impunidad y los presuntos vínculos de servidores públicos con estructuras criminales, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad
de Seguridad.
Los detenidos fueron identificados como Carmen “N”, Rubén “N”,
SCJN atrae amparos contra la operación de megagranja porcícola en Homún, Yucatán
Lastiri CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo dos amparos relacionados con los derechos de las comunidades indígenas de Yucatán a oponerse a la operación de la megagranja porcícola instalada en el municipio de Homún, bajo el argumento de que tienen la facultad de defender el agua de los cenotes que se encuentran en el área.
Por mayoría de votos los ministros acordaron ejercer su facultad de atracción respecto de dos amparos en revisión que debía resolver el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa de Yucatán y el Tribunal Colegiado en materias del Trabajo y Administrativa de la entidad (138/2025 y 195/2020, respectivamente).
En el expediente 138/2025, los ministros deberán resolver si la comunidad indígena maya puede tramitar amparo para proteger la “Reserva Geohidrológica Anillo de
Cenotes” del municipio que, afirman, sería contaminado por la operación de la granja porcícola.
Mientras que el expediente 195/2020, los ministros atrajeron el amparo en revisión tramitado por los niños mayas del municipio de Homún que buscan la revocación definitiva de los permisos concedidos a la granja porcícola y el cierre de la misma.
En este caso, la Corte debe analizar si la autorización, instalación y funcionamiento de la megagranja, con capacidad para 49 mil cerdos, dentro del área natural protegida del anillo de cenotes, realmente implica un riesgo de contaminación al ecosistema carsístico y al agua del pueblo maya.
Debido a que en este amparo se les concedió una suspensión definitiva, misma que ya fue confirmada por la Corte, la granja no puede reiniciar operaciones hasta que los amparos estén definitivamente resueltos lo que ocurrirá una vez que el Máximo Tribunal emita sus resoluciones.
Carlos “N”, Edi “N”, Francisco “N” y Joan “N”, todos servidores públicos de la SSPC estatal.
La Fiscalía precisó que a los seis se les presume inocentes y serán tratados como tales mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional.
La FGET señaló que el Operativo Enjambre forma parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad, y sostuvo que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades federales para combatir la corrupción y cualquier conducta delictiva en la que presuntamente participen servidores públicos.
Rubén Rocha Moya reaparece y afirma que está en su casa de Culiacán, Sinaloa
Aarón Ibarra CULIACÁN, Sin. (apro).
El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya respondió en redes sociales a publicaciones que lo colocan bajo resguardo del Ejército, argumentando que es blanco de ataques mediáticos por parte de la ultraderecha.
En su cuenta de X, Rocha publicó que a 69 días de su separación del cargo, luego de haber sido señalado por el gobierno norteamericano de tener nexos con Los Chapitos, su decisión obedeció más a atender las diligencias de autoridades nacionales que a dichas acusaciones.
Rocha Moya publicó:
El día de hoy se cumplen 69 días de que solicité licencia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes. En este lapso, comparecí ante @FGRMexico, a responder de manera puntual y veraz las preguntas del Ministerio Público Federal. Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán. No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola. He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni
legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas. Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente.
Las versiones de Rubén Rocha Moya y su reubicación por parte del Ejército de un despliegue corrió en medios nacionales, algo que el morenista catalogó de falso, en una referencia directa al trabajo de Carlos Loret de Mola.
Sin embargo, desde el inicio de la guerra entre Mayos y Chapitos en septiembre de 2024, Rocha Moya ha recibido lo que puede interpretarse como marcaje personal por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, según confirman documentos del Centro Nacional de Inteligencia.
Rocha insistió en que las acusaciones en su contra en Estados Unidos son falsas.
El gobernador con licencia hasta la fecha no ha mostrado vida pública ni en lo político ni en lo social, sin aparecer en fotografías ni eventos de ningún tipo, como había venido siendo su costumbre desde sus tiempos de senador entre 2018 y 2020 a su periodo de campaña a la gubernatura en que incluso publicaba fotografías con su familia y con ciudadanos en general.
Diana
Viernes 10 de Julio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
En nueva recomendación sobre Ayotzinapa, la CNDH exculpa al Ejército y critica al GIEI
Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Acasi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una “recomendación reivindicatoria de la lucha de las víctimas directas e indirectas” de los acontecimientos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, así como de las “deficientes investigaciones” relacionadas con esos hechos.
Con la exoneración del Ejército mexicano, la recomendación reconoce a 92 víctimas de violaciones a derechos humanos como desaparición forzada (40 estudiantes); tortura, de manera particular contra Julio César Mondragón, quien apareció sin rostro; detención arbitraria; tratos crueles, inhumanos y/o degradantes contra 46 estudiantes; uso excesivo de la fuerza; ejecuciones extrajudiciales, en agravio de seis estudiantes.
La recomendación también advirtió violaciones al derecho al justicia, atribuidas a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), dependencias que habrían recurrido a la tortura; dilación en la puesta en disposición de los detenidos acusados por la desaparición; violaciones al honor, dignidad y la imagen, en contra de estudiantes desaparecidos, de fallecidos y sobrevivientes, víctimas de estigmatización, además de que fueron víctimas del “derecho a la caducidad del dato negativo”.
Para la CNDH de Rosario Piedra Ibarra encontró como autoridades federales responsables de los agravios a la Fiscalía General de la República (FGR); la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA); la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), de la Secretaría de Gobernación; Comi-
Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Para el presidente del Consejo de Administración de Pirelli México, Sergio Contreras, la decisión de Toyota de trasladar la producción de la Tacoma de Baja California a Texas no fue provocada por la situación del T-MEC ni por la incertidumbre que generó la decisión de Estados Unidos de no ratificar el tratado en su forma actual.
En conferencia de prensa, el también presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) sostuvo que la empresa asiática no tomó una decisión de esa magnitud en apenas tres meses, presionada por la incertidumbre
sión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); y Secretaría de Educación Pública (SEP).
Como autoridades de Guerrero recomendadas, la CNDH identificó al gobierno del estado; la Secretaría de Seguridad Pública estatal; Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE); y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero.
El organismo también consideró como autoridades responsables a los presidentes municipales y secretarías o direcciones de seguridad Pública de Iguala de la Independencia, Cocula, Huitzuco de los Figueroa, Taxco de Alarcón, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Tepecoacuilco de Trujano.
Excluye a la Sedena
A diferencia de la primera recomendación por el caso Ayotzinapa, la 15VG/2018, a de Piedra Ibarra excluyó a la Secretaría de la Defensa (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar).
En relación al Ejército, la nueva recomendación de la CNDH revisó su posible participación en los hechos mismos de la desaparición como en la controversia de los más de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), que han exigido los padres y madres de los normalistas desaparecidos, a partir de que esos documentos fueron identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En la nueva recomendación de Piedra Ibarra, se concluyó que si bien hubo presencia de elementos militares el 26 y 27 de septiembre de 2014 en distintos momentos en las calles de Iguala, “no
hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de ‘contrainsurgencia’ o estrategia general de los normalistas”.
