Las relaciones entre los gobiernos de México y los Estados Unidos alcanzaron un nivel de deterioro nunca visto. A grado tal, que el FBI reconoció su intervención en la detención del líder del Cártel Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada PAG. 2
Las sanciones del IEPC a medios digitales señalados por violencia política de género, ocasionó la intervención de la CEDH, que considera que se viola a la libertad de expresión.
En la resolución el IEPC no analizó los contextos ni realizó un estudio de proporcionalidad. Sólo aplicó una interpretación restrictiva de la ley y ocasionó una disputa por los derechos humanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, mintió al gobierno mexicano en la presunta participación del FBI en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos; aseguró que es un asunto de dignidad para México
ACCIONES
Presentan la convocatoria del Premio
Estatal de Cuento
Corto Eraclio Zepeda 2026
COMPROMISO
Eduardo
Ramírez lleva apoyos al campo, salud e infraestructura educativa a Emiliano Zapata
EDITORIAL
La espera vigilante
Las relaciones entre los gobiernos de México y los Estados Unidos alcanzaron un nivel de deterioro nunca visto. A grado tal, que el FBI reconoció su intervención en la detención del líder del Cártel Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, sin haber informado ni solicitado la colaboración de las autoridades mexicanas, situación que evidencia el nivel de desconfianza existente hacia el gobierno de México, desde la administración del presidente Joe Biden, quien fue el que ordenó la detención del capo mexicano, omitiendo cualquier tipo de relaciones diplomáticas, lo que significa que el deterioro de las relaciones México-Estados Unidos no son sólo responsabilidad del presidente Donald Trump. El tono del lenguaje diplomático se extravió y ayer la presidenta Sheinbaum llamó en la conferencia mañanera mentiroso al exembajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, en donde no se cuidaron las formas ni se hace distinción entre los funcionarios pertenecientes al partido demócrata con los funcionarios que pertenecen al partido republicano, lo que puede ser un error de cálculo político, al cerrar las puertas de diálogo con los demócratas, que representan en este momento la oposición al presidente Trump
y al partido republicano y son los que esperan reposicionarse en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. De igual manera se pierde de vista que el combate al fentanilo en aquel país se convirtió en una política de Estado hacia México, que no va a cambiar en una coyuntura de recomposición de la Cámara de Representantes o del Senado, situación que significa que no van a cambiar las presiones para México por la falta de eficacia en el control de los grupos narcoterroristas que operan en el país, responsables de la introducción de drogas sintéticas a los Estados Unidos y tampoco va a cambiar la postura de castigar a los responsables de proteger desde la esfera del gobierno mexicano a los grupos narcoterroristas, que operan en total impunidad en el territorio mexicano.
La falta de voluntad en la detención de Rubén Rocha Moya y los funcionarios implicados en la protección del Cártel de Sinaloa, que tienen orden de aprehensión en los Estados Unidos y que ahora tienen la calidad de prófugos de la justicia y que pueden ser detenidos en cualquier lado, de acuerdo con las leyes norteamericanas al considerarlos colaboradores y protectores del narcoterrorismo, coloca al gobierno mexicano es una situación de debilidad, quien
será un espectador de cualquier tipo de operativo que se realice para la detención de los implicados, y que el gobierno mexicano se negó a la detención provisional, tal y como lo expresa el tratado de extradición, que se incumplió bajo el argumento falso e infantil de que no había pruebas, cuando la solicitud de detención sólo obliga a que exista una orden de aprehensión y esa sí fue debidamente incorporada en la solicitud. Hace dos meses sólo se hablaba de la denuncia de Rocha Moya, pero ahora se señala que son 12 gobernadores que están buscando colaborar con el gobierno norteamericano, y evitar daños mayores cuando se presenten las denuncias formales, con las respectivas órdenes de detención, acción que vendría a confirmar los nexos de políticos mexicanos con el crimen organizado y particularmente las relaciones ilegales contraídas por actores relevantes del gobierno de Morena con los cárteles, que vendría a confirmar los señalamientos de los vínculos con el narcotráfico, que a su vez, les permitió financiar y ganar elecciones en varias entidades del país, maquinaria que solo es cuestión de tiempo, para que se propicie el desmoronamiento de un grupo político al interior del partido gobernante, que con sus prácticas y ambiciones ocasionó la crisis política que se viene.
DIRECTOR GENERAL José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL Franni Gudiel A.C
electrónico:
Asesinan a balazos a elemento de la Guardia Nacional en Huixtla, Chiapas
Gabriela Coutiño
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro)
Un elemento de la Guardia Nacional fue asesinado y un civil resultó herido durante una agresión armada en el municipio de Huixtla, en la región del Soconusco, informaron fuentes de seguridad.
El ataque ocurrió por la noche del lunes 6 de julio en la colonia Arenal, lugar al que hombres armados llegaron y abrieron fuego de manera directa contra el agente militar y otras personas que se encontraban en el sitio.
La víctima mortal fue identificada por sus familiares como Gerson Benjamin “A.V.”, de 22 años, quien era elemento activo de la Guardia Nacional, adscrito al estado de Durango y se encontraba de visita en Chiapas.
Paramédicos de Protección Civil auxiliaron al agente y lo trasladaron al hospital de Huixtla; sin embargo, debido a la gravedad de los tres impactos de bala que recibió, falleció al momento de ingresar al centro médico, indicaron los reportes policiales.
En el mismo atentado, un hombre identificado como Daniel “B.B.”, de 36 años, resultó herido y fue trasladado a un hospital local por sus propios familiares para recibir atención médica.
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, presidida por el Mtro. Horacio Culebro Borrayas, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de los medios digitales Portal Revolución y Expediente Político, con el propósito de dar seguimiento y ratificar la queja iniciada por las medidas sancionadoras impuestas por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, al considerar que podrían vulnerar el derecho a la libertad de expresión INFO; https://www.facebook. com/share/p/17o2Pwf9R7/
Durante el encuentro, el Ombudsperson explicó que, derivado de las investigaciones realizadas por este organismo autónomo, se advierte que el IEPC de Chiapas no cuenta con facultades para aplicar las medidas sancionadoras que pretende imponer a dichos medios de comunicación, por lo que la CEDH continuará con el análisis y seguimiento del caso en el ámbito de sus atribuciones.
El ataque ocurrió por la noche, cuando hombres armados abrieron fuego de manera directa contra el agente militar y otras personas que se encontraban en el sitio
Tras los hechos, fuerzas de seguridad estatales y federales acudieron a la escena del crimen y desplegaron un operativo en la zona en
busca de los presuntos atacantes, el cual concluyó sin resultados positivos.
Hasta el momento, las autorida-
des no han informado de manera oficial sobre el crimen y tampoco se han dado indicios sobre el posible móvil del ataque.
Se reúne la CEDH con directores de los medios digitales sancionados por el IEPC
Por su parte, el representante de Portal Revolución expresó su agradecimiento al Mtro. Horacio Culebro Borrayas por el acompañamiento y respaldo brindado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en defensa de la libertad de expresión, al señalar que, de concretarse estas sanciones, podría generarse un precedente que pondría en riesgo el ejercicio periodístico en Chiapas, al permitir que cualquier medio de comunicación que resulte incómodo para algún servidor público pudiera ser objeto de medidas similares.
La CEDH Chiapas refrenda su compromiso con la protección y defensa de los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada, principios fundamentales para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la vida democrática.
Eduardo Ramírez lleva apoyos al campo, salud e infraestructura educativa a Emiliano Zapata
De la Redacción
Zapata, Chis. (Tribuna)
Durante una gira de trabajo por el municipio de Emiliano Zapata, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impulsó acciones para fortalecer el sector agropecuario, la salud, y la infraestructura educativa. En ese marco, destacó que las políticas humanistas del gobierno de la Nueva ERA han contribuido al bienestar, la construcción de la paz y la prosperidad compartida de los pueblos de Chiapas.
“Somos un gobierno con sentido social y humano. Avanzamos en el combate a la violencia, pero también enseñando al pueblo a leer y escribir. De igual manera, queremos cuidar los sistemas productivos, la ganadería, la agricultura y la madre tierra. Aquí concluiremos muchos proyectos porque Emiliano Zapata está en la ruta de nuestro corazón”, expresó. Asimismo, convocó a privilegiar la unidad y el diálogo, al señalar que son el mejor camino para vivir en paz.
Como parte de su visita, el mandatario entregó 500 bombas aspersoras, mil árboles frutales de distintas especies y más de 2 mil 130 dosis y paquetes veterinarios para prevenir y combatir el gusano barrenador del ganado. Además, supervisó la atención de la Caravana de la Salud, que
De la Redacción Berriozábal, Chis. (Tribuna)
Con la finalidad de reconocer y difundir el trabajo literario de la comunidad artística local y nacional, se presentaron las bases de la convocatoria del Premio Estatal de Cuento Corto Eraclio Zepeda 2026, en la cual podrán participar escritoras y escritores chiapanecos por nacimiento y aquellos que residan en cualquier estado de la República Mexicana, sin distinción de edad. Será hasta las 14:00 horas del 26 de agosto cuando las y los interesados manden un libro inédito de cuentos cortos, cuya extensión no deberá ser mayor a tres cuartillas cada uno; escritos en español, con tema y forma libres y que en su conjunto formen un volumen de mínimo 60 y máximo 80 páginas, a la Oficina de eventos del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta).
Jorge Arturo Acero Gómez, presidente municipal de Berriozábal, mencionó que esta convocatoria es
Como parte de su visita, el mandatario entregó 500 bombas aspersoras, mil árboles frutales de distintas especies y más de 2 mil 130 dosis y paquetes veterinarios para prevenir y combatir el gusano barrenador del ganado
brinda servicios médicos gratuitos, e inauguró espacios en las escuelas primarias Vicenta Sánchez Sánchez y Benito Juárez García, donde se invirtieron más de 5.1 millones de pesos en beneficio de 280 estudiantes.
