CONTRAPODER EDICIÓN 3384

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Las amenazas del juicio en Nueva York

PAG. 2

Eduardo Ramírez tuvo por lo menos 12 años para formar sus cuadros políticos de gobierno.

En las elecciones presidenciales de 1972, José López Portillo fue el único candidato y por lo mismo obtuvo un triunfo arrollador. Al año siguiente su secretario de gobernación, Jesús Reyes Heroles, le propuso impulsar una importante reforma electoral

Hoy, los resultados muestran que no se tienen esos cuadros y hay próximas elecciones.

Esto tiene el riesgo de que no se va a gobernar con los mejores hombres y mujeres.

Se gobierna con lo que hay, entre malos y peores, y se abandona la Nueva Era.

DIARIO

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 5 de Junio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 11 | No. 3384

COMUNICADO

ACCIONES

Gobierno federal ofrece a la CNTE una “aseguradora pública” que administre y entregue pensiones

Las secretarías de Gobernación y Educación Pública y la dirección del ISSSTE explicaron que esa propuesta se incluye en la intención de fortalecer el PENSIONISSSTE

Eduardo Ramírez fortalece la certeza jurídica en Chiapas con convenio entre el Gobierno del Estado y notariado

PAG. 4

EVENTO

Propone Chiapas refinadora de aceite de palma para fortalecer al Sur-Sureste

PAG. 9 PAG. 4

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Más de mil maestros chiapanecos viajan a CDMX; los que se quedan endurecerán las protestas Chiapas por no lograr acuerdos con Sheinbaum

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

PUNTO Y COMA Roger Laid

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¿QUIÉN JUZGARÁ LA PAG. 14 INJERENCIA?

REPORTE

Trasladan a exjefe policiaco, vinculado a La Barredora, del penal de Tuxtla Gutiérrez a Villahermosa

HOY ESCRIBEN

Julieta del Río

PAG. 13 “DERECHO DE RÉPLICA”: ¿PRERROGATIVA GUBERNAMENTAL? Ernesto Villanueva

PAG. 13

LAS VOCES QUE SIGUEN ESPERANDO: BUSCADORAS Y PAG. 12 FAMILIARES DE PERIODISTAS ASESINADOS Lourdes Godínez Leal PAG. 3

PAG. 12

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Viernes 5 de Junio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

EDITORIAL Las amenazas del juicio en Nueva York

E

n las elecciones presidenciales de 1972, José López Portillo fue el único candidato y por lo mismo obtuvo un triunfo arrollador. Al año siguiente su secretario de gobernación, Jesús Reyes Heroles, le propuso impulsar una importante reforma electoral y el presidente le contestó para qué, si ganamos todo y no tenemos competencia, a lo que Reyes Heroles le contestó por eso mismo, si no hay competencia política, entonces en el PRI nos vamos a empezar a destruir entre nosotros mismos, argumento que convenció al presidente López Portillo para impulsar, hasta ese momento, la más importante reforma política conocida como la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que abrió la posibilidad del registro a nuevos partidos políticos, entre ellos al Partido Comunista Mexicano, y estableció las diputaciones plurinominales, para que los partidos políticos y con ello, sectores de la sociedad, tuvieran representación en la Cámara de Diputados.

Esta lección de la política en México, que dio pauta para crear las bases del pluralismo político en el país, ha sido ignorada por el partido gobernante Morena, quien realiza intentos para regresar al modelo político anterior al de la Ley LOPPE, en donde no había competencia política y

todos los cargos de elección los ganaba el mismo partido, sin darse cuenta que la sociedad ya no era la misma y que la existencia del pluralismo político se iba a resistir a cualquier retorno al viejo modelo y a cualquier práctica de consolidación de autoritarismo que afecte y limite los derechos políticos y la existencia del pluralismo político, como en realidad ha sucedido hasta este momento. Pero, de igual forma, Morena ignoró que ante la ausencia de una oposición se iba a presentar el problema de destrucción entre ellos mismos, situación que se está viviendo ante la formación de un núcleo de morenistas que se vincularon con la delincuencia organizada para obtener triunfos electorales, relación delincuencial que ahora representa una amenaza para este partido.

Lo grave de esta relación política de Morena con el crimen organizado, es que hay la presunción que fue el mismo López Obrador el que construyó esta alianza, como parte de una estrategia para ganar la presidencia de la república. Pero esta alianza no se rompió con el gobierno obradorista sino que se fortaleció, a grado tal, que en las elecciones del 2021, Morena ganó la mayoría de los Estados del Pacífico, con el presunto respaldo del Cártel de Sinaloa, a través de las relaciones construidas por Rubén Rocha Moya y también

ganó las elecciones de las entidades del Golfo de México, con recursos provenientes del huachicol fiscal, en donde se afirma en el libro de Julio Scherer, Ni venganza ni perdón, que Sergio Carmona, el Rey del huachicol, se entrevistó con el presidente López Obrador en el palacio de gobierno.

Toda esta historia de relaciones políticas peligrosas entre el partido gobernante Morena con el crimen organizado, es lo que se amenaza con revelar a partir de la presión del gobierno de Donald Trump, quien exige con castigar a los políticos mexicanos que brindan protección a los cárteles, situación que ha sido denunciada por la presidenta Sheinbaum, como parte de un proceso injerencista de los Estados Unidos, que pretende constituir al Departamento de Justicia como el principal elector en México y que no lo va a permitir.

Sin embargo, esta postura política vulnera aún más la posición del gobierno de México, por el cúmulo de pruebas en contra de esta alianza con el narcoterrorismo que las agencias norteamericanas han venido recabando y que forman parte del juicio que se lleva a cabo en Nueva York, con el propósito de sancionar a funcionarios del gobierno de Sinaloa, juicio que amenaza en convertirse en una bola de nieve a estrellarse en los cimientos de Morena y su gobierno

DIRECTOR GENERAL

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Viernes 5 de Junio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Trasladan a exjefe policiaco, vinculado a La Barredora, del penal de Tuxtla Gutiérrez a Villahermosa Rodulfo Reyes VILLAHERMOSA, Tab., (apro)

E

l exdirector de la Policía Estatal Preventiva, Leonardo “N”, fue ingresado al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset) número 1 para enfrentar un nuevo proceso penal por el delito de asociación delictuosa.

El exmando policial, vinculado al grupo crimina La Barredora que habría comandado el extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSyPC), Hernán Bermúdez Requena —actualmente preso en el penal de El Altiplano—, fue trasladado desde el penal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras cumplimentarse una nueva orden de aprehensión emitida por autoridades tabasqueñas.

La detención original de Leonardo “N” ocurrió el 30 de octubre de 2025 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el operativo, elementos de seguridad aseguraron, en el inmueble donde se encontraba, un arsenal integrado por armas de fuego de diversos calibres, cartuchos útiles y múltiples dosis de narcóticos.

Dichas evidencias fueron integradas inicialmente en las carpetas de

La detención original de Leonardo “N” ocurrió el 30 de octubre de 2025 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el operativo, elementos de seguridad aseguraron, en el inmueble donde se encontraba, un arsenal integrado por armas de fuego de diversos calibres, cartuchos útiles y múltiples dosis de narcóticos

investigación abiertas por la Fiscalía chiapaneca.

Aunque el exfuncionario había recuperado su libertad recientemente al no acreditarse plenamente

los cargos por posesión de armas y narcóticos en el primer proceso, la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca cumplimentó el lunes 1 de junio la nueva

orden de aprehensión por asociación delictuosa.

Con este ingreso al Creset, el exmando enfrentará la segunda causa penal en su contra.

Más de mil maestros chiapanecos viajan a CDMX; los que se quedan endurecerán las protestas Chiapas por no lograr acuerdos con Sheinbaum De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

En el cuarto día de la huelga nacional convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), docentes de la Sección VII instalaron bloqueos en cuatro puntos estratégicos de la capital chiapaneca, mientras continúan enviando contingentes a la Ciudad de México para fortalecer las movilizaciones y el plantón nacional.

Este jueves se cumplieron cuatro días de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, en exigencia de la abrogación de la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE. Los resolutivos de este cuarto día de protestas fueron bloqueos en estos puntos: La Pochota, La Angostura, Carretera a San Fernando y Carretera a Villaflores.

Luego de la reunión sostenida entre el gobierno federal y la Mesa Única de Negociación de la Coordinadora, en la que no llegaron a

acuerdos, la CNTE resolvió en una Asamblea Nacional endurecer sus protestas, además del plantón que mantienen en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez y el paro de labores que inició el 1 de junio y dejó sin clases a un millón 200 mil estudiantes de 19 mil escuelas de Chiapas.

Ante la cerrazón del gobierno de Claudia Sheinbaum, de no querer recibir a la Comisión Nacional Única de Negociación, para dar solución a la abrogación de la Ley del ISSSTE y la Reforma Educativa, los contingentes arrecian sus acciones en la capital del país y en los estados del país, entre ellos Chiapas y Oaxaca.