En todo caso, para la CNDH lo que habría serían actos de “omisión, se refieren a conductas individuales”, por lo que habría 20 militares bajo proceso penal por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Lo que el organismo confirmó es que el Ejército tuvo presencia y monitoreo de los hechos a través de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI’s) y en el Hospital Cristina, donde varios estudiantes llegaron en busca de atención de uno de sus compañeros heridos.
El documento hace mención sobre el caso del estudiante desaparecido Julio César López Patoltzin, quien fue identificado por el GIEI y la CoVAJ como un militar infiltrado en la Normal, versión que la CNDH rechazó al dar credibilidad a la respuesta que le dio la Sedena a su cuestionamiento al respecto, en el sentido de que dicha víctima se matriculó como estudiante de Ayotzinapa desde el 20 de agosto de 2014, porque “V33 (como identificó a López Patoltzin) solicitó expresamente poder realizar sus estudios en esa escuela y se encontraba en un supuesto totalmente legal”.
En cuanto a los 875 folios de los que el GIEI habló de su existencia en su Sexto Informe, acusando a la Sedena de ocultar los documentos CRFI de Iguala, que tendrían información sobre el paradero de los estudiantes, la CNDH solicitó información a la Sedena.
De acuerdo a la respuesta oficial el
CRFI del 27 Batallón de Iguala “no llevaba registro propio porque realizaba sus actividades en el Batallón mientras construían el centro en otro espacio”, de ahí que “los propios proporcionados en mesa consistirían en una serie de números que puede ser utilizada en distintos tipos de documentos administrativos, por lo que la secuencia propia de esos números no corresponde únicamente a documentos CRFI”
La Sedena repitió a la CNDH el argumento ampliamente conocido de que de los 875 folios sólo 10 correspondían al caso Ayotzinapa y que ya habían sido entregados a la CoVAJ y al GIEI, por lo que validó el argumento de la Sedena.
“La verdad es que en la pasada y presente administración gubernamental, en todo momento (la Sedena) ha manifestado una plena apertura y disposición para colaborar, reiterando que nunca ha ocultado la existencia de documentos relacionados con el caso, poniendo a disposición invariablemente en cuanto le han sido requeridos”, dijo la CNDH al resaltar que en el tercer informe de la CoVAJ se reconoció que entre sus archivos contaba con 121 mil 028 documentos proporcionados por la Sedena.
Cuestionamientos al GIEI
En la recomendación, la CNDH hace constantes menciones del GIEI, en buena parte para reconocer sus seis informes, pero otra parte para criticar su labor en el caso.
En cuanto a los cuestionamientos, la CNDH consideró que la aportación el GIEI en los resultados de las búsquedas fueron “prácticamente nulas”; que utilizó una narrativa “sensacionalista” para imponer “agendas externas”, como habría ocurrido durante la presentación de su último informe del 25 de julio de 2023.
De acuerdo a la CNDH, el GIEI insistió “en su narrativa señalando que autoridades de diferentes niveles, además de miembros del Ejército, marinos, policías, autoridades locales y estatales, así como órganos de inteligencia del Estado que estaban en funciones” cuando ocurrieron los hechos.
Deslindan a Trump y al T-MEC de la decisión de Toyota; defienden certidumbre con Sheinbaum
alrededor del tratado o por la volatilidad del gobierno de Donald Trump, sino que el traslado tuvo que responder a un proceso de planeación de largo plazo.
Específicamente, ahondó en que las decisiones de inversión, ampliación de plantas o movimiento de operaciones industriales no se improvisan de un trimestre a otro, sino que forman parte de planes diseñados con varios años de anticipación y, en algunos casos, con tiempos superiores a una década.
Contreras puso como ejemplo a la productora de llantas Pirelli, que actual-
mente opera con un plan de inversión de 10 años en México y en el que 80% de la producción se exporta a los Estados Unidos.
“Toyota no definió desde hace tres meses, los procesos que se toman son a largo plazo”, remarcó.
Con ello, negó que el caso de Toyota esté relacionado directamente con la revisión del tratado y con la incertidumbre que ya visualizan casas de análisis y calificadoras como Fitch Ratings.
“Estas decisiones tan importantes van fuera de esos procesos, no nos preocupemos de la incertidumbre”, recalcó. Contreras explicó que incluso el sector privado ve certidumbre en el gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación, el cual, aseguró, “tiene una estrategia muy clara” de crecimiento.
La SCJN revisará el derecho de comunidades indígenas a defender las abejas
Diana Lastiri CIUDAD DE MÉXICO (apro)
En su sesión de este jueves, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalaron, por mayoría de votos, atraer un amparo en el que deberán analizar si las comunidades indígenas pueden ejercer una protección real del medio ambiente impugnando, a través del juicio de garantías, la omisión del Estado de aplicar una política ambiental para proteger a las abejas y garantizar su sustentabilidad.
En la demanda, la autoridad señalada como responsable es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que la Corte deberá determinar si cuenta con facultades para subsanar dicha omisión. Durante el debate, el ministro Arístides Guerrero precisó que el asunto podrá servir para emitir un criterio que reconozca a la abeja melipona como elemento estrechamente vinculado a la identidad económica y cultural de las comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche, que fueron quienes tramitaron el amparo.
“El caso puede relacionar o permi-
Arturo Rodríguez García CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Apenas ayer una jueza impuso prisión preventiva por las acusaciones de violencia familiar y vicaria en agravio de su esposa e hijo menor de edad, el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, enfrenta un nuevo señalamiento por la adjudicación directa de un contrato por más de 4 mil 838 millones de pesos para el arrendamiento de vehículos destinados a labores de seguridad estratégica de la empresa productiva del Estado. El convenio fue asignado mediante adjudicación directa al consorcio integrado por Arrendo Serv, S.A. de C.V., e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R., al amparo de una excepción prevista en la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos.
Dicho procedimiento motivó la presentación de una denuncia el pasado 6 de julio ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que dirige Raquel Buenrostro, y remitida para conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control en Pemex.
El expediente solicita revisar la legalidad del procedimiento mediante el cual fue adjudicado, sin licitación pública, el contrato PMX-2025-98347, además de investigar la capacidad
Las decisiones de inversión, ampliación de plantas o movimiento de operaciones industriales no se improvisan de un trimestre, argumenta el director de la empresa Pirelli
tirnos llevar a cabo una interpretación del artículo segundo constitucional en conjunción con el artículo cuarto de la propia Constitución”, dijo el ministro.