El secretario de Agricultura, Marco Antonio Barba Rocha, señaló que la puesta en operación de la planta productora de mosca estéril en Metapa, junto con los seguros ganadero y agrícola, fortalece la protección de las y los productores ante afectaciones sanitarias y climáticas. En ese sen -
tido, exhortó a reportar cualquier siniestro y convocó a continuar trabajando de manera coordinada en favor del campo de Emiliano Zapata y de Chiapas.
Por su parte, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en la Escuela Primaria Vicenta Sánchez Sánchez se construyeron un módulo de servicios sanitarios, un aula biblioteca equipada y una cisterna con capacidad de 66 mil litros. Asimismo,
dio a conocer el avance físico de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer). En la Escuela Primaria Benito Juárez García, ubicada en la localidad Las Palomas, detalló que se edificaron dos aulas didácticas, obra exterior y se entregó mobiliario escolar.
El presidente municipal de Emiliano Zapata, Enrique Reyes Nájera, reconoció la atención y respuesta del Gobierno del Estado a las necesidades del municipio, al destacar la gestión para la construcción de un rastro, la autorización de nuevas aulas y la edificación de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer), lo que, dijo, ha permitido que niñas y niños regresen a la escuela. En representación de las y los productores beneficiados, Rosario Hernández Hernández agradeció la entrega de los apoyos agrícolas y reconoció al gobernador Eduardo Ramírez por encabezar un gobierno sensible y de resultados. Aseguró que prueba de ello es el retorno de la paz y la seguridad, no solo en los caminos y carreteras, sino también en el campo chiapaneco.
Presentan la convocatoria del Premio Estatal de Cuento Corto Eraclio Zepeda 2026
un homenaje al escritor tuxtleco (24 de marzo de 1937-17 septiembre de 2015), que dejó en alto a nuestro estado con su pluma, y por ello, seguirán impulsando a las nuevas generaciones la escritura creativa. Por su parte, Angélica Altuzar Constantino, directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes en el estado de Chiapas (Coneculta), destacó que desde 2019 se ha impulsado la convocatoria del Premio Estatal de Cuento Corto Eraclio Zepeda, que en este año se realiza mediante el impulso de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México con un premio único de 80 mil pesos, con la finalidad de homenajear la memoria del autor de Benzulul.
“Esta sinergia que hacemos con los ayuntamientos, especialmente con Berriozábal, nos permitirá llegar a talentos regionales y locales. Una
de las consignas que tiene el gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado, es ampliar una cobertura geográfica de los premios literarios que se organizan desde el consejo y que será eva-
luado por un jurado calificador”, dijo. Para conocer a detalle las bases pueden consultar la convocatoria en redes sociales y página web del Coneculta: www.conecultachiapas. gob.mx
Emiliano
Acusan al alcalde de Oaxaca de criminalizar
a
artistas urbanos en campaña de “embellecimiento”
Pedro Matías OAXACA, Oax. (apro)
El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva, impulsa una política de “embellecimiento” que persigue y criminaliza a los artistas urbanos al eliminar sus expresiones artísticas en el Centro Histórico, denunciaron colectivos de la capital.
El colectivo Subterráneos, la Unión Revolucionaria de los Trabajadores del Arte (Urtarte), artistas, académicos y gestores culturales calificaron de “alarmante que un gobierno que administra una de las ciudades con mayor riqueza cultural del país haya decidido emprender una política de limpieza de los muros sin distinguir entre vandalismo y producción artística de alto valor cultural”.
Consideran que “esta visión simplifica el fenómeno complejo y termina criminalizando a quienes desde hace años han contribuido de manera significativa a la construcción del paisaje visual contemporáneo de Oaxaca”.
Luego que el presidente municipal de Oaxaca emanado de las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que forma parte de la llamada Cuarta Transformación, implementó, en vísperas de las festividades de la Guelaguetza, la “limpieza” de fachadas, a las que calificó de “contaminación visual”, los inconformes consideran que esta política representa intimidación, persecución, criminalización y una ignorancia
Pedro Matías
OAXACA,
Oax. (apro)
Con mil 251 casos de tortura o tratos crueles y degradantes, Oaxaca ocupa el primer lugar con el mayor número de expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR), reconoció la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez.
Durante la presentación del Mecanismo Estatal de Prevención de la Tortura, la defensora aceptó que aún persisten violaciones a derechos humanos producto de un sistema estructural que por décadas se ha pretendido normalizar y que se resiste a su extinción.
Para reforzar su dicho citó que, de 2018 a marzo de 2026, Oaxaca se ubica en primer lugar con el mayor número de expedientes abiertos por torturas o malos tratos del fuero federal, con mil 251 casos, lo cual representa el 13.7% del total del país.
Mientras que en el fuero común o estatal se ubica en el séptimo lugar de mayores expedientes iniciados con 729 casos, lo que significa que en el
Consideran que “esta visión simplifica el fenómeno complejo y termina criminalizando a quienes desde hace años han contribuido de manera significativa a la construcción del paisaje visual contemporáneo de Oaxaca”
descomunal.
En una carta abierta dirigida a las autoridades del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, el colectivo Subterráneos manifestó su preocupación e inconformidad ante las acciones de hostigamiento, persecución y retiro sistemático de su obra, así como por las agresiones que durante las últimas semanas han sufrido sus integrantes mientras desarrollan su labor artística y comunitaria.
“Resulta incomprensible que la respuesta institucional sea la intimidación. Ninguna ciudad fortalece su patrimonio cultural persiguiendo a sus artistas. Ninguna política de embellecimiento urbano puede justificarse cuando elimina precisamente aquello que distingue a Oaxaca frente
al mundo, su extraordinaria capacidad para producir cultura desde las calles, desde los talleres, desde la gráfica popular y desde las iniciativas ciudadanas”, puntualizaron.
Y resaltaron que “la historia reciente de Oaxaca demuestra que el grabado, el muralismo y las intervenciones urbanas forman parte de una tradición profundamente arraigada en la vida cultural de Oaxaca. Diversos colectivos han hecho de la gráfica pública un lenguaje de identidad, memoria y participación social. Desconocer este legado significa desconocer una parte fundamental del patrimonio cultural contemporáneo de Oaxaca”.
Solicitaron al gobierno municipal el cese inmediato de hostigamiento y
las agresiones contra los integrantes del colectivo Subterráneos, así como el reconocimiento del valor artístico, cultural y social de su trabajo.
Recordaron que la obra de Subterráneos ha sido presentada en museos y universidades de Canadá y Estados Unidos, incluyendo el Museo Maxwell de Antropología de la Universidad de Nuevo México, donde su trabajo fue reconocido precisamente por su aportación al arte público, la gráfica social y la educación artística.
Además, Subterráneos sostiene una escuela gratuita de arte donde jóvenes reciben formación en dibujo, grabado y muralismo sin costo alguno.
Por su parte, la Unión Revolucionaria de los Trabajadores del Arte (Urtarte) acusó a Raymundo Chagoya Villanueva de censurar y criminalizar el arte gráfico, los murales y las pintas de protesta popular.
“Con el pretexto de embellecer el Centro Histórico para el turismo, el gobierno municipal ha puesto en marcha una política de simulación y represión estética. Mientras financian programas como Fachadas Bienestar y costean murales para promover lo que hemos denominado el Mundial del Despojo, el municipio censura y criminaliza el arte gráfico, los murales y las pintas de protesta popular”, remató.
Oaxaca es primer lugar nacional en expedientes abiertos en la FGR de
casos de tortura o tratos crueles y degradantes
acumulado nacional que agrupa tanto el fuero federal como el fuero común Oaxaca se ubica en el cuarto lugar de mayores expedientes abiertos.
Esto significa que Oaxaca tiene un acumulado de mil 980 casos, lo que representa el 7.5% del total del país.
Lara Rodríguez insistió en que “si bien en México se han realizado trabajos y esfuerzos para prevenir y erradicar la tortura, entre ellos la armonización de las leyes, políticas y prácticas con las normas internacionales, al mismo tiempo nos enfrentamos a un gran reto con la persistencia de la práctica de la tortura”.
Es por ello que los organismos públicos protectores de derechos humanos en México, a lo largo de su existencia en el Estado mexicano, han documentado diversos actos de tortura y emitido las recomendaciones correspondientes.
Es el caso de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca que del 2023 a la fecha ha emitido 11 recomendaciones por hechos
relacionados con actos de tortura. Detalló que cinco recomendaciones han sido dirigidas a la Fiscalía General del Estado; cinco a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca; una al Ayuntamiento de San Miguel el Grande y Tlaxiaco.
Mencionó que las 11 recomendaciones representan el 19% de las 58 que Defensoría ha emitido. Entonces, con el objeto de prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, crearon
el mecanismo estatal de prevención de la tortura que se encargará de la supervisión permanente y continua de los lugares de privación de la libertad.
La Ombudsperson sostuvo que “solo quienes han sufrido actos de tortura comprenden el sufrimiento que causa, sin embargo, quienes trabajamos en la prevención, investigación y documentación de esta grave violación a derechos humanos, tenemos la responsabilidad de actuar y ser sensibles a los sentimientos de las víctimas”.
Miércoles 8 de Julio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Narcopolítica limita la estrategia de seguridad de Sheinbaum: Crisis Group
De la Redacción Ciudad de México (apro)
La ola de violencia en Sinaloa, que este mes cumple dos años y que el gobierno federal no ha logrado sofocar, demuestra que la acción militar debe ir acompañada de una ofensiva judicial contra los políticos de Morena y de otros partidos asociados con el crimen organizado para que dé resultados, señala un estudio de Crisis Group.