Bajo la consigna de que, si no hay solución, no rodará su balón, docentes de la Sección VII instalaron bloqueos en cuatro puntos estratégicos de la capital chiapaneca.

Ante tales hechos, el gobierno neoliberal ha respondido no con soluciones, sino con represión contra los compañeros movilizados, manifiestan maestros de la CNTE. Los dirigentes en los Estados don-

de tiene presencia la CNTE, hicieron el llamado a los contingentes de trasladar a sus bases a la CDMX, con la finalidad de exigir solución a las demandas centrales.

En Chiapas los maestros continúan con sus acciones organizativas para financiar el traslado de docentes hacia la capital del país.

Con la finalidad de informar a la

población sobre la lucha magisterial, las y los maestros de Chiapas, realizaron volanteos en los cuatro puntos que mantienen el bloqueo carretero.

La Asamblea Estatal Permanente acordó continuar con el plan de acción en los estados donde tienen presencia y en la capital del país, hasta lograr la abrogación de la Reforma Educativa.

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Viernes 5 de Junio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

E

l gobernador Eduardo Ramírez Aguilar atestiguó la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Consejo Estatal de Notarios de Chiapas, donde subrayó que esta acción conjunta representa un acto de justicia social, ya que permitirá acercar los servicios notariales a la población, reducir costos y tiempos de atención, además de contribuir al combate a la corrupción.

Acompañado por el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano A.C., Ricardo Vargas Navarro; notarias y notarios chiapanecos, así como servidoras y servidores del pueblo, el mandatario destacó que el gobierno de la Nueva ERA ha realizado una importante inversión para concretar la digitalización del Registro Público de la Propiedad, lo que permitirá garantizar trámites más ágiles, transparentes y seguros, y disminuir la burocracia.

Ramírez Aguilar señaló que este esfuerzo coordinado fortalecerá las instituciones, el crecimiento económico y la prosperidad de Chiapas. En ese sentido, reconoció al sector notarial por contribuir a la tranquilidad, el bienestar y la certeza jurídica del pueblo, al tiempo de convocarlo a continuar trabajando en unidad con el gobierno, desempeñando su labor con responsabilidad, compromiso, humanismo y empatía.

“Ustedes se convierten en las y los representantes del Estado ante la población que acude a sus notarías. Procuren brindar siempre confianza y cercanía.

Desde su labor contribuyen a la armonía y al bienestar del pueblo, y por ello les agradezco el trabajo que realizan”, expresó.

De la Redacción Villahermosa, Chis. (Tribuna)

El titular de la Secretaría del Campo del Estado de Chiapas (Secam), Marco Antonio Barba Arrocha, planteó la instalación de una refinadora de aceite de palma en el Soconusco o en el Sur-Sureste del país, como parte de una estrategia para avanzar hacia la industrialización, generar mayor valor agregado y fortalecer una cadena productiva que sostiene a miles de familias productoras.

Durante su participación en la tercera edición del Congreso Palmero Mexicano, organizado por la Federación Mexicana de Palma de Aceite (Femexpalma), Barba Arrocha presentó la propuesta en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, ante el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, líderes palmicultores, empresarios y representantes nacionales e internacionales de la industria.

El titular de la Secam destacó que Chiapas ocupa el primer lugar nacional en producción de palma de aceite, con más de 63 mil hectáreas cultivadas de las aproximadamente 100 mil existentes en México.

Señaló que detrás de estas cifras

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Eduardo Ramírez fortalece la certeza jurídica en Chiapas con convenio entre el Gobierno del Estado y notariado

Acompañado por el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano A.C., Ricardo Vargas Navarro, aseguró que esta acción representa un acto de justicia social y contribuirá al combate a la corrupción

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano A.C., Ricardo Vargas Navarro, celebró la firma de este convenio, al considerar que no solo fortalecerá la colaboración institucional, sino también la confianza social, bajo la premisa de que la certeza jurídica constituye una forma de humanismo y una garantía de que los derechos de las personas serán respetados y su patrimonio protegido por la ley.

Asimismo, coincidió con la visión del gobernador respecto a que el desarrollo económico, la paz social y la prosperidad compartida solo pueden construirse sobre bases jurídicas sólidas, por lo que este acuerdo permitirá sumar capacidades, acercar servicios,

fortalecer la cultura de la legalidad y consolidar el trabajo coordinado. En este contexto, reiteró la disposición de colaborar en todas aquellas acciones orientadas a brindar seguridad jurídica, impulsar la inversión, proteger a las familias y fortalecer el Estado de derecho.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, destacó que, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, en Chiapas se construye un estado donde la legalidad y la transparencia inspiran confianza, por lo que aseguró que este acuerdo será símbolo de coordinación, confianza y compromiso con el pueblo chiapaneco.

“Brindar certeza significa que cada familia tenga la tranquilidad de saber que sus derechos y bienes están protegidos, y que detrás de cada trámite existen instituciones sólidas y comprometidas con servir mejor”, afirmó.

A su vez, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Guillermo Nieto Arreola, resaltó que la firma de este convenio fortalece la relación entre el Gobierno de Chiapas y el notariado estatal para garantizar legalidad, seguridad jurídica y certeza a la ciudadanía. De igual forma, reconoció la labor de las y los más de 250 notarios del estado y señaló que se impulsa su profesionalización, así como la modernización del sistema mediante la digitalización de los procesos notariales y registrales.

El presidente del Consejo Estatal de Notarios de Chiapas, Ovidio Cortazar Ramos, sostuvo que el papel del notariado es fundamental para asegurar la paz social y la legalidad, por lo que este acto refleja el compromiso compartido que marcará un antes y un después en la certeza jurídica del estado, logrando con ello que tenga un sistema preventivo, blindado y transparente. En ese sentido, manifestó su disposición de seguir trabajando para consolidar instituciones sólidas, modernas y con una profunda calidad humana.

Propone Chiapas refinadora de aceite de palma para fortalecer al Sur-Sureste existen miles de familias, principalmente pequeños y medianos productores que han convertido la palmicultura en un proyecto de vida, empleo y desarrollo para las comunidades rurales.

Explicó que esta cadena genera miles de empleos directos e indirectos vinculados al campo, industria, logística y servicios, consolidándose como uno de los motores económicos del sureste mexicano.

Además, señaló que Chiapas cuenta actualmente con 12 plantas extractoras ubicadas principalmente en el Soconusco, Selva y región Norte, resultado de años de inversión, financiamiento y esfuerzo compartido entre productores y empresas.

Precisó que el siguiente paso es fortalecer la transformación industrial, debido a que gran parte del aceite crudo producido actualmente se envía a refinerías ubicadas en otros estados, donde se queda una parte importante del valor económico generado por la cadena.

“Chiapas produce la mayor cantidad de materia prima; ahora debemos

avanzar para que más valor agregado permanezca en nuestra región”, sostuvo ante representantes del sector palmero.

Por ello, convocó a empresas e inversionistas nacionales e internacionales a impulsar una refinadora de aceite de palma, aprovechando la capacidad productiva, experiencia del sector, disponibilidad de materia prima y conectividad logística del estado.

Barba Arrocha afirmó que una industria de refinación permitiría elabo-

rar productos terminados, aumentar la competitividad, abrir nuevas oportunidades comerciales y contribuir a reducir el déficit nacional de aceite de palma.

Reiteró que el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar mantendrá el acompañamiento a una palmicultura ordenada y sustentable, generadora de empleos formales, inversión local y arraigo para las familias productoras de Chiapas.

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Compañía “consentida por la 4T” gana licitación de la presa Mujer Solteca Pedro Matías OAXACA, Oax., (apro)

L

a empresa GAMI, Ingenierías e Instalaciones S.A. de C.V., una de las compañías “consentidas por la 4T”, ganó la licitación de la obra “emblemática” del gobierno del morenista Salomón Jara Cruz, la presa Mujer Solteca, que de entrada ya duplicó su costo, al pasar de 7 mil 775 millones de pesos a 15 mil 944 millones de pesos, denunció el Observatorio Comunitario del Agua y del Medio Ambiente de Oaxaca.

Las 28 organizaciones que integran el observatorio advierten que la presa Mujer Solteca es “una crónica de un desastre anunciado”, ya que en el ocaso del sexenio de Salomón Jara se busca acelerar una obra millonaria con graves impactos socioambientales.

“Desde el Obser vatorio Comunitario del Agua y del Medio Ambiente de Oaxaca (OCCAMA) manifestamos nuestro desacuerdo y profunda preocupación ante el anuncio gubernamental del pasado 1 de junio sobre el fallo de la licitación y el inicio de la construcción de la presa ‘Mujer Solteca’ —proyecto que ha cambiado tres veces de nombre, incluyendo ‘Paso Ancho’ y ‘Margarita Maza’—”.

En una conferencia de prensa, alertaron sobre las prisas del gobierno estatal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por acelerar una obra con graves deficiencias técnicas e impactos socioambientales.

