CONTRAPODER EDICIÓN 1974

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DOXA

EDITORIAL

Las mentiras de Carlos Morales y el derecho a la verdad

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Real del Bosque es la unidad habitacional más grande en Chiapas, con cerca de ocho mil viviendas y una población superior a los 30 mil habitantes, que ahora representan el capital político determinante para ganar las elecciones

El gobierno de Rutilio Escandón es el responsable de la violencia en Tila.

Sobre todo por no garantizar las garantías judiciales a los ejidatarios, y no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN. Que condena la restitución de las tierras malamente expropiadas al ejido.

Esta condena es de fecha 12 de septiembre del 2018, que sigue sin ejecutarse.

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EN CHIAPAS

Lunes 14 de Septiembre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1974

DECLARACIÓN

Niega Obispo culpa de la Iglesia en el conflicto de Tila

“Que se actué con la verdad, que se haga justicia para estar en paz, no creo que los sacerdotes que están ahí en Tila sean los culpables, no creo sean ellos los que estén provocando esta situación, son otras las causas del conflicto. Si son culpables, hay que asumirlo pero no hay culpa en ellos, y no soy yo quien señale la causa, la raíz principal del problema”

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Presencia de la Policía y GN debe ser para preservar la paz en Tila

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LLAMADO

Ejidatarios de Guerrero piden a AMLO no intervenir en su conflicto con minera

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PAG. 3

En un primer filtro, el INE elimina a 34 aspirantes a dirigir Morena

HOY ESCRIBEN HOJAS LIBRES

Roberto Domínguez Cortés

ÍNDICE...

PAG. 15

Ruperto Portela Alvarado

CÓDIGO NUCÚ

PAG. 14

César Trujillo

PAG. 13

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

PAG. 12

EN TILA. CRÍMENES POR LA OPACIDAD DE LAS AUTORIDADES DE CHIAPAS

EXIGENCIA

Timan y encarcelan a indígenas chiapanecos con la venta de terreno en una reserva ecológica en Campeche

ACCIONES

Carlos Hugo Tondopó Hernández PAG. 11

EN LA MIRA Héctor Estrada

EL DIVÁN

PAG. 10

Sergio Stahl

PAG. 9

LA FUERZA DEL MOVIMIENTO FEMINISTA Lucía Lagunes Huerta PAG. 4

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Lunes 14 de Septiembre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EDITORIAL Las mentiras de Carlos Morales y el derecho a la verdad

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eal del Bosque es la unidad habitacional más grande en Chiapas, con cerca de ocho mil viviendas y una población superior a los 30 mil habitantes, que ahora representan el capital político determinante para ganar las elecciones en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, lo que condujo al presidente municipal a manejar una gran mentira este fin de semana, que equivale a un fraude, al hacer creer que su administración, con la ayuda del gobernador, había resuelto el problema añejo del agua potable en esa unidad.

El fraccionamiento Real del Bosque es producto de un fraude cometido por la empresa inmobiliaria Homex, que construyó la unidad de departamentos Real del Bosque y la unidad de casa-habitacional Bonanza, en un predio de 16 hectáreas, que no contaba con el ramal municipal de agua potable y drenaje. Esta empresa se declaró en quiebra y dejó inconclusa la construcción de la unidad, pero bajo entuertos y acuerdos ilícitos con el municipio de Tuxtla, obtuvo la licencia de comercialización y se dio el poblamiento de la misma sin los servicios urbanos de agua potable y drenaje.

Dentro de las concesiones que obtuvo HOMEX para la construcción de estos fraccionamientos, la Comisión Nacional del Agua le autorizó la explotación de dos pozos de agua y una planta de tratamiento de aguas residuales, que fueron utilizadas en los primeros años por los condóminos para abastecer las necesidades de agua, pero con la quiebra de la empresa constructora los pozos y la planta tratadora de

aguas residuales dejaron de tener mantenimiento, lo que produjo la contaminación de los pozos con heces fecales y los habitantes de los fraccionamientos empezaron a tener problemas por el servicio.

Para ese momento, los condóminos habían perdido la posibilidad de demandar por fraude a la empresa constructora, pues ese delito había prescrito, y la única posibilidad real de emprender un litigio en contra del municipio por autorizar la construcción y luego la comercialización sin servicios urbanos era a través de una demanda por violación a los derechos humanos, pues estos tipos de violaciones son imprescriptibles.

El litigio integral por la defensa de los derechos humanos de algunos condóminos inició en septiembre del 2015 y en julio del 2017 la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite una recomendación por violación de derechos humanos al municipio y dos semanas después en agosto del 2017, el Segundo Juzgado de Distrito emite una sentencia en donde se condena al municipio y a la empresa SMAPA, a construir en el término de seis meses el ramal de agua potable y drenaje para garantizar la conexión de la red interna del fraccionamiento a la red municipal. SMAPA

recurrió esta sentencia al Tribunal Colegiado, quien cuatro meses resuelve rechazando el recurso y ratificando la sentencia del juzgado, que obligaba al ayuntamiento municipal a realizar la obra en seis meses. Para ese momento Fernando Castellanos Cal y Mayor estaba en vías de solicitar licencia para contender a la gubernatura por lo que incumplió la sentencia judicial.

Fue a la administración de Carlos Morales a quien le tocó atender el juicio de inejecución de sentencia, en donde el colegiado, en una resolución sin sustento legal, con el fin de evitar una sentencia de disolución del cabildo, aceptó el compromiso de la presidencia de que iba a construir el ramal.

Para ese momento la administración municipal no contaba con los recursos para la realización de la obra y estableció un convenio con una inmobiliaria de otorgar licencias de construcción para la construcción de viviendas a cambio de que ellos construyeran el ramal para conectar con agua y drenaje a los fraccionamientos Real del Bosque y Bonanza. Con este convenio resulta claro que se prefigura el delito de tráfico de influencia y un manejo indebido de la administración pública municipal, pero a su vez existe el engaño político al

querer sacar provecho y beneficio al presentarse como una autoridad que resolvió un problema añejo, ocultando que la obra se realizó como cumplimiento a una sentencia judicial, en la que paradójicamente el Juzgado Segundo de Distrito, en 18 ocasiones ha requerido a la autoridad municipal el cumplimiento de la sentencia y en la que apenas el 9 de septiembre el juzgado le notificó a la autoridad responsable que se encuentra en vías de dar cumplimiento a la sentencia de amparo.

Carlos Morales en aras de sus ambiciones políticas y mantener viva la posibilidad de la reelección violó el derecho humano a conocer la verdad, pero además incurrió en un posible acto anticipado de campaña, que debe ser investigado y sancionado por el IEPC, pero en este probable acto anticipado de campaña involucró al gobernador del Estado, quien en su mensaje, cargado de ignorancia de la situación jurídica que prevalece, realizó comentarios de elogios a la administración de Carlos Morales, que lo involucra como partícipe en posibles actos anticipados de campaña.

Toda esta información se hará publica en una rueda de prensa el martes 15 a las 11 de la mañana, en las afueras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien a su vez, su presidente, Juan José Zepeda Bermúdez, se encuentra involucrado en violaciones al debido proceso en este mismo caso, al no dar cumplimiento a su propia recomendación, que obliga al ayuntamiento de Tuxtla a presentar una disculpa pública a los habitantes del fraccionamiento Real del Bosque y de Bonanza.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Niega Obispo culpa de la Iglesia en el conflicto de Tila Oscar Sántiz San Cristóbal de Las Casas.

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l obispo de la Diócesis de esta ciudad, Rodrigo Aguilar Martínez, negó que los tres sacerdotes señalados en el conflicto de Tila, tengan alguna culpa, ya que son otras las causas del conflicto que lamentablemente se ha provocado, por lo que reiteró que el papel de la Iglesia es únicamente ayudar a encontrar una solución.

“Que se actué con la verdad, que se haga justicia para estar en paz, no creo que los sacerdotes que están ahí en Tila sean los culpables, no creo sean ellos los que estén provocando esta situación, son otras las causas del conflicto. Si son culpables, hay que asumirlo pero no hay culpa en ellos, y no soy yo quien señale la causa, la raíz principal del problema”.

Aguilar Martínez aclaró que el papel de los sacerdotes y en este caso la Diócesis se limita a sugerir que se tome en cuenta la parte de verdad que tiene cada grupo y que se ayude a caminar en un solo sentido y en unidad. “No tratar de ver de las dos partes quién tiene la verdad y quien tiene la culpa, porque eso es cuento de nunca acabar y ya van décadas con ese problema”.

“Se han entre mezclado solucio-

Oscar Sántiz San Cristóbal de Las Casas.

Habitantes de Santa Martha, municipio de San Pedro Chenalhó reportaron el desplazamiento de decenas de familias ante el temor de agresiones por parte de “paramilitares de comunidades de Aldama” encabezados por el papá del presidente municipal Adolfo López Gómez.

“Dispara Aldama a la dirección de Saclum proveniente de Coco, Tabak. Continua las agresiones por parte de Aldama, inicio nuevamente alrededor de las 10 de la mañana de este domingo, déjame decir que nuestra gente ya queriendo responder ya no lo podemos detener por el temor que vayan penetrando en nuestro territorio, en cual solicitamos las medidas cautelares urgente”, refiere una de las autoridades de Santa Martha.

En un video que hicieron llegar a este medio de información se muestra como las personas se están desplazando a comunidades donde saben los proyectiles no llegan, como medida de seguridad, pues recuerdan que son 20 los muertos y 17 los lesionados que ha provocado Aldama.

“Que se actué con la verdad, que se haga justicia para estar en paz, no creo que los sacerdotes que están ahí en Tila sean los culpables, no creo sean ellos los que estén provocando esta situación, son otras las causas del conflicto. Si son culpables, hay que asumirlo pero no hay culpa en ellos, y no soy yo quien señale la causa, la raíz principal del problema”

nes parciales que no han sido adecuadas, revanchas, más bien sería buscar qué parte de verdad tiene cada grupo y también una invitación, como está el espíritu del Evangelio de este domingo, a perdonar de co-

razón, que pobladores y ejidatarios perdonen a la otra parte, que busquen caminar juntos, que busquen ayudarse unos a otros”, insistió.

Sobre el cambio de parroquia que había solicitado un sacerdote de Ti-

la, comentó que el movimiento se dará el día jueves, “es saludable el cambio de los sacerdotes, él mismo ya lo había pedido varias veces por su salud, estuvo delicado anteriormente, se ha recuperado, ya no quería estar al frente de la parroquia, nosotros solo estamos ayudando a que haya diálogo a escucharse”.

Asimismo, envió un mensaje a quienes mantienen bloqueado el acceso a Tila, para evitar ingresen elementos de seguridad, “que sepan bajar la guardia y escucharse mutuamente, todos podemos aportar al crecimiento de la comunidad”.

Finalmente, confirmó que la Diócesis ha sido invitada por el Gobierno a formar parte de una mesa de diálogo, “la Diócesis está insertada en la realidad humana y social, hay cientos de problemas y cientos de caminos de solución, los sacerdotes son parte de la realidad y de la colaboración para ayudar a destrabar problemas, somos parte de la búsqueda de una solución”.

Se desplazan familias Tsotsiles de Chenalhó por agresiones de Aldama

Aseguran que los Elementos de la Policía Estatal se encuentran al pendiente de las acciones de Aldama en contra de Chenalhó, pero aun así temen por su integridad, porque los mismos policías están siendo atacados a balazos en el cartel que tienen.

