CONTRAPODER EDICIÓN 2067

CMAN

DOXA

EDITORIAL

18 años de gobierno malogrado

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En Chiapas es notorio el colapso que hay en la administración que encabeza Rutilio Escandón, visión que contrasta con las evaluaciones que realiza el propio gobernador en las reuniones de gabinete

La intervención del gobierno federal en el feminicidio de Mariana, evidencia la falta de competencia de la fiscalía estatal.

Sorprende que este femenicidio se haya convertido en noticia internacional.

Y pese a ello, el gobernador no se haya pronunciado al respecto.

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EN CHIAPAS

Jueves 4 de Febrero de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2067

ACCIONES

ACUSACIÓN

Sánchez Cordero anuncia equipo especial para investigar caso Mariana Sufría acoso de un compañero; pidió un cambio de localidad para realizar su servicio social como médica, pero fue desoída; su cuerpo fue cremado con celeridad inusual y sin consentimiento ni conocimiento de su familia

Periodista FRZ presenta denuncia ante FGR por ataques a libertad de expresión

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DEMANDA

En SCLC exigen justicia en el caso de una violación

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PAG. 9

La Suprema Corte declara inconstitucional la política energética de la 4T

DENUNCIA

Caso Mariana evidencia la falta de perspectiva de género para investigar feminicidios: ONG

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HOY ESCRIBEN ANÁLISIS A FONDO: ¿FEMINICIDIO O SUICIDIO? Francisco Gómez Maza

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EL PROCESO DE SUCESIÓN RECTORAL EN LA UNICACH Y LA IRA DE LOS DIOSES Daniel Villafuerte Solís

EN LA MIRA

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Héctor Estrada

EL DIVÁN

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Sergio Stahl

PAG. 13

CONFLICTO ENTRE CARDENALES Y UNA IGLESIA EN SEMÁFORO ROJO Bernardo Barranco V. PAG. 5

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CONTRAPODER PODER

Jueves 4 de Febrero de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

EDITORIAL 18 años de gobierno malogrado

E

n Chiapas es notorio el colapso que hay en la administración que encabeza Rutilio Escandón, visión que contrasta con las evaluaciones que realiza el propio gobernador en las reuniones de gabinete, donde considera que todo está muy bien y que incluso presume logros, que solo están en su imaginación y que le impiden tomar con seriedad el conjunto de las decisiones políticas para contrarrestar e impedir el desastre social al que se camina inexplicablemente.

La entidad atraviesa en este momento por la peor situación social y económica de las últimas décadas, no solo por la crisis sanitaria y económica que se vive sino por la pérdida de legitimidad del gobernador, en la que se está generalizando la crítica hacia las autoridades, a partir de sucesos vergonzosos que se convirtieron en noticia nacional e internacional, como es el feminicidio de Mariana, que muestra el nivel de deterioro que hay en la vida pública, sin que esto le resulte relevante al gobernador, quien se encerró en su burbuja y se encuen-

tra aislado de la terrible realidad que se vive en el Estado, El discurso triunfalista del gobernador en la reunión de gabinete del inicio de semana no augura buenas noticias. Sobre todo, porque no corresponde a la realidad que un amplio sector de la población chiapaneca percibe y que manifiesta la necesidad de cambios, pero sobre todo de toma de decisiones políticas eficaces. Está claro, que las lecturas políticas que hace el gobernador van en sentido contrario al de la mayoría, y aunque la población le exija cambios y remociones de funcionarios, Rutilio Escandón no actúa y con muestras de capricho e irresponsabilidad sostiene a sus funcionarios, situación que terminará provocando mayores conflictos, pues existe el convencimiento popular de que el gobierno de transformación que se prometió son puras vaciladas, en el que no se diferencia en nada con los gobiernos que lo precedieron.

Al gobernador le urge anunciar buenos resultados, por eso se atrevieron a inventar logros inexistentes sobre el combate al Covid y a ren-

dir informes semanales falsos sobre contagios y fallecimientos, pero en realidad, la administración de Rutilio Escandón no tiene nada positivo que anunciar, debido a que no hay programas concretos para el bienestar de los grupos con mayor vulnerabilidad y no existe un plan de maestro de obras para el desarrollo, no hay apoyos para el campo y se desconoce en que se han invertido los más de 185 mil millones de pesos que supuestamente se han ejercido en los dos primeros años de esta administración.

Aunque a Rutilio Escandón le faltan 50 meses de duración del período de gobierno, hay voces que consideran que su gestión ya finalizó, sin dejar ningún legado que recuerde una acción trascendental de este gobierno. Y si en las próximas elecciones del mes de julio, no se construyen en la entidad una nueva mayoría, que impulse un cambio de timón y que constituya un gobierno de coalición, se corre el riesgo de que se cumplan 18 años de gobiernos malogrados, de manera ininterrumpida en la entidad.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Sánchez Cordero anuncia equipo especial para investigar caso Mariana Arturo Rodríguez Ciudad de México (apro)

L

as condiciones previas a la agresión contra Mariana Sánchez Dávalos y un cúmulo de irregularidades en la investigación de su muerte en Nueva Palestina, Ocosingo, en Chiapas, están claros en el gabinete de seguridad: Sufría acoso de un compañero; pidió un cambio de localidad para realizar su servicio social como médica, pero fue desoída; su cuerpo fue cremado con celeridad inusual y sin consentimiento ni conocimiento de su familia.

Con el cúmulo de anomalías mencionadas hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció un equipo especial integrado por personal de su dependencia y elementos de la Secretaría de Seguridad federal para coadyuvar en la indagatoria.

La decisión fue anunciada durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, que encabezó la secretaria en ausencia del presidente López Obrador. El equipo especial fue acordado durante la reunión del Gabinete de Seguridad, en lo que constituiría la primera misión del recién anunciado grupo de agentes que apoyará en casos de feminicidio y violencia de género.

La joven Mariana ha detonado de nueva cuenta las movilizaciones de mujeres que reclaman condiciones de seguridad, un tema espinoso para el gobierno de la República que en diferentes momentos ha resultado

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Ciudadanos que esperaban obtener un crédito en una financiera de Tuxtla, denunciaron los trámites que se llevan a cabo en un establecimiento localizado en el centro de la ciudad.

El señor Guadalupe Mijangos Suárez, dio a conocer su caso en el que, al solicitar un crédito desde el pasado mes de agosto en la Financiera “Crediself ” localizada en la Primera Sur y 5ª Poniente, cuando el personal de la misma le expuso que podía obtener 270 mil pesos de una forma fácil.

En esa ocasión le explicaron que esa cantidad la pagaría en diez años, en pagos mensualidades de 2700 pesos.

El requisito final para que le entregaran el dinero era que depositara 8 mil pesos, con ello además de la cantidad recibiría un seguro de vida, en un tiempo estimado de

Sufría acoso de un compañero; pidió un cambio de localidad para realizar su servicio social como médica, pero fue desoída; su cuerpo fue cremado con celeridad inusual y sin consentimiento ni conocimiento de su familia

errático en el manejo comunicacional del tema.

Sánchez Cordero destacó que respetarán la autonomía del estado y la competencia local en el caso, pero el papel de coadyuvantes implicará que además de apoyar las investigacio-

nes, realizarán un escrutinio permanente de la actuación de autoridades locales además de transparentar los avances.

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a las comunidades que reciben a los médicos pasantes cuan-

do realizan su servicio social, para que los cuiden, apoyen y reconozcan, pero también consideró que el caso de Mariana debe marcar un antes y un después para el Sector Salud en el seguimiento puntual de la situación de los jóvenes médicos.

Acusan a financiera Crediself por actuar de forma fraudulenta 30 días, y así se fue posponiendo la entrega, hasta la fecha.

A pesar de ello le pidieron que tenía que quedar pagando las mensualidades mientras salía el préstamo, pasando así cuatro meses, sin noticia alguna del dinero y pagando más de 16 mil pesos, dinero que ahora no le quieren regresar.

Le han dado largas, en todo este tiempo para la devolución del dinero, incluso le han notificado que le harán un descuento de tres mil pesos, sin razón o motivo alguno.

“Este no es el único caso, varias personas nos estamos juntando para hacer una demanda colectiva, por todos estos abusos que comete la financiera”, expresó.

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EN CHIAPAS

En SCLC exigen justicia en el caso de una violación Soel Gómez.

San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

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n caso de que no se haga justicia en su denuncia por violación, Guadalupe Pérez Hernández, advirtió que se quitará la vida, pues las autoridades correspondientes están buscando darle “carpetazo” a su caso.En entrevista, narró que el domingo 24 de enero, cerca de las 11 de la noche, fue violada por 8 personas, muy cerca del Hospital de Las Culturas, dice haber perdido el conocimiento luego de ser golpeada en la colonia El Relicario.

Cuando despertó se encontraba desnuda, “solo con el brasier, fui abusada por los ochos hombres, fue el domingo 24 a las 11 de la noche” y a pesar de haber hecho las denuncias correspondientes e incluso identificar a uno de los presuntos agresores, pues se encuentra detenido, le han dicho que los estudios médicos realizados demuestran que no hubo tal agresión sexual”.

“Me dicen que el detenido está siendo juzgado por otro tema, es muy triste que digan que no hay prueba de que fui abusada de los ochos hombres”.

Una de sus familiares, Elba Esther, dijo que uno de el licenciado de nombre Hugo Félix ha afirmado que no

Soel Gómez.

San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2020 se registró en Chiapas 460 violaciones sexuales, así como 70 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 29 se investigan como feminicidio, es decir menos de la mitad de los casos.

Por lo anterior, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Mujeres Libres COLEM A.C. y Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., denunciaron la falta de perspectiva de género de parte de las autoridades, para investigar los delitos cometidos por razones de género, lo que deriva en el obstáculo al acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida en la entidad.