Apenas, el 2 de junio, el gobernador celebró la licitación de la obra de la presa Mujer Solteca, la cual será construida por la empresa GAMI, Ingenierías e Instalaciones S.A. de C.V. Informo que, de un total de nueve empresas que participaron en el concurso de licitación, la empresa GAMI es la que cumplió con todas las condiciones legales, técnicas y económicas establecidas por la Conagua.

Alardeó que “está empresa que garantizó ser la más adecuada, solvente y conveniente, ha realizado grandes obras como el Rompeolas en el Puerto de Salina Cruz, la construcción del Tren Maya en el Tramo 3, así como diversos tramos del Segundo Piso en la Ciudad de México”, que se realizaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Adelantó que, “con esta experiencia demostrada por parte de la empresa, se garantizará que esta obra emblemática de la Primavera Oaxaqueña sea de la mejor calidad”.

Detalló que la Presa Mujer Solteca es un megaproyecto hídrico que se edificará en el municipio de Villa Sola de Vega, en la Sierra Sur de Oa-

De entrada, el proyecto ya duplicó su costo, al pasar de 7 mil 775 millones de pesos a 15 mil 944 millones de pesos, denunció el Observatorio Comunitario del Agua y del Medio Ambiente de Oaxaca, y aún no existe un dictamen favorable a la Manifestación de Impacto Ambiental Regional

xaca, y que representa el proyecto más importante de los últimos años en el tema hídrico debido a que pretende abastecer de agua durante los próximos 50 años a la ciudad de Oaxaca y Zona Metropolitana.

La cortina de la presa tendrá una altura de 72 metros, una longitud de 214 metros y una capacidad de almacenamiento de 20 millones de metros cúbicos. La obra se construirá en etapas que incluyen trabajos preparatorios como la habilitación de caminos de acceso, obras de desvío de agua y la construcción inicial de la cortina; se consideran estructuras para controlar excedentes y evitar riesgos de sobrellenado.

También, la obra de toma, que permitirá extraer el agua hacia una planta potabilizadora, y el desarrollo del acueducto, así como líneas de interconexión y redes.

Sin embargo, el observatorio denunció que, ya de entrada, el proyecto duplica su presupuesto inicial, con inconsistencias en materia de transparencia, soslayando la normatividad ambiental, de participación ciudadana y el derecho a la consulta indígena.

Exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), especialmente a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) a vigilar el puntual cumplimiento de la legislación ambiental, con la finalidad de impedir el arranque de obras o cancelar toda acción ya iniciada en el sitio, toda vez que aún no existe un dictamen favorable a la Manifestación de Impacto Ambiental

Regional.

El que han presentado, abundaron, es deficiente, ya que desestima la importancia biológica y ambiental de los ecosistemas de la zona impactada de forma directa o indirecta por dicha obra.

Hicieron hincapié que “la empresa ganadora de la licitación es GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., en participación conjunta con Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V., y su historial en obras públicas abarca las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, incluyendo el tramo 3 del Tren Maya.

Mencionaron que en Oaxaca existen malos antecedentes porque GAMI estuvo vinculada al inconcluso proyecto del “Citybús” durante el gobierno de Gabino Cué, cuyo contrato enfrenta un proceso penal por presunto peculado.

Asimismo, durante la gestión de Alejandro Murat Hinojosa, la empresa obtuvo por adjudicación directa la construcción del rompeolas de Salina Cruz en 2020, y en 2021 asumió la edificación del “Foro Huatulco”, otra obra que quedó inconclusa pese a su costo de 322 millones de pesos.

Consideran “que la construcción de la presa es una falsa solución, generando los principales beneficios a los promoventes y administradores del proyecto; trasladar agua a más de 100 kilómetros de distancia y distribuirla en una red de suministro que se encuentra colapsada resulta ineficiente en términos de costo-beneficio, despojando del vital líquido a ecosistemas, naturaleza y comunidades que dependen históricamente del caudal del río de Sola de Vega hacia la costa para subsistir”.

Para el Observatorio, mencionaron, resulta crucial atender de forma integral el problema de abasto de agua en la Zona Metropolitana de los Valles Centrales mediante acciones concretas como: “Recuperación y conservación de zonas de recarga; renovación y mantenimiento de la red de agua cuyas pérdidas son mayores al 40% debido a fugas e infraestructura obsoleta; vigilancia y regulación de la extracción de agua; verdadero rescate de los ríos Atoyac y Salado; incentivar obras de infiltración y recarga del acuífero; modificar el esquema de obra pública para separar aguas pluviales de drenaje, así como estudios geohidrológicos para conocer el verdadero estado del agua subterránea por métodos científicos en contraste con los cálculos de Conagua, por mencionar algunos”.

“Frente a la posibilidad de repetir viejos errores con la Presa Mujer Solteca mediante inversiones que no justifican la solución esperada, apelamos a un sentido de estrategia integral, de amplio consenso y participación social, en contraste con medidas cortoplacistas y de ‘urgencia’ para atender un problema complejo, exhortamos a explorar otras alternativas viables, locales y respetuosas de los derechos humanos y de la naturaleza”, puntualizaron.

El documento fue firmado por las organizaciones Amigos del Jardín Etnobotánico de Oaxaca; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto; Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca; Centro Universitario Comunal de los Valles Centrales-Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca; Colectivo Hacer Tequio; Colegio de Urbanistas de Oaxaca; Comisión de Cuenca de los Ríos Atoyac y Salado; Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Consejo Consultivo Ciudadano de Oaxaca de Juárez; y Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad.

Así como Consultores Ambientales; Foro Oaxaqueño del Agua; Frente Ecologista ¡Aguas San Felipe!; Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca; Ojo de Agua y Comunicación; Red de Intérpretes y Promotores Interculturales; Rescate de la Cuenca del Río San Felipe; Servicios del Pueblo Mixe; Servicios Para una Educación Alternativa y Villa Agroecológica “Tierra del Sol”.

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AMLO asegura que solo hubo “una acalorada controversia” con Trump durante su gobierno Mathieu Tourliere CIUDAD DE MÉXICO (apro)

E

n el mensaje que publicó ayer, el expresidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que, durante los tres años de su sexenio que coincidieron con la primera presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, solo hubo “una acalorada controversia”, relativa al “asunto migratorio”, pero que ambas administraciones llegaron “a un acuerdo antes de que escalara el conflicto”.

El exmandatario minimizó así uno de los capítulos más criticados de su administración que tuvo lugar en el verano de 2019, cuando decidió, bajo las amenazas arancelarias de la administración de Trump, el despliegue de 25 mil soldados de la entonces recién creada Guardia Nacional en las fronteras norte y sur de México para detener a los migrantes de origen centroamericano y evitar su llegada a Estados Unidos.

Este acuerdo fue producto de una visita de Marcelo Ebrard Casaubón, entonces canciller, a Washington en junio de 2019, donde concedió al entonces vicepresidente Mike Pence que México se alinearía con la política antimigrantes de Estados Unidos,

Luis Daniel Nava CHILPANCINGO, Gro. (apro)

Un ex militar del Ejército Mexicano fue detenido en California, Estados Unidos, por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por su presunta implicación en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa cometida en el 2014.

En su cuenta en la red social X, ICE Los Ángeles informó que el 3 de junio arrestó a Enrique Martínez Chavez, de 32 años, en Hawthorne, California.

“Martínez es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del Ejército Mexicano.”

La institución dijo que el ex militar permanecerá bajo su custodia hasta que pueda ser enviado a México.

En agosto de 2022, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILICA), encabezada en ese entonces por Omar Gómez Trejo, solicitó órdenes de aprehensión contra militares por su presunta vinculación con la des-

El exmandatario minimizó así uno de los capítulos más criticados de su administración, cuando decidió, bajo las amenazas arancelarias de Trump, el despliegue de 25 mil elementos de la GN en las fronteras para detener a migrantes de origen centroamericano y evitar su llegada a EU

lo que se reflejó en el despliegue de soldados en tareas migratorias y en el nombramiento de militares en las delegaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

Seis meses antes, el mismo Ebrard había pactado con la administración

Trump que México recibiría a personas extranjeras que solicitaron asilo en Estados Unidos, en una política conocida como el plan “Quédate en México”, que convirtió?de facto?a México en un “tercer país seguro”, un término que se refiere a países

que aceptan migrantes extranjeros devueltos por los países de destino.

A consecuencia de la militarización de la política migratoria y del aumento brutal en el número de detenciones migratorias –con más de 31 mil detenciones en el único mes de junio de 2019, la cifra más alta registrada en México–, que el gobierno de López Obrador operó en línea con las exigencias de Washington, el INM se convirtió en la institución con el mayor número de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con más de 6 mil 500 quejas registradas entre 2019 y 2024.

Años más tarde, en un evento de la campaña para su reelección, en julio de 2024, Trump mencionó la negociación con Ebrard mofándose del entonces canciller, pues aseveró que el ahora secretario de Economía aceptó el despliegue militar “de forma gratuita” y recalcó que “nos dieron todo lo que queríamos, todo lo conseguí de México”.

El ICE detiene en California a ex militar mexicano ligado al caso Ayotzinapa aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En total, a la UEILCA le fueron otorgadas por parte de un juez federal 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares, personal de tropa, cinco autoridades judiciales y administrativas del estado de Guerrero, así como contra policías estatales, policías municipales e integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos.

Los soldados rasos acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada eran coordinados por el capitán José Martínez Crespo.

El abogado de los padres y madres de los 43 dijo que, hasta el momento, no se les ha notificado de la detención del ex soldado.

“Han detenido a varias personas, pero de esas detenciones, a nosotros como representantes de los padres no nos han notificado.”

Dijo que en las últimas tres o cua-

tro detenciones alrededor del caso Ayotzinapa les han dicho que no tienen relación directa.

“Esas detenciones pudieran servir, siempre y cuando brinden información, pero los detenidos se reservan

el derecho a declarar.

“No podemos avanzar si no hay información. A los padres lo que les interesa es saber qué pasó con sus hijos”, expresó el representante legal del caso.

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Viernes 5 de Junio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

El Mundial pone en pausa la justicia: los juzgados cerrarán los días que se jueguen partidos Diana Lastiri CIUDAD DE MÉXICO (apro)

D

e cara a los partidos del Mundial de Futbol 2026 que se jugarán en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el Poder Judicial de la Federación (PJF) cerrará sus puertas al público mientras que sus trabajadores continuarán laborando a distancia.

Este jueves, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) envió a los integrantes del PJF vía correo institucional la Circular 7/2026, en la que precisó qué días afectarán las actividades ordinarias de juzgados y tribunales federales.

En la Ciudad de México y Guadalajara será considerado día inhábil el próximo 11 de junio, fecha en la que se realizará el evento de inauguración del Mundial en la capital del país, que incluye el partido inaugural entre México y Sudáfrica, mientras que en la capital de Jalisco se jugará el partido entre Corea del Sur y Checoslovaquia (Chequia).

El Poder Judicial de la Federación (PJF) cerrará sus puertas al público en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras que sus empleados trabajarán a distancia

También fueron declarados inhábiles los días 17, 24 y 30 de junio de 2026 para los juzgados y tribunales federales de la Ciudad de México, pues son las fechas de los siguientes partidos que se jugarán en dicha sede.

En Jalisco fueron declarados inhábiles el 18, 23 y 26 de junio, mientras que en Nuevo León fueron declarados inhábiles el 24 y 29 de junio.

Es decir, que en esas fechas y circuitos no correrán los términos de ley

en los juicios federales.

“En los juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Apelación que se encuentren de turno de conformidad con el Sistema de Turno de Guardias de los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el portal de intranet del Órgano de Administración Judicial o, que sean únicos, las labores se desarrollarán con normalidad presencial, con motivo de la atención de casos urgentes”, precisó el OAJ. La circular fue emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del OAJ, César Mauricio López Ramírez, y aunque las fechas y lugares en los que el PJF no trabajará de manera presencial coinciden con la justa deportiva, el documento enviado a todos los trabajadores de la institución no hace alusión a dicho evento ni da a conocer la justificación por la que el Pleno tomó tal decisión.

“El gobierno claudicó en impedir la intervención del narco en las elecciones”: Lorenzo Córdova urge a hacer un análisis de riesgo para 2027 De la Redacción Ciudad de México (Tribuna)

El expresidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que la intervención del crimen y el narcotráfico en las elecciones, como en el presunto caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no se detendrá con la reforma promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum que obligará a ese instituto a verificar en 2027 a los candidatos.

Por ello, llamó al gobierno federal a hacer un análisis de riesgo de cara a las elecciones federales y locales del próximo año, que serán las más grandes de la historia.

“Porque si el Estado sabe cómo opera el crimen organizado en términos de injerencia en las elecciones, no ha hecho nada. Y si no lo sabe, peor todavía, porque esto quiere decir que el Estado mexicano va a un ciclo electoral que va a ser el más grande de su historia en 2027, a ciegas, sin saber ni en dónde ni cómo opera el crimen organizado para tratar de incidir en las elecciones, y esto es gravísimo, porque hablando de soberanía, es una renuncia a la soberanía”, advirtió.

Entrevistado, el también catedrático de la UNAM afirmó que no funcionará —per se— la reciente reforma aprobada por Morena en el Congreso de la Unión para que el INE verifique con instancias del

gobierno la integridad de los candidatos. Recordó que, incluso, los partidos ya podían pedir a instancias como la Fiscalía General de la República informes sobre sus candidatos.

“Yo creo que esto es una simulación porque, entre otras cosas, estos informes se pedirán, de acuerdo con lo que se reformó en la ley, por los partidos al INE antes de registrar las candidaturas. (Pero) personas que salieron limpias de esos reportes pueden vincularse con el crimen organizado. El que no se hayan vinculado con el crimen, en el mejor de los supuestos, no significa que a partir de entonces no lo vayan a hacer. Así que, es una mera simulación”, expuso.

Resaltó que el INE no tiene facultades de seguridad pública, por lo que es el gobierno federal quien está obligado a hacer un análisis de riesgo para evitar la influencia y financiamiento del crimen y el narcotráfico sobre candidatos y elecciones, como se acusa que ocurrió en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, ambos requeridos en extradición por Estados Unidos, pues los acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“Se reclama la soberanía hacia el exterior frente a las injerencias extranjeras, la soberanía en términos del derecho internacional, pero se ha renunciado a la soberanía del Estado

en los temas internos.

“Y hay que decirlo sin medias tintas, si el crimen interfiere en las elecciones es una responsabilidad del gobierno, en primer lugar, del gobierno federal si se trata de criminalidad organizada, porque es responsabilidad del gobierno federal combatirlo, de sus instancias de inteligencia, de sus instancias de seguridad, de las instancias responsables de garantizar la paz pública, y no de la autoridad electoral.

“Si hoy tenemos este problema es porque el Estado claudicó, en concreto más que el Estado, el gobierno en primera instancia como uno de los poderes del Estado, claudicó en su tarea de garantizar que esto no ocurra, pero no se le puede pedir a los órganos electorales que ahora hagan el trabajo que el Estado ha declinado

hacer”, señaló.

“Y mucho me temo, pero lo vamos a ver el próximo año, que al menos en materia electoral, ha renunciado a su tarea de prevención para evitar que el crimen organizado irrumpa en la política electoral”, añadió.

Finalmente, Lorenzo Córdova rechazó lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que el INE validó la elección de Sinaloa cuando él presidió el instituto entre 2014 y 2023.

“Por cierto, a propósito de que la presidencia dijo que yo había validado las elecciones de Sinaloa, no es cierto. El INE denunció múltiples irregularidades ante la Fiscalía de Delitos Electorales y que la Fiscalía de Delitos Electorales no haya hecho nada, es otra historia”, dijo. Información de Latinus.

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Gobierno federal ofrece a la CNTE una “aseguradora pública” que administre y entregue pensiones Sara Pantoja CIUDAD DE MÉXICO (apro)

E

l gobierno federal planteó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la creación de una “aseguradora pública” dedicada exclusivamente a la administración y entrega mensual de pensiones a las personas retiradas, en coordinación con PensiónISSSTE, como parte de la respuesta a su demanda de abrogación de la Ley General de dicho instituto de 2007.

Según la autoridad, esa medida es “la más relevante de la propuesta debido a que actualmente no hay ninguna de carácter público con ese fin”.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación (Segob) y Educación Pública (SEP) y la dirección general del ISSSTE explicaron que esa propuesta se incluye en la intención de fortalecer el PENSIONISSSTE, “como parte de una estrategia para avanzar gradualmente en los principios públicos y solidarios que beneficien a los titulares de las cuentas individuales”.

La medida fue expuesta por el director del ISSSTE, Martí Batres, a los

De la Redacción Ciudad de México (apro)

La Secretaría de Economía que encabeza Marcelo Ebrard presumió que México ganó un arbitraje internacional ante un organismo del Banco Mundial, con lo que quedó desestimada una reclamación que superaba 315 millones de dólares.

En un comunicado, la dependencia federal asegura que representó con éxito al Estado mexicano en el arbitraje internacional iniciado por Silver Bull Resources, Inc., empresa estadunidense que en junio de 2023 presentó una reclamación por más de 315 millones de dólares en contra del país.

“Para mayor contexto, el caso de Silver Bull inició al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre inversionistas y Estados.

“Durante el arbitraje, Silver Bull argumentó que, a través de su filial Minera Metalín S.A. de C.V., adquirió entre 1996 y 2002 diversas concesiones mineras en Sierra Mojada, Coahuila. Según la empresa, desde septiembre de 2019 una cooperativa minera local, con el supuesto apoyo de autoridades locales, frustró el

Las secretarías de Gobernación y Educación Pública y la dirección del ISSSTE explicaron que esa propuesta se incluye en la intención de fortalecer el PENSIONISSSTE de cuentas individuales”.

En el encuentro, el secretario de Educación, Mario Delgado, reiteró la propuesta presidencial de eliminar la Unidad del Sistema para las Maestras y Maestros (USICAMM) tras escuchar la voz de todos los maestros y escuela por escuela.

Condena vandalismo “venga de donde venga”

representantes de la CNTE durante la tercera reunión en la que intentan destrabar el conflicto magisterial que ha puesto en jaque a la movilidad y economía de la Ciudad de México desde el pasado 25 de mayo.

Según dijo, la propuesta parte de un diagnóstico sobre las “consecuencias negativas” de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, “la cual sustituyó el régimen público, solidario

e intergeneracional de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por administradoras de fondos para el retiro (Afores) privadas”.

El exjefe de gobierno de la CDMX destacó que PENSIONISSSTE, “como la única Afore 100% pública del país, puede convertirse en una alternativa viable para mejorar, en el contexto actual, las pensiones de quienes se encuentran en el régimen

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró el respeto del gobierno hacia la libre manifestación pacífica y pidió evitar la afectación a los alumnos que concluyen el ciclo escolar.

Según el comunicado, la funcionaria condenó la violencia y el vandalismo, “venga de donde venga” y subrayó su desacuerdo con la afectación a la movilidad de los habitantes de la capital y la obstrucción al libre paso de los comerciantes, empleados y visitantes del Centro Histórico por el bloqueo de las calles con el plantón magisterial.

Secretaría de Economía gana litigio ante minera de EU y evita reclamo por 315 mdd desarrollo de un proyecto minero”, detalla la dependencia.

Contra esto, el Estado mexicano argumentó que las autoridades de Coahuila actuaron razonablemente frente al conflicto social provocado por Silver Bull con pobladores de Sierra Mojada; que las reclamaciones estaban prescritas o fuera del alcance del TLCAN y que Silver Bull no contaba con la capacidad técnica y financiera requerida para poner en marcha el proyecto, detalla el comunicado.

“El 29 de mayo de 2026, el Tribunal Arbitral por unanimidad resolvió el caso a favor de México. En su decisión, el Tribunal rechazó la acusación de que el Estado mexicano promovió el bloqueo del proyecto. Además, el Tribunal consideró que no tenía competencia para resolver el caso, por lo que desestimó en su totalidad las reclamaciones presentadas por Silver Bull”, señala la Secretaría de Economía, y añade: “De igual forma, el Tribunal determinó que los hechos invocados por la empresa ocurrieron fuera del periodo en el que podían ser analizados bajo el TLCAN. Asimismo, el

Tribunal ordenó a Silver Bull reembolsar a México una suma relevante por concepto de gastos y costos del arbitraje”.

Certeza jurídica Para la dependencia que encabeza Ebrard, con esta resolución el Estado mexicano logró una victoria “sumamente relevante que fortalece la certeza jurídica en materia de inversión internacional”, al confirmar los límites de las obligaciones asumidas por México bajo tratados internacionales y dejando en claro que los hechos en controversia no

eran atribuibles al Estado mexicano.

México fue representado por funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. “El laudo se encuentra actualmente en proceso de revisión para identificar información susceptible de ser protegida. Una vez concluido ese proceso, el laudo será publicado en la página del CIADI, en la cual se puede consultar mayor información sobre el caso”, concluye el comunicado.

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A 28 años de la matanza de El Charco, Erika Zamora sobreviviente exige desmilitarizar Guerrero Lizbeth Ortiz Acevedo Ciudad de México. (Cimacnoticias)

É

ricka Zamora Pardo, sobreviviente y ex combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), exigió a 28 años de la matanza de El Charco en Guerrero, que el Estado mexicano deje de proteger a los militares responsables y desmilitaricé la entidad, así lo dio a conocer en el conversatorio conmemorativo organizado por el aniversario.

Hay que recordar que en la madrugada del 7 de junio de 1998, fuerzas del Ejército Mexicano irrumpieron en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez de la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Once personas fueron ejecutadas — diez indígenas ñuu savi y un estudiante universitario — cinco quedaron heridas y veinticinco fueron detenidas y trasladadas a la IX Región Militar de Acapulco, donde denunciaron haber sido torturadas y obligadas a firmar declaraciones.

Veintiocho años después, ningún responsable ha sido sancionado, informaron y además, señalaron que la masacre de El Charco es la única matanza de la segunda mitad del siglo XX en México que no tuvo juicio, ni fiscalía especial, ni ningún mecanismo de justicia transicional, aseguró Zamora Pardo.

Éricka Zamora Pardo Cimacnoticias ha documentado los riesgos de la militarización en el país y los riesgos a los derechos humanos que esto conlleva. Recoremos que México militarizó su seguridad pública, se aprobó en septiembre del 2022 la adhesión de la Guardia Nacional (GN) a Sedena por parte del Senado, con una reforma constitucional para extender la temporalidad del Ejército en funciones de seguridad ciudadana hasta el 2028 y no hasta el 2024, como se estableció cuando se creó la GN. Esto, pese a la advertencia de expertas, expertos y organizaciones de la sociedad civil acerca del riesgo que esto implica para los derechos humanos en México.

Por ejemplo, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en su informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, analizó más de una decena de reformas y actos jurídicos que han aumentado el poder castrense y retomó la preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre “las numerosas denuncias de

Veintiocho años después, ningún responsable ha sido sancionado, informaron y además, señalaron que la masacre de El Charco es la única matanza de la segunda mitad del siglo XX en México que no tuvo juicio, ni fiscalía especial, ni ningún mecanismo de justicia transicional, aseguró Zamora Pardo

uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego por parte de las fuerzas del orden”, anunciada en el 2019 en el más examen periódico de México.

Hasta ese momento, se señaló que los controles civiles internos y externos sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se había debilitando. Hasta julio del 2023, el número de expedientes de investigación de la Guardia Nacional ascendían a 11 mil 186, en 449 expedientes se dio vista a los Consejos de Disciplina competentes para determinar la responsabilidad disciplinaria, en 320 se dio vista al Órgano Interno de Control para deslindar la responsabilidad administrativa de los elementos involucrados y en 261 se dio vista a las fiscalías competentes en casos penales.

Además, los casos contra Valentina Rosendo Cantú conocido como Caso Rosendo Cantú y otra vs México, emitida el 31 de agosto de 2010; e Inés Fernández Ortega, conocido como Caso Fernández Ortega y otros vs México el 30 de agosto del 2010, ambas sobrevivientes de tortura sexual bajo un contexto rural y de militarización en su territorio nos enseñan los alcances de la violencia ejercida por fuerzas militares.

O la sentencia Caso Ascencio Rosario y Otros vs México emitida el 30 de septiembre del 2025, tras el feminicidio de la mujer indígena y adulta mayor Ernestina Ascencio Rosario, víctima de militares también nos indica estos alcances.

Se trataba de una mujer de 73 años y habitante de la comunidad de

Tetlalzinga, ubicada en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, cuando fue torturada sexualmente por miembros del ejército mexicano el 25 de febrero de 2007, luego de que un campamento militar se instalara en las inmediaciones de su vivienda como parte de la estrategia de combate al narcotráfico implementada por el Estado desde 2006.

que, una vez concluido el informe de fondo de la CIDH, el caso sea remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obtener una sentencia vinculante que obligue al Estado mexicano a investigar, sancionar a los responsables y garantizar la no repetición.

El caso ante la CIDH: 28 años esperando el informe de fondo

En este 28 aniversario, Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., que es la representación legal de Ericka Zamora Pardo, Efrén Cortes Chávez y la familia de Ricardo Zavala Tapia exigieron que la CIDH emita a la brevedad el informe de fondo en el caso P-1315-12 y, de acreditarse las violaciones, lo remita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así como la identificación, juzgamiento y sanción penal de los generales Juan Alfredo Oropeza Garnica y Luis Humberto López Portillo Leal, y de todos los mandos y elementos del Ejército Mexicano responsables de las ejecuciones extrajudiciales y la tortura.

El reconocimiento de responsabilidad del Estado Mexicano ante las familias de las once personas ejecutadas, los cinco heridos y los veinticinco detenidos arbitrariamente.

Reparaciones integrales para las víctimas y sus familias, incluyendo garantías de no repetición.

Y la desmilitarización de las comunidades indígenas de Guerrero como condición estructural para la no repetición.

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C., quiene acompaña el caso, presentó la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 16 de julio de 2012, registrada bajo el número P-1315-12. El 14 de diciembre de 2018, mediante el Informe No. 166/18.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declaró admisible la petición, reconociendo que la falta de investigación y sanción de los responsables podría constituir violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El caso se encuentra actualmente en etapa de fondo.

Ericka Zamora Pardo, Efrén Cortes Chávez y la familia de Ricardo Zavala Tapia, sobrevivientes de la matanza, reiteran su exigencia de

Exigencias al Estado Mexicano

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LAS VOCES QUE SIGUEN ESPERANDO: BUSCADORAS Y FAMILIARES DE PERIODISTAS ASESINADOS Lourdes Godínez Leal

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dos años de la histórica jornada electoral que llevó por primera vez en la historia de nuestro país a una mujer al frente del Poder Ejecutivo, continúan pendientes de atención directa por parte de la mandataria, entre otros temas, las desapariciones de personas y la violencia contra periodistas.

En ambos casos madres buscadoras y familiares de periodistas asesinados en el país, han solicitado reuniones con la mandataria, sin que a la fecha tengan una respuesta favorable.

Claudia Sheinbaum Pardo ganó, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, con 60 millones 115 mil 184 votos, lo que significa que 61.04 por ciento de la población mexicana confió en ella para dirigir el destino del país.

Los colectivos de madres buscadoras le han pedido en innumerables ocasiones una reunión directa debido a que las desapariciones no han logrado bajar en el país, pese a la existencia de mecanismos implementados desde el gobierno para atender este problema.

El gobierno federal sostiene que la atención a las familias de estos colectivos se ha realizado a través de la Secretaría de Gobernación a través de 134 mesas de diálogo y atención con familiares de personas desaparecidas en las que han participado 774 colectivos.

En 2024, cuando Sheinbaum Pardo asumió la presidencia, México registraba 115 mil 275 personas desaparecidas y no localizadas. De acuerdo

con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) a inicios de este año la cifra se ubicó en 133 mil 485.

De acuerdo con el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones en México publicado en febrero de 2026, la mayor cantidad de personas desaparecidas se concentran en Jalisco (15.330), Estado de México (14.048) y Tamaulipas (13.471). De este total, 76.83 por ciento de las personas desaparecidas son hombres y 23 por ciento mujeres cuyo rango de edad oscila entre los 15 y los 19 años de edad.

El documento alertó que las mujeres superan la cantidad de hombres desaparecidos cuando se trata de niñas y adolescentes entre los 12 y 16 años, rango etario en que el registro arroja 5 mil 454 desaparecidas.

La CIDH destacó que las causas de la desaparición de mujeres son multidimensionales. No obstante, ha recibido información que da cuenta de la estrecha vinculación entre la desaparición de mujeres y la violencia de género.

Otro tema pendiente es la violencia contra mujeres periodistas.

El Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) documentó que entre 2024 y 2025 hubo un incremento de la violencia contra mujeres periodistas en el país en medio de un contexto de polarización política, de procesos electorales y la persistencia de discursos estigma-

tizantes contra la prensa.

En 2025, la situación mostró un deterioro significativo. En su informe “Entre el discurso y la desprotección” el Programa documentó 338 agresiones contra mujeres periodistas, la cifra más alta registrada por CIMAC para un solo año. El documento identificó una mayor diversidad de agresores y modalidades de violencia, evidenciando un entorno cada vez más complejo y hostil para el ejercicio de la libertad de expresión. Las agresiones no sólo provinieron de actores estatales y políticos, sino también de particulares, grupos organizados y entornos digitales, ampliando los riesgos para las periodistas, todo ello aunado a un incremento de la violencia digital y del acoso judicial como mecanismos de censura y desgaste dirigidos contra periodistas.

El pasado fin de semana, familiares de periodistas asesinadas y asesinados, se dieron cita en Reforma para instalar el antimonumento “Aquí nadie olvida” como un recordatorio para el Estado mexicano de la impunidad que prevalece ante esta violencia pero también como acto de memoria para quienes ya no están. Durante el evento, familiares de las y los periodistas pidieron a Claudia Sheinbaum una reunión y recordaron que el año pasado le enviaron una carta solicitando las recibiera pues cuando fue jefa de gobierno prometió que se iba a acercar a las víctimas, lo que no sucedió.

“Es lamentable ver que diga que en este gobierno no hay impunidad, que se atiende a todas las víctimas y sea falso”, lamentaron.

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“DERECHO DE RÉPLICA”: ¿PRERROGATIVA GUBERNAMENTAL? Ernesto Villanueva

A

yer debutó “Derecho de réplica”, el programa del gobierno federal que conduce la consejera jurídica Luisa María Alcalde. La premisa inquieta. Un derecho concebido para que el ciudadano vigile al poder termina convertido en un estrado televisivo desde el cual el poder vigila a la prensa. Los medios figuran allí como un “ecosistema” dedicado a mentir sobre el quehacer del gobierno. Conviene desmontar esa confusión, porque no es inocua. Cuando la autoridad trastoca las categorías del derecho, viste de legalidad lo que carece de cimiento. Y ningún acto se legitima por el solo hecho de exhibirse, por más reflectores que lo alumbren.

Primero. Digámoslo sin rodeos.

El derecho a la información no se desprende, sin más, de la libertad de expresión, como afirma Alcalde.

El parentesco es estrecho; la identidad, no. Y la diferencia es de estructura, no de matiz. La libertad de expresión —artículos 6o y 7o constitucionales— faculta a cualquiera para difundir ideas, opiniones y hechos. Impone al Estado un deber de abstención: no silenciar, no censurar. Su titular es quien habla. El derecho a la información tiene otra naturaleza, y signo contrario. Pertenece al gobernado, y a la sociedad entera. Reclama recibir hechos veraces, plurales y oportunos. No exige que el poder se aparte, sino que actúe: que garantice un caudal informativo abundante y diverso.

Su adversario no es la mordaza, sino la opacidad. A una se la viola callando a alguien; al otro, dejando a todos a oscuras.

La distinción dista de ser ociosa. De ese derecho penden el voto informado, la rendición de cuentas, el control del poder. Sin información veraz no hay ciudadanos que vigilen. Sólo espectadores que aplauden. Una democracia se mide menos por lo que el poder proclama que por lo que el ciudadano alcanza a saber.

Es verdad que la Corte Interamericana acercó ambas figuras. En la Opinión Consultiva OC-5/85 vio en el derecho a recibir información la dimensión social de la libertad de expresión. Pero el orden mexicano fue más lejos. El artículo 6o confirió al derecho a la información un perfil propio: titular definido,

contenido específico, garantías autónomas. La Suprema Corte lo ha reconocido como derecho de vida jurídica independiente. La Constitución no se limita a tolerar la información: la erige en derecho exigible. Entre nosotros, pues, distinguirlos no es capricho. Es exigencia técnica.

De ahí se sigue todo lo demás. La libertad de expresión es el medio; el derecho de la sociedad a saber, el fin. Aquélla sirve a éste, jamás a la inversa. Quien los confunde no incurre en desliz menor. Se arroga como propio un derecho que apenas está llamado a servir. Y de esa inversión —tomar por facultad del poder lo que es garantía del ciudadano— nace cuanto sigue.

Segundo. El derecho de réplica existe. Nadie lo discute. Lo prevé el artículo 6o constitucional y lo desarrolla su Ley Reglamentaria de 2015. Hasta aquí, la consejera acierta. El traspié viene después. La ley traza una ruta, y una sola. Procede frente a información, no frente a opiniones, cuando alude a una persona, resulta falsa o inexacta y le causa agravio. Persona física o moral; y en éstas caben, desde luego, las instituciones públicas. El cauce es nítido. Primero, ante el medio, que debe difundir la réplica con la misma extensión y notoriedad que la información cuestionada. Si se niega, la ley abre un juicio ante juez de distrito. El juez resuelve.

El medio acata. Y si desacata, hay sanción. Es un remedio reglado, jurisdiccional, con garantías para ambas partes y un tercero imparcial que decide. Nada de eso ocurre en un estudio de televisión.

El propósito legítimo no es exhibir a los medios que generan noticias replicables, como anunció Alcalde. Es proceder conforme a derecho. Y el derecho impone dos límites infranqueables. El primero: la ruta de la réplica. El segundo: la competencia de quien actúa.

El artículo 43 de la Ley Orgáni-

ca de la Administración Pública Federal enumera las atribuciones de la Consejería Jurídica. Apoyo técnico al presidente. Dictamen de proyectos de ley. Representación del Ejecutivo en controversias y acciones de inconstitucionalidad.

Intervención en juicios. Entre ellas no aparece —ni al amparo de la fracción residual, que solo remite a las que «expresamente» concedan las leyes— montar un programa de televisión, pagado con dinero público, para enjuiciar a la prensa.

Lo que la norma no concede a la autoridad, le está vedado.

Entra entonces el artículo 16 constitucional, terminante: todo acto de molestia ha de estar fundado y motivado por autoridad competente. Y exponer a un medio ante una audiencia masiva, con razón o sin ella, es acto de molestia. ¿Puede la consejería fundarlo, citando el precepto que la habilita? No. ¿Puede motivarlo, explicando por qué el caso encaja en una norma que la faculte? Tampoco. Sin fundamento, sin motivación y sin competencia, el programa se reduce a una legalidad de utilería: la forma de un derecho, vacía de sustancia. Ya lo advirtió la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva OC-7/86.

El derecho de rectificación o respuesta se ejerce por las vías que la ley señala. No por las que el poder improvisa ante una cámara.

Tercero. Resta la confusión más delicada. La que mezcla la información acreditada con la mera opinión. No comparten naturaleza. En la emisión de ayer se reprochó como noticia falsa una entrevista de Azucena Uresti. Pero la periodista no inventó nada.

Dio voz a una dirigente empresarial de Sinaloa, con nombre y representación, que afirmó algo en público. Eso es información.

Y ceder el micrófono a una fuente acreditada es, justamente, el oficio periodístico. La periodista cumplió. Si alguna réplica cabía,

debió enderezarse contra el dicho de la fuente, jamás contra quien lo transmitió con fidelidad. Reprochar al portador es confundir al mensajero con el mensaje. La réplica, además, opera solo frente a información. Nunca frente a opiniones ni juicios de valor. Así lo manda el artículo 6o y su ley reglamentaria. Y así lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte —tesis 1a. XXIII/2011 (10a.), sobre el sistema de protección dual y la malicia efectiva, y jurisprudencia 1a./J. 80/2019— al separar los hechos de las opiniones: aquéllos se prueban; éstas, no. Por eso el comentario, muy discutible, de una diputada española sobre la soberanía no es replicable. Es un juicio de valor. Y las ideas se rebaten con ideas, jamás con el aparato del Estado. Pero eso no importó y se hizo un simulacro de réplica.

Hay, también, un vicio de forma.

Cuestionar a los medios en bloque, como gremio, desnaturaliza la réplica. Ésta es individual y concreta.

Nació para fortalecer el derecho a la información de la sociedad, no para sentar a la prensa en el banquillo.

Empleada así, deja de ser remedio del gobernado y se vuelve instrumento del poder.

Y lo medular: el derecho a la información no pertenece al gobierno, sino al gobernado frente a la autoridad. Que el Estado sea su garante no lo convierte, jamás, en su titular. Lo confirman los artículos 6o y 1o constitucionales, que mandan interpretar los derechos en favor de la persona, no del aparato. De ahí que no se sostenga presentar este programa como defensa del derecho a la información del gobierno. Ese derecho es del gobernado. Al gobierno sólo le tocan deberes de transparencia.

La conclusión se impone, sin atenuantes. Nombrar “réplica” a algo no lo vuelve réplica. El contenido de las palabras jurídicas no se decreta desde un foro. Y hay algo más grave: usar plataformas oficiales para presionar a la prensa es una de las restricciones indirectas que proscribe el artículo 13.3 de la Convención Americana. El remedio contra la información falsa ya existe. Tiene ley. Tiene ruta. Tiene plazos. Tiene juez. Lo que no necesita —ni admite— es un set de televisión pagado por el erario. Donde hay tribunal, sobra el escarnio.

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¿QUIÉN JUZGARÁ LA INJERENCIA? Julieta del Río

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a presidenta de nuestro país afirma que México debe mantenerse informado frente a posibles actos de injerencia provenientes de ciertos sectores de Estados Unidos. También ha señalado la importancia de combatir la desinformación, pues una ciudadanía mal informada puede convertirse en terreno fértil para la manipulación.

Estas declaraciones abren preguntas que merecen ser discutidas públicamente. Si la justicia mexicana es autónoma e independiente, ¿por qué existe la percepción de que algunas personas prefieren acudir o confiar en instancias extranjeras antes que en las instituciones nacionales? ¿De dónde surge esa desconfianza y cómo puede recuperarse la credibilidad institucional?

La propia presidenta ha manifestado que solicitó que ciudadanos mexicanos involucrados en determinados casos fueran juzgados en México. Más allá de nombres o circunstancias particulares, el principio debe ser el mismo para todos: quien cometa delitos o atente contra el país debe enfrentar la justicia, sin privilegios ni impunidad.

La información es una herramienta fundamental para la democracia. Por ello, cualquier denuncia de injerencia, intervención o influencia extranjera debe sustentarse en hechos verificables, pruebas sólidas y comunicación responsable. México tiene derecho a conocer la verdad completa y a formar sus propias conclusiones.

A diferencia de otras épocas, hoy las personas tienen acceso a una enorme cantidad de información, datos y fuentes. La ciudadanía cuestiona más, compara versiones y exige evidencias.

La reciente reforma que incorpora la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral genera preocupación, ya que el concepto de “injerencia” resulta amplio y, en algunos aspectos, ambiguo, al incluir la intención de gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros de influir en los resultados electorales. Determinar esa intención y medir su impacto real no siempre es sencillo.

La nulidad de una elección constituye la sanción más extrema dentro del sistema electoral, pues implica invalidar la voluntad expresada por millones de ciudadanos en las urnas. Por ello, cualquier causal que pueda conducir a esa consecuencia debería estar claramente definida y contar con mecanismos objetivos de prueba.

Sin embargo, las instituciones encargadas de aplicar esta norma no gozan de la confianza plena de todos los actores políticos ni de amplios sectores de la ciudadanía. Cuando existen dudas sobre la imparcialidad de las autoridades electorales o judiciales, cualquier nueva facultad puede convertirse en motivo de controversia. A ello se suma que estas reformas contemplan la posibilidad de una tercera reelección para los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los mismos que, para muchos observadores, no advirtieron irregularidades relevantes en el proceso electoral judicial de hace un año, minimizaron el impacto de los llamados “acordeones” y han emitido resoluciones que han sido objeto de cuestionamientos públicos.

La defensa de la soberanía nacional y la protección de los procesos electorales son objetivos legítimos, por supuesto. Sin embargo, tam-

bién es indispensable garantizar que las reglas sean claras, equilibradas y aplicables sin criterios discrecionales. De lo contrario, las narrativas pueden imponerse sobre los hechos y generar más incertidumbre que certeza.

También vale la pena preguntarse si Estados Unidos tiene algún interés en que México participe o influya en sus procesos políticos internos, o si existen actores que pretendan intervenir en la vida política mexicana rumbo a 2027.

Lo preocupante es que la comunicación entre ambos países parece mostrar señales de desgaste. Mientras se insiste en que existe una excelente relación bilateral, diversos mensajes y posicionamientos públicos parecen reflejar tensiones en sentido contrario. En un contexto de negociaciones comerciales y revisión de acuerdos estratégicos, cualquier malentendido o confrontación puede tener consecuencias económicas, políticas y sociales para millones de personas.

México y Estados Unidos comparten una relación compleja, pero indispensable. Por ello, las diferencias deben resolverse mediante el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo, siempre con base en información comprobable y no en percepciones o rumores.

La estabilidad de la relación bilateral no es un asunto menor. Es un tema que impacta directamente en la economía, la seguridad y el bienestar de las personas. Por eso, actuar con responsabilidad y hablar con hechos, más que con especulaciones, es más importante que nunca.

El debate puede parecer meramente político, pero los riesgos para México son mucho mayores de lo que a simple vista se observa.

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PUNTO Y COMA Roger Laid

EL SECUESTRO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

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a desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Nanchital, Veracruz, ha vuelto a colocar al periodismo mexicano frente a uno de sus mayores temores: ejercer la profesión y no saber si se regresará a casa. De acuerdo con los reportes públicos, hombres armados irrumpieron en su domicilio, hecho documentado por la propia periodista a quien privaron de la libertad frente a su familia, un hecho que ha generado indignación y preocupación en todo el país.

A unos días de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, este próximo 7 de junio, la noticia resulta particularmente dolorosa. Porque mientras los discursos oficiales -los federaleshablan de libertad, democracia y respeto a la prensa, la realidad sigue recordándonos que en México informar puede costar demasiado.

La exigencia hoy no es política ni partidista. Es humana. Es localizar con vida a Roxana Guzmán y esclarecer plenamente los hechos -ya vimos y escuchamos como son tratadas las “madres buscadoras- sin embargo, ninguna diferencia ideológica puede justificar el silencio cuando una periodista desaparece.

La preocupación aumenta porque México sigue figurando entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Organizaciones nacionales e internacionales han documentado durante años agresiones, amenazas, desapariciones y asesinatos contra comunicadores. La impunidad continúa siendo uno de los principales problemas.

Y es precisamente ahí donde

aparece la mayor deuda del Estado mexicano: el esclarecimiento.

Porque más allá de las cifras que se anuncian periódicamente, la sociedad sigue preguntando cuántos casos terminan realmente con responsables detenidos, sentenciados y castigados conforme a la ley. En Chiapas la pasada administración dio finos carpetazos.

Los periodistas independientes viven una realidad todavía más compleja. Muchas veces trabajan sin respaldo empresarial, sin estructuras jurídicas y sin protección institucional. Investigan, documentan y publican únicamente respaldados por su credibilidad y compromiso con la sociedad.

Por eso cuando desaparece una periodista no desaparece únicamente una persona. También desaparece una voz crítica, una mirada incómoda para el poder y una parte del derecho ciudadano a estar informado.

En Chiapas conocemos bien la importancia de la solidaridad gremial. A pesar de diferencias, grupos y corrientes, cuando un periodista es víctima de agresiones, el gremio encuentra razones para cerrar filas.

La libertad de expresión no pertenece a una organización, a un medio o a una ideología; pertenece a toda la sociedad.

Llegar al 7 de junio con una periodista desaparecida obliga a la reflexión. Seguramente los verdaderos periodistas se sienten incomodos, porque esta acción les pega a todos y callar no es ayuda. Los homenajes, los reconocimientos y los discursos pierden sentido si no existen garantías reales para ejercer el periodismo con seguridad.

Hoy la exigencia es simple y con-

tundente: que aparezca Roxana Guzmán, que se conozca la verdad y que la justicia no vuelva a convertirse en una promesa pendiente.

Porque cuando desaparece una periodista, México entero pierde una voz. Y cada voz que se apaga debilita un poco más nuestra libertad.

Puntos Suspensivos…

Artículo 19 México y Centroamérica: de investigación. También demandó la aplicación del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión…Alianza de Medios MX emitió un posicionamiento…

CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer A.C.): activó la Alerta Mujeres Periodistas y exigió la intervención inmediata de la FEADLE y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas…Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH…Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Veracruz): informó que envió personal para brindar acompañamiento y apoyo a la familia de la periodista… La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha mostrado preocupación y alzó la voz.

Además, diversos medios nacionales e internacionales han señalado que el caso ha generado alarma entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa y derechos humanos debido al contexto de violencia que enfrentan los periodistas en México… Al menos en Chiapas, existe el respeto a libertad de expresión y se están ocupando en ofrecer capacitación desde la fiscalía estatal vía protección a periodistas.Ese es el punto. Y también la coma;

CONTRAPODER PODER EN CHIAPAS

Viernes 5 de Junio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• AMLO le mete tremendo golazo a su hija política • “Respeto a sexenio ajeno es la paz”, Amalía García a AMLO

D

esde la chingada el ex presidente Andrés Manuel López obrador redac ta una carta que destila miedo, pero no por eso deja de ser vergonzosa en la que con piedad que no es de él, da entender que no sea derrocado el narco régimen de Morena y la 4T, que construyó con mucho esfuerzo.

López Obrador se vio obligado a dar la cara y en defensa de su heredera, pues está viendo que sencillamente se la están comiendo desde Estados Unidos y hay que hacer algo para frenar esa presión que tiene palidecida a la encargada de la presidencia.

Si tuvo que salir, pues en la chingada se está muriendo de miedo, porque sabe que el agua le está llegando al cuello, ya cayó Rubén Rocha Moya y su gran amigo el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo ya está en la mira.

Con su carta, López Obrador acusa de recibido el mensaje que le ha enviado el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo que le hace pensar que los días del narco gobierno morenista están contados. No solo para él, incluye a sus más cercanos.

A inicios de mayo el gobierno de Claudia Sheinbaum informó a si antecesor que es inminente que el gobierno de Donald Trump haga pública la acusación penal en contra de su hermano adoptivo Adán augusto López y su hijo biológico Andy López Beltrán, que además de la acusación penal contra su amigo Rubén Rocha Moya se vienen otras contra cinco gobernadores de Morena en funciones que llegaron al poder en su sexenio.

Ellos son Alfonso Surazo de Sonora, Américo Villarreal de Tamaulipas, Marina del Pilar Ávila de baja California, Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán y María Elena Lezama del estado de Quintana Roo. Las investigaciones no son nuevas en junio de 2025, pero es hasta que se hizo pública la primera acusación penal contra el primer narco gobernador de Morena que el régimen comprendió que no había marcha atrás.

A partir de ese momento el mesías del tropical tomó el control de la narrativa oficial y dictó el discurso que obedientemente Sheinbaum repitió, pensando que con un falso argumento de soberanía podían construir un dique de cartón ante el inevitable

tweet de Trump ni una sola expresión y eso que Trump se pinta solo para poner apodos, de burlarse, de insultar, de ridiculizar.

Pero que no se queje si en breve desde Estados Unidos les responden en el mismo tono, porque el que se lleva se aguanta y aquí tanto López como Sheinbaum son unos cobardes.

En duda que el pronunciamiento lo haya escrito el ex presidente AMLO

tsunami.

La preocupación de López Obrador llegó a lo más alto, después de la ríspida reunión del secretario del Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de Trump, Markwayne Mullin con Sheinbaum en la que fuentes del gobierno de México revelaron que se dio a la presidenta un ultimátum un número de días específico para entregar a Rocha Moya y después a los demás o, de lo contrario vendrán por ellos en su calidad de imputados de cómplices de narcoterroristas.

Ante la cuenta regresiva, desde la chingada López obrador dictó el discurso que dio Sheinbaum el 31 de mayo pasado cuando acusó al departamento de justicia de Estados Unidos de intervencionismo sólo porque no están dispuestos a solapar el narco gobierno que hay en México.

La trama detrás de la carta de López obrador y cuál fue el detonante específico que lo obligó a salir de su ratonera, la información confirmada es que el contralmirante Fernando Farías pieza, detenido en Argentina, es clave de la trama de huachicol en México.

Este el explosivo nuevo testigo colaborador del Departamento de Justicia de Estados Unidos son los que tienen templando tanto a López Obrador y a Sheinbaum porque ambos están embarrados en la corrupción con los narcos y el huachicol, el más grande fraude fiscal cometido por los narco políticos mexicanos en contra de Estados Unidos.

López obrador llevaba 81 días escondido cobardemente sin dar la cara, sabiendo que él es el principal responsable de la bronca la que estamos metidos como país y la bronca en la que está metida Claudia Sheinbaum.

Como presidente el ideólogo del pacto entre Morena y los nar-

cos a estas alturas para nadie es ajeno que es Andrés Manuel López Obrador y el principal culpable de que hoy Estados Unidos vea a México como un narcoestado.

Todas las investigaciones llevan a López obrador, él fue el de la idea de abrazos y balazos, que se tradujo en un pacto electoral en varios estados del país entre el narco y Morena, fue un narcoconvenio “tú me ayudas a ganar las elecciones y yo te dejo hacer lo que se te venga en gana”.

Y así se hizo la trama, López Obrador puso a Rocha Moya López obrador lo solapó y López Obrador lo encubrió López Obrador, sepultó todas las denuncias que hubo del 2021 sobre vínculos de Rocha Moya con los chapitos y la intervención de los chapitos en las elecciones.

Ahora sale con una carta en la que define la política exterior de México porque hoy la presidenta en la conferencia mañanera festejó la carta de López obrador, leyó varios párrafos y se mostró feliz y emocionada, es decir, Claudia suscribió la carta de López obrador como si ella lo hubiera firmado.

Esa es la política exterior de y cuál es ruta de choque contra Donald para qué para defender a los narco políticos de manejo la carta le dice a Trump que él no manda, que era mejor el Trump de su primer periodo como presidente que el de ahorita y pide que regrese ese otro Trump, porque el de ahorita está manipulado por sus asesores.

Pero no para allí humilla a Trump diciendo que sus asesores son paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, potentados, trepadores y malvados.

Desde que Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a sus secuaces de narcos no ha habido un solo

Tras poner en duda que el pronunciamiento de ayer lo haya escrito el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, la senadora Amalia García advirtió que “el respeto al sexenio ajeno es la paz”.

La emecista llamó a investigar a políticos señalados por Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, pero también a cumplir con el tratado de extradición con ese país.

Sobre el pronunciamiento de López Obrador, recordó que, aunque todos tienen derecho a opinar, las responsabilidades en materia de relación con otros países las tiene la actual Jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum.

Del Montón

Luego de que el expresidente López Obrador salió de su “retiro” político y por medio de una carta respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum, Alejandro “Alito” Moreno recriminó la aparición y afirmó que su carta no es un acto de valentía sino un intento desesperado de seguir marcando la agenda desde las sombras. En redes sociales, el presidente nacional del PRI aseguró que el mandatario va a terminar en la cárcel por haber sido un “narcopresidente” que, afirmó, se alió con el crimen organizado para llegar al poder y permitió matar impunemente a cientos de miles de mexicanos con tal de recibir su apoyo electoral. “A ti, @lopezobrador, te lo digo directo: Vas a acabar en la cárcel por haber sido un pinche narcopresidente, un narcopolítico de mierda. Un cínico, corrupto y sinvergüenza que decidió abrirle la puerta grande a los cárteles del crimen organizado. Te aliaste con ellos para llegar al poder y les permitiste matar impunemente a cientos de miles de mexicanos con tal de recibir su apoyo electoral. * * * Eso es todo por hoy, hasta el domingo próximo primero dios con más de lo mismo.

CMAN

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Viernes 5 de Junio de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 11 | No. 3384 Link: https://issuu.com/danteoliveyro/docs/contrapoder_edici_n_3384