Dejaron en claro que como en

ocasiones pasadas, los quieren inculpar por lesionados en Aldama, lo cual se deslindaron, y se han enterado que se han dado agresiones entre los mismos pobladores de Coco y Tabak porque se ha creado un descontrol en el manejo de las armas y se ha creado molestia en la cooperación de compra de municiones, “ya

que no tiene cómo pagar las armas y fusiles con los que nos atacan”.

Urgieron a las autoridades del gobierno la detención y encarcelamiento de los actores intelectuales, de quienes ya tienen conocimiento el gobierno del estado, pues temen a que se repita una masacre como la de Acteal.

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Rosa Santana Campeche, Camp. (proceso.com.mx)

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efensores de los derechos humanos exigieron la inmediata liberación de 12 indígenas chiapanecos encarcelados injustamente desde mayo de 2019 por delitos ambientales que no ameritan la prisión preventiva oficiosa.

En un comunicado, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Marcos Mayo Mendoza, directores de las asociaciones civiles Acceso y Defensa en Derechos Humanos e Ixim, respectivamente, demandaron que a los chiapanecos, de la etnia ch’ol, se les permita enfrentar su proceso en libertad.

El grupo fue timado en la compra de tierras que resultaron estar dentro de una reserva ecológica de jurisdicción estatal.

Ellos son Guadalupe Lázaro López, Miguel Mayo Díaz, Juan López Arcos, José Antonio Méndez Arcos, Gumersindo Méndez Pérez, Domingo Mayo Díaz, Nicolás Arcos López y/o Nicolás López Arcos, Nicolás López Trujillo, Antonio Méndez Díaz, Marcos Arcos Guzmán, Julio Arcos Álvaro y Armando Arcos Guzmán.

Los activistas explicaron que el grupo de procesados se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) San Francisco de Kobén, en la capital campechana, desde que fueron detenidos por agentes de las policías Estatal y de Investigación el 27 de mayo de 2019.

Denunciaron que el grupo de indígenas fue detenido “sin orden de aprehensión ni detención ministerial”, “bajo el supuesto de estar cometiendo delito ambiental en flagrancia”.

Detallaron que, días antes de ser aprehendidos, los procesados salieron de su lugar de origen, el municipio de Salto de Agua, Chiapas, con la intención de conseguir un lote de tierra para vivir con su familia de manera lícita y honesta.

“En el municipio de Salto de Agua,

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Timan y encarcelan a indígenas chiapanecos con la venta de terreno en una reserva ecológica en Campeche

Chiapas, se difundía por diferentes medios de comunicación que en el estado de Campeche existía la posibilidad de comprar un terreno para vivir, por lo que pensando en un bienestar para sus familias, fueron en busca de esa oportunidad”, añadieron.

En su lugar de origen se les aseguró que no habría ningún problema legal en la compra de los terrenos en cuestión, pero una vez asentados en el sitio resultó que el sitio se trataba de una reserva ecológica estatal.

El 3 de junio de 2019 fueron vinculados a proceso por delito ambiental y, aunque este no es grave y ameritaría enfrentar el proceso en libertad, quedaron sujetos a prisión preventiva justificada por supuestamente existir riesgo de fuga o evadir el proceso penal que se les sigue en Campeche dentro de la carpeta judicial 358/18-2019/JC. Posteriormente, la Fiscalía General de Campeche los acusó del mismo delito solicitando la aplicación de una pena de prisión de siete años.

Además, “la fijación de la audiencia intermedia para el ofrecimiento de medios de prueba fue pospuesta para varios meses, supuestamente por exis-

tir la posibilidad de iniciar un procedimiento abreviado”.

En diciembre de 2019, Acceso DH e Ixim retomaron la defensa del caso y a la brevedad solicitaron el procedimiento abreviado, con el que reconocen la acusación y pueden ser acreedores a una pena baja de un año de prisión, la cual estaba prácticamente cumplida.

“Aunque la Fiscalía en un principio manifestó verbalmente a nuestros representados que también aceptaba el trámite de esa terminación anticipada del proceso, posteriormente lo rechazó cuando se pretendió formalizar. Apelamos la negativa del procedimiento abreviado y ahora el caso se encuentra en juicio de amparo indirecto 490/2020 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Campeche”, señalaron.

El 12 de marzo pasado, en audiencia en el Juzgado Cuarto de Control, los defensores solicitaron la aplicación de una excluyente del delito por existir elementos de que ellos no tenían conocimiento de que el lugar en el que se asentaron era una reserva ecológica estatal, y ello actualizaría un error que excluye el delito, para lo cual se solicitó un peritaje en antropología.

“Esto fue negado por la Juez Cuarto de Control en Campeche y por ello acudimos a un amparo indirecto 386/2020 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Campeche, que se encuentra detenido por la pandemia al igual del 490/2020”, añadieron los defensores.

“El Poder Judicial de la Federación argumenta de que la Justicia Federal se encuentra trabajando a través de medios digitales, lo cual no es del todo cierto”, reprocharon.

El pasado 27 de agosto de 2020 se llevó a cabo una audiencia de revisión de medida cautelar de la prisión preventiva, solicitada por Acceso DH e Ixim con base en la resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativa a Pandemia y Derechos Humanos.

No obstante, la Juez Cuarto de Control confirmó la prisión preventiva justificada hasta la conclusión del procedimiento penal, por lo que la defensa interpuso el amparo indirecto 759/2020 en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Campeche.

Dadas las circunstancias, los activistas exigieron al gobierno y la Fiscalía de Campeche “sensibilidad social y humana para el tratamiento” de este asunto, permitiendo al grupo de procesados continuar su proceso judicial en libertad, “para no continuar afectando derechos fundamentales como la presunción de inocencia y un juicio justo”.

También, en su momento, restituirles plenamente la libertad, considerando los hechos y la inexistencia del delito con base en elementos culturales que deben ser tomados en cuenta de conformidad al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Presencia de la Policía y GN debe ser para preservar la paz en Tila De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Este sábado arribaron al municipio de Tila, elementos de la Policía y de la Guardia Nacional, por lo que el presidente municipal Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, expuso que la presencia de las fuerzas del orden debe ser para preservar la paz y no para reprimir grupos.

En este mismo sentido el Ayuntamiento rechazó tajantemente la violencia y se declaró ajeno a grupos paramilitares.

El edil precisó que: “Nuestros habitantes merecen vivir en paz, por ello, hacemos nuevamente un llamado puntual a los grupos políticos que insisten en responsabilizarnos por los hechos ocurridos el pasado viernes, a conducirse en el marco de la legalidad y la razón, tal y como lo han propuesto las autoridades estatales y federales”.

Al no ser partidario de la violencia, Gutiérrez Gómez ofreció todo el respaldo para coadyuvar, en la medida de lo posible, en la búsqueda de soluciones inmediatas para evitar nuevos enfrentamientos, y, sobre todo, salvaguardar la integridad de nuestros ciudadanos.

“Dejamos claro, que el Ayuntamiento Constitucional de Tila, considera que la presencia de elementos policiacos y de la Guardia Nacional, debe responder solo a la necesidad de evitar nuevos episodios de violencia. Nuestra administración, comparte los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador y aboga por la no represión para ambas partes en pugna.

Nos deslindamos de toda participación y responsabilidad en los hechos violentos ocurridos el pasado viernes, y respetuosamente, nos solidarizamos con las familias de las personas fallecidas y heridas”, insistió.

Pobladores hartos de los atropellos.

Por otra parte, habitantes de la denominada zona baja de este municipio lamentaron que desde el año 2015, han vivido en el abandono y la zozobra, debido a que el exalcalde Edgar Leopoldo Gómez, promovió y financió una serie de ataques en contra de los ejidatarios, con el propósito de justificar el cambio de sede municipal.

Estos ataques concluyeron con la destrucción del edificio de la presidencia municipal y la expulsión de sus autoridades.

“Los ejidatarios se declararon autónomos e impusieron reglas de vida de acuerdo a sus usos y costumbres, en medio de un conflicto agrario que tiene más de 60 años de litigios. La postura intransigente de los ejidatarios fue aprovechada por la administración de Edgar Leopoldo Gómez, quien encabezó un saqueo descarado a los recursos del Ayuntamiento”, señalaron.

Agregaron que, miles de millones

de pesos fueron desviados a empresas fantasmas a través de su director de Obras, Federico Montejo Camacho, quien ahora busca ser candidato a la Presidencia Municipal de Villaflores.

No contentos con haber saqueado las arcas municipales, estos dos exfuncionarios dejaron obras inconclusas y han estado promoviendo la organización de los pobladores del ejido Tila para hacer frente a las agresiones de los ejidatarios, en complicidad con Francisco Arturo Sánchez, hijo de uno de los líderes fundadores del desaparecido grupo paramilitar: Desarrollo, paz y justicia, agregaron.

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Ejidatarios de Guerrero piden a AMLO no intervenir en su conflicto con minera Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo, Gro. (proceso.com.mx)

E

jidatarios de Carrizalillo enviaron un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que le advierten que no necesitan su intervención para “conciliar” en el conflicto que mantienen con los directivos de la empresa minera canadiense Leagold Mining Corporation y su filial Equinox Gold.

A través de una carta dirigida al mandatario federal el pasado lunes 7, los campesinos señalaron: “Le decimos que por el momento no es necesaria su participación porque nosotros no la hemos solicitado y, por el momento, no la necesitamos y esperemos no recurrir a ella porque este proceso únicamente nos corresponde al ejido y la empresa y hay una simple razón para ello, no permitiremos que esta empresa extranjera viole e incumpla sus actos que ha firmado con nosotros”, indica la misiva.

También recuerda que el convenio de ocupación de sus tierras para la explotación minera se canceló el

Pedro Matías Oaxaca, Oax. (proceso.com.mx)

La Fiscalía General de Oaxaca reconoció que 493 mujeres han sido asesinadas en la entidad del 2017 al mes de agosto de 2020, de las cuales 135 carpetas de investigación se iniciaron por el delito de feminicidio y 343 por homicidio doloso.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Género y Feminicidios del Congreso del Estado, el fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez, alardeó que en Oaxaca “se ha frenado la impunidad y cada vez más responsables de delitos están en la cárcel”, al tiempo que afirmó que lograron resolver el 71.9% de los feminicidios cometidos en los últimos 3 años, cifra sin precedente a nivel estatal.

Respecto al tema de desapariciones de mujeres, informó que de 2018 a 2020, en la entidad se han reportado 437 mujeres como no localizadas, 429 de las cuales han sido localizadas por la Fiscalía, lo que significa una efectividad del 98.16 por ciento.

Vasconcelos Méndez resaltó que rindió un informe de resultados que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha realizado y obtenido en el periodo comprendido de 2017 a 2020, respecto a la atención y acompañamiento a víctimas de delitos por razón de género.

Respecto a las víctimas en orfandad por el delito de feminicidio, el Fiscal General informó que en el periodo 2012-2020, se han atendido a un total

“Le decimos que por el momento no es necesaria su participación porque nosotros no la hemos solicitado y, por el momento, no la necesitamos y esperemos no recurrir a ella porque este proceso únicamente nos corresponde al ejido y la empresa y hay una simple razón para ello, no permitiremos que esta empresa extranjera viole e incumpla sus actos que ha firmado con nosotros”, indica la misiva

pasado jueves 3, porque la minera incumplió acuerdos. Afirmaron que, si los directivos de la compañía extranjera tienen interés en renovar el contrato, ellos están abiertos al dialogo, “pero no a costa de recibir desprecio, racismo y soberbia”, sentenciaron.