En un comunicado citan el ejemplo de las omisiones de las autoridades el caso de Mariana Sánchez, estudiante de medicina con 24 años de edad, quien denunció la agresión sexual a la que fue sujeta, sin obtener ninguna respuesta por parte de las

Cuando despertó se encontraba desnuda, “solo con el brasier, fui abusada por los ochos hombres, fue el domingo 24 a las 11 de la noche” y a pesar de haber hecho las denuncias correspondientes e incluso identificar a uno de los presuntos agresores, pues se encuentra detenido, le han dicho que los estudios médicos realizados demuestran que no hubo tal agresión sexual”

hay rastros y que no se ha encontrado ningún rastro de la agresión que afirma la joven haber sufrido, “y que tiene una inflamación en su parte (íntima) y que eso es normal, que pudiera ser una infección que tiene”.

Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades, fue lo que motivó a que hicieran pública la denuncia,

“dicen que no están detenidos por eso, que se le metan en la cabeza que están detenidos por otras cosas que les encontraron. Están detenidas las personas”.

“Cuando los detuvieron, dijo que lo soltaran y que iba a decir todo lo que habían hecho a ella y que iba decir el nombre de Juan Shun, que

iba decir dónde está, es el miedo que tenemos de que nos vaya a pasar algo, quiero que sepan que mi sobrina, por mi hermana me enteré, que si no hace justicia, se va matar, eso nos preocupa, ayer le aclaré al licenciado que nos atendió, como que nos quieren ayudar pero a la vez no, no sé de qué se trata”, finalizó.

Existe registro en Chiapas de 460 casos de violación en 2020 autoridades universitarias, de salud, ni de las autoridades de la fiscalía o judiciales.

“Exigimos justicia para Mariana Sánchez y para todas las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia feminicida en Chiapas. Que se investigue toda muerte violenta de mujeres como feminicidio con perspectiva de género, enfoque diferencial y de derechos humanos”.

Asimismo, señalan que es necesario implementar a cabalidad el Protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en Chiapas para garantizar de manera pronta y eficaz el acceso a la justicia.

Además piden capacitar a las y los funcionarios públicos para la implementación del protocolo y la realización de investigaciones con perspectiva de género, ya que contar con el protocolo por sí solo no es suficiente para lograr garantizar el acce-

so a la justicia, así como fortalecer la realización de análisis de contexto y peritajes sociales para identificar los antecedentes de violencia de los que las mujeres víctimas de feminicidio sufrieron previamente.

Finalmente, demandan sancionar a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión hayan obstaculizado el acceso a la justicia para Mariana y para las mujeres en Chiapas.

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Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

O

rganizaciones defensoras de los derechos de las mujeres denunciaron que con el caso de Mariana Sánchez Dávalos quedó evidenciada la ausencia de perspectiva de género para investigar los feminicidios en la entidad.

Asimismo, demandaron de manera urgente sancionar a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión obstaculizaron el acceso a la justicia de la joven pasante de medicina.

La mañana del pasado 28 de enero fue hallado el cadáver de Mariana, quien ofrecía su servicio social en una clínica rural de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo. La Fiscalía General del estado (FGE) aseguró que había fallecido por “asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento”.

Tras el escándalo que provocó el caso de Mariana, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Mujeres Libres COLEM A.C. y Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. denunciaron este miércoles la falta de perspectiva de género de parte de las autoridades de Chiapas para investigar delitos cometidos por razones de género, lo que deriva en el obstáculo al acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida en la entidad.

Un ejemplo claro de las omisiones de las autoridades estatales, subrayaron, es la reciente agresión sexual y posterior feminicidio de Mariana Sánchez, estudiante de medicina, de 24 años de edad, quien denunció el hostigamiento al que fue sujeta, sin obtener una sola respuesta por parte de las autoridades universitarias, de salud y judiciales, y tampoco de la Fiscalía.

En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones mencionaron que el caso no fue investigado con perspectiva de género y se realizaron acciones sin consentimiento de la familia, como la cremación del cuerpo, hecho recurrente en otros casos. Tal acción podría derivar en responsabilidad de las autoridades, pues con ello se hace

ABD noticias San Cristóbal de las Casas, Chiapas .

El periodista Francisco Ruiz Zuart, presentó denuncia formal ante la Subdelegación de la Fiscalía General de la República, FGR, por ataques a la libertad de expresión contra quien o quienes resulten responsables y por la campaña orquestada en su contra por autoridades municipales.

La carpeta de investigación se registró bajo el número FED/CHIS// SCLC/0000122/2021’.

Al salir de la Fiscalía señaló “acudí a presentar formal denuncia por los ataques a la libertad de expresión del que vengo siendo objeto desde hace tiempo atrás,difamación, calumnia que dañan, que ponen en riesgo mi seguridad física, personal y familiar en contra de quienes resulten responsables.

Es atentado a la libertad de expresión según se puede ver con Autoridades

Jueves 4 de Febrero de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Caso Mariana evidencia la falta de perspectiva de género para investigar feminicidios: ONG

imposible la realización de los peritajes correspondientes, lo que obstruye el conocimiento de la verdad y el acceso a la justicia.

Para las organizaciones civiles es importante aplicar el “Protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en Chiapas”, publicado en agosto de 2020, mismo que se elaboró con los más altos estándares de investigación a nivel internacional, retomando el Protocolo de Minnesota, la sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en el caso de Mariana Lima Buendía, así como el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.

Además, el protocolo de investigación incorporó las necesidades específicas en comunidades y grupos indígenas, el enfoque diferencial y peritajes sociales con perspectiva de género.

Las tres organizaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres en Chiapas recalcaron que la falta de investigación en los delitos de género evidencia en primer lugar el poco reconocimiento de la problemática; en segundo, la normalización de la violencia contra las mujeres y, en tercer

lugar, la falta de perspectiva de género y de voluntad política para atender de manera prioritaria la violencia que acaba con la vida de las mujeres, niñas y adolescentes en Chiapas.

Y, además, la inacción de las autoridades del estado podría recaer en responsabilidad internacional.

También destacaron que, en materia de feminicidio, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) hizo observaciones a México en julio de 2018, durante la evaluación intermedia, donde pidió que “investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria”, y “garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio”.

En este contexto, ante la omisión de las autoridades del estado de Chiapas, exigieron justicia para Mariana Sánchez y para todas las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia feminicida.

De igual manera, demandaron investigar toda muerte violenta de mujeres, como feminicidio con perspectiva de género, enfoque diferencial y

de derechos humanos, e implementar a cabalidad el “Protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en Chiapas”, para garantizar de manera pronta y eficaz el acceso a la justicia.

También mencionaron la urgente necesidad de capacitar a las y los funcionarios públicos para la implementación del protocolo y la realización de investigaciones con perspectiva de género, ya que contar con el protocolo por sí solo no es suficiente para garantizar el acceso a la justicia.

En el pronunciamiento conjunto exigieron al gobierno en sus tres niveles fortalecer la realización de análisis de contexto y peritajes sociales para identificar los antecedentes de violencia de los que las mujeres víctimas de feminicidio sufrieron previamente.

Pero, sobre todo, sancionar a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión hayan obstaculizado el acceso a la justicia para Mariana y para las mujeres en Chiapas.

Recordaron que de 2018 a 2020, 71 mujeres fueron víctimas de feminicidio en la entidad, y desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han identificado que una constante es la resistencia de las autoridades, no solo en la aplicación del protocolo, sino para investigar con perspectiva de género, lo que es fundamental para el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la verdad y la justicia.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2020 se registraron en Chiapas 460 violaciones sexuales, así como 70 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 29 se investigan como feminicidio, es decir, menos de la mitad de los casos.

Periodista FRZ presenta denuncia ante FGR por ataques a libertad de expresión Municipales, del gobierno del estado de Chiapas.

Yo confío en la autoridad federal para que cese este acoso, este ataque de Francisco Ruiz Zuart, como ciudadano ejerce de desde hace 25 años en radio, televisión, medios de comunicación donde público o comparto textos de análisis o temas de análisis económicos, políticos o religiosos cotidianamente.

Me han ofrecido darle celeridad, la atención ha sido de primera por parte de la Fiscalía General de la República aquí en la Subdelegación. Esperemos las cosas salgan bien y cese este acoso de la autoridad municipal.

Ruiz Zuart, uno de los más críticos

comunicadores en esta localidad, explicó que el ataque más reciente fue cuando se publicó su rostro exibiendolo como un delincuente.

“Una persona publicó mi rostro tapado como si fuera un delincuente con la foto de una de mis propiedades para decir que tengo problemas con la justicia con Autoridades federales y del estado. Obviamente no son ciertas y que la Fiscalía general de la República me anda buscando, localizandome , que ando huyendo.

Lo publicó una persona de nombre Bersain Salas, se ve ha de tener contrato o convenio de publicidad con el municipio de San Cristóbal o gobierno de Chiapas porque todos

los días pública boletines, pero será la autoridad que investigue.

Finalmente, exigió respeto a la libertad de expresión como lo establecen los artículos 6 y 7 constitucional.Informó Mireni Mollinero

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Jueves 4 de Febrero de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

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n baile en honor al Divino Niño Jesús fue el detonante del contagio masivo de covid-19 en la comunidad de San Juan del Río perteneciente al municipio zapoteco de Santiago Choápam al desacatar las medidas sanitarias que han dejado 11 muertos, 14 hospitalizados y 400 contagios.

Es por ello que los Servicios de Salud de Oaxaca se quejaron que hay “localidades que han hecho caso omiso a las recomendaciones de la autoridad sanitaria y decidieron realizar su fiestas o reuniones, y como consecuencia enfrentaron brotes de covid-19. Ante ello, la institución reafirma su llamado a las autoridades municipales para que se sumen a las actividades de prevención de la salud”.

Mientras que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició el expediente DDHPO/CA/0033/(04)/OAX/2021, mediante el cual solicitó informes a las autoridades municipales de Santiago Choápam y de Salud sobre este hecho, en el que se difundió el contagio de un gran número de personas en esta comunidad.