“Del mismo modo se permitiría la actualización de normas oficiales mexicanas para abordar las fumigaciones aéreas, ya sea a través de drones o de avionetas, tal es el caso de la NOM 052, y de la consideración de la abeja como polinizadora y ser integrada en el catálogo de especies en peligros de extinción y del reconocimiento del trabajo que tienen las abejas ante la
polinización realizada y del pago a los apicultores por el cuidado y apoyo de ese proceso natural”.
El ministro Irving Espinosa, quien junto con el ministro presidente Hugo Aguilar fue quien solicitó a sus compañeros atraer el asunto, indicó que la Corte podrá estudiar la relación ancestral que tiene la comunidad maya con las abejas y si las comunidades indígenas pueden ser guardianas de la naturaleza para acudir a juicio en su nombre y representación.
“Así como estudiar el estándar de
actuación estatal frente a la crisis ecológica, y por ello es que además el asunto sirve para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación profundice sobre la problemática medioambiental; sirve para abordar interrogantes propias del derecho al medio ambiente desde una visión ecocéntrica y esta cuestión es por sí misma relevante en tanto que la doctrina jurisprudencial de este Alto Tribunal se ha centrado principalmente en una visión antropocéntrica”, agregó el ministro. El ministro Giovanni Figueroa destacó que anteriormente en el Poder Judicial se creó un precedente importante en materia de protección animal con el caso de la jirafa Benito y que este caso podría tener una relevancia nacional similar.
“El caso de la jirafa Benito sí que demostró la eficacia del juicio de amparo para proteger la vida animal ante omisiones administrativas y el atraer este asunto nos permitiría integrar los criterios nacionales con la jurisdicción constitucional”, apuntó.
Exdirector de Pemex enfrenta ahora señalamientos por contrato de 4 mil 838 mdp
técnica y financiera de Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia; la posible existencia de beneficiarios finales distintos a los registrados; eventuales conflictos de interés y cualquier circunstancia que hubiera incidido en el procedimiento de contratación.
De acuerdo con la documentación contractual, Pemex justificó la excepción al procedimiento de licitación pública en razones relacionadas con la seguridad nacional, la seguridad pública y la protección de instalaciones estratégicas.
El contrato contempla un monto máximo de 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos, distribuidos entre 2025 y 2028, y tendrá una vigencia de mil 271 días, hasta el 31 de diciembre de ese año.
El servicio comprende el arrendamiento de entre 350 y mil 200 vehículos especializados por ejercicio fiscal, además de mantenimiento preventivo, correctivo y sustitución de unidades.
El operador
Como parte de las líneas de investigación, fuentes consultadas por este medio señalaron que uno de los principales operadores políticos vinculados con Impulsa Tu Ganancia es Carlos Alberto Ulloa Pérez, actual director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).
En su trayectoria dentro del servicio
público ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal y de la Ciudad de México, entre ellos las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de Inclusión y Bienestar Social. También fue diputado federal, donde presidió la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, antes de asumir la dirección de Birmex.
Cabe destacar que la revisión del domicilio reportado por Impulsa Tu Ganancia también forma parte de los elementos incorporados al expediente. Durante la visita al inmueble ubicado en Metepec, Estado de México, no fue localizado personal de la empresa ni identificación visible de sus oficinas.
Personal del edificio indicó que el espacio es compartido con otras sociedades y que el responsable no acude de
manera habitual.
La denuncia también pide a las autoridades determinar si existen relaciones corporativas no reveladas entre las firmas beneficiadas y otros grupos empresariales. Asimismo, solicita verificar eventuales vínculos personales, patrimoniales o comerciales entre representantes de las compañías adjudicatarias y servidores públicos, como el caso de Carlos Ulloa, con el fin de descartar conflictos de interés en la asignación del contrato. Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una denuncia presentada ante autoridades federales y no existe una resolución que determine responsabilidades administrativas o penales relacionadas con el contrato que asignó Víctor Rodríguez Padilla antes de dejar Pemex.
México anuncia denuncias penales contra fiscalías de EU por muertes de migrantes mexicanos en redades de ICE
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO
(apro)
El gobierno de México interpondrá denuncias en contra de quienes resulten responsables ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por las muertes de mexicanos en el contexto de los operativos del ICE y su traslado a centros de detención.
“Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directo a las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias solicitando que se investigue en el ámbito penal”, indicó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para estas acciones la Cancillería Mexicana solicitará apoyo a la Fiscalía General de la República.
También habrá acciones civiles a las empresas que operan los centros de detención con envíos de cartas de cese y desistimiento de acciones y condiciones violatorias de derechos humanos y que llevaron a la muerte de 14 mexicanos por parte de ope -
“Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directo a las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias solicitando que se investigue en el ámbito penal”, indicó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para estas acciones la Cancillería Mexicana solicitará apoyo a la Fiscalía General de la República
radores privados en los centros de detención del ICE.
La tercera y cuarta acción será la solicitud a la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos para la protección de personas mexicanas en centros de detención; así como la exigencia al Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, para la protección de los mexicanos en los centros de detención de ICE.
“El problema es que hay una contradicción”: Sheinbaum responde a declaraciones de Ken Salazar sobre captura de “El Mayo” Zambada
La presidenta Claudia Sheinbaum evadió hablar del piloto que México entregó a Estados Unidos, sin antes llevar a cabo un proceso de investigación para saber qué pasó en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.
Indicó que a la Fiscalía General de la República le corresponde informar más sobre este caso, en específico también en el periodo en el que fue entregado al vecino del norte.
Luego de que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, insistió en que no fue su operativo, ni su avión ni mintió, la mandataria federal respondió:
“Lo que no explica es cómo es que el FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción, el exembajador dice lo mismo que dijo hace dos años, pero el problema es que recientemente se presenta el avión como un operativo del FBI en una feria, además de un reportaje que sale en un periódico”.
Agregó que “el problema es que hay una contradicción y de acuerdo con la Fiscalía hay falta a la verdad por parte del exembajador”.
Admitió que “este líder del Cártel
de Sinaloa qué bueno que está detenido, aquí tenía orden de aprehensión; sin embargo, en México no se le detuvo por décadas, ni había un operativo de las autoridades mexicanas en el momento en el que uno de los hijos de Joaquín Guzmán hizo un acuerdo con Estados Unidos para entregar a “El Mayo”.
No habló de la responsabilidad de las autoridades de México para llevar su propia investigación y enfocó el tema en “si hubo violación a la soberanía en esa detención”.
“Lo primero que para nosotros es relevante y debe ser relevante para todas y todos los mexicanos es la violación a la soberanía, como se hizo en aquel entonces y lo estamos haciendo ahora porque ellos dijeron una cosa, cuando viene la llegada de estos dos narcotraficantes a Estados Unidos y después dicen otra cosa”.
Insistió en que la nueva versión es que “sí participó la agencia, es más, muestran el avión como un operativo, por eso nosotros se lo planteamos a la FGR y también lo que eso significó en México”.
