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CONTRAPODER EDICIÓN 3367

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La normalización de la ilegalidad en la UNACH

El proceso de designación de Rector en la UNACH se convirtió en un circo que denigra el trabajo universitario, en donde las peores prácticas del PRI, del acarreo de personas PAG. 2

D O X A

El gobernador en entrevista señaló que no tiene favoritos en la contienda electoral.

Postura engañabobos porque claro que tiene favoritos y los placea y los financia.

Lo mismo sucede en la UNACH, donde tiene a su cómplice favorito como rector.

Y por consiguiente se toleran las ilegalidades y se pisotea la autonomía y la

DECLARACIÓN

Imputación contra Rocha Moya es “solo el comienzo de lo que viene para México”: DEA

Al ser cuestionado por el senador republicano de Luisiana John Kennedy sobre la acusación presentada contra el gobernador sinaloense, el titular de esa agencia aseguró que estos políticos que ayudan los cárteles son igualmente culpables de envenenar a los estadunidenses

“Jaguar Evalúa”: la plataforma inteligente que revoluciona el seguimiento de los programas prioritarios en Chiapas

EVENTO

Eduardo Ramírez destaca el papel de las maestras y los maestros en la transformación de Chiapas

REUNIÓN

EDITORIAL

La normalización de la ilegalidad en la UNACH

El proceso de designación de Rector en la UNACH se convirtió en un circo que denigra el trabajo universitario, en donde las peores prácticas del PRI, del acarreo de personas, del regalo de calificaciones a los estudiantes, el de la demagogia y la invención de popularidad de un candidato con el uso indiscriminado del recurso de la universidad están presente, como ausente está la visión crítica que debe prevalecer en el recinto universitario. En los dos días de auscultación que lleva las Junta de Gobierno, el rector espurio de la universidad Oswaldo Chacón, pretende reelegirse y continuar un mandato espurio en la universidad.

Sorprende el ejercicio de la cargada, en donde se oculta una realidad incontrovertible, la gestión de Oswaldo Chacón es espuria, porque desempeña un cargo ilegal, al ser nombrado por una Junta de Gobierno que carecía de facultades para ese nombramiento, sin cumplir con los requisitos para ser rector. Lo grave de esta situación, es que la ilegalidad está normalizada en los docentes que acudieron a la farsa montada por Chacón Ro -

jas para mostrar una popularidad ficticia, que legitime su reelección a pesar de que incumple con los requisitos de la convocatoria, en virtud de que él no cumple con los cinco años anteriores de trabajo activo en la universidad, debido a que tuvo una licencia de la universidad para desempeñar el cargo de consejero presidente del IEPC, lo que lo hace inelegible.

Pero las prácticas priistas que hoy se observan en el proceso, muestran la doble cara de Oswaldo Chacón Rojas, el que finge ser defensor de la vida democrática, que lo condujo a ser el árbitro de las elecciones en Chiapas que lo envestía de una calidad moral que hoy se desintegra, y el político que busca a toda costa obtener el poder con métodos antidemocráticos en la universidad que desnuda su verdadera personalidad, que contradice los principios de legalidad y transparencia desempeñado en el IEPC, con el atropello de la legislación universitaria que lo tiene como un rector ilegal y espurio. La paradoja que vive Chacón Rojas, es que como rector interino tuvo la oportunidad para garantizar un proceso transparente, que no deja-

ra dudas de la legalidad del proceso y no lo hizo; La convocatoria para la designación de Rector está viciada de origen, al estar firmada por el Dr. Francisco Guevara Hernández, cuyo período para el que fue nombrado concluyó el 3 de diciembre de 2022. Pero Chacón Rojas también pudo cambiar las reglas del proceso, al proponer al Congreso Local la eliminación de las fracciones IV y V de la Ley Orgánica que le impide la reelección, en razón a que no tiene un posgrado de calidad reconocida por la dependencia responsable de los programas de calidad, que lo eliminaría de la competencia si se registra otro candidato que sí cumple con este requisito y la cláusula que ya se mencionó, que no ha estado durante los cinco años anteriores en servicio activo en la Universidad.

El verdadero Oswaldo Chacón Rojas es el actual, el que violenta los procesos democráticos y hace de la ilegalidad un estilo de vida y se asocia con docentes universitarios que tienen normalizada la corrupción y la ilegalidad, cuyas prácticas desafortunadamente se reproducen en los estudiantes universitarios a través del currículum

oculto. Estas prácticas se mantuvieron escondidas en el Oswaldo Chacón consejero presidente del IEPC, que hizo negocios con los candidatos, recomendando abogados y litigando a escondidas con quienes impugnaron los resultados del proceso electoral y más con el negocio de licitaciones trucadas del IEPC que lo convirtió en un nuevo millonario.

En un ejercicio pleno de transparencia Oswaldo Chacón Rojas debe demostrar que la propiedad de 17 mil metros cuadrados en la zona de la Colonia Loma Bonita la adquirió con recursos lícitos. Ahí se busca construir un desarrollo inmobiliario de 192 departamentos de interés social denominado “Sara Gabriela”. Predio que fue vendido por Oswaldo Chacón el 11 de octubre del 2023 a la empresa Domus Desarrollo de Unidades Inmobiliarias Sustentables, propiedad que no fue registrada en el registro público de la propiedad y que Chacón Rojas debe aclarar en su declaración patrimonial, en virtud de que la UNACH no merece tener como Rector a alguien con prácticas ilegales y que además presuntamente es un bribón.

electrónico:

El Estado mexicano debe detener la guerra contra los pueblos indígenas,

pide el Frayba

por los ataques armados, desplazamiento forzado de comunidades del CIPOG-EZ en Guerrero

Leonel Durante/Corresponsal

San Cristóbal de Las Casas, Chis. (Tribuna)

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) condenó la escalada de violencia armada que, desde el 6 de mayo de 2026, mantiene bajo asedio a las comunidades pertenecientes al Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en la Montaña baja de Guerrero.

Señaló el Frayba, que durante los últimos días, el grupo criminal “Los Ardillos” ha intensificado ataques con armas de grueso calibre, drones de vigilancia e implementando tácticas paramilitares.

En este contexto, el 9 de mayo, sus incursiones armadas provocaron el desplazamiento forzado de más de 1000 personas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, quienes huyeron para resguardar su vida ante la ausencia total de protección estatal, precisó.

La violencia no solo continúa y se profundiza. La comunidad de Alcozacán, una de las principales bases organizativas del CIPOG EZ, se encuentra

Ainer Marroquín

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

Pacientes ingresan a hospitales públicos de Chiapas por una enfermedad y, durante su estancia, contraen otra por los alimentos que reciben dentro de los nosocomios.

Familiares de pacientes del Hospital General “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” y del Hospital Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, en Tuxtla Gutiérrez, denunciaron irregularidades en el suministro de víveres.

Los denunciantes que omiten sus nombres por temor a represalias, precisaron que frutas, verduras y carnes llegan en descomposición, con retrasos y de forma incompleta; añadieron que, ante la falta de alternativas, los hospitales reciben los insumos para consumo de pacientes y personal.

“El pollo y la carne de res vienen en bolsas llenas de agua, como si en lugar de carne se estuviera pagando líquido”, señalaron.

De acuerdo con los testimonios, el problema se registra desde abril de 2026, tras la asignación del servicio de suministro de víveres para hospitales del IMSS-Bienestar.

CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS

En ese marco, este medio accedió a la plataforma Extranet de la nueva versión de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde corroboró que el acta de fallo de la licitación pública

prácticamente vacía, agregó.

El 11 de mayo, sus habitantes abandonaron sus hogares ante el temor fundado de nuevas incursiones armadas y sobrevuelos de drones. El silencio en las calles, las casas abiertas y los caminos desiertos revelan la magnitud de la crisis: un pueblo entero obligado a huir para salvar la vida, expuso la ONG. Los hechos recientes han provocado el desplazamiento forzado de 1,200 personas, que se suman a los desplazamientos previos, alcanzando un total de 2,200 personas desplazadas en la región, expuso.

Este desplazamiento masivo forma parte de un patrón sostenido de agresiones, amenazas y ataques contra

comunidades indígenas que, desde hace años, denuncian la presencia y expansión de la delincuencia organizada en la Montaña baja, así como la omisión, permisividad y aquiescencia de los tres niveles de gobierno. De acuerdo con la información más reciente, informó que se reportan cuatro personas asesinadas, dos de ellas identificadas como José Guadalupe Ahuejote Xanteco y Víctor Ahuejote Arribeño, ambos de la comunidad de Xicotlán; las otras dos víctimas permanecen sin identificar.

Asimismo, el 11 de mayo fue asesinado Abraham Jiménez Chautla, originario de Alcozacán. A ello se suma la desaparición de dos personas, cuyo pa-

radero continúa siendo desconocido.

Pese a la multiplicidad de acciones que han realizado las comunidades que integran el CIPOG-EZ, los gobiernos federal y estatal han negado, retrasado o retirado medidas de protección indispensables. La información documentada por el Frayba y organizaciones acompañantes indica:

Exigen atender de inmediato la situación de las más de 2, 200 personas desplazadas, garantizando asistencia humanitaria, seguridad y condiciones para un retorno seguro y digno.

Detener y desarticular al grupo criminal “Los Ardillos” y sus redes de operación y protección institucional.

Finalmente señala que la violencia que hoy vacía pueblos enteros es consecuencia de años de omisión, negación y permisividad estatal.

Las comunidades del CIPOG-EZ han advertido reiteradamente sobre la ofensiva criminal; reducirla a un “conflicto entre comunidades” constituye una forma de encubrimiento institucional, y evasión de responsabilidades, que agrava el riesgo y normaliza la grave situación de violaciones a los derechos humanos.

Denuncian red de negligencia en alimentos en hospitales del IMSS-Bienestar en Chiapas

electrónica LA-56-AYO-056AY0955N-33-2026 establece que el contrato

LA-IB-CSG-0099-2026, correspondiente a la partida 4 en Chiapas, fue adjudicado a la empresa Grupo Operador EHMO, S. de R.L. de C.V.

El documento del contrato fija un monto máximo de 146 millones 224 mil 765.27 pesos para el suministro de alimentos en unidades médicas del estado durante el ejercicio fiscal abrildiciembre de 2026.