Un video publicado en el portal primeralinea.mx resalta que el pasado 5 de enero, se realizó un baile en la comunidad en honor al Divino Niño Jesús, el cual fue amenizado por el grupo Costa Brava de Veracruz, por lo que no se descarta que los contagios derivaron de este evento.

En ese video de 10 minutos se observa a un numeroso grupo de habitantes bailando sin la sana distancia, sin cubrebocas y aglomerados con la autorización o permisibilidad de la autoridad municipal.

Días después comenzaron a darse a conocer los casos a tal grado que el presidente municipal de Santiago Choápam, Evergisto Gamboa Díaz,

Juan Alberto Cedillo Saltillo, Coah. (apro)

La organización civil Nueva Constituyente Ciudadana Popular informó que esta madrugada fue allanado el domicilio particular de la activista Jackie Campbell Dávila, asesora del obispo emérito Raúl Vera López en temas de derechos humanos y comunicación.

Esta es la tercera ocasión en que el equipo del prelado y la Diócesis de Saltillo sufren intromisiones ilegales en oficinas del Obispado en menos de un mes.

“Urgimos a las autoridades del estado a investigar el allanamiento cometido entre la noche de ayer 2 de febrero de 20021 y la madrugada de hoy al domicilio particular de nuestra compañera Jackie Campbell Dávila, cuya fachada denuncia los Feminicidios en Coahuila”, señaló la organización en un comunicado.

Campbell Dávila ya presentó an-

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Una fiesta patronal en Oaxaca deja 11 muertes y más de 400 contagios de covid-19 Una fiesta patronal realizada en Santiago Choápam, Oaxaca, realizada a principios de enero ha dejado al menos 400 contagios de covid-19 y 11 fallecimientos

lanzó un llamado de auxilio al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el 28 de enero, según consta en el oficio 39/2021, donde solicita su “intervención inmediata para frenar el colapso de covid-19.

Lo que no dijo es que por el contagio comenzó a darse después del baile que realizaron con motivo de la festividad del niño Dios donde no se respetó ninguna medida sanitaria.

En el documento que dio a conocer la autoridad municipal advierte que “ante el olvido, la pobreza y el desprecio, nos da lo mismo morirnos acá en la ciudad que en la montaña”.

Ahí solicitó médicos porque los que estaban en la comunidad están infectados, así como una brigada para desinfectar y víveres porque la población se encuentra aislada en sus casas y al

ser campesinos van al día, entonces ya comenzaron a escasea los alimentos.

Pero también amenazó que en caso de no tener respuesta a su petición “todos los que dieron positivo y están aislados nos trasladaremos al centro de la capital para morirnos en nuestro abandonado Oaxaca”.

En el oficio 39/2021, el presidente municipal de Santiago Choápam, Evergisto Gamboa Díaz, manifestó que en la comunidad de San Juan del Río se tomaron, el pasado martes 26 de enero, unas 30 muestras de los cuales 10 personas resultaron positivas, con un promedio de 400 personas infectadas, 14 internadas en diversas clínicas y hospitales de Tuxtepec y al día de hoy (28 de enero) hay 11 muertos”.

Aunado a ello, dijo, “ya no tenemos personal médico porque la doctora y enfermera resultaron positivos y se

encuentran aisladas, no contamos con medicamentos y todos están encerrados en sus casas”.

Es por ello que solicitaron de manera urgente; “se nos proporcione mil vacunas para prevenir la pandemia; se nos proporcione personal médico (doctores y enfermeras); se dote de medicamentos de acuerdo a número de población; se proporcione una ambulancia; no menos de 10 tanques de oxígeno; cubrebocas, sanitizantes y gel antibacterial; equipo médico propio para protección del personal que prestará sus servicios médicos en el centro de salud y cuatro mas para el comité de salud; una brigada que atienda esta problemática; 7 bombas para sanitizar la comunidad ; dos vehículos que servirá como patrulla para la movilización y continuar con resguardo y filtro que hemos tenido, ya que no contamos con ningún vehículo y solicitamos víveres o despensas para las personas que están resguardadas en sus casas sin poder salir a trabajar.

En respuesta, los Servicios de Salud de Oaxaca enviaron una brigada médica a la comunidad de San Juan del Río Choápam para atender el brote de covid-19.

En el comunicado, las autoridades de salud cuestionaron que desde “el pasado mes de diciembre la comunidad decidió levantar los filtros comunitarios en la zona para realizar eventos religiosos”.

Allanan domicilio particular de Jackie Campbell, activista y asesora del obispo Raúl Vera te la Fiscalía General de Justicia la denuncia correspondiente, donde señala que desconocidos rompieron la ventana de una puerta del segundo piso para ingresar a su domicilio.

La oficina de la activista de derechos humanos se encontró desordenada y con documentos revueltos en todo el segundo piso. No obstante, ningún objeto de valor fue robado.

“Es una intimidación más hacia mi persona por el trabajo realizado durante 20 años con señalamientos en contra de injusticias y violaciones de derechos humanos y denuncias contra empresarios y funcionarios”, destaca la denuncia de Jackie Campbell.

Los ataques contra la activista se agudizaron en diversos medios de comunicación estrechamente relacionados con el gobierno de Coahui-

la, desde que se anunció la renuncia del obispo Vera López.

Se ha constatado que los medios y columnistas que atacan a ambos personajes reciben onerosos contratos de publicidad oficial del gobierno de Coahuila.

Debido a la agresión, el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Ministerio de Interior anunció que ofrecerá protección a Jacqueline Campbell e investigará los ataques y el allanamiento ilegal a su domicilio.

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De la redaccion Ciudad de México (apro)

L

a periodista Lydia Cacho celebró la detención del exgobernador Mario Marín en el puerto de Acapulco, Guerrero, donde se había refugiado en casa de una hermana.

A través de su cuenta de Twitter, la también articulista y escritora reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) le notificó del arresto del exmandatario poblano.

“La @FGR me avisó en cuanto detuvieron al ex gobernador #MarioMarin escondido en Acapulco.

Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de #PornografíaInfantil Vamos por todos”, escribió.

La organización civil Artículo 19 también festinó la captura del exfuncionario priista, acusado del presunto delito de tortura.

“Hoy fue detenido Mario Marín Torres, ex gobernador de Puebla, por su involucramiento como autor intelectual en la tortura de Lydia Cacho cometida hace 15 años”, posteó la agrupación.

Artículo 19, agregó, “celebra este importante avance en la búsqueda de justicia, verdad y reparación del daño”.

Y precisó que en unas horas más el exmandatario poblano será puesto a disposición de un juzgado federal y en los próximos días se determinará su situación jurídica.

“Exhortamos al Poder Judicial de la Federación a conducirse con imparcialidad y que brinden las debidas garantías de seguridad a jueces y magistrados”, demandó.

De la misma manera, puntualizó, “reiteramos el llamado a la @FGRMexico para actuar con diligencia en la localización y detención de los otros autores intelectuales, Kamel Nacif y Hugo Karam, ambos prófugos de la justicia”.

Jueves 4 de Febrero de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Lydia Cacho y Artículo 19 aplauden detención de Mario Marín “Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de pornografía infantil”, recordó la periodista Lydia Cacho al celebrar la detención del exgobernador de puebla, Mario Marín

La Suprema Corte declara inconstitucional el programa “Mochila Segura” De la redaccion Ciudad de México (apro)

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional al programa Mochila Segura al no contar con un marco legal que lo sustente.

En sesión virtual y con cuatro votos a favor, la SCJN concedió un amparo a dos padres de familia para que sus hijos no sean sujetos al programa o cualquier operativo asociado, sin que hayan expresado

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su consentimiento.

La SCJN reconoció en un comunicado que el fallo no impide que el congreso federal y los locales desarrollen una legislación que dé sustento al programa y respete los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

También destacó que el fallo no impedirá la revisión de las mochilas de los alumnos en los casos en que se haya cometido un delito o esté por cometerse, ya que esto colocaría a la comunidad en un riesgo o peligro inminente.

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Jueves 4 de Febrero de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EN CHIAPAS

Diputados aprueban reformas para prohibir violencia simbólica y mediática contra las mujeres De la redaccion Ciudad de México (apro)

L

a Cámara de Diputados aprobó por 444 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones, diversas reformas en contra de la violencia hacia las mujeres, entre las que se incluye prohibir que se apoyen con recursos públicos los concursos de belleza.

En sesión semipresencial, los legisladores avalaron el dictamen que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incorporando los conceptos de violencia simbólica y mediática.

El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, define a la violencia simbólica como la expresión, emisión o difusión por cualquier medio, ya sea en el ámbito público o privado, de discursos, mensajes, patrones estereotipados, signos, valores icónicos e ideas que transmiten, reproducen,

Carina García Ciudad de México (apro)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la aplicación de una prueba piloto para el voto de personas en prisión preventiva recluidas en cinco Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), quienes podrán sufragar por sus diputados federales.

Con eso se acatará una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que en 2019 ordenó que en 2024 se haga efectivo el derecho de las personas en prisión preventiva a votar, aunque aún estará por definirse si sólo para elegir presidente u otros cargos.

La medida busca proteger a los internos en esos centros, quienes están privados de sus derechos políticos, aunque aún no tienen sentencia condenatoria.

El modelo de votación que se empleará será el “voto anticipado” y podrán emitir su sufragio en mesas de votación instaladas en cada Cefereso, el 17 de mayo, y de ser necesario hasta tres días consecutivos, hasta el 19 de mayo, todo con medidas sanitarias para prevenir contagios de covid-19.

Los pasos previos serán la integración de una Lista Nominal de las Personas en Prisión (LNEPP), en la que podrán anotarse los reclusos que deseen participar. Sus datos serán revisados por el Registro Federal de

En sesión semipresencial, los legisladores avalaron el dictamen que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incorporando los conceptos de violencia simbólica y mediática

justifican o naturalizan la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad.