En el informe “La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión de EU”, el centro de monitoreo y análisis de conflictos violentos indica que la presidenta Claudia Sheinbaum está desaprovechando una oportunidad al tomar “como una intromisión inadmisible en los asuntos internos de México” las acusaciones estadunidenses contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios del estado.
De acuerdo con Crisis Group, Sheinbaum debería aprovechar la presión de Estados Unidos para liderar una campaña contra las poderosas redes que sustentan el crimen, con Sinaloa a la cabeza, y emprender “la ofensiva judicial contra poderosos intocables que el país necesita urgentemente”.
El extenso informe, de 52 páginas, indica que para Sheinbaum resulta muy complejo “calibrar su respuesta ante acusaciones creíbles de que perfiles relevantes dentro de Morena mantienen vínculos con el crimen organizado”.
Y recuerda que Rocha Moya es “un antiguo aliado de López Obrador, quien sigue siendo una figura influyente dentro del partido de gobierno”.
Crisis Group sostiene que la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa que se desató luego de que el 25 de julio de 2024 Joaquín Guzmá López entregara a Estados Unidos a Ismael “El Mayo” Zambada ha continuado en ese estado a
Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Después de ser exhibido en un video por su esposa por violencia intrafamiliar, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el académico fue asegurado a las 5:32 de la tarde de este martes en la calle Monte Albán, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.
A finales de junio, y después de dejar la dirección general de Pemex, Rodríguez Padilla fue exhibido en un video difundido en redes sociales en el que golpea a una mujer identificada como su actual esposa, María Felicia Jiménez, de nacionalidad cubana.
En la misma publicación, Felicia Jiménez aseguró que temía por su
pesar del enorme despliegue militar, de hasta 15 mil tropas, del gobierno federal en estado.
Aunque esa intervención ha puesto fin a los enfrentamientos armados que paralizaron Culiacán, “el gobierno está lejos de lograr un cambio fundamental en el equilibrio de fuerzas con el crimen organizado”.
Los recursos militares, agrega el análisis, son limitados, y las autoridades se han visto obligadas a reasignar tropas para enfrentar otras crisis en el país.
Pero lo que es más importante es que “México aún no ha emprendido procesos judiciales efectivos contra los jefes del crimen organizado del estado y sus lugartenientes, por no hablar de los oficiales militares, políticos y empresarios corruptos que han permitido que el cartel prospere durante décadas”, asegura.
La presión de Washington
El reporte indica que la presidenta Sheinbaum ha tenido que dar respuesta a la violencia en Sinaloa mientras sortea una relación cada vez más tensa con su homólogo estadunidense Donald Trump, quien en su segundo mandato ha ampliado sus exigencias para atacar el flujo de drogas, en particular el fentanilo.
“Dado el protagonismo de Sinaloa en la producción y el tráfico, el conflicto que asola a ese estado se ha entrelazado con la relación bilateral”,
agrega el informe.
El abanico de amenazas de Washington también se ha ampliado y ahora incluyen la idea de una intervención militar unilateral en territorio mexicano y el amago de imponer nuevos aranceles a los productos mexicanos.
Un funcionario estadunidense explicó a Crisis Group que la estrategia consiste en crear una “campaña de máxima presión” sobre México con la “destrucción total de los cárteles” como objetivo.
Estas acciones, según el estudio, incluyen la imputación de cargos al gobernador de Sinaloa (ahora con licencia), Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios del estado, por sus relaciones con Los Chapitos.
“Estas acusaciones –añade Crisis Group-- han puesto de relieve las complejidades políticas que entraña abordar las acusaciones de corrupción de alto nivel en México, especialmente cuando está implicado el partido Morena, el de la presidenta”.
Sheinbaum, asegura, ya se encuentra en una situación delicada para mantener el apoyo de sus principales aliados políticos en su estrategia de seguridad, porque al movilizar a las fuerzas armadas en Sinaloa, se distanció de la estrategia de su mentor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuya política de “abrazos, no balazos” restringió el margen de maniobra de los militares en la lucha contra el crimen
organizado.
De acuerdo con Crisis Group, aunque Sheinbaum ha respaldado la postura de López Obrador de calificar los cargos de Estados Unidos contra Rocha Moya como un ataque a la soberanía mexicana y a Morena, la postura de la presidenta “podría durar poco”.
Esto, porque dos de los funcionarios sinaloenses imputados se entregaron a las autoridadesestadunidenses y, posiblemente, incriminen a otros en sus testimonios”.
Al mismo tiempo, “Sheinbaum es consciente de que una guerra económica con su vecino del norte sería devastadora para el país, al igual que una intervención militar directa de Estados Unidos sería catastrófica para ella y para Morena”.
México, indica el estudio, “tiene que hilar fino”, por las presiones de la administración Trump y porque los mexicanos también demandan una reducción de la violencia.
Por ello, la presidenta “tendrá que fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y desentrañar los vínculos entre grupos criminales y funcionarios públicos, algunos de los cuales pertenecen a su propio partido, Morena”. Y, en ese sentido, “Sinaloa representa una prueba crucial para determinar si la fuerza militar y la lucha contra el narcotráfico pueden combinarse con avances en el desmantelamiento de las redes que son esenciales para la supervivencia y reproducción del crimen organizado en todo México”.
Las consecuencias de no actuar Crisis Group sostiene que para combatir la colusión que permite a los grupos criminales sobrevivir y prosperar a pesar de las ofensivas militares, el Estado mexicano debe fortalecer las instituciones de investigación y judicializar a funcionarios corruptos y a quienes financian el crimen.
Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex acusado de golpear a su esposa
integridad y la de sus hijos. Además, sostuvo que hacer pública la denuncia podría tener consecuencias tanto en su vida personal como en la laboral. Al respecto, en entrevista con Proceso, la doctora en física nuclear relató el entorno de violencia que, afirmó, vivió durante su relación con Rodríguez Padilla y señaló que el caso “también pone en entredicho el discurso” del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de que “con ella todas llegaron” y de que se ha conquistado la equidad de género y se le ha dado fin a la violencia contra las mujeres.
Una gestión con presiones Rodríguez Padilla dejó reciente-
mente la dirección general de Pemex en medio de fuertes presiones financieras, operativas y ambientales que enfrentaba la empresa del Estado. Durante su gestión, la petrolera no logró alcanzar la meta de producir 1.8 millones de barriles diarios de petróleo.
A ese escenario también se sumó el derrame registrado en el Golfo de México.
Tras difundirse la acusación, la Secretaría de Energía (Sener) aseguró que el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, ya no formaba parte del gobierno federal y negó que se hubiera concretado su incorporación al Instituto Nacional de Electricidad y Ener-
gías Limpias (INEEL), luego de que la presidenta informada que él tendría esa nueva dirección.
Sin embargo, una revisión realizada por Proceso encontró evidencia de que sí asumió formalmente la dirección general de ese organismo.
La SCJN pone en riesgo la sentencia que desmonta la “verdad histórica”, alertan
Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer cuatro amparos en revisión relacionados con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pone en riesgo la seguridad jurídica y el cumplimiento de “una sentencia cuya parte central fue desmontar la ‘verdad histórica’ y reconocer que el proceso de investigación inicial estaba basada en irregularidades”, alertó la directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, María Luisa Aguilar Rodríguez.
Dichos procedimientos fueron inicialmente impulsados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, mismos que se mantuvieron inamovibles en la administración de Andrés Manuel López Obrador y retomados en octubre de 2025 por el gobierno de Claudia Sheinbaum. En entrevista, la defensora, quien ha dado seguimiento a la tragedia de los 43 normalistas desde el primer momento de la desaparición, lamentó que a casi 12 años de los hechos el Estado mexicano siga litigando contra cualquier posibilidad de que los familiares de las víctimas
accedan a la verdad y la justicia.
En su sesión ordinaria, el pleno de la SCJN decidió atraer la solicitud 331/2026, promovida por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, relacionada con la revisión extraordinaria de cuatro amparos promovidos contra la sentencia definitiva emitida en mayo de 2018 por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, “lo que contraviene el principio de seguridad jurídica”.
Aguilar Rodríguez destacó que la sentencia que litiga el gobierno de Claudia Sheinbaum “había abierto mucho camino en ese momento, porque desmontó la ‘verdad histórica’ (que sostenía que los 43 normalistas habían sido asesinados y calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas depositadas en el Río San Juan), que, además, al haberse enfocado en una sola línea de investigación, habían dejado de lado otras líneas de investigación
Morena se prepara para legislar la IA; busca blindar la privacidad y DDHH
Juan Carlos Cortés CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Luego de que el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, informó que el próximo periodo se legislará una reforma para regular la Inteligencia Artificial (IA), la diputada morenista, Claudia Rivera Vivanco, señaló que el país está ante una oportunidad histórica para ponerse a la vanguardia internacional.
La legisladora recordó que presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados, la cual busca integrar el progreso tecnológico sin frenar su avance, pero blindando estrictamente la privacidad y los derechos humanos de las y los ciudadanos.
Además, la iniciativa también busca también introducir la obligatoriedad de regular estos sistemas bajo criterios estrictos de transparencia y anticorrupción, acompañando siempre a los usuarios con estrategias de protección digital.
“Estamos en una era tecnológica de la que no podemos ni debemos huir. El avance de la tecnología no se va a detener, pero nuestra obligación constitucional es garantizar que no
atropelle la dignidad de las personas. Por ello, la iniciativa que presenté tiene dos ejes muy claros: definir formalmente qué es la Inteligencia Artificial y establecer una protección total de los datos personales”, explicó.
