CONTRAPODER EDICIÓN 1945

CMAN

DOXA

EDITORIAL

El gobernador no tiene quien le ayude

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Todos los problemas políticos que tiene en este momento el gobernador se deben al mal uso que se hace de la fiscalía. Esta dependencia, que en el papel es un órgano autónomo

Los escándalos políticos son el signo de este gobierno.

No bien salen de un problema y de inmediato aparece el otro.

Todo se debe a la inacción política y a la falta de manejo.

Aquí si cabe el dicho salimos de Guatemala para entrar a guatepeor.

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EN CHIAPAS

Miércoles 29 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1945

ACUSACIÓN

RESOLUCIÓN

Indígena acusado de trata de infantes fue asesinado en la prisión, denuncian sus hijos El cuerpo de Adolfo Gómez tenía una marca de ahorcamiento en el cuello, pero también presentaba una extensa fractura ensangrentada de 10 centímetros en el cráneo

Vinculan a proceso a Emilio Lozoya; no irá a prisión y usará brazalete

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DECESO

Muere en penal de San Cristóbal reo vinculado a supuesta red de explotación infantil PAG. 3

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Miente la 4T, no conoce la realidad de los campos chiapanecos

COMUNICADO

Respalda Comité Digna Ochoa solución amistosa por la Masacre de Acteal

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HOY ESCRIBEN CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

CÓDIGO NUCÚ

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César Trujillo

EN LA MIRA

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Héctor Estrada

EL DIVÁN

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Sergio Stahl

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AYOTZINAPA: HACIA LA VERDAD Santiago Aguirre

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LENGUAJE Y BARBARIE Javier Sicilia PAG. 5

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Miércoles 29 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

EDITORIAL El gobernador no tiene quien le ayude

T

odos los problemas políticos que tiene en este momento el gobernador se deben al mal uso que se hace de la fiscalía. Esta dependencia, que en el papel es un órgano autónomo, actúa como brazo ejecutor del gobierno y no como garante de la procuración de justicia, lo que significa que bajo el amparo del poder se cometen las decisiones más aberrantes en contra de la población.

La legalidad no es la característica de este gobierno, que tolera y fomenta que la fiscalía se dedique a la fabricación de pruebas y no a la investigación policial de manera seria, responsable e imparcial, en la que las carpetas de investigación se encuentren debidamente integradas y no haya un resquicio de violación al debido proceso, que de paso a la liberación de los presuntos culpables.

La fiscalía general es una bomba de tiempo que amenaza estallar en cualquier momento y que ha erosionado terriblemente la credibilidad y legitimidad del gobierno de cuarta que hay en Chiapas. El caso de la muerte por tortura del reo de la cárcel de San

Cristóbal apunta directamente al fiscal, que inventó el caso de una red de trata de infantes, que le permitió salir en medios nacionales y que ahora se le revierte, porque se detuvo a cinco familias que vivían en el mismo cuarto y que se dedicaban al comercio informal en esa ciudad colonial. Esta pifia no es un hecho aislado, se acompaña del abuso del aparato estatal para linchar mediáticamente a un médico, que se encuentra privado de la libertad por un delito menor que no amerita la prisión preventiva; la reacción en contra de este médico es desmedida, primero se le acusa de abuso de poder, por pedir a los pacientes del ISSSTECH medicinas y luego se le acusa en las redes sociales de extorsión, acto que ya fue desmentido, pero ahora se le imputa el delito de acoso, y aquí solo queda una interrogante, qué personaje del poder se sintió altamente ofendido por el supuesto acoso, que orquestó un ataque con la fuerza del Estado a un civil.

El mal manejo de la fiscalía no queda ahí. El caso del accidente sufrido por Zoé Robledo también terminó en escándalo político por la falta de

credibilidad que hay sobre la fiscalía.

Pero también está el caso de la propia hija del gobernador, en donde de manera por demás ridícula se fabricaron pruebas en contra de su expareja. Un caso que no se puede pasar por alto es la detención de un comandante de la policía ministerial, con once kilos de cocaína, detenido por elementos de la fiscalía general de la república. Otro caso es la detención de un comandante de la policía municipal, al servicio de los intereses de Jorge Llaven, que es el fiscal del Estado.

Hechos denigrantes de la procuración de justicia en Chiapas son muchos, solo basta escarbar un poco para dejar al descubierto los ilícitos con la que actúan esta fiscalía, que paradójicamente se convirtió en el brazo ejecutor del gobierno y donde Rutilio Escandón presume de la eficacia con la que actúa, a punto tal que el propio presidente de la república le hizo recientemente un reconocimiento por su desempeño.

Se ha repetido en reiteradas ocasiones que en Chiapas no hay gobierno y los hechos arriba mencionados lo comprueban.

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José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Isaín Mandujano Chictón, Ixtapa, Chiapas (apro)

N

ereida Gómez Sánchez, la hija de Adolfo Gómez Gómez, indígena vendedor de artesanías que fue vinculado a una supuesta red de trata de menores, denunció que su padre “no se suicidó, sino que lo mataron dentro del penal”, pues su cuerpo presenta fracturas en el cráneo y golpes en diversas partes del cuerpo.

A gritos y junto al féretro de su padre, la joven mujer indígena tsotsil, acusó al gobierno de haber matado a Adolfo Gómez. Dijo que ella espera justicia, pues quería verlo salir caminando del penal para abrazarlo. Sin embargo, agregó, el lunes le entregaron su cuerpo con el argumento de que se ahorcó dentro del penal.