Asimismo, señala que se conside-

rará violencia simbólica a los concursos, certámenes, elecciones, competencias y cualquier otro tipo de eventos que promuevan estereotipos de género y, con base en los mismos,

evalúen de forma integral o parcial la apariencia física de mujeres, niñas y adolescentes.

Al respecto, el dictamen aprobado en San Lázaro destaca que las instituciones públicas no podrán asignar recursos, publicidad oficial, subsidios, ni cualquier tipo de apoyo económico o auspicio público a la realización de estos eventos.

En cuanto a la violencia mediática, los diputados la definieron como la expresión a través de cualquier medio de comunicación de contenidos que, de manera directa o indirecta, promuevan estereotipos de género, así como la humillación, explotación, degradación, desigualdad, discriminación, o cualquier forma de violencia contra las mujeres.

INE da luz verde a prueba piloto de voto en prisión, en 5 Ceferesos Electores (RFE) y la lista tendrá corte del 28 de febrero.

A esos ciudadanos les será remitido un Sobre Paquete Electoral de Seguridad Penal (SPES) con un “sobrevoto”, un resumen de las plataformas electorales y su boleta electoral de diputaciones federales (según el distrito en el que se dieron de alta en el padrón), misma que deberán marcar con la opción de su preferencia.

Los paquetes serán enviados a las Juntas Locales del INE, es decir la cabecera de cada distrito donde se ubica el Cefereso, y serán firmados por los representantes de los partidos para ser remitidos a los distritos electorales correspondientes a cada elector recluso.

El cómputo de votos será con presencia de los partidos (física o virtual) el mismo día de la elección federal, el 6 de junio.

La prueba piloto se aplicará en cinco de 390 centros penitenciarios, elegidos en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana –con la que se firmará un convenio--, y reúnen, con corte a marzo de 2020, a 2 mil 185 personas, mil 680 (76.9%) hombres y 505 (23.1%) mujeres.

En el caso de la primera circunscripción está considerado el Cefereso 11, ubicado en el distrito electoral federal 04 Hermosillo, donde hay 581 Internos en prisión preventiva, 550 del fuero federal y 31 del común.

Para la circunscripción segunda el Cefereso 12, en el distrito 4 con 631 internos, 543 de fuero federal y 88 local; para la tercera circunscripción se aplicará el plan piloto en el Cefereso 15, en Villa de Comaltitlán, Chiapas, con 365 internos en prisión preventiva, 280 del fuero federal y 85 de fuero común, y el 3% de su población es originaria de esa entidad.

En la cuarta circunscripción estará el Cefereso 16, CPS Morelos, en el

distrito electoral federal 04 Jojutla, en Coatlán del Río, único del plan piloto que es femenil y donde están recluidas 505 mujeres, 459 por delitos del fuero federal y 46 del fuero común.

Para cubrir la quinta circunscripción se operará en el Cefereso 17, en el distrito electoral federal 12 Apatzingán, en el municipio Buena Vista Tomatlán, donde hay 108 internos, 80 del fuero federal y 23 del fuero común.

Con todos los Ceferesos se buscarán convenios de colaboración para hacer posible el voto y eventualmente podría incluirse otro Centro Penitenciario Femenil local.

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La Suprema Corte declara inconstitucional la política energética de la 4T Juan Omar Fierro Ciudad de México (apro)

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a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el acuerdo emitido por la Secretaría de Energía (Sener) que limita la interconexión y construcción de centrales privadas de generación de energía eólica y solar con la red eléctrica nacional, así como la comercialización de la energía que producen empresas particulares.

Al resolver una controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020, la Segunda Sala de la Corte resolvió que dicha norma vulnera los principios de libre competencia y concurrencia contenidos en el artículo 28 de la Constitución Mexicana, así como el principio de sustentabilidad previsto en el artículo 25 de la Carta Magna.

La resolución de la controversia constitucional agrega que el acuerdo de la Sener también invade las competencias de la CFE y “obstaculiza el cumplimiento de sus obligaciones finalidades constitucionales, puesto que se anulan los principios que de-

De la redacción Ciudad de México (apro)

En un mensaje en redes sociales, el senador de Morena Ricardo Monreal insistió en que se deben regular estas mismas redes como se hace con medios tradicionales como radio y televisión, que usan el espectro público para la transmisión de datos con la obtención de ingresos por publicidad.

“Si bien las redes sociales convencionales como Twitter, Facebook y otros son un servicio que para la población representa una experiencia de uso distinto a los medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión, la forma en que las empresas como Twitter y ‘Face’ generan ingresos es esencialmente la misma”, argumentó el legislador en un video difundido en Twitter.

Monreal dijo que todos estos

La SCJN declaró inconstitucional el acuerdo emitido por la Secretaría de Energía que limitaba la interconexión y construcción de centrales privadas de generación de energía eólica y solar con la red eléctrica nacional

ben regir la industria eléctrica para que exista competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación y suministro del fluido eléctrico, particularmente en lo que se refiere a las llamadas energías limpias.

De acuerdo con el expediente con la controversia constitucional 89/2020, la Segunda Sala de la Cor-

te determinó que conforme a la reforma energética publicada por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto el 20 de diciembre de 2013 se configuró un nuevo modelo energético que permite la participación de los particulares en la generación y comercialización de energía eléctrica, por lo que se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Consti-

tución Federal.

Además, se añadió la obligación del Estado mexicano de que la generación de energía fuera sustentable para lograr un impacto positivo en el medio ambiente y la salud de las personas, así como para disminuir el uso de combustibles fósiles.

Sin embargo, la sentencia del caso señala que la emisión del acuerdo emitido por la Sener para restringir la construcción e interconexión de centrales de energía eólica y solar, era totalmente discrecional y además ponía en peligro la transición energética prevista en la reforma constitucional del 2013.

Además, el fallo considera que corresponde a la Cofece promover la competencia y libre concurrencia en el Sistema Eléctrico Nacional, por lo que debe prevenir las prácticas monopólicas y las barreras que se impongan a dichos principios.

De esta manera, la Segunda Sala de la Corte estableció que el Acuerdo impugnado no es armónico con los principios constitucionales para regular el mercado eléctrico, declarando la inconstitucionalidad del mismo.

Monreal insiste en regular redes: generan ingresos con espectro radioeléctrico, dice servicios utilizan redes públicas de telecomunicación y que el espectro radioeléctrico es el mismo como medio de transmisión.

“Es decir, requiere los mismos insumos para proveer el servicio a la población. Tanto las redes sociales como los medios de comunicación tradicionales cumplen en esencia los mismos objetivos informar y entretener”.

Monreal mencionó que existe una carga tributaria distinta para los medios de comunicación y para las redes sociales. Señaló que las redes sociales tienen ingresos de la publicidad derivada de los datos personales de los usuarios de las mismas. Por ello se tiene que regular mediante las leyes.

“Legislar en esta materia el uso de las redes es un gran desafío, un gran reto pero no debemos actuar de manera omisa sino directa otor-

gándole a la población un marco jurídico confiable para que se respete su derecho a la información y expresión”, aseguro el senador.

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Angélica Jocelyn Soto Espinosa Ciudad de México (Cimacnoticias)

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n 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció por primera vez a México por tortura sexual cometida por militares en contra de dos mujeres indígenas de la montaña de Guerrero, Inés Fernández y Valentina Rosendo. Estas sentencias fueron emblemáticas porque se reconoció la existencia en México de una “violencia institucional castrense” en un contexto de desigualdad, pobreza y discriminación, y bajo un sistema de justicia militar que permitía la impunidad. También, porque nombró por primera vez a esta violencia cometida por militares como tortura sexual, lo que elevó el delito a una grave violación a los Derechos Humanos (DH).

Para evitar nuevos casos de tortura sexual, la CoIDH ordenó al Estado mexicano reformar sus leyes para que, en violaciones a DH y delitos contra civiles cometidos por militares, éstos fueran juzgados bajo el fuero ordinario y no militar como ocurrió durante todos estos años.

Las sentencias de Inés y Valentina la CoIDH también ordenaron a México la elaboración de un protocolo para la atención e investigación de violaciones sexuales, así como programas y cursos permanentes de capacitación para los funcionarios federales, no sólo del estado de Guerrero sino de las fuerzas armadas, sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres, con perspectiva de género y etnicidad.

Una violencia sistemática La violencia sexual cometida por elementos castrenses no es reciente en México, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) han documentado en distintos informes consultados por esta agencia, que de 1994 hasta 2018, al menos en 17 casos, militares y marinos de México habrían torturado sexualmente a mujeres, sin embargo, estiman que la cifra es mayor pues muchos no se denuncian.

La extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) creada durante el sexenio de Vicente Fox, documentó en el “Informe histórico a la sociedad mexicana” que hizo público la National Security Archive, diversas situaciones y formas de tortura sexual perpetrada por militares y agentes policiacos contra mujeres dentro de campos castrenses en el contexto de contrainsurgencia, pero fueron los casos de Inés y Valentina, los que sentaron un precedente para que otras víctimas de tortura sexual por parte de militares acudan a los juzgados civiles, aunque ello no necesariamente implique el acceso a la justicia pues prevalecen “pactos de impunidad” entre actores de poder y el Ejército.

Impunidad y deudas pendientes En 2011, las investigaciones por la

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Reportaje especial: Inamovibles estructuras militares, perpetúan tortura sexual contra mujeres

tortura sexual contra Inés y Valentina fueron trasladadas de la jurisdicción penal militar a la jurisdicción ordinaria.

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) asumió la investigación de ambos casos en 2013.

En el caso de Valentina se lograron dos sentencias condenatorias que no son definitivas, ya que –aún con los plazos constitucionales vencidos– hay dos amparos no resueltos. En el caso de Inés, la investigación sigue abierta sin ninguna sentencia. En 2015, el soldado Salvador Aguilar Otáñez –imputado quien aceptó parte de los hechos e involucró a otros– fue asesinado dentro de una cárcel militar y hasta el momento se desconoce el estado de las investigaciones por su asesinato. En ninguno de los dos casos hay una ruta de investigación clara para detener a los otros 16 militares implicados en los hechos.