No solo se trata, dijo, de la violación a la soberanía sino lo que ocurrió posteriormente en Sinaloa al provocar un conflicto interno en un grupo delictivo, por ellos, afirmó.
“En este momento consideramos que hubo omisión, mentira, por parte del exembajador y por eso le planteamos a la fiscalía que hiciera dado que tiene abierta una carpeta de investigación sobre este tema, que incorporara esta parte en la carpeta de investigación, es muy relevante, como fue relevante en su momento lo que otros gobiernos hicieron.
La administración mexicana solicitó al actual embajador estadunidense, Ronald Jhonson que haga consultas para que den una explicación a su gobierno.
Incluso dijo que “hay quien ha dicho que la presidenta no debería de preocuparse de estos temas y debería ocuparse de otros temas, me ocupo
de todo lo que me corresponde todos los días, pero el asunto aquí es si hubo una violación a la soberanía, porque el fin no justifica los medios”.
El discurso de que este tipo de casos, redundó, le permiten a Estados Unidos tener injerencia en México. Pidió al embajador de México en Estados Unidos, Roberto Velasco hablar de un caso de hace décadas, el del doctor Humberto Álvarez Machain por la tortura y asesinato del agente estadounidense Kiki Camanera, caso en el que también se señala a Manuel Bartlett quien no solo no fue investigado en México, sino que también fue director general de la Comisión Federal de Electricidad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Suprema Corte vota contra la protección de la periodista Myrna Gómez
Georgina Monroy Vázquez Ciudad de México. (Cimacnoticias)
Este jueves 9 de julio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó por mayoría de seis votos la posibilidad de reconocer que 30 días no son suficientes frente al Mecanismo. Aunque los ministros sí dijeron que en cualquier momento las periodistas pueden solicitar revisión de su plan de protección.
El caso corresponde a la periodista Myrna Gómez y fue resuelto a partir del proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz.
La mayoría del Pleno determinó que las personas periodistas pueden solicitar en cualquier momento la revisión de las medidas preventivas y de protección que les hayan sido otorgadas, así como una nueva evaluación de riesgo. Además, sostuvo que el recurso de inconformidad es una vía para hacerlo, pero no la única.
Durante la discusión, el ministro Giovanni Azael Figueroa respaldó el proyecto al señalar que el diseño del mecanismo permite revisar las medidas cuando cambian las circunstancias de riesgo, sin limitar a las personas beneficiarias a un solo medio de impugnación.
En contraste, el ministro Irving Espinosa votó en contra. Recordó que el asunto ya había sido discutido el 24 de febrero, cuando el proyecto original fue desechado, y sostuvo que el análisis debió realizarse bajo el principio del interés superior de la niñez, aspecto que dijo, no fue considerado en la nueva propuesta.
También votó en contra el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien advirtió que una interpretación estricta del plazo de 30 días podría poner en riesgo la vida o la integridad de las personas periodistas.
«No perder de vista la situación de los periodistas en el país. Estamos frente a una periodista con dos hijas y con una enfermedad que le dificulta caminar; el plazo de treinta días puede significar que un día, un minuto o una hora salven una vida o pongan en riesgo la integridad física», expuso.
Agregó que, si una persona deja transcurrir ese plazo, debería poder presentar una nueva solicitud y no quedar limitada por una decisión anterior, pues el contexto de violencia que enfrenta el gremio exige una interpretación amplia de la norma. Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel expresó que el proyecto le daba certeza de que las y los periodistas continúan protegidos por el mecanismo.
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García también votó a fa-
La mayoría del Pleno determinó que las personas periodistas pueden solicitar en cualquier momento la revisión de las medidas preventivas y de protección que les hayan sido otorgadas, así como una nueva evaluación de riesgo. Además, sostuvo que el recurso de inconformidad es una vía para hacerlo, pero no la única
vor y destacó que el caso debía analizarse desde una perspectiva de interseccionalidad, considerando que la promovente es periodista, mujer, madre, persona con discapacidad y que también debía atenderse el interés superior de la niñez. Afirmó que esos elementos justifican una interpretación flexible de los plazos de acceso a la justicia, en consonancia con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.
Al defender su proyecto, la ministra Loretta Ortiz sostuvo que el Mecanismo de Protección fue diseñado para responder a riesgos que pueden modificarse de un momento a otro, por lo que las medidas deben poder revisarse cuando cambian las circunstancias.
En tanto, la ministra María Estela Ríos González manifestó su respaldo al proyecto y consideró riesgosa la propuesta de ampliar el criterio en los términos planteados durante el debate, al señalar que la legislación ya establece las condiciones para que las personas periodistas soliciten medidas de protección. Finalmente, el proyecto fue aprobado por una mayoría de seis votos a favor y tres en contra.
Amenazas y desplazamiento
En 2019, Myrna Gómez fue víctima de amenazas presuntamente perpetrados por integrantes del crimen organizado hechos que ocurrieron como consecuencia de su labor periodística.
Tras denunciar las agresiones, la periodista solicitó la intervención
del Mecanismo Federal de Protección y le fueron otorgadas medidas de seguridad junto con sus hijas, convirtiéndola en una periodista en desplazamiento forzado.
De acuerdo con el acompañamiento realizado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), durante aproximadamente un año la periodista dejó de recibir seguimiento por parte del Mecanismo respecto a las medidas de protección acordadas. En ese periodo enfrentó además problemas de salud que la mantuvieron postrada en cama durante seis meses.
Recursos sin respuesta
Ante la falta de atención, Myrna Gómez promovió diversos recursos de inconformidad para solicitar la revisión de las decisiones adoptadas por el Mecanismo.
Como resultado de la incidencia realizada por CIMAC, en septiembre de 2023 se instaló una Mesa de Trabajo interinstitucional en la que participaron autoridades como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quienes asumieron diversos compromisos para garantizar su protección y atención integral.
No obstante, dichos acuerdos no tuvieron un seguimiento efectivo.
Posteriormente, un nuevo análisis elaborado por las autoridades concluyó que existía una disminución en el nivel de riesgo de la periodista, sin considerar que continua-
ba en condición de desplazamiento forzado ni los efectos diferenciados que esa situación implica para ella y sus hijas.
En enero de 2024 presentó un tercer recurso de inconformidad; sin embargo, éste fue desechado por el Mecanismo bajo el argumento de haber sido presentado fuera del plazo establecido.
El camino hacia la Suprema Corte
Con el acompañamiento jurídico de CIMAC, en abril de 2024 la periodista promovió un juicio de amparo para controvertir esa determinación.
El expediente pasó por diversos órganos jurisdiccionales que declinaron competencia hasta que, el 8 de septiembre de 2025, fue turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Corte resolvió atraer el asunto al considerar que plantea un posible análisis sobre la constitucionalidad del artículo 37 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, disposición utilizada para desechar el recurso de inconformidad promovido por la comunicadora.