La diputada también celebró que de la presidenta Claudia Sheinbaum se manifestará a favor de abrir foros y debates profundos que deriven en la normatividad de las plataformas digitales, poniendo especial atención en la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
“El llamado de la presidenta es fundamental. No se trata de prohibir ni de retrasar el desarrollo, sino de saber con certeza quién controla la Inteligencia Artificial y qué debemos hacer para normarla”, resaltó.
relevantes como la participación de la Policía Federal, incluso de los propios elementos del Ejército”.
La sentencia ordenaba también la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala (Comisión de Investigación) “como un mecanismo extraordinario para garantizar una investigación independiente y efectiva”, que estuviera conformada por la Fiscalía General de la República (FGR), por una comisión de los familiares de las víctimas, la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que contara con presupuesto destinado por el Congreso de la Unión.
Al recordar que los promotores de la sentencia del Tribunal Colegiado fueron personas acusadas por delincuencia organizada a las que se les achacaba la desaparición de los jóvenes, Aguilar Rodríguez contó que, en 2018, tras emitir-
se la sentencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto tramitó cuatro amparos en revisión extraordinarios.
“En esta causa se reconocieron graves violaciones a derechos humanos y que las familias deberían de ser reconocidas como víctimas, y por eso es que ahora somos parte del proceso de los múltiples recursos en contra de la sentencia.
“Es grave que una Suprema Corte nueva, con todas las críticas de cómo se ha constituido y de cómo llegaron las y los ministros a su posición, esté revisando una sentencia que es firme y que no debería de tener ningún tipo de revisión, es grave en sí mismo, por todo lo que eso implica de seguridad jurídica”, puntualizó la directora del Centro Prodh.
Lamentó que a casi 12 años de la desaparición de los estudiantes, y a ocho años de emitida la sentencia desde el gobierno federal se promueva la revisión de una resolución “que podría ser una oportunidad para reanimar la investigación de la que se priva a las familias, y se aleja la discusión de lo que tendría que ser el centro, que es que hay muchos pendientes en la investigación y que el caso no está esclarecido y que hasta el día de hoy seguimos sin conocer qué sucedió y dónde está el paradero de los estudiantes”.
Sheinbaum presenta sus condiciones para un acercamiento con Ecuador
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La presidenta Claudia Sheinbaum condicionó un acercamiento con Ecuador a que ese país realice un acto de desagravio hacia el expresidente Jorge Glas, quien se encontraba asilado en la Embajada de México en Quito cuando fue invadida.
“Ellos tendrían que revertir la situación, o sea, tiene que haber un desagravio. Y entre esos desagravios, pues tiene que ver con la persona que estaba asilada en nuestra Embajada. Ah, pues ¿ya se nos olvidó que invadiste la Embajada?, ¿ya se nos olvidó que agrediste a mexicanos en la propia Embajada? ¿Ya se te olvidó que detuviste a una persona que tenía asilo?”, cuestionó la presidenta.
Consideró que las autoridades de Ecuador deben reconocer que invadieron la Embajada y “tiene que haber un reconocimiento de esta persona (Jorge Glas) que estaba asilada. De otra manera se vuelve muy complejo”, dijo.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha declarado que busca restablecer algunos asuntos, como los comerciales.
Al preguntarle si hubo algún acercamiento, Claudia Sheinbaum respondió: “No. Ecuador violó la Embajada de México en Ecuador”, y señaló que tampoco se ha recibido alguna solici-
tud formal.
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, consideró que “no puede haber ningún canal de comunicación. Ecuador cometió una falta muy grave, no solo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sino a los principios más básicos de la diplomacia: invaden nuestra Embajada, agreden a nuestro personal y detienen ilegalmente a una persona que ya contaba con asilo otorgado legalmente por el Gobierno de México en términos de Convenciones de las que ambos países somos parte”.
Expuso que esta serie de violaciones al derecho internacional “vuelven imposible que se tenga comunicación o el restablecimiento de relaciones”.
En cuanto al juicio ante la Corte Internacional de Justicia, dijo que está en un proceso de desahogo de argumentos.
“Y son, de hecho, dos juicios: uno que interpuso México, por todo lo que ya expresé; Ecuador interpone otro por lo que ellos consideran que es el otorgamiento de asilo, que se hace contrario al derecho internacional. Estamos absolutamente seguros que la Corte Internacional de Justicia nos va a dar la razón, como en su momento también todos los países de la región en el seno de la Organización de Estados Americanos nos dieron la razón en el debate que hubo en esa esfera”.
Ken Salazar mintió sobre participación del FBI en el traslado de “El Mayo” Zambada a EU: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, mintió al gobierno mexicano en la presunta participación del FBI en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos; aseguró que es un asunto de dignidad para México. Es que tienen un avión expuesto como un triunfo de ellos, como una operación de ellos. Entonces, no sé si se entiende o sea, el embajador de Estados Unidos en México en su momento dijo que no había participación y hoy tienen un avión expuesto como si fuera parte de una operación del FBI, en una feria”. Sheinbaum agregó: “Entonces, el tema es: ¿Mintió? Hasta ahora parece que sí. Que sí nos dijeron mentiras al gobierno de México. Entonces por eso se pregunta a la fiscalía” que, afirmó, tienen una investigación sobre este caso, así como la petición de información a la Embajada estadunidense.
En julio de 2024, el gobierno mexicano ofreció información sobre la supuesta aeronave que trasladó a Zambada a Estados Unidos, incluso expusieron el nombre completo del presunto piloto, que después fue información desmentida fuera del gobierno, aunque éste no lo admitió de forma pública. Sobre ese hecho, la mandataria federal respondió:
“Bueno, que lo diga la fiscalía. O sea, yo creo que aquí lo relevante, lo más relevante es que hay una versión contradictoria entre lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la información oficial que le brindó al Gobierno de México y lo que dice hoy el FBI al exponer este avión”.
Afirmó que “sí es muy relevante porque es una actuación del gobierno de los Estados Unidos sin informar al gobierno de México. Y además, ¿qué acuerdos había? O sea, ¿qué acuerdos tuvo esta agencia o cualquier agencia que haya participado con este grupo delincuencial? Es muy relevante para México y para Estados Unidos, para
Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), urgieron a las autoridades de Veracruz y Guerrero esclarecer las desapariciones y posteriores asesinatos de los periodistas Roxana Guzmán y Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, respectivamente.
Tras expresar su “consternación” en su cuenta de X por los crímenes ocurridos en el mes de junio, la ONU-DH alertó que en Veracruz y Guerrero “ha documentado un número preocupante de asesinatos y desapariciones de periodistas”, sin incluir en su mensaje
ambos pueblos y ambos gobiernos. Muy importante”.
La administración de Sheinbaum Pardo no aportó información sobre la investigación que lleva la Fiscalía General de la República, y se basó en la investigación periodística del reportero Luis Chaparro, publicada en Pie de Nota, donde muestra toda la información que pudo ser alterada por Estados Unidos en cuanto a la aeronave que supuestamente entró en territorio mexicano.
-En este reportaje se muestran todos estos datos, todo lo que se pudo manipular o cambiar en esta aeronave, matrículas, hasta el color, etc., algunas otras claves que tenía. Dado que se pudo hacer esto: ¿Es tal vez una prueba que Estados Unidos sabe cómo mentirle al gobierno mexicano para poder actuar en nuestro país?
-Es este caso en donde todo parece indicar que el embajador de Estados Unidos mintió.
Es este caso.
-¿Pero la responsabilidad no es de la agencia porque finalmente son los que operaron?
-No bueno, quién es el representante del gobierno de Estados Unidos incluidas todas las agencias en México y el que contesta al gobierno, incluso hace una conferencia de prensa para informar a su pueblo y al pueblo de México, como embajador de Estados Unidos en México.
-¿No es muestra también de que el gobierno de Estados Unidos tal vez no confíe en México en cuanto al tema de funcionarios y colusión con el crimen organizado?
-No, porque quién detiene a la persona con la que ellos después acuerdan.
¿Quién la detuvo?(...) ¿Quién la detuvo? ¿Quién lo detuvo? El Ejército mexicano detiene, incluso en el operativo pierden la vida 10 elementos del Ejército y lo entrega a Estados Unidos. Y después, Estados Unidos acuerda con él sin informarle, violando incluso el tratado de extradición.
Aseguró: “¿Cómo no van a confiar en el gobierno de México si el gobierno de México lo detiene? (...) Nosotros lo que tenemos siempre que decir y esto es un asunto de dignidad de México, es: nos relacionamos como iguales y pedimos respeto siempre a México y cuando hay una situación como ésta en donde hay versiones contradictorias lo tenemos que plantear”.
La jefa del Ejecutivo Mexicano también criticó los acuerdos que hace el gobierno de Estados Unidos con las personas que tiene bajo proceso judicial, al consultarle sobre el objetivo de que mediante esta cooperación se podrían tener datos de quiénes les han dejado operar desde el ámbito político y que esto podría servir a México, respondió: “Sí hay pruebas, pero siempre que haya pruebas, no dichos. Igual nosotros solicitamos extradiciones, detenciones urgentes y ellos piden pruebas. Es una relación recíproca. Entonces, si hay pruebas, adelante, pero tiene que haber pruebas de acuerdo con la justicia mexicana, de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales de México”.
Recordó que la información que proporciona Estados Unidos y México, de forma recíproca, se rige por tratados y por acuerdos que deben respetarse, porque de lo contrario son injerencia.
Hace dos años, el gobierno mexicano también declaró que no había ningún
operativo del lado mexicano para detener a “El Mayo” Zambada, al ser cuestionada del por qué, la mandataria federal no respondió y pidió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que explique el proceso de cooperación en información.