El cuerpo de Adolfo Gómez tenía una marca de ahorcamiento en el cuello, pero también presentaba una extensa fractura ensangrentada de 10 centímetros en el cráneo.

Y aunque funcionarios de la Fiscalía de la Región Altos habían pedido a la familia que ya no movieran el cuerpo del ataúd, descubrieron que tenía diversos moretones en los costados y las piernas.

Todo fue fotografiado y videograbado por la familia, aunque dicen que no saben qué hacer con todo ese material, pues no tienen dinero para pagar un abogado ni para acudir a la Comisión Nacional ni a la Estatal de Derechos Humanos.

Además, no pueden salir de la comunicad porque tienen órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Nereida Gómez insistió en que su padre no murió por “suicidio por ahorcamiento”, como asegura la Fiscalía, sino que lo mataron y después lo colgaron para simular un supuesto suicidio.

Recordó que, cuando fue detenido por elementos de la FGE, a su padre lo llevaron a darle una “paseadita”, lo que en realidad fue una sesión de

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Indígena acusado de trata de infantes fue asesinado en la prisión, denuncian sus hijos El cuerpo de Adolfo Gómez tenía una marca de ahorcamiento en el cuello, pero también presentaba una extensa fractura ensangrentada de 10 centímetros en el cráneo

tortura en la cual lo obligaron a autoincriminarse de un supuesto delito de trata de personas.

Y que, ya estando en el penal, su padre le llamó desesperado y angustiado, pues debería juntar 50 mil pesos que le estaban exigiendo otros reos dentro del penal como pago de cuota por su ingreso, una cuota que deben pagar a quienes controlan el penal, según el delito por el que se ingresa.

Niegan explotación infantil Junto a Nereida estaban sus hermanos Herbet y Aníbal, quienes de igual forma exigieron justicia por la muerte de su padre, y rechazaron la versión de la FGE de que ellos explotaban laboralmente a los 23 niños.

Señalan que todos ellos eran hijos de cinco familias que vivían en una misma casa que rentaban entre todos, y que nadie explotaba a nadie. Que los adultos eran los que salían a vender

artesanías, como collares de ámbar.

El señalamiento que acabó con su familia fue la de siete policías que decían haberlo visto un transporte público con el pequeño Dylan Esaú, de 2 años, que busca la FGE desde que fue raptado el pasado 30 de junio. Sin embargo, los policías nunca ratificaron la denuncia en contra de su padre.

Hebert dijo que su padre no era un ladrón ni roba chicos, pues si lo fuera tendría mucho dinero, sin embargo, lo poco que ganaba de sus ventas de artesanías se le iba en mantener a sus dos pequeños hijos que tenía con su segunda y actual esposa, también presa, Josefa.

Aníbal mostró fotografías a los periodistas en las que se ven las heridas y lesiones que presentaba su padre en diversas partes del cuerpo. Y que tiene mensajes de voz donde su padre le llamaba desde el penal pidiéndoles que juntaran el dinero que le exigían

otros internos en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, donde fue hallado muerto el lunes 27 por la mañana.

Pidieron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de otros grupos defensores de los derechos humanos, para que les agilicen la entrega de los 23 niños que fueron enviados a un albergue del DIF Estatal en Tuxtla.

Dijo que, si bien algunos nacidos no tienen actas de nacimiento, no es que sean robados, sólo que, por la pandemia, cerraron algunas oficinas del Registro Civil y se han mantenido resguardados en casa.

Su padre eran miembro de esta comunidad tsotsil, donde viven ahora unas 300 familias, pero migró hacia San Cristóbal de las Casas para vivir de la venta de artesanías y bisutería de ámbar, pero que siempre venía visitarlos porque acá tenía a sus hijos mayores con su primera esposa.

Nereida dijo que la esposa de su padre, Josefa, esta presa en la sección femenil del penal de San Cristóbal de las Casas, mientras que su hermana, María Hortensia Gómez Sánchez, y sus cuñadas Maribel Gómez Sántiz y Juana Montejo González, están presas en el penal femenil de El Amate, en Cintalapa, a donde les es imposible llegar por tener todos órdenes de aprehensión, por lo cual tampoco pueden reclamar a sus hijos.

Miente la 4T, no conoce la realidad de los campos chiapanecos Oficina de prensa del Movimiento Antorchista Chiapas Tuxtla Gutiérrez, (antorchacampesina)

Chiapas figura como el cuarto estado con más hectáreas en la siembra de maíz, se encuentra dentro de las 18 regiones que favorecen el desarrollo del trabajo en el campo, principalmente en la zona V Altos Tsotsil-Tseltal, con 90 localidades y solo el municipio de Zinacantán con 22 localidades conforme a los estudios del INEGI, que en los últimos meses azotan la situación más difícil por la nula existencia de insumos para la producción.

En una tarde lluviosa y fría desde la colonia Elambó parte baja de Zinancantan, Antonio López López, hombre dedicado a la producción de maíz, frijol y frutas de temporada en los Altos de Chiapas, denunció que prevalece la

inexistencia de apoyos para el campo de las zonas productivas en la entidad, concibiendo él, como el sector más importante para la economía del país y justificando que los campesinos están en crisis, problema que se ha venido agravar por la pandemia.