Inicialmente, el caso fue presentado mediante un proyecto elaborado por la ministra María Estela Ríos González, quien proponía negar el amparo solicitado por la periodista. Sin embargo, el 24 de febrero de 2026, el Pleno desechó ese proyecto, por lo que el asunto fue nuevamente estudiado por otro integrante del máximo tribunal.
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN MÉXICO:
FEMINICIDIO, VIOLACIÓN
Y VIOLENCIA
FAMILIAR MANTIENEN CIFRAS EN 2026
El reporte más reciente sobre violencia contra las mujeres evidencia que los delitos y las llamadas de emergencia por agresiones continúan en niveles preocupantes.
La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las principales problemáticas de seguridad y derechos humanos en México. Durante los primeros cinco meses de 2026, el país registró cientos de víctimas de feminicidio, además de miles de denuncias por violencia familiar, delitos sexuales y llamadas de emergencia relacionadas con agresiones contra mujeres, de acuerdo con el más reciente Informe sobre violencia contra las mujeres, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El reporte, con corte al 31 de mayo de 2026, reúne información de las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías estatales y de las llamadas realizadas al número de emergencias 911, con el propósito de dimensionar la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres en el país. Aunque el informe incorpora una nueva metodología para el registro y clasificación de delitos con perspectiva de género, las cifras reflejan que las distintas formas de violencia contra las mujeres siguen presentes en prácticamente todo el territorio nacional.
Feminicidios y homicidios mantienen la violencia extrema
El informe dedica un apartado al seguimiento de los feminicidios
registrados entre enero y mayo de este año, así como a su distribución por entidad federativa, grupos de edad y municipios donde se concentra la mayor incidencia. Uno de los datos que destaca es que 36.5 por ciento de los delitos de feminicidio se concentran en 20 municipios del país, lo que evidencia que la violencia feminicida mantiene focos rojos en determinadas regiones. Entre ellos aparecen municipios como Juárez, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa; Reynosa, Tamaulipas; Venustiano Carranza y La Magdalena Contreras, en Ciudad de México; Hermosillo y Cajeme, Sonora, así como Tapachula, Chiapas.
Además de los feminicidios, el documento también analiza las víctimas mujeres de homicidio doloso y homicidio culposo, delitos que continúan afectando a mujeres de distintas edades en las 32 entidades del país. En este sentido, los cinco estados que registran más feminicidios son:
Sinaloa: 34
Ciudad de México: 20
Estado de México: 20
Chiapas: 14
Morelos:13
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
Violencia familiar y delitos sexuales siguen entre los principales problemas
Más allá de la violencia letal, el informe muestra que la violencia ejercida dentro del hogar continúa siendo uno de los delitos con mayor incidencia en México.
El SESNSP presenta un seguimiento de los casos de violencia familiar registrados desde 2015,
así como un comparativo de los delitos ocurridos entre enero y mayo de este año, su distribución por entidad y las tasas por cada 100 mil habitantes. El reporte también documenta la persistencia de los delitos sexuales, particularmente las violaciones simples y equiparadas, cuya incidencia continúa registrándose en todo el país.
A ello se suman otros delitos que afectan principalmente a mujeres y niñas, como la trata de personas, la corrupción de menores, la extorsión y el secuestro, cuyos registros también forman parte del informe nacional.
Por ejemplo, los datos arrojan que las entidades con el mayor número de mujeres víctimas de secuestro de enero a mayo de este 2026 son:
Chihuahua: 15
Michoacán: 4
Veracruz: 4
Morelos: 3
Tabasco: 3
Mientras que los delitos de género por entidad de enero a mayo de 2026 son 2,000. Los cinco estados que ocupan estos lugares son:
Veracruz: 1,120
Querétaro: 654
Guerrero: 195
Baja California Sur: 13
Aguascalientes: 6
Sobre los delitos de violación simple y equiparada por entidad, hay un registro de 8,253 casos.
Estado de México: 1,125
Ciudad de México: 994
Nuevo León: 551
Chihuahua: 521
Guanajuato: 464
Las llamadas al 911 muestran
una violencia que muchas veces no llega a denunciarse
Además de las carpetas de investigación, el informe incorpora las estadísticas de llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia contra las mujeres, violencia familiar, violencia de pareja, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual y violación.
La dependencia aclaró en el informe que estas llamadas no constituyen denuncias penales, sino reportes ciudadanos sobre probables incidentes de emergencia. Sin embargo, representan un indicador importante para dimensionar casos que posiblemente nunca llegan a denunciarse formalmente ante las autoridades.
Una nueva metodología con perspectiva de género
El informe de 2026 también marca un cambio en la forma en que se registra la incidencia delictiva en México. A partir de este año comenzó a aplicarse una nueva metodología que incorpora una mayor desagregación de delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, como la violación a la intimidad sexual, además de separar la información por sexo y grupos de edad de las víctimas. De acuerdo con el SESNSP, estos cambios buscan fortalecer la generación de estadísticas con perspectiva de género y mejorar el análisis sobre las distintas violencias que enfrentan las mujeres. Aquí puedes consultar el informe completo: https://www. gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1020106/Info-delictviolencia_contra_las_mujeres_ May26_compressed.pdf
Georgina Monroy Vázquez
CUANDO EL ESFUERZO DE UNA VIDA SE CONVIERTE EN “OBJETIVO FISCAL”
del Río
Hay debates que parecen técnicos, pero en realidad tocan algo mucho más profundo: la tranquilidad y la paz de millones de familias que durante años han trabajado, ahorrado y construido un patrimonio pensando en su futuro y en el de sus hijos. La reciente discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la posibilidad de gravar las herencias y las Afores abrió una conversación que va mucho más allá de un impuesto. Se trata de preguntarnos qué valor le damos al esfuerzo, al ahorro y a la propiedad que las personas construyen legítimamente a lo largo de su vida. En los últimos tiempos hemos visto decisiones y planteamientos dentro de la Corte que generan preocupación, no sólo por sus posibles efectos legales, sino porque parecen dejar de lado principios fundamentales como la certeza jurídica y el respeto al patrimonio de las personas.
Por eso causó preocupación la posición de la ministra Lenia Batres al señalar que es “injusto” que las herencias y las Afores no paguen impuestos. Una afirmación de esta naturaleza merece una reflexión profunda porque detrás de cada patrimonio familiar hay una historia que no puede reducirse a una simple cifra.
Una herencia no aparece de la nada. En la mayoría de los casos representa años de trabajo, sacrificios, horas extras, decisiones difíciles, ahorro cons -
tante y el deseo de dejar algo a la familia. No es un regalo sin esfuerzo ni un privilegio automático; es el resultado de toda una vida de dedicación. Presentar el patrimonio heredado únicamente como una ventaja económica desconoce la realidad de millones de mexicanos que han construido, poco a poco, lo que tienen, muchas veces renunciando a gustos personales para brindar mayor bienestar y seguridad a sus familias.