Con respecto a las reformas legislativas, en 2014 el Congreso de la Unión reformó el artículo 57 del Código de Justicia Militar para establecer que los casos de violaciones de DH de personas civiles deberán ser juzgados por el sistema ordinario de justicia y no por tribunales militares.

El informe “Falsas salvaguardas”, que presentaron en 2020 las organizaciones “Intersecta” y “Equis Justicia para las Mujeres” con base en diversas solicitudes de información, reveló que persiste mucha opacidad dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina, y la Guardia Nacional, para saber si han tenido una formación permanente con perspectiva de género y etnicidad durante al menos estos 11 años desde que lo ordenó la Corte.

Las instituciones respondieron en más de una solicitud de manera reiterada, que no encontraron evidencia documental de ello. No obstante, se pudo constatar que la Sedena no tiene información sobre capacitaciones en DH, perspectiva de género y pueblos indígenas, sino hasta el 2013. Aunque la formación debía ser permanente, los militares reportaron como capacitación sólo siete videoconferencias de dos horas cada una, con 38 por ciento del personal que integraba la Sedena, lo que equivale a 82 mil 163 personas.

También se encontró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impartió tres talleres en temas de género titulados “Prevención de la Discriminación, Violencia de Género

y Hostigamiento y Acoso Sexual”. Cada taller tuvo una duración de 19 horas con 30 minutos, repartidas en tres sesiones.

Las personas que asistieron a los tres talleres fueron 146, la mayoría soldados de bajo rango.

La Marina, por su parte, negó tener responsabilidades sobre la sentencia por tortura sexual contra México. En esa dependencia no se impartió un curso o programa permanente y obligatorio sino hasta 6 años después de haber sido ordenado por la Corte pero no hay registro de capacitaciones en los términos que se ordenó.

En la misma situación está la Guardia Nacional que tampoco fue capaz de brindar información sobre los temas específicos que se imparten en los cursos que dice tener, así como los cargos de quienes las recibieron, ni el tipo de capacitaciones que brindaron, cartas descriptivas, temarios ni personal docente.

Ninguna institución pudo proporcionar evidencia sobre los mecanismos de evaluación que utilizan para garantizar que estas capacitaciones cumplieron con sus objetivos, por ejemplo una copia de un examen de conocimientos o evaluación.

Las causas de la tortura sexual En entrevista con Cimacnoticias, la subdirectora del programa para Centroamérica y México del Cejil, Marcela Martino Aguilar, explicó que si bien ha habido algunos esfuerzos por parte del Estado mexicano para que estos casos no queden en la impunidad, aún hay muchas deudas pendientes, especialmente aquellas más estructurales que construirían la guía para garantizar la no repetición de los hechos.

En su opinión, la tortura sexual en México ha prevalecido por tres razones.

La primera de ellas es la impunidad.

Como se ha discutido en otros casos de tortura sexual en México– relató Martino– existe un pacto de impunidad entre actores políticos y de las fuerzas castrenses o de los cuerpos de seguridad que consiste en que mientras las fuerzas armadas sigan actuando por orden o a favor de intereses de los grupos de poder, éstos van a asegurar la impunidad y continuidad de estas prácticas.

“Hasta que no haya verdaderos mecanismos de rendición de cuentas y haya justicia en cada uno de estos casos, difícilmente se va a poder romper ese ciclo”, declaró.

La segunda razón, continuó, son los aspectos socioculturales de sociedades profundamente racistas, misóginas y patriarcales donde la construcción de las masculinidades está cruzada por una serie de estereotipos que implican la necesidad de dominación sobre las mujeres y sus cuerpos.

Y la tercera razón es que las instituciones, incluyendo las castrenses, no sólo dependen de quienes las conforman en un momento determinado, sino que tienen una historia e identidades propias, en este caso marcada por la tortura. “Eso debe llevarse a la luz, reconocerse y generar cambios a todos los niveles: en las normas, en las prácticas, en la formación y en la rendición de cuentas, para detener el ciclo de violencia que ha sido parte de su actuar”, detalló.

La abogada puntualizó que si las investigaciones se hicieran de manera adecuada y oportuna de todas las personas responsables de todos los casos juzgados en México, daría un mensaje de que este tipo de violaciones no se tienen que repetir, que no serán toleradas por las autoridades ni por la sociedad.

Por el contrario, “cuando hay impunidad, en palabras de la CoIDH, lo que se comunica es la repetición crónica de estas violaciones”.

Respecto a la formación en Derechos Humanos y perspectiva de género a los elementos castrenses, dijo: “si no se implementan de manera adecuada, lamentablemente hechos como los que ocurrieron a Inés y Valentina pueden y se han seguido repitiendo”.

En entrevista, integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan (una de las organizaciones que litigó el caso de Inés y Valentina ante la CoIDH), Abel Barrera Hernández y Sandra Ferrer Alarcón, consideraron que México no sólo no ha cumplido las medidas de no repetición sino que ha dado pasos contrarios a las recomendaciones internacionales y a las sentencias, ya que sigue el despliegue del Ejército en las regiones indígenas y el riesgo de las mujeres de las comunidades de vivir tortura sexual prevalece por dos hechos que van de la mano: el fortalecimiento de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y el agravamiento de la violencia contra las mujeres.

“Es difícil documentar estos hechos por la falta de apoyo por parte de las instituciones, sin embargo, sabemos que la práctica se mantiene porque el instituto castrense no ha cambiado en comunidades indígenas la forma en cómo actúan, la forma en la que perciben al ciudadano como un enemigo y a las mujeres como un objeto, eso no ha cambiado. Por ello, el hecho de que las fuerzas armadas continúen en las comunidades ejerciendo tareas de seguridad pública es un riesgo latente para las mujeres”, refirió Abel Barrera.

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LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS Y SUS INTERROGANTES NORMATIVAS

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l desarrollo de las vacunas para prevenir y contener el contagio de covid-19 es un hito para la ciencia contemporánea por la velocidad en que fueron elaboradas, la inversión económica, la conjunción de capacidades y la cooperación de quienes integran la comunidad científica.

La posibilidad de que una o varias de estas vacunas puedan aplicarse a la población supone la existencia de normas y procesos a los que cada unidad deberá sujetarse para este fin. Si bien hay ciertas condiciones convencionalmente aceptadas –como las fases de los ensayos clínicos a que deben someterse–, lo cierto es que cada país cuenta con órganos y marcos normativos específicos para su aprobación final.

El cúmulo de declaraciones matutinas y vespertinas en torno a la vacuna y al proceso de vacunación ha dificultado su comprensión y ha provocado cuestionamientos jurídicos básicos, como la autonomía técnica del regulador, el marco existente para la aprobación de las vacunas, la veracidad de las denominaciones empleadas, los sujetos aptos para su adquisición, la priorización para su aplicación o, incluso, la obligatoriedad de éstas. A fin de ordenar la discusión y contar con elementos claros para supervisar las prácticas y, en su caso, determinar las responsabilidades, es preciso establecer algunos parámetros.

El primer aspecto por analizar es determinar quién se encarga de aprobar estos productos biológicos.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es el órgano desconcentrado que nuestro ordenamiento prevé para estos y otros fines altamente técnicos y regulatorios.

El 19 de agosto del año pasado esta comisión fue adscrita a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud mediante un acuerdo legalmente cuestionable, que comprometió los principios de mando, control y supervisión de la Secretaría respecto a este órgano.

Las consecuencias de este cambio ya son visibles. Las agendas políticas y administrativas están prevaleciendo sobre la información técnica y los resultados que arrojan las fases de los correspondientes ensayos clínicos.

Las herramientas normativas con las que el Estado mexicano cuenta para la aprobación de una vacuna son igualmente importantes. Constantemente las autoridades se han referido a lo que denominan “aprobación de emergencia” de las vacunas. Sin embargo, esta categoría jurídica no existe en la Ley

José Ramón Cossío Díaz y David J. Sánchez Mejía

General de Salud ni se desprende de las medidas emitidas con motivo de la pandemia.

En su artículo 157 Bis 11, esta ley establece que, en casos de emergencia, se atenderán de manera inmediata los procedimientos para la autorización del registro, importación y liberación de vacunas. La ley no crea una categoría jurídica específica, sino que ordena a las autoridades administrativas atender de forma inmediata los trámites, siempre respetando las etapas que ellos comprendan, cuando se trata de una emergencia. Ello, desde luego, no se traduce en la posibilidad de omitir o soslayar partes del procedimiento previsto para el otorgamiento de un registro.

Por otra parte, ni las disposiciones del Consejo de Salubridad General ni las medidas de acción extraordinaria dictadas por la Secretaría de Salud habilitan alguna categoría que pudiera ser considerada bajo la etiqueta de “aprobación de emergencia”. Someramente del decreto del 27 de marzo y del acuerdo del 3 de abril del año pasado se desprenden algunas disposiciones que permiten a la Cofepris dispensar algunos trámites de importación; mientras que en otro acuerdo del 11 de noviembre se instruyó a esta comisión para resolver solicitudes de procedencia en un plazo menor que el establecido –sin especificar cuál– y analizar la disminución de documentos necesarios que tendrían que entregarse.

La inexistencia de las categorías jurídicas a las que en apariencia se refieren las autoridades da lugar a problemas que van más allá de los aspectos puramente formales. Las determinaciones tomadas a partir de tales categorías son empleadas por dichas autoridades para establecer la política de vacunación de la población.

Un tercer tema es el relativo a quiénes pueden o no adquirir la vacuna. Debido a la alta demanda de las distintas vacunas, las empresas que las desarrollan han privilegiado su venta a los gobiernos de los países interesados en adquirirlas.

Sin embargo, el gobierno federal ha generado un falso debate en tor-

no a si los gobiernos de las entidades federativas y/o los particulares podrían adquirirla por sus propios medios. El argumento que han dado sobre este punto es que las vacunas “aprobadas de emergencia” no se encuentran disponibles para estos actores.

Al respecto, se parte de la noción equivocada de un régimen de adquisición diferenciado entre aquellos productos biológicos aprobados en condiciones normales y aquellos que, se supone, lo fueron bajo el inexistente régimen, por lo menos legalmente, de “aprobación de emergencia”. Esta apreciación limitaba fáctica y legalmente a los gobiernos estatales para hacer gestiones que les permitieran coordinarse, operar o ejercer las facultades con las que cuentan para la lucha contra las epidemias.

Se imponía un obstáculo jurídico generado por la falta de otorgamiento de un registro sanitario –o que al menos no ha sido transparentado– a las vacunas que están siendo adquiridas por la federación. Este impedimento pareciera haberse eliminado con la publicación de un nuevo acuerdo que establece ciertas directrices para los Estados y a los particulares sobre la adquisición de vacunas, publicado la tarde del 25 de enero. Con ello puede observarse cómo nuevamente se pretende dar solución formal a un problema jurídico que no debió presentarse, pero que la misma administración generó por un mal entendimiento y aplicación de las normas.

A los problemas jurídicos asociados a la vacuna se suman aquellos que se vinculan con el proceso de vacunación. Es decir, con la estrategia que se implementará para que a las personas les sea aplicada una vacuna. El pasado 8 de enero se publicó un acuerdo de la Secretaría de Salud por el que se dio a conocer que existiría una “Política Nacional de Vacunación contra el virus SarS-COV-2, para la Prevención de la Covid-19 en México” y que la misma estaría disponible en el sitio web del gobierno federal.

La fundamentación del acuerdo es errática. Hace referencia a facultades que corresponden a las entidades federativas en epidemias no

graves, alude a competencias de la federación en las mismas circunstancias y pretende comprender a ambas dentro de la acción extraordinaria en materia de salubridad general.

El contenido sustantivo resulta igualmente controvertido, pues pretende establecer un conjunto de criterios y parámetros de actuación administrativos en una página de internet. Cabe hacer notar que desde su publicación originaria han aparecido ya cuatro versiones distintas.

Más allá de que la “versión 4.0” de esta política también resulta deficiente en su fundamentación, debe señalarse que no fue elaborada por el órgano competente para ello: el Consejo Nacional de Vacunación.

Adicionalmente, hay una disonancia entre su contenido, las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor y las declaraciones más recientes del presidente de la República.

Por ejemplo, el grupo de expertos priorizó la vacunación del personal de salud sin hacer distinción sobre el sector en que éste se encontrase; mientras que en la práctica los profesionales de la primera línea que trabajan en el sector privado no han sido vacunados. Otro ejemplo son las declaraciones del presidente de la República en el sentido de priorizar las zonas rurales más alejadas, cuando las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor apuntan a dar prioridad a los centros de mayor concentración poblacional.

Un problema adicional es el que se refiere a si la aplicación de la vacuna debe o no ser obligatoria. La respuesta está prevista en la propia Ley General de Salud. Su artículo 408, fracción II, establece como medida de seguridad la potestad para que las autoridades ordenen la vacunación en casos de epidemia de carácter grave, tal como en la que nos encontramos formalmente desde el acuerdo del Consejo de Salubridad General del 23 de marzo de 2020. No obstante, las autoridades federales han preferido no ejercer sus facultades, argumentando que, si bien pudieran resultar válidos si se tratara del cuidado de la salud individual, no resultan suficientes cuando se trata de la salud pública en un estado de emergencia.

La llegada de las distintas vacunas y el proceso para aplicarlas a la población requieren de esfuerzos científicos, técnicos y logísticos de alta complejidad, pero también requieren de orden, estructura y apego al marco normativo y legal existente. De lo contrario, lo que parecerían soluciones se convertirán en graves problemas. Más de los que hasta ahora hemos vivido.

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CONFLICTO ENTRE CARDENALES Y UNA IGLESIA EN SEMÁFORO ROJO Bernardo Barranco V.

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l episodio de confrontación por el pago de la hospitalización del cardenal Norberto Rivera pone de manifiesto no sólo una profunda división en la Arquidiócesis de la Ciudad de México, sino de la propia Iglesia mexicana.

El censo de 2020 exhibe una caída vertiginosa de católicos, evidenciando una Iglesia decaída, sin oferta atrayente para los mexicanos del siglo XXI. La pandemia del covid-19, como si faltara algo, está dejando en bancarrota a muchas diócesis ante la categórica caída de ingresos y ha cobrado la vida de más de 170 sacerdotes, religiosos y obispos.

Al momento de escribir (jueves 28 de enero), el cardenal emérito Rivera sigue hospitalizado. Se encuentra “estable”, dicen los reportes médicos, pero a sus 78 años el pronóstico es reservado. Sus partidarios han desatado una guerra mediática contra el cardenal Carlos Aguiar, encabezados por el sacerdote Hugo Valdemar, exvocero de la arquidiócesis, y el periodista Guillermo Gazanini, quienes acusan a Aguiar de abandonar a Rivera y no querer sufragar sus gastos hospitalarios, así como de no prestarle asistencia humanitaria ni espiritual.

Los medios han dado una amplia cobertura. La nota ha prendido como una puñalada contra Aguiar.

Poco efecto ha tenido la réplica de la Arquidiócesis, que sostiene que el cardenal Rivera prefirió los hospitales privados a los designados por la mutual sacerdotal y los servicios que provee el seguro de GNP contratado Fuentes afirman que al cardenal se le ofreció el hospital militar, el cual rechazó.

Difícil acreditar la afirmación de Gazanini de que Rivera carece de recursos para solventar sus gastos.

Diversas investigaciones sostienen el gusto del cardenal por los nego-

cios y las relaciones encumbradas con los más potentados empresarios y políticos de este país. Después de 22 años como arzobispo, resulta inverosímil, por tanto, pensar que Norberto Rivera vive en la pobreza. Por el contrario, pareciera que el cardenal emérito tiene una extraña atracción por los pleitos de dinero. Recordemos que los grandes escándalos de Rivera han estado engarzados a las disputas de bienes económicos y financieros.

Presentamos un breve recuento: antes de ser nombrado arzobispo de la CDMX, forcejea y expropia granjas productivas de un sacerdote en Tehuacán; recién nombrado arzobispo, Rivera disputa el control financiero de la Basílica de Guadalupe al entonces abad Guillermo Schulenburg; el litigio por el copyright de la Virgen de Guadalupe con la empresa Viotran; el escándalo por la excesiva comercialización de las visitas papales (“Las Papas del Papa”); la disputa por los remanentes de la última visita del Juan Pablo II a México con el entonces nuncio Justo Mullor; los negocios guadalupanos a través de la Fundación Plaza Mariana y el penoso litigio con los 250 comerciantes desplazados; el atentado que sufrió, cuyo móvil oficial fue tentativa de robo en octubre de 2018, entre muchos otros.

Pero no perdamos el foco. Detrás de la querella hospitalaria RiveraAguiar está la fractura político religiosa en la arquidiócesis. Desde hace más de tres años existe una guerra fría entre ambos personajes.

No hay disputa más hiriente que la que se presenta entre hermanos en la fe. Todos dicen pertenecer a la misma Iglesia, pero la conciben de distinta manera; todos hablan de Dios, que es el mismo pero diferente. Son diversas alter-identidades católicas que disputan la legitimidad eclesial. En el fondo es una lucha de poder secular.

En otros tiempos, el Papa imponía el orden y dictaba la disciplina, pero ahora el mismo pontífice está imbricado en dichas batallas. Es cierto que Carlos Aguiar Retes es el hombre fuerte de Francisco en México, pero también es un hecho que a tres años de haber asumido el cargo como arzobispo primado de la Ciudad de México no ha cubierto las expectativas. No ha logrado conectar pastoralmente con la feligresía ni tiene un proyecto atractivo para la urbe metropolitana. Su mayor logro es haber creado tres nuevas diócesis en la gran ciudad y afianzarse en lo administrativo.

La disputa Rivera-Aguiar no es accidental ni escapa a los bandos antagónicos que se presentan en la Iglesia universal. De manera tosca la podríamos resumir en la querella entre bergoglianos y antibergoglianos. Rivera ha formado parte, a pesar de su disimulo, del bloque de cardenales conservadores y contestatarios a Francisco. Sus huestes han hecho alianza con los sectores Provida en México y en Estados Unidos que enfrentan con fiereza al católico liberal Joe Biden, quien hoy ocupa la Casa Blanca.

Durante la visita del Papa a México en febrero de 2016 se hizo evidente el distanciamiento entre el arzobispo Rivera y el pontífice argentino. Valdemar fue responsable de aquel editorial atrevido en el semanario Desde la Fe que reprocha a Francisco haber estado mal informado sobre la Iglesia mexicana; fue una réplica de aquel regaño épico que Francisco propinó a los obispos mexicanos en la Catedral Metropolitana y que tuvo a Norberto Rivera como uno de los principales destinatarios.

Estas fracturas eclesiásticas y enfrentamientos internos no son exclusivos de la arquidiócesis primada de México. Se presentan en otras diócesis. Sobresale Guadalajara, la poderosa arquidiócesis

tapatía lleva años de lucha sorda, encabezada por el tosco cardenal en retiro Juan Sandoval Íñiguez contra el actual titular, el cardenal Francisco Robles. Y hostilidades se avecinan, entre otras, en Saltillo.

Monseñor Hilario González García, antes de tomar posesión, se la ha pasado cuestionando el trabajo de su antecesor, Raúl Vera.

Caída del número de fieles, escándalos por pederastia, actitudes timoratas de los obispos en zona de confort con los poderes fácticos y divisiones agudas dentro de la Iglesia forman un cuadro desolador.

A cinco años de la visita del Papa Francisco a México aún resuenan sus advertencias ante una jerarquía dividida y sin rumbo. Les dijo: “No pierdan tiempo y energías en las cosas secundarias, en las intrigas, en los vanos proyectos de carrera, en los vacíos planes de hegemonía, en los infecundos clubes de intereses o de consorterías. No se dejen arrastrar por las murmuraciones y las maledicencias”. En el fondo Francisco hace un llamado a la pastoralidad.

Sin embargo los obispos están muy lejos del Papa. Según el más reciente censo, el Inegi reporta que el número de católicos cayó de 82.7% en 2010 a 77.7%. Es notable el incremento que registraron los agnósticos y ateos que pasaron de 4.7% a 8.1% en sólo 10 años. Y sobre todo el incremento de los cristianos, principalmente evangélicos, que subieron de 7.5% en 2010 a 11.2% en 2020.

En otras palabras, el catolicismo en México retrocede mientras que agnósticos y ateos crecen afianzado la cultura secular. Y por otro, los evangélicos pentecostales siguen ascendiendo con fuerza en la base popular del país. Una Iglesia católica rebasada, dividida, sin rumbo, a la baja, con competidores que se robustecen. Malas noticias: la Iglesia católica está en semáforo rojo.

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“

Luego por eso las matan”, fueron las palabras del profesor identificado como Héctor Alonso Álvarez Chang, director de obstetricia dentro de la misma Facultad de Medicina Humana donde estudiaba Mariana Sánchez. El video fue expuesto en días recientes mediante la plataforma “Alzando la Voz UNACH” que los propios estudiantes han habilitado para denunciar los casos de acoso, misoginia y violencia sexual dentro de la institución.

El material publicado se da justo unos días después de que Mariana fuera encontrada muerta en la comunidad de Nueva Palestina, Ocosingo, donde prestaba su servicio social. A decir de sus compañeros y familiares, la joven ya había informado desde hace meses que era víctima de hostigamiento sexual dentro de la misma clínica, pero ni sus superiores en la universidad o la Secretaría de Salud le hicieron caso.

Mariana se ha convertido con el paso de los días en “la chispa final” que ha desatado la furia entre sus compañeras dentro de la Autónoma de Chiapas, y otras tantas instituciones que se han unido a las protestas de indignación por el doloroso caso.

Y es que, la violencia sexual contra estudiantes, prestadoras de servicio social e internado no es asunto nuevo. Se ha denunciado durante años, incluso desde el interior de las

E

n Chiapas, independientemente de crear clínicas especializadas para atender a pacientes con #COVID19, reconvertir hospitales para hacer frente a la demanda, se optó por las brigadas de personal de salud, que recorren casa por casa en busca de personas infectadas para poderlas atender, ya sea en su domicilio o en los centros especializados contra ese mortal virus.

Hasta ahora, la estrategia en favor de la salud en la entidad ha dado buenos resultados.

Eso lo sabe la gente y no porque lo exprese el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, sino porque así lo reconocen y demuestran las estadísticas.

Las cifras son frías, pero irrefutables.

Una muestra de los buenos resultados está en que la ocupación hospitalaria en Chiapas es del 13 por ciento por ese padecimiento específico, es decir que se tienen disponibles el 87% de las 980 camas, un poco más de 852 camas para atender pacientes graves contagiados de #COVID19.

Contra todos los pronósticos que vaticinaban que por los rezagos que arrastra Chiapas, sería una de las entidades más afectadas por la pandemia del #COVID19; sin embargo, el gobierno estatal adoptó una estrategia que ubica a Chiapas en los últimos lugares en contagios, cuantitativa y cualitativamente hablando.

Chiapas es junto con Campeche uno de los dos estados que han logrado en la República Mexicana estar

Jueves 4 de Febrero de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN LA MIRA Héctor Estrada

La violencia sexual también se enconde en las aulas propias facultades.

En marzo de 2020 un conjunto de novedosas protestas denominadas “Tendederos del Acoso” pusieron “el punto sobre la sien” al interior de los bachilleratos y universidades de la entidad. Bajo la iniciativa de las propias estudiantes, cientos de mujeres jóvenes y adolescentes colocaron sobre papeles y tendederos el nombre de los presuntos acosadores, misóginos y violentadores sexuales que durante años habían vivido en la de anonimato que les otorga su estatus de poder.

Se trata de un asunto bastante advertido. Esta vez ha sido nuevamente esa generación que, impulsada al borde por la indignación de lo sucedido con Mariana, ha decidido sacudir los cimientos y exigir la extirpación de la violencia en todos espacios, con marchas enfurecidas, plataformas de denuncia en redes sociales, nuevos colectivos feministas universitarios y dinámicas novedosas de denuncia pública.

Es ahí donde está lo valioso de lo que hoy sucede. Se trata indudable-

mente de un cambio generacional que ha tomado por sorpresa a muchos y muchas. Niñas, adolescentes y jóvenes mujeres que han decidido romper patrones de comportamiento normalizado durante generaciones, donde la relación de poder entre docentes y estudiantes había roto -desde hace mucho- los límites de la ética y el respeto.

Y es que, hablando con absoluta honestidad, el acoso y la violencia de género al interior de las escuelas no son realidades que nos tomen por sorpresa. Quienes somos de generaciones estudiantiles más añejas sabemos perfectamente que era una realidad cotidiana, que se volvió prácticamente habitual. Los comentarios misóginos, intercam-

EL DIVÁN Sergio Stahl

Estratégia contra pandemia del #COVID19 en el color verde del semáforo epidemiológico.

La baja incidencia de infectados, recuperados y lamentablemente fallecidos, ubican a Chiapas como entidad de baja prevalencia.

Las razones para tener pocos casos de #COVID19 en Chiapas son múltiples, empezando porque el gobierno del estado diseñó un plan de salud pública que al mismo tiempo de construir clínicas y reconvertir hospitales especializados, lanzó una agresiva campaña de concientización, en la que participa el mandatario estatal, de forma por demás acertada.

La participación social ha permitido que un gran porcentaje de personas adoptaran las medidas de higiene y sanidad, para evitar el contagio, tales como mantener la #SanaDistancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos entre otros, que el mismo Rutilio Escandón Cadenas se ha encargado de difundir personalmente.

Una de las recomendaciones que ha hecho el propio gobernador insistentemente es: no acudir a fiestas, eventos masivos o sitios de gran concurrencia, porque es ahí precisa-

mente donde se puede uno contagiar con mayor facilidad.

Algunos han hecho caso al llamado, otros quizá no lo escucharon o no quisieron hacer eco.

Al salir a apoyar a las brigadas médicas, el gobernador chiapaneco ha solicitado de forma personal que más vale prevenir que ir al hospital.

Aunque claro, en caso de necesidad, hay que acudir inmediatamente.

Y gracias a la estrategia de casa por casa, el número de casos en Chiapas es cuando menos 50 por ciento menos de ocupación en los centros médicos.

Ante el repunte del #COVID19, que hizo retroceder a la entidad de verde al color amarillo del semáforo epidemiológico, es posible frenarlo con la participación y responsabilidad social al atender el llamado del

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bios de favores y la sexualización de las alumnas se normalizaron.

Todos y todas sabían perfectamente el nombre de los profesores que acosaban, que pedían “gratificaciones” a cambio de mejores calificaciones y hostigaban a quienes simplemente no eran de su agrado. Pero preferimos ignorarlo, convertirlo en la jerga estudiantil (muchas veces en tono de burla) y -en la mayoría de los casos- guardar silencio, por temor o indiferencia.

Tras los comentarios misóginos expuestos en video la Universidad Autónoma de Chiapas anunció que inició ya el proceso de baja al académico. Sin embargo, la agrupación Brujas: Colectiva de Feministas Universitarias asegura que aún hay muchos expedientes de violencia sexual cometida por personal de la propia universidad contra estudiantes, en manos de rectoría, que siguen en la absoluta impunidad.

Lo sucedido con el profesor Héctor Alonso Álvarez y sus grotescas aseveraciones son sólo una pequeña muestra de lo que sucede y ha sucedido durante décadas al interior de las instituciones educativas. Son ejemplo claro del mismo machismo y violencia sexual que le arrebató la vida a Mariana y está enraizada en las mismas propias escuelas, exigiendo a gritos una sacudida drástica para cambiar las cosas de fondo... así las cosas.

gobierno y a las sugerencias de los especialistas en salud pública.

Durante la reunión del gabinete legal y ampliado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas solicitó una vez más a los funcionarios de su administración que informen a la población sobre las medidas de higienes para prevenir el contagio, además de pedir evitar las grandes concentraciones, que es donde más ocurren los contagios.

Si participan todos, es posible bajar el número de personas infectadas y con ello reducir los decesos que tanto dolor provocan en las familias.

En Chiapas con participación y responsabilidad se pueden disminuir en corto tiempo los contagios.

Basta y sobra con evitar las aglomeraciones, fiestas patronales y reuniones familiares muy numerosas y en unas pocas semanas se verán los resultados; de lo contrario, sobrevendrán las lamentaciones y los llantos.

En fin.

BALCÓN. La politización del caso #Mariana no ayuda a esclarecer la verdad de los hechos y hacer justicia a la víctima de feminicidio y sus familiares. La politización introduce ruido mediático a las investigaciones en curso. Hay que dejar que las autoridades hagan su trabajo y esperar que se conduzcan con apego a derecho...Eso es todo.

EL DARDO. La versión periodística de un cateo en el rancho de Eduardo Zenteno no ha sido confirmada aún por las autoridades de la Fiscalía General del Estado

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EL PROCESO DE SUCESIÓN RECTORAL EN LA UNICACH Y LA IRA DE LOS DIOSES Daniel Villafuerte Solís

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esde ayer (día de la Candelaria), a altas horas de la noche se publicó la lista de candidatos a ocupar la rectoría de la UNICACH. De la lista inicial de 22 aspirantes, la Junta Directiva se decidió por 9. No hubo ninguna explicación del porqué se dejó fuera a 13 aspirantes, queremos suponer que no cumplieron con lo estipulado en la Ley Orgánica y el Estatuto General.

No podría hablar de los 13, pero si pondría en tela de juicio la exclusión del Dr. Alain Basail Rodríguez, que reúne sobradamente los requisitos que exige la legislación. A sabiendas de su trayectoria, un grupo de colegas del CESMECA lo propusimos, no fue una iniciativa personal del Dr. Basail.

Pasado el registro de aspirantes, publiqué el día 2 un artículo en Chiapas Paralelo para fijar mi postura como académico y miembro de la comunidad unicachense. Esto, como un acto de congruencia, responsabilidad moral y a sabiendas de la historia de Chiapas, que como he sostenido en mis trabajos académicos, pareciera que padece una maldición bíblica porque todo llega tarde, y a veces no llega. En este artículo advertía que las excrecencias iban a seguir saliendo como ocurrió con el pasquín de “Agenda Chiapas”, publicado en Facebook, para dañar al Dr. Alain Basail y a su familia. Debo confesar que siento pena y vergüenza por la forma en que se ha tratado al Dr. Basail, una persona que a diario está antes de las 8 de la mañana en su cubículo preparando sus clases o trabajando en sus investigaciones; frente a este trabajo diario cotidiano y esforzado sólo ha recibido insultos, vaya forma de reconocer a un académico.

No bastó con sacar de la lista de aspirantes al Dr. Alain Basail, ahora se publica otro pasquín con injurias calumniosas hacia su persona, sin saber que con esto también agreden a la inteligencia de los universitarios unicachenses y en general a los universitarios y académicos chiapanecos. Pues bien, ahora me tocó ser parte del espectáculo mediático, a tono con la sociedad del espectáculo que nos tocó vivir.

Como advertí en mi artículo publicado el día 2 en Chiapas Paralelo[ii], las excrecencias comenzaron a salir el mismo día de registro de los aspirantes, cité el caso de los insultos y calumnias hechas en Facebook hacia la persona del Dr. Alain Basail, ahora una persona de nombre Mary Jose Díaz Flores, que escribe una columna con el nombre de Filo y Sofía[iii], a quien no tengo el gusto de conocer, que además escribe mal, me acusa de ser “padrino político” del Dr. Alain Basail Rodríguez, como si yo fuera diputado u ocupara algún cargo en el gobierno. Esta persona ignora que desde 1989 soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), llevo toda mi vida haciendo investigación e impartiendo docencia en posgrado.

Es obvio que no me conoce, por eso se refiere a mi persona con epítetos como “padrino” “el ilustre”, como si yo fuera miembro de una mafia.

Afortunadamente nunca he aceptado cargos de renombre, solo algunos, los estrictamente académicos y limitados ámbitos. No cobro sin hacer nada, lo que gano no es producto de levantar dedos o lamer botas, justifico con creces mi salario. Pues bien, veamos algunas perlas de la flamante columna Filo y Sofía: Esta persona dice que yo cobro más

de 85 mil pesos al mes como SNI III, sería bueno que si aspira a ser periodismo de calidad que por lo menos se tomara la molestia de llamar al CONACyT para informarse cual es el tabulador por categoría; otra estupidez de la “columnista” o mejor dicho “calumnista”, es que está asombrada y duda si cumplo con mis “funciones” ante tanto trabajo que realizó, porque, además, añade que “hay una gran distancia entre las dos ciudades”. No sé qué está imaginando, esta periodista, quizá piensa que vivo en México o en extranjero. Mi mensaje es: entérese mejor de lo que dice, fundamente sus dichos y no desprestigie el gran diario CUARTO PODER que le da de comer.

En fin, creo que no vale la pena sacar a relucir la pobreza intelectual y profesional de esta persona que escribe cotidianamente su Filo y Sofia. Lejos de lo que ella pueda pensar, considero que también es una víctima, las excrecencias vienen de algún lado, no me interesa saber de quién viene, pero estoy seguro de que no viene de gente bien intencionada, leída, enterada, comprometida con la cultura y el cambio que requiere nuestro querido y vilipendiado Chiapas.

Lo verdaderamente preocupante, como ya advertía en Chiapas Paralelo, es que frente a cualquier planteamiento que pueda significar un cambio para mejorar la educación de nuestras universidades salgan golpeadores de las profundidades de las cloacas para desacreditar cualquier opinión. Estoy seguro de que mi posicionamiento sobre el proceso de elección de rector de la UNICACH resultó ofensivo para los “enanos del tapanco”, como alguna vez se refirió López Portillo.

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ANÁLISIS A FONDO: ¿FEMINICIDIO O SUICIDIO? Francisco Gómez Maza

• Pura confusión en torno a Mariana Sánchez Dávalos • Quién ordenó, por qué, la incineración de su cadáver

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omo muchas veces ocurre en estos casos de agresiones sexuales a una mujer, o en casos extremos de feminicidio, viendo las cosas a distancia de unos mil kilómetros, no parece haber claridad, menos meridiana, en la historia del asesinato de la doctora de nombre Mariana Sánchez Dávalos, quien cumplía con su servicio social en la clínica de la comunidad de Nuevo Palestina, en el municipio chiapaneco de Ocosingo.

Nadie sabe nada. Ni la dirección de la clínica de campo, ni la dirección de la Secretaría de Salud Estatal, ni la dirección de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas; la versión del “dicen” es que nadie escuchó las denuncias, las quejas que, antes de ser hallada muerta, habría presentado Mariana a las autoridades gubernamentales y a las universitarias.

La versión dice que la joven doctora se quejó de que estaba siendo acosada por un compañero médico, pero nadie habla de este supuesto acosador, y menos aparece su nombre de pila en ninguna nota periodística relativa al caso del presunto feminicidio. Y menos ha sido detenido. No debe de ser nada difícil ubicarlo.

La madre de la doctora, como saben, es la única fuente real (las autoridades del Ministerio Público sólo han dicho que están investigando los hechos). Y lo más relevante de lo que ha declarado ella, no ante las autoridades, sino ante reporteros es que nunca autorizó la cremación del cadáver de su hija.

Nada está claro. Es más, hay confusión. Hay quien, muy relacionado con la defensa de las mujeres, llega a imaginar que la muerte de Mariana

pudo haber sido suicidio ante la impotencia para defenderse del acosador y la decepción de las autoridades de Salud y Universitarias, que no dieron importancia su queja de que estaba siendo acosada sexualmente y que pedía que la cambiaran de adscripción.

Voy a imaginar que Mariana fue asesinada por su acosador, su compañero médico que la presionaba para que aceptara tener relaciones sexuales con él. Por qué no es identificado este presunto criminal. No aparece, por lo menos, su nombre.

Lo único cierto es que el cadáver encontrado es de Mariana. Y que ya fue cremado, sin siquiera tener resultados de las indagaciones ministeriales. Imposible saber más de su naturaleza corporal, de su estado físico. Una prueba importantísima, el cadáver, fue destruida. ¿Por órdenes de quién? La madre asegura que a ella no le pidieron que avalara la cremación del cuerpo. Y ahora cómo van a saber la verdad los policías investigadores de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Pero sea lo que fuere, Mariana, que así se llamaba la jovencita médica, egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Todo ahora son suposiciones. Menudo lío que tienen encima los investigadores del Ministerio Público.

A simple vista nadie puede asegurar nada. Si fue feminicidio, o asesinato por razones de género, claramente tipificadas en el Código Penal Federal, Título Decimonoveno sobre Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, Capítulo V. No hay más qué decir. Todo es suposición, especulación.

Si fue suicidio por desesperación ante el presunto acoso. Lo gravísimo,

lo terrible, lo doloroso es que una joven mujer, que empieza su carrera de médica, ya no va a cubrir su turno en el hospital de campo de Nueva Palestina.

Y como dice mi colega, Mariqueta Burelo, en el caso de Mariana se ven reflejadas muchas jóvenes recién egresadas de las escuelas de medicina, que hacen su servicio social en comunidades alejadas del mundo moderno y sin protección de las autoridades de Salud, o de las instituciones educativas donde estudiaron la carrera.

A DESFONDO: El Banco de México dio a conocer este miércoles 3 de febrero los saldos preliminares del estado de cuenta correspondientes al viernes 29 de enero. las variaciones relevantes fueron: Una disminución en la reserva internacional por 11 millones de dólares. Con ella, su saldo al cierre de la semana fue de 195,946 millones de dólares. La base monetaria (los billetes y monedas en circulación entre el público y los depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de México) aumentó 18,987 millones de pesos, alcanzando un saldo de 2,101,714 mil pesos, cifra que implicó una variación anual de 25.5%. Este crecimiento de la base monetaria se ha incrementado debido en parte a factores asociados a las medidas sanitarias implementadas en el país, que habrían aumentado la demanda de efectivo por parte del público como medio de pago. Adicionalmente, la mayor demanda de efectivo en la semana refleja el efecto estacional asociado al día feriado del 1 de febrero. La cifra alcanzada por la base monetaria al 29 de enero de 2021 significó un incremento de 426,432 millones de pesos respecto de la misma fecha de 2020.

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Jueves 4 de Febrero de 2021 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2067 AFECTACIONES

Una fiesta patronal en Oaxaca deja 11 muertes y más de 400 contagios de covid-19

DENUNCIA

Acusan a financiera Crediself por actuar de forma fraudulenta

PAG. 6

DECLARACIÓN

Monreal insiste en regular redes: generan ingresos con espectro radioeléctrico, dice PAG. 3

COMUNICADO

Existe registro en Chiapas de 460 casos de violación en 2020 PAG. 9

SENTENCIA

INE da luz verde a prueba piloto de voto en prisión, en 5 Ceferesos

PAG. 8

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2020 se registró en Chiapas 460 violaciones sexuales, así como 70 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 29 se investigan como feminicidio, es decir menos de la mitad de los casos.

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Diputados aprueban reformas para prohibir violencia simbólica y mediática contra las mujeres