Denunció que desde hace dos años, el gobierno federal prometió ayudar y no han llegado los apoyos, como sucedía con los gobiernos anteriores “no se si nos mal acostumbraron, pero si nos daban el apoyo. Ahorita no es como dice el actual presidente, es mentira que nos llegarán a buscar casa por casa, se ve que esta más preocupado por construir su proyecto neoliberal, porque él no conoce y no sabe cómo vivimos las comunidades”.

Antonio López, con decepción explicó que a su tierra de cultivo como la de otros habitantes de la zona, la milpa

necesita de fertilizante que antes podían adquirir por medio de los apoyos y programas federales, que desde hace dos años no llegan. “Aunque está lloviendo la producción no crece como lo venía haciendo porque le hace falta fertilizante, aunque es uno de los sectores más importantes, porque es de donde se alimenta la mayoría de la población y aunque nos digan que están llegando más apoyos, es mentira que estos se entreguen como lo dice el presidente, “.

Por ello, invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a que visite comunidad por comunidad para que conozca la necesidad, pues lo han estado esperando “pero no es cierto que se realicen las visitas no le interesa el sector agrícola, nosotros estamos preocupados y si puede hacer algo, que nos apoye” Finalmente Antonio López hace un

llamado a los tres niveles de gobierno para que les brinde el apoyo ante la urgencia de salvar la cosecha, haciendo un llamado, a que en estos momentos es cuando más lo necesitan, si tuvieran material adecuado estarían trabajando, la milpa crecería mejor y diera mejores frutos a beneficio de la alimentación de sus familias y de la economía de Chiapas.

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Miércoles 29 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Muere en penal de San Cristóbal reo vinculado a supuesta red de explotación infantil Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

U

n indígena que alegaba su inocencia tras ser vinculado a una supuesta red de trata de menores en San Cristóbal de Las Casas, se suicidó el lunes dentro del penal de número 5 ubicado en ese municipio, presuntamente por no poder pagar 50 mil pesos que otros reos que controlan el penal le exigían.

Adolfo Gómez Gómez fue detenido el pasado 15 de julio por la Fiscalía en el marco de las investigaciones por la desaparición del niño Dylan. Las autoridades catearon la casa donde vivía y donde fueron hallados 23 niños que eran nietos del fallecido y que según la autoridad, eran víctimas de la supuesta red de trata.

Nereida Gómez Sánchez originaria de Llano Grande, municipio de Ixtapa, fue la tarde del lunes a las oficinas de la Fiscalía General del estado en la región Altos de Chiapas, para recoger el ataúd con su padre dentro y echó abajo la supuesta red de trata de menores a la que fue vinculada toda su familia.

“La historia de mi papá es una historia de injusticia. Mi papá fue detenido por policías ministeriales alrededor de las 9:00 de la mañana del pasado 15 de julio, mientras trabaja en el parque central de San Cristóbal, donde era vendedor ambulante, vendía collares de ámbar”, dijo llorando la joven mujer indígena.

Explicó que su papá no cometió delito alguno, mientras que la FGE afirmó que estaba vinculado en la supuesta red de trata de 23 menores que fueron “rescatados” en un domicilio del Barrio Tlaxcala de San Cristóbal de Las Casas.

Lo detuvieron con engaños Dijo que su padre fue detenido bajo engaños, lo primero que le dijeron fue que debía ir a declarar y firmar unos papeles, sin embargo, nunca fue liberado y fue llevado directamente al penal número 5 ubicado entre San Cristóbal de Las Casas y Huixtán.

Llorando, Nereida narró que los policías interrogaron a su padre todo el tiempo sobre el paradero del niño Dylan Esaú, raptado en un mercado público del sur de San Cristóbal de Las Casas, sin embargo, su padre dijo no saber nada de ello y que nada tenía que ver con el caso, pero nunca le creyeron.

“El gobierno debe perseguir y encarcelar a los que son culpables no a los que son inocentes, eso es lo

Adolfo Gómez Gómez fue detenido el pasado 15 de julio por la Fiscalía en el marco de las investigaciones por la desaparición del niño Dylan. Las autoridades catearon la casa donde vivía y donde fueron hallados 23 niños que eran nietos del fallecido y que según la autoridad, eran víctimas de la supuesta red de trata

que pedimos. Por culpa del gobierno estoy muy dolida. Mi padre no era un delincuente. Mi padre sólo se ganaba el día trabajando en las calles vendiendo collares de ámbar”, dijo Nereida.

Indicó que, tras la muerte de su padre, dos pequeños –uno de cinco y otro de dos años- quedaron huérfanos, y que el único ingreso que tenían para vivir era el que su padre llevaba a casa todos los días producto de su venta de collares.

Los niños son nuestros Nereida relató que, junto a su padre, también fue detenida su madre Josefa Sánchez Gómez, quien aún sigue presa en la sección femenil de ese mismo penal donde su padre se quitó la vida el lunes.

Mencionó que, junto a su padre y su madre, también fueron detenidas su hermana María Hortensia Gómez Sánchez y sus cuñadas Maribel Gómez Sántiz y Juana Montejo González.

Es decir, están presas cuatro mujeres supuestamente vinculadas a una red de trata de menores que “descubrió” la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras buscaban al niño Dylan Esaú de dos años, raptado el pasado 30 de junio.