El problema no es discutir reformas fiscales. Toda sociedad puede debatir cómo financiar sus necesidades públicas. El problema surge cuando se pretende hacerlo sin considerar el origen de los bienes, como si todo patrimonio fuera producto de privilegios y no del trabajo, el ahorro y la responsabilidad de quienes lo construyeron.
Además, abrir la puerta a nuevos gravámenes sobre el patrimonio familiar genera una pregunta fundamental: ¿qué tan segura está la propiedad que una persona construye durante toda su vida?
La seguridad jurídica significa que las reglas deben ser claras y que las personas puedan confiar en que el fruto de su trabajo será respetado. Si el patrimonio familiar puede ser visto permanentemente como una fuente adicional de recaudación, se genera incertidumbre y se afecta la confianza de quienes todos los días trabajan para salir adelante.
La discusión de fondo no debería ser si una familia tiene derecho a heredar, sino cómo
garantizar que el esfuerzo, el ahorro y la responsabilidad individual sigan siendo valores reconocidos y protegidos en nuestro país.
Lo verdaderamente injusto sería convertir el trabajo de toda una vida en un objetivo permanente de cobro, sin mirar la historia que existe detrás de cada casa, cada ahorro y cada patrimonio familiar.
Es positivo que seis ministras y ministros hayan frenado este planteamiento, que para muchos representa una amenaza al patrimonio construido con esfuerzo por millones de mexicanos.
El ministro Arístides Guerrero García recordó, además, que el impuesto sobre herencias y legados dejó de aplicarse en México desde la década de 1960. Antes de impulsar propuestas de este alcance, resulta indispensable revisar el marco jurídico, los antecedentes históricos y las consecuencias reales que podrían generar para las familias y para la certeza jurídica del país.
Si el objetivo es hablar de justicia y distribución de la riqueza, el debate también debería incluir a quienes concentran grandes fortunas y tienen mayores capacidades económicas, en lugar de poner la mirada únicamente sobre quienes durante años han trabajado para construir un patrimonio familiar. Porque detrás de una herencia no sólo hay bienes: hay historias de esfuerzo, sacrificio y del anhelo de ofrecer un mejor futuro a las siguientes generaciones.
Julieta
TSUNAMI ANTIINMIGRANTE Y POLÍTICAS DE REFUGIO EN MÉXICO
Tonatiuh Guillén López
La movilidad de personas extranjeras en México se ha reducido a cifras mínimas sin precedente en décadas; tendríamos que remitirnos hasta finales del siglo XX para encontrar algo similar. Algunos datos rápidos permiten evaluar la magnitud del tsunami: en sólo un mes, en diciembre de 2023, la autoridad migratoria de Estados Unidos registró en su frontera sur algo más de 300 mil “encuentros” con extranjeros (69 mil mexicanos; 231 mil de otras nacionalidades); en abril de 2026 los “encuentros” apenas fueron algo más de 12 mil (10 mil mexicanos, dos mil de otras nacionalidades). La caída del flujo es extrema como nunca.
La actual coyuntura se caracteriza por la casi desaparición de migrantes y refugiados intentando llegar a Estados Unidos; la cantidad de población no mexicana es apenas simbólica. El gobierno de Trump presenta este panorama como un triunfo –y también lo valora así el gobierno de México–, pero en realidad es una gran derrota para las poblaciones migrantes, sus derechos y alternativas de vida. Con más claridad, es un cuadro que tiene por fondo una poderosa represión.
¿Qué es lo impuesto? El control militar, paramilitar y todo tipo de obstáculos físicos y jurídicos en la frontera sur de Estados Unidos. Efectivamente, es un objetivo que el gobierno de Trump ha cumplido… con importante contribución del gobierno mexicano. ¿Queda resuelta la problemática de violencias, crisis social, económica e institucional que motiva la salida de miles de personas de sus lugares de origen, especialmente desde América Latina? No, evidentemente no.
Desde la perspectiva de las poblaciones que se ven forzadas a salir de sus países –con condición social de refugiados, titulares de los derechos correspondientes– la gran derrota
impuesta por las políticas antiinmigrantes se convirtió en oscuro soterramiento de su problemática. Ya no son siquiera visibles, como lo fueron gracias a su tránsito. Difícilmente sus gobiernos ofrecerán alternativas, pues regularmente esos gobiernos son parte del problema que expulsa población.
El escenario se plagó así de incertidumbres. Probablemente una ruta sea intentar destinos alternativos, como Europa y en especial España, que en materia migratoria tiene hoy políticas ejemplares. Nada sencillo será el camino, pues los países europeos también tienden a restringir inmigración; Canadá es otra opción, pero también con limitaciones pese a su tradicional apertura.
Al menos en el corto plazo, para la mayoría de las poblaciones lo más probable será sobrevivir la contención en sus países, al lado de opresiones que les impulsan a salir. Junto con ello, también como probabilidad, las tensiones sociales incrementarán su intensidad y pueden ampliarse los deterioros, como en seguridad y violencias. La “válvula de escape” migratoria que alivió dificultades internas y es decisiva fuente de recursos vía remesas, se encuentra hoy en delicado desbalance. Lamentablemente, el cuadro prospectivo no apunta hacia algo mejor.
Por su parte, México ¿qué debe hacer con nuestra población refugiada? No me refiero al tradicional mercado laboral con Estados Unidos, que también está presionado por la coyuntura. El nudo crítico son las comunidades desplazadas por las violencias y el control territorial del crimen organizado en muchas regiones del país, que azota con particular crudeza a pueblos indígenas. Parte de las familias desplazadas saturaron albergues en las ciudades fronterizas del norte, intentando encontrar asilo en Estados Unidos. ¿Cuáles son sus
alternativas ahora?
De otra parte, después del tsunami antiinmigrante, en varias ciudades del país ha logrado permanecer un número significativo de personas y familias extranjeras, en condiciones precarias y bajo hostigamiento. No es difícil ubicar su presencia e identificar su origen en Cuba, Haití, Colombia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, entre los principales. Sin mayor éxito, muchos han intentado obtener refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que debiera ser hoy una institución protagónica. La Comar permanece al borde de la extinción presupuestal –con algo de apoyo por ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) – y envuelta entre silencios, sin publicar datos y con un sitio web desactualizado. Precisamente en la coyuntura cuando es más necesaria, la institución no se siente aludida.
Debido a que es mínimo el número de extranjeros con necesidad de refugio en México, es ahora la oportunidad para desplegar humanismo y proceder a su regularización conforme a la Ley sobre Refugiados. Cuando se procede por aquí, los resultados comprobables son positivos para todas las partes. Se cumple con la ley, se protege a las personas y además se promueve desarrollo; lejos de un costo, es una gran oportunidad.