-En lo que le corresponde a México, también dijeron que no había ningún operativo por parte de México para detener a Ismael “El Mayo”, ¿por qué? ¿Por qué no se habría tenido un operativo para detener a este capo?, se le preguntó.
-Bueno, cuando hay una orden de aprehensión se hace el trabajo que se tiene que hacer y en ese caso había una orden de aprehensión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Lo puedo explicar, Omar. Cuando informa el gobierno de Estados Unidos través de una de las agencias por inteligencia de la ubicación de un de un presunto delincuente. Información permanente con diferentes agencias
García Harfuch habló del intercambio de información permanente con diferentes agencias, aunque muchas veces no siempre es tan precisa.
“Es un intercambio de información de personas, indicios, teléfonos, rastros, cualquier cantidad de indicios que nos puedan llevar a una persona o a la ubicación de ciertas personas. En muchísimas ocasiones, decenas de ocasiones en lo que va del año, hemos hecho operaciones realizadas por las autoridades de México, donde en muchas ha habido participación de información de Estados Unidos, pero es muy diferente tener información y colaboración de agencias norteamericanas a que te digan: ‘Ahí está exactamente la persona’. Son dos cosas muy diferentes, el intercambio de información, ojalá fuera así”.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, basándose únicamente en el reportaje dijo que de confirmarse, habrían violado tratados internacionales, la Constitución Mexicana y la Ley de Seguridad Nacional; sin embargo, no hablaron aún de las consecuencias que habría para la agencia, de comprobarse, participó en el traslado de “El Mayo” a Estados Unidos.
ONU urge a autoridades mexicanas esclarecer asesinatos de los periodistas Alex Serna y Roxana Guzmán
sus registros.
Guzmán fue sustraída de forma violenta de su domicilio en Nanchital, el 2 de junio pasado, y sus restos identificados el viernes 3.
Alex Serna fue reportado como desaparecido el pasado 20 de junio y su cuerpo fue localizado e identificado sin vida el domingo 5 de julio.
El organismo resaltó que Roxana Guzmán, era directora de un medio digital, y “habría sido la única mujer que cubría la fuente policiaca en el sur de Veracruz”.
Recordó que “es fundamental ga-
rantizar el ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de seguridad, reconociendo los riesgos diferenciados y agravados que enfrentan las mujeres”.
De Alex Serna, originario de Zihuatanejo, la ONU-DH apuntó que daba cobertura a temas ambientales de la Costa Grande de Guerrero, labor con la que “contribuía a la defensa del agua y la tierra, así como a la denuncia pública de posibles actos de corrupción”.
Al manifestar su solidaridad con las familias de los periodistas, con sus colegas y con el gremio periodístico, la ONU-DH llamó a las autoridades “a
esclarecer los hechos, considerando como línea de investigación el ejercicio de la libertad de expresión de ambas víctimas, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral”.
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Buscan que leyes mexicanas reconozcan derechos sexuales y reproductivos
Lourdes Godínez Leal
Ciudad de México, (Cimacnoticias)
Durante más de dos décadas, organizaciones feministas, especialistas, legisladoras y defensoras de derechos humanos en México, han trabajado para que los derechos sexuales y reproductivos sean reconocidos de manera explícita en la legislación mexicana. Hoy, ese debate vuelve al centro de la agenda legislativa con una iniciativa promovida por la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, que busca incorporar estos derechos en diversas leyes generales y convertirlos en una obligación clara del Estado mexicano.
A lo largo de 21 años, las discusiones han transitado desde el acceso a métodos anticonceptivos, la salud sexual de adolescentes y la atención reproductiva, hasta el reconocimiento del derecho a decidir, la prevención de embarazos en adolescentes, la erradicación de la violencia obstétrica y la garantía de servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
Este martes se realizó una reunión de trabajo convocada por la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado de la República, Malú Micher Camarena, para analizar la iniciativa que presentó en abril pasado, a la que asistieron senadoras y senadores, representantes de dependencias federales y organizaciones civiles.
“Nos encontramos ante una oportunidad histórica para avanzar hacia una legislación que reconozca de manera expresa estos derechos, que elimine vacíos normativos y que fortalezca las obligaciones del Estado mexicano para garantizar su ejercicio efectivo”, afirmó la senadora.
La iniciativa que presentó plantea modificaciones a la Ley General de Salud, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de Educación y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. De acuerdo con la legisladora, el proyecto pretende establecer un marco normativo integral y alineado con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
En un comunicado se informó que para la Ley General de Salud se propone reconocer la salud sexual y reproductiva como el eje rector del sistema de salud, garantizar servicios integrales como anticoncepción, atención obstétrica y prevención de infecciones de transmisión sexual.
En materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, la iniciativa propone asegurar el acceso a información y servicios adecuados sobre salud sexual y reproductiva, además de incorporar el principio de autonomía progresiva para reconocerlos
A lo largo de 21 años, las discusiones han transitado desde el acceso a métodos anticonceptivos, la salud sexual de adolescentes y la atención reproductiva, hasta el reconocimiento del derecho a decidir, la prevención de embarazos en adolescentes, la erradicación de la violencia obstétrica y la garantía de servicios integrales de salud sexual y reproductiva
como titulares de derechos.
En el ámbito educativo plantea que la educación sexual y reproductiva sea una obligación del Estado, impartida de manera integral, con base científica, perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y contenidos adecuados a la edad de las y los estudiantes.
La propuesta también contempla reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, para reconocer la violencia obstétrica como una forma de violencia de género, así como fortalecer las medidas de prevención, atención, sanción y protección institucional para las mujeres.
La iniciativa, que fue respaldada por las y los asistentes a la reunión de trabajo, se encuentra en proceso de dictaminación en las comisiones correspondientes.
21 años de trabajo
En el 2005, cuando Malú Micher se desempeñaba como diputada por el entonces Partido de la Revolución Democrática, presentó junto con la legisladora priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, la primera iniciativa con proyecto de decreto para modificar y adicionar la Ley General de Salud en materia de salud sexual y reproductiva.
En la exposición de motivos, las legisladoras señalaron que la Ley a modificar no reconocía explícitamente estos derechos, y que debería establecer la obligación del Estado de crear las condiciones necesarias para garantizar un ejercicio efectivo de éstos, así como el hecho de que la legislación vigente en esos años úni-
camente consideraba la sexualidad con fines reproductivos y la salud de las mujeres desde la maternidad.
Propusieron garantizar la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida, así como la reducción de embarazos en la población adolescente.
En el caso de adolescentes, sostenían que, atendiendo a diversas normativas firmadas por el Estado mexicano, como la Convención sobre los Derechos del Niño, debería prevalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes, sobre las decisiones de sus madres, padres o tutores cuando estuvieran en riesgo sus derechos a la salud, la vida o la integridad.
La iniciativa también proponía reducir los riesgos para la salud derivados de abortos realizados en condiciones inseguras, por lo que establecía que en el caso de interrupciones del embarazo previstas en la legislación, las causales (ya que aún no se legislaba la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación) los servicios deberían ser gratuitos, de calidad y accesibles.
Al respecto, señalaba un plazo de 5 días contados a partir de realizada la solicitud y siempre y cuando se cumplieran los requisitos establecidos en la legislación aplicable. También, que en el supuesto de que la o el médico señalara objeción de conciencia, el sistema de salud debería contar con personal no objetor que garantizara el acceso a este derecho; y en los casos de emergencia que pusiera en riesgo la vida de las mujeres, la
atención médica no podría negarse. Sin embargo, tal vez un factor que jugó en contra de que se aprobara dicha iniciativa que quedó en la congeladora de la Cámara de diputados fue que aunque tenía mayoría priista, el Partido Acción Nacional era el principal opositor.
Derechos sexuales y reproductivos, un tema de larga data
El reconocimiento del concepto derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos se hizo durante la conferencia internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) celebrada en 1994 en el Cairo, Egipto.
En el programa de acción de esta Conferencia, también conocida como conferencia de El Cairo, se habló de los derechos sexuales y reproductivos (DSyR) de mujeres, adolescentes y jóvenes más allá de cuestiones demográficas y fines reproductivos.
Definió a la salud reproductiva como “un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones”. “La atención de la salud reproductiva incluye la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales”.
Se estableció el derecho de todas las personas incluidas las jóvenes entre 12 y 29 años de edad, a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, por lo que las naciones que la han ratificado, entre ellas México, los reconocen como una parte integral e intransferible de los derechos humanos.
También, que serían las mujeres quienes deberían controlar su propia fecundidad y la obligación de los Estados de garantizar servicios de planificación familiar y de salud reproductiva de calidad y fomentar la educación de las niñas principalmente, así como promover la igualdad entre los sexos y la reducción de la mortalidad neonatal, infantil y materna y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar.
Desde entonces, el tema ha sido abordado en diversas conferencias internacionales que sostienen la necesidad de que las legislaciones de los países garanticen el ejercicio pleno de éstos y servicios de salud de calidad.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN VERACRUZ Y SAN LUIS POTOSÍ?
Cirenia Celestino Ortega
El viernes pasado a través de un post en su página de Facebook, la Fiscalía del Estado de Veracruz confirmó la aprehensión de ocho personas por el homicidio de Roxana Guzmán, entre ellos cuatro hombres que se desempeñaban como policías municipales.
Lo que la Fiscalía comunicó como un “homicidio”, se trata del feminicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste.
El asesinato de Roxana Guzmán es el tercer homicidio de un periodista registrado en el estado de Veracruz y el cuarto en México en apenas seis meses.
Veracruz es el estado número ocho entre las entidades de mayor riesgo para las mujeres periodistas. Desde agosto de 2009 a junio de 2026, se han registrado 163 agresiones contra mujeres periodistas en la entidad. De ellas, siete casos fueron feminicidio derivado de su labor periodística, el de Roxana sería el octavo.