“Nos despedimos de usted di-

ciéndole que, si su presencia o la del gobernador es requerida, sin duda se lo solicitaremos, pero de ninguna manera lo haremos para mediar la violación de derechos, sino para castigar y detener los abusos de las empresas mineras”, señalaron los ejidatarios de Carrizalillo.

En esta semana, el presidente

Obrador se refirió de forma superficial al conflicto minero de Carrizalillo, que lleva una semana y hasta el momento no se ha solucionado.

El conflicto tiene su origen en la extrema violencia que se vive en la franja minera de Guerrero, donde grupos delictivos disputan a sangre y fuego el control de las extorsiones a las empresas extranjeras.

A pesar de que las mineras canadienses y nacionales asentadas en Guerrero han firmado el acuerdo del “oro libre de conflicto”, que promueve el Consejo Mundial del Oro para que la explotación se realice bajo estándares de calidad, protección al medio ambiente, respeto a los derechos humanos y sin generar conflictos armados ilegales, la realidad en Carrizalillo es totalmente opuesta

Fiscal de Oaxaca admite 493 homicidios de mujeres; trató 135 como feminicidio de 140 personas, de las cuales 132 son niños, niñas y adolescentes, así como 8 adultos.

Además, en el mismo periodo, se han brindado un total de dos mil 824 servicios a 353 personas adultas víctimas indirectas del delito de feminicidio en el estado.

Saxofonista rociada con ácido, un caso sin resolver Estas cifras contrastan con las de organizaciones feministas como el Grupo de Estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) y Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad, así como de casos de tentativa de feminicidio como el de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, que a un año del ataque con ácido que sufrió siguen pendientes acciones de justicia, razón por la que han pedido la renuncia del fiscal.

En redes sociales se destacó el hashtag #JusticiaParaMale: El 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos Ortiz, saxofonista de 26 años, fue atacada con ácido al interior de su hogar por Rubicel H.R., quien habría sido contratado por el empresario y exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal y sus cómplices”.

Por lo pronto, Consorcio-Oaxaca exigió al fiscal Rubén Vasconcelos la

aprehensión de Juan Antonio Vera Hernández, autor intelectual junto con su padre, del ataque con ácido a María Elena Ríos Ortiz.

A su vez, el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) manifestó que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa se perfila como el de mayor violencia feminicida en la historia reciente de Oaxaca, con 458 casos de mujeres asesinadas.

“Desafortunadamente lo que se puede constatar es que estamos frente a un Estado fallido, pues la actual administración de Alejandro Murat, con poco más de tres años de gobierno, ha acumulado 458 casos, el 86% de la cifra más elevada de los últimos cuatro sexenios”, agregó.

Y es que a dos años de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género se mantiene y se extiende la violencia

feminicida en Oaxaca, con un acumulado de 243 niñas y mujeres asesinadas de manera violenta.

Mientras que Consorcio sostiene, con base en datos de la Plataforma de Violencia Feminicida, que del 31 de agosto de 2018 a la fecha, la desaparición de mujeres se ha incrementado 74.5% (349 casos) respecto a los 200 casos registrados antes del decreto, es decir, del 1 diciembre de 2016 al 31 de agosto de 2018, en los 40 municipios que cuentan con Alerta de Género.

En el mismo periodo, los feminicidios se incrementaron 12% (142 casos) en comparación con los 127 registrados durante los primeros años del gobierno actual. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego (67%) y/o fueron víctimas de un ataque armado (43%).

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Interponen denuncia contra Fiscalía y Policía de Puerto Vallarta por abuso de autoridad en caso de niña agredida por funcionario Dalia Souza López Guadalajara, Jal. (Cimacnoticias)

E

l “Colectivo Mujeres Puerto Vallarta”, a través de la abogada feminista, Sandra Quiñones, anunció que se abrió una carpeta de investigación y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por abuso de autoridad, en contra de la Fiscalía Regional y la Policía Municipal de la mencionada ciudad, por la mala actuación para salvaguardar los derechos de la menor de edad agredida sexualmente por el funcionario de Puerto Vallarta, Jalisco.

Anunciaron que esto se realiza de manera paralela a las investigaciones que se están llevando a cabo para determinar la responsabilidad del funcionario de Puerto Vallarta, Jalisco, Luis Alonso “N”, imputado por los delitos de agresión sexual infantil y corrupción de menores agravado contra una niña de 10 años de edad.

Si bien fueron policías municipales quienes encontraron en flagrancia al sujeto dentro de su vehículo agrediendo sexualmente a la niña de 10 años, la abogada advirtió que pudo detectarse “una mala actuación en detrimento de los derechos de la niña y su familia” previo al proceso de denuncia; tanto de parte de las autoridades municipales, como estatales a través de la Fiscalía Regional. Con esta acción, señaló, se pretende dejar un precedente y con ello, evitar que se sigan violentando los derechos de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en el municipio.

“Estamos llevando a cabo estas dos

Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

En 2019 la Ciudad de México destinó 2 mil 104.7 millones de pesos (mdp) para acciones de igualdad de género en las 16 alcaldías, secretarias de gobierno, órganos desconcentrados y descentralizados; sin embargo, estas instituciones no gastaron 10.2 por ciento de estos recursos.

Un análisis del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género (CELIG), del Congreso capitalino, encontró que el año pasado, cuando por primera vez el Congreso tuvo la facultad para aprobar el presupuesto presentado por la Jefatura de Gobierno, los organismos de la capital dejaron de ejercer 215.2 mdp.

Las dependencias del gobierno dejaron de ejercer 103.1 mdp; seguidas de las Alcaldías, que tampoco gastaron 72.1 mdp y después las Entidades y Fideicomisos Públicos, con

acciones paralelas porque buscamos que se deje un precedente, sobre todo del primer respondiente y de la Fiscalía para casos subsecuentes. No queremos que ninguna niña ni su familia vivan toda esta serie de acciones tendientes a inhibir, a coaccionar, a seguir violentando los derechos de ellas en la consecución de acciones de justicia”.

En ese sentido, explicó que se ha identificado un patrón de conducta que busca disuadir y coaccionar a las víctimas de violación y abuso sexual para que no denuncien, particularmente, de parte de los primeros que responden al delito, en este caso, de la Policía Municipal: “Esto sí nos preocupa porque estamos viendo este patrón constante sobre todo de la policía municipal de inhibir que se presenten denuncias, de las coacciones que se hacen a las familias de las víctimas para que no se preste la atención como primeros respondientes. O que el aparato que utilizan para tratar de meterles miedo, de generarles incertidumbre para que no hagan la denuncia o no continúen

con el proceso de la denuncia”.

Habrá que advertir, que en medio de la exigencia de impartición de justicia con perspectiva de género y congruente con los principios del interés superior de la niñez, la abogada junto con las colectivas, ya habrían denunciado que éste no es un caso aislado de abuso sexual infantil, ya que en lo que va del año se han interpuesto 67 denuncias por el mismo delito en Puerto Vallarta, 15 por ciento más que el año anterior, donde se registraron 58.

Por ello, han manifestado la gravedad y el impacto que tienen estos actos; por un lado, el hecho de que los funcionarios responsables de atender a los llamados de auxilio y recibir las denuncias “coaccionen” a las víctimas y a sus familias, inhibe el acceso a la justicia y la sanción a los responsables; y por el otro, se invisibiliza los delitos que atentan contra la seguridad, la integridad y la vida de las mujeres y las niñas.

“Y esto nos parece grave porque sabemos el número de agresiones sexuales que se dan en Puerto Vallarta y

que la autoridad, en este caso el primer respondiente que es la autoridad municipal, siga teniendo estas conductas de inhibir las denuncias no nos permiten conocer por un lado la dimensión de estos delitos en Vallarta; y por otro lado no le permite a las víctimas y a las familias que tengan acceso a la justicia”, dijo la abogada Quiñones.

Finalmente, informó que por ahora tanto la niña como su familia se encuentran mucho más tranquilas al saber que el imputado no podrá llevar el proceso en libertad y que permanecerá en prisión preventiva, durante los 6 meses que marca la ley; esto luego de que un juez decidiera por fin vincularle por el delito de corrupción de menores agravado.

Las investigaciones continúan para determinar el grado de su responsabilidad en los hechos, así como en otros delitos y otras víctimas. Y es que, si bien, el sujeto fue vinculado a proceso el pasado 1 de agosto por el delito de abuso sexual infantil y, posteriormente, el 21 de agosto por el delito de corrupción de menores agravado, el caso permanece en la etapa de la investigación complementaria, donde de manera particular se está indagando sobre el modus operandi que el ahora exfuncionario utilizó para “seleccionar a su víctima” y advertir que no se trató de “alguien al azar”.

Asimismo, la abogada argumentó que no descartan la posibilidad de que esta práctica la utilizara con otras menores de edad, incluso, señaló que, las pruebas que se están analizando, podrían “de manera tangencial vincularlo al tema de trata, prostitución, pornografía o cualquier otro delito”.

Organismos de la CDMX no ejercieron presupuesto aprobado para Igualdad un subejercicio de 34.2 mdp.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México estos recursos son para promover la cultura de igualdad, atender la violencia de género, promover la inclusión de mujeres en el mercado laboral, mantener estancias infantiles y fortalecer el empoderamiento de las capitalinas.

Al presentar los resultados del estudio en un encuentro virtual con diputadas locales, este 9 de septiembre, la titular de la Jefatura de Departamento de Apoyo de Investigación del CELIG, Amelia Zapata Rojas, expuso que para 2021 será un reto aumentar el presupuesto para la igualdad y fortalecer su ejecución.

A su vez la directora de Transversalidad, Seguimiento y Evalua-

ción de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, Minerva Rodríguez Orozco, detalló que 34 por ciento de los recursos para la igualdad se asignaron a acciones para acceder a una vida libre de violencia; y 28.8 por ciento fue para promover y capacitar a mujeres en actividades productivas.

En el foro la coordinadora de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martha Ávila Ventura, señaló que el marco normativo vigente establece la obligación de incluir la perspectiva de género en la planeación y ejercicio del gasto, pero algunas legisladoras locales han propuesto incorporar un anexo dedicado a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres en el presupuesto de 2021.

En tanto, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula Soto Maldonado dijo que los avances en la agenda de género no pueden lograrse sin el presupuesto necesario. “Debemos entender a la asignación de presupuesto público con perspectiva de género como el indicador del compromiso que los gobiernos tienen hacia los derechos de las mujeres y la igualdad de género”, aseguró.

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EN CHIAPAS

Lunes 14 de Septiembre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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El INE ordena dejar de transmitir spots del segundo informe de AMLO De la redacción Ciudad de México (apro)

E

l Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó detener la difusión de los mensajes promocionales del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual se realizó, como mandata la ley, el pasado 1 de septiembre.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedente la medida cautelar solicitada por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra del presidente por la difusión de promocionales en radio y televisión del Segundo Informe al transmitirse fuera de la temporalidad prevista en la legislación.

De acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPyPP), todavía al pasado 11 de septiembre 15 concesionarias de radio y televisión continuaban difundiendo promocionales alusivos a dicho informe.

La instancia electoral determinó que esa difusión estaba fuera de la temporalidad permitida por la Ley General de Comunicación Social, ya que ésta debió ocurrir sólo del 31 de agosto al 6 de septiembre.

Asimismo instruyó al Director

Niza Rivera Ciudad de México (proceso-com.mx)

En referencia al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, sujeto aún a aprobación, el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (Moccam) realizó un análisis en el cual afirmaron que “ante las numerosas exigencias de la comunidad artística del país para reactivar la vida cultural y apoyar a los artistas desempleados, es una insensatez y una ofensa”.

El PPEF 2021 que propone en total 13 millones 985 mil 117 pesos para Cultura, es decir un 3.46% de aumento respecto del año pasado, de 13 millones 517 mil 480 pesos, es en realidad menor al desglosar por órganos desconcentrados y/o entidades: INAH (-2.50%), INBAL (-1.65%), IMCINE (-19.43%), Radio Educación (-4.67%), el Centro de Capacitación Cinematográfica (-17%), los Estudios Churubusco (-17.7%), Canal 22 (-16.46%), Indautor (-8.58%), así como Festivales, Fomento a la Lectura, PAICE, PACMyC y el extinto Fonca.

Incluso Vinculación Cultural, que administra el programa “Cultura Comunitaria”, apuesta de la Secretaría de Cultura en esta administración se vio reducida en un 86.23% menos, de

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedente la medida cautelar solicitada por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra del presidente por la difusión de promocionales en radio y televisión del Segundo Informe al transmitirse fuera de la temporalidad prevista en la legislación

General de Radio, Televisión y Cinematografía para que, en un plazo no mayor a seis horas, ordene a las concesionarias de radio y televisión a

que dejen de transmitir los anuncios y se abstengan de difundirlos.

Asimismo, se instruyó a la DEPyPP realizar las acciones nece-

sarias para informar a los concesionarios de radio y televisión eviten la difusión de los referidos promocionales.

Consideran “una insensatez y una ofensa” el presupuesto para cultura en 2021 709 a 97 millones de pesos.

Y señalan que “el aumento es en realidad por el Proyecto Cultural de Chapultepec que junto al Complejo Cultural Los Pinos tendrían poco más de la cuarta parte del presupuesto, tres mil 508 millones de pesos.

Se lee en el documento del Moccam: “Mientras el presidente y múltiples funcionarios anuncian que los recortes obedecen a la lógica de primero los pobres y al sostenimiento de los programas sociales, el gasto público en un solo megaproyecto (Chapultepec) en la capital en un año de recesión, ante las numerosas exigencias de la comunidad artística del país para reactivar la vida cultural y apoyar a los artistas desempleados, es una insensatez y una ofensa.

“El apoyo a los más desprotegidos no debe estar condicionado a restarle presupuesto a ámbitos indispensables para la vida libre y democrática del país, como salud, derechos humanos, cuidado del medio ambiente, ciencia, deporte, arte y cultura. Ésa es una falsa dicotomía: los ciudadanos no debemos renunciar a nin-

gún derecho para satisfacer ningún otro, mucho menos para financiar un proyecto faraónico e innecesario, especialmente en medio de una crisis como la que vivimos actualmente”.

Esta semana el Moccam junto a los colectivos No Vivimos del Aplauso y Asamblea por las Culturas informaron sobre la petición de intervención de la Secretaría de Gobernación ante la Secretaría de Cultura (SC) relativo a convocatorias, y como parte del mismo recordaron a esta última

ejercer el PEF 2020 pendiente.

En respuesta, la SC dio a conocer que “con el objetivo de impulsar el alcance de las convocatorias emitidas por la Secretaría de Cultura, se compartirá con los colectivos la relación de las mismas, tanto las que se encuentran vigentes como las de próxima emisión”, y afirmaron que analizarían la posibilidad de abrir una convocatoria para artistas que no cuentan con comprobante fiscal.

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Lunes 14 de Septiembre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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En un primer filtro, el INE elimina a 34 aspirantes a dirigir Morena Carina García Ciudad de México (proceso.com.mx)

L

a lista de aspirantes a contender por la presidencia nacional y la secretaría general de Morena se redujo de 105 a 71 militantes, y quedaron en el camino 34 personas que no están en el padrón de ese partido y, por lo tanto, no podrán participar en el proceso interno.

Este sábado, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el dictamen con el listado de 35 aspirantes a contender por la presidencia y 36 a la secretaria general, mismos que a partir del miércoles 16 de septiembre serán sometidos a “encuesta de reconocimiento” previa a la encuesta abierta para definir los nuevos liderazgos de Morena.

De la encuesta de reconocimiento quedarán los 6 que obtengan las primeras posiciones a presidente y 6 a secretario general, ambos de Morena.

Entre los 35 aspirantes que serán sondeados para ganar el derecho a la candidatura a presidente de Morena están los diputados federales Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado Carrillo y Javier Hidalgo Ponce; la actual secretaria general Yeidckol Polevnsky, además de Gibrán Ramírez y el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán.

A la secretaría general quedaron inscritos la senadora Citlalli Hernández Mora, Agustín Guerrero

De la redacción Ciudad de México (apro)

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, anunció que este lunes presentará una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y quienes resulten responsables por negligencias en la atención a la pandemia de covid-19.

El dirigente panista explicó, a través de un comunicado, que esta denuncia de hechos se presentará por el rechazo del gobierno federal a realizar una auditoría externa por especialistas al manejo del coronavirus, así como por la negligencia que ha costado miles de vidas.

Argumentó que a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Salubridad General, LópezGatell no ha tomado las medidas necesarias, sino actuaciones “deficientes y negligentes en contra de la vida y en detrimento de la salud

Este sábado, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el dictamen con el listado de 35 aspirantes a contender por la presidencia y 36 a la secretaria general, mismos que a partir del miércoles 16 de septiembre serán sometidos a “encuesta de reconocimiento” previa a la encuesta abierta para definir los nuevos liderazgos de Morena

Castillo, Flavio Sosa Villavicencio, Donají Alba Arroyo, Emilio Ulloa y Antonio Attolini, entre otros.

También quedaron inscritos exintegrantes o integrantes del CEN morenista: Carol Berenice Arriaga García, exsecretaria de

Mujeres; Oswaldo Alfaro, Norman Pearl Juárez, René Ortiz Muñiz, todos cercanos a Polevnsky.

Todos ellos consiguieron su registro como candidatos a presidencia y secretaria general de Morena y del 16 al 22 de septiembre serán

sometidos a encuesta para reducir el número de participantes en la encuesta nacional abierta a un máximo de seis candidaturas por cada puesto, medición que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre.

El PAN denunciará a López-Gatell por “negligencia” en pandemia de covid-19 de las personas”.

“Simplemente, resultó increíble que a pesar de lo que sucedía en otros países y que ocurriría algo parecido en México, el gobierno decidiera vender millones de cubrebocas a China y luego, recomprarlos a un precio mucho mayor que en lo que se vendieron originalmente”, dijo el dirigente del PAN. El panista acusó al gobierno federal de no haber capacitado al personal médico y hospitalario para brindar la atención adecuada a los contagiados del covid-19. Tampoco, advirtió, les proporcionó el equipo adecuado de protección.

En el comunicado, el panista indica que en la denuncia de hechos que presentará ante la Fiscalía pide que se busquen los elementos probatorios para que determinen si las

autoridades administrativas, a través de Hugo López-Gatell, tomaron en serio la pandemia, si implementaron las acciones correctas y las

mejores prácticas internacionales conocidas hasta el momento para enfrentar de la mejor forma esta emergencia sanitaria.

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EN CHIAPAS

E

n Chiapas, la coordinación interinstitucional evita duplicidad de esfuerzos y sobre todo gastos.

Los ahorros se han invertido en resolver problemas con muchos años en espera de solución y que hasta ahora tienen respuesta.

Se ha mejorado la calidad de vida de la gente y avanzar en el progreso y desarrollo de la entidad.

Resolver todos los pendientes y los rezagos en unos cuantos meses es imposible, pero se ha logrado avanzar en un porcentaje significativo.

Los resultados indican que el trabajo del gobierno local es positivo.

Con los mismos recursos financieros que tuvieron otras administraciones se ha logrado, ahora, atender a más gente y resolver los rezagos.

Trabajar en equipo- evitando la duplicidad de funciones e inversiones -le da al gobierno chiapaneco el margen de maniobra para manejar el asunto de la pandemia del #COVID19.

Al mismo tiempo, se atienden las necesidades de la gente vulnerable, que requiere hoy más que nunca de los apoyos gubernamentales.

Hacer lo posible dentro de lo deseable no es tarea fácil, pero los resultados hablan por sí mismos.

Así lo demuestran los análisis de organismo serios que se han dado

EL DIVÁN Sergio Stahl

Labor interinstitucional es trabajo de equipo

a la tarea de revisar resultados y evaluar las acciones de los gobiernos de los estados de la República Mexicana.

Han destacado los logros de Chiapas, porque a pesar de ser una de las entidades más rezagadas del país y alejadas de la media nacional del desarrollo humano, el gobierno de Rutilio Escandón Cadena está resolviendo problemas que tienen décadas en espera de la intervención de las autoridades.

Ahora se han resuelto y ello permite concentrar el esfuerzo, para emprender nuevas acciones en favor de la gente muy necesitada.

Hacer más con menos ha lleva-

do a miles de chiapanecos los apoyos, como por ejemplo: prótesis, despensas, paquetes alimentarios y de traspatio, becas, desayunos y comidas escolares para la niñez del sistema de educación básico en las comunidades de los municipios más vulnerables.

La coordinación entre las instituciones concentra recursos económicos y laborales, para aplicarlos en programas que beneficien a más chiapanecos, a fin de mejorar su calidad de desarrollo humano.

No es tiempo de grandes obras, sino de pequeñas acciones que resuelvan problemas a pequeños núcleos poblacionales.

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La transformación de Chiapas se construye de abajo hacia arriba y en la medida que se avance, los beneficios llegarán el resto de los chiapanecos.

Se sientan las verdaderas bases para el desarrollo, y en la entidad están más que sustentadas.

Los beneficiados así lo reconocen y eso es lo que cuenta.

En Chiapas, el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas se legitima haciendo más con menos en beneficio de todos los chiapanecos En fin.

BALCON.Los pobladores del fraccionamiento #RealDelBosque han estado abandonados a su suerte por años. Sin embargo, por fin esa zona suburbana de Tuxtla Gutiérrez será incorporada al municipio y los trabajos para realizar el proceso deben iniciar de inmediato, a fin de dar cumplimiento cabal a la sentencia de amparo emitida por un juez federal, sentencia que obliga al Ayuntamiento tuxtleco a realizar sin dilación el proceso para municipalizar a #RealDelBosque. En otras palabras, no hay razón para aplaudir una acción de gobierno reclamada en tribunales por la ciudadanía de dicho fraccionamiento, porque no se trata de una graciosa concesión del gobierno municipal sino una justa, necesaria e ineludible obligación del Ayuntamiento capitalino...

Eso es todo.

LA FUERZA DEL MOVIMIENTO FEMINISTA

S

i hay un responsable de la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es la pésima lectura política que ha hecho este gobierno de las exigencias feministas que ha escalado el encono.

El hartazgo que llevó a las colectivas feministas a tomar la sede de la presidencia de la CNDH, es de al menos 15 años de simulación institucional para erradicar la violencia contra las mujeres.

El encono de las mujeres se ha alimentado por años ante el crecimiento de la violencia feminicida y la inacción efectiva del Estado, y, se exacerba en este gobierno por el desprecio a la exigencia y la falta de congruencia.

Los hechos

Por un lado, se incorporan al gabinete a mujeres para ser políticamente correcto, algunas de ellas cercanas al movimiento feministas, pero desprovistas de poder real.

Se proclama en el exterior la política feminista del gobierno mexicano, pero en el país se practica el antifeminismo.

Se asegura que como nunca se ha protegido a las mujeres y se debilitan las instituciones respon-

Lucía Lagunes Huerta sables de velar por sus Derechos Humanos.

Y esto exacerba el hartazgo, lo han dicho en reuniones y en las calles.

Hartas

Están hartas de que la vida y la integridad de las mujeres no sea prioridad del Estado. De ser escuchadas, pero no atendidas para resolver la impunidad y erradicar la violencia contra las mujeres en todo los ámbitos, públicos y privados.

Cuando se tiene las leyes, las instituciones, los mecanismos para avanzar hacia una vida libre de violencia para las mujeres y niñas, las acciones gubernamentales van en sentido contrario.

Se tardaron siete días para sentarse con la colectiva que tiene tomadas las instalaciones de un órgano autónomo, porque, quien preside la CNDH y tiene a su cargo la vigilancia de la política para la igualdad entre mujeres y hombres, esto poco se sabe, no quiso resolver la situación y por el contrario alimentó el encono.

La fuerza del movimiento

El 8 de marzo pasado se llenaron las calles de la Ciudad de México con miles de mujeres, las convo-

cantes calcularon 2 millones de asistentas.

Salieron a la calle en todo el país a demandar acciones de sus gobiernos, del presidente y del Estado en su conjunto, porque el movimiento feminista es nacional.

Tomaron las calles como respuesta al desdén presidencial y a su ceguera misógina que le impide leer la fuerza política del feminismo.

Ya no cabe la simulación, ni la administración del conflicto. Este gobierno se está jugando su última carta para reconducir su política a favor de los Derechos Humanos de las mujeres. Lo han dicho claramente las feministas, quieren soluciones.

El reto no es menor, no depende solo de los buenos oficios de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, ni de las funcionarias. Aquí la interpelación llega

hasta Palacio Nacional, pues las descalificaciones y el menosprecio que más ha indignado es el presidencial.

El movimiento feminista, principalmente juvenil, ha dado muestras que no se quedarán en las salas de reuniones.

Sus estrategias implican la acción directa, marchas, pintas, performance, tomas de instalaciones, no sólo de la CNDH, sino de facultades y lo que venga.

La brillantina rosa ha mostrado su fuerza y ni con pandemia ha disminuido.

No la tiene fácil el gobierno, no. ni las instituciones responsables de erradicar la violencia tampoco, porque no solo han ido perdiendo fuerza política y legitimidad, sino recursos económicos para operar.

Y lo estamos viendo con la propuesta presupuestal: sólo 2 por ciento para los DH de las mujeres.

Si este gobierno no reconoce la fuerza del movimiento feminista ni lo ve como interlocutor político y por el contrario apuesta a la administración del conflicto, al cansancio y al desgaste, seguirá alimentando el hartazgo y enojo de las feministas. Entonces deberá hacerse cargo del tamaño de la respuesta.

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Lunes 14 de Septiembre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EN LA MIRA Héctor Estrada

Lo que Carlos Morales no dijo del caso Real del Bosque

L

o que Carlos Morales Vázquez anunció como un triunfo de su gobierno este fin de semana, tiene de fondo un intenso trabajo de defensa emanado desde la ciudadanía y defensores de Derechos Humanos que, por cierto, ni si quiera fueron invitados al evento que daba cumplimiento a una de las sentencias judiciales conseguidas tras años de lucha.

La municipalización del fraccionamiento Real del Bosque y la introducción de la red del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) no se trató de una obra de buena voluntad como engañosamente el gobierno municipal trató de hacer parecer el sábado pasado.

La obra tiene detrás un largo proceso de litigios ante organismos judiciales y no jurisdiccionales que no fueron nada sencillos.

El problema que se originó como resultado de evidentes actos de corrupción en la entrega de los permisos de comercialización y supervisión de obras durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero llevó a habitantes de más de 7 mil viviendas de Real del Bosque a vivir un largo calvario de más de 12 años sin suministro de agua potable y servicios, negados por varias administraciones municipales.

En ese entonces, la empresa Homex, responsable de la construcción del fraccionamiento, vendió y entregó viviendas sin conexiones subterráneas a los servicios municipales de agua potable. Bajo la complicidad de la entonces administración de Sabines Guerrero engañó a miles de compradores que con el paso de los meses comenzaron a enterarse de la situación y el fraude del que habían sido víctimas.

Las denuncias comenzaron a

hacerse públicas, exigiendo la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno para castigar a la empresa, abrir una investigación contra los funcionarios involucrados y reparar el daño. Pero nadie hizo nada al respecto. La federación, el gobierno del estado y los ayuntamientos subsecuentes guardaron silencio. Solaparon durante años el fraude cometido, mientras los colonos padecían la falta de agua y servicios públicos.

Así pasaron más de siete años, ante la indiferencia de las autoridades municipales y el nuevo gobierno de Manuel Velasco Coello.

Fue en 2015 cuando comenzó la organización de una nueva estrategia de defensa. Con la integración de la abogada y defensora en Derechos Humanos Cándida Aremi Gutiérrez Zenteno se inició una nueva ruta de defensa estratégica con la formulación de un amparo judicial a fin de obligar a las autoridades a terminar con su omisión y cumplir con su obligación.

Después de gestiones de la defensoría, el 10 de mayo de 2017 el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Agua y Saneamiento, Leo Heller, llegó a Real del Bosque, como parte de una agenda adicional en el marco de su visita a México y Chiapas. Durante el momento crucial, que puso el tema en los medios nacionales e internacionales, el visitador de la ONU recorrió el lugar y escuchó de viva voz de los colonos la problemática.

Con un amparo federal interpuesto -casi con un año de anticipación-, la reciente visita de la ONU y la presión mediática de la defensoría, el asunto comenzó a cobrar mayor relevancia ante los tribunales judiciales y organismos no jurisdiccionales.

Así fue como el 7 de julio de ese mismo año la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), presionada públicamente, emitió la recomendación 7/2017 donde se reconoció por primera vez la flagrante violación del gobierno municipal al derecho humano al agua.

La CEHD solicitó además corregir el problema con las obrar necesarias. Pero no tardaron más de siete días cuando el 14 de julio de 2017 el Juzgado Segundo de Distrito emitió sentencia al respecto, ordenando finalmente al SMAPA y al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez iniciar inmediatamente con las obras para garantizar el abastecimiento de agua potable. Dio un plazo de seis meses para iniciar con la ejecución del proyecto a fin de conectar al fraccionamiento con la red general del agua.

La orden judicial se convirtió en una sentencia histórica. Era la primera vez que el Poder Judicial de la Federación se pronunciaba y ordenaba respecto a un problema tan común en la entidad chiapaneca, que tenía a Real de Bosque como caso emblemático.

Desde ese momento comenzó el tiempo a contra reloj para que el Estado Mexicano, a través del municipio de Tuxtla Gutiérrez, garantizara el abastastecimiento de agua potable y los demás servicios municipales.

Así las obras comenzaron a principios de 2018 bajo el seguimiento de los colonos y la defensoría del caso. En 2019 la CEDH emitió una segunda recomendación donde reiteró la violación permanente a al derecho de acceso al agua, llamó a agilizar las obras y solicitó la realización de una disculpa pública por parte de las autoridades en turno, ahora bajo la presidencia de Carlos Morales Vázquez, ante la demora

del cumplimiento de la sentencia en ese año.

Así llegó este 12 de septiembre de 2020 como fecha fijada por el ayuntamiento para el evento de municipalización y conexión final de Real del Bosque al sistema municipal de agua potable. Pero el gobierno de Morales Vázquez omitió intencionalmente involucrar a quienes llevaron la defensa del caso durante años.

El presidente municipal armó un evento de parafernalia sin notificar antes a al grupo de defensoría que gestionó el amparo, llevó el caso ante la ONU y promovió las recomendaciones de la CEDH. En su lugar colocó a supuestos “representantes” del fraccionamiento afines a su gobierno, que nada tuvieron que ver con la defensa.

Pese a las solicitudes hechas por la defensoría para que SMAPA ofreciera un recorrido y entregara información sobre los avances de la obra, que daba cumplimiento a la sentencia, el gobierno de Morales Vázquez decidió engañar a los colonos promoventes, realizando a escondidas el evento, armando un teatro de protocolo, utilizando la imagen del gobernador y anunciado el hecho como un logro de su gobierno, sin la verdad histórica de fondo.

Carlos Morales no sólo ofendió y dio la espalda a la ciudadanía organizada que defiende sus derechos, se colgó de un logró conseguido por ellos y habló de una verdad a medias para colgarse medallas ajenas. Lo que Morales no dijo es que la municipalización y el abastecimiento de agua a Real del Bosque son una victoria ciudadana que debe servir de ejemplo para otras tantas luchas legítimas que son valiosas más allá del oportunismo político el suyo… así las cosas.

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Lunes 14 de Septiembre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EN TILA. CRÍMENES POR LA OPACIDAD DE LAS AUTORIDADES DE CHIAPAS

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e los artículos 2, 4 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene que el Estado mexicano reconoce que las comunidades integrantes de un pueblo indígena son aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, tienen libre determinación que asegure la unidad nacional y autonomía.

Hoy Tila, vive un grave conflicto social generado hace varios años por el entonces gobierno de Chiapas, cuya solución está en el actual gobierno.

La historia parte de lo siguiente: Mediante escrito presentado el trece de abril de mil novecientos ochenta y dos, el Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente del EJIDO TILA, EN EL MUNICIPIO DE TILA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, en representación del mencionado ejido, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables Congreso del Estado, Gobernador Constitucional, Concejo Municipal de Tila (actualmente Ayuntamiento Constitucional de Tila), Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria del Estado de Chiapas, y Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Yajalón, todas esas autoridades de Chiapas.

El acto que reclamaron se hizo consistir en el inconstitucional Decreto 72 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 17 DE DICIEMBRE DE 1980, por el que se decretó como fundo legal la zona urbana del ejido de Tila, en agravio de toda la comunidad de Tila.

Esa demanda fue turnada al entonces Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, quien el diecisiete de octubre de dos mil ocho resolvió otorgar el amparo y protección a los quejosos, en esencia, porque el Congreso del Estado de Chiapas carecía de facultades para modificar la resolución presidencial de treinta de julio de mil novecientos treinta y cuatro por la que se dotó de tierras al ejido quejoso.