Los gobiernos y sociedades en varios estados del país lo saben perfectamente. Incluso el Gobierno de la Ciudad de México puede confirmarlo, ahora que en las tareas urbanas relacionadas con el Mundial de Futbol emplearon a decenas de migrantes para pintar puentes y muros. Lo deseable sería que esta experiencia fuera una actividad más amplia, con personas que además sean apoyadas para regularizar su estancia en México. Los gobiernos locales tienen múl-
tiples iniciativas relacionadas con la migración, de población mexicana principalmente, pero también extranjera. Para citar algunos ejemplos, por largo tiempo el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes ha desplegado solidarias tareas de orientación, ayuda y protección de las poblaciones en movilidad. También ha sido notable la actividad de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, con tareas y programas de retorno asistido y de inclusión socioeconómica.
Un estado que ha implementado programas múltiples de asistencia, protección e inclusión socioeconómica ha sido Nuevo León, mediante la Subsecretaría de Diversidad e Inclusión Social y la dirección respectiva. El despliegue institucional se apoya en redes de cooperación con sociedad civil y con empresas de la región logrando resultados excepcionales. Incluso el diálogo y coordinación establecidos con el Instituto Nacional de Migración, la Comar, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones se ha convertido en un valioso recurso para migrantes mexicanos y extranjeros. En el caso de los segundos, los beneficios logrados para las personas y para el desarrollo económico regional es digno de aprendizaje y réplica por otras entidades del país.
Así, teniendo en cuenta las iniciativas locales, una estrategia nacional de inclusión de refugiados en México –sumando a los nuestros– debiera implementarse con la directa intervención de gobiernos y sociedades locales. Ya no como experiencias aisladas, sino como parte de un programa nacional federalista, eficaz, respetuoso de los derechos de migrantes y refugiados y, además, promotor de desarrollo regional. Nada cuesta realizarlo.
*Investigador del PUED / UNAM y excomisionado del INM
LA SOMBRA DE UN INTERINATO SE CIERNE NUEVAMENTE SOBRE CHIAPAS
Raymundo Díaz S.
• El actual gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, podría incorporarse al gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
• Las razones o circunstancias que llevarían a esa determinación federal, son varias, claras y hasta urgentes.
• Eduardo Ramírez Aguilar, en este momento, sería el mejor gobernador y el mejor político de México, del que la Presidenta Sheinbaum Pardo echaría mano.
PERFIL FRONTERIZO
Para uno que otro no sólo incomodará esto, sino que lo calificarán como una mera elucubración sin futuro, sin embargo o para más coraje de muchos y tristeza o felicidad de otros, esto es una INTRÍNSECA VERDAD que se podría hacerse realidad en los próximos meses días o noches.
El contexto nacional que le da una fuerte cuota de credibilidad a nuestro pronóstico, es la DEBILIDAD o casi INEXISTENCIA del gabinete o equipo alrededor de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, un día sí y el otro también, “sufre” los traumáticos EMBATES e IMPETUOSAS ACOMETIDAS del gobierno norteamericano, sin que tenga un EXPERIMENTADO, ESTADISTA y VALIENTE colaborador que salga a dar la cara por ella, en todos los aspectos.
Y, si a eso le agregamos que su “lucha”, no sólo es con Donald Trump, sino con el mismo pueblo mexicano y con su partido (Morena), en los cuáles cada día PIERDE CREDIBILIDAD, PIERDE FUERZA y PIERDE AUTORIDAD porque tiene a PURO CORRUTO, SIN IDENTIFI -
CACIÓN y HECHURA SOCIAL y, lo peor, SIN CALIDAD MORAL para LEVANTAR o SANAR una manzana enferma y hasta podrida, como Morena, la situación es muy oscura.
Una realidad inocultable, que pocos se niegan a ver y a aceptar, es la ÍNFIMA representantividad, experiencia, formación, operatividad y CALIDAD MORAL de funcionarios y líderes políticos aliados como Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación, como Rosa Icela Rodriguez Velazquez, Secretaria de Gobernación, como Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, como Adriana Montiel Ramos, Dirigente Nacional de Morena, entre otros, nacidos de la imposición de su antecesor y venidos prácticamente DE LA NADA, SIN UN CAMINO RECORRIDO entre los pueblos y sus problema, sin base social pues.
Otra circunstancia o suceso reciente que abona a la inminente salida del palacio de gobierno de Chiapas rumbo a la ciudad de México del gobernador Eduardo Ramírez, es la aún fresca visita que hiciera la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad chiapaneca en dónde se sintió, aparte de contenta, agasajada y como en su
casa, enajenada y, aunque quizás momentáneamente, olvidada o enajenada de los múltiples problemas de México y de su NULO GABINETE, al lado del gobernador chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar quién la hizo sentirse ARROPADA y hasta PROTEGIDA por su gobierno y por el pueblo chiapaneco.
El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo REQUIERE, en CALIDAD DE URGENTE, una oxigenación y refuerzo. Pero una oxigenación y refuerzo con GENTE NUEVA y con GENTE CAPAZ, no de los mismos quiénes, en lugar de ayudarla, y al paritdo Morena, la terminen de sepultar.
Bajo ese entendido y aún existiendo, en el Top Ten, Mauricio Kuri, de Querétaro; Manolo Jiménez de Coahuila; Alejandro Armenta de Puebla, entre otros gobernadores y gobernadoras, con las debidas consideraciones, sin lastimar susceptibilidades y son ningún ápice de duda, podemos asegurar que NADIE SUPERA a Eduardo Ramírez Aguilar de Chiapas.
El nacido en Comitán de Domínguez, Chiapas, es un hombre nacido y crecido en las bases sociales. Forjado entre las mil vicisitudes y obstáculos socio-políticos y
con una hechura labrada en el esfuerzo y en trabajo político arduo. Es un gran e inteligente político que, como Presidente de la Cámara de Senadores, logró la coincidencia de todas las corrientes políticas y, al final de su periodo, fue efusivamente OVACIONADO por haber logrado EL DIÁLOGO y LA UNIDAD, en muchos temas, de todas fracciones parlamentarias. En el umbral de las elecciones del 2027 y en las que Morena, el partido de la presidenta y del fundador de este, Andrés Manuel López Obrador, se juega su supervivencia, y en el medio trecho del gobierno de Sheinbaum Pardo, tiene que llegar un VERDADERO LÍDER, GANADOR DE ELECCIONES y ALQUIMISTA ELECTORAL al gabinete. Tiene que llegar alguien que, con don de mando y con autoridad moral y política, DIALOGUE, ACUERDE y COHESIONE a las fuerzas sociales y políticas del país, no QUE DIVIDA, QUE GENERE RYERTAS y QUE LOS ENFRENTE como está sucediendo hoy. Así, apúntelo, LA SOMBRA DE UN INTERINATO SE CIERNE NUEVAMENTE SOBRE CHIAPAS. No el cabildeo, sino que la decisión y la orden ya estarían tomadas y dadas.