Asimismo, la contratación de alimentos para los hospitales de Chiapas fue adjudicado a la empresa representada por Hugo Miguel Vignola Palma, (cercano al Grupo Tabasco) con domicilio fiscal en la Ciudad de México.

Bajo este esquema, los denunciantes también señalaron que la empresa traslada los víveres mediante servicios de transporte externos, es decir, sin vehículos adecuados para el traslado de alimentos, lo que rompe la cadena de conservación.

“El personal que entrega no pertenece a la empresa, son fleteras; no hay control sanitario y el trato es deficiente”, indicaron.

A la par, expusieron que las entregas se realizan fuera de tiempo, sin supervisión y con manejo inadecuado de los

productos dentro de los hospitales.

Con ello, argumentaron que la problemática suma al desabasto de medicamentos y amplía la crisis en la atención médica en la entidad.

En Chiapas, la operación del programa recae en la delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar.

Hasta el momento, ni la empresa ni las autoridades del IMSS-Bienestar han informado sobre las condiciones de este servicio contratado por licitación pública en el estado.

Ante este escenario, los denunciantes exigieron garantizar alimentos en condiciones adecuadas y advirtieron que la situación afecta de forma directa la recuperación de pacientes en hospitales públicos.

RED DE EMPRESAS CONCENTRA CONTRATOS DE VÍVERES

En paralelo, el contrato asignado en Chiapas forma parte de un esquema nacional de suministro de alimentos para hospitales del IMSS-Bienestar que data del año 2023 al 2026.

Solo en 2026, la adjudicación se integró a la partida (3, 4, 8 y 16) para los estados de Campeche, Chiapas, Hidalgo y Tabasco, con un techo financiero máximo para las cuatro entidades de

473 millones 969 mil 962.65 pesos. En ese sentido, este tipo de contratos se inserta en un modelo de distribución de insumos que ha concentrado proveedores en el sector alimentario a escala regional.

De acuerdo con registros de contrataciones entre 2023 y 2025, se documentan montos acumulados por más de 3 mil 500 millones de pesos en entidades del sur-sureste, en rubros como alimentos, despensas y suministros institucionales.

Así, la asignación en Chiapas se suma a un esquema de participación recurrente de empresas en licitaciones públicas relacionadas con el abasto de víveres. Aunque el contrato establece un monto máximo, su operación depende de las solicitudes de insumos durante el ejercicio fiscal, lo que permite variaciones dentro del mismo esquema presupuestal.

“Jaguar Evalúa”: la plataforma inteligente que revoluciona el seguimiento de los programas prioritarios en Chiapas

Como parte de la transformación digital impulsada por el Gobierno de la Nueva ERA, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), encabezada por Ana Laura Romero Basurto, continúa consolidando mecanismos tecnológicos innovadores que permiten supervisar, transparentar y dar seguimiento en tiempo real a los programas prioritarios con mayor impacto social y carga presupuestaria en el estado.

En este contexto, la SAyBG sostuvo una mesa de trabajo con integrantes de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar en el desarrollo de herramientas digitales enfocadas en programas ambientales estratégicos. Durante la reunión, realizada en la Sala “Anticorrupción”, personal de la Unidad de Informática y Desarrollo Digital presentó el módulo “Estufas Ahorradoras de Leña en las Microcuencas de la Nueva ERA”, integrado en la plataforma tecnológica “Jaguar Evalúa”, un sistema innovador diseñado para modernizar los procesos de supervisión gubernamental mediante tecnología, monitoreo inteligente y

De la Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

En el marco de la celebración del Día de la Maestra y el Maestro, bajo el lema Educar es transformar, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de medallas a docentes de los subsistemas federal y estatal con 25, 30, 40 y 50 años de servicio, donde manifestó su agradecimiento por la labor que realizan en favor de la educación. Destacó que el gobierno de la Nueva ERA reconoce la vocación y el esfuerzo con los que acercan el conocimiento a las comunidades, contribuyendo así a la construcción de un Chiapas y un México con mayor igualdad y bienestar.

“Son hacedores de la patria y tejedores de nuestra nación, porque llegan hasta el último rincón para educar. Los valoramos enormemente porque desde su etapa de juventud, llenos de emociones, se van a los centros de trabajo a construir su carrera magisterial. La maestra y el maestro representan la extensión del humanismo, porque llevan el conocimiento para que los pueblos salgan adelante. Gracias, porque sin educación no hay prosperidad ni transformación”, expresó.

En ese contexto, el mandatario resaltó la sensibilidad y disposición de la

trazabilidad digital.

En su intervención, Ana Laura Romero Basurto, destacó que la SAyBG ha migrado hacia un modelo de vigilancia preventiva sustentado en herramientas tecnológicas de última generación, permitiendo que los programas prioritarios del gobierno estatal puedan ser supervisados con mayor precisión, transparencia y eficiencia.

Subrayó que “Jaguar Evalúa” representa una nueva visión de control gubernamental, ya que permite dar seguimiento en tiempo real a las acciones, avances y cumplimiento de objetivos de los programas con mayor inversión pública impulsados por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, fortaleciendo la rendición de cuentas y consolidando una administración moderna, cercana y transparente.

Asimismo, detalló que, como par-

te de esta estrategia de innovación, la plataforma contempla la entrega de accesos digitales a las y los titulares de diversas secretarías y dependencias estatales, quienes serán responsables de alimentar permanentemente el sistema con información relacionada con avances, metas, acciones y ejercicio presupuestal.

Precisó que este mecanismo permitirá al gobernador revisar en tiempo real el comportamiento, aplicación y seguimiento del presupuesto asignado a las dependencias gubernamentales, fortaleciendo la supervisión estratégica, transparencia y toma de decisiones basada en información inmediata y verificable.

Romero Basurto señaló que este modelo digital representa un paso histórico hacia una administración pública más eficiente, moderna y preventiva, donde

la tecnología se convierte en una herramienta clave para garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos y consolidar un gobierno cercano, transparente y orientado a resultados.

Durante el encuentro, las y los desarrolladores explicaron el funcionamiento del sistema, así como los mecanismos de operación, monitoreo y seguimiento digital orientados a fortalecer el control de programas ambientales en Chiapas.

Como parte de los acuerdos alcanzados, la plataforma “Jaguar Evalúa” realizó la entrega de accesos al módulo “Estufas Ahorradoras de Leña en las Microcuencas de la Nueva ERA”, fortaleciendo con ello las acciones de supervisión, control y seguimiento de este programa prioritario.

En esta mesa de trabajo participaron Magdalena Atorres Abarca, titular de la Semahn; Irving Abigail Ortega Loza, coordinador estatal; así como Inés Arredondo Hernández, coordinadora estatal del Programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas de la Nueva ERA en Chiapas.

Con estas acciones, la SAyBG reafirma su compromiso de impulsar una administración pública inteligente, transparente y sustentada en innovación tecnológica, colocando a Chiapas a la vanguardia en mecanismos digitales de supervisión y seguimiento gubernamental.

Eduardo Ramírez destaca el papel de las maestras y los maestros en la transformación de Chiapas

presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender, conforme a derecho, las peticiones del sector educativo. Explicó que su administración trabaja de manera coordinada con las autoridades federales y mantiene una relación de diálogo permanente y armonioso con las Secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con el propósito de responder a las necesidades y garantizar justicia laboral al magisterio chiapaneco. Asimismo, Ramírez Aguilar instruyó a la Secretaría de Educación estatal a establecer una agenda común para que los días 15 de cada mes se reconozca y honre el desempeño de las y los docentes. En este sentido, sostuvo que una de las prioridades es generar las condiciones necesarias para que se sientan orgullosos de su profesión, ejerzan su labor con seguridad y vivan en paz en sus comunidades. También les convocó a sumarse al programa de alfabetización Chiapas Puede, con el objetivo de contribuir a que más personas aprendan a leer y escribir.

El secretario de Educación, Roger

Mandujano Ayala, felicitó al magisterio chiapaneco y reconoció su compromiso y grandeza en favor de la educación. Señaló que las y los docentes no solo transmiten conocimientos, sino que también forman valores y principios. Añadió que una de las principales problemáticas actuales es la pérdida de valores, por lo que el gobierno de la Nueva ERA impulsa el fortalecimiento de la formación cívica y ética en los programas educativos, con enfoque en derechos humanos e interculturalidad. En representación de las y los docentes homenajeados, Marilú Sar -

miento Chanona agradeció al gobierno de Eduardo Ramírez por este reconocimiento y destacó la vocación de servicio de quienes durante 25, 30, 40 y 50 años dedicaron su vida a enseñar, orientar y transformar generaciones. Subrayó que el verdadero legado de las maestras y los maestros no concluye con la jubilación. “Continúa viviendo en cada estudiante que aprendió a pensar, en cada profesionista que descubrió su camino y en cada ser humano que comprendió el valor de la responsabilidad, la solidaridad y el esfuerzo”, afirmó.

Padre que denunció ante Sheinbaum abuso sexual en primaria de Hidalgo acusa de amenazas a funcionarios

Juan Leonardo Pérez Téllez, el padre de familia que el pasado 4 de enero increpó a la presidenta Claudia Sheinbaum en un evento en Tizayuca, Hidalgo, para pedir justicia por un posible abuso sexual agravado cometido contra su hijo, un menor con autismo, denunció hostigamiento y amenazas presuntamente cometidas por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

“Hoy, la justicia de Hidalgo le ha fallado a mi niño y nuestras vidas corren peligro inmediato. Denuncio públicamente que mi esposa, mi hijo y yo estamos siendo perseguidos y acosados por camionetas oficiales de la Procuraduría del Estado de Hidalgo y recibiendo llamadas de amenaza tras exhibir la corrupción del caso”, alertó el padre, quien consideró que su familia ya no tiene garantías en su propio estado, por lo que pidió “el auxilio urgente” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, el padre de familia, de 27 años, acusó mediante un video difundido en sus redes sociales la posible evasión del testimonio de su hijo: “la Magistrada de la Segunda Sala Unitaria acaba de borrar y excluir la declaración de mi hijo del proceso, silenciando a la víctima para favorecer al agresor” René C.B. “y a su abogado”.