La Fiscalía tardó un mes y un día en localizar e identificar a Roxana tras la privación de su libertad comandada por un grupo armado el pasado 2 de junio.
Aunque el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que Veracruz tuvo tres gobernadores (Javier Duarte de Ochoa, Flavino Ríos Alvardo y Miguel Ángel Yunes Linares), se posiciona como el más violento con 70 casos, en lo que va del sexenio de Claudia Sheibaum (poco menos de dos años) y el respectivo gobierno estatal de Rocío Nahle García, ya suman 26 agresiones.
La gobernadora Rocío Nahle García ha sostenido que las agresiones registradas recientemente en la entidad «no son por su trabajo periodístico» y ha rechazado la existencia de un patrón de violencia contra la prensa, aunque corresponde a las autoridades investigar, sin prejuicios y con la debida diligencia, si las agresiones tuvieron el objetivo de frenar su ejercicio periodístico.
Colindando con Veracruz, al norte, San Luis Potosí, es el estado más riesgoso para las periodistas en el último trimestre, ya que registró seis casos derivados de las protestas sociales y de la intención de control de las voces críticas a través de nombrada “Ley Serrano”.
Fue en noviembre de 2025 cuando el gobernador Ricardo Gallardo atribuyó a inteligencia artificial unos videos que lo ligaban con el crimen organizado. Entonces el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local para sancionar el «uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social» hasta con seis años de cárcel. En cuestión de días, el Congreso de San Luis Potosí aprobó la reforma.
Pese al pronóstico de que la ley podría usarse para sancionar la libertad de expresión, en mayo de 2026, se puso a prueba. Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo fueron detenidas y recientemente, el diputado Serrano agredió a la periodista Margarita Zacarías en el marco de la cobertura de una serie de protestas en contra de una reforma promovida por él. A una semana de la protesta de
periodistas, el Poder Legislativo creó una Comisión Especial de Atención a Periodistas para dar seguimiento a agresiones, uno de sus integrantes fue el propio Héctor Serrano Cortés, quien ha emprendido denuncias penales contra periodistas. La comisión también quedó integrada por la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina, quien durante la manifestación autorizó solicitar el apoyo de la fuerza pública para resguardar el recinto legislativo.
Finalmente, esta semana la Corte podría sentar un precedente importante para la protección de las periodistas.
Luego de que el 24 de febrero de 2026 llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el primer caso de una mujer periodista, este 8 de julio se sesionará nuevamente la protección a periodistas. Estaban enlistados para el 2 de julio pero no alcanzó, esperemos esta semana sí se logre sesionar.
Myrna Susana Gómez Vázquez es una periodista mexicana en desplazamiento forzado desde 2019, junto con sus dos hijas. A raíz del riesgo por su labor, Myrna fue incorporada al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Su caso ejemplifica lo que las periodistas enfrentan, no solo el riesgo, sino la ausencia de medidas integrales que la atiendan de manera específica por ser periodista, mujer y madre. Su caso revela la falta de incumplimiento a los estándares y derechos que subyacen del Desplazamiento Forzado Interno como la atención integral y
la ausencia de planes de retorno. De acuerdo con la Ley de Protección, existe un plazo de 30 días para presentar una inconformidad por las medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección, este plazo resulta insuficiente cuando una periodista está en riesgo, como lo señaló acertadamente el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz. El caso fue desechado por la SCJN y será presentado nuevamente esta semana. La resolución que adopte la Suprema Corte representa una oportunidad histórica para sentar un precedente clave para la protección de la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, fortalecer el acceso a la justicia de mujeres periodistas en situación de riesgo, establecer criterios sobre la atención a casos que involucran violencia de género, desplazamiento forzado e interés superior de la niñez y orientar la actuación de las autoridades frente a contextos de riesgo para periodistas y personas defensoras.
Lo que sucede en San Luis Potosí y Veracruz confirma la tendencia señalada por CIMAC en nuestro informe anual 2025 y el informe anual del mismo año de Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para la prensa en las Américas y la violencia contra la prensa se habría profundizado en 2025 superando las cifras registradas, particularmente contra las mujeres periodistas.
SCJN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despertó expectativas. También incertidumbre. Era inevitable. Cada nueva integración reabre la pregunta de si cambiará también la forma de interpretar la Constitución. Las respuestas han empezado a llegar. Cabe precisar que los dichos de las ministras y los ministros no producen consecuencias jurídicas. Sólo las producen los engroses; es decir, las sentencias finales, aprobadas, firmadas y notificadas que resuelven los casos, fijan criterios y generan precedentes. Las cortes no se miden por lo que sus integrantes declaran, sino por lo que sus sentencias deciden. Lo relevante es determinar si este alto tribunal contribuye al desarrollo progresivo de los derechos fundamentales, como ordena el principio de progresividad del artículo 1o constitucional, párrafo tercero. Tres resoluciones permiten advertir que esa es, hasta ahora, la dirección: el ADR 2808/2025, la Acción de Inconstitucionalidad 81/2025 y su acumulada 88/2025, y el AD 20/2025. Veamos. Primero. El ADR 2808/2025 fue la primera decisión relevante de la nueva integración sobre libertad de expresión y derecho a la propia imagen. Fue una resolución donde el ponente fue el presidente de la SCJN, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, con el proyecto de Alejandra Loya Guerrero y Edith Guadalupe Esquivel Adame. El litigio surgió de una sanción a un medio de comunicación por utilizar, sin autorización, la imagen de una persona para promocionar una serie televisiva. El problema constitucional era preciso: determinar si las limitaciones previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor restringían indebidamente la libertad de expresión. La Corte respondió que no: avaló la constitucionalidad de las limitaciones impugnadas y, con
ello, delimitó la frontera entre dos bienes que la Constitución protege por igual. Lo decisivo fue el método: ponderación entre derechos, distinción entre actividad periodística y explotación comercial de la imagen, y protección reforzada de la libertad de expresión cuando cumple una función informativa. La distinción es medular porque este derecho tiene una doble dimensión: individual, como facultad de cada persona de manifestar ideas, opiniones y versiones de los hechos apegadas a la veracidad, y social, como derecho colectivo a la libre deliberación democrática y circulación de las ideas y la interpretación de los hechos. Su tutela reforzada se justifica cuando alimenta el derecho a la información de la sociedad, no cuando la imagen ajena se convierte en mercancía. El Pleno subrayó, además, otro criterio: encontrarse en un espacio público no convierte la imagen de una persona en material de libre explotación comercial. La excepción informativa protege al periodismo, no al lucro. El caso importaba también por su contexto: en el entorno digital la circulación de imágenes es masiva y constante, y el criterio traza un límite claro al aprovechamiento comercial sin consentimiento. La propia imagen y la intimidad, derechos derivados de la dignidad humana, conservan su tutela frente al aprovechamiento mercantil.
Segundo. Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 81/2025 y su acumulada 88/2025, promovidas por el Partido Acción Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Pleno invalidó el delito de ciberasedio de Puebla por su vaguedad y efecto inhibitorio sobre el debate público en redes sociales. La norma vulneraba la taxatividad penal y el principio de mínima intervención: su ambigüedad permitía criminalizar críticas legítimas, y las conductas realmente graves ya pueden sancionarse mediante
tipos penales precisos, de modo que la invalidez no deja desprotegidas a las víctimas. Esta resolución estuvo a cargo de la ponencia del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía y el proyecto de Bruno Alejandro Acevedo Nuevo, con la colaboración de Adriana Ángeles Rodríguez. El expediente revela, además, quién activa el control abstracto: la Corte no actúa de oficio; decide cuando órganos legitimados —un partido político, el organismo nacional de derechos humanos— se lo demandan. Y muestra la otra cara de la misma doctrina: la libertad de expresión también se protege frente al poder punitivo del Estado. Semanas después, el AD 20/2025, bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos González y el proyecto de Arlín Maribel Pérez Parada, con la colaboración de Nallely Vianey Paredes Suárez y Rosalba Arsuaga Montoya, volvió a privilegiar la ponderación y la proporcionalidad para resolver el conflicto entre honor y libertad de expresión. El asunto versó sobre la responsabilidad civil por una inserción pagada con imputaciones falsas contra particulares. La Corte reiteró que este derecho no ampara la difusión de hechos falsos que lesionan la dignidad y la reputación de personas privadas, y precisó que la reparación del daño moral debe atender a su impacto real, no sólo a las pérdidas económicas. El fallo se aprobó por seis votos a uno, y el único voto en contra —el del ministro presidente— no invocó una ruptura, sino mayor fidelidad a precedentes previos.
Tercero. Las tres resoluciones comparten un mismo método constitucional. Ningún derecho es absoluto ni existe jerarquía abstracta entre ellos: la prevalencia sólo puede decidirse en cada caso concreto, ponderando sus circunstancias mediante un juicio de proporcionalidad. Ese juicio exige un fin legítimo, idoneidad, necesidad —que no exista una alternativa
menos lesiva— y proporcionalidad en sentido estricto: que el beneficio para un derecho no cueste un sacrificio excesivo del otro. Ese es el estándar mexicano e interamericano. La nueva integración pudo redefinirlo y no lo hizo. Conservó la estructura argumentativa que distingue entre información de interés público y simple interés del público; entre responsabilidades ulteriores legítimas y restricciones incompatibles con una sociedad democrática. Sobre esa base descansan criterios consolidados: quien tiene proyección pública debe tolerar mayor escrutinio y la información de relevancia colectiva goza de presunción de cobertura constitucional. Esas resoluciones reflejan estabilidad y seguridad jurídica: así progresan los derechos, precedente sobre precedente. No es dato menor: al alcanzar la mayoría calificada de seis votos, las razones del AD 20/2025 constituyen precedente obligatorio para todos los tribunales del país. Es pronto para escribir la historia jurisprudencial de la nueva Corte. Pero también sería un error ignorar sus primeras decisiones. Los citados engroses —no las declaraciones, entrevistas, comentarios e incluso participaciones en las sesiones de la SCJN— ofrecen el único dato que jurídicamente importa: la nueva integración ha comenzado a construir sobre los estándares constitucionales e interamericanos existentes. Las primeras resoluciones apuntan a una conclusión preliminar razonable: la independencia judicial también se expresa cuando el máximo tribunal del país resuelve a la luz de las mejores prácticas internacionales y nacionales. El sentido de las resoluciones de la Corte va por buen camino. Y conviene recordarlo: los estándares democráticos internacionales no debilitan la soberanía judicial, la hacen creíble. Un tribunal que resuelve a su luz no obedece a nadie; responde ante todos.
