Decepcionante el aviso de desafuero de presidentes municipales
El comunicado del día de ayer, del fiscal del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, en el que brevemente informa que dará a conocer al pueblo de Chiapas sobre investigaciones en contra de servidores públicos PAG. 2
D O X A
Los vínculos de presidencias municipales con la delincuencia organizada son secretos a voces. Por eso resultó exagerado el anuncio del fiscal del Estado sobre la solicitud de desafuero, cuando en realidad sólo se quería castigar a la presidenta de Jiquipilas.
Persona que no representa nada en la cadena de corrupción de funcionarios en Chiapas.
de narcocandidatos
De aprobarse la propuesta se crearía una Comisión de Verificación a cargo del INE que colaborará con instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), así como con las instancias estatales, para poder identificar riesgos entre los postulados por los partidos
Consolida
Secretaría de Finanzas ordenamiento presupuestal para obras de agua potable en 13 municipios de Chiapas
Operativo interinstitucional, clausuran obras sin permiso en humedales
Decepcionante el aviso de desafuero de presidentes municipales
El comunicado del día de ayer, del fiscal del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, en el que brevemente informa que dará a conocer al pueblo de Chiapas sobre investigaciones en contra de servidores públicos, en donde instruyó a la fiscalía jurídica a que solicite al Congreso Local el desafuero de servidores públicos municipales, para que una vez desaforados puedan enfrentar la justicia, generó una ola de especulaciones, sobre quiénes caería la justicia y surgieron en las redes sociales nombres de funcionarios y presidentes municipales, lo que finalmente terminó siendo una decepción, porque los implicados con la delincuencia organizada son muchos más, que las acusaciones de extorsión realizadas en contra de la presidenta municipal de Jiquipilas desaforada y detenida.
El anuncio terminó siendo mediático y su resultado insignificante ante el número de señalamientos hacia ayuntamientos de la entidad. Sólo en el Congreso Local,
existen señalamientos en contra de los expresidentes municipales de Yajalón y Trinitaria, hoy diputados locales, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, señalamientos que provienen directamente de los mismos vecinos en ambos municipios. Pero la dimensión de presidencias municipales involucradas en presuntos nexos con los cárteles son muchos más que el caso de Jiquipilas, que destapó La Caja de Pandora, en el que la fiscalía del Estado y el propio gobernador tendrán que asumir sus responsabilidades, por el consentimiento hacia funcionarios con presuntos nexos con el crimen organizado, que no son molestados ni mucho menos sometidos al desafuero.
Entre las presidencias más señaladas por sus vínculos con la narcodelincuencia están La Concordia, Villa Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Teopisca, Arriaga, Villaflores, Pueblo Nuevo, Rincón Chamula, etc., etc.. Lista que puede incluir más de 20 municipios, por lo que resulta ridículo tanto escándalo armado por la fiscalía del
Estado para finalizar sólo con el desafuero de la presidenta municipal de Jiquipilas, cuya presencia es irrelevante frente a otros pesos gordos que hoy siguen gozando de impunidad, y que esperan mantener sus buenas relaciones con el poder para escalar a otros cargos. Mucho ruido y pocas nueces dice el refrán popular, en una clara referencia a lo que orquestó la fiscalía del Estado con su anunció, que sólo sirvió para desatar las especulaciones y liberar los fantasmas, porque ahora se van a multiplicar los señalamientos en contra de funcionarios vinculados con los cárteles, en donde existen funcionarios de la fiscalía del Estado y de la secretaría de seguridad pública, en las listas elaboradas por la ciudadanía sobre presuntos vínculos de funcionarios vinculados o que protegen al crimen organizado en la entidad, y que estarían obligando a abrir nuevas investigaciones y la solicitud de desafuero sobre las presidencias en donde son notables los vínculos con los cárteles, a grado tal que los presidentes municipales o sus
familiares se convirtieron en los jefes de plaza en sus municipios. Frente al daño ocasionado a Chiapas por los diputados locales que provienen de la administración de Rutilio Escandón, Jiquipilas representa una burla o el objeto de una venganza que nada tiene que ver con la aplicación de la ley y la justicia, debido a que los diputados con el sello de Rutilio Escandón participan en redes de lavado de dinero y empresas fachadas como bares, restaurantes y compañías inmobiliarias, que sirven para lavar los recurso obtenidos de manera ilícita, y que están protegidos desde el gobierno federal, en un pacto de complicidad impuesto al gobernador Eduardo Ramírez, que está imposibilitado para castigar a verdaderos responsables de la delincuencia organizada, en donde se hace fiesta con bombo y platillo con el desafuero de una presidencia, acusada de extorsión y no por los vínculos con el CJNG, que opera en esa zona, situación que resulta insignificante, frente a la magnitud del ´problema que se vive en Chiapas.
Separan a alcaldesa morenista de
Jiquipilas,
Gabriela Coutiño
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro)
En un hecho sin precedentes que sacude la política local, la alcaldesa del municipio de Jiquipilas, Blanca Yanet Chiu López, emanada de Morena, fue separada de su cargo tras ser acusada formalmente del delito de extorsión en agravio de una empresa avícola que opera en la región Frailesca.
Durante una sesión extraordinaria, los diputados del Congreso del Estado designaron a Benemérita Vela Avendaño para asumir la alcaldía de Jiquipilas y concluir el periodo constitucional que culmina en 2027.
Blanca Yanet Chiu López enfrenta un proceso penal por presunta corrupción en contra de Grupo Avimarca S.A. de C.V., una importante firma avícola y porcícola que cuenta con diversas granjas y empacadoras en los municipios vecinos de Villaflores y Ocozocoautla.
El titular de la Fiscalía General de Justicia de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó detalladamente sobre el modus operandi del caso. Detalló que se le exigió la cantidad de un millón de pesos al representante legal de la empresa, Ignacio de Jesús Castro Gutiérrez, a cambio de otorgar los permisos necesarios para “poder establecer una empresa dentro del territorio de Jiquipilas”.
Chiu López era muy cercana a Antonio Santos Romero, el auto nombrado representante de la presidenta Claudia Sheinbaum en Chiapas, buscaba la reelección a pesar de tener el rechazo de los pobladores de Jiquipilas.
Apenas hace tres días se le vio en un evento del gobierno donde se to-
Chiapas,
acusada de extorsión
Blanca Yanet Chiu López enfrenta un proceso penal por presunta corrupción en contra de Grupo Avimarca S.A. de C.V., una importante firma avícola y porcícola que cuenta con diversas granjas y empacadoras en los municipios vecinos de Villaflores y Ocozocoautla
mó la foto con el gobernador Eduardo Ramírez
Desarticulan Cabildo en Ocozocoautla por extorsión a la alcaldesa
La purga política y judicial se extendió de manera simultánea al municipio de Ocozocoautla. El fiscal Llaven Abarca anunció que se procedió penalmente en contra de seis integrantes del cabildo de dicha localidad por el delito de extorsión agravada, con el objetivo firme de “llevarlos ante la justicia”.
Los señalados están acusados de exigirle dinero a la alcaldesa sustituta, Nidia Alejandra de los Santos
Sarmiento —quien asumió el cargo apenas el pasado 15 de enero—, bajo el argumento de que los recursos serían utilizados para realizar supuestas obras de beneficio social en el municipio.
El Poder Legislativo identificó a los funcionarios bajo proceso como la síndica Elsa Ruiz Fernández; el primer regidor René Alberto Pimentel Mandujando; la segunda regidora Sara Cruz Juárez; el tercer regidor Juan Fernando Jiménez Alvarado, y la regidora plurinominal Olivia Espinosa Mendoza.
Cabe destacar que la alcaldesa sustituta de Ocozocoautla, víctima de esta presunta red de corrupción
interna, llegó al puesto tras la detención previa del alcalde constitucional, Ernesto Cruz Díaz, quien actualmente enfrenta un proceso por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Ante el desafuero y el proceso judicial de los funcionarios de Ocozocoautla, el Congreso del Estado nombró como primera regidora sustituta a Virginia del Carmen Larrinaga Morales, y como regidora plurinominal sustituta a Celia Rodríguez Sánchez, ambas militantes de Morena, en espera de que el resto de los implicados sean detenidos por las autoridades, tal como lo anticipó la Fiscalía.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro)
Tras la indignación generada por la difusión de un material audiovisual en redes sociales, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó de manera oficial la detención de 10 personas adscritas a la institución, presuntamente implicadas en los actos de tortura cometidos en contra de un ciudadano. El funcionario estatal detalló que entre los servidores públicos capturados se encuentran un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, un secretario y cinco elementos de la corporación policial, quienes ya fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica. Llaven Abarca explicó que las agresiones exhibidas en las plataformas digitales derivaron de un operativo interinstitucional llevado a cabo el pa-
Detienen a 10 servidores públicos de la Fiscalía de Chiapas por actos de tortura captados en video
sado 14 de marzo en la colonia Loma Bonita, en el norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez, cuyo propósito era combatir el delito de robo de vehículos.
“Se llevaron a cabo diversas diligencias y se han aportado datos de prueba, por lo que ya tenemos identificadas a quienes se aprecian en el video y seguiremos abundando en las investigaciones para determinar si existe la responsabilidad de más personas que hayan participado en estos lamentables y reprobables sucesos”, puntualizó el fiscal.
Ante el escrutinio público y los cuestionamientos previos de diversos organismos de derechos humanos hacia las prácticas de la corporación, el titular de la FGE enfatizó que la institución mantendrá una
postura de cero tolerancia frente a los abusos de autoridad cometidos por el personal público.
“Vamos a ser implacables y no habrá impunidad en estos hechos
lamentables; quienes cometieron el delito de tortura enfrentarán la justicia”, finalizó Llaven Abarca, reiterando el compromiso de esclarecer el caso de manera expedita.
Gabriela Coutiño
Eduardo Ramírez pone en marcha Centro LIBRE para las mujeres y fortalece infraestructura en Sitalá
De la Redacción Sitalá, Chis. (Tribuna)
Durante una gira de trabajo por este municipio de Sitalá, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA trabaja con humanismo, autoridad moral, responsabilidad y cercanía con las comunidades, con el objetivo de impulsar acciones que fortalezcan el tejido social y contribuyan al bienestar, la paz, la prosperidad y el buen vivir de los pueblos de Chiapas. “Queremos que en Chiapas prevalezcan la armonía y el respeto a los derechos humanos, donde pueblo y gobierno convivan en igualdad, porque la única diferencia es que ustedes nos han otorgado la responsabilidad de gobernar. Tengan la certeza de que siempre estaremos pendientes de apoyar a la población y a las autoridades de Sitalá”, manifestó. Como parte de su visita, el mandatario encabezó la apertura del Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim); inauguró la pavimentación de vialidades, obra en la que se invir-
De la Redacción Pantelhó, Chis. (Tribuna)
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en este municipio, considerado entre los 12 municipios de atención prioritaria en Chiapas, donde entregó apoyos sociales y productivos, además de obras de infraestructura educativa. En ese contexto, destacó que uno de los principales objetivos del gobierno de la Nueva ERA es que los pueblos históricamente olvidados transiten hacia la prosperidad.
“Somos un gobierno que está trabajando donde nadie volteó a ver nunca, y esa es la diferencia de un gobierno humanista que transforma. Cuando se empieza a trabajar donde nadie ha hecho nada, se logra marcar la diferencia. Siempre voy a estar pendiente del municipio, no me voy a cansar de visitarlo y regresaré con más acciones. Pantelhó, del olvido a la prosperidad”, manifestó.
Durante su mensaje, el mandatario convocó a la población a sumarse al programa de alfabetización Chiapas Puede, al enfatizar que nunca es tarde para aprender a leer y escribir. De igual manera, exhortó a las y los habitantes a mantenerse en unidad para que la paz continúe prevaleciendo en este municipio.
Como parte de esta gira de trabajo, el gobernador entregó plantas, insumos y equipamiento a productoras y productores cafetaleros mediante el programa Café con Humanismo, con una inversión de 3 millones de pesos; inauguró aulas y espacios en el Colegio de Bachi-
tieron más de 5.2 millones de pesos; y supervisó la rehabilitación de espacios en la Escuela Secundaria Técnica Número 114, con el fin de constatar la calidad de los trabajos realizados. La secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín, reconoció las acciones emprendidas en favor de Sitalá, al señalar que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población. Asimismo, convocó a las mujeres, adolescentes y niñas a acercarse al Centro LIBRE, un espacio comunitario donde se brinda atención integral.
Por su parte, la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Váz-
quez González, explicó que el Centro LIBRE de Sitalá ofrece acompañamiento jurídico y psicológico a las mujeres, además de funcionar como un espacio de convivencia, diálogo y respaldo comunitario. Añadió que este centro es resultado de la coordinación entre la federación y el Gobierno de Chiapas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que, en respuesta a una demanda añeja y mediante una mezcla de recursos, se reconstruyó la avenida principal del municipio con una inversión superior a 5 millones 282 mil pesos. Los traba-
jos incluyeron la pavimentación de mil 217 metros cuadrados de calle, la rehabilitación de las redes hidráulica y sanitaria, así como la instalación de luminarias. “A partir de hoy, Sitalá nunca más estará en el olvido; hoy inicia esa prosperidad compartida que todo Chiapas necesita”, sostuvo. El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, detalló que en la Secundaria Técnica 114 se destinaron más de 4 millones de pesos para la rehabilitación de cinco aulas, módulos sanitarios, áreas administrativa y directiva, además de trabajos de obra exterior y señalización, en beneficio de más de 253 estudiantes. De igual forma, reiteró el compromiso de continuar escuchando y atendiendo las necesidades educativas de la comunidad escolar.
La presidenta municipal de Sitalá, Guadalupe Deara López, reconoció al gobierno de la Nueva ERA por impulsar acciones en favor de la seguridad y el bienestar de las mujeres. Señaló que estas medidas demuestran que la ley, las instituciones y la voluntad social estarán siempre para respaldar a las mujeres de Chiapas.
Del olvido a la prosperidad, Eduardo Ramírez impulsa acciones para transformar a Pantelhó
lleres de Chiapas Plantel 59, obras en las que se destinaron 5.2 millones de pesos; distribuyó tenis escolares a 3 mil 500 niñas y niños a través del programa A Paso Firme; y otorgó una ambulancia para fortalecer el traslado de pacientes y mejorar la atención médica.
La secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín, resaltó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA por acercar acciones de beneficio social que generen bienestar y prosperidad en los pueblos originarios, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de miles de familias.
Por su parte, el secretario del Humanismo, Paco Chacón, señaló que, gracias a la visión humanista de la actual administración, los pueblos de Chiapas no volverán a quedar en el olvido. Como ejemplo, mencionó las estrategias orientadas a atender necesidades prioritarias de la población, entre ellas el programa A Paso Firme, que en esta ocasión benefició con tenis escolares a niñas y niños de nivel primaria.
El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, explicó que la entrega de una ambulancia totalmente equipada permitirá fortalecer la atención médica en Pantelhó y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. Asimismo, destacó que este municipio hizo historia durante la campaña de vacunación contra el sarampión, al alcanzar
la aplicación de 143 mil dosis, logro que recibió reconocimiento nacional. Añadió que Chiapas ha registrado avances importantes en el combate al paludismo y en las acciones encaminadas a su eliminación.
El director general del Instituto del Café de Chiapas, Jorge Baldemar Utrilla Robles, enfatizó que, derivado de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador, en este municipio se trabaja en un ambiente de paz y armonía, sembrando la semilla del progreso. Informó que en esta ocasión se beneficia a 2 mil 300 productoras y productores con 200 mil plantas de café de variedades mejoradas, resistentes a enfermedades y altamente productivas; además, se brindará capacitación para optimizar los procesos de producción y elevar la calidad del aromático grano.
El titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en el Cobach Plantel 59 se realizaron trabajos de construcción de dos aulas didácticas equipadas y un módulo de servicios sanitarios con planta de tratamiento, así como obras exteriores consistentes en andadores, rampas, barandales y pasamanos. También se rehabilitaron el acceso principal y la cisterna, además de renovarse la red hidrosanitaria, la red eléctrica y la señalización, en beneficio de 123 estudiantes. El presidente municipal de Pantelhó, Julio Pérez Pérez, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por su compromiso de atender las necesidades de las comunidades, fortalecer la seguridad y promover acciones en beneficio del campo en la región.
Consolida Secretaría de Finanzas ordenamiento presupuestal para obras de agua potable en 13 municipios de Chiapas
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
En el marco de los acuerdos alcanzados tras la Segunda Convención Financiera del Estado, la Secretaría de Finanzas reafirmó su compromiso con el desarrollo regional al acompañar a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y a 13 ayuntamientos en la firma del convenio de colaboración en materia de obra hidráulica.
Con esta alianza estratégica, el Gobierno de Chiapas asegura la asignación de un financiamiento directo, ordenado y transparente, destinado exclusivamente a la ejecución de infraestructura que optimice y garantice mejores servicios de agua potable y saneamiento en los municipios participantes.
El secretario Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito encabezó la firma de convenios de colaboración junto a la CEAS y ayuntamientos
Al respecto, el secretario de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, destacó que estas
Fuerte granizada sorprende a comunidades de la zona sur de San Cristóbal
Óscar Gómez/ corresponsal
SCLC .
La tarde de este jueves, una intensa granizada sorprendió a habitantes de comunidades ubicadas en la zona sur de San Cristóbal de Las Casas, luego de las fuertes lluvias registradas en gran parte del municipio.
A través de redes sociales, ciudadanos compartieron imágenes y
videos donde se observan campos, caminos y áreas verdes cubiertas de hielo, situación que generó asombro entre la población debido a la magnitud del fenómeno climático. Hasta el momento, de manera preliminar se reportan posibles daños en cultivos y hortalizas de algunas comunidades afectadas, aunque autoridades y habitantes continúan evaluando las afectaciones derivadas de la fuerte granizada.
acciones forman parte de una política de finanzas humanistas, la cual prioriza el bienestar social y la
correcta aplicación de los recursos públicos.
“Este acto de justicia social tiene como objetivo central elevar las condiciones de vida de las familias chiapanecas. Estamos consolidando un estado donde el desarrollo económico y social se construye de manera integral y equitativa desde la base, que son sus municipios”, afirmó el funcionario estatal.
Con estas acciones, la Secretaría de Finanzas y la CEAS reiteran su disposición de trabajar de la mano con las administraciones municipales, garantizando que cada peso se traduzca en obras de impacto real que transformen el entorno del pueblo de Chiapas.
Operativo interinstitucional, clausuran obras sin permiso en humedales
Oscar Gómez/ corresponsal SCLC.
Grupo interinstitucional llevan a cabo operativo en zona de humedales, logrando la clausura de una obra sin la autorización correspondiente, por lo que exhortó a la ciudadanía denunciar cualquier acto de contaminación o invasión en zonas protegidas por el gobierno federal.
Al respecto, la directora de Ecología y Medio Ambiente del municipio, Jade Biniza Cantú Luna, informó que se llevó a cabo un operativo de verificación en zonas de humedales en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, con el objetivo de supervisar licencias de funcionamiento, permi-
sos de obra y procesos de subdivisión. Señaló que estas acciones buscan detectar y prevenir actividades que pudieran generar afectaciones ambientales en los humedales, considerados ecosistemas fundamentales para el equilibrio ecológico y la conservación de los recursos naturales en San Cristóbal de Las Casas.
En el operativo colocaron sellos de clausura, con la participaron personal de Ecología, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Municipales, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, fortaleciendo así el trabajo interinstitucional para la protección y preservación de las áreas naturales del municipio.
Excomandante policiaco de Culiacán, acusado en EU de nexos con narco, desertó en 2024
Aarón Ibarra CULIACÁN, Sin., (apro)
El director de la Policía Municipal de Culiacán, Jonathan Macedo, confirmó que el comandante Juan Valenzuela Millán, acusado de operar con los Chapitos, ya no forma parte de la corporación.
“Ya no pertenece a la Policía Municipal y las autoridades correspondientes están haciendo sus investigaciones”, dijo Jonathan Macedo a medios locales.
El mando policiaco declaró que el agente causó baja en noviembre de 2024 por abandono.
Durante ese noviembre la corporación sufrió la baja de al menos 12 elementos asesinados en el contexto de la guerra entre Chapitos y Mayos.
Entre los crímenes de mayor impacto durante ese mes está el del exsubdirector operativo Benjamín Villarreal Guerrero, asesinado en un restaurante en la colonia Montebello.
Respecto a Valenzuela Millán, es acusado de “levantar” a un informante de la DEA, en Culiacán, que posteriormente fue asesinado. La acusación, radicada en la corte del
Claudia V. Arriaga Durán
MÉRIDA,
Yuc., (apro)
El Consejo Indígena de Gobierno de Pisté —comunidad maya del municipio de Tinum, Yucatán— pidió que el exdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, no sea parte de las mesas de diálogo con el gobierno estatal y federal para llegar a un acuerdo.
Las personas artesanas, guías de turistas y ejidatarios de Pisté no quieren a Diego Prieto porque fue él quien, antes de ser inaugurado el Centro de Atención a Visitantes (CATVI), intentó dividir a la comunidad maya. Señalaron que ofreció dinero a algunos de ellos para que al menos 50 aceptaran mudarse a los locales y así ocasionar fracturas internas.
Cabe mencionar que Diego Prieto dejó la dirección del INAH en julio de 2025 y fue nombrado titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCVPII), una oficina de nueva creación dentro de la Secretaría de Cultura Federal. En un comunicado
Juan Valenzuela es acusado de recibir sobornos de los Chapitos y de “levantar” a un informante de la DEA que posteriormente fue asesinado
Distrito Sur de Nueva York, contra el exagente municipal incluye sobornos
de los Chapitos que presuntamente le garantizaban apoyo y “dominio”
sobre la ciudad de Culiacán para con sus operaciones.
Comunidad maya de Pisté exige excluir a exdirector del INAH de negociaciones por Chichén Itzá
de prensa, emitido luego de que el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté y sus representantes se reunieron con autoridades estatales, dieron a conocer dicha solicitud.
“Se hizo la solicitud de que NO esté Diego Prieto en las negociaciones ya que no tiene la acreditación, incluso con su nuevo puesto, y tampoco ha demostrado de manera documental que haya sido ‘comisionado’ por la presidenta para este fin”, se lee.
La comunidad mantiene, desde el lunes 18 de mayo, una protesta en la zona arqueológica del centro ceremonial maya de Chichén Itzá y en el CATVI, obra que forma parte del Tren Maya, para evitar ser expulsados del área y llegar a acuerdos. En ese sentido, la población ha reiterado que la afectación económica daña más a la economía local que a la del estado.
Otro de los acuerdos tomados en esta primera reunión, tras la protesta que mantiene el cierre de Chichén
Itzá, es que en la mesa de diálogo con los gobiernos estatal y federal se discutirá la posibilidad de mantener abierta la entrada original.
La comunidad maya de Pisté reiteró que no quiere ser expulsada del centro ceremonial para ser enviada al CATVI, ya que este no cuenta con las condiciones de espacio ni de dig-
nidad para trabajar. Además, exigieron que no se intimide al pueblo maya y que no haya represión ni persecución. A la par, pidieron que las mesas de diálogo se efectúen en Valladolid, ya que trasladarse a la capital de la entidad les representa un gasto elevado y pérdida de tiempo.
Sheinbaum recibe a Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de EU
Dalila Escobar
CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, para dar seguimiento al entendimiento binacional en la materia.
En la mañana, la mandataria federal informó que sólo recibiría al funcionario estadunidense y, tras una plática, se quedarían a trabajar los equipos de ambos gobiernos. En total, el encuentro duró dos horas.
La jefa del Ejecutivo mexicano publicó en redes sociales:
“Recibimos en Palacio Nacional al secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de
AP CIUDAD DE MÉXICO (AP)
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el jueves que acordó con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos fortalecer la cooperación en materia de seguridad, que es uno de los temas en los que Washington ha presionado más los últimos meses a México para intensificar el cerco a los cárteles de la droga.
Markwayne Mullin arribó el jueves a la capital mexicana para una breve visita luego de las tensiones generadas en las últimas semanas por la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente de tránsito en el estado fronterizo de Chihuahua y las acusaciones de narcotráfico que realizó la fiscalía de Nueva York contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador oficialista del estado de Sinaloa, Rubén Rocha. Luego de la reunión con Mullin en el palacio de gobierno, Sheinbaum expresó en un breve mensaje en su cuenta de X que ambos “acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco del respeto de nuestros países”. Mullin señaló en la misma plataforma social que durante la reunión se discutieron las prioridades clave para Estados Unidos, como el fortalecimiento en las labores de México en el combate a los “narcoterroristas”, el progreso en la lucha contra el tráfico de personas y narcóticos ilegales, y el reforzamiento de los compromisos operativos para la seguridad fronteriza y la prevención de la migración ilegal. El secretario estadunidense también participó en un encuentro con el Gabinete de Seguridad de México. La visita del funcionario fue acordada durante una conversación telefónica que mantuvo Sheinbaum con el presidente
“Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”, informó la presidenta tras la reunión con la delegación estadunidense
nuestros países”.
La reunión en materia de seguridad se dio en el contexto de la solicitud que hace el Departamento de Justicia
estadunidense al gobierno mexicano de detener provisionalmente con fines de extradición a diez mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia
de Sinaloa, Rubén Rocha, al acusarlos de nexos con el narcotráfico.
También ocurre luego de los reclamos de la misma presidenta por la falta de respuesta del gobierno estadunidense para extraditar a 269 personas requeridas por la justicia mexicana, bajo el argumento de que hacen falta pruebas.
Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países. pic.twitter.com/ qmqWGGTGCa — Claudia Sheinbaum Pardo (@ Claudiashein) May 21, 2026
EU: fortalecer el combate de México al narcoterrorismo es “prioridad clave”
Donald Trump en la que dialogaron sobre seguridad y comercio bilateral.
En medio de la visita de Mullin, las autoridades mexicanas anunciaron el jueves el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas en el estado de Sinaloa donde se incautaron más de cuatro toneladas de metanfetamina y sustancias y precursores químicos.
“Cooperación efectiva”
La Cancillería mexicana dijo en un comunicado que las delegaciones de México y Estados Unidos coincidieron en que el “diálogo permanente” y la “cooperación efectiva” seguirán siendo fundamentales para avanzar en soluciones que contribuyan a la seguridad.
También se reconoció como un logro la reducción de los encuentros con personas en situación migratoria irregular en la frontera sur de Estados Unidos, que “han disminuido de manera sostenida, alcanzado su nivel más bajo en los últimos 50 años”, refiere el comunicado.
La presidenta informó en su conferencia matutina que tras el endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Trump, el paso de migrantes desde México hacía Estados Unidos ha caído 97,5% y mencionó que desde diciembre del 2023, cuando se reportó el pico histórico de 305 mil 608 migrantes, la cifra descendió este mes a 7.621 personas.
Previo a la reunión, Sheinbaum comentó que hablaría con Mullin sobre los casos de los 15 migrantes mexica-
nos que murieron en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés) desde 2025 y que motivaron notas diplomáticas de su gobierno. México anunció en marzo que llevará la denuncia de los casos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
La mandataria descartó la posibilidad de abordar con Mullin los casos de los 10 funcionarios mexicanos acusados por Estados Unidos, algunos de los cuales pertenecen al partido gobernante Morena.
A fines de abril la fiscalía de Nueva York acusó de narcotráfico y tenencia ilícita de armas a Rocha, al alcalde de la capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez, y a otros ocho funcionarios activos y retirados, y solicitó la detención preventiva con fines de extradición.
Rocha y Gámez se separaron temporalmente de sus cargos para facilitar la investigación que abrió la Fiscalía General de México, mientras los exsecretarios de Seguridad y Finanzas del
gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, se entregaron la semana pasada a las autoridades estadounidenses.
La Fiscalía General supeditó la detención de los funcionarios a que Estados Unidos envíe las pruebas. La presidenta confirmó que los diez mexicanos tienen alerta roja de Interpol y pueden ser apresados si salen de México.
Las relaciones entre los dos vecinos también se tensaron tras la muerte de dos agentes de la CIA el 19 de abril junto con dos funcionarios de la fiscalía de Chihuahua cuando la camioneta en la que viajaban cayó por un barranco en las montañas que unen Chihuahua — fronteriza con Texas— y el estado de Sinaloa, donde se había desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.
El incidente motivó una nota de protesta del gobierno de Sheinbaum que reclamó a Washington que no había sido informado de la presencia en el país de los dos agentes estadounidenses ni de sus actividades.
Centro Prodh cuestiona cambios a la reforma judicial: “son apresurados e insuficientes”
De la Redacción
Ciudad de México (Tribuna)
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) afirmó este jueves que la modificación a la reforma judicial enviada ayer al Congreso por el Ejecutivo federal no corrige los riesgos asociados al modelo de elección de jueces ni garantiza su independencia frente al control político.
El organismo publicó su postura en un hilo en la red social X, un día después de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibiera la iniciativa presidencial de reforma constitucional de manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde.
Críticas por omisiones en requisitos y garantías para juzgadores
En su posicionamiento, el Centro Prodh señaló que “la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal sobre la Reforma Judicial no corrige las principales deficiencias y riesgos observados en la elección judicial, pese a que previamente un grupo de legisladores del oficialismo había presentado una propuesta para subsanar algunos de los aspectos más graves”.
El organismo agregó que “resulta particularmente preocupante la omisión de una revisión profunda a los requisitos y mecanismos que garanticen la idoneidad e independencia de las personas juzgadoras, así como la falta de una modificación permanente a la concurrencia entre el proceso electoral político y el judicial, más allá de la elección de 2027”.
Riesgos por concurrencia de procesos políticos y judiciales
El Centro Prodh advirtió que la coincidencia de procesos políticos y judicia-
les aumenta la posibilidad de injerencia partidista, al afirmar que “para garantizar la justicia en México, es indispensable priorizar la independencia del Poder Judicial y reducir su control político. La concurrencia de elecciones ordinarias, elecciones judiciales y o ejercicios de revocación de mandato en una misma jornada electoral –sin establecer mecanismos claros para evitar la intervención de representantes de partidos políticos en una única casilla– profundiza ese riesgo”.
El organismo añadió que “lamentamos el anuncio de una reforma insuficiente y apresurada, que no reconoce las principales falencias y consecuencias del modelo de elección y se limita a presentar ajustes superficiales para abordar cambios menores y atender los retos de financiamiento del proceso electoral”. Alcances de la iniciativa presidencial y cambios al diseño institucional
La discusión ocurre mientras el Congreso analiza la iniciativa presidencial de reforma judicial entregada este miércoles a la Comisión Permanente. En el documento, el Ejecutivo plantea cambios constitucionales que reintroducen la posibilidad de realizar la revocación de mandato el mismo día de elecciones federales o locales.
El proyecto modifica el artículo 35 para que ese ejercicio se lleve a cabo el primer domingo de junio del año correspondiente, lo que abre la puerta a que coincida con otros procesos electorales.
La propuesta mantiene también que las elecciones judiciales se reali-
cen en la misma fecha y lugar que las elecciones federales o locales, con una instrucción a las autoridades electorales para aplicar medidas que eviten la intervención de representantes partidistas, lo que reconoce el riesgo de empatar votaciones judiciales con jornadas de competencia política.
Con este diseño, en una misma jornada podrían concurrir una consulta de revocación de mandato, una elección judicial y comicios federales o locales. Aunque la revocación no ocurriría automáticamente y debe cumplir los requisitos establecidos, la iniciativa permite que esos procesos se realicen simultáneamente.
En materia de organización del Poder Judicial, el proyecto plantea que la Suprema Corte de Justicia de la Nación divida nuevamente parte de sus funciones. Tras la reforma judicial de 2024, que eliminó las salas con el argumento de que todos los asuntos debían discutirse en sesiones públicas del Pleno, la nueva propuesta establece que el tribunal opere con dos “secciones” encargadas de asuntos considerados de trámite, mientras el Pleno conservará los temas de fondo.
La iniciativa no ajusta la contradicción sobre la duración de la presidencia de la Corte, ya que el artículo 94 prevé que se renovará cada dos años conforme a la votación obtenida en la elección judicial, mientras el artículo 97 mantiene que la presidencia debe ser electa por el Pleno cada cuatro años.
La iniciativa también recorre por un
año el encargo de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral que concluían su periodo en 2027, por lo que permanecerán en funciones hasta 2028, cuando tomen protesta las personas electas en la nueva elección judicial. Entre quienes verían extendido su encargo están Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, cuyos periodos ya habían sido ampliados previamente.
El proyecto modifica además la integración de candidaturas judiciales. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tendrían cada uno un Comité de Evaluación compuesto por cinco personas, encargado de revisar a aspirantes a los cargos.
Las tres coordinaciones de esos comités formarían una Comisión Coordinadora para fijar reglas comunes, criterios de evaluación y metodologías, así como exámenes de conocimientos.
La iniciativa fortalece al Tribunal de Disciplina Judicial, al establecer que durante el primer año evaluará a jueces y magistrados electos, aplicará programas de capacitación y podrá coordinarse con la Escuela Nacional de Formación Judicial. En caso de evaluaciones insatisfactorias, la ley deberá definir las medidas correspondientes.
También se establece que quienes busquen competir por un cargo distinto al que ocupan deberán renunciar de forma expresa e irrevocable antes del registro.
En cuanto a la presencia de candidaturas en las boletas, la propuesta reduce el número de perfiles. Los Comités de Evaluación elaborarán listas de cuatro personas por cargo y, posteriormente, un sorteo dejará únicamente dos postulaciones. La iniciativa también retoma observaciones surgidas de la elección judicial de 2025 al plantear boletas más breves y con un voto por especialidad, lo que reduce la cantidad de nombres que el electorado deberá revisar en casilla. Información de Animal Político.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hasta ahora su gobierno no ve un gran riesgo para el envío de remesas de Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a los bancos de EU para reforzar la revisión del estatus migratorio de sus clientes, incluidos quienes llevan a cabo transferencias transfronterizas de bajo monto.
“Hasta ahora no vemos un gran riesgo”, pero de todas maneras se analiza implicaciones; además Sheinbaum presumió que la reducción de migración es de 97.5 por ciento.
La mandataria explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya analiza las posibles implicaciones de
“Hasta ahora no vemos un gran riesgo”: Sheinbaum tras medidas de Trump sobre remesas
la medida de Trump y el impacto que podría tener en los mexicanos que envían remesas a sus familias en México. “Lo está revisando la Secretaría de Hacienda” y aunado a mencionar que el gobierno de México el beneplácito es para Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos quien acudirá a Estados Unidos en las próximas semanas.
La mandataria admitió que ahora tiene que investigarse a migrantes sin documentos que hagan envíos y que puedan abrir una cuenta, pero afirmó que el 95 por ciento de quienes nacieron en México, “la gran mayoría tienen papeles”.
Añadió que “alrededor de 4 millones solo 10 por ciento que no tiene algún documento en Estados Unidos y de ellos la gran mayoría lleva 10 años” en el país vecino. De cualquier forma, dijo Sheinbaum, se hace el análisis y tiene que ver con una visión del gobierno de Estados Unidos “con la que no coincidimos”. Además, México, dijo, tiene varias generaciones que son parte de la vida de ese país y ayudan a su economía.
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Sheinbaum enviará iniciativa para
“blindar” candidaturas de narcocandidatos
De la Redacción Ciudad de México (apro)
Amedio año de la realización de la elección de 2027 y un día después del anuncio de la detención de dos alcaldes en Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una iniciativa para que el Instituto Nacional Electoral (INE) revise que los candidatos no tengan vínculos con el narcotráfico.
“Hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar algún candidato que hubiera algún riesgo de vincular uno con la delincuencia organizada. Luisa María tenía preparada esta propuesta y ayer tomamos la decisión de que se envíe de una vez”, precisó la mandataria.
La presidenta destacó que esta medida responde a los casos de funcionarios presuntamente relacionados con el crimen organizado. El anuncio ocurre en medio de la tensión política generada por las acusaciones contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y sus nexos con “Los Chapitos” y el Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum refirió que aprovechará el periodo extraordinario que abrirá el Congreso de la Unión con motivo de la reforma para pasar la elección judicial al 2028, para presentar esta medida.
De aprobarse la propuesta se crearía una Comisión de Verificación a cargo del INE que colaborará con instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), así como con las instancias estatales, para poder identificar riesgos entre los postulados por los partidos.
De aprobarse la propuesta se crearía una Comisión de Verificación a cargo del INE que colaborará con instituciones como la Fiscalía
General de la República (FGR), así como con las instancias estatales, para poder identificar riesgos entre los postulados por los partidos
La mandataria justificó que la reforma se presenta tras hallarse casos en donde presidencias municipales se vincularon con los grupos criminales, como se encontró a inicio del sexenio en algunas entidades del Estado de México, posteriormente en los municipios de Teuchitlán y Tequila, Jalisco, y finalmente lo que se dio a conocer ayer en el marco de
la Operación Enjambre.
La medida
La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, indicó que se centrará a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
Dependerá del INE, se integrará
por cinco de los consejeros electorales y que serán votados por un periodo de tres años.
Los partidos deberán entregar a la comisión la lista de sus aspirantes, para que se consulte con la FGR, CNI, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que éstas determinen si existe algún tipo de riesgo.
Sheinbaum: no tenemos obligación legal de vigilar a acusados por EU
Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Aunque el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con protección del gobierno y está en esa entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en el caso de los otros requeridos por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, su administración no tiene ninguna obligación legal para tener vigilancia sobre ellos.
A partir de la investigación que hace el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre exfuncionarios mexicanos, la presidenta indicó que se activó una ficha roja de Interpol para su detención en otros países, en caso de que escapen de territorio mexicano. “Hay una orden de aprehensión por parte del Gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerte en fichas rojas por
parte de la Interpol, eso es del Gobierno de Estados Unidos. Si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos”, expuso en la conferencia mañanera.
La mandataria defendió también que su administración no tendría por qué mantener contacto directo con los acusados en Estados Unidos a quienes tampoco le dan protección como la que ofrecen a Rocha Moya que es, a decir de la presidenta, para preservar su vida como se preservaría la de cualquier otro mexicano.
Esta protección desde el gobierno, dijo la presidenta, fue solicitada por Rocha y, de acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue sugerida por el Gabinete de Seguridad.
Esta mañana la mandataria mexicana también afirmó que la seguri-
dad que se le da a Rocha Moya es de la Guardia Nacional, mientras que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, indicó que se trata de protección estatal.
Recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación que deberán desarrollar, “pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular con las otras personas”.
En torno a Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, ambos de Sinaloa, que se entregaron a autoridades en Estados Unidos, insistió en no saber las razones de por qué lo hicieron.
“Ellos decidieron entregarse, las dos personas entraron en contacto con Estados Unidos” y agregó: “Allá sabrán ellos por qué se entregaron”.
Al mismo tiempo, cuestionó para qué su gobierno tendría comunicación
con el resto de investigados en Estados Unidos por ligas con el crimen organizado, aunque en México se abrió una carpeta de investigación contra Rocha y los otro nueve señalados. También descartó que deba solicitar información sobre esta investigación al gobierno de Estados Unidos porque se trata, reiteró, de una solicitud de “una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Dalila
Citlalli Zoé Sánchez Ciudad de México (Cimacnoticias)
Aunque para especialistas en medicina y derecho sería importante regular la subrogación de vientres, sobre todo para garantizar que no se explote a mujeres con ella, legisladores y legisladoras locales han dejado de lado la discusión
Mientras que en Sinaloa se permite y en Coahuila está prohibida, en Durango la gestación subrogada carece de un marco legal. Actualmente, existen pocas probabilidades de que, a corto plazo, surja una postura clara al respecto.
Aunque diversas voces coinciden en la necesidad de legislar, en el Congreso del Estado el asunto no es prioritario; incluso, tampoco ha sido integrado formalmente en la agenda de los colectivos feministas. Pese a las advertencias de que la «renta de vientres» podría ocurrir en la clandestinidad —exponiendo a mujeres en situación vulnerable a ser víctimas de delitos—, esto no ha sido un factor determinante para analizar el tema con seriedad.
Iniciativa que no prosperó
El 8 de marzo de 2022, la entonces diputada local por Morena Marisol Carrillo Quiroga presentó una iniciativa de reforma al Código Civil de Durango con el objetivo de brindar un marco legal a la maternidad subrogada.
Dicha reforma no prosperó y la legisladora solo leyó su iniciativa, la cual ni siquiera pasó a la Comisión de Justicia para su análisis.
— Se quedó en la congeladora. Se votó en contra, ni siquiera pudo pasar. Fue nada más una narrativa-, recuerda.
A cuatro años de aquella presentación, Carrillo Quiroga comparte que su principal objetivo era regular esta actividad, sobre todo por el riesgo a la salud, tanto física como mental, implica para las mujeres, además de que se podrían exponer a ser víctimas de algún delito.
Desde su punto de vista, pasará mucho tiempo más para que se hable de este asunto en el Palacio Legislativo duranguense.
— Son prejuicios, es miedo… en Durango se ponen muchas éticas cerradas-, considera.
No figura en agenda legislativa
La diputada local del PRI Sughey Torres declara que en estos momentos la maternidad subrogada no está en su agenda legislativa como grupo parlamentario, pues se le ha dado prioridad a otros temas que interesan a la ciudadanía, como educación y seguridad.
— Sí recuerdo que en la Legislatura pasada hubo un pronunciamiento acerca del tema. Por supuesto que si se dan las condiciones hay que trabajar. Aquí en el Congreso del Estado tenemos toda la apertura de cualquier tema-, señala.
Al ser un asunto de salud, dijo que sí requiere regulación, aunque habría que ver cuál es la estadística en
Vientres subrogados, un tema no prioritario en Durango
Durango de personas que quieran usar ese método.
Por su parte, el legislador panista Fernando Rocha Amaro, subraya que en su partido están a favor de la familia tradicional y la vida.
— Con estos temas siempre habrá pronunciamientos tanto a favor como en contra, no es un tema que se deba tomar a la ligera, lo principal es salvaguardar a los niños y la dignidad de las mujeres-, expresa.
El diputado local establece que él está a favor de que se regule la actividad, pero aclara que por parte de su partido no tienen pensado presentar alguna iniciativa al respecto.
En lo que compete a Morena, se solicitó una entrevista con Sandra Amaya Rosales, tres veces diputada local, quien se negó con el argumento de que “no traía el tema”.
Sandra Amaya, legisladora local de Morena, prefirió no hablar de la subrogación de vientres. Crédito: Facebook
Tema poco prioritario
La maternidad subrogada tampoco ha sido prioritaria para los colectivos feministas en Durango, pase a que es un asunto que involucra directamente a las mujeres. Incluso, no hay una postura unánime al respecto.
Julieta Hernández Camargo, presidenta de la Asociación de Sí Hay Mujeres en Durango, se pronuncia a favor de que exista un marco normativo de los llamados “vientres de alquiler”, esto para evitar la clandestinidad.
La activista Julieta Hernández expuso que regular la gestación subrogada evitaría posibles casos de explotación de mujeres. Crédito: Facebook
Manifiesta que en la actualidad México se ha convertido en un punto de “turismo reproductivo”, donde personas extranjeras vienen a buscar a mujeres sin recursos económicos con el objetivo de contratarlas para la maternidad subrogada.
— Sí se da la desigualdad y la explotación de las mujeres. Es mejor
que se den reglas claras de cómo hacerlo-, señala la activista. Jennifer de la Torre, activista feminista, reconoce que por parte de los colectivos no han impulsado el tema en el Congreso local, como lo hicieron con la despenalización del aborto, que no ha sido aprobada por legisladoras y legisladores locales.
— En lo personal a mí me gustaría que fuera una ley prohibitiva, en donde no se permita el uso de los vientres de alquiler como una forma de mercantilizar los cuerpos de las mujeres, pero al final esperamos que se pongan las reglas claras-, dice.
Ambas activistas coincidieron en no conocer, hasta ahora, casos locales de rentas de vientres documentados.
No hay clínicas especializadas
La maternidad subrogada se realiza mediante técnicas de reproducción asistida, como lo es la fertilización in vitro convencional, pero también la Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI) y la Inyección Fisiológica Intracitoplasmática de Espermatozoides (PICSI), estas dos últimas, ameritan una mayor tecnología.
En Durango no se cuenta con la infraestructura para realizar estos tratamientos especializados, según indica Janeth Corral Macías, vicepresidenta del Colegio de Ginecología y Obstetricia en la capital del estado.
Dice que, en la mayoría de los casos, las pacientes con problemas de fertilidad y que buscan tratamientos más avanzados se van a otras partes del país, por ejemplo, Mazatlán, Sinaloa.
— Este tema (maternidad subrogada) evidentemente también es un tema ético que se debe poner sobre la mesa, porque no solo estamos hablando del derecho reproductivo de la mujer que desea tener un bebé, sino del riesgo reproductivo que tiene la paciente que está subrogando el útero, generalmente estas mujeres son pagadas-, sostiene.
La doctora agrega que como gremio estarían en la mejor disposición
de participar en mesas de trabajo con vías a establecer un marco legal a la maternidad subrogada.
De acuerdo a la información que brinda la página del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, en la ciudad de Durango solo hay cuatro especialistas en biología de la reproducción humana con certificación. En Gómez Palacio, que es el segundo municipio en población, no hay ninguno.
Sin embargo, datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) indican que, de enero de 2004 a marzo de 2026, no se dieron licencias sanitarias relacionadas con reproducción asistida en el estado. En Sinaloa, entidad vecina donde sí está regulada la práctica, existen siete clínicas con autorización federal.
Si no está prohibido, ¿está permitido?
Ante la falta de leyes, surge la duda sobre la validez de los contratos civiles. Eduardo Favela, director del Bufete Jurídico de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), puntualiza que cualquier acuerdo de este tipo en la entidad estaría en la ilegalidad.
El académico Eduardo Favela señaló que la subrogación se tendría que restringir para evitar que la gestación se vea como un comercio. Crédito: Citlalli Zoé Sánchez
Subraya que, al existir una compensación económica, podría interpretarse como un trato comercial sobre la vida humana.
— Al no estar regulado, no hay forma de saber qué destino real tendrá ese bebé al nacer-, explica.
Para el jurista es indispensable un marco legal que proteja a la mujer gestante, a los padres de intención y, sobre todo, garantice el bienestar de las infancias.
Recuerda que la única vía para adoptar es mediante el DIF, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Hasta el último corte brindado por el DIF Estatal, en el presente sexenio 2022-2028 iban 42 adopciones, además, 21 niños y niñas, entre 5 y 17 años de edad, estaban en posibilidad de ser adoptados, sin embargo, la mayoría de las parejas o personas solteras buscan bebés.
Hace unas semanas, la bancada del PAN presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Adopciones del Estado de Durango. La propuesta busca agilizar los trámites administrativos y garantizar el acompañamiento necesario a las mujeres que decidan entregar a su hijo o hija en adopción después del parto.
** Este trabajo fue realizado bajo la coordinación y propuesta de la Comisión de Investigación de la Red Nacional de Periodistas (RNP).
Viernes 22 de Mayo de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
VIENTRES SUBROGADOS, UN TEMA NO PRIORITARIO EN DURANGO
Citlalli Zoé Sánchez
Aunque para especialistas en medicina y derecho sería importante regular la subrogación de vientres, sobre todo para garantizar que no se explote a mujeres con ella, legisladores y legisladoras locales han dejado de lado la discusión Mientras que en Sinaloa se permite y en Coahuila está prohibida, en Durango la gestación subrogada carece de un marco legal. Actualmente, existen pocas probabilidades de que, a corto plazo, surja una postura clara al respecto.
Aunque diversas voces coinciden en la necesidad de legislar, en el Congreso del Estado el asunto no es prioritario; incluso, tampoco ha sido integrado formalmente en la agenda de los colectivos feministas. Pese a las advertencias de que la «renta de vientres» podría ocurrir en la clandestinidad —exponiendo a mujeres en situación vulnerable a ser víctimas de delitos—, esto no ha sido un factor determinante para analizar el tema con seriedad.
Iniciativa que no prosperó
El 8 de marzo de 2022, la entonces diputada local por Morena Marisol Carrillo Quiroga presentó una iniciativa de reforma al Código Civil de Durango con el objetivo de brindar un marco legal a la maternidad subrogada.
Dicha reforma no prosperó y la legisladora solo leyó su iniciativa, la cual ni siquiera pasó a la Comisión de Justicia para su análisis.
— Se quedó en la congeladora. Se votó en contra, ni siquiera pudo pasar. Fue nada más una narrativa-, recuerda.
A cuatro años de aquella presentación, Carrillo Quiroga comparte que su principal objetivo era regular esta actividad, sobre todo por el riesgo a la salud, tanto física como mental, implica para las mujeres, además de que se podrían exponer a ser víctimas de algún delito.
Desde su punto de vista, pasará mucho tiempo más para que se hable de este asunto en el Palacio Legislativo duranguense.
— Son prejuicios, es miedo… en Durango se ponen muchas éticas cerradas-, considera.
No figura en agenda legislativa
La diputada local del PRI Sughey Torres declara que en estos momentos la maternidad subrogada no está en su agenda legislativa como grupo parlamentario, pues se le ha dado prioridad a otros temas que interesan a la ciudadanía, como educación y seguridad.
— Sí recuerdo que en la Legislatura pasada hubo un pronunciamiento acerca del tema. Por
supuesto que si se dan las condiciones hay que trabajar. Aquí en el Congreso del Estado tenemos toda la apertura de cualquier tema-, señala.
Al ser un asunto de salud, dijo que sí requiere regulación, aunque habría que ver cuál es la estadística en Durango de personas que quieran usar ese método.
Por su parte, el legislador panista Fernando Rocha Amaro, subraya que en su partido están a favor de la familia tradicional y la vida.
— Con estos temas siempre habrá pronunciamientos tanto a favor como en contra, no es un tema que se deba tomar a la ligera, lo principal es salvaguardar a los niños y la dignidad de las mujeres-, expresa.
El diputado local establece que él está a favor de que se regule la actividad, pero aclara que por parte de su partido no tienen pensado presentar alguna iniciativa al respecto.
En lo que compete a Morena, se solicitó una entrevista con Sandra Amaya Rosales, tres veces diputada local, quien se negó con el argumento de que “no traía el tema”.
Tema poco prioritario
La maternidad subrogada tampoco ha sido prioritaria para los colectivos feministas en Durango, pase a que es un asunto que involucra directamente a las mujeres. Incluso, no hay una postura unánime al respecto.
Julieta Hernández Camargo, presidenta de la Asociación de Sí Hay Mujeres en Durango, se pronuncia a favor de que exista un marco normativo de los llamados “vientres de alquiler”, esto para evitar la clandestinidad.
Manifiesta que en la actualidad México se ha convertido en un punto de “turismo reproductivo”, donde personas extranjeras vienen a buscar a mujeres sin recursos económicos con el objetivo de contratarlas para la maternidad subrogada.
— Sí se da la desigualdad y la explotación de las mujeres. Es mejor que se den reglas claras de cómo
hacerlo-, señala la activista.
Jennifer de la Torre, activista feminista, reconoce que por parte de los colectivos no han impulsado el tema en el Congreso local, como lo hicieron con la despenalización del aborto, que no ha sido aprobada por legisladoras y legisladores locales.
— En lo personal a mí me gustaría que fuera una ley prohibitiva, en donde no se permita el uso de los vientres de alquiler como una forma de mercantilizar los cuerpos de las mujeres, pero al final esperamos que se pongan las reglas claras-, dice. Ambas activistas coincidieron en no conocer, hasta ahora, casos locales de rentas de vientres documentados.
No hay clínicas especializadas
La maternidad subrogada se realiza mediante técnicas de reproducción asistida, como lo es la fertilización in vitro convencional, pero también la Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI) y la Inyección Fisiológica Intracitoplasmática de Espermatozoides (PICSI), estas dos últimas, ameritan una mayor tecnología.
En Durango no se cuenta con la infraestructura para realizar estos tratamientos especializados, según indica Janeth Corral Macías, vicepresidenta del Colegio de Ginecología y Obstetricia en la capital del estado.
Dice que, en la mayoría de los casos, las pacientes con problemas de fertilidad y que buscan tratamientos más avanzados se van a otras partes del país, por ejemplo, Mazatlán, Sinaloa.
— Este tema (maternidad subrogada) evidentemente también es un tema ético que se debe poner sobre la mesa, porque no solo estamos hablando del derecho reproductivo de la mujer que desea tener un bebé, sino del riesgo reproductivo que tiene la paciente que está subrogando el útero, generalmente estas mujeres son pagadas-, sostiene.
La doctora agrega que como gremio estarían en la mejor disposición de participar en mesas de trabajo con vías a establecer un marco legal a la maternidad subrogada. De acuerdo a la información que brinda la página del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, en la ciudad de Durango solo hay cuatro especialistas en biología de la reproducción humana con certificación. En Gómez Palacio, que es el segundo municipio en población, no hay ninguno.
Sin embargo, datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) indican que, de enero de 2004 a marzo de 2026, no se dieron licencias sanitarias relacionadas con reproducción asistida en el estado. En Sinaloa, entidad vecina donde sí está regulada la práctica, existen siete clínicas con autorización federal.
Si no está prohibido, ¿está permitido?
Ante la falta de leyes, surge la duda sobre la validez de los contratos civiles. Eduardo Favela, director del Bufete Jurídico de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), puntualiza que cualquier acuerdo de este tipo en la entidad estaría en la ilegalidad.
Subraya que, al existir una compensación económica, podría interpretarse como un trato comercial sobre la vida humana. — Al no estar regulado, no hay forma de saber qué destino real tendrá ese bebé al nacer-, explica.
Para el jurista es indispensable un marco legal que proteja a la mujer gestante, a los padres de intención y, sobre todo, garantice el bienestar de las infancias.
Recuerda que la única vía para adoptar es mediante el DIF, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Hasta el último corte brindado por el DIF Estatal, en el presente sexenio 2022-2028 iban 42 adopciones, además, 21 niños y niñas, entre 5 y 17 años de edad, estaban en posibilidad de ser adoptados, sin embargo, la mayoría de las parejas o personas solteras buscan bebés.
Hace unas semanas, la bancada del PAN presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Adopciones del Estado de Durango. La propuesta busca agilizar los trámites administrativos y garantizar el acompañamiento necesario a las mujeres que decidan entregar a su hijo o hija en adopción después del parto. ** Este trabajo fue realizado bajo la coordinación y propuesta de la Comisión de Investigación de la Red Nacional de Periodistas (RNP).
DIPUTADOS VETAN LA TRANSPARENCIA EN LA SELECCIÓN DEL INE
Julieta del Río
La decisión del Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados de reservar por cinco años la información relacionada con todo el proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) evidencia, y mostró, la falta de voluntad para aplicar la ley y el principio de máxima publicidad. La clasificación adoptada resulta incorrecta y desproporcionada frente a las exigencias del marco normativo en materia de acceso a la información.
Ante la presión social y mediática, así como los señalamientos de expertos, se logró que anunciaran la elaboración de “versiones públicas”.
El Comité determinó reservar la totalidad del proceso por cinco años, incluyendo expedientes, evaluaciones y exámenes de los participantes, lo cual implicaba una restricción amplia e indiscriminada del acceso a la información en un procedimiento de alto interés público, directamente vinculado con la integración de la autoridad encargada de organizar las elecciones en México.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la clasificación de información debe ser siempre excepcional, parcial y debidamente justificada, nunca absoluta.
Bajo el principio de proporcionalidad, únicamente pueden reservarse aquellos elementos cuya difusión pueda generar un daño específico y comprobable (lo que, en su caso, se limitaría a datos personales o información confidencial), además de que el proceso ya concluyó.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 112, señala las causales que permiten clasificar información como reservada cuando su difusión pueda comprometer procesos deliberativos en curso, afectar la conducción de procedimientos administrativos o causar un daño presente,
probable y específico a intereses públicos protegidos por la ley. Ninguno de estos supuestos resulta aplicable a un proceso que se realizó mediante convocatoria pública, con la finalidad de elegir a los integrantes de un órgano constitucional autónomo.
También deben acreditar la prueba de daño, es decir, demostrar que la divulgación de la información generaría un perjuicio mayor al interés público que deriva de su conocimiento. Los argumentos vertidos por el Comité de Transparencia no cumplen con ese requisito.
La determinación de reservar esta información genera cuestionamientos legítimos. Se trata de un procedimiento directamente vinculado con la integración de un órgano constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones en México y llevado a cabo por una Cámara de Diputados que se erige como recinto de la democracia, donde se formulan leyes, decretos y se designa a integrantes de diversas instituciones y organismos del Estado.
Ahora incluso citan que actuaron con base en criterios del “INAI”. Sin embargo, existe el antecedente del recurso RRA 12249/20, donde el INAI ordenó transparentar las calificaciones de aspirantes a consejeros del INE, diferenciándolas del contenido íntegro de los exámenes. También está el recurso RRA 10405/20, en el que se instruyó al INE a realizar una nueva búsqueda exhaustiva sobre 16 variables de datos relacionadas con aspirantes, precandidaturas y candidaturas de distintos procesos electorales. Que no se confunda la opinión pública: hay antecedentes y criterios claros.
En este tipo de procesos, lo jurídicamente procedente sería reservar únicamente los datos personales o la información confidencial, generando una versión pública del expediente que permita el control ciudadano sin vulnerar derechos individuales.
Esperemos sus versiones públicas para verificar si realmente cumplen con el principio de transparencia y no intentan, nuevamente, evadir el escrutinio público.
La discusión no es únicamente jurídica, sino también institucional. La pregunta central es si la reserva total del proceso fortalece la integridad de la elección o si, por el contrario, restringe el escrutinio público sobre decisiones fundamentales para la democracia mexicana.
En el caso de la Cámara de Diputados, la autoridad garante competente es la Contraloría Interna del Congreso de la Unión. El recurso de revisión puede presentarse de manera presencial ante la Unidad de Transparencia, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia o por escrito ante la propia Contraloría Interna, quien deberá sustanciarlo conforme a sus atribuciones.
Ante la resolución que emita la Contraloría Interna (en su carácter de autoridad garante de la Cámara de Diputados) procede el juicio de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito Especializados en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Judicial de la Federación. Este mecanismo constitucional de control constituye la vía idónea para impugnar resoluciones en materia de acceso a la información que sean contrarias a derecho, garantizando así que el principio de máxima publicidad no quede supeditado a decisiones administrativas que vulneren el derecho fundamental a la información.
La lección de todo este tema es que ya no es tan fácil ocultar la información. Las redes sociales y los medios de comunicación permiten abrir aquello que antes se mantenía cerrado.
La ciudadanía hoy tiene más herramientas para cuestionar, verificar y exigir transparencia.
CUENTAN que el gobernador de Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de las Senadoras del Morena, Edith López Hernández y Sasil Dora Luz De León Villard, fueron invitados a comer en el municipio de Chamula y ¿qué creen?
Cuando les colocaron sobre la mesa el primer plato con una preciosa RATA AHUMADA en caldo, SASIL puso cara de espantada y con asco, como ustedes podrán apreciar muy bien en la fotografía de hoy…
CUENTAN…
Con todo respeto:
Sasil, seguramente esperaba unas “rodajas generosas de pavo
Irlandés, sobre un espejo de alcachofas del pacífico asiático”…
¿Quién ordenó estar tan pendiente de los comportamientos hasta mínimos, de Sasil en un medio rural indígena y además, obtener evidencias gráficas?
¿A quién se le ocurrió sugerir ese exótico y exquisito menú tsotsil?
El gober OERA ¿acaso ya anda en “vueltas de tanteo político rumbo al 2030”, placeando y quemando, no olvidemos que él afirma estar “curtido en política”… Ah! Ojalá y para la otra salida del gober OERA con Sasil, no se les vaya a ocurrir la travesura de servirle para comer, “víbora negra en salsa de tomate verde”…
MUJERES MIGRANTES SOSTIENEN LA VIDA EN LA FRONTERA SUR PESE A VIOLENCIA
Jhenyfeer Farrera
En la frontera sur de México, las mujeres migrantes continúan enfrentando violencia institucional, precariedad y riesgos diferenciados mientras sostienen redes de cuidado y supervivencia en contextos marcados por la militarización y las políticas de contención migratoria.
Frente a este escenario, la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración ha consolidado durante los últimos años una agenda regional enfocada en visibilizar las violencias específicas que atraviesan las mujeres en movilidad y en defender el derecho al libre tránsito desde una perspectiva de género y derechos humanos.
La organización regional advirtió recientemente que, pese a que México cuenta con tratados internacionales y marcos jurídicos amplios para la protección de mujeres, personas refugiadas y población migrante, persiste una brecha significativa entre la legislación y su aplicación efectiva en territorios fronterizos.
El informe Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana en México, documenta que las mujeres migrantes continúan enfrentando obstáculos estructurales como revictimización institucional, barreras de acceso a justicia, discriminación y falta de atención integral.
“La movilidad humana en la región mesoamericana no ocurre
en condiciones neutrales”, señala el análisis impulsado por la Red. Muchas mujeres migran huyendo del feminicidio, violencia doméstica, persecución criminal, pobreza extrema o desplazamiento territorial, pero al llegar a México encuentran nuevas formas de vulnerabilidad relacionadas con la burocracia migratoria, la violencia institucional y la precarización cotidiana.
En estados fronterizos como Chiapas, estas condiciones se profundizan debido a la saturación de servicios, el aumento de operativos migratorios y la prolongación de los tiempos de espera para regularización o solicitudes de asilo.
La Red Mesoamericana sostiene que las políticas de contención migratoria implementadas en la región han incrementado los riesgos para mujeres y niñas en tránsito, particularmente en materia de violencia sexual, explotación laboral y acceso limitado a servicios de
salud sexual y reproductiva. Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el subregistro sistemático de mujeres migrantes víctimas de violencia. De acuerdo con el documento, muchos sistemas institucionales no incorporan adecuadamente la condición migratoria dentro de sus mecanismos de registro, lo que dificulta dimensionar el impacto real de la violencia basada en género en contextos de movilidad humana.
La organización también alertó sobre la creciente feminización de la migración regional. Entre 2019 y 2025, las mujeres representaron el 30 por ciento de la población migrante irregular, frente al 22 por ciento registrado en años anteriores. Además, en 2025 constituyeron el 45 por ciento de las nuevas solicitudes de asilo en México.
Para defensoras y organizaciones territoriales, estos datos evidencian que las mujeres ya no ocupan un lugar secundario den-
tro de los procesos migratorios regionales, sino que forman parte central de una movilidad atravesada por desigualdad, violencia y estrategias de supervivencia. Ante este panorama, la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración ha impulsado redes de acompañamiento comunitario, asesoría jurídica y atención psicosocial en distintos puntos de la región mesoamericana, además de acciones de incidencia enfocadas en libre tránsito, acceso a salud, protección internacional y derechos de mujeres migrantes.
Las recomendaciones presentadas por el informe incluyen fortalecer vías migratorias seguras, incorporar perspectiva de género en procesos judiciales y mejorar los sistemas de registro institucional para reconocer adecuadamente la condición migratoria de las víctimas.
Sin embargo, para organizaciones y defensoras, el debate va más allá de las reformas técnicas.
En un contexto donde la frontera sur se piensa cada vez más desde la seguridad y la contención, las organizaciones insisten en recordar que las mujeres migrantes no son únicamente población vulnerable, sino sujetas de derechos. Desde México, Guatemala, Honduras, El Salvador; donde convergen movilidad humana, militarización y desigualdad territorial, las redes comunitarias continúan sosteniendo espacios de acompañamiento y resistencia frente a una crisis humanitaria prolongada.
Francisco Ruiz Zuart.
CARTELERA POLÍTICA
Leonel Durante López
• El 95% de los municipios están coludidos con el crimen organizado
• En Chiapas también hace aire y alcaldes hacen de la suya
Para nadie es ajeno que el mayor índice de criminalidad que se registra en México esta radicalizado o, dicho de otra forma, enraizado en una parte en la estructura del gobierno municipal y sin temor a equivocarme el 95% de los alcaldes se encuentran coludidos -de una o de otra forma-, con los grupos delictivos y recalcar que a veces es por “voluntad propia” o “sometidos a esa colaboración”.
Es decir que el 95% de los alcaldes de todo el país son a conveniencia colaboradores del narcotráfico, por las “buenas o por las malas”, como quiera que sea, pero la relación existe entre alcaldes y el valor agregado que se los dan los síndicos, regidores, directores de policías municipales, son colaboradores o cómplices.
El crimen organizado está profundamente enraizado en muchos municipios de México, donde ha logrado capturar y penetrar las estructuras de gobiernos locales.
Esta infiltración se realiza mediante el financiamiento de campañas políticas, la intimidación a actores locales y la imposición de autoridades o policías municipales.
El vocero del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció este miércoles la detención de dos alcaldes de Morelos, uno en funciones y otro que ya concluyó su mandato, como parte de la operación Enjambre, la cruzada del Gobierno, que dirige Claudia Sheinbaum, una operación lanzada en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Combate a la Corrupción, específicamente en contra de presidentes municipales, directores de seguridad pública y otros funcionarios ligados a grupos criminales.
Pero, la realidad es que no es otra cosa que una copia fiel del “michoacanazo” de Genaro García Luna y del propio ex presidente Felipe Calderón en el 2010, reconociendo que la putrefacción está dentro de los municipios que se relacionan con los cárteles y el crimen organizado, lanzó una iniciativa para combatir a aquellos alcaldes que estaban coludidos.
No lo hizo en forma plena, porque se fueron en contra de un grupo de alcaldes que no simpatizaban ni con Felipe Calderón ni con García Luna, encarcelando a 36 funcionarios y alcaldes de Michoacán, ese fue el “michoacanazo”, que al final de cuentas todos salieron libres porque no tuvieron ninguna responsabilidad marcada dentro de sus procesos penales.
Por esa razón, el “michoacanazó” quedó como una de las grandes pifias del calderonismo, pero a pesar que fue una de las grandes pifias el gobierno de la 4T de Claudia Sheinbaum retoma la enseñanza del “maestro” García Luna su alumno Omar García Harfuch para aplicar el mismo modelo para combatir a la delincuencia yendo a la cacería de los grupos del crimen organizado radicados en los municipios.
Este miércoles, García Harfuch anunció un operativo del famoso Operativo Enjambre aplicado en el Estado de México, encarcelando a síndicos, alcaldes, exalcaldes relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.
El mismo Operativo Enjambre se ha aplicado en Jalisco y allá han caído el alcalde de Teuchitlán y el de Tequila.
Ayer se extendió el Operativo en el estado de Morelos y bajo una línea de investigación, dan con un líder criminal Júpiter Araujo Bernad, representante del Cártel de Sinaloa en Morelos quien tenía una red de complicidad de alcaldes de tesoreros de síndicos municipales que los está ponía a trabajar para que cobraran piso a comerciantes, locatarios del mercado, tianguistas, transportistas y de todo gremio que podían sustraer recursos.
Ese operativo pone de manifiesto, que los alcaldes el 95%, de todos los alcaldes del país están coludidos con el narcotráfico de una o de otra forma, involucrados en redes del crimen organizado.
De ahí la importancia que hoy plantea la presidenta Claudia Sheinbaum de una reforma para modificar la Ley electoral, -por fin les “cae el veinte”-, en la que debe haber un comité que revise historial de los personajes que aspiran a ser candidatos a un cargo de elección popular.
Es urgente que en México se establezca un mecanismo para que proteja al electorado para que al momento de que la gente vaya a ele-
gir, los datos tengan la certeza y la garantía de que no hay narco candidatos, ladrones, acosadores, violadores y demás lacras de la sociedad que estén ligados al crimen organizado como ha venido sucediendo históricamente en México.
Ese comité debe revisar las condiciones de los candidatos que aspiran a un cargo de elección popular, su esto se hubiera hecho con mucha anticipación, nunca hubiese llegado Andrés Manuel López obrador a la presidencia ni muchos menos Claudia Sheinbaum, Rubén Rocha Moya, Alfredo Ramírez Bedoya, Alfonso Durazo Montaño.
Nunca hubiesen llegado muchos candidatos que hoy son parte del crimen organizado y que están en el servicio público, de ahí la importancia de darle el beneficio de la duda por lo menos a la presidenta Claudia Sheinbaum, que si quiere hacer que las cosas vayan mejorando en México en torno a que haya mecanismos para proteger al electorado y que no se vayan filtrando para que pasen los narco candidatos a elección popular.
Para esa reforma electoral se va a crear un comité que será elegido en el Instituto Nacional Electoral que tendrá una vigencia de 5 años, 5 personas que van a vigilar y que se supone deben de tener pues probada honestidad, y es aquí donde la puerca torció el rabo, porque será Morena con la ventaja que tiene, de imponer a los más corruptos, deshonestos y fieles a los que les dieron el empleo, más no al pueblo.
Aunque es una iniciativa, creemos que, para recuperar la democracia perdida en México, hay que entender que Morena no quiere dejar el poder y como sea seguirá imponiendo trampas para continuar destruyendo al país, así de sencillo.
Escándalos de corrupción y extorsión en Jiquipilas y Ocozocuautla
En Chiapas se han registrado múltiples detenciones de alcaldes y funcionarios vinculados con carte-
les y grupos del crimen organizado, especialmente entre 2025 y mayo de 2026.
Al menos tres alcaldes en funciones han sido arrestados recientemente por nexos criminales, corrupción y otros delitos graves.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas ha ejecutado órdenes contra diversos ediles por presunta colusión con la delincuencia:
Ernesto Cruz Díaz (Cintalapa): Detenido en enero de 2026 por abuso de autoridad, malversación de recursos y presuntos vínculos con grupos criminales.
José Antonio “N” (Frontera Comalapa): Arrestado en enero de 2025, acusado de nexos con la delincuencia organizada, desaparición forzada de personas, extorsión agravada y homicidio.
Rosember “N” (Bella Vista): Detenido en enero de 2025 por abuso de autoridad y extorsión a pobladores desplazados por la violencia.
Hoy en Chiapas, el Congreso del estado desaforó a la presidenta municipal de Jiquipilas, Blanca Janette Chíu López, por presuntos actos de corrupción y extorsión agravada relacionados con la instalación de una empresa dentro del municipio, mientras que en Ocozocoautla fueron destituidos seis integrantes del ayuntamiento señalados por presuntamente exigir dinero para permitir la ejecución de obras públicas.
Del Montón.
Sí, la infiltración y el control del crimen organizado en los gobiernos municipales es una problemática estructural grave en diversas regiones de México. Las redes delictivas han diversificado sus operaciones, buscando la captura de los gobiernos locales para asegurar impunidad y control territorial. Los grupos criminales logran penetrar las estructuras municipales mediante el financiamiento de campañas electorales. Esto compromete a las administraciones locales desde su origen. Existen amenazas constantes, extorsiones y ataques contra funcionarios, policías municipales y candidatos. Un ejemplo claro de esto se observa en entidades como Morelos, donde autoridades federales (FGR) han documentado la participación de servidores públicos con grupos delictivos. Es así que el 95% de los alcaldes del país se encuentran coludidos -de una o de otra forma-, con los grupos delictivos y recalcar que a veces es por “voluntad propia” o “sometidos a esa colaboración”. * * *Eso es todo por hoy, hasta el domingo próximo primero Dios con más de lo mismo.