CARTELERA POLÍTICA
Leonel Durante López
• Por proteger Sheinbaum a Rocha Moya EU, ya le está cobrando factura a México
• Noroña alzó la mano para volver a la Presidencia del Senado
En medio de las tensiones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con la administración estadounidense por temas en materia de seguridad y comercio, ahora, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se lanzó de nuevo contra la llamada Cuarta Transformación.
Más inteligente y sensata la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos que la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que desde hace meses había advertido sobre los riesgos de que el gobierno mexicano protegiera a gobernantes, como Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República sostiene que no tiene pruebas suficientes, que el caso no reúne el parámetro probatorio para proceder contra Rocha Moya, cuando Sinaloa entero ha vivido la tragedia de los vínculos de sus autoridades con el crimen organizado.
Campos señaló que una de las consecuencias es que Estados Unidos se negó a renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino que se realizarán revisiones anuales, lo que significa una incertidumbre permanente, donde se podrían imponer reglas cada doce meses.
Maru Campus asegura que proteger a Rocha Moya ya le está cobrando factura a México, por ello, le pide al gobierno federal -una vez más-, que recapacite. Que actúe. Que los señalados rindan cuentas ante la justicia. Que rompa el pacto de complicidad. Su primera responsabilidad no es cuidar a su partido, sino cuidar a todos los mexicanos.
Sin embargo, Sheinbaum no quiere hace lo conducente y se monta en su macho defendiendo a sus amigos los delincuentes como Rocha Moya y al resto de los siete que Estado Unidos pide que los arreste y extradite.
Pero la presidenta no entiende razones, es lamentable la actitud asumida, esta mal asesorada por su equipo cercano de colaboradores, Maru Campos pudiera ser una excelente asesora, pero vemos una presidencia bicéfala que no ha tenido o no la han dejado construir su propia fortaleza. Pasan los meses y claro, la presidenta sigue atrapada en decisiones que a veces veo que
intenta tomar pero las condiciones políticas objetivas alrededor de ella no se lo permiten, cuando detrás de ella, esta el expresidente López Obrador que la frena permanentemente, pues ella no tiene voluntad propia. Claudia esta acorralada, la tienen contra la pared, por un el viejop guango y por el otros, la presión norteamericana debo decirte Carmen y estoy seguro que muchos mexicanos comparten este punto de vista que a mí no me gusta ni tantito la injerencia norteamericana
La presidenta habla de la soberanía del país que es inviolable, sin embargo, ella la propicia a diario peleado con el país que es el principal socio comercial y de millones de mexicanos se ven beneficiado por el tratado comercial, ese que hoy Trump le pone trabas.
No podemos ignorar y que las presiones se derivan de información precisa que tienen ahora las autoridades norteamericanas más que nunca con lo que ha venido ocurriendo con la entrega de delincuentes que ahora están en Estados Unidos.
Como lo asegura el exembajador de EU, Ken Salazar, el expresidente tiene miedo de lo de hablen como el Mayo Zambada, con lo que seguramente, los norteamericanos están armando un paquete informativo de tales proporciones que lo van a detonar poco a poco o de manera brutal cuando quieran y cuando les convenga.
Creo que la presidenta está en una situación tan complicada y tan difícil que tendrá que llegar el momento -no sé cuándo-, y no se confunda cuando tenga
que tomar una decisión severa, o defiende al país o defiende su gobierno o protege el pacto de impunidad, ella sabe perfectamente quienes son, están en su gabinete, en las cámaras del congreso, los gobernadores, en el Poder Judicial, el INE, en su partido, etc., en su movimiento tan amplio, que están provocando la grosera intervención norteamericana.
Changoleón quiere volver a las mieles del poder
Es de todos conocido el descontento y las fuertes críticas hacia Gerardo Fernández Noroña por parte de varios sectores, particularmente de mujeres tanto de la oposición como de su propio movimiento, situación que se han intensificado recientemente debido a un fallo legal específico y a su historial de confrontaciones.
Con todo y eso, Noroña también conocido como “changoleón”, a alzado la mano para volver a la Presidencia del Senado, una vez que Laura Itzel Castillo deje el cargo en septiembre, y de inmediato surgieron voces en contra, no sólo en la oposición, sino en la misma 4T.
Será premiado o castigado. Cómo quedará su sanción por Violencia Política de Género dictaminada por el Tribunal Electoral de Michoacán, que el mismo Fernández Noroña ve como un obstáculo, aunque aseguró que piensa apelar porque no es culpable.
Qué opinó la oposición al respecto, Ricardo Anaya (PAN) destacó que durante su Presidencia Fernández Noroña causó “enorme discordia” y señaló que no
sería lo más sano porque el que ocupe ese puesto debe ser árbitro y no parte.
Carolina Viggiano (PRI) dijo que tiene “delirios de grandeza” y usó el calificativo de “despreciable”, además de calificarlo de misógino. “Necesita sentarse en un diván y revisar cómo fue su vida”.
Rubén Moreira (diputado del PRI), esposo de Viggiano, también fue cuestionado por los reporteros, al verlo en la Comisión Permanente que sesiona en las instalaciones del Senado. “Él está cargado de odio hacia las mujeres. Destila misoginia. Infumable, impresentable, intolerable”.
Del Montón Al instalar el Comité Técnico Estatal de Atención Humanista de las Causas y Prevención Social de la Violencia y los Delitos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar hizo un llamado a cerrar filas entre sociedad y gobierno para atender las causas de la violencia y combatir de manera firme los delitos que más afectan a las familias chiapanecas, especialmente aquellos relacionados con la violencia contra las mujeres, los niños y los adolescentes. De esta forma, el gobierno de Chiapas marcó el inicio de la segunda etapa de la estrategia de seguridad, mediante el fortalecimiento de 58 programas enfocados en la prevención del delito, iniciativa en el que participan autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad y procuración de justicia, así como instituciones públicas, sectores productivos y organismos de la sociedad civil. Ramírez Aguilar, resaltó que estas acciones se concentrarán en los municipios con mayor incidencia delictiva en las regiones Altos de Chiapas, Sierra, Fronteriza, Frailesca, Selva, Centro, Costa y Soconusco. Advirtió que no habrá impunidad. Seguiremos siendo implacables contra quienes cometan delitos. En esta segunda etapa de la estrategia de seguridad subrayó, que se atenderán las causas, por lo que pidió el apoyo de todas y todos. También destacó que, gracias al trabajo coordinado entre las distintas instituciones, Chiapas se ha consolidado como una de las entidades más seguras del país.
* * * Eso es todo por hoy, hasta el domingo próximo primero Dios con más de lo mismo.