Pero Nereida dice que esos niños no eran explotados laboralmente, que todos ellos son sus hijos y sus sobrinos que estaban en casa mientras sus padres trabajan en el centro y algunos de ellos acompañaban a

veces a sus padres.

Solo somos pobres La mujer dijo que los acusan de ser secuestradores, cuando ellos en realidad son una familia numerosa y pobre, son –dijo– cinco familias diferentes a las que apenas les alcanzaba para vivir todos juntos, hacinados en una sola casa que rentaban entre todos.

La mujer expuso que todos, los 23 niños que supuestamente rescató la FGE, no son explotados, que todos son miembros de una numerosa familia, primos entre ellos. Que, si bien algunos están desnutridos, es porque no han tenido dinero para comer porque la pandemia afectó a todos en sus ingresos.

Pidió que todos los niños sean liberados del albergue infantil del DIF Estatal ubicado en Tuxtla Gutiérrez, a donde fueron todos remitidos por la FGE, luego de detener a sus madres y abuelas.

Nereida dijo que ella, sus hermanas y cuñadas, tienen en promedio cinco hijos por familia. Incluso, dijo, de los 23 niños que fueron llevados al albergue del DIF estatal, cinco son de ella, y afirmó que tampoco los explotaba laboralmente.

Que entreguen a los niños Pidió a la FGE y al DIF Estatal que le entreguen a sus cinco hijos, y que los otros pequeños sean entregados a sus abuelos maternos, ya que su padre ahora está muerto y su madre presa.

Agregó que sus cinco hijos son José Antonio, Claudia Janet, Erika Esmeralda, Berenice Guadalupe y Alondra Aracely, todos Montejo Gómez de quienes tiene actas de nacimientos legítimas.

Según contó la mujer, el pasado 20 de julio le habló su papá desesperado y llorando por teléfono para pedirle que le consiguiera 50 mil pesos que le estaban pidiendo otros internos dentro del penal como cuota por sus ingreso y estancia en el penal.

Dijo que, si bien su papá era diabético, no murió por esa enfermedad, y afirmó que el día que fue detenido, fue “sacado a pasear” por varias horas por los policías ministeriales, quienes lo torturaron para obligarlo a inculparse del delito de trata de personas. Según su dicho, el hombre se declaró culpable de explotación laboral de los 23 pequeños, pero todo con base en la tortura.

Un vocero de la FGE dio a conocer que el citado reo murió por “suicidio por ahorcamiento”.

La versión de la FGE Sobre la supuesta red de trata de menores, la semana pasada la FGE dijo que se habían rescatado a 23 niños y niñas hay “tres lactantes de tres, 12 y 20 meses de edad, y los demás de entre dos y 15 años”.

El fiscal de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, dijo que los menores de edad “eran obligados a vender artesanías en el centro de la ciudad mediante violencia física y psicológica, y que tras una revisión clínica médicos especialistas les detectaron desnutrición y condiciones precarias”, corroborando vulnerabilidad y riesgo”.

Cinco de los 23 menores fueron recogidos el lunes por una persona que se identificó como su abuelo, don Roberto Montejo. Al verlo los pequeños estaban felices de que dejarían el albergue infantil del DIF Estatal, por lo que se subieron al vehículo que los llevó a su comunidad en Chingtón, municipio de Ixtapa.

Don Roberto Montejo y doña Guadalupe González enseñaron a los medios, las cinco actas de nacimiento de los niños, hijos de su hijo Gilberto. Y señalaron que además vendrán a reclamar los siete hijos más de su hija Juana, nuera del reo que se suicidó.

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Médicos exigen la liberación de colega detenido tras muerte de político por covid-19 Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

U

nos 500 médicos, enfermeras y trabajadores de diversos hospitales públicos y privados, así como amigos y familiares, marcharon este martes para exigir la libertad del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, quien fuera acusado del delito de abuso de autoridad por la Fiscalía General del Estado (FGE), tras la denuncia penal que puso en su contra la hija de un político chiapaneco que falleció de covid-19.

Con sus batas blancas, cubrebocas y caretas, médicos de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), miembros de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA) y de diversos colegios de médicos marcharon esta mañana.

Desde la Diana la Cazadora, en el oriente de Tuxtla Gutiérrez, partieron con consignas, pancartas y lonas con la imagen y el nombre del urgenciólogo Grajales Yuca.

Exigieron su libertad y un juicio justo para el médico detenido el pasado sábado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), a quien señalan del delito de “abuso de autoridad”.

Según la FGE “en su calidad de servidor público del área COVID del Hospital de Especialidades Vida Me-

Red Informativa San Cristóbal de Las Casas San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) celebra que el Estado Mexicano reconozca su responsabilidad por acción y omisión en la Masacre de Acteal en 1997, por lo que respalda la decisión de las 30 víctimas que han aceptado un acuerdo de solución amistosa.

“Este acuerdo viene con el acompañamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y con el Estado Mexicano, por lo que el Comité Digna Ochoa expresa su total respaldo a la decisión de las víctimas sobrevivientes de la masacre de Acteal de llegar a un acuerdo de solución amistosa con el Estado Mexicano representado por el gobierno del Presidente Andrés

Desde la Diana la Cazadora, en el oriente de Tuxtla Gutiérrez, partieron con consignas, pancartas y lonas con la imagen y el nombre del urgenciólogo Grajales Yuca

jor, dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), solicitó a la persona denunciante equipo e insumos para tratar a su padre, siendo que de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado el nosocomio cuenta con los medicamentos y el equipo necesario para atender a los pacientes”.