Ernesto Villanueva
LA FUERZA DE HEZBOLÁ Y LAS FRACTURAS DEL ESTADO LIBANÉS
Sorprendió el primer ministro libanés, Nawaf Salam, con un discurso que moderó respecto de lo que ha expresado sobre Hezbolá al considerarla una fuerza política fundamental e indisociable de Líbano, exhortándola a respaldar las negociaciones bilaterales con Israel que actualmente coordina Estados Unidos. El presidente de Líbano, Joseph Aoun, incluso reconoció haberse reunido con funcionarios de Hezbolá, todo lo cual contrasta con la posición previa del gobierno al haber dejado de lado al partido de las negociaciones, invitándolo a deponer las armas. Ya habían solicitado que la cuestión de su país no se incluyera en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, arguyendo que correspondía al Estado libanés velar por su propia soberanía. No obstante, esa posición parece estar cambiando al advertirse que la presión de Irán es determinante para conseguir el retiro del ejército israelí.
La posición previa del gobierno libanés contaba con un respaldo de fuertes sectores de la sociedad, principalmente de los cristianos maronitas, quienes responsabilizan a Hezbolá de la inestabilidad del país. Sin considerar que el escenario es el de un país que atraviesa una de las peores crisis de su historia, con una economía que no logra levantar y que se agravó con la pandemia de covid-19. Ese escenario ha terminado por volverse catastrófico debido a las ofensivas recientes y a la ocupación israelí, que ha desplazado a más de un millón y medio de personas y ha dejado un saldo de cerca de siete mil muertos. Previo a la celebración del shabat del 28 de junio, Netanyahu se dirigió a la ciudadanía israelí anunciando “un gran logro para el Estado de Israel”, por las negociaciones en Washington entre representantes de su país, Líbano y Estados Unidos. Considera como lo más importante que las tropas israelíes permanecerán en lo que ha llamado “zona de seguridad del sur de Líbano”, una franja de 10 kilómetros que deja libre gran parte del recorrido del río Litani, pero no lo que ahora llama “zona piloto”. Lo que significa una retirada parcial mientras, en su versión, Irán continúe interviniendo mediante Hezbolá. Coinciden en ello Israel y Estados Unidos, pero no Hezbolá que lucha por sus propios intereses. Tel Aviv se niega a desalojar el territorio ocupado que garantiza su control sobre el sur de Líbano y fractura uno de los motores agrícolas más importantes del país por sus recursos hídricos. Si bien la estructura económica libanesa pivotó históricamente hacia el sector terciario (banca, turismo y comercio) –llegando a generar más de 80 % del PIB–; el colapso financiero
Carlos Martínez Assad y Yolotl Valadez Betancourt*
de 2019 obligó a una reconfiguración de la economía real, volviéndola dependiente de la producción agrícola del sur para garantizar la seguridad alimentaria nacional.
En esta región se concentra la producción de cítricos y plátano de la franja costera, mientras que las zonas interiores y de colinas son destinadas para el cultivo de tabaco, olivos y hortalizas. Ante la crisis el sector agroalimentario se ha convertido en una de las pocas fuentes constantes de exportación, y su aportación al PIB pasó aproximadamente de un 3% a más de 8%; además, la cuenca del río Litani irriga más de 54 mil hectáreas de tierras agrícolas (sumando el sur y el valle de la Bekaa), siendo vital para la generación de energía hidroeléctrica y el suministro de agua para consumo industrial y doméstico de casi un millón de personas.
Otro punto importante es que, históricamente, el sur ha sido una de las regiones con alta emigración (principalmente hacia África Occidental, América Latina y el Golfo). Las remesas enviadas por esta diáspora representan una inyección constante de recursos vital para la microeconomía familiar. Es en esta zona agrícola donde nació Hezbolá, organización que a lo largo de sus más de 40 años de existencia ha consolidado una estructura de beneficencia y de incentivos económicos clave para la estabilidad local. A este arraigo ha contribuido de manera decisiva su propia red financiera, constituida por un sistema de cajas de ahorro que permite la libre circulación de remesas y donaciones, al tiempo que ofrece esquemas de préstamos y financiamiento para pequeños propietarios.
También ha establecido una amplia gama de servicios que incluye redes de clínicas médicas, centros de abasto popular mediante supermercados de bajo costo y escuelas que, en su conjunto, palian la ausencia del Estado libanés. Por todo ello, a los observadores externos les resulta difícil comprender la verdadera naturaleza de Hezbolá, quienes consideran a Irán como su única fuente de recursos, desconocen el impacto social y económico que tiene la organización.
Los medios de comunicación occidentales suelen describirlo como
un grupo terrorista, una milicia o una guerrilla; sin embargo, esta caracterización simplifica el fenómeno de un movimiento con profundas raíces sociales, económicas y políticas. Surgido en el seno de las comunidades chiíes en 1982, cuando Israel tuvo la más larga ocupación de las seis que ha realizado, ya que se mantuvo allí por 18 años. Lo que ayuda a entender que el grupo se ha fortalecido en la compleja estructura política confesional del país, a lo largo de cuatro décadas. Así, la continua expansión territorial israelí ha impuesto una dinámica de confrontación y resistencia que resulta insoslayable y hay que recordar los constantes enfrentamientos alrededor de las Granjas de Sheva, región cercana al Golán, que Israel debió dejar en el año 2000. Un error común en los medios de comunicación, particularmente en Occidente, es afirmar que Hezbola, por su vínculo con el chiismo, fue una mera creación de Irán tras la Revolución Islámica de 1979. La conformación de la organización responde, en realidad, a un fenómeno más amplio: el ascenso del islam político en toda la región, el cual adoptó matices particulares en cada contexto país.
Por otra parte, vale la pena recordar que en 1974 surgió en el sur del Líbano un movimiento chiita denominado el Movimiento de los Desposeídos, fundado por el carismático clérigo iranolibanés Imam Musa al-Sadr, el cual buscaba una representación equitativa dentro del sistema confesional libanés y el acceso a servicios básicos. En un primer momento, exigieron servicios urbanos como agua potable y alumbrado público. Sin embargo, al estallar la guerra civil libanesa en 1976, decidieron crear un brazo armado bajo el nombre de Amal, cuyo objetivo era defender a las comunidades chiitas de las incursiones del ejército israelí y de las milicias de la Falange cristiana. De este modo, puede decirse que Amal se convertiría en el antecedente directo de Hezbolá. Estos movimientos forman parte de una red transnacional de clérigos chiitas que se remonta siglos atrás y que trazan un puente histórico entre el Líbano, Irak e Irán. Un ejemplo de ello es la propia familia del fundador de Amal, los Al-Sadr, cuyo ancestro
Sayyid Saleh Musawi Ameli inició este vínculo transnacional. Originario de la región de Jabal Amel (el histórico bastión chiita en el actual sur del Líbano), fue obligado a exiliarse en Nayaf, Irak, debido a la persecución de las autoridades otomanas contra su comunidad. Un camino inverso siguió su bisnieto, Musa al-Sadr, quien nació en 1928 en Qom, Irán, se trasladó a estudiar a Nayaf, Irak, y finalmente retornó a la tierra de sus ancestros en Líbano en 1959.
Esta red de clérigos chiitas ha permitido la fluida circulación de ideas religiosas y políticas entre las comunidades de Irak, Irán y el Líbano, en las que destacó Abbas al-Musawi, uno de los fundadores de Hezbolá, quien fue discípulo del Ayatolá Mohammad Baqir al-Sadr (primo de Musa al-Sadr) y cercano colaborador del Ayatolá Jomeini, entonces exiliado de la persecución del Sah Mohammad Reza Pahlaví en los centros teológicos de Nayaf.
Durante sus estudios allí, al-Musawi conocería al que sería el otro destacado líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en aquel entonces apenas un adolescente en formación a quien tomaría bajo su protección. Cuando el régimen de Saddam Hussein comenzó a perseguir y expulsar a los clérigos chiitas a finales de 1978, ambos regresaron al Líbano. Al-Musawi fundó en Baalbek un seminario religioso (hawza) para continuar enseñando la línea doctrinal de Baqir al-Sadr, y Nasrallah fue uno de sus primeros y más brillantes alumnos.
Luego de la Revolución Islámica en Irán, una comisión de clérigos libaneses –entre ellos al-Musawi y Nasrallah– viajó a Teherán en 1981 para buscar el apoyo del nuevo régimen frente a la amenaza de Israel. Este acercamiento y la adopción del proyecto iraní de construir un Estado islámico chocaron con la facción más laica de Amal, liderada entonces por Nabih Berry (actual presidente del Parlamento del Líbano), lo que causó una ruptura interna y una profunda división en el seno de la comunidad chiita.
Un año después, en 1982, en el contexto de la invasión israelí al Líbano, que se considera la primera guerra, la facción proiraní recibió a un contingente de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) encargado de entrenar a combatientes dispuestos a enfrentar al ejército israelí. La Guardia Revolucionaria logró unificar a diversas facciones chiitas libanesas, incluyendo a la disidencia de Amal (conocida como Amal Islámico y comandada por Hussein al-Musawi), a la red de clérigos previamente mencionada y a células clandestinas de otros grupos, como la Yihad Islámica libanesa o el Partido Dawa.
MALA SEÑAL…
Francisco Ruiz Zuart. Un jaguar echado.
¿Recuerdan ustedes cuando el hoy gobernador del Estado de Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, ganó la contienda electoral y luego asumió el poder en diciembre del año 2024?
TODO EL ENTORNO A ÉL
ERA JAGUAR NEGRO:
En todas las reuniones colocaban Jaguares Negros por todas partes… Jaguares en alerta máxima… Jaguares negros mostrando los colmillos… Jaguares negros simulando saltos increíbles.. Jaguares negros desafiantes… Jaguares que transmitían dureza, fortalezas inagotables… Jaguares negros que con solo su estampa disuadía a cualquiera…
SE TRATABA de convencer a todos los chiapanecos, mujeres y hombres, de que el gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar era igual o semejante a un Jaguar Negro y en las condiciones particulares anteriormente descritas…
¿Y qué creen que ya sucede a tan solo 19 meses de gobierno, cuando aún faltan 53 meses por recorrer?
Que como se puede ver en la fotografía que ayer se publicó, donde aparece el jefe del PARTIDO HUMANISTA Alfredo Ramírez Guzmán, nombrado por el gobernador, su pariente y seguramente compadre:
Ya están colocando al centro de toda su publicidad personal y oficial, a un Jaguar Negro ECHADO…
Un Jaguar Negro con los colmillos escondidos…
Un Jaguar Negro agotado y resignado…
Un Jaguar Negro entumido, con la cola suelta y en el suelo…
Un Jaguar Negro mermado en todas sus capacidades felinas y hasta con su pelaje opaco… ¿irá a ser el nuevo sello del Grupo Jaguar o más bien Grupo Comitán?
Los publicistas y cuidadores de la imagen del gobierno y en lo particular del gobernador que se siente un Jaguar Negro ¿no se dan cuenta de este detalle tan valioso?
¿El gobierno negro ya se encuentra echado?
¿El gobierno negro ya está en condiciones de cansancio?
¿El gobierno negro perdió los filosos y puntiagudos colmillos?
¿El gobierno negro ya entró en acuerdos con los otros animales, para dejarles hacer lo que quieran y en su beneficio?
Ah! Cómo va la cosa oficial respecto a la figura del Jaguar Negro, capaz y el último año de gobierno, el sello y la firma de las pequeñas especies menores solo sea un GATITO NEGRO patas para arriba, con muchas y diversas riquezas a su alrededor… Ojalá que esto no ocurra…
CARTELERA POLÍTICA
Leonel Durante López
• Sheinbaum se metió en un camino que no tiene salida
• Noroña ejerció violencia política de género contra Grecia Quiroz
El próximo lunes 20 de julio Ismael “El Mayo” Zambada recibirá su sentencia desde la corte de Brooklyn, pero hoy la presidenta Claudia Sheinbaum junto con López obrador se la pasaron dos años exigiendo explicaciones al gobierno de Estados Unidos sobre qué papel había jugado el secuestro y traslado del líder del Cártel de Sinaloa.
Ayer la presidenta hizo una serie de desfiguros para no enfrentarse directamente con Donald Trump para reclamar sin que se lo tome a mal la estrategia utilizada para la extracción del narco.
Sin embargo, tuvo la ocurrencia -para no salir embarrada de lodo-, de echarle la culpa al ex embajador de Estados Unidos en México que en Ken Salazar, y utilizarlos como “chivo expiatorio”, porque él fue el embajador de Joe Biden y Trump no lo va a defender.
Recordamos que López Obrador adoraba a Ken Salazar, pero en la recta final del gobierno rompió la relación primero por lo del Mayo Zambada y luego por las críticas de Salazar a la Reforma Judicial.
Ahora es peor, cuando esta a punto de salir a la luz pública su libro de memorias en la que Salazar afirmó que a López obrador le preocupaba lo que el Mayo pudiera declarar sobre los narco políticos incrustados en el gobierno de la 4T.
La presidenta recordó que hace dos años ken Salazar afirmó que ninguna agencia de inteligencia de su país estuvo involucrada en el traslado narco.
La presidenta sabe que la relación con Estados Unidos no está bien, sabe que la comunicación con el gobierno de Trump está rota, por lo que es difícil reclamar el operativo, cuando su gobierno lleva más de un mes negando a Estados Unidos la detención con fines de extradición de los narco políticos empezando por Rubén Rocha Moya acusado en Estados Unidos de haber pactado con el Cártel de Sinaloa.
Hoy la respuesta de la presidenta fue el reclamo que Estados Unidos negocia con criminales sí, pero negocia sobre la mesa intercambia pena por información y eso lo permite la ley.
Hoy sabemos que Morena también negocia con criminales pero abajo de la mesa y lo que inter -
cambia es impunidad por votos y eso no lo permite la ley.
La pregunta es quién miente quién mintió, el embajador Ken Salazar o el actual gobierno de Trump, lo cierto es que el FBI ya reconoció que sí fue un operativo suyo el que se llevó al Mayo Zambada sin decirle nada al gobierno mexicano.
Sin duda, fue una operación encubierta lo del Mayo Zambada, pero es asombroso que dos años después el gobierno de Morena siga preguntando a Estados Unidos qué sucedió bueno, cuando se supone que México cuenta con sistemas de inteligencia, cuenta con intercambio de información clave, tiene sistema de inteligencia civil, sistema de inteligencia militar, sistema de inteligencia naval, entonces, porque la pregunta si ellos pueden hacer sus propias investigaciones, que para eso está la Fiscalía General de la República.
Aquí la pregunta es por qué se hizo la operación y lo que puedo asegurar es que se hizo porque le perdieron la confianza al gobierno de López Obrador, y recordar que no fue Trump, fue Joe Biden cuando estaba esta operación.
Se hizo con Biden cuando era el presidente, pero durante cuatro años López obrador lo engañó una y otra vez, todo lo que se prometió no se hizo y ahí seguía el Mayor Zambada que era el principal narcotraficante del país.
Ahí seguían muchos otros personajes, lo que sí se hizo fue la detención de Ovidio en una operación militar del Ejército Mexicano, una acción organizada por fuerzas especiales del ejército todos, los temas que le reclamaba Estados Unidos a México no se hacían recordemos que el propio López obrador Javier decía que en México no se producía fentanilo en esa época y resultó todo lo contrario.
La presidenta debería de estar bien informada y no lo está, tiene en la fiscalía a una causi su hermana que le debe de hacer un informe acerca de los avances de los asuntos más prioritarios para este gobierno, no lo hace porque tiene que preguntar a los Estados Unidos cuales de sus narco políticos están en la mira y en las listas de los próximo a ser enjuiciados. No le he informado a la fiscalía general de la república justamente en los avances de una investigación 2 años después para explicar
Desde el momento que México se negó a detener a los narcos como Rubén Rocha y los otros acusados de Sinaloa creo que la presidenta se ha metido en una trampa de la que será muy difícil salir sin costos políticos, sencillamente Sheinbaum se ha metido en un camino que no tiene salida. El sujeto impugnará el fallo por violencia política de género contra Grecia Quiroz
El morenista Gerardo Fernández Noroña quedará inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), luego que el Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) fallara este lunes a favor de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, en un juicio promovido contra el senador.
Aprobada por unanimidad, la sentencia del Tribunal local establece que Fernández Noroña sí incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de una presidenta municipal, al considerar que las expresiones denunciadas buscaban desacreditar su gestión y minimizar su trayectoria política por el hecho de ser mujer.
Sin embargo, al “changoleón” lo defenderá su partido violentador de mujeres Morena, y sus mujeres, y ya piensa impugnar el
fallo, pero no hay que celebrar el jalón de orejas que le propinó el TEEM. Se hizo justicia a medias en el penoso asunto de las patanerías de Noroña contra Grecia Quiroz.
Noroña todavía puede recurrir a otras instancias para revertir el fallo de VPRG en su contra. Si el caso llega a la Sala Superior, podrían decir que “Noroña no dijo lo que en realidad quiso decir”. Hay antecedentes de magistrados que se han atrevido a hacerlo sin sonrojarse.
A Noroña “lo castigaron” con sólo seis meses de inscripción en el Registro de Personas Sancionadas, UNA disculpa pública y tomar un curso de sensibilización. Ni siquiera una multa en proporción a sus cuantiosos ingresos que tanto presume.
Del Montón La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, presidida por el Mtro. Horacio Culebro Borrayas, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de los medios digitales Portal Revolución y Expediente Chiapas, con el propósito de dar seguimiento y ratificar la queja iniciada por las medidas sancionadoras impuestas por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, al considerar que podrían vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Durante el encuentro, Horacio Culebro explicó que, derivado de las investigaciones realizadas por este organismo autónomo, se advierte que el IEPC de Chiapas no cuenta con facultades para aplicar las medidas sancionadoras que pretende imponer a dichos medios de comunicación, por lo que la CEDH continuará con el análisis y seguimiento del caso en el ámbito de sus atribuciones. Por su parte, el representante de Portal Revolución expresó su agradecimiento a Horacio Culebro por el acompañamiento y respaldo brindado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en defensa de la libertad de expresión, al señalar que, de concretarse estas sanciones, podría generarse un precedente que pondría en riesgo el ejercicio periodístico en Chiapas, al permitir que cualquier medio de comunicación que resulte incómodo para algún servidor público pudiera ser objeto de medidas similares. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.