Los efectos de la sentencia de amparo fue el siguiente: “En consecuencia, con base

Carlos Hugo Tondopó Hernández

en los anteriores razonamientos, es fundado el concepto de violación analizado para conceder liso y llano el amparo y protección de la Justicia Federal impetrado, esto es, para que en el presente y en el futuro no se aplique al Ejido de Tila aquí quejoso, el Decreto número setenta y dos, emitido por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Chiapas, publicado por el Gobernador del Estado de Chiapas, en el periódico oficial del Estado de Chiapas, número 51, Tomo XCII, el diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta, respecto a las hectáreas de la Zona Urbana (caserío) que ilegalmente se consideró como fundo legal del municipio de mérito. (…).

Protección constitucional que, además, se produce también por lo que hace a los actos concretos de aplicación del decreto de referencia, consistente en la ejecución de dicho decreto bajo el supuesto de fraccionar en lotes urbanos terrenos de la zona urbana ejidal, que a la postre llevaran al desposeimiento de tierras ejidales pertenecientes al mencionado ejido quejoso; puesto que, cuando se reclama una ley, decreto o reglamento a partir de un acto concreto de aplicación, el juzgador de amparo no debe desvincular el estudio de la ley o reglamento controvertidos del que concierne a su acto de aplicación. Por tanto, al haberse declarado la inconstitucionalidad del dicho Decreto, tal concesión también debe abarcar al acto de su aplicación.

El juzgado Federal, por acuerdo de catorce de enero de dos mil nueve, declaró que había causado ejecutoria la sentencia, y requirió a las autoridades responsables “… para que, dentro del término

de veinticuatro horas siguientes a la notificación de dicho proveído, informaran sobre el cumplimiento a la concesión de amparo…”.

Esto significa que estamos en presencia de una sentencia ejecutoria, cosa juzgada, en la que falta su ejecución, esto es, que se haga entrega material y se ponga en posesión al Ejido de Tila, de las hectáreas que fueron afectadas por el inconstitucional decreto 72 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 17 DE DICIEMBRE DE 1980.

A quien corresponde el cumplimiento de la ejecutoria de amparo: Sencillo, a las autoridades responsables actuales, Gobernador y Congreso del Estado, y Ayuntamiento de Tila, todas de Chiapas, ya que esos órganos fueron los que participaron en la aprobación, expedición y ejecución dl decreto cuestionado, esto es, en dichas autoridades recae la obligación legal de poner en posesión y otorgar todas las garantías al Ejido de Tila, sobre las tierras que en su momento fueron afectadas por las ocurrencias del gobernador y congreso en turno en 1980.

La responsabilidad de las autoridades de Chiapas, van más allá de las sanciones que genera el incumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo (Tesis: P./J. 57/2014 (10a.), prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la “separación del cargo y consignación ante el Juez de Distrito”, pues, si derivado del problema del incumplimiento de esa ejecutoria se dan enfrentamiento entre la población que beneficiaba el inconstitucional decreto y la población a la que por sentencia ejecutoria se le dio la razón jurídica,

podrían las responsables estar cometiendo delitos por omisión, ya que su deber es poner de inmediato a los vencedores en el conflicto legal en posesión de las hectáreas que legalmente les corresponde.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doce de septiembre de dos mil dieciocho, resolvió el incidente de inejecución de sentencia 1310/2010, en el sentido que no era posible resolver sobre la procedencia del cumplimiento sustituto, puesto que en autos del juicio de amparo no existen elementos para determinar la imposibilidad (material o jurídica) para cumplir con la sentencia de amparo o, en su caso, si resulta desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación.

El cumplimiento sustituto consiste en que, el juez debe ponderar entre los beneficios que obtendría el ejido quejoso de cumplirse, en sus términos, y la afectación que, en ese supuesto, se causaría a la sociedad, para establecer, a ciencia cierta, en qué proporción se afectaría a esta última; y decidir que en lugar de entregar las tierras se sustituya esa obligación generalmente por un pago económico, cuya responsabilidad recae en las autoridades responsables.

Tila es un problema que debe resolver el actual gobierno, sin que pase inadvertido que el problema existe desde 1980, cuando a un gobernador y al Congreso se les ocurrió publicar y expedir un decreto sin el mínimo cuidado del orden constitucional, más bien con hedor a ignorancia y arbitrariedad propia de las autoridades de aquellos años. De manera que las autoridades actuales deben resolver con urgencia dicho tema y llegar a un convenio económico de cumplimiento sustituto, ya que su opacidad puede traer responsabilidades de la magnitud de Acteal. En el caso de que se les haga caro el pago por las tierras o no se les pueda dotar de otras a los afectados, se tiene que hacer entrega de las que ya están ilegalmente ocupadas, por lo que no existiría imposibilidad para ello si nos asomamos a la efectividad llevada al cabo por las autoridades ministeriales y de seguridad pública para los desalojos, hecho notorio y muy cacaraqueado.

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Lunes 14 de Septiembre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

A

unque son más de un centenar candidatos que se registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para dirigir al partido de López Obrador Morena, son escasos los que podrían hacer un buen papel, por no decir que casi nadie, porque la mayoría persigue intereses de grupo y personales.

De acuerdo con el INE, fueron 103 los aspirantes a candidatos que se registraron: 49 para la presidencia y 54 para la Secretaría General.

De acuerdo a un informe del INE, los diputados federales Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, así como el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán y Yeidckol Polevnsky se mantienen en la “carrera” por la Presidencia de Morena.

A excepción del diputado federal por Morena, Porfirio Muñoz Ledo con todos los asegunes del caso es el más idóneo para dirigir a este Frankenstein que inventó el tabasqueño para hacerse del poder el México.

Sin embargo no hay que olvidar como piensa Muñoz Ledo de sus correligionarios en la Cámara de Diputados de ser indignos por imponer “un humillante servilismo” y violen la pluralidad política, que ni en el antiguo régimen se permitían “tan grotescos cacicazgos”.

Muñoz Ledo quien es uno de los fundadores del partido en el poder, asegura que el Movimiento de Regeneración Nacional instauró la “democracia” en México y además el presidente Andrés Manuel López Obrador goza -gozaba- de una amplia aceptación para gobernar, por lo que, es indigno la actuación de la mayoría de los legisladores de su partido.

Asimismo el legislador federal ha sido un duro crítico del trabajo de los legisladores de Morena, bancada a la que pertenece, quien fue el único en cuestionar la decisión de convocar a la Cámara de Diputados a erigirse como órgano de acusación en el juicio político contra Rosario Robles, funcionaria de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, que actualmente se encuentra encarcelada por venganza del presidente López.

También como olvidar que en marzo pasado Muñoz Ledo tildó de hipócritas y lambiscones a los diputados de Morena, quienes no le aprobaron una reserva, a pesar de que habló con todos y le dijeron que votaron a favor, particularmente los de su partido.

“Tengo información de que solo tres votaron a favor, no es que me oponga a una dictadura silenciosa, sino que me parece que la hipocresía y el doble lenguaje no caben en la 4T”. Eso son los diputados de Morena, lo bueno es que Porfirio ya los conoce y de ganar sabrá con quienes tendrá que lidiar, lo que será muy difícil que logre enderezar el camino de los legisladores, cuyos intereses van por delante.

CONTRAPODER PODER

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• Un ser indigno para Morena • En Chiapas también hace aire • Los López son amigos de lo ajeno Pero si alguien tiene duda de lo hipócritas, serviles, indignos, falsos, lambiscones, abyectos y oportunista que son los morenistas que vienen de los partidos PAN,PRD, PRI, PVEM, advetivos que no es exclusivo de los diputados, sino de senadores, alcaldes, gobernadores y floreros del gabinete de la 4T, noten el vergonzoso espectáculo de la ¡”lamebotas”! Layda Sansores, alcaldesa de Álvaro Obregón quien mostró el cobre y su bajo nivel al afirmar que “solo cada 100 años nace un líder como” AMLO. ¡Hágame usted el cabor fevor!

En manos de quienes estamos.

Hablando de diputaos serviles y oportunistas

Los diputados federales chiapanecos que tampoco cantan mal las rancheras, que al son que les tocan bailan se pusieron de a pechito con el indigno legislador de la bancada de Morena ante la Cámara baja, Mario Delgado que busca dirigir al partido Morena.

No olvidar que los dichos por Porfirio Muñoz Ledo le quedan como anillo al dedo a Mario Delgado, por ser servil, oportunista, sinvergüenza y todo lo demás.

Bien pues Mario Delgado estuvo en Chiapas acompañado de los levantadedos chiapanecos para promover al presidente de la Cámara de Diputados a la dirigencia de Morena con miras a las elecciones del 2021.

Los desconocidos legisladores chiapanecos que rara vez se paran por Chiapas y que raramente se les ve trabajando como por arte de magia hicieron que los morenos de Chiapas se pronunciaran a favor del abyecto Mario Delgado.

Fueron reuniones casi a puerta cerrada en donde los únicos invitados fueron puro cuates, le temerá algo Mario Delgado estar en este convulsionado estado.

Nada nuevo bajo el sol mostraron los diputados, solo venir de paseo, una campaña chafa que se reflejará el día de salga ungido el nuevo líder, que por su mediocridad e ignorancia dudo mucho que vaya a ser Mario Delgado.

Solo los lambiscones diputados chiapanecos que le hicieron el caldo gordo, que solo para eso sirven para hacer bulto y arrastrarse en pos de un nuevo cargo de elección popular, pues estos como nunca han trabajado, están acostumbrados a vivir como parásitos, no a expensas del gobierno, sino del pueblo, que es a los que se deben

pero a los que menos sirven.

Entonces queda demostrado para que sirven los legisladores chiapanecos, en funciones que aunque llevan puesta la camisa guinda de Morena, pero la conciencia y el alma sucia del PVEM, por haber sido impuestos por el peor gobernador que haya dado Chiapas, Manuel Velasco Coello, y a quien hoy le queman incienso los levantadedos chiapanecos.

Los López involucrados en actos de corrupción

“si ya tienen zapatos, para qué comprar más”. “Nosotros en general tenemos que buscar la austeridad, comprar lo que necesitamos, no consumir de manera enfermiza, si ya tenemos zapatos, pues para qué más, si ya se tiene la ropa indispensable, solo eso”. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador fue más allá: Explicó que si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, “¿por qué el lujo? claro, somos libres, pero ya no es el tiempo en que como te veían te trataban”.

Pero el miserable tabasqueño no predica con el ejemplo, pues desde el 2019 la familia de López Obrador ha estado en el ojo del huracán debido a presuntos actos de corrupción, comenzando por Pío López Obrador, quien además este 2020 regresó a la opinión pública debido a un videoescándalo, pero aseguran que hay más.

El primer caso que hizo encolerizar al peje fue dado a conocer por el periódico Reforma, a quien López Obrador le impuso el adjetivo “pasquín inmundo”, al denunciar que Pío López Obrador, operador político de Andrés Manuel López Obrador en Chiapas, estuvo comprando a los alcaldes del estado, para que se sumaran al movimiento de Morena.

Además, Pio Lorenzo ofreció a los alcaldes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) protección ante la Auditoría Superior del Estado, recursos y acceso a créditos a cambio de sumarse a Morena.

EN CHIAPAS

El mes de agosto pasado, Pío Lorenzo volvió a ser tendencia en redes sociales debido a que salieron a la luz pública videos en los que se aprecia recibiendo fajos de dinero en efectivo, por parte de David León, ex secretario de gobernación del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas.

Lo anterior por si solo representa un delito de índole electoral.

Ya que de acuerdo con las normas mexicanas, está prohibido recibir dinero en efectivo para financiar movimientos políticos.

También recordar que el hermano incómodo del presiente fue señalado de comprar alcaldes chiapanecos, ofreciendo inmunidad ante la Secretaría de la Función Pública, misma que perdonó a Manuel Velasco desvíos de recursos por más de 685 millones de pesos.

Ya es mal de familia pues a la cuñada de López Obrador se le involucra en actos de corrupción a ser denunciada por un desfalco en Tabasco, en donde todos los cómplices fueron obligados a renunciar y se sabe que el mismo López negocio su salida, pero hasta ahora ninguno está en la cárcel.

El pasado lunes se dio a conocer que Concepción Falcón Montejo, síndico del ayuntamiento de Macuspana Tabasco y esposa de Ramiro López Obrador, hermano de AMLO. Está involucrada junto a otros 11 regidores de Macuspana en un caso de desfalco por 223 millones de pesos.

Del Montón

El expresidente Felipe Calderón criticó que el Instituto para el BNienestar (Insabi), sea partícipe en la rifa del avión presidencial, que realizará el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 15 de septiembre y que, según el tabasqueño, lo recaudado se destinará para equipo médico. El exjefe de Estado calificó como “una irresponsable desviación de recursos” el que el Insabi haya donado 15 mil 765 boletos a la Secretaría de Salud (SSa) para el sorteo de la rifa.

De igual forma, Calderón señaló que dicha acción es un claro reflejo de la tragedia que es el gobierno de López Obrador y que tanto daño le hace al país. A pesar de la crisis sanitaria que se vive en México y que la pandemia de coronavirus vino a aumentar, es inconcebible que se ocupen recursos para la rifa del avión presidencial en lugar de destinarlos para hacer frente al desabasto de medicamentos. * * * Asimismo la senadora del Partido Acción Nacional, Lilly Téllez, calificó de irracional la compra de “cachitos” para la rifa del avión presidencial en lugar comprar medicamentos. “Tan ofensivo es el lujo del avión presidencial como lo es sortear servicios de salud. Es irracional que compren cachitos en lugar de medicinas”, dijo Téllez a través de Twitter. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

P

or seis décadas, el conflicto agrario en el municipio de Tila se ha saldado con un derramamiento de sangre innecesario que ha ido subiendo de nivel y que requiere, de forma urgente, la intervención del Estado. Sobre todo porque los gobiernos anteriores le dieron la espalda a todo y los muertos los sigue poniendo el pueblo.

La historia misma, relatada en la tesis del maestro Emilio Pérez Pérez, señala a 1959 como el año en que el entonces munícipe de Tila despreció la oportunidad de establecer el fundo legal. Ese error costó que las tierras de ese municipio se asentaran como ejidales, problema que fue creciendo y que se encumbró, como siempre, en el despojo en contra de los choles.

Gobierno tras gobierno se ha manoseado el problema de ese municipio y se han buscado generar simples paliativos y mesas de diálogo inoperantes que, a la fecha, son insuficientes. Podemos ver que requieren atención urgente: los recientes enfrentamientos que tienen encendidos los focos rojos en la zona hablan por sí solos.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue la inoperancia del Ayuntamiento que encabezó Édgar Leopoldo Gómez en el 2015. Fue ese año en donde las protestas se recrudecieron, se rompieron las negociaciones y los ejidatarios no encontraron más que la cerrazón del munícipe y su equipo que no tuvo la capacidad de generar acuerdos.

La historia la conocemos todos. Los ejidatarios incendiaron la Presidencia Municipal y destruyeron el edificio sede. Ahí mismo se declararon autónomos y reclamaron la posesión legítima de las tierras sobre las cuales se estableció el fundo legal, según ellos, bajo “argucias legales pésimamente manejadas”. Los funcionarios que han intervenido, ojo, desconocen la historia o la conocen a medias y eso ha empeorado la situación.

En un error total, deslindándose de todo, fue la administración de Édgar Leopoldo Gómez que maniobró para establecer la sede alterna a la cabecera municipal en el ejido Limar. No es un secreto que desde ahí desviaron miles de millones de pesos provenientes del Estado y la federación, y que dieron la espalda tanto a los pobladores de Tila como a los ejidatarios, motivo que también fue

Tila, algunas manos tras el conflicto

caldeando los ánimos (tema que muchos hemos analizado años atrás).

Basta que la Auditoría Superior del Estado haga su trabajo y verifique que hasta la fecha aún existen decenas de obras que permanecen inconclusas. De esto, uno de los principales responsables, según los propios pobladores, es el exdirector de Obras Públicas, Federico Montejo Camacho, oriundo del municipio de Villaflores.

Debo ser claro al señalar que no comulgo con el actual alcalde Limber Gutiérrez Gómez, y en este mismo espacio he criticado su desempeño y señalado sus errores. Sin embargo, es importante señalar que a la fecha su administración ha denunciado estos desfalcos, y ha demandado la aplicación de la ley en contra de estos exfuncionarios que estarían cayendo en temas de corrupción, mismo que la 4T ha condenado abiertamente.

Así, buscando curarse en salud, tras los lamentables hechos del fin de semana saldado con sangre inocente y por la apatía de los gobiernos, se sabe que el exalcalde Édgar Leopoldo Gómez y su excolaborador Federico Montejo están operando en la zona para desviar la atención. Es fácil torcer las líneas, repito. Por eso ahora andan señalando como responsable, de este problema añejo, a la actual administración y generando con ello un ambiente con más riesgos, pese a los llamados que ha realizado el propio gobernador Rutilio Escandón Cadenas a privilegiar el diálogo.

La estrategia es clara: la gente del exalcalde busca sepultar la larga lista de delitos que cometieron durante su paso por la presi-

dencia de Tila y su inoperancia en el conflicto que hoy ha escalado los niveles de violencia en la región, y para ello son capaces de poner más leña al fuego, de seguir azuzando a sus perros para que la sangre siga corriendo y esto es muy delicado.

La misma gente de la zona señala que los operadores del exmunícipe están alimentado el clima de tensión y confrontación, incluso, en las redes sociales y grupos de WhatsApp, donde se siguen emitiendo llamados a la violencia bajo discursos de “defender lo propio”, y confrontando a la actual administración.

No puedo pasar por alto, también, en señalar que la administración pasada es quien trabajó en convencer a la gente para que exigieran al Gobierno la presencia de la Guardia Nacional para “reprimir a los ejidatarios”, datos declarados de esta parte. Ese rencor que brotó fue sembrado como semilla de la discordia y hoy, lamentablemente, ha dado sus frutos.

Haría bien el gobierno en voltear los ojos hacia el exmunícipe Édgar Leopoldo Gómez y sus operadores, pues deberían responder ante la ley por su corresponsabilidad en el actual clima de violencia, así como por los desfalcos millonarios que cometieron en agravio del municipio de Tila.

A la par de ello, el Gobierno de Chiapas debería analizar la participación en este conflicto de Francisco Arturo Sánchez, gente cercana al exalcalde y quien aspira a un puesto político por Movimiento Ciudadano (es un secreto a voces que busca la presidencia municipal), quien ha cometido el terrible error de azuzar a los

pobladores y que tiene su parte de culpa en este derramamiento de sangre.

Así, no se requiere ir tan lejos para saber quiénes son algunas de las manos que mecen la cuna detrás de este conflicto que sigue escalando los niveles de violencia en la zona y elevando la tensión, y cuyo fondo real, debemos señalar, no está en manos del ayuntamiento, ni de éste ni del que vendrá.

Ojalá las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, se investigue a fondo y se castigue a todos aquellos que han utilizado este conflicto para seguir manteniendo el control en esa zona.

Justo es que paguen. #Manjar Algunos diputados empiezan a buscar espacios para acomodar sus aspiraciones. Saltan de Mover a Chiapas al Verde Ecologista, de independientes a Mover a Chiapas, en fin. Es un ejercicio que se ha vuelto común en política. Lo dije y lo repito: los partidos políticos desde hace mucho dejaron de ser un espacio ideológico y se convirtieron en simples plataformas aspiracionales con capacidad de financiamiento. Cada político juega sus cartas. Tira sus dados. Todo acorde a lo que consideran puede rendirles frutos. O bien, derivado de instrucciones de políticos que se mueven fuera de la aldea, pero que siguen teniendo el control de esos partidos. No pierda de vista este ir y venir. En cada uno de ellos se esconde un as bajo la manga. El 2021 nos mostrará los resultados. #JuegoPerverso “Abril es ella quien habla por tus labios /como un joven sonido desnudo por el aire / En la noche ha volado con tu vuelo más alto / con risa de muchacha / como el fuego nocturno de los frutos del viento / donde vibran los pájaros / Manzana del amor / su voz bajo la lluvia es un pescado rojo /Embarcada en sus cuencos con los ojos absortos / es la virgen gaviota que ha bebido del mar / en el agua su sol mariposa de luz”.

Homero Aridjis. #ElPoema // La recomendación de hoy: el libro El callado lenguaje de la piedra de Arbey Rivera y el disco Songs in the Key of Life de Stevie Wonder. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer. * Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos. * Delegado en Chiapas del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.

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ÍNDICE...

Ruperto Portela Alvarado

• LA SOBERBIA DEL “DR. MUERTE” GATELL. • La propuesta de los ex Secretarios de Salud…

• Sarcasmo e indolencia en la 4ª Transformación…

• Los 70 mil muertos por Covid-19, no cuentan…

• Fracaso rotundo en el combate a la pandemia…

FUNESTA ACTITUD OFICIAL…

E

n el llamado de atención a las autoridades federales por la presunta mala atención al funesto asunto de la pandemia del Covid-19, los más señalados han sido el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y su cancerbero imitador de mala conducta, HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ. Ambos han tomado con indolencia el grave tema de salud que ha cobrado a la fecha, más de 70 mil muertos, a reserva de que sea una cifra mayor.

LÓPEZ-GATELL, al que han endiosado desde las esferas de la 4T, principalmente por el Señor ANDRÉS MANUEL, ha cometido todo tipo de errores sustanciales traducidos en contagios y muertes que según los especialistas se pudieron evitar. No, de ninguna manera son responsables de la pandemia, pero sí de la falta de sensibilidad y humanismo para atender la situación de crisis a tiempo y en su tiempo. Ambos, han cooperado con el mal ejemplo de no usar el tapabocas, que sus seguidores le imitan.

En LÓPEZ OBRADOR y LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, han sobrado las burlas, el sarcasmo y la soberbia, como las equivocaciones en las predicciones de fechas, estadísticas de contagios y muertes, inclusive mentiras de que “hemos domado la pandemia y aplanado la curva de infecciones”, dicho eso desde el mes de julio. Ha sido una irresponsabilidad oficial que lleva a México ser el país con más muertos dentro del sector salud y décimo en muertes proporcionales por cada cien mil habitantes.

Retomando las palabras del doctor JAVIER CASTELLANOS COUTIÑO, nos ilustra que: “LA SOBERBIA no es más que la máscara del ignorante. Es el peor freno y enemigo del mejor de los instrumentos que el hombre posee: la inteligencia y la razón. Es la más importante de las limitantes del ser humano; que no es grandeza, es hinchazón”.

Porque cierto, el doctor HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ se llenó de soberbia, de palabras técnicas; optó por la línea política, que nadie entiende y de autoritarismo en la conducción de los procesos

del supuesto combate a la pandemia de Coronavirus. Han sido muy lamentables sus declaraciones y acciones, por lo que más de diez gobernadores exigieron su renuncia, que por el contrario, el Presidente ANDRÉS MANUEL le dio todo su respaldo y confianza hasta invistiéndolo en el Zar (emperador) de la compra de medicinas y supervisor en la distribución de las mismas.

Dijo LÓPEZ-GATELL que para el 6 de mayo se aplanaría la curva de contagios y muertes por Covid-19; luego que el 15 de junio y el 31 de julio. Que llegaríamos a tener 6 mil muertos por la pandemia y que para agosto estaríamos saliendo. Desafortunadas y erráticas predicciones del “Científico” que se convirtió en el Rockstar del escenario nacional y creyente de un premio a su desastrosa labor, como la Presidencia de la República, que lo tiene mareado.

Decir que es buena noticia que ¡ya hay actas de defunción!, es una calamidad y desacierto del ahora llamado “Dr. Muerte”, el “muñeco de ventrílocuo” que más se parece a su marionetero y “Jefe Supremo”, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Ya le ganó a los testaferros, RICARDO MONREAL ÁVILA y MARIO DELGADO CARRILLO; a TATIHANA CLOUTHIER, el nefasto FERNANDO NOROÑA y hasta a la sospechosa CITLALI IBÁÑEZ CAMACHO, mejor conocida como YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ. En otra de sus mascaradas para

ocultar su ignorancia, insensatez y quedar bien con su “Jefe Supremo”, LÓPEZ-GATELL desdeñó la propuesta de los ex Secretarios de Salud y con sorna y marcado sarcasmo, les invitó a “patentar la fórmula que serviría para acabar con la pandemia Covid-19, en seis u ocho semanas”, sin siquiera conocer el documento. Fue una falta de respeto y atención que lo “encuera” tal cual es de patán.

Todo resulta después de que los ex Secretarios de Salud, MERCEDES JUAN, SALOMÓN CHERTORIVSKI, JULIO FRENK, GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO, JOSÉ NARRO y JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS, dieron a conocer un documento en el que señalan que “controlar la pandemia Covid-19 podría ocurrir en un periodo de 6 a 8 semanas” y en respuesta, GATELL los invitó a compartirle la información a la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como al canciller MARCELO EBRARD CASAUBON. Grosero y malintencionado, el “científico” hizo escarnio y con sonrisa sarcástica de por medio, utilizó más de diez minutos para descalificar lo que todavía no conocía, señalando: “Si hay un grupo selecto de exsecretarios de salud que tienen la fórmula para controlar la epidemia en 6 u 8 semanas, podría dar lugar a una especie de patente porque eso se necesita en todo el mundo, puesto que en todo el mundo la epidemia sigue activa, solo China dio por terminada la epidemia, pero

hemos visto que en otros países de Europa ya se registran rebrotes”.

Creo que en estos tiempos de pandemia y más de 70 mil muertos por Covid-19, no estamos para dividir y desdeñar una propuesta que podría ser válida y con mayor disposición si viene de un grupo de alta capacidad académica y experiencia en la materia, como los seis ex Secretarios de Salud, a los que les puso en tela de duda al señalar: “Habrá que ver si los exsecretarios tienen alguna vinculación política, si lo hacen en su actuar técnico, quizá no tiene ninguna vinculación política, ninguna vinculación empresarial, por ejemplo en comercialización de medicamentos, posiblemente no, no conozco sus trayectorias en ese sentido, pero hay que tomarlo como una acción filantrópica. No sé si hablan de la carencia de hospitales, a lo mejor lo abordan, dada la capacidad que tienen, digo por la experiencia que tienen, en particular el ex secretario Narro por su experiencia reciente”.

El llamado “Doctor Muerte”, solo se ha dedicado a dar pronósticos que no se han cumplido; estadísticas de contagios y muertes de manera diaria, que nada tienen que ver con su responsabilidad de dotar de equipo de protección, material de salud, medicinas y atención a los infectados, que es lo que ha faltado considerablemente, mintiendo reiteradamente con un cinismo del mismo alto grado que le critican a sus antecesores PRIANistas.

Por todo eso, no se puede negar que el Presidente ANDRÉS MANUEL; el Subsecretario de Salud, HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ y las instancias involucradas en la atención a los contagiados de Covid-19 (IMSS, ISSSTE, INSABI), no han cumplido con sus responsabilidad de velar por el derecho humano de la salud de los mexicanos que hoy tienen que lamentar la pérdida de más de 70 mil familiares muertos, que según otras instancias médicas aseguran que pueden ser hasta 200 mil las personas fallecidas.

Queda el dato para su reflexión, análisis y en su caso, la discusión y defensa, si es que el tema lo merece…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

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HOJAS LIBRES Impacto/Diario Contrapoder Roberto Domínguez Cortés

• Las pifias constitucionales de López Obrador • Lamentable que el titular del Ejecutivo federal se escude en un inexistente sustento de la Carta Magna para evadir la responsabilidad del Estado mexicano

D

espués de que Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido en Málaga, España, incriminó al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, como los verdaderos responsables del daño patrimonial a la empresa petrolera y de la compra fraudulenta de la planta de Agronitrogenados. Incluso, al primero lo señala como beneficiario directo de los recursos ilícitos que la gigante brasileña Odebrecht entregó a Lozoya Austin para la campaña presidencial en el 2012.

Si los datos aportados por la traición de Emilio Lozoya resultaran verídicos es obligación de la autoridad ministerial proceder penamente de inmediato. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, erróneamente, que la decisión de enjuiciar a Peña Nieto estará sujeta a una consulta popular, para que el pueblo decida si el ex presidente es llevado a juicio o no.

Otro argumento presidencial fuera de la legalidad es que los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto no pueden ser juzgados porque tienen fuero y están protegidos constitucionalmente. Lamentable que el presidente se escude en un inexistente sustento constitucional para evadir la responsabilidad del Estado mexicano y evitar llevar a juicio a los dos ex presidentes si los datos de la investigación resultaran suficientes para proceder penalmente.

La consulta popular que propone el presidente López Obrador es absolutamente improcedente. Primero, porque la declaración presidencial interfiere con una facultad reservada al Ministerio Público Federal. Así lo mandata el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales estarán bajo la conducción y el mando de aquel en el ejercicio de esta función”.

Si la Carta Magna establece que el ejercicio de la acción penal es una función exclusiva del Ministerio Público, entonces, el Presidente se

entromete, indebidamente, en una atribución que compete a un ente autónomo, como es la Fiscalía General de la República (FGR). Con esa declaración, López Obrador pone al descubierto que la FGR esta bajo su mando, sobre todo a raíz de que el fiscal general Alejandro Gertz Manero no ha hecho ninguna aclaración al respecto.

La consulta popular deviene atentatoria a la constitucionalidad del Estado mexicano. El artículo 35 de la Ley fundamental del país regula las condiciones, plazos y procedimientos para llevarla a cabo. Un elemento esencial para realizar la consulta popular es la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene la grave responsabilidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión. Como puede observarse, la consulta popular involucra a los tres Poderes de la Unión, sobre los cuales pretende pasar el Presidente de la República.

A partir de esa disposición de la Constitución Federal, la determinación del máximo tribunal jurisdiccional de la República puede adivinarse por anticipado: Los actos sujetos a la ley y, desde luego, a la legalidad no pueden ser objeto de consulta. Si se concluye que las personas investigadas incurrieron en ilícitos sancionados por las leyes penales deben de responder ante las autoridades ministeriales y judiciales, independientemente de “la voluntad popular.”

Además, las consultas populares no pueden hacerse en cualquier

momento, ni su realización estar sujeta a las veleidades de los gobernantes. El artículo 35 constitucional ya mencionado previene, sin excepción alguna, que “la consulta popular se realizará el mismo día que la jornada electoral federal”, es decir, puede realizarse hasta la elección intermedia del 2024.

Lo anterior quiere decir que una consulta, para que sea válida y obligatoria para los poderes Ejecutivo y Legislativo, deberá contar con el voto de cuando menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral.

Ahora, si la voluntad presidencial pretende sustituir los actos soberanos del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una consulta amañada, como la de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, puede realizarse en cualquier momento, pero jamás ser obligatoria por estar revestida de inconstitucionalidad.

En cuanto al fuero del que gozan los ex presidentes, tampoco hay sustento constitucional. El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

El precepto es claro. Ni Felipe Calderón ni Peña Nieto gozan de fuero constitucional, que la Carta Magna atribuye a los presidentes, pero no a los ex presidentes. Por tanto, Calderón Hinojosa y Peña Nieto, hoy, sí pueden ser juzgados y

encarcelados por delitos no graves y graves si de las imputaciones de que son destinatarios se les encontrara penalmente responsables.

De Felipe Calderón hay evidencias, irrefutables, que lo hacen prospecto viable al patíbulo judicial. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del calderonato, se encuentra en una cárcel de Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico. Debe de haber suficientes elementos para que las autoridades norteamericanas hayan procedido a su detención.

Desde que Felipe Calderón fue declarado presidente electo de México, altos mandos militares hicieron saber al enviado Juan Camilo Mouriño que García Luna estaba involucrado en asuntos de narcotráfico. La gran sorpresa para la élite castrense fue que ahí mismo, en el restaurante Sir Winston Churchill’s de la Ciudad de México, se le comunicó que García Luna sería el próximo secretario de Seguridad Pública federal.

Por eso no es creíble la versión del ex presidente Calderón de que ignoraba todas las actividades ilícitas de su antiguo colaborador.

Por el contrario, según los antecedentes, y a partir de que el Presidente de la República es el hombre mejor informado del país, puede inferirse que Felipe Calderón no sólo protegió a García Luna, sino que, de facto, se convirtió en su cómplice.

De Peña Nieto, su responsabilidad penal también es evidente.

Odebrecht es prueba contundente, como lo es la casa blanca, por la cual deberá llamarse a cuentas a Angélica Rivera, y, desde luego, las vergüenzas nacionales e internacionales, con escenarios alterados e irresolubles de las masacres de Ayotzinapa, Tlatlaya, Ecuandureo, Apatzingán y Nochixtlán.

Si hay orden de aprehensión con fines de extradición del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, es inverosímil que Jesús Murillo Káram, ex Procurador General de la República, y Enrique Peña Nieto no estuvieran enterados de lo que hacía su subordinado cuando alteró, premeditadamente, los acontecimientos de Ayotzinapa.

Ampliaremos…

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Lunes 14 de Septiembre de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1974

DENUNCIA

MEDIDAS

El INE ordena dejar de transmitir spots del segundo informe de AMLO

Se desplazan familias Tsotsiles de Chenalhó por agresiones de Aldama

PAG. 7

ANÁLISIS

Consideran “una insensatez y una ofensa” el presupuesto para cultura en 2021

PAG. 3

ACUSACIÓN

El PAN denunciará a López-Gatell por “negligencia” en pandemia de covid-19 PAG. 7

INFORME

Fiscal de Oaxaca admite 493 homicidios de mujeres; trató 135 como feminicidio

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, anunció que este lunes presentará una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República en contra del subsecretario de Salud, Hugo LópezGatell, y quienes resulten responsables por negligencias en la atención a la pandemia de covid-19.

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Interponen denuncia contra Fiscalía y Policía de Puerto Vallarta por abuso de autoridad en caso de niña agredida por funcionario