La denunciante es la hija del exdiputado local por el PRI y también por el PAN Miguel Arturo Ramírez López, un político que también militó en el PVEM y fue líder del partido político local Mover a Chiapas, quien falleció de covid-19 el pasado 7 de julio en la Clínica Covid del ISSTECH, a donde fue ingresado sin ser derechohabiente.

Hoy los médicos salieron a las calles para exigir la libertad del médico, y señalaron que en los hospitales y clínicas de Chiapas no hay suficientes insumos, ni ventiladores, ni monitores, ni equipos de protección, ni

medicamentos, lo cual se ha “normalizado” el que los médicos pidan a los familiares de los pacientes consigan fuera esos medicamentos, pero que eso no es culpa de los médicos sino del sistema estructural y las carencias en las cuales se desempeñan.

Y si el paciente no es derechohabiente, con mayor razón, se le exigen cubrir muchos gastos para no erogar los recursos que sí son para los derechohabientes.

Víctor Hugo Zavaleta, exlíder del sindicato de trabajadores de la salud, dijo que donde sí hay un “abuso de la autoridad” es por parte de la FGE al proceder de esa forma contra el médico Grajales Yuca, pues en otros casos donde servidores públicos han saqueado el sistema estatal de salud pública, el gobierno ha sido omiso o cómplice de ello y los responsables siguen impunes.

Otoniel Gutiérrez, médico del ISSSTE, dijo que el atropello a los

derechos del médico Grajales Yuca, no sólo es una violación a sus derechos humanos del médico en particular, sino que agravia a toda la comunidad médica de Chiapas, a la cual se le criminaliza su labor.

Dijo que lo que el médico detenido hizo es lo que muchos de sus colegas han hecho en los hospitales públicos, pedirles a los familiares de los pacientes que consigan en otro lado lo que el hospital no tiene.

“Si eso es un delito, las cárceles no alcanzarán para podernos meter a todos”, dijo el médico traumatólogo.

Otro médico, Juan Carlos Camacho, expuso en la marcha que esto es una actitud arbitraria de la FGE, dijo que no está en contra de un proceso penal que se le pueda seguir a un médico, pero que este sea un trato justo y en libertad, porque su supuesto delito no ameritaba prisión preventiva.

Los médicos en la marcha denunciaron las agresiones físicas que han sufrido por parte de los pacientes y sus familiares, pero nadie ha sido perseguido y encarcelado por esas agresiones, sin embargo, la justicia fue expedita en el caso de un médico señalado.

Unos 12 colegios de médicos en Chiapas se pronunciaron a favor de la libertad de su colega preso, de igual forma la Sección 50 del SNTSSA y muchos otros grupos y organizaciones civiles y magisteriales.

Respalda Comité Digna Ochoa solución amistosa por la Masacre de Acteal Manuel López Obrador”.

En un comunicado de prensa, Digna Ochoa sostiene que el acuerdo que se firmará públicamente el 3 de septiembre en la Ciudad de México es con sustento en los estándares internacionales y es una decisión totalmente válida y legítima, “la cual su aceptación es competencia única y exclusiva de las víctimas sobrevivientes de la masacre de Acteal y es una consecuencia de su lucha por verdad y justicia desde hace casi 23 años”.

“Nadie que no sean las víctimas tiene el derecho de atreverse a cuestionar o descalificar este procedimiento que se ajusta a los estándares internacionales de los Derechos Humanos, e implica un acto de volun-

tad política del Estado Mexicano en reconocer su responsabilidad por acción y omisión en los hechos que condujeron a la masacre de Acteal”.

Finalmente, señala que el procedimiento de solución amistosa de-

pende de la voluntad de las partes, y, en este sentido, ambas deben estar de acuerdo en iniciar y continuar con este proceso. Para ello, las partes deben manifestar su voluntad a la Comisión Interamericana.

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Piden liberar a 13 mil 500 internos y Ley de Amnistía en Edomex Veneranda Mendoza Toluca, Edomex (apro)

D

ecenas de familiares de internos en diversos penales del Estado de México se apostaron a las afueras del Poder Judicial estatal en demanda de la libertad de 13 mil 500 internos que han cumplido con los requisitos de ley para acceder a ella, y de una Ley de Amnistía que sirva para excarcelar a los falsos culpables.

Los inconformes, aglutinados en la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C., entregaron a Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJEM), una misiva en que además le piden auditar la administración de su antecesor, Sergio Medida Peñaloza, y participar en el debate de la Ley de Amnistía del Estado de México pues, a decir del activista José Humbertus Pérez, sus jueces han sido parte de la fabricación de carpetas, de tal manera que en las cárceles mexiquense hay muchos inocentes.

También le solicitan revisar la actuación de los jueces, por considerar que se han prestado a la construcción de delitos, mientras que los de ejecución de sentencias se niegan a hacer efectivos los beneficios alcanzados por las Personas Privadas de su Libertad (PPL).

Una comisión de inconformes fue recibida por Sodi Cuéllar, quien les informó que, en lo que va de la pandemia, se ha concretado la preliberación de mil 200 internos.

Pérez Espinoza indicó que en el encuentro además se comprometió a instalar mesas de trabajo para revisar la semana próxima otros mil 86 casos en los que las PPL ya cumplieron los requisitos para acceder

Gloria Reza Guadalajara, Jal. (apro)

El fiscal de Jalisco, Gerardo Solís, confirmó que fueron levantados los 13 o 14 integrantes del grupo de guanajuatenses que fueron atacados en Puerto Vallarta el pasado 18 de julio.

Sin embargo, los integrantes de la célula delictiva liberaron a los turistas, con excepción de tres que quedaron retenidos.

“Uno de los sobrevivientes al hecho menciona que fueron privados de su libertad, fueron trasladados a algún domicilio y posteriormente fueron liberados, quedándose en un número de tres personas”, explicó el fiscal.

Indicó que “fue un ataque dirigido hacia un grupo de tres, cuatro personas máximo. El resto de

También le solicitan revisar la actuación de los jueces, por considerar que se han prestado a la construcción de delitos, mientras que los de ejecución de sentencias se niegan a hacer efectivos los beneficios alcanzados por las Personas Privadas de su Libertad (PPL) violar la Ley de Víctimas.

Falsos culpables

a la libertad anticipada o condicional, y para analizar la actuación de los jueces, pues admite que existen injusticias.

Ley de Amnistía En tanto, este lunes comenzó la revisión de las cuatro iniciativas de Ley de Amnistía para la entidad (promovidas por Morena, PRD, PT y por José Humbertus Pérez Espinoza, respectivamente). Los diputados acordaron su análisis en parlamento abierto para que participen en su construcción todos los involucrados.

En este marco, el Partido Acción Nacional (PAN) consideró que la implementación de esta figura permitirá liberar a quienes delinquieron, afecta la reparación del daño, favorece la impunidad y viola la Ley de Víctimas de la entidad.

El diputado José Antonio García indicó que la amnistía es innecesaria, pues la Ley Nacional de Ejecución Penal ya contempla figuras como la liberación anticipada y la condicional que resultan más viables a la reinserción social. La amnistía, consideró, no ofrece garantías de no repetición.

La también panista Ingrid Schemelensky aseguró que ninguna de las propuestas prevé el seguimiento de los beneficiarios, considera las consecuencias de liberar a delincuentes o el impacto presupuestal.

Para el priísta Juan Maccise, con la amnistía se corre el riesgo de anular la responsabilidad e impedir el enjuiciamiento de una conducta criminal, mientras la pevemista María Luisa Mendoza coincidió en que ésta figura podría

Por su parte, el morenista Max Correa confió en que una Ley de Amnistía estatal permitirá hacer justicia a los falsos culpables y a las víctimas, porque crear un culpable tampoco es justo.

Aclaró que la iniciativa de su bancada deja subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, garantiza los derechos de las víctimas y plantea el acompañamiento a los beneficiarios para verificar su reinserción social.

La norma, destacó, es necesaria para una entidad en la que “las verdades históricas son el pan nuestro de cada día”; permitirá la reconciliación de la sociedad con sus instituciones de procuración y administración de justicia, ayudará a construir paz y despoblar las cárceles, permitirá atender las recomendaciones de los organismos en derechos humanos y revisar la actuación de la Fiscalía (FGJEM), del Poder Judicial, y las políticas de reinserción social.

Su correligionario Julio Hernández, presidente de la Comisión parlamentaria de Derechos Humanos, aseguró que con la amnistía no se pretende liberar delincuentes, sino a víctimas a las que fue fabricado el delito. La también morenista Mariana Uribe precisó que la norma va dirigida a las PLL con violaciones al debido proceso, muchos en situación vulnerable y de pobreza.

Fiscal de Jalisco confirma levantón en grupo de turistas en Puerto Vallarta las personas, por información indirecta que nos ha llegado, fueron liberadas, y estaríamos hablando de esas tres personas que en este momento son el objetivo de nuestra búsqueda”.

No se solicitó ningún rescate por las personas liberadas y se desconoce si sus familiares han recibido alguna solicitud de rescate.

También se informó que, según las investigaciones, los turistas no fueron cazados durante su trayecto desde Guanajuato, sino que fue hasta su llegada al balneario que fueron atacados.

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Inai ordena a la SFP hacer públicas las facturas del desvío de 50.8 mdp en Conade Beatriz Pereyra Ciudad de México (apro)

E

l Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) resolvió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá hacer públicos los documentos mediante los cuales determinó que en 2019 fueron desviados 50.8 millones de pesos del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

Lo anterior, en respuesta al Recurso de Revisión 03103/20 mediante el cual un ciudadano se inconformó porque la SFP reservó durante dos años dichos documentos con el argumento de que se trata de “un procedimiento en trámite” y que hacerlos públicos puede “influir en el resultado, modificando los hechos, actos u omisiones a fiscalizar”.

En sus alegatos, el Inai destaca que si bien los documentos fueron utilizados para llevar a cabo una auditoría, en esencia existen porque con ellos fueron comprobados los viajes de los deportistas mexicanos, por lo que “amparan la contraprestación de un servicio pagado con recursos públicos por parte del sujeto auditado (Conade y Fodepar)”.

Para el Inai no pasó desapercibido el hecho de que es público que la SFP ha iniciado una serie de acciones a fin

Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

Además de otorgarle la titularidad del consulado de México en Estambul a la periodista Isabel Arvide Limón, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio la representación consular de San Bernardino, en California, a la exdiputada panista chiapaneca Itzel Francisca de León Villard, hermana de la senadora Sasil de León Villard, quien coordina actualmente el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) en el Senado.

Las dos mujeres forman parte de los seis nuevos titulares de “consulados de carrera” nombrados hoy por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entre los cuales tres forman parte del Servicio Exterior Mexicano y tres no tienen formación diplomática; los titulares de los consulados de carrera no necesitan ser ratificados por el Senado.

Así, la Cancillería dio el consulado de Del Río, en Texas, a la política priista María de la Paloma Villaseñor Vargas, quien fungió como secretaria

Lo anterior, en respuesta al Recurso de Revisión 03103/20 mediante el cual un ciudadano se inconformó porque la SFP reservó durante dos años dichos documentos con el argumento de que se trata de “un procedimiento en trámite” y que hacerlos públicos puede “influir en el resultado, modificando los hechos, actos u omisiones a fiscalizar”

de esclarecer 22 observaciones como resultado de siete auditorías realizadas a la Conade y al Fodepar, durante los primeros seis meses de la gestión de Ana Gabriela Guevara como titular del deporte nacional.

“El Inai estima improcedente la reserva aludida. El agravio vertido por el particular resulta fundado. Como consecuencia de lo anterior, este Instituto estima procedente MODIFICAR la respuesta e instruye al sujeto obligado (la SFP) en los siguientes términos: entregue al solicitante las facturas,

boletos de avión, facturas de hoteles, alimentos, bebidas, o cualquier otro rubro en el que ampare gasto del dinero de FODEPAR y que haya servido para comprobar la erogación de recursos públicos”.

En la resolución, los comisionados invocaron que los servidores públicos deben ser sometidos a un mayor escrutinio de la sociedad: “se procura la observación mientras realicen funciones públicas o estén involucrados en temas de relevancia pública”, es decir, la información sobre el desempeño de

funcionarios durante su gestión constantemente se encuentra bajo seguimiento ciudadano, “lo que fomenta la transparencia y promueve la rendición de cuentas”.

“La publicación de información como la que nos atañe fomenta la vigilancia, control y rendición de cuentas bajo los principios fundamentales de transparencia, imparcialidad, equidad, integridad, legalidad, honradez, lealtad, eficiencia, eficacia y economía”, se lee en la resolución.

Proceso ha publicado seis reportajes en los cuales ha documentado distintas irregularidades en el manejo del presupuesto de la Conade desde que Guevara asumió la dirección de la Conade.

Hasta el momento, sólo uno de los más de diez servidores públicos involucrados en el desvío de recursos fue suspendido temporalmente, en tanto la SFP da a conocer las sanciones administrativas por los actos y omisiones; además de que deberá presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.

La SRE designa consulados en EU a dos exfuncionarias emanadas del PRI y PAN de Finanzas y delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en varios estados y municipios.

En 2017, la exlegisladora, cuya carrera se desarrolló principalmente en la capital, fue designada por el expresidente Enrique Peña Nieto para ocupar el consulado de México en Calgary.

Los otros tres cónsules nombrados hoy forman parte del Servicio Exterior Mexicano; se trata de Julián Escutia Rodríguez, quien será cónsul en Las Vegas; Carlos Quesnel Meléndez, en Portland; y Rafael Barceló Durazo, en Tucson.

Desde la mañana de este martes, Isabel Arvide presumió su nombramiento en sus redes sociales, horas antes que la dependencia a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón oficializara el anuncio.

En enero pasado, la misma pe-

riodista pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia matutina, que su gobierno distribuya más recursos a los medios digitales.

En su boletín, la Cancillería presumió que Arvide “tiene una amplia trayectoria de más de 40 años como periodista, columnista, analista y comentarista de temas políticos e internacionales en prensa escrita, te-

levisión y radio en México. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por Artículo de Fondo en junio de 1984.

Ha impartido cursos académicos y es autora de distintos libros”.

Por cierto: el periodista Javier Garza Ramos recordó hoy, en su cuenta de Twitter, que Arvide dedicó uno de estos libros –Mis Generales-- al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

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Congelan ley general de salud mental en el Senado tras críticas de ONG y CNDH Neldy San Martín Ciudad de México (apro)

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l dictamen de la Ley General de Salud Mental que se discutiría mañana en el periodo extraordinario del Senado fue retirado, luego que encendieran las alertas de organizaciones de la sociedad civil y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por considerar que vulnera diversos artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La ley, que fue bautizada como “ley Bañuelos”, debido a que Geovanna Bañuelos es una de las senadoras del PT que promovieron la iniciativa, fue aprobada en marzo pasado en las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos Segunda y se preveía su aval este miércoles en el pleno, sin embargo, fue retirada por la senadora tras reunirse con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.

“Hemos solicitado de manera formal al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que retire del periodo extraordinario la discusión de la Ley General de Salud Mental”, dijo la legisladora Bañuelos en un video que fue filmado en la oficina de la Jucopo, junto al senador Monreal.

Bañuelos informó que convocarán a un parlamento abierto en septiembre para discutir la propuesta con especialistas en el tema, personas usuarias y la sociedad civil.

El anuncio surge un día después de que la CNDH llamó al Senado a revisar el dictamen ya que vulneraría, de manera flagrante, los artículos: quinto sobre igualdad y

Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que volvió a enviar al Congreso la iniciativa que plantea derogar el fuero presidencial, a partir de una reforma constitucional que la suprima.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que espera esa propuesta sea discutida en el próximo período ordinario de sesiones que iniciará el próximo 1 de septiembre.

La propuesta fue enviada originalmente en los primeros días de su mandato, pero no avanzó en las cámaras y López Obrador ha sido insistente en extinguir la disposición que consiste en la excepción para que el presidente pueda ser imputado, una condición que ha insistido en revertir.

La ley, que fue bautizada como “ley Bañuelos”, debido a que Geovanna Bañuelos es una de las senadoras del PT que promovieron la iniciativa, fue aprobada en marzo pasado en las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos Segunda y se preveía su aval este miércoles en el pleno, sin embargo, fue retirada por la senadora tras reunirse con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado

no discriminación; el 12 sobre capacidad jurídica; 14 sobre libertad y seguridad de la persona; 17 de la integridad personal, y 25 sobre Salud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Lo anterior luego que la CNDH recogiera las preocupaciones de organizaciones civiles como la Organización Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (DRI, por sus siglas en inglés) y Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, sobre que de aprobarse esta ley el estado mexicano desconocería la capacidad jurídica de las personas con discapacidad al perimir el in-

ternamiento involuntario de las personas en centros hospitalarios de salud mental.

En entrevista con Apro, Salvador Ferrer, coordinador del programa de Prevención de la Tortura de Documenta, explica que este tipo de regulaciones han sido vetadas por distintos organismos, como la Relatora de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que estableció que recluir a las personas con discapacidad por el hecho de que supongan “un peligro para sí mismas o para terceras” es una medida ilegal y arbitraria, o el grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que ha dicho que los estados tienen la obliga-

ción de prohibir los internamientos forzados por la existencia de una discapacidad real o percibida.

“Esta iniciativa habla de que se puede privar de la libertad a una persona por su condición, no se le estaría privando porque ha cometido un delito, lo cual nos afecta a toda la población, se le privaría porque se interpreta que es lo mejor para esa persona, se interpreta que es un peligro para sí misma o para terceras.

Entonces es una detención ilegal y arbitraria”, explica Ferrer.

El defensor de derechos humanos señala que un internamiento involuntario suele ir aparejado de un tratamiento involuntario lo cual es una forma de tortura y malos tratos, según el relator especial sobre la tortura de la ONU. “Esta iniciativa establece que la persona tiene derecho a decidir sobre su tratamiento salvo que sean internada de forma involuntaria.

Esto es una violación a sus derechos humanos porque todas las personas tienen derecho a decidir sobre su tratamiento”, comenta en entrevista.

De acuerdo a Ferrer, la salud mental en México es sumamente deficiente y el problema comienza en la propia Ley General de Salud, que en el capítulo siete aborda el tema de la salud mental con un enfoque obsoleto que tiene que ser revisado.

López Obrador reenvía al Congreso iniciativa para derogar el fuero presidencial “El fuero está vigente porque no han aprobado las iniciativas que enviamos para quitarlo. Ya volví a enviar la iniciativa para quitar el fuero al presidente. Tengo información de que a partir del próximo período ordinario, va a ser una de las primeras iniciativas en ponerse a discusión”, anticipó.

El fuero presidencial ha sido ventajoso para los presidentes de México, pues han logrado eludir acciones judiciales como ocurrió en el caso de Ernesto Zedillo, cuando un juicio civil en Estados Unidos intentó llamarlo por el caso Acteal, el entonces presidente Felipe Calderón, envió una nota diplomática informando sobre la inimputabilidad de los ex-

presidentes por acciones realizadas en funciones.

López Obrador expuso hoy su in-

terés en la aprobación de dicha reforma que establecería la eliminación del fuero a partir de su gobierno.

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Vinculan a proceso a Emilio Lozoya; no irá a prisión y usará brazalete Juan Omar Fierro Ciudad de México (apro)

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ras escuchar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), el juez de Control adscrito al Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, dictó auto de vinculación a proceso al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el delito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de comprar un bien inmueble sabiendo que el dinero es ilegal.

Durante la audiencia de imputación en la causa penal 211/2019 por el caso Agro Nitrogenados, el juez argumentó que la defensa de Lozoya no controvirtió los hechos y se allanó a la imputación de la FGR. Sin embargo, Lozoya no irá a prisión ni será sometido a resguardo domiciliar, por lo que seguirá su proceso en libertad.

Las únicas medidas cautelares a las que estará sometido son el uso de un brazalete electrónico que deberá pagar de su bolsillo y la obligación de firmar cada 15 días en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Derivado del criterio de oportunidad solicitado, el juez de la causa avaló la solicitud de los fiscales para que Lozoya tenga acceso a medidas cautelares mínimas.

El juzgador destacó que la FGR no solicitó prisión preventiva en contra del imputado, por lo que Lozoya podrá “trasladarse a diverso lugar” una vez que haya recuperado su salud.

La resolución autoriza el traslado de Lozoya a un lugar fuera del hospital sin vigilancia policíaca, lo que equivale a una libertad provisional, pese a que la propia FGR dijo ante el juez de que existe un riesgo objetivo de fuga.

De igual forma, ordenó retirