Ayer empezó a circular un mensaje del hijo de Juan Carlos Cal y Mayor Franco, en donde informa el estado de salud que tiene su padre que requiere urgentemente un trasplante de hígado PAG. 2
La presidenta dice que con ella llegaron todas, menos las madres buscadoras.
Tampoco las víctimas de feminicidios que se quedan impunes.
Tampoco están las madres de trabajadoras injustamente despedidas.
Y tampoco están las mujeres que sufren violencia y/o acoso cotidiano.
A dos semanas del arranque de las negociaciones del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), la relación bilateral entre las administraciones de Claudia Sheinbaum Pardo y de Donald Trump atraviesa una fuerte zona de turbulencias
ACCIONES
Eduardo Ramírez inaugura Centros LIBRE en Tuxtla Chico y Cacahoatán para fortalecer la protección de las mujeres
APOYO
Eduardo Ramírez reafirma compromiso con el sector cafetalero de Tapachula
Ayer empezó a circular un mensaje del hijo de Juan Carlos Cal y Mayor Franco, en donde informa el estado de salud que tiene su padre que requiere urgentemente un trasplante de hígado, problema de salud que viene arrastrando desde hace varios años y que vino deteriorando su salud y calidad de vida. La información no generó sorpresa, en razón de que se conoce con anterioridad el problema de salud de Juan Carlos, pero no deja de generar conmoción, saber cómo una persona que se aferra a la vida, se encuentra desprotegido del sistema de salud, como existen miles en Chiapas y millones en todo México. Quienes conocemos a Juan Carlos en su labor política, como articulista de temas centrales para Chiapas y el país o como un amigo, el conocer sus necesidades de salud, provoca un sentimiento de impotencia, debido a que Juan Carlos aún tiene mucho que aportar a Chiapas y su voz no puede ser acallada por la naturaleza, como viene sucediendo. En el viejo régimen del PRI se decía que el problema que
se resuelve con dinero no es problema. Tesis parcialmente cierta, pero que en los problemas de salud encuentra límites, en virtud de que con dinero no siempre resuelves los problemas de salud. Si fuera así entonces los poderosos económicamente nunca fallecerían.
Pero en el caso en particular de Juan Carlos Cal y Mayor, los recursos económicos son una esperanza para que se pueda realizar de manera exitosa un trasplante de hígado, último procedimiento que le queda para seguir con nosotros el bregar diario de un México que ha multiplicado sus problemas y que ha disminuido la esperanza. De un México en donde más de 40 millones de personas que no tienen acceso al sistema de salud, a pesar de que se afirmó que se iba a tener uno mejor que Dinamarca, frase que provoca risa pero que en algunas familias provoca ira y desolación que ven cómo pierden a sus familiares sin poder hacer nada.
En el caso de Juan Carlos Cal y Mayor se convoca a la solidaridad, a la parte más sensible de las personas para ayudar a un crítico del
sistema, un amigo o un conocido, que a su paso ha dejado huellas, y que merece otro final, por su persistencia y por su férrea voluntad que a diario nos dice aquí estoy, y que quienes lo conocen saben que merece estar y continuar por un largo caminar. Sobre todo, porque la vida se tiene prestada y a cualquiera le puede suceder que en un segundo se puede cambiar el destino y no se sabe cuándo se puede necesitar de la solidaridad humana como hoy requiere Juan Carlos Cal y Mayor.
Su hijo escribió un mensaje que de manera solidaria se difunde:
Si te nace colaborar o conoces alguna forma de ayudarnos a difundir, te lo agradeceremos infinitamente.
Datos para el apoyo:
* Banco: Nu México
* A nombre de: Juan Carlos Cal y Mayor Franco
* CLABE: 638180000080302434
* Concepto: Préstamo para Tratamiento
De todo corazón, gracias por su ayuda y por tener a mi papá en sus pensamientos.
Correo electrónico: contrapoderenchiapas@gmail.com
De la Redacción
Tapachula, Chis. (Tribuna)
En el marco de la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Salud para el Bienestar (Coesabi), presidida por el secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz, el órgano homólogo a nivel nacional, y la organización no gubernamental Water Mission, destacaron que en Chiapas existe la unificación del sector salud y esta coordinación ha permitido impulsar proyectos en beneficio de la población.
En representación de la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar (Conasabi), María Eugenia Lozano Torres, la subdirectora de Seguimiento de Acuerdos y Compromisos, Ana Lilia Mosqueda González, reconoció el trabajo conjunto que se realiza en Chiapas entre las instituciones del sector. “El Coesabi ha sabido no sólo coordinar, sino también guiar y orientar técnica y operativamente todas las acciones y a todas las representaciones estatales, municipales y federales, a la sociedad organizada, inclusive ha buscado alianzas internacionales, para impulsar acciones
Noé
Juan Farrera Garzón. Primer Plano Magazine
Ubicado en la comunidad de Reforma de Ocampo, en el municipio de Palenque, el Centro Ecoturístico Cascada El Salto se ha convertido en uno de los destinos naturales más atractivos para quienes buscan una experiencia auténtica entre selva, agua cristalina y aventura. Este rincón de Chiapas destaca por su impresionante caída de agua de más de 20 metros, rodeada de abundante vegetación tropical, senderos naturales y miradores que permiten admirar la fuerza y belleza del paisaje. La cascada se encuentra aproximadamente a 45.9 kilómetros de la ciudad de Palenque, en el ejido Reforma de Ocampo, una zona donde la riqueza de flora y fauna forma parte esencial del atractivo turístico del lugar. Diversos estudios académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas señalan que este espacio posee un importante potencial ecoturístico por su biodiversidad y por las actividades de naturaleza que pueden desarrollarse en la zona, como senderismo, observación de fauna, ciclismo y turismo de aventura.
El recorrido hacia El Salto ya forma parte de la experiencia. El visitante atraviesa paisajes selváticos y caminos rodeados de vegetación
Esta coordinación del sector salud, más la suma de los ayuntamientos, organismos internacionales, asociaciones de la sociedad civil y órganos no gubernamentales, ha permitido impulsar proyectos en beneficio de la población chiapaneca
que sirvan a la salud”, subrayó.
La funcionaria federal recalcó que el Conasabi es testigo del esfuerzo emprendido por el Gobierno de Chiapas para la unificación del sistema de salud y la implementación de estrategias para ejercer la rectoría con el enfoque de optimizar
los recursos humanos, financieros y materiales, respaldando el modelo nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Salud, David Kershenobich, por lo que reiteró que el Conasabi es un aliado para la ejecución de políticas en salud pública.
En ese tenor, el gerente regional de Programas de la organización no gubernamental Water Mission, Kevin Herr, con base en su experiencia en otros países, expresó que en el estado de Chiapas se logra percibir la colaboración interinstitucional “y eso es fundamental para que logremos contribuir con la salud pública y podamos mejorar nuestras comunidades”.
El Coesabi tiene como objetivo impulsar la participación de los sectores público, social y privado para mejorar la calidad de la atención médica, promover políticas de salud pública y garantizar servicios dignos y seguros para las y los chiapanecos. Como parte de las actividades se realizó una visita a la Clínica de Colposcopía del Hospital General de Tapachula, y se abordaron temas prioritarios como la atención a personas en contexto de movilidad, agua segura y fortalecimiento de los servicios de salud en la Región Soconusco.
que anticipan la majestuosidad del sitio. Al llegar, el sonido del agua y el color verde esmeralda de las pozas naturales crean una atmósfera ideal para el descanso, la fotografía y la conexión con la naturaleza. Además, algunos recorridos turísticos incluyen caminatas por andadores, miradores panorámicos, espacios para nadar y actividades como tirolesa, considerada una de las más grandes de Chiapas.
Visitar este destino también implica asumir un compromiso con el entorno. El turismo responsable es fundamental para conservar este ecosistema: evitar dejar basura, no extraer plantas o piedras, respetar los senderos establecidos, no contaminar las aguas y seguir las indicaciones de los guías locales son acciones indispensables para proteger este patrimonio natural.
Asimismo, se recomienda realizar la visita a través de agencias de viajes certificadas y prestadores de servicios turísticos formalmente establecidos, ya que esto garantiza mayor seguridad, recorridos organizados, información confiable y una mejor experiencia para el visitante.
Además, contratar servicios regulados contribuye al desarrollo económico de las comunidades locales y fortalece el turismo sustentable en la región.
Cascada El Salto representa una excelente alternativa para quie -
nes desean descubrir un Palenque diferente, más allá de la zona arqueológica, donde la selva y el agua muestran otra cara del extraordinario patrimonio natural de Chiapas. Es un destino que invita a admirar, respetar y conservar.
la
De
Redacción Cacahoatán, Chis. (Tribuna)
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó los municipios de Tuxtla Chico y Cacahoatán, donde inauguró Centros LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim). En ese marco, destacó que su gobierno trabaja alineado a las políticas de género impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocadas en garantizar los derechos humanos, el bienestar y entornos libres de violencia para niñas, adolescentes y mujeres.
El mandatario señaló que estos espacios especializados fortalecen las acciones encaminadas a brindar protección, asesoría y atención oportuna, con sentido humanista, a las chiapanecas. Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es erradicar la violencia de género, asegurando que se aplica la ley con firmeza contra quienes cometan este tipo de delitos.
“Las mujeres son libres, independientes, trabajadoras, honestas y contribuyen a la economía de las familias. Por ello, se impulsan acciones sensibles para que se sientan acompañadas por su gobierno. Tengan la certeza de que cualquier persona que violente a una mujer se va a topar con la ley. Queremos
De la Redacción
Tapachula, Chis. (Tribuna)
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar entregó apoyos del programa Producción de Café con Humanismo en beneficio de más de 2 mil 500 productoras y productores del municipio de Tapachula. Destacó que la cafeticultura representa una de las actividades económicas más importantes de Chiapas, por lo que uno de los objetivos del gobierno de la Nueva ERA es fortalecer la productividad y ampliar la comercialización del café chiapaneco en México y el extranjero.
En ese contexto, el mandatario enfatizó que se impulsan acciones para apoyar al sector con plantas, insumos y equipamiento, además de brindar asesoría profesional y técnica en los 82 municipios dedicados a la producción cafetalera. Señaló que estas estrategias buscan evitar intermediarios y consolidar un trabajo conjunto que permita mejorar las condiciones laborales, generar empleos, incrementar los ingresos y mantener relaciones comerciales más justas para las y los productores de café.
“Nosotros tenemos el mejor café del mundo porque está hecho en Chiapas. Y quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las productoras y pro-
que Chiapas mantenga el rostro de paz y lo haremos de la mano con todas las mujeres”, manifestó.
En Cacahoatán, también anunció la obra de pavimentación mixta del camino Chespal Viejo–Agua Caliente, que se realizará con una inversión superior a los 20.5 millones de pesos y beneficiará a más de 50 mil habitantes. Indicó que estas acciones contribuyen a fortalecer la prosperidad, la igualdad y la justicia social.
Ramírez Aguilar aseguró que continuará recorriendo las comunidades para escuchar y atender las necesidades de la población, especialmente de quienes más lo necesitan. Reiteró que trabaja con convicción y sin simulaciones, con el propósito de heredar un Chiapas más fuerte, donde todas y todos vivan en armonía y con mayores oportunidades. La secretaria de la Mujer e Igualdad
de Género, Marian Vázquez González, explicó que los Centros LIBRE fueron creados para brindar atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento integral a las mujeres, con el objetivo de garantizarles una vida libre de violencia. Añadió que estos espacios también buscan generar confianza para que denuncien, conozcan sus derechos y puedan vivir con libertad y tranquilidad. De igual forma, invitó a las mujeres a acercarse y difundir los servicios y apoyos disponibles.
El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, afirmó que en Chiapas se trabaja para garantizar el bienestar de niñas, adolescentes y mujeres, mediante acciones orientadas a salvaguardar su seguridad y defender sus derechos. Precisó que los Centros LIBRE abren sus puertas para proteger, escuchar y orientar, pe-
ro también para denunciar a quienes ejercen violencia.
El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, subrayó que la pavimentación mixta de 2.1 kilómetros del camino Chespal Viejo-Agua Caliente en Cacahoatán atiende una demanda de la población y permitirá detonar la economía. En ese marco, dio a conocer que en próximas fechas se concluirán los trabajos de mejoramiento de acceso al Volcán Tacaná; así como el Puente Chapultepec y El Cajón, en Tapachula.
Los presidentes municipales de Tuxtla Chico y Cacahoatán, Julio Enrique Gamboa Altuzar y Víctor Alfonso Pérez Saldaña, respectivamente, coincidieron en que la puesta en marcha de estos centros representa justicia, dignidad y esperanza, además de reflejar el compromiso de un gobierno que escucha y acompaña a las mujeres para que vivan libres, seguras y con mayores oportunidades.
Las tejedoras de la Patria, Voz y Fuerza de las Mujeres de Tuxtla Chico y Cacahoatán, Anahieli Herrera Méndez y Virginia Pérez Gálvez, reconocieron el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con la defensa de los derechos de las mujeres y el fortalecimiento de la seguridad en Chiapas. Exhortaron a las mujeres a alzar la voz, denunciar y acercarse a los Centros LIBRE para recibir apoyo y acompañamiento.
ductores, trabajemos para que juntos podamos fortalecer la actividad cafetalera, pero, sobre todo, para que tengan mayores ingresos en sus hogares. Eso es lo que nosotros queremos”, manifestó.
Ramírez Aguilar afirmó que continuará sumando esfuerzos con las autoridades de Tapachula y de los municipios de la región Soconusco para concretar programas y proyectos que contribuyan al bienestar y la prosperidad compartida. Asimismo, convocó a reforzar la coordinación y la cooperación interinstitucional en materia de protección civil, así como atender las recomendaciones preventivas ante el próximo inicio de la temporada de lluvias.
El director general del Instituto del Café de Chiapas, Jorge Baldemar Utrilla Robles, informó que, gracias a la mezcla de recursos, en esta ocasión se fortaleció a más de 2 mil 500 productoras y productores de Tapachula, dando cumplimiento al compromiso del gobernador de llevar bienestar y prosperidad a los sectores productivos, quienes, dijo, ahora pueden trasladarse y levantar sus
cosechas con mayor tranquilidad.
El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, destacó que esta estrategia fortalece una de las actividades más emblemáticas y productivas de Chiapas. Añadió que el programa representa justicia social, acompañamiento institucional y una visión humanista para fortalecer al campo chiapaneco.
En representación de las personas beneficiarias, Isalda Sánchez Tovar agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por visitar esta comunidad y entregar personalmente los apoyos y herramientas a las y los productores, los cuales, señaló, serán de gran utilidad para fortalecer las próximas cosechas y mejorar la comercialización del café. También resaltó que las y los caficultores se sienten orgullosos de su trabajo, ya que el café chiapaneco es reconocido a nivel nacional e internacional y forma parte de la vida cotidiana de muchas personas.
En esta ocasión se realizó la entrega de 300 mil plantas de café de variedades mejoradas para la renovación de cafe-
tales, seis paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros viveros de café, 850 paquetes de herramientas para labores culturales en cafetales, en coordinación con el municipio de Tapachula, y 50 despulpadoras de café. Cabe mencionar que la meta a nivel estatal es invertir más de 103 millones 735 mil pesos mediante la entrega de 6.2 millones de plantas, 80 paquetes de insumos y semilleros, 5 mil 417 paquetes de herramientas y mil 300 despulpadoras, así como la realización de 600 capacitaciones, 300 servicios de cata y cuatro eventos de barismo, en beneficio de 25 mil 807 productoras y productores de distintas regiones.
Diana Lastiri CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La Fiscalía General de la República (FGR) ahora investiga si las autoridades de Chihuahua invadieron competencias federales en el operativo para asegurar un narcolaboratorio en el que participaron agentes estadunidenses, probablemente de la CIA.
La FGR informó que la indagatoria que inició sobre el narcolaboratorio derivó de una llamada telefónica de autoridades de la Fiscalía General de Chihuahua del 18 de abril, dos días después del operativo en el que fallecieron dos agentes estadunidenses.
Acusó que los agentes estatales no entregaron con cadena de custodia el laboratorio, los indicios o las sustancias dentro del lugar, lo que consta dentro de la carpeta federal.
Por ello, afirmó, los elementos ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron el aseguramiento del lugar previa elaboración de un acta circunstanciada en la que anotaron las anomalías.
“El lugar se mantiene resguardado por fuerzas federales y que no ha sido desmantelado, ya que actualmente se encuentra en curso el proceso de destrucción y traslado de las sustancias y los objetos encontrados, en cumplimiento al marco normativo aplicable y bajo las condiciones más seguras para el personal interviniente. Lo más destacable al respecto es reiterar que la FGR trabaja en el es-
La FGR informó que la indagatoria que inició sobre el narcolaboratorio derivó de una llamada telefónica de autoridades de la Fiscalía General de Chihuahua del 18 de abril, dos días después del operativo en el que fallecieron dos agentes estadunidenses
clarecimiento de los hechos para dar con las personas responsables que participaron en los mismos”, dijo.
Por separado, la FGR abrió una carpeta de investigación por delitos en materia de seguridad nacional, misma que se encuentra en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos.
Ayer, Proceso informó que 40 de los 47 funcionarios de Chihuahua que fueron citados a declarar ante la FGR, y que participaron en el operativo, ya acudieron ante el ministerio público federal.
La FGR precisó que los siete fal-
tantes no asistieron a las citas que les fueron fijadas, por lo que ya fueron convocadas nuevamente para recabar sus entrevistas en los próximos días.
Explicó que la Federación tiene competencia exclusiva para investigar, perseguir y sancionar delitos relacionados con delincuencia organizada, como es el caso de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas como el que fue objeto del operativo de Chihuahua.
“La conducción de la política exterior, al igual que las funciones en materia de seguridad nacional, son
atribuciones exclusivas del Gobierno de la República y a las entidades federativas les está prohibido celebrar alianza, tratado o coalición con cualquier otro Estado o país”, enfatizó.
“Dichas circunstancias abrieron una nueva línea de investigación, con el fin de determinar si con motivo del operativo realizado los días 17 y 18 de abril, la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua, invadió la competencia federal y si es que ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales”.
A una semana del desplazamiento masivo de 668 personas de al menos cinco localidades del municipio de Apatzingán, el Gobierno del Estado sólo ha censado a diez familias para su atención.
Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno en Michoacán, justificó el bajo número al referir que las visitas en campo que se están realizando son complejas por motivos de seguridad.
“Tenemos algunas familias detectadas, pocas de momento, pero se está levantando el censo”, apuntó el funcionario quien confirmó en diez el número de familias que se tienen detectadas, todas ellas en la cabecera municipal.
La madrugada del cinco de mayo, se registró el desplazamiento masivo
debido a que los grupos delincuenciales que se disputan el territorio, reactivaron sus hostilidades tras ?la determinación tomada por las autoridades para retirar la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) ubicada en la localidad de Acatlán, conforme lo reportó el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA).
Al respecto Zepeda aseguró que la BOI “es itinerante, regresará, no puede estar fija nada más ahí, da rondines, va viene y regresa, estamos en un trabajo coordinado también con las comunidades, ellos conocen muy bien la operatividad”.
Los reportes del OSHRA refieren que el desplazamiento masivo fue de habitantes de las comunidades
de Cueramato, Guanajuatillo, El Mezquital, Holanda y Los Laureles, aunque no descartan afectaciones
para quienes
Jueves 14 de Mayo de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Link: https://issuu.com/danteoliveyro/docs/contrapoder_edici_n_3368
CHIAPAS
“No estoy de acuerdo” con dichos de Rocha Moya de pactar con el narcotráfico: Sheinbaum
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no está de acuerdo con los planteamientos que en 2021 hizo Rubén Rocha Moya siendo candidato a la gubernatura de Sinaloa, al plantear que realizaría un “pacto” con los grupos del crimen organizado en el estado. La mandataria fue cuestionada en medio de la acusación de Estados Unidos contra el gobernador con licencia por la colaboración con el narcotráfico.
“Yo no estoy de acuerdo con esa posición, que dio en su momento, el candidato a gobernador”, aseguró la mandataria.
Sheinbaum aseguró que en su gobierno nunca se inició una investigación en específico en contra de Rubén Rocha y que la Fiscalía General de la República (FGR) debe informar sobre el curso de la investigación que inició en la gestión de Alejandro Gertz Manero, que concluyó que la fiscalía estatal hizo un montaje sobre el asesinato de Melesio Cuén, quien murió en el contexto de la reunión a la que acudiría también Rocha, con Ismael “El Mayo” Zambada y que resultó en la emboscada que llevó al líder del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos, de acuerdo con la carta que dio a conocer.
-Ha dicho usted que son necesarias las pruebas: En su momento también el gobernador con licencia Rubén Rocha cuando era candidato había dado algunas declaraciones en torno a que
La presidenta fue cuestionada sobre las declaraciones que hizo Rubén Rocha en 2021, cuando era candidato a la gubernatura de Sinaloa, sobre que realizaría un “pacto” con los grupos del crimen organizado en el estado
había que encontrar la forma de coordinarse con el crimen organizado por el tema de cómo pudieran operar y que eso no siempre lo admiten los gobiernos. ¿Eso no constituiría una prueba?
-Pues no, es una opinión de él, yo no estoy de acuerdo. Pero de ahí a decir que eso significa que él tenía acuerdos, pues es muy distinto. Una cosa es una entrevista donde él da una opinión y otra cosa en todo caso son los hechos posteriores, que los tiene que investigar en todo caso si alguien presentó una denuncia o frente a lo que tuviera la Fiscalía de la investigación entonces pues dar sus conclusiones.
“Yo no estoy de acuerdo con esa posición que dio en su momento el candidato a gobernador. Ahora, si hablamos de quiénes son los que tenían relación
con grupos delictivos, pues hay una historia muy larga. Recordó que en el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén, la FGR hizo su investigación y aunque “el gobernador dio su versión de dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo”, la Fiscalía General nunca lo citó a declarar. Por estos señalamientos, dijo, “no hay ninguna investigación en ese entorno contra el gobernador con licencia en Sinaloa de la Fiscalía General de la República. Si hay otra cosa, pues lo tiene que decir la propia Fiscalía. Pero el gobierno no tiene por qué investigar algo que le corresponde a la Fiscalía y que en su momento deliberaron ya las autoridades correspondientes”.
La FGR no le ha informado de los avances en dicha investigación a ca-
si dos años de que se inició. “No estoy informada de si hay una investigación que haya abierto particularmente la Fiscalía sobre ese momento adicional a la que se abrió en su momento” y que ésta apuntara al gobernador con licencia. “Ese es un asunto de la fiscalía, no de la presidenta, porque en el caso federal sí es autónoma la fiscalía y hay coordinación con la fiscal, por supuesto, viene incluso a los gabinetes de seguridad muchos de los días para estar coordinando las acciones para la seguridad del país, pero hay temas que son de la fiscalía, que ya no comparte con la presidenta, pues porque la fiscalía es autónoma”, justificó.
La jefa del Ejecutivo Mexicano expuso que “recientemente vi una nota sobre proceso de la época de Raúl Salinas. Es más, platicamos este de ese tema hace poco con una persona y esa persona me dijo ´checa las notas de proceso de la época de Raúl Salinas de Gortari. Cómo proceso dice que se reunió con algunos personajes de la política de entonces con capos del narcotráfico. Está en proceso, sería bueno ahí que lo revisaras”.
Sin embargo, han sido hechos que no se juzgaron en su momento y ahora tampoco se juzga a los expresidentes ni a sus familias.
AP
CIUDAD DE MÉXICO (AP)
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum negó el miércoles que agentes de la CIA estén operando en México, como reportaron la víspera CNN y The New York Times, y dijo que esas informaciones buscan dañar la imagen de su gobierno tras las tensiones surgidas por la muerte de dos miembros de esa agencia el mes pasado en el estado norteño de Chihuahua.
“Es una ficción del tamaño del universo”, dijo Sheinbaum al rechazar la información que difundió The New York Times que refiere que agentes de la CIA apoyaron con información la operación del 28 marzo en el estado de México donde murió un presunto integrante del Cártel de Sinaloa y su chofer tras la explosión del vehículo en el que se trasladaban. Las autoridades estatales informaron el martes que aún están investigando el accidente.
El reporte del diario estadunidense coincidió con la información que
difundió también el martes la cadena CNN, que señaló que agentes de la CIA facilitaron esas dos muertes.
Sheinbaum aseguró que el objetivo de esas informaciones es transmitir el mensaje de que “la presidenta no está diciendo la verdad”.
Dos miembros de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) murieron el 19 de abril junto con dos funcionarios de la fiscalía de Chihuahua cuando la camioneta en la que viajaban cayó por un barranco en las escarpadas montañas que unen Chihuahua —fronteriza con Texas— y el estado de Sinaloa, donde se había desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.
Tras el accidente el gobierno de Sheinbaum alegó que no había sido informado sobre la presencia en el país de los dos funcionarios estadunidenses fallecidos y aclaró que no estaban autorizados para actuar en territorio mexicano, lo que generó fricciones con la administración de Donald Trump.
La mandataria ratificó en su ha-
bitual conferencia matutina que hay grupos “conservadores” en Estados Unidos y México que “quieren que haya una mala relación” entre los dos gobiernos para alentar “la intervención de Estados Unidos en México” y añadió que “lo importante es que nosotros no caigamos en esa trampa”. Al ser preguntada sobre las afirmaciones que realizó el martes el director de la DEA, Terry Cole, en el Senado estadunidense —donde aseguró que el caso del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Ro -
cha Moya, “es sólo el comienzo”— la mandataria insistió en que Estados Unidos tiene que presentar pruebas contra el político oficialista.
Ellos saben y nosotros sabemos que todo tiene que ser en el marco de respeto de las leyes de ellos y de las leyes de nosotros”, agregó. Rocha Moya, quien se separó temporalmente de su cargo, fue acusado a fines de abril, junto con otros nueve funcionarios mexicanos, de narcotráfico y tenencia ilícita de armas por la fiscalía de Nueva York.
Rodrigo Hernández López CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Una fuente de inteligencia de alto nivel afirmó a Proceso que, horas después de la publicación de esta casa editorial del reporte sobre la vigilancia aérea en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, un helicóptero de las Fuerzas Armadas habría trasladado desde ese recinto a Rubén Rocha Moya junto con dos de sus hijos.
La información fue proporcionada por la misma fuente que dio origen a la nota publicada ayer, en la que se informó que un reporte de inteligencia ubicaba al gobernador con licencia dentro del Palacio de Gobierno de Sinaloa, bajo vigilancia aérea permanente mediante un helicóptero ligero tipo “Little Bird” y al menos seis drones de gran tamaño.
Una fuente de inteligencia de alto nivel afirmó a Proceso que, horas después de que este portal revelara su presencia en el Palacio de Gobierno local, un helicóptero de las Fuerzas Armadas habría sacado de ese recinto a Rubén Rocha Moya junto con dos de sus hijos
De acuerdo con esa primera información, fechada el 11 de mayo, los indicios recabados ubicaban a Rocha Moya en el área de azotea del inmueble oficial. El documento señalaba además que sobre el perímetro del Palacio de Gobierno se mantenía presencia aérea constante durante el día y en distintos horarios de la noche y madrugada.
La nueva comunicación de la fuente sostiene que el traslado aéreo habría ocurrido el mismo 12 de mayo, unas horas después de la difusión de esa información. Según esa versión, junto con Rocha Moya habrían sido trasladados también dos de sus hijos. El reporte anterior en poder de Proceso indica que los hijos de Rocha Moya habían estado refugiados en la Península de Punta Mita, en la Riviera Nayarit. La nueva información refiere
MÉXICO (apro)
Tejiendo Redes Infancia y Reinserta exigieron al Estado mexicano “una respuesta urgente” al reclutamiento forzado de miles de niños, niñas y adolescentes, evidenciado en el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición de personas en México.
Las organizaciones resaltaron que una de las conclusiones del organismo regional alertó que las desapariciones de 18 mil 192 niñas, niñas y adolescentes, al 19 de agosto de 2025, tiene una “relación fundamental” con la actuación del crimen organizado, “con aquiescencia de agentes estatales”.
El documento alerta que el aparente reclutamiento “voluntario” de la niñez y adolescencias, están en realidad motivadas “por pobreza, exclusión, violencia intrafamiliar, violencia sexual, ausencia estatal y búsqueda de pertenencia”.
Las organizaciones destacaron que el informe de la CIDH da cuenta de que los estados en los que se ha detectado reclutamiento forzado a través de ofertas laborales son Nayarit, Jalisco y Zacatecas, en tanto que también hay reclutamiento con distintas estrategias en Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
“Frente a esta realidad, resulta urgente que el Estado mexicano avance en la tipificación del delito autónomo
que dos de ellos ya se encontraban con el mandatario con licencia al momento del presunto traslado.
En esa primera publicación, Proceso informó también que el patrón observado sobre el Palacio de Gobierno correspondía, según el documento, a un esquema de “vigilancia estratégica y disuasión aérea permanente”, y no a un patrullaje convencional.
La fuente añadió que la vigilancia referida en la publicación anterior correspondería a inteligencia de Estados
Unidos y vinculó ese seguimiento con un posible escenario de captura y traslado. Hasta el momento, no existe confirmación pública independiente sobre el presunto traslado aéreo referido por la fuente. Por su parte -ya el día hoy- la gobernadora interina del estado, Yeraldine Bonilla Valverde, negó que Rocha Moya se encuentre en el Palacio de Gobierno y sostuvo que está en su casa. Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados fueron señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en una acusación formal que se hizo pública en Nueva York, en la cual se afirma que colaboraron en el envío masivo de estupefacientes ilícitos a Estados Unidos. Las autoridades afirmaron que los acusados han desempeñado un papel fundamental a la hora de ayudar al Cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.
ONG exigen a México una respuesta urgente ante el reclutamiento forzado de menores de edad
de reclutamiento y utilización por parte del crimen organizado”, exigieron las organizaciones firmantes del posicionamiento.
“Nombrar esta violencia en el marco penal no sólo es indispensable para prevenir, investigar, sancionar y reparar, sino también para generar un piso mínimo institucional que permita construir políticas públicas, mecanismos de protección y estrategias de prevención acordes con la magnitud de la crisis”, agregaron Tejiendo Redes Infancia y Reinserta.
El informe de la CIDH “refleja la expansión de estrategias de captación criminal dirigidos tanto a infancias y adolescencias como a juventudes, en las diversas regiones de nuestro país”, advirtieron Tejiendo Redes Infancia y Reinserta.
Tras recordar que desde hace años las organizaciones habían denunciado la participación del crimen organizado en las desapariciones de personas menores de 17 años, así como la falta de enfoques comunitarios e interculturales de esta población, sobre todo tratándose de niños indígenas.
Tejiendo Redes Infancia y Reinserta destacaron que la CIDH logró documentar a través de testimonios de víctimas sobrevivientes, que muchas de las desapariciones de adolescentes están vinculadas a “ofrecimientos económicos o promesas vinculadas al uso
de armas”, y que algunos jóvenes regresan con vida, otros permanecen en las estructuras criminales y otros más fallecen en hechos violentos.
Al resaltar que la CIDH confirmó que detrás del aparente reclutamiento “voluntario” persisten factores como “la pobreza, la ausencia de oportunidades, la violencia física y sexual al interior de las familias, la debilidad institucional y la cercanía cotidiana con dinámicas del crimen organizado, generan escenarios de vulnerabilidad que facilitan la captación de infancias y adolescentes, muchas veces bajo la búsqueda de pertenencia, protección o reconocimiento social”, las organizaciones apuntaron que son situaciones que están relacionadas con “violencia estructural”.
“En ese sentido, el informe subraya que las y los adolescentes se encuentran entre las poblaciones más afectadas en contextos de criminalidad organizada, debido al riesgo constante de ser captados y utilizados, comprometiendo
su vida, integridad y posibilidades de desarrollo integral”, apuntaron. Tras exigir la atención a las recomendaciones que hizo la CIDH en su informe para proteger a la población infantil y las infancias en riesgo de ser reclutadas por el crimen organizado e implementar de manera efectiva el Protocolo Alba para la búsqueda inmediata de niñas y adolescentes, las organizaciones llamaron a detener las desapariciones de menores de edad.
“No se trata únicamente de buscar a nuestras personas desaparecidas. Se trata de impedir que continúen siendo captadas, utilizadas, violentadas y violentadas por estructuras de macrocriminalidad que opera en diferentes territorios del país.
“Reconocer esta realidad y actuar frene a ella es una obligación urgente del Estado mexicano y una responsabilidad colectiva que no puede seguir postergándose”, sentenciaron Tejiendo Redes Infancia y Reinserta.
Mathieu Tourliere
CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Ados semanas del arranque de las negociaciones del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), la relación bilateral entre las administraciones de Claudia Sheinbaum Pardo y de Donald Trump atraviesa una fuerte zona de turbulencias, marcadas por señalamientos del Departamento de Guerra y la Agencia Antidrogas (DEA) hacia México, y por la polémica en torno al reportaje de la cadena CNN según el cual la CIA estaría participando en operativos para asesinar a integrantes de grupos criminales en el país.
Sheinbaum y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permanecieron en silencio ante las presiones en cascada provenientes de Estados Unidos.
Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), salió a comentar personalmente la noticia sobre las operaciones de la CIA, cuando afirmó que el gobierno de México “rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”.
En medio de la crisis política des-
Dalila Escobar
CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que nadie presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de Sinaloa que señalara que la elección de 2021 fue “manchada” por el crimen organizado y que eso apuntara a quien resultó ganador: Rubén Rocha.
“No hubo ninguna prueba... esa elección se validó”, dijo, y además se lanzó en contra del entonces consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova: “No dijo nada”.
“No hubo un partido político que presentara suficientes pruebas como para que se anulara la elección (...) un partido político podría haber presentado una queja ante el Tribunal Electoral Federal, no se presentó (...) no hubo ninguna prueba que se presentara que evaluara el Tribunal Electoral que garantizara que había habido o que sustentara que había habido algún problema. Entonces, la institución correspondiente de valorar la elección, lo hizo. Eso significa que no hubo ninguna prueba”, argumentó en la conferencia mañanera.
Agregó: “Entonces, esa elección de 2021 se validó, incluso si en un
atada por el gobierno de Donald Trump cuando hizo pública la solicitud de detención del ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus colaboradores cercanos, acusados ante una corte de Nueva York de colusión con el Cártel de Sinaloa, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, reiteró ante los congresistas la necesidad de que México dé un “paso adelante” en el combate contra las organizaciones criminales para que el gobierno de Estados Unidos no intervenga directamente en el país.
Aunque el excomentarista de Fox News, al que Trump entregó las riendas del Pentágono, reconoció la colaboración “sin precedente” con el gobierno de Sheinbaum –aspecto que fue destacado por el oficialismo–, recalcó la necesidad de que las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina hagan más para combatir los carteles, en eco a las declaracio-
nes que dio Trump el viernes pasado, cuando sentenció que los grupos criminales “gobiernan” México. Horas más tarde, el titular de la DEA, Terrance Cole, declaró ante una comisión que “no hay dudas de que los narcotraficantes y funcionarios de alto rango de México han estado en la misma cama durante años”, y añadió que “ahora le pusimos atención”, es decir, que actuarán contra políticos mexicanos presuntamente coludidos con los grupos criminales.
En referencia a la solicitud de detención contra Rocha, aseveró que “esto es solo el inicio de lo que viene en México”, una declaración que alimenta las versiones según las cuales el gobierno de Trump estaría a punto de emitir más órdenes de aprehensión contra políticos mexicanos, en su mayoría de Morena, pero también de partidos de oposición.
El gobierno mantuvo el silencio
respecto a las noticias provenientes de Estados Unidos hasta que CNN publicó un reportaje, basado en declaraciones de varias fuentes no identificadas, según el cual agentes de la CIA han participado en operaciones en México para atacar –a veces asesinar– a integrantes de grupos criminales, incluyendo a Francisco Beltrán, un líder del Cártel de Sinaloa que falleció en un atentado en marzo pasado, cuando explotó la camioneta en la que viajaba, a la altura de Tecámac, saliendo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) rumbo a la Ciudad de México.
De acuerdo con el reportaje, la CIA estaría actuando de la mano con Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, quien fue funcionario de esta agencia en el pasado, y tendría entre sus objetivos a personajes de bajo perfil, pero que desempeñan funciones clave en las organizaciones criminales.
El tema de la CIA en México está candente en el gobierno, tras salir a la luz que agentes de esa institución participaron en un operativo del gobierno de Chihuahua de Maru Campos contra un laboratorio de drogas sintéticas en la sierra; dado que la gobernadora panista no avisó al gobierno federal sobre la presencia de estos agentes en la operación, un sector del oficialismo acusa a la política de traición a la patria, y promueve la idea de someterla a un juicio político.
Sheinbaum dice que nadie denunció la elección de 2021 en Sinaloa y se lanza contra Lorenzo Córdova
partido político o un ciudadano hubiera presentado ante la Fiscalía Estatal o la Fiscalía General de la República alguna queja vinculada con esa elección, pues hubiera abierto una investigación.
“No hubo, es hasta ahora en el 2026 o sea, cinco años después que dicen que hubo problemas en la elección del 21 (...) cuando ya todas las autoridades dijeron ´fue válida la elección. No hay nada que pueda poner en duda esa elección´”, dijo la presidenta esta mañana.
Pese a que la FGR tiene la carpeta de investigación por la elección de 2021 y que está vigente, la mandataria federal dijo que desconoce si existe una investigación adicional que apunte a Rocha; después indicó que ese tema ya fue validado por las instituciones mexicanas y no hay denuncias al respecto.
“Primero, le corresponde al Tribunal Electoral dar la sentencia de una elección, si la elección es válida o no, entonces no le corresponde y fue en el 2021. No sé si hubo una denuncia en
aquel entonces a la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que el Tribunal dictó que el ganador era Rubén Rocha”.
Contra Córdova
La jefa del Ejecutivo Federal destacó: “Hay que decir, por cierto, que en aquella época todavía era presidente del INE, Lorenzo Córdova. O sea, no estaban las nuevas autoridades del INE. Era Lorenzo Córdova el titular del INE. En todo caso, Lorenzo Córdova debería de haber dicho, ‘tenemos pruebas, Tribunal, actúa porque aquí se presentaron’. O si la elección hubiera estado manchada por algún problema de violencia (...) no dijo que hubiera habido problemas en la elección de Sinaloa. No sé si ustedes lo hayan escuchado, pero nadie lo escuchamos”.
Remarcó que eso ya fue validado por la ley mexicana y por las autoridades mexicanas, “no hay ninguna denuncia en ese caso”.
La presidenta dijo que “el entonces tribunal, cuyo presidente no
era el actual, también revisó alguna prueba que se hubiera presentado por algún partido político y consideró que no era suficiente para no darle el triunfo a Rubén Rocha”. En la elección de 2021, en el Tribunal Electoral local se presentaron las denuncias y se dio la resolución de darle el triunfo a Rocha Moya, que al final se validó por considerar la amplia ventaja en porcentajes de votos que tenía el morenista y los hechos denunciados de violencia no serían factor para cambiar los resultados, reiteró la mandataria federal.
Este 11 de mayo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) presentó el Informe sobre desapariciones en México y reafirmó que se trata de un fenómeno generalizado en el territorio mexicano, además, señaló deficiencias en cuanto a las medidas de prevención, persistencia de altos niveles de violencia, desconfianza en las autoridades y la falta en la investigación e identificación forense.
La presentación se llevó a cabo en el Museo de la Memoria y Tolerancia en presencia de Arturo Medina y Enrique Ochoa, funcionarios de derechos humanos del Gobierno de México; Bibiana Mendoza, vocera de la colectiva Hasta Encontrarte en Guanajuato y hermana buscadora de Manuel; así como Andrea Pochak, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También estuvieron presentes familias buscadoras quienes viajaron desde distintas partes del territorio mexicano para estar presentes en la tercera Velada por la Memoria el 9 de mayo en honor a las madres buscadoras asesinadas y la XIV Marcha por la Dignidad Nacional “Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia” donde familias buscadoras que viajaron desde varias partes del país se congregaron para exigir al Estado mexicano aceptar el apoyo internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la crisis de desapariciones en el país.
Los hallazgos en datos
Al analizar los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), el organismo internacional dio cuenta de la desaparición de más de 128 mil personas en México. A esto se suma, que existen más de 70 mil cuerpos no identificados bajo la custodia del Estado, por lo que, apuntaron, dichas cifras revelan una «grave situación» de la desaparición de personas y las dificultades para erradicar la práctica, así como la identificación humana.
En el universo de personas destacaron la desaparición de niños, hombres y jóvenes que son reclutados por el crimen organizado, mientras que las niñas, adolescentes y mujeres son víctima de violencia de género, trata de personas con fines de explotación sexual y el trabajo forzado. Sobre este último, la CIDH encontró que son las adolescentes de entre 15 a 19 años las que mayormente desaparecen y una de las tácticas utilizadas como engancharla suele ser el grooming a través de redes sociales, videojuegos o aplicaciones móviles.
Desde la desaparición de las mujeres en Ciudad Juárez, la instancia internacional instó al Estado mexicano
atender con debida diligencia las denuncias de desaparición de mujeres quienes se enfrentan a violencias de género. Incluso con la sentencia por el caso Campo Algodonero en 2009, se siguen reportando falencias en la búsqueda ante estereotipos de género que terminan por revictimizar a las víctimas.
A pesar de la existencia del Protocolo Alba con el cual se inició un proceso de implementación de este programa en 2021 a cargo de la extinta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el organismo internacional advirtió que la mayoría de las entidades federativas siguen esperando 72 horas para la búsqueda e investigación, también explicó que persisten retos para aplicar dicho protocolo.
Sobre personas defensoras, la CIDH halló que a junio de 2025 se reportó la desaparición de 17 personas defensoras, de ellas 13 son hombres y 4 son mujeres, los estados que concentran mayores registros son Sonora (4) y Michoacán (3). También se identificó que entre 2006 a 2023, 93 personas defensoras ambientales fueron víctimas de desaparición, 39 siguen sin ser localizadas, 36 se encontraron sin vida y solo 18 fueron encontradas con vida.
Respecto a personas periodistas, hasta abril del 2025 se reportaron 15 personas periodistas desaparecidas y no localizadas y 17 que sí fueron localizadas, los estados con mayor incidencia fueron Guerrero (8), Michoacán (5) y Veracruz (3). Solo el 12.5% de las personas comunicadoras fueron mujeres y el 87.5% fueron hombres. Los casos ocurrieron entre 2004 y 2025, pero fue el 2020 el año con mayor número de casos documentados.
Las deficiencias del Estado
La CIDH reconoció que las desapariciones en México ocurren desde décadas atrás a partir del episodio histórico conocido como «la guerra sucia», que ya fue aceptado por el propio Estado mexicano. Sin embargo, en la actualidad las desapariciones ocurren bajo contextos de crimen organizado y con la vinculación de agentes estatales, por ello, instaron al Estado mexicano a considerar sus políticas de prevención y juzgamiento.
El primer reto que el organismo internacional mencionó es la prevención de las desapariciones. Aunque el Estado mexicano reportó la adopción de una estrategia de seguridad ciudadana para atender las causas de violencia y articular acciones de seguridad, la Comisión solicitó que dicha estrategia fuera explícita y prioritario abordando las causas que generan este fenómeno de forma específica.
A esto se suman los problemas para investigar las desapariciones en la imposición de denuncias, conducción de diligencias y el impulso de las investigaciones, la formulación de planes e hipótesis de investigación que respondan a líneas lógicas y el encuadre de las conductas ilícitas en los tipos penales adecuados. Para la CIDH, el Estado debe plantear soluciones a la sobrecarga procesal que genera retrasos en las investigaciones.
De no atenderse, la etapa de investigación continuará afectando la falta de judicialización y el aumento en los niveles de impunidad, esto en razón de que los pocos casos que llegan al poder judicial presentan demoras e inconsistencias que provocan fallos inadecuados.
Por ello, la CIDH propuso que el Estado adopte medidas extraordinarias para reorganizar las investigaciones y la jurisdicción sobre la desaparición de personas.
En cuanto a la búsqueda, la CIDH reconoció que el trabajo de búsqueda recae en las familias y ante este escenario ve necesario reforzar las modalidades de protección del Estado a personas buscadoras ante los riesgos y violencia que enfrentan. Por su parte, aunque aplauden la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda en 2020, indicaron que falla la coordinación entre las entidades de búsqueda y procuración de justicia lo que ocasiona la falta uniforme de protocolos.
Sobre la identificación humana, el organismo indicó que los esfuerzos del Estado mexicano son «insuficientes», ya que estrategias como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense o el Centro Nacional de Identificación Humana cuentan con una efectividad limitada y se requiere su fortalecimiento, así como la aplicación del enfoque masivo de identificaciones.
Aunque la CIDH afirmó valorar la
creación de la dirección especializada en atención a colectivos y familiares de víctimas de desaparición y desaparición forzada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), comparte la opinión de las organizaciones sobre la capacidad operativa y administrativa de las comisiones locales de atención a víctimas, así como de los prolongados tiempos de espera para acceder a apoyos destinados a necesidades inmediatas.
También observaron retos en relación con la entrega de información de las instituciones militares lo que alenta la determinación de los hechos, el acceso a la justicia y revictimiza a los familiares. Asimismo, se encuentran pendientes la creación e implementación de acciones de memoria por parte del Estado que den cuenta de la actual crisis de desaparición de personas en México.
Reacción del Gobierno de México
El Gobierno de México celebró su participación en la presentación del informe de la Comisión y destacaron como aspecto positivo la reforma legislativa de 2025 a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas de la presidenta, la cual se asegura que fue realizada de la mano de las familias, cuando estas denunciaron en ese año que no se contempló sus perspectivas. Durante la presentación del informe, el Gobierno de México se comprometió a continuará el diálogo con la CIDH y ampliar los programas de cooperación con agencias internacionales, con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), para fortalecimiento las capacidades institucionales. Entre las acciones del Estado mexicano que hoy operan destacaron la incorporación de las comisiones estatales y nacional de víctimas, así como otras instituciones en el Sistema Nacional de Búsqueda; la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición; la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación; la creación de la Plataforma Única de Identidad; la obligación de que los estados cuenten con fiscalías especializadas; el Banco Nacional de datos forenses; el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y de equipamiento; la obligación de que todos los registros oficiales de personas desaparecidas cuenten con datos mínimos para identificar a las personas; y la garantía de la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Las comunidades nahuas de la Montaña baja de Guerrero han sufrido constantemente la violencia de los grupos de la delincuencia desde el 2015. Hombres, mujeres, niñas, niños y jóvenes han quedado bajo el fuego, sin que las autoridades implementen acciones contundentes para desarticular a estas organizaciones que mantienen en el limbo del horror a la población indígena indefensa.
Ante la ausencia de las autoridades, la delincuencia ha impuesto su ley con las balas y ahora con drones. Las incursiones de civiles armados en las comunidades indígenas son recurrentes y lo más grave es que no son atendidas por las autoridades. Optan por esconderse en los cerros y en las iglesias de las comunidades que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF y al Concejo Indigena Y Popular De Guerrero (Cipog-EZ).
Las tragedias pasan desapercibidas para las autoridades porque están ausentes y porque a la distancia los hechos se desvanecen. La gente llora por la impotencia de no ser atendido y porque no le dan crédito a su testimonio. Las niñas y niños se refugian en los brazos de sus mamás y ellas también son presas del temor de que las priven de la vida. Sus gritos se pierden en los lomeríos. Están solas, sin protección. Por eso su único consuelo es la denuncia pública y la súplica a las autoridades:
“Nos están atacando a balazos y con drones artillados por los delincuentes que avanzan a pesar de que se topan con el Ejército”.
Los últimos hechos de violencia iniciaron el 2 de mayo de este año cuando asesinaron a dos personas de la comunidad de Alcozacán. El miércoles 6 continuó una serie de ataques contra las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, pertenecientes Cipog-EZ. Ahí fueron asesinados Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario, originarios de la comunidad de Tula. El 8 de mayo una mujer de la comunidad de Xicotlán fue herida de bala.
A las 7:30 de la mañana del 9 de mayo irrumpieron los delincuentes con drones artillados que sobrevolaron en la comunidad de Tula. Entraron bien armados con equipo táctico destruyendo todo a su paso. No les importó que había niñas y niños. Disparaban indiscriminadamente a quien le tocara. Desde los cerros cercanos, se atrincheraron para abrir fuego. Estaban algunos elementos del Ejército como a 200 metros, pero sólo fueron espectadores, mientras las personas corrían despavoridas. No se movilizaron para enfrentarlos o detener a los agresores. La Guardia
Nacional, la Policía Estatal y el Ejército estuvieron en las comunidades solo para documentar la infamia. Se tomaron fotos, pero no protegieron a las ciudadanas ni a los ciudadanos. Los dejaron a su suerte.
Las imágenes son de terror. El ambiente es tenso. El estruendo de las balas hizo eco en sus casas. Las gallinas cacaraquearon para refugiarse y los perros aullaban. El polvo se levantaba como si fuera una confrontación abierta. En el cerro cercano a Tula un dron posó en la tierra. Lo que quedó del paisaje fueron los rastros de la violencia.
Las mujeres indígenas relataron: “nos quedamos en el monte sin poder dormir porque teníamos miedo de que llegaran los armados. Estábamos escondidas en silencio porque teníamos miedo de que nos fueran a encontrar”. A las 2:40 de la mañana varias familias se tuvieron que desplazar a la comunidad de Alcozacán para salvarse. Más de tres días consecutivos de agresiones no fueron suficientes para que los militares actuaran, más bien las dejaron abandonadas.
Los ataques continuaron en el Día de las Madres. No había nada qué festejar. Más bien, había gritos y llantos por los balazos y las bombas que lanzaban sobre las viviendas. La agresión era directa. Los delincuentes tiraban a matar. Las noches se han convertido en un infierno:
“Nos hemos pasado huyendo, cargando en nuestras espaldas a nuestros pequeños hijos e hijas para escapar de las balas”, comentan con desesperación las mujeres.
El rugido de las armas de fuego azotaba las puertas de las viviendas. Las mamás escondían a sus hijas e hijos. La inenarrable escena de violencia fue devastadora. Querían correr, pero se contuvieron hasta que parara la balacera. La muerte ahora ronda en las veredas y en cualquier rincón de la casa. Una madre de familia de Tula cuenta que se salió a la una de la tarde porque en su comunidad les estaban tirando bombas y balazos con armas de alto poder.
“Saqué a mis gemelos como pude porque deshicieron mi puerta con los balazos, casi nos tocaba. Siguen ahí los delincuentes. Le solicito al gobierno que nos haga caso porque estamos sufriendo. Mis niños están sufriendo. Hay un miedo muy grande. Ya mataron a nuestros animales,
están prendiendo el monte, están amenazando con que van a entrar. Las autoridades están viendo lo que está sucediendo, que por favor nos hagan caso. Los niños lloran, ya no pueden vivir bien en sus casas porque nos amenazan los de la delincuencia. Las mujeres y los niños no tenemos la culpa, defendemos al pueblo, no somos criminales”.
Entrada la noche más de 800 personas desplazadas estaban refugiadas en la iglesia de Alcozacán. El comisario municipal señaló que “las señoras, niñas, niños, madres, viudas y ancianos de 70 años, están resguardados en la iglesia. Nos están atacando en las comunidades de Acahuehuetlán, Xicotlán, Tula y ya vienen entrando a Alcozacán. Solicitamos a los tres niveles de gobierno que nos respalden. Ya marqué al 911, a la Guardia Nacional, a la presidenta de Chilapa; estamos esperando su apoyo inmediato desde Chilpancingo y a nivel federal. Necesitamos que inmediatamente llegue el gobierno. Le solicito a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora, que respondan, que hablen con nosotros. Esperamos su apoyo urgente”.
A los recientes episodios de violencia se suman la larga lista de crímenes que hasta hoy se han registrado 76 asesinatos y 25 desaparecidos. Lo peor es que varios niños han sido privados de la vida por los grupos de la delincuencia que quieren tener el control total de las comunidades y sus territorios. Por defender a sus pueblos nos ha costado la vida. Algunas comunidades han quedado deshabitadas por la violencia demencial e irrefrenable.
Las autoridades estatales y federales han dejado que los grupos de la delincuencia se expandan y actúen con total impunidad. En cambio, a la población indígena la han relegado y discriminado, dejando que ellos solos afronten este poder impune. En lugar de protegerlos, los criminalizan y argumentan con falacias que se trata de enfrentamientos entre grupos delincuenciales.
Para las comunidades indígenas de Chilapa la frase “primero los pobres” está muy lejos de que se haga realidad, porque siguen sometidos por los comerciantes y políticos. El gobierno municipal de Chilapa siempre ha estado controlado por familias ricas de la cabecera.
Ha sido un bastión priista, de grupos caciquiles que en las últimas tres administraciones cambiaron de estafeta con el PRD. Sin embargo, los vicios son los mismos, reproducen los mismos esquemas de corrupción, nepotismo, maltrato y desatención a las comunidades indígenas. Continúa la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada.
Los delitos no se investigan, mucho menos se castigan. La justicia es inaccesible para la población indígena y los crímenes de alto impacto quedan en la impunidad. Los casos de desapariciones y asesinatos de personas indígenas solo son reivindicados por sus familiares. Para la Fiscalía estos casos no cuentan porque no hay carpetas de investigación. Le cargan a las familias todo el peso de la investigación, además de interponer las denuncias en la cabecera municipal, se encargan de presentar pruebas y testigos. Ante el temor de que las consecuencias sean fatales por exigir justicia, las familias se resignan al silencio y a padecer el flagelo del miedo y la amenaza.
En la Montaña alta la violencia se extiende como la lumbre incontrolable de los cerros. La tarde de este domingo se suscitó un ataque armado en la comunidad de Huitzapula, municipio de Atlixtac. A las 6 de la tarde iniciaron los disparos desde los cerros, poco a poco se fueron acercando a la comunidad con drones explosivos. Cerca de las 10:30 de la noche ya estaban a 500 metros del centro del pueblo. La noche oscura aguarda sorpresas y secretos. En estas agresiones ya es común que los chispazos de luz iluminen la noche por los artefactos que explotan en el cerro. El terror parece instalarse en las comunidades de la Montaña, que ya no son nada tranquilas.
La población no tiene otra opción que pedir auxilio, sin embargo, las autoridades están ausentes. Nadie se da por enterado. Esperan órdenes superiores, sin éstas el aparato de seguridad del Estado no funciona. Las mismas autoridades que reciben los reportes ya se acostumbraron a sobrellevar los conflictos. Solo verifican si hay peligros inminentes o si está en riesgo la seguridad de algún funcionario. Fuera de estos agravantes la gente que teme ser agredida o que es reportada como asesinada o desparecida, tiene que esperar hasta que el elefante reumático de la justicia reaccione.
Antes de cerrar este artículo nos llegó información de Alcozacán de que hay 13 personas de Xicotlán que están reportadas como desaparecidas. Los familiares han tenido que organizarse para buscarlos. No lo pueden hacer con total libertad porque saben que se encuentran asediados por grupos de la delincuencia. La angustia es mayor porque las autoridades no acuden en su auxilio.
Juan Carlos Díaz Carranza*
Hace cuatro años se expidió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), como una promesa de transformar la justicia civil y familiar en el país, unificando la legislación procesal en un solo cuerpo normativo que suplirá los códigos de las entidades federativas. La apuesta es ambiciosa: mejorar la administración de justicia de estas dos materias en nuestro país.
Pero, contrario al espíritu de celeridad y eficiencia que define al Código Nacional, a menos de un año de su forzosa entrada en vigor, se está valorando postergar su operatividad otros tres años más, aun cuando el artículo segundo transitorio establece como fecha límite el 1 de abril del 2027.
Lo anterior, obedece a que los poderes judiciales de los estados han reportado insuficientes avances: el tiempo se dilapidó, es poco el personal capacitado, no se han hecho las adaptaciones organizacionales ni los proyectos de infraestructura, menos aún, fueron asignados los recursos presupuestales necesarios. Sólo Baja California y Ciudad de México cuentan con declaratoria de vigencia.
La discordancia resultó de la reforma judicial que puso por delante la democratización electoral del Poder Judicial desde una visión reduccionista de legitimarse en las urnas, exponiendo el éxito de este ordenamiento legal.
En ese contexto, recientemente la Comisión para la Implementación del Poder Judicial de Oaxaca convocamos a un foro en el que abrimos una interrogante: ¿Estamos listos para la implementación? Acudieron especialistas, juzgadores, integrantes del grupo redac -
tor del código citado destacando la presencia de la diputada Olga Sánchez Cordero, el senador Javier Corral Jurado, y el ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Además de los desafíos de operatividad del nuevo Código Nacional, en la discusión el tema se centró en su puesta en marcha, que quedó supeditada a la elección judicial y a los nuevos juzgadores sin experiencia jurisdiccional.
El tema no es menor, este ordenamiento jurídico parte de la premisa de un conocimiento mínimo de derecho sustantivo para aplicarlo en procedimientos que privilegian la oralidad e inmediación, la justicia digital y los derechos humanos. Con el riesgo de colapsar si no se cuida el perfil de los operadores judiciales.
Desafortunadamente, los temas judiciales han estado históricamente fuera de la conversación pública. Identificar la importancia del Código Nacional en la vida cotidiana, no sólo es crucial por el valor intrínseco que reviste su cuantía, anualmente 76% de los conflictos que se judicializan pertenecen a estas materias (Censo Estatal de Impartición de Justicia del INEGI); sino también, por el valor instrumental que entraña para avanzar en la lucha por una justicia rápida, efectiva y humanizada.
Cinco ideas básicas:
El año 2027 debe ser la meta. Con una visión autocritica, debemos reconocer que las realidades cotidianas que viven la mayoría de los mexicanos continúan siendo alarmantes y profundamente injustas. Por ello, no debe postergarse este marco normativo que viene a combatir el rezago y la lejanía del juzgador frente al conflicto. Por un
lado, no deben subsistir las dos realidades en el mismo año: elección judicial y la forzosa aplicación del CNPCyF. Y por el otro, esta legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá asumir como una prioridad en el Presupuesto de Egresos del año entrante, la aprobación de recursos para la implementación del Código Nacional.
Prorrogar elección judicial. Otra preocupante coincidencia es empalmar el proceso electoral con la elección judicial. No es cosa menor que pudieran coincidir representantes de casillas de partidos políticos custodiando las urnas judiciales. Tampoco el argumento del ahorro es significativo para que coexistan las dos elecciones en el mismo proceso. Hay voces que se han pronunciado en favor de que la elección judicial se celebre en el año 2028. Sin embargo, la diversidad de interrogantes que surgen al tenor de esa posibilidad está causando un desequilibrio que la prórroga podría remediar pasajeramente.
Mejorar perfiles. El escepticismo obedece, en buena medida, a la noción de favoritismo y de reglas poco claras respecto de quienes aspiran a cargos judiciales, ello debe atajarse con transparencia e idoneidad. Porque los procedimientos en estas materias comienzan a evidenciar los estragos de un panorama en el que la experiencia, habilidad y carrera judicial están ausentes. Con la enseñanza que permite mirar en retrospectiva, es trascendente el proceso electoral que se avecina: más de la mitad de los poderes judiciales estatales se renovarán. Nivelar el piso. Si bien, el Código Nacional unificó la legislación procesal civil debido a que la dispersión de códigos causaba incertidumbre jurídica y desigualdad,
el legislador no se abocó en la desigualdad existente entre las entidades federativas y las necesidades que trae aparejadas el CNPCyF. Es una oportunidad de mejorar, porque la respuesta a las primeras necesidades de la transición del sistema escrito al oral es la contratación de personal jurisdiccional. Este desafío expone nuestra fragilidad; la métrica ideal a escala internacional es de 18 jueces por cada cien mil habitantes, mientras que en estados como Oaxaca la realidad abarca sólo una sexta parte de ese ideal: al contar con tres jueces por cien mil habitantes. En esta misma circunstancia se encuentran Aguascalientes y Querétaro, pero con la mitad de población. Plan Piloto. La tensión entre escasez de tiempo e implementación es uno de los hilos conductores de nuestra agenda de trabajo. La aplicación gradual del Código Nacional en determinados procedimientos y sedes judiciales, permitirán no sólo al personal jurisdiccional, sino también abogados litigantes y justiciables, comenzar a familiarizarse con este nuevo modelo de justicia. La capacitación no debe limitarse a un aspecto teórico, debe perfeccionarse con la aplicación en la práctica. El año 2027 debe ser la meta de la operación del CNPCyF a escala en juicios que por su naturaleza permiten el desahogo de audiencias orales reducidas, pero con la garantía de forjar la experiencia y habilidades necesarias. Es necesario establecer un equilibrio entre democratizar a un poder del Estado y salvaguardar la misión judicial. El Código Nacional coadyuva a modelar una sociedad integrada y entraña la clave para la comprensión del funcionamiento de nuestra sociedad y su problemática.
Grupo de Análisis e Investigación Política — Chiapas
• La Ley Orgánica vigente —reformada apenas en marzo de 2026— establece con claridad que los miembros de la Junta de Gobierno duran dos años en su cargo. Quien firmó la convocatoria fue nombrado en 2020. El problema, sin embargo, viene de más atrás.
La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) —que a partir de la reforma publicada el 18 de marzo de 2026 en el Periódico Oficial del Estado lleva oficialmente el nombre de Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas— inició esta semana el proceso para elegir a su próximo rector. Sin embargo, antes de que ese proceso avance, ya existe una señal de alarma: la convocatoria oficial tiene una irregularidad legal de fondo que, de no corregirse, podría invalidar todo lo que venga después.
El documento fue firmado por el Dr. Francisco Guevara Hernández en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno. El problema es que, según la Ley Orgánica vigente de la propia universidad, ese cargo ya no le corresponde. Guevara Hernández fue designado el 4 de noviembre de 2020, y la ley es clara: los miembros de la Junta de Gobierno duran en su cargo exactamente dos años. Su periodo venció en noviembre de 2022, hace más de dos años y medio.
LO QUE DICE LA LEY ORGÁNICA VIGENTE
Artículo 15, fracción III (reformado mediante P.O. Núm. 096 del 18 de marzo de 2026):
“Designar cada dos años, y en los supuestos de ausencias definitivas, a quienes integran la Junta de Gobierno.”
Nota: La Ley Orgánica no contempla en ninguno de sus artículos la reelección de miembros de la Junta de Gobierno ni mecanismo alguno para prorrogar su mandato.
¿Qué es la Junta de Gobierno y por qué es tan importante?
Para entender la gravedad del asunto, hay que saber qué hace este órgano. Según el artículo 31 de la Ley Orgánica, la Junta de Gobierno tiene tres atribuciones fundamentales: designar al rector o rectora de la universidad, designar a los directores de todas las escuelas, facultades e institutos a partir de la terna que envíe Rectoría, y designar a los integrantes del Comité Permanente de Finanzas. También puede resolver sobre la renuncia del rector y removerlo por causa justificada.
Es, en pocas palabras, la pieza central del gobierno universitario. Si la Junta está integrada por personas cuyo nombramiento ya venció, todo lo que decidan —incluida
la elección del próximo rector— queda en terreno legal muy frágil y podría impugnarse.
“Una convocatoria firmada por alguien que ya no tiene facultades legales para hacerlo no es un detalle menor. Es un vicio de origen que puede anular todo el proceso de designación rectoral.”
El problema no empezó hoy: la herencia de la administración anterior
Lo que ocurre ahora tiene raíces en la administración anterior, encabezada por Carlos Faustino Natarén Nandayapa. Fue en ese periodo cuando comenzó el desmantelamiento silencioso de la Junta de Gobierno.
La primera señal fue la reelección del propio Natarén Nandayapa. El artículo 17 de la Ley Orgánica establece los requisitos para ser rector; en su fracción IV, la versión entonces vigente exigía contar con grado de maestría o doctorado. Natarén Nandayapa fue reelecto sin cumplir ese requisito. Pero además, la Junta que lo reeligió ya había visto vencer su propio mandato de dos años sin que el Consejo Universitario renovara su integración, como lo exige el artículo 15, fracción III.
Durante ese periodo, Natarén Nandayapa comenzó a remover directores de unidades académicas y a nombrar “encargados de dirección” en su lugar. El problema es que esa figura no existe en la Ley Orgánica. El artículo 38 habla de “personas titulares de las Direcciones” con un cargo de cuatro años improrrogables, y el artículo 31, fracción III, faculta a la Junta de Gobierno —no al rector— a designarlos. Un “encargado” nombrado directamente por Rectoría carece de ese respaldo legal.
Cuando Natarén Nandayapa renunció, esa misma Junta de Go -
bierno —ya con el mandato vencido— nombró a Oswaldo Chacón Rojas para completar el periodo rectoral, en aplicación del artículo 18, que faculta a la Junta a designar a quien complete el tiempo restante en caso de ausencia definitiva. Lo cual, en opinión de quienes analizan el caso, prolongó la cadena de irregularidades en lugar de cortarla.
Las consecuencias concretas para la universidad
El resultado de años de decisiones fuera del marco legal es que hoy, aproximadamente el 60% de los directores de escuelas y facultades de la UNACH no son directores en sentido estricto, sino encargados. Eso tiene consecuencias directas en el funcionamiento institucional: el artículo 14 de la Ley Orgánica establece que el Consejo Universitario se integra por “las personas que ocupen las direcciones de Escuelas, Facultades e Institutos”. Un encargado, que no ha sido designado por la Junta de Gobierno conforme al procedimiento del artículo 31, no ostenta esa representación. Esto también tuvo consecuencias académicas. Durante la administración de Natarén Nandayapa se crearon 128 nuevos programas a nivel Técnico Superior Universitario. El artículo 15, fracción IV de la Ley Orgánica establece que corresponde al Consejo Universitario aprobar los programas académicos. Sin la participación legítima de los directores en ese órgano, esas aprobaciones quedan en entredicho. De esos 128 programas, menos de cinco lograron sostenerse.
La administración actual, por su parte, impulsa proyectos de educación virtual de pregrado y posgrado —atribución contemplada en el artículo 5, fracción VI de la ley reformada—. Sin embargo, quienes cuestionan la situación señalan
que esos planes se construyen sobre una plataforma con fallas frecuentes y sin el respaldo formal de la comunidad académica.
“Es difícil hablar de la universidad del futuro cuando los problemas de legalidad del presente siguen sin resolverse. La Ley Orgánica existe precisamente para evitar que el poder se concentre y se ejerza de manera discrecional.”
¿Qué debería pasar para sanear el proceso?
Quienes advierten sobre estas irregularidades proponen que, antes de continuar con el proceso de designación de rector, se reponga el procedimiento desde su base: que el Consejo Universitario —en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 15, fracción III de la Ley Orgánica— renueve debidamente la integración de la Junta de Gobierno, y que esa nueva Junta, legítimamente constituida, sea la que emita la convocatoria.
No hacerlo, argumentan, no solo arriesga que el nuevo rector sea impugnado desde el primer día de su gestión. También perpetúa un modelo de gobierno universitario construido sobre excepciones, omisiones y figuras que no existen en la ley. La reforma de marzo de 2026 —la más reciente a la Ley Orgánica— tuvo precisamente el propósito de actualizar y fortalecer el marco normativo de la institución. Aplicarla a medias o ignorarla en el proceso más importante de la vida universitaria sería una contradicción difícil de justificar.
La UNACH —hoy Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas— es la institución pública de educación superior más importante del estado. Sus decisiones afectan a decenas de miles de estudiantes, docentes y trabajadores. Un proceso de elección rectoral viciado desde su convocatoria no es un problema administrativo: es un problema de legitimidad que toda la comunidad universitaria tiene derecho a conocer y exigir que se corrija.
Este artículo se basa en el texto de la Ley Orgánica de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, publicada mediante Decreto Número 165 y reformada mediante Decreto Número 212, publicado en el Periódico Oficial Número 096 de fecha 18 de marzo de 2026. El Grupo de Análisis e Investigación Política — Chiapas no representa a ningún candidato, facción o grupo de interés dentro de la institución.
Raymundo Díaz S.
• El Sindicato más grande del Estado de Chiapas, no tiene dirigente, no tiene ningún apoyo y ni tiene A NADIE QUE DEFIENDA a sus agremiados.
• En los últimos DOCE AÑOS o MÁS, no han recibido incremento en sus salarios, mucho menos los bonos y apoyos que les pertenecen.
PERFIL FRONTERIZO
Resulta por demás extraño y hasta
VIOLATORIO y CRIMINAL que el sindicato MÁS GRANDE de la entidad chiapaneca como lo es el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas se encuentre o -mejor dicho- LO TENGAN en el ABABDONO TOTAL.
¿A quiénes INTERESA y BENEFICIA este ABABDONO y el que este sindicato haya quedado y permanezca
ACÉFALO y SIN DEFENSORÍA hacia sus agremiados?
¿A que funcionario del actual gobierno del “Humanismo” le conviene esto y que bien pudiese estar EMBOLSÁNDOSE o “JINETEANDO” los aumentos, bonos y múltiples apoyos pertenecientes a los empleados estatales pero que no se les da o no se les aumenta DESDE EL 2013, aproximadamente?
En Chiapas existen otros sindicatos como el del COBACH, UNACH, Salud, entre otros, muy eficientes, que han velado, luchado y peleado por el bienestar de sus agremiados, consiguiendo incrementos o mejoras salariales y otros beneficios.
Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (STSGECH), el más grande e importante de la entidad, no sólo ESTÁ ACÉFALO, sin cabeza pues, sino que, sus agremiados, hombres y mujeres, empleados del gobierno chiapaneco, PERMANECEN HUÉRFANOS y en EL TOTAL ABABDONO. Y decimos en EL ABANDONO TOTAL, por dos razones. Primera:- Aparte de no haber recibido incrementos salariales, los bonos y otros apoyos, siguen siendo los mismos que tuvieron en el gobierno del CORRUPTO Manuel Velasco Coello Velázco. Los bonos del dia del burócrata, transporte, útiles escolares, entre otros apoyos, siguen siendo los mismos desde hace 15 años.
Y Segunda:- Desde la salida, desconocimiento o expulsión de la ex-líder sindical Claudia Patricia Ulloa Zenteno, este Sindicato está ACÉFALO, en el COMPLETO ABABDONO, y hasta su página oficial permanece bloqueada, restringida y con información del 2025. INCIERTA, TRISTE y HUÉRFANA la situación pues. Si el gobernador Eduar -
do Ramírez Aguilar es un HUMANISTA hecho, derecho y de tiempo completo, ¿Quién está detrás de este ABABDONO SINDICAL y, lo peor, de LA ORFANDAD DE LOS EMPLEADOS de Chiapas y de ALGÚN ACTO DE CORRUPCIÓN y “JINETEO” de MILLONARIOS RECURSOS perteneciente a los trabajadores del Estado de Chiapas? PERFIL FRONTERIZO está tras los hilos de esa “jugosa” madeja, mismos que ya tiene a la vista. Porque no es posible o, como dijimos arriba, resulta VIOLATORIO y hasta CRIMINAL que alrededor de TRES MIL trabajadores del STSGECH, de dependencias como el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Secretaría de Educación, entre otros, los tengan EN LA INDIFERENCIA y EN EL ABABDONO, sin incrementos y sin apoyos que otros sindicatos, más los federales, reciben constantemente. Repetimos, en esta “jugosa” madeja hay “hilos” de abandono a drede y de INTERE$$E$$ muy FUERTE$$, y ya las describriremos y exhibiremos. Ya abundaremos pues, y mucho, muchísimo. He dicho.
Roger Laid
Las críticas contra el joven José Alonso Llaven Villarreal no disminuyen; aumentan. Y la reunión en pasados días con medios terminó dejando más dudas que certezas.
La pregunta sigue siendo incómoda: si los cuerpos policiacos en Chiapas están certificados y evaluados, ¿por qué continúan apareciendo denuncias de abusos, atropellos y conductas irregulares contra ciudadanos?
El problema es serio. Porque cuando falla la percepción sobre los controles de confianza, también se debilita la credibilidad institucional. Y eso afecta más allá de la imagen del titular del Centro de Control de Confianza y Certificado (CCCyC).
Lejos de aclarar cuestionamientos, el encuentro con periodistas mostró a un funcionario incómodo ante la crítica, mal asesorado y rebasado por temas sensibles.
El joven titular de la CCCyC dejó la impresión de depender más de su equipo que de una estrategia propia de comunicación y operación pública. Y ahí surge otra lectura:
ocupar un cargo importante no significa necesariamente contar con liderazgo político ni con capacidad de interlocución.
Más aún, llamó la atención el comentario dirigido a medios para “no hablar mal de él” rumbo al Día de la Libertad de Expresión.
Error grave. La crítica no se administra; se enfrenta con resultados.
Y en política hay diferencias fundamentales: no es lo mismo llegar a un espacio por designación que llegar respaldado por el pueblo. Lo segundo exige territorio, acuerdos
¿SERÁ
reales y credibilidad construida. Porque cuando las aspiraciones políticas empiezan a moverse desde el poder, el riesgo es que los compromisos y ofrecimientos terminen cobrando factura a la ciudadanía.
En este caso, el nombre de Suchiapa comienza a aparecer en conversaciones políticas donde muchos se preguntan si, al final, sería el propio pueblo quien terminaría pagando los platos rotos de una operación adelantada y sin resultados claros.
Porque en seguridad, los discursos duran poco cuando la realidad
Trasciende que LOS MANGOS que anduvo repartiendo esta señora del partido político del Morena, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, son el resultado del DERECHO DE PISO, en especie, que les impone a los INTRODUCTORES de MANGO en la zona sur del Pueblo Mágico, Ciudad Rotaria Mundial… Otras personas más atrevidas, en razón a los antecedentes personales de la señora repartidora del Morena, no dudan en afirmar que seguramente, LOS MANGOS fueron sustraídos allá en huertos de la región Soconusco del Estado…
La gran mayoría generaliza y se queda en que el origen de LOS MANGOS repartidos en distintos puntos de ciudad fría, es ilícito…
También se viene diciendo que eso de andar mostrando y repar-
contradice los controles. Y la percepción ciudadana al menos lo que se escucha es que de llegar seria a la fuerza. Ampliaremos del tema. Nos quedan datos.
En la SNTE Sección 40 crece la inconformidad contra Oved Balderas Tovilla, a quien diversos sectores del magisterio señalan de intentar capitalizar beneficios que no son nuevos ni producto exclusivo de su gestión. El bono del maestro, por ejemplo, existe desde hace años como una prestación establecida, pero hoy se pretende presentar como si fuera concesión personal del dirigente.
La molestia aumenta porque muchos docentes consideran que el liderazgo perdió cercanía con las bases y cayó en una dinámica de promoción personal. Quien fue visto como un dirigente popular hoy enfrenta críticas por priorizar la imagen antes que resolver problemas reales del gremio. En política sindical, el reconocimiento no se exige… se gana. Ese es el punto. Y también la coma.
Nada se pierde con reflexionar. Reflexionemos.
tiendo MANGOS en las esquinas, implícitamente, bien podría llevar un mensaje subliminal sugestivo…
La mera verdad sobre la procedencia y alcances de LOS MAN -
GOS de la señora del Morena, solamente lo saben ella y el alcahuete de SU Dios…
No falta quien diga que de ahora en adelante le llamarán la señora
del ATAÚLFO…
¿Cuánto puede haber de verdad en todo este “reflexionatorio”?
Si existe conversatorio, debe de existir reflexionatorio…