El pasado 7 de enero, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo confirmó que el director de la escuela primaria Donaciano Serna Leal, presunto responsable de la agresión sexual contra el niño de 9 años con trastorno del espectro autista, recibió la suspensión temporal de su cargo, mientras enfrenta el proceso penal en su contra. El directivo seguía el proceso en libertad por un amparo que fue concedido por un juez con sede en la Ciudad de México, medida que sería revisada por

Sinaloa es uno de los estados con mayor cantidad de hallazgos de fosas clandestinas durante el primer cuatrimestre de este año de acuerdo a la organización civil Causa Común. En contraste, el gobierno federal advierte una disminución en homicidios dolosos en el estado que desde septiembre de 2024 ha estado sumido en eventos violentos por la guerra entre Chapitos y Mayos.

De acuerdo al informe de la organización civil, entre enero y abril de 2026 se han ubicado 157 fosas clandestinas, cuya mayoría se concentran entre Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Estado de México y Guanajuato. El informe advierte además que en estas sepulturas se han exhumado los cuerpos de al menos 250 víctimas.

un Tribunal federal con sede en Hidalgo. La intervención ocurrió después de que Juan Leonardo Pérez se aproximara hasta la mandataria e interrumpiera el discurso oficial para denunciar posibles omisiones de la fiscalía estatal y urgir ayuda a Sheinbaum, quien supervisaba la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 293 en Tizayuca el 4 de enero.

Posteriormente, el padre acusó dilaciones en el caso y posible pérdida de evidencia que incluiría grabaciones que muestran la agresión, además de dar a conocer que ha recibido amenazas de muerte. A la mandataria, le dijo que teme por su vida y, después, Sheinbaum pidió a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, que revise el caso.

El asunto acumuló una serie de recursos legales por los que la medida cautelar prevista en la fracción XI del numeral 155, consistente en la suspensión temporal de una actividad profesional, se dictó hasta el 12 de diciembre, aunque René C. B., director de la primaria Donaciano Serna Leal, había sido vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado desde una audiencia inicial que data del 4 de abril de 2025.

La serie de recursos también ha permitido el seguimiento del caso en libertad –lo cual es reclamado por el padre de la víctima–, en tanto que el presunto agresor René C. B. se man-

tuvo en el sistema educativo estatal, con remuneración y todos los derechos laborales vigentes, asignado a funciones administrativas, hasta el inicio del procedimiento de separación salarial.

El 7 de enero, cuando fue abordado respecto al tema, el secretario de Educación estatal, Natividad Castrejón Valdez, informó que esa separación salarial podría entrar en vigor a partir de la quincena que seguía.

“Siempre que hay un tema de este tipo, de inmediato debe separarse de la escuela y evitar que tenga contacto con cualquier tipo de alumno. Desde el día siguiente que se recibió la queja (fue separado), y se manda a la jefatura de sector, donde tiene actividades administrativas, pero no de dirección”, dijo el funcionario.

“Una vez que lo toma la Procuraduría, ya nosotros no somos parte del proceso, tenemos que esperar que sea la autoridad competente la que determine la falta, si es o no es; la verdad es que hemos tenido casos en los que resulta culpable el acusado y muchos otros en los que resulta inocente. No podemos prejuzgar, lo que tenemos que hacer es tomar las medidas para que el acusado no esté en contacto con alumnos”, expuso.

Juan Leonardo Pérez Téllez hizo responsable de la seguridad de su familia, de cualquier atentado o “accidente” que sufran, a Francisco Fernández Hasbun, encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo; a Iram Gon-

zález Pérez, subprocurador y hermano del actual secretario de Agricultura, Napoleón González Pérez, a quien había señalado de posible corrupción y negligencia en la atención del caso; al ministerio público Marco Antonio Chavarría Perchez, “por ocultar la carpeta cinco meses y hostigarnos”, y al juez Víctor Manuel Portela Ortiz, “por un año de burlas procesales”.

En la grabación que subió a su perfil de Facebook, el padre del menor posiblemente agredido dijo: “hago este video de carácter urgente, porque la Federación nos ha dejado en el abandono absoluto y nuestras vidas y nuestra integridad física corren peligro inmediato por parte del propio aparato estatal del estado de Hidalgo”, para después denunciar lo que denominó “un esquema sistemático de hostigamiento, persecución y terror psicológico institucional que constituyen un crimen de estado”.

“Tras denunciar la corrupción, las omisiones y los nexos delictivos en el caso de abuso sexual agravado cometido en contra de mi menor hijo, quien vive con autismo, mi familia y yo nos hemos convertido en el blanco de una cacería por parte de las propias autoridades que juraron protegernos. Denunció abiertamente que estamos siendo perseguidos, vigilados y cercados por camionetas oficiales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, que nos siguen en nuestras caminatas, nos vigilan al salir de las instituciones y utilizan recursos públicos para amedrentar a las víctimas, en lugar de capturar a los delincuentes”, afirmó.

Asimismo, sostuvo haber recibido amenazas directas “por personas plenamente identificadas como trabajadores del gobierno de Hidalgo”, incluidos subordinados del subprocurador: “eso es represión, eso es persecución política y es el uso de la fuerza del estado para cubrir la pederastia”.

Sinaloa es uno de los cinco estados con más fosas clandestinas: organización civil Causa Común

El informe es construido con datos en medios de comunicación, y actualmente no existe un registro oficial que documente de forma exhaustiva las fosas clandestinas encontradas durante dicho periodo.

Un ejemplo precisamente es Sinaloa, donde entre enero y abril de este año, según registros de medios locales, se han ubicado más de 20 fosas clandestinas, entre ellas las ubicadas en la localidad de El Verde, en Concordia, zona en donde rescataron los cuerpos sin vida de nueve de los 10 trabajadores de una minera canadiense secuestrados en enero último.?

Otra zona de amplios hallazgos ha sido el área rural de Culiacán y Mazat-

lán, aunque colectivos de búsqueda advierten que en municipios como San Ignacio y Elota hay denuncias de más fosas clandestinas.

Además, entre 2023 y 2024 en Sinaloa se incrementó la cantidad de fosas localizadas hasta en un 123 por ciento, la tercera entidad con mayor aumento en ese lapso.

Desde 2018 a la fecha Causa Común ha documentado además que Sinaloa es la sexta entidad con la tasa más alta de desapariciones por cada 100 mil habitantes con 77.

Miércoles 13 de Mayo de 2026 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Link: https://issuu.com/danteoliveyro/docs/contrapoder_edici_n_3367

Ojeda nunca denunció el caso de huachicol fiscal en el que están implicados sus sobrinos

El exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, nunca denunció formalmente el caso de huachicol fiscal, en el que estarían implicados sus sobrinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ni ha sido citado a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes ministeriales afirmaron que la FGR ya comprobó la autenticidad del audio difundido en medios de comunicación en el que se escucha a Ojeda Durán hablando con el contralmirante Rubén Fernando Guerrero Alcántar, quien fue asesinado luego de denunciar la red de huachicol fiscal, y que el mismo ya forma parte de la carpeta de investigación.

Sin embargo, la Fiscalía aún no logra identificar quiénes son las otras dos personas que estuvieron en la reunión y que se escuchan en la grabación.

Aunque en septiembre de 2025 el extitular de la FGR, Alejandro Gertz Manero afirmó que Ojeda Durán había denunciado “problemas” en diversas áreas de la Semar y solicitó

La Secretaría de Salud federal (SSA) emitió un aviso epidemiológico a las unidades sanitarias de primer, segundo y tercer nivel de atención en México, ante el brote multinacional de Hantavirus de los Andes entre pasajeros y tripulación de un crucero internacional que navegó en el Océano Atlántico sur; hasta el momento no se ha identificado ningún caso en México.

Publicado por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), el aviso va dirigido también a las Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) y miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP). La alerta fue emitida este martes para identificar cualquier posible caso de manera oportuna.

En su cuenta de X, el secretario de Salud, David Kershenobich, detalló que “a la fecha, en México no se han detectado casos” de este virus calificado como síndrome respiratorio grave.

Aseguró que México “mantiene una vigilancia epidemiológica permanente, de acuerdo a los protocolos internacionales”. Y agregó que, mediante la Dirección General de Epidemiología y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), el país “cuenta con las herramientas para a la detección oportuna, control y manejo de algún

Aunque Gertz afirmó que el secretario de Marina de AMLO había reportado “problemas” y solicitó investigar a su personal, en realidad nunca formalizó la denuncia. Tampoco ha sido citado a declarar por la FGR

investigar a su personal, lo que llevó a descubrir la red de huachicol fiscal en la que sus sobrinos son señalados, en realidad el exmando naval nunca formalizó la denuncia.

Lo único que hizo fue reunirse con Gertz Manero para hablar sobre el tema por el que actualmente, su sobrino, Manuel Roberto Farías Lagu-

na se encuentra vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

En tanto, debido a que la República de Argentina rechazó expulsar o deportar a Fernando Farías Laguna, detenido el pasado 23 de abril en Buenos Aires con un pasaporte falso

de Guatemala bajo el nombre de “Luis Lemus”, ahora la FGR se prepara para solicitar su extradición.

Conforme al artículo 11 del tratado bilateral de extradición entre México y Argentina, firmado en el año 2011, el término de 60 días que tiene la FGR para solicitar la extradición del contralmirante vence el próximo 21 de junio, aunque es posible que la Fiscalía formalice su solicitud antes de dicha fecha.

Los hermanos Farías Laguna han denunciado que son chivos expiatorios e incluso Manuel Roberto envió ayer una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que afirmó que fue vinculado a proceso sin pruebas suficientes.

Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que en el caso hay pruebas suficientes contra ambos marinos, razón por la que la FGR obtuvo las órdenes de captura en contra de ellos.

SSA emite aviso epidemiológico por brote multinacional de Hantavirus

posible caso”.

En su mensaje, el titular de la SSA subrayó que el Hantavirus “es un virus de difícil contagio y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la probabilidad de propagación internacional y de transmisión sostenida entre personas se considera baja”.

Y cerró al decir que la dependencia mantiene la coordinación y comunicación con las autoridades sanitarias estatales e internacionales.

El aviso epidemiológico

El aviso incluye los antecedentes del brote anunciado a la OMS a principios de mayo, el registro de los casos que se han presentado y las investigaciones que hacen las autoridades para saber su origen.

También ofrece las acciones que las autoridades sanitarias deben emprender en caso de identificar casos sospechosos; así como recomendaciones de cuidado para el personal de salud.

Por otra parte, contiene la explicación científica del virus, su forma de transmisión, el cuadro clínico y el tratamiento que requiere.

“Riesgo nacional”

La alerta epidemiológica emitida

por la SSA por el Hantavirus de los Andes informa que, “de acuerdo con la evaluación de riesgo de la Organización Mundial de la Salud, la probabilidad de propagación internacional y de transmisión sostenida se considera muy baja”.

Aunque no menciona la proximidad del desarrollo de la Copa Mundial FIFA 2026, por la que México espera alrededor de 5.5 millones de visitantes del mundo, advierte que “la movilidad internacional, el tránsito aéreo global, la exposición de viajeros internacionales y la capacidad docu-

mentada de transmisión persona a persona del hantavirus de los Andes constituyen factores que requieren mantener una vigilancia epidemiológica estrecha”.

Y enfatiza que, aunque el riesgo para México “es bajo, la detección oportuna continúa siendo fundamental debido a la elevada letalidad de la enfermedad, su rápida progresión clínica, la dificultad diagnóstica en fases tempranas y la necesidad de implementar medidas estrictas de aislamiento ante casos sospechosos”.

Bajo vigilancia aérea: reporte de inteligencia ubica a Rocha Moya en el Palacio de Gobierno de Culiacán

Un reporte de inteligencia de fuentes norteamericanas de alto nivel, obtenido por Proceso, perfila un escenario inédito en el corazón político de Sinaloa: el gobernador Rubén Rocha Moya se encontraría resguardado dentro del Palacio de Gobierno estatal, bajo un esquema de vigilancia aérea permanente que incluye un helicóptero táctico y al menos seis drones de gran tamaño.

De acuerdo con el documento, fechado el 11 de mayo, los indicios recabados en las últimas horas ubican al mandatario en el área de azotea del inmueble oficial, con un cuadro clínico asociado a una afección respiratoria derivada de un debilitamiento inmunológico. La información —clasificada como de “seguimiento operativo”— no ofrece precisión absoluta sobre su localización interna, pero insiste en la permanencia del gobernador dentro del complejo gubernamental.

El elemento más delicado del reporte no es, sin embargo, la condición de salud del mandatario, sino el dispositivo de observación que lo rodea. Según las fuentes consultadas, durante el día y, con mayor intensidad, en horarios nocturnos y de madrugada, se ha registrado una presencia aérea constante

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch rechazó la versión difundida por la cadena de noticias CNN sobre la presunta participación de la CIA contra supuestos integrantes del narcotráfico en el Estado de México.

En su cuenta de X, el funcionario se refirió a un reportaje en la que el medio estadunidense sostuvo que la muerte de un operador del Cártel de Sinaloa, Francisco Beltrán “El Payín”, y su chofer, el pasado 28 de marzo, en el estallido del vehículo en el que viajaban, fue resultado de “un asesinato selectivo, facilitado por agentes operativos de la CIA”.

El reportaje refiere que “la operación contra Beltrán fue parte de una campaña ampliada y previamente no reportada de la CIA dentro de México -encabezada por la Ground Branch o Rama Terrestre de la agencia- para desmantelar redes arraigadas a los cárteles”, y cita a “fuentes y otras dos personas familiarizadas con esta campaña”.

En su posicionamiento sobre el evento ocurrido en Tecámac, Estado

Un reporte de inteligencia de alto nivel obtenido por Proceso ubica a Rubén Rocha Moya en el Palacio de Gobierno de Culiacán, bajo vigilancia aérea permanente con un helicóptero tipo Little Bird y seis drones, en un despliegue inédito de presión sobre el poder estatal

sobre el perímetro del Palacio de Gobierno. Un helicóptero ligero —identificado por sus características como un modelo tipo “Little Bird”, utilizado en operaciones especiales por fuerzas estadunidenses— mantiene órbitas continuas, mientras que al menos seis drones realizan sobrevuelos recurrentes, particularmente durante la noche.

El patrón descrito —órbitas cerradas, cobertura de perímetro reducido y vigilancia sostenida— no corresponde a tareas de patrullaje convencional. Se trata, según el propio documento, de un esquema de “vigilancia estratégica

y disuasión aérea permanente”, una categoría operativa que sugiere no sólo monitoreo, sino capacidad de intervención inmediata.

Rocha Moya.

El reporte abre, así, una dimensión más profunda del conflicto político y de seguridad que atraviesa Sinaloa: la eventual presencia de activos aéreos vinculados a agencias estadunidenses en el espacio inmediato del poder estatal. La implicación es doble. Por un lado, coloca al gobernador en una situación de resguardo extremo

dentro de su propia sede de gobierno; por otro, sugiere un nivel de interés y presión externa que rebasa los cauces diplomáticos tradicionales. En paralelo, el documento menciona movimientos en el entorno político cercano. Enrique Inzunza Cázarez, figura clave en la estructura de poder local, habría sido ubicado en Badiraguato, en una vivienda con características de resguardo reforzado, mientras que miembros de su familia habrían modificado de manera abrupta sus rutinas personales y académicas. Estos desplazamientos, leídos en conjunto con la vigilancia aérea sobre Culiacán, configuran un mapa de repliegue y cautela entre actores relevantes del gobierno estatal. Proceso opta por resguardar la identidad y detalles sensibles de las fuentes que sustentan este reporte. Sin embargo, la coincidencia de datos operativos, el nivel técnico de la información y la consistencia del patrón descrito permiten sostener, con cautela, que Culiacán vive bajo un episodio de observación estratégica inusual, cuyo alcance político aún está por definirse.

García Harfuch rechaza versión de CNN sobre presunta operación de la CIA en explosión de Tecámac

de México, García Harfuch señaló que “el gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”.

Reconoció la cooperación con el gobierno de Donald Trump, pero que “las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes”.

Apuntó: “Cualquier cooperación internacional se limita al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por el gobierno de México, particularmente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instituciones del Gabinete de Seguridad”.

El funcionario replicó el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que la cooperación de México con Estados Unidos en materia de seguridad se da “sin subordinación”. “La cooperación con Estados Uni-

dos existe, es importante y ha dado resultados relevantes para ambos países; sin embargo, ésta se realiza bajo principios claros: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación”, posteó el titular de la SSyPC.

Aseguró que, bajo esos principios, “ambos gobiernos han logrado avances importantes en el combate al crimen organizado transnacional, entre

ellos detenciones de objetos relevantes, aseguramientos de droga, armas, precursores químicos, laboratorios clandestinos, recursos financieros y bienes vinculados a estructuras criminales”.

Agregó que los resultados muestran que “la colaboración bilateral puede ser efectiva cuando se conduce por canales institucionales, con intercambio de información y pleno respeto al marco legal de cada país”.

Imputación contra Rocha Moya es “solo el comienzo de lo que viene para México”: DEA

El titular de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, aseguró que las acusaciones en contra del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, son “solo el comienzo de lo que viene para México”.

Este martes, Cole compareció ante senadores de Estados Unidos; al ser cuestionado por el senador republicano de Luisiana John Kennedy sobre la acusación presentada contra el sinaloense, el director de la DEA aseguró que estos políticos que ayudan los cárteles son igualmente culpables de envenenar a los estadunidenses.

“No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del gobierno mexicano han estado involucrados durante años, pero ahora de repente le estamos prestando atención a esto”, dijo Cole.

Las declaraciones ocurrieron luego de que el canciller Roberto Velasco afirmó que Estados Unidos aún no ha dado respuesta a la solicitud que hizo

Al ser cuestionado por el senador republicano de Luisiana John Kennedy sobre la acusación presentada contra el gobernador sinaloense, el titular de esa agencia aseguró que estos políticos que ayudan los cárteles son igualmente culpables de envenenar a los estadunidenses

México sobre la entrega de pruebas contra el gobernador Rocha Moya, y otros nueve funcionarios acusados por la Fiscalía de Nueva York de narcotráfico y tenencia ilícita de armas. Velasco señaló durante la conferencia presidencial matutina que el Departamento de Estado de EU no ha respondido la nota diplomática que envió hace casi dos semanas la cancillería mexicana sobre el proceso

“No se detectó” ninguna conducta ilícita de Rocha Moya: García Harfuch

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que “no se detectó” ninguna conducta ilícita en las labores de coordinación entre la Federación y el gobierno de Rubén Rocha Moya.

“Y no solo eso, estuvimos operando todo lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con resultados que ustedes conocen, que aquí se han informado”, afirmó.

Expuso que “en Sinaloa se han detenido objetivos de alta prioridad, no solo para México, sino de responsabilidad compartida; también personas con extradición, y nunca hubo un impedimento para que el Gabinete de Seguridad desarrollara sus actividades”.

Por lo tanto, desde la dependencia a

su cargo no hay ninguna investigación hacia Rocha Moya.

En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dijo que “hasta este momento no tenemos respuesta” de las pruebas que México solicitó a Estados Unidos sobre la acusación contra el ahora gobernador con licencia de Sinaloa.

Y aunque admitió que “claro que hay comunicación tanto con la Embajada de Estados Unidos en México como con Washington, con el Departamento de Estado. Tenemos una comunicación muy fluida y cotidiana”, sobre este tema no ha habido información.

Recordó que “se envió una nota diplomática, como se hace siempre, se envió a través de nuestra Embajada en Washington, y estamos esperando la respuesta del Departamento de Estado”.

y las órdenes de detención con fines de extradición de Rocha Moya y nueve funcionarios activos y retirados, que desataron nuevas tensiones entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y Washington.

La Fiscalía de Nueva York hizo pública a fines de abril acusaciones por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas contra Rocha Moya, el alcalde de la capital de Sinaloa, Juan de Dios

Gámez, el senador Enrique Inzunza —los tres de Morena— y otros siete funcionarios, entre los que se incluye un vicefiscal y mandos policiacos.

En la acusación se los señala de ayudar a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” —integrada por los hijos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán—, a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó a inicios de este mes que no ejecutaría las detenciones provisionales con fines de extradición de los funcionarios mexicanos, dado que “no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia” para esa medida.

Sheinbaum insistió este martes en que no hay pruebas suficientes para detener a Rocha Moya, quien tras el escándalo se separó temporalmente del cargo al igual que Gámez.

A casi dos años de la captura de El Mayo, la FGR sigue sin citar a Rocha Moya... ni como testigo

A dos años de que el narcotraficante, Ismael “El Mayo” Zambada, denunció supuestos vínculos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con la delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República (FGR) no lo ha citado a declarar, ni como testigo.

Fuentes de la Fiscalía comentaron a Proceso que hasta ahora ningún funcionario de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa ha sido citado a declarar tampoco sobre el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma estatal, Héctor Melesio Cué, ocurrido el 25 de julio de 2024.

Esto, pese a que la propia FGR concluyó que la Fiscalía estatal organizó un montaje para hacer parecer que el exrector había sido asesinado durante un supuesto asalto en una gasolinería, para lo cual hasta presentó un video.

Sin embargo, actualmente la FGR revisa nuevamente las carpetas de investigación iniciadas desde 2021 por delitos electorales cometidos durante el proceso de ese año en el que resultó electo Rocha Moya, secuestro, delincuencia organizada y

lavado de dinero, en las que fue señalado que el cártel de Sinaloa operó a favor del gobernador con licencia. Aunque el pasado 1 de mayo el vocero de la FGR, Ulises Lara, informó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Estados Unidos no venía acompañada de pruebas y que, por ello, la institución solicitó la información a través de la cancillería, hasta el momento el gobierno de Donald Trump no ha entregado nada.

Las fuentes consultadas afirmaron que, pese a los señalamientos que existen en Estados Unidos contra el gobernador con licencia y otras 9 personas, ninguno de los involucrados ha salido del país pero tampoco han sido citados a declarar ante la FGR.

Vida y trabajo de mujeres “pagan el precio” por deuda de países: PNUD

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló en su nuevo informe «¿Quién paga el precio? Desigualdad de género y deuda soberana» donde estimaron la pérdida de 55 millones de empleos de mujeres si 85 Estados continúan aumentando su deuda, esto ocurre debido a que la forma en la que se gestiona y se paga provoca el recorte a inversiones en salud, bienestar y sistemas de cuidados, lo que las obliga a conseguir empleos precarizados.

De acuerdo con Alexander De Croo, administrador del PNUD, cuando la deuda de un país se dispara, los Estados ajustan sus presupuestos recortando servicios, infraestructura y oportunidades económicas. Aunque tiene implicaciones para todos, advirtió que son las mujeres quienes «pagan el precio alto», pues sus opciones laborales se reducen y aumenta el trabajo de cuidado.

Para gestionar el pago de la deuda, los gobiernos recurren a políticas de austeridad para «calmar a sus acreedores internacionales o cumplir las condiciones de los programas de alivio de la deuda», según señala la PNUD. Es así que se generan recortes o topes salariales que afectan a sectores altamente feminizados, mientras que las reducciones a la provisión de salud y atención pública trasladan las responsabilidades de cuidados a las mujeres.

La reducción de subsidios de combustibles, electricidad y alimentos ponen en aprieto a estas mujeres, sobre todo quienes son las proveedoras principales en el hogar. La PNUD señala que estos patrones pueden incrementar la carga de la deuda familiar, es decir, a las familias que se endeudan para cubrir gastos de alimentación, salud o educación.

Al panorama se suma que el mundo enfrenta desafíos relacionados al aumento de tenciones geopolíticas y de escalada militar que perturban sistemas energéticos y alimentarios gracias a conflictos en el Medio Oriente, lo que podría incrementar la pobreza hasta 32.5 millones de personas en todo el mundo y sus impactos caen mayormente en países que ya enfrentan restricciones fiscales por la deuda. Actualmente hay 170 conflictos armados activos en el mundo, máximo registro desde 2a Guerra Mundial – cimacnoticias.com.mx

PNUD/Sumaya Agha

El estudio del PNUD, en donde

De acuerdo con Alexander De Croo, administrador del PNUD, cuando la deuda de un país se dispara, los Estados ajustan sus presupuestos recortando servicios, infraestructura y oportunidades económicas. Aunque tiene implicaciones para todos, advirtió que son las mujeres quienes «pagan el precio alto», pues sus opciones laborales se reducen y aumenta el trabajo de cuidado

se analizó el panorama en 85 países con ayuda de datos del Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo y el Informe sobre Desarrollo Humano evidenciaron que con la pérdida estimada de los 55 millones de empleos a corto plazo (92.5 millones a largo plazo) se generará una caída en los ingresos de las mujeres del 17% ampliando aún más las brechas de género existentes, mientras que en los ingresos de los hombres no se registró ningún cambio. Anteriormente, la carga de servicio aumentada por la deuda se duplicó entre la década de 2010 y 2022, lo que provocó una disminución de 21.8 millones de empleos de mujeres a corto plazo y 38.4 millones a largo plazo, pero ahora las pérdidas pueden ser mayores. Para el PNUD, a los impactos de la deuda ocasionan se suma que las trabajadoras independientes y las que contribuyen al sustento familiar cuentan con menos acuerdos laborales formales y protección social.

El informe también señala que aquellas mujeres afectadas por el aumento de la deuda y los pagos de los Estados se enfrentan a afectaciones en las inversiones sobre educación, servicios de salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia doméstica, restric -

ciones en nutrición y planificación familiar.

Algunos datos hallados en los 85 países refieren un aumento del 32.5% en la tasa de mortalidad materna, es decir, 67 muertes de madres por cada 100 mil nacidos vivos, siendo esta una de las afectaciones más graves en el servicio de salud.

A raíz de los resultados sobre muerte materna, la PNUD concluyó que las mujeres enfrentan la disminución en su esperanza de vida del 2.3%, porque aunque los cambios suelen ser graduales, los indicadores muestran que la deuda puede tener consecuencias rápidas y sustanciales en la salud pública con implicaciones duraderas para el bienestar de la población.

Otra área afectada es el nivel educativo, por ejemplo, la organización encontró que las mujeres muestran una disminución del 1% sobre su acceso a la educación, aunque los hombres enfrentan afectaciones más pronunciadas del 2.7% al 2.9%. Esto sugiere que la participación educativa de los hombres puede ser vulnerada con las limitaciones económicas impuestas por el pago de la deuda.

OIT/J. Aliling

La PNUD informó que sería menos agresivo si las políticas de

austeridad recurren al aumento de impuestos; sin embargo, los gobiernos suelen usar como recursos en aumento de impuestos indirectos como el IVA o los impuestos sobre las ventas, lo cual es regresivo y puede erosionar los ingresos de las mujeres de forma desproporcionada.

El organismo internacional propone a los países que las estrategias de gestión de la deuda incorporen explícitamente evaluaciones del impacto de género para preservar el margen fiscal para inversiones que apoyen la participación económica y el bienestar de las mujeres. Por otro lado, impulsar que los programas de consolidación fiscal eviten recortes de gastos en áreas críticas para la igualdad de género en sectores con alta concentración de mujeres.

También buscan que los gobiernos supervisen tanto el impacto de género de los fondos prestados como la distribución de los costos del servicio de la deuda, que las estrategias de endeudamiento incorporen presupuestos con perspectiva de género para evaluar cómo las cargas de reembolso influyen en la igualdad de género, y que la reforma financiera global sea clave para reducir los costos de endeudamiento y la carga de la deuda en los países en desarrollo.

Wendy Rayón Garay Ciudad de México.

LA IA, ¿UN NUEVO PROMETEO ENCADENADO? EL JUICIO DEL SIGLO Y EL ALMA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1. El Tablero de Oakland, donde el futuro se sienta en el banquillo

El martes 28 de abril de 2026 podría convertirse en el día que marcó un parteaguas trascendental en la historia de la tecnología.

En la bahía de San Francisco, mientras la niebla matinal envuelve los rascacielos de las llamadas “big tech”, un juzgado federal en Oakland se convirtió en el escenario de una colisión frontal entre dos de las figuras más influyentes del siglo XXI. Por un lado, Elon Musk, el hombre más rico en el mundo, cuya fortuna es calculada en $794.4B, según Forbes

The World´s Real-Time Billionaries. Por otro lado, Sam Altman, el rostro visible de una profunda revolución tecnológica que ha transformado nuestra relación con el lenguaje y el pensamiento.

Lo que está en juego en este tribunal va más allá de una simple pugna por el control de una empresa o una cifra astronómica de daños y perjuicios que supera los 130 mil millones de dólares.

Esta contienda trasciende la lucha de poder. Se trata, en esencia, de un debate fundamental sobre si la tecnología más potente jamás creada por el hombre puede –o debe– estar en manos de una corporación con fines de lucro, o si su destino es ser un patrimonio abierto para toda la humanidad. El litigio representa un examen profundo del contrato social de la inteligencia artificial (IA).

II. La Metamorfosis de OpenAI: de la filantropía al capitalismo de datos

El conflicto Musk vs. Altman & OpenAI aparentemente tiene sus raíces en una paradoja fundacional. OpenAI nació en 2015 con un aura casi religiosa de salvación técnica. Musk y Altman, junto a figuras como Greg Brockman, prometieron armar una empresa sin fines de lucro, capaz de representar un efectivo contrapeso frente a Google y otras entidades cerradas.

El objetivo era desarrollar Inteligencia Artificial General (AGI) de manera transparente y gratuita. Sin embargo, el entorno regulatorio y financiero se volvió “cada vez más complejo”. El entrenamiento de modelos como GPT-4 y sus sucesores requería una potencia de cómputo que la filantropía efectivamente no podría costear. La creación de la rama “capped-profit” (ganancias limitadas) en 2019 fue el primer cisma. El argumento de Musk: “No se puede robar una caridad”

En el estrado de Oakland, Musk ha sido tajante: “He sido un tonto”, declaró recientemente, refiriéndose a los 38 millones de dólares que donó inicialmente para poner en marcha a OpenAI.

Su argumento legal se centra en la ruptura de un fideicomiso caritativo. Para Musk, OpenAI se ha convertido en una subsidiaria de facto de Microsoft, traicionando el estatuto original que prohibía que la tecnología fuera privatizada.

III. El asedio legal: derechos de autor y la propiedad del pensamiento

Pero el juicio Musk-Altman es sólo el epicentro de un terremoto legal más amplio. OpenAI está inmersa en “diversos litigios relacionados con el uso de la IA y la propiedad intelectual”.

Estamos ante una crisis de la propiedad intelectual. Durante décadas, el sistema legal operó bajo la premisa de que los humanos crean y las máquinas procesan. Hoy, esa distinción ha colapsado.

Demandas de gigantes, como las interpuestas por The New York Times (NYT) y agencias internacionales, hacen dudar de la legalidad del web scraping masivo –técnica utilizada para extraer información de sitios web de manera automatizada, y que puede ser realizada sin el conocimiento y la autorización de los sitios de internet–.

En diciembre de 2023, NYT demandó a OpenAI y a Microsoft por infringir sus derechos de autor, alegando que los modelos de IA fueron entrenados, sin permiso, con millones de artículos protegidos por derechos de autor.

El sistema judicial de Estados Unidos y tribunales en Europa están analizando si la obtención de datos para el entrenamiento de plataformas de IA Generativa vio-

la los derechos fundamentales a la privacidad. Si un modelo “memoriza” datos sensibles, ¿quién es el responsable legal de esa filtración?

¿Representa un “uso justo” (fair use) el ingerir millones de artículos periodísticos para que una máquina aprenda a escribir como un periodista?

IV. Las consecuencias: ¿un precedente de hierro?

El análisis de las posibles consecuencias de estas prácticas sobre la protección de los derechos individuales y colectivos podría sentar precedentes de gran importancia.

Si el jurado en Oakland falla en favor de Musk, OpenAI podría verse obligada a:

Revertir su estructura a una organización sin fines de lucro pura, lo que pondría en jaque sus acuerdos multimillonarios con Microsoft.

Abrir sus modelos (Open Source): Lo que Musk llama “liberar la IA” para evitar el monopolio.

Reformular su consejo de administración, permitiendo la entrada de supervisores externos que prioricen la seguridad sobre el rendimiento trimestral.

Por el contrario, una victoria para Altman validaría el modelo de “capitalismo responsable” en la IA, permitiendo que las empresas sigan cerrando sus sistemas bajo el argumento de la seguridad nacional y la prevención de riesgos existenciales.

V. Conclusión: el futuro en una balanza

Nos encontramos en un momento histórico similar a la invención de la imprenta o el descubrimiento de la energía nuclear. La diferencia es que la IA no es un objeto inerte; es un sistema que evoluciona, un agente, como afirma Noah Harari en su reciente libro, Nexus (2024).

El juicio entre Elon Musk y Sam

Altman representa la culminación de una tensión fundamental que caracteriza la época actual: ¿es posible que el mercado regule aquello que ha creado para ser ilimitado? Esta pregunta, que surge en el contexto del desarrollo exponencial de la inteligencia artificial, pone en tela de juicio las capacidades y los límites de la autorregulación del sector tecnológico.

Musk ha presentado tres demandas clave en este proceso judicial:

La destitución de Sam Altman y Greg Brockman, figuras centrales en la gestión de OpenAI.

La reversión de OpenAI a una estructura puramente sin fines de lucro, eliminando su actual modelo híbrido.

La devolución de 134 mil millones de dólares en daños a la rama no lucrativa de la organización.

Si el proceso transcurre sin interrupciones, se prevé que el jurado –compuesto por nueve personas seleccionadas el 27 de abril de 2026 en la corte de Oakland, California–podría emitir su veredicto hacia finales de mayo o principios de junio de 2026.

El veredicto del jurado será consultivo en la primera fase, centrada en determinar la responsabilidad. Las nueve personas evaluarán si existió engaño o incumplimiento de los principios fundacionales de OpenAI, aunque no decidirán sobre las consecuencias legales; esa tarea corresponde a la jueza encargada del caso.

El caso está bajo la supervisión de Yvonne González Rogers, jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, conocida por su experiencia en litigios tecnológicos de alto perfil, como el de Epic Games contra Apple.

González Rogers tiene la autoridad final tanto en la fase de responsabilidad como en la determinación de las medidas reparatorias o indemnizaciones, independientemente del dictamen del jurado.

Tras el veredicto consultivo del jurado, las decisiones definitivas suelen tomarse semanas después. En este caso, ello podría suceder a finales del verano de 2026.

El resultado de este juicio no sólo afectará el balance financiero de OpenAI o el prestigio de los involucrados, sino que determinará si el “cerebro digital” del futuro será una herramienta democrática o la propiedad privada más valiosa de la historia.

La justicia tiene hoy la difícil tarea de decidir si la IA debe seguir siendo un Prometeo encadenado a los intereses corporativos o si, como prometieron sus fundadores en 2015, debe ser el fuego que ilumine a toda la humanidad por igual.

CONSULADOS EN ESTADOS UNIDOS, NECESARIAS PRECISIONES

Ernesto Villanueva

El 7 de mayo de 2026 el Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó el inicio de una “revisión” de las 53 oficinas consulares de México en su territorio, sin precisar plazos ni base jurídica específica, enmarcándola en la política exterior denominada “America First”. La medida abre una cuestión que conviene examinar a la luz del derecho internacional público, en particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (CVRC), de la que ambos Estados son Parte, y de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (CVDT), de la que México es Parte y cuyas disposiciones sustantivas Estados Unidos reconoce como derecho internacional consuetudinario. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia — Personal diplomático y consular en Teherán (1980), LaGrand (2001) y Avena (2004)— ilustra el carácter vinculante del régimen y su autonomía respecto de las tensiones políticas entre las Partes. Veamos. Primero. La CVRC distribuye con precisión las competencias entre Estado que envía y Estado receptor. El artículo 2 dispone que las relaciones consulares se establecen por consentimiento mutuo. El artículo 4.1 condiciona la apertura de toda oficina al consentimiento del Estado receptor; el artículo 4.2, sin embargo, atribuye al Estado que envía la facultad de fijar la sede, la clase y la circunscripción consular, correspondiendo al receptor únicamente la aprobación. La distinción es jurídicamente decisiva: la iniciativa, el dimensionamiento y la determinación del número de oficinas pertenecen al Estado que envía, en función de las necesidades derivadas de las funciones consulares enumeradas en el artículo 5. Los numerales 4.4 y 4.5 reiteran el mismo esquema para viceconsulados, agencias consulares y dependencias: iniciativa del Estado que envía, aprobación del receptor. El receptor concurre mediante actos de aprobación discretos en cada apertura, no mediante una auditoría permanente sobre la red ya constituida. Una vez otorgado el consentimiento, la relación queda regida por el principio pacta sunt servanda del artículo 26 CVDT, reconocido como norma consuetudinaria. El artículo 4.3 restringe

expresamente al Estado que envía: las modificaciones de sede, clase o circunscripción exigen el consentimiento del receptor. El tratado no concede expresamente al receptor una potestad simétrica de revocación tras la aprobación inicial; esa ausencia, leída a la luz del consentimiento mutuo del artículo 2, excluye la reducción unilateral de la red. Donde sí se otorga al receptor una facultad cuantitativa es en el artículo 20, sobre el tamaño del personal consular: en defecto de acuerdo expreso, el receptor puede exigir que el personal se mantenga dentro de límites razonables y normales conforme a las condiciones del distrito. Esa facultad recae sobre la plantilla, no sobre el número de oficinas. Toda alteración de la red establecida exige consenso entre las Partes.

Segundo. La Convención prevé las hipótesis de conducta indebida y las regula invariablemente en el plano individual, no institucional: cada funcionario es examinado por separado, en función de actos concretos. El artículo 23 faculta al Estado receptor a notificar en cualquier momento que un funcionario consular determinado es persona non grata o no aceptable, sin obligación de motivar la decisión. Los artículos 55.1 y 55.2 obligan a los miembros de la oficina consular a respetar las leyes del receptor, abstenerse de inmiscuirse en sus asuntos internos y no usar los locales de manera incompatible con el ejercicio de las funciones consulares. El artículo 43 delimita la inmunidad de jurisdicción a los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares, lo que confirma el carácter funcional — ratione materiae— del régimen y excluye toda extensión institucional automática. Las consecuencias previstas frente a conductas indebidas son, por tanto, específicas, individualizadas y proporcionadas:

separación del funcionario, restricción del uso del inmueble, retiro del exequátur. La clausura unilateral de oficinas por el Estado receptor como sanción no figura entre los remedios previstos ni puede deducirse interpretativamente del texto. Imputar a una institución la conducta presunta de personas físicas determinadas y aplicarle por esa vía una sanción colectiva contradice frontalmente la estructura de los artículos 12, 23, 43 y 55, e ignora los cauces ordinarios para ventilar diferencias: notas verbales, consultas bilaterales y los mecanismos diplomáticos del derecho internacional general. La Corte Internacional de Justicia, en Personal diplomático y consular en Teherán (párr. 86), fue explícita respecto del régimen diplomático —principio extendido por la doctrina al régimen consular paralelo y codificado por la Comisión de Derecho Internacional en el artículo 50.2(b) del Proyecto sobre Responsabilidad del Estado (2001)—: aun ante señalamientos de actividad indebida atribuida a miembros individuales de una misión, el receptor no queda autorizado a vulnerar la inviolabilidad ni la operación de la institución; el remedio jurídicamente disponible es la declaración individual de persona non grata. La regla es inequívoca: persona por persona, acto por acto, jamás la institución por imputación colectiva. Tercero. La figura de “revisión” anunciada carece de fundamento normativo en la CVRC. El tratado no contiene procedimiento alguno de evaluación periódica o unilateral de la red consular extranjera, ni autoriza condicionar su mantenimiento a directrices de política interna del receptor. Los precedentes de cierre del consulado chino de Houston (2020) y de instalaciones rusas (2017-2018) no constituyen fuente jurídica: la “práctica ulterior” del artícu -

lo 31.3.b CVDT exige acuerdo de las Partes sobre la interpretación, no actos unilaterales contestados por los Estados afectados, que no generan norma. La CVRC reposa sobre el principio de igualdad soberana enunciado en su preámbulo y en el artículo 2.1 de la Carta de Naciones Unidas. La determinación cuantitativa de la red corresponde, en su origen, al Estado que envía: 53, 40 o cualquier otra cifra son expresiones legítimas de esa prerrogativa, sujetas únicamente a la aprobación inicial del receptor —en este caso, otorgada y vigente—. La pretensión de revisar dicha cifra como instrumento de presión en materias ajenas a la función consular —cooperación en seguridad, política migratoria— se aproxima a la figura de la contramedida, regida por los Artículos sobre Responsabilidad del Estado de la CDI (2001), que exige proporcionalidad, vínculo directo con un ilícito previamente atribuido y notificación formal. Ninguno de esos presupuestos se ha verificado. Más decisivo aún: el artículo 50.2(b) del mismo proyecto excluye expresamente que las contramedidas afecten “las obligaciones relativas a la inviolabilidad de los agentes, locales, archivos y documentos diplomáticos o consulares”. La red consular está, por diseño normativo, sustraída del régimen de contramedidas. En suma, la determinación del número de consulados que México mantiene en Estados Unidos es, conforme al artículo 4.2 CVRC, una facultad del Estado que envía, sujeta a la aprobación inicial del receptor. Esa aprobación, una vez conferida, vincula a ambas Partes bajo el principio pacta sunt servanda. Los eventuales incumplimientos individuales encuentran su cauce, exclusivamente, en el examen caso por caso previsto en los artículos 12, 23, 43 y 55: persona señalada, conducta concreta, procedimiento individualizado. Confundir a la persona con la institución, y aplicar a ésta sanciones diseñadas para aquélla, no es interpretación posible del tratado: es desbordamiento del tratado. La cifra —53, 40 o la que el Estado mexicano determine conforme a sus necesidades de protección consular— pertenece al ámbito de la soberanía codificada por el régimen, no al de la negociación coyuntural.

¿Cuál podría ser el objetivo oficial, al disponer mandar a publicar la fotografía que hoy acompaña este texto y que fue conocida con toda oportunidad, antes de la reciente reunión nacional entre el secretario de educación del país y los secretarios respectivos de cada uno de los Estados?

Independientemente de la respuesta institucional correcta sobre la fotografía de hoy, tomada en la Ciudad de México el día de la reunión nacional del Secretario de Educación, Mario Delgado, con los Secretarios de Educación de cada Estado del país ¿QUÉ SE PUEDE PENSAR AL VER LA FOTO?

Que el gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar y el subsecretario de educación federalizada en Chiapas, Alfredo Ramírez Guzmán, también Comiteco, ¿son parientes?, buscaban apresurados y no encontraban, HABÍAN OLVIDADO LLEVAR el documento de SOLIDARIDAD del gobierno del Estado a Mario Delgado, por las DECISIONES UNILATERALES que él había tomado para achicar el calendario escolar 2025-2026…

¿Para qué puede servir al gobernador y al subsecretario de educación federalizada, mandar a publicar una fotografía con estas características?

¿Para dejar constancia a los padres y madres, y a los estudiantes chiapanecos, que el gobernador y su empleado, se ocupan de representarles y defenderles en sus derechos?

¿Por qué no llevaron al Secretario de Educación, Roger Mandujano

BOBERAS…

Ayala?

Dejando a un lado las motivaciones que se pudieron haber tenido para instruir la publicación de la imagen en cuestión, ES UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD para anotar algunas observaciones al gobierno de Chiapas, a quienes ejercen el poder desde cualquiera de los Poderes Públicos:

* Es de extrema urgencia que ya se ocupen de las labores SUSTANTIVAS que urgen ser atendidas, las heredadas por los malos gobernantes anteriores y las que han venido surgiendo y acumulándose en los últimos 17 meses…

* Es una prioridad fundamental el cuidar LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE GOBIERNO, que

se transmite a los chiapanecos, a los mexicanos, al gobierno de la República, a la clase política de Chiapas y del país… No son pocos los actores importantes que dan seguimiento permanente y puntual, a todo lo que se hace y se publica desde Chiapas… No hay que permitir elementos que propicien la burla o la risa…

* Los Tres Poderes de Chiapas, con el gobernador por delante, están obligados a crear una imagen de profesionales, responsables, serios, mesurados, sensibles, ocupados en el DESARROLLO Y EL BIENESTAR de las familias chiapanecas… Fotografías como la de hoy y muchas otras difundidas durante 17 meses, desprestigian y dañan la apariencia y la esencia de las instituciones y de

las personas hoy obligadas a cumplir con las leyes…

* Observando aspectos como el de ahora y otros, bien dan par pensar: ¿será que al gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, dentro de su EQUIPO SUPERIOR de trabajo, el enemigo le incrustó alguno o varios elementos humanos, para primero hacerle que se vea mal y luego conducirle a fracasos bien consolidados?

* LOS COLABORADORES principales de un gobernador, deben de ocuparse en aclarar y facilitar el camino correcto, con resultados relucientes y relevantes para los chiapanecos y para el titular del Ejecutivo de Chiapas, OERA, y HOY NO LO VIENEN HACIENDO en los términos y la magnitud necesarias, como lo establecen las leyes… Parece que no les importara atender el conjunto de particularidades que integran a la ahora y desde hace décadas, triste realidad del pueblo chiapaneco.

Ah! AYUDEN AL GOBERNADOR OERA, es obligación de sus más cercanos, con sueldos o sin ellos… Constantemente y de maneras muy RÚSTICAS, como dirían los chavos, LO CHOREAN públicamente sus colaboradores, sus publicistas, los periodistas de casa, los comunicadores que buscan ingresar o pretenden incrementos de cuota…

Ayer escuché a uno que difícilmente el gobernador no se dio cuenta que se lo estaba “merendando”, rodeado de inciensos ya muy sobados, corrientes, de esos que ya ni un Comisariado Ejidal lo permite…

LA CARNAVALESCA ELECCIÓN DE LOS UNACHOS

Como en los mejores tiempos del nefasto priato, la Universidad Autónoma de Chiapas ha iniciado el proceso para elegir rector de manera bastante folclórica.

Si algo queda claro en este carnaval de frivolidades es que Oswaldo Chacón Rojas ya se encariñó con el cargo de rector.

Su nombramiento como rector sustituto fue una burda imposición de Eduardo Ramírez. Empero, la mayoría de los unachos hicieron como que no se dieron cuenta de las violaciones a la Ley Orgánica porque ya no soportaban las atrocidades perpetradas por el defenestrado Carlos Faustino Natarén Nadayapa.

Sin embargo, una vez que ha iniciado el proceso de renovación de la rectoría, todo está viciado de origen: la Junta de Gobierno es ilegal, porque incumple con los mandamientos de la Ley Orgánica.

De ahí que todo el circo, protagonizado por Oswaldo Chacón y

sus matraqueros por conveniencia, carece de sustento legal.

Para deleite del respetable, Oswaldo Chacón y sus incondicionales del sindicato del personal académico han iniciado esta semana una pasarela electoral por diversos campus universitarios.

Como si se tratara de una elección para Rey Feo, tanto Chacón como los del domesticado sindicato están metiéndole billetes a la campaña: pagan acarreos de estudiantes, administrativos y docentes, mismos

que portan carteles, cartulinas, lonas, banderitas, matracas y silbatos.

Se ve que abunda el dinero, tanto del lado oficial como del sindical.

En el trasfondo, la idea genial de Oswaldo Chacón -de realizar marchas y mítines callejeros- es para que todos se enteren del profundo amor que le profesan tanto los estudiantes como los trabajadores, que sienten vivir en la gloria. No hay tales. Lo que sí es cierto es que Oswaldo Chacón ha iniciado, por la libre, un madruguete: intenta

hacer creer a Eduardo Ramírez que no hay en toda la UnACh alguien mejor que él para ocupar la rectoría durante los próximos cuatro años.

Por añadidura, busca ganarle la partida al Grupo Comitán que ha propuesto como candidata a la rectoría a María del Carmen Vázquez Velasco, actual secretaria general de la UnACh.

De pilón, tanto Oswaldo Chacón como su sindicato buscan cerrarle el paso a Indra Toledo, actual rectora de la Universidad Politécnica de Chiapas con sede en Suchiapa.

Así que, agudo y respetable lector, aquí tiene la explicación para los afanes carnavalescos de Oswaldo Chacón: encariñado con la chamba de rector, pretende presionar a Eduardo Ramírez para que no voltée a ver a María del Carmen Vázquez e Indra Toledo.

Difícil en verdad: Vázquez Velasco es propuesta del Grupo Comitán e Indra es miembro de la familia Toledo, propietaria del Diario de Chiapas.

Francisco Ruiz Zuart.
Alberto González Martínez

HERMANO DEL SECRETARIO DE MARINA HACE Y DESHACE EN CHIAPAS

Raymundo Díaz S.

• El Director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTECH), Luis Guadalupe Morales Ángeles, es HERMANO de Raymundo Pedro Morales Ángeles, actual Secretario de Marina en México.

• Bajo ese TRÁFICO DE INFLUENCIAS y PROTECCIONISMO FEDERAL, está haciendo y deshaciendo con esa institución educativa y con los recursos de esta.

PERFIL FRONTERIZO.

En primer lugar, este SOBERBIO y considerado ya como un claro y contundente ejemplo de ABIERTO y DESCARADO TRÁFICO DE INFLUENCIAS en Chiapas y en México, NUNCA hubiese llegado a la Dirección General del CECyTECH si no fuera HERMANO DEL SECRETARIO DE MARINA EN MÉXICO. Y, en segundo término, YA NO ESTUVIERA en el cargo y ni se le solapara tanta corrupción sino fuera PROTEGIDO POR EL UNIFORME MILITAR de su hermano, Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina Federal. En septiembre del 2025, PERFIL FRONTERIZO denunció como Marinos y vehículos oficiales de la Armada de México fueron captados resguardando la seguridad del hermano del secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles. A pesar de que, en pleno ESCÁNDALO DEL HUACHICOL en el que estuvieron o estan coludidos varios marinos, el actual Secretario de Marina, dijo: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo... hemos actuado con una sola brújula, la honestidad y la transparencia. Como la institución más querida del país... pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de

quien se trate, porque el amor al pueblo solo puede corresponderse con ese tipo de sentimiento. Nuestra lealtad nos sostiene”, la credibilidad de las palabras de Raymundo Pedro Morales Ángeles y de la propia investidura de la Marina Armada de México se LASTIMAN, SE ENSUCIAN y SE CONVIERTEN en SIMULACIÓN al exhibirse como guaruras personales de un funcionario estatal de quinta categoría como Luis Guadalupe Morales Ángeles, director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECYTECH), hermano del Almirante Secretario de Marina.

Por si ese ESCÁNDALO de corte nacional fuese poco para EL IMPUESTO y PRODUCTO de un ABIERTO y DESCARADO TRÁFICO DE INFLUENCIAS, Luis Guadalupe Morales Ángeles, operó y consumó LA SIMULACIÓN de la compra de un MULTIMILLONARIO seguro de vida en el CECyTE Chiapas, en complicidad con la Directora Administrativa, Paola Romero Guichard, con la empresa campechana, Black Dragon Executives. Aún cuándo trataron de ocultar sus FECHORÍAS FINANCIERAS, los documentos y solicitudes, fechadas el 3 de marzo de 2025 y firmadas por la Directora Administrativa y por el Jefe de Recursos

Humanos, Eduardo Hernández Meneses, la primera de Servicio con el folio 1L, por la cantidad de seis millones 349 mil 846 pesos, y una segunda, con folio 2L, por la cantidad de ocho millones 659 mil 72 pesos, están a la vista y aquí exhibidas, mismas que coinciden, exactamente, con las cantidades de las facturas, que entre ambas sumando en total, 15 millones ocho mil 918 pesos. Pero, por el TRÁFICO DE INFLUENCIAS y EL UNIFORME MILITAR DE LA MARINA que lo protegen y solapan, Luis Guadalupe Morales Ángeles SIGUE HACIENDO y DESHACIENDO con la Dirección del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, el cuál tiene como su MINA DE ORO. Investigaciones del Compañero y Colaborador Vinicio Portela, señalan que Luis Guadalupe Morales Ángeles, mandó a realizar mantenimiento de equipos de aires acondicionados con una empresa que vende autopartes. Esta es la factura con folio de 270, a favor de Car´s Solution Center S.A. de C.V., por la cantidad de 807 mil 713 pesos con 80 centavos, por el concepto de “servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a las instalaciones y a los equipos de sistema de climatización de las oficinas centrales del CECYTECH”.

Car´s Solution Center es una empresa de “comercio al por mayor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones”, según lo manifiestan en la Padrón de Proveedores y Contratistas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Esta es otra compra de servicios ficticia de Morales Ángeles y de su Directora Administrativa, Paola Romero Guichard, quien fue la que autorizó el presupuesto para este acto criminal.

Aunque se quieran cobijar bajo el argumento de ser persona moral, y que por un acta constitutiva puede participar en la licitación, o que pueda facturar porque está registrada ante el SAT, estos actos, contratos o transacciones SON ILEGALES y SON, a todas luces, ACTOS ABIERTOS de FAVIRITISMO, de “quién da más” “diezmos” y de CORRUPCIÓN, protegidos -desde luego- POR UN UNIFORME MILITAR de corte nacional, nada más.

Pero esto no para aquí. El expediente de Luis Guadalupe Morales Ángeles, HERMANO DEL SECRETARIO DE MARINA EN MÉXICO, Raymundo Pedro Morales Ángeles, es GIGANTESCO, por lo que, en nuestros próximos artículos seguiremos dando cuenta de ello.

Ya abundaremos pues, y mucho, muchísimo. He dicho.

CARTELERA POLÍTICA

Leonel Durante López

• Solos bajo las balas y las bombas

• La CIA asesta ataques letales contra cárteles y Sheinbaum finge demencia

Comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero del Concejo Indígena y Popular de GuerreroEmiliano Zapata (CIPOG-EZ) enfrentan desde hace año la violencia se deriva de un conflicto entre Los Ardillos y Los Tlacos, años que la población de la sierra paga las consecuencias de una guerra criminal que tiene raíces en disputas territoriales, extorsiones millonarias y presuntas alianzas políticas, según aseguran autoridades federales y estatales.

El CIPOG-EZ denunció el pasado 11 de mayo que Los Ardillos entraron a la comunidad de Alcozacán a las 12:30 horas con disparos de armas de alto calibre y ataques con drones, mientras el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional brillaron -como siempre-, por su ausencia.

Pero yo tengo otros datos, que, de acuerdo a lo dicho por Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata, que agrupa a 18 comunidades de la región, acusó que desde hace una década los pueblos indígenas han resistido ataques, desapariciones y asesinatos vinculados con policías municipales y operadores de “Los Ardillos”.

Hay 76 compañeros asesinados y 25 desaparecidos por el grupo de policías municipales de Chilapa”, denunció el activista, quien aseguró que autoridades estatales y federales conocen la relación entre integrantes del crimen organizado y distintos gobiernos municipales de la región, pero no resuelven el problema.

Los ataques, que habitantes atribuyen a integrantes de “Los Ardillos”, han provocado el desplazamiento de más de 800 personas hacia comunidades y municipios cercanos como Tixtla, Xicotlán y Acahuetlán.

Los pobladores denunciaron incursiones armadas, detonaciones constantes e incluso el uso de drones para hostigar a las comunidades indígenas de la zona.

“Los Ardillos” es considerado uno de los principales grupos criminales con presencia en al menos 13 municipios de la zona Centro y Montaña Baja de Guerrero, como Chilpancingo, Quechultenango, Tixtla, Zitlala y Ahuacuotzingo.

A la organización se le atribuyen delitos como extorsión, cobro de piso, homicidios, secuestros, desapariciones y narcotráfico. Además, pobladores denuncian que obligan a campesinos e indígenas a sem-

brar amapola, marihuana y hoja de coca para su tráfico hacia Estados Unidos. También mantienen control sobre rutas de transporte público y de carga en el corredor Chilpancingo-Tixtla-Chilapa.

Hoy, más de 2 mil personas están desplazadas, varias comunidades fueron tomadas y las organizaciones civiles acusan que el gobierno simplemente las dejó solas.

Tanto el gobierno estatal como el federal han insistido en presentar la violencia como un conflicto entre grupos rivales, sin embargo, los defensores rechazan esa narrativa.

La población le ha perdido la confianza en gobierno y a Claudia Sheinbaum ya no le creen nada, dice puras mentiras, por ello le hicieron un llamado a Donald Trump: “ayúdanos, mándanos helicópteros para que nos salven; ya estamos rodeados por culpa de Los Ardillos, los criminales nos están atacando, ya vienen cerca, están quemando las casas, porque la presidenta Claudia Sheinbaum no nos hace caso, ya nos dejó solos.

Em Chihuahua, el periodista César Lozano le preguntó a la presidenta de Morena, Ariadna Montiel si las indígenas de Guerrero que pidieron ayuda a Trump ante el asedio de Los Ardillos también son “vendepatrias”, como la 4T califica a los políticos que acuden al vecino país en busca de respaldo por el clima de inseguridad en México, ella cayó como momia, no supo qué responder.

En estos estos momentos pobladores están pidiendo la intervención del gobierno norteamericano para que les den asilo político a una mil 720, los más pobres que existen en México, que le están pidiendo a Estados Unidos que los saques del paraíso de la cuarta transformación, que es para ellos un infirmo desde que Morena ostenta el poder absoluto en México.

Pero el problema no son solo los delitos como extorsión, cobro de piso, homicidios, secuestros, desapariciones y narcotráfico lo que se

disputan loa Ardillos y los Tlacos, son los mineros que piden a esos grupos de criminales que expulsen a sus habitantes, ya que les estorban y no quienes pueblo en la región.

El trasfondo del desplazamiento forzado interno que se está generando hoy justamente ahí en la zona de las mineras trasnacionales -unas 18-, porque fueron concesionadas por el gobierno de Sheinbaum para explotar el subsuelo

Son mineras de gran calado internacional que operan en esa región y lo peor es que todas tienen relación con los grupos del crimen organizado, trabajan con ellas y son esos grupos los encargados de desplazar la población, porque les estorban.

La cuestión es que los pobladores se quedaron solos, el gobierno en lugar de defenderlos y apoyarlos para producir, les dan la espalda, pues tiene intereses muy fuertes con los mineros.

Ante ello, no tiene confianza en el gobierno, y es por ello que piden asilo a Donald Trump, pero por la situación migratoria tienen pocas esperanzas de ser aceptados, pero esperarán que les den buenas noticias, porque aquí en su tierra ya no tienen futuro más que la muerte.

Harfuch dice que la CIA no opera en México, los hechos lo desmienten

Omar García Harfuch rechazó la versión difundida por Cable News Network (CNN) sobre la explosión ocurrida el 28 de marzo en la carretera México-Pachuca, municipio de Tecámac, Estado de México, en la que el medio estadounidense señaló una presunta participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operaciones letales contra cárteles en territorio mexicano. El trabajo periodístico levanta el velo de misterio que el gobierno federal y las autoridades mexiquenses colocaron sobre el asesinato del “Payín”, que se dio a conocer principalmente por un video que circuló

en redes sociales, donde se observaba al vehículo explotar en plena carretera. Tanto la administración de Claudia Sheinbaum Pardo como la de Delfina Gómez Álvarez han guardado silencio respecto al atentado.

De acuerdo con el reportaje, agentes de la CIA “han participado directamente en ataques letales contra varios miembros de cárteles, generalmente de nivel mediano”, tanto en la bomba colocada debajo de la camioneta de “El Payín” como en la ejecución de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder histórico del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado 22 de febrero.

Veremos que otra mentira se avienta la presidenta, pero no tardará mucho tiempo en que sea desmentida como en otras tantas ocasiones que es desmentida.

Del Montón Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, denunció que la Mandataria de México, Claudia Sheinbaum, alentó protestas en su contra durante su visita al País la semana pasada. La española acusó de ‘echar fuego’ a la Presidenta Sheinbaum. Además, afirmó que el Gobierno de España la abandonó en una situación de “peligro extremo”. “Esta señora (Presidenta Sheinbaum), desde su programa de las mañanas, se ha dedicado el día entero, todos los días, de una manera incomprensible, a insultar, a ofender, a echar fuego contra nosotros”, dijo Ayuso. Señaló que su equipo avisó del viaje a las autoridades de España, pero que nadie la contactó ni preguntó nada sobre su visita a México, por lo que denunció abandono por parte del Gobierno de su país, pues afirmó que ella es una representante del Estado. * * * Horas después de que Morena anunciara sus intenciones de emprender un juicio político contra Maru Campos por permitir la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, la mandataria aseguró que no estaba enterada y que, por el contrario, gobernantes guindas enfrentan acusaciones de narcotráfico. Ante los ataques que he recibido de Morena, quiero decirles, no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal, como lo ha hecho mi gobierno, que ser un gobierno como los de ellos con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico”. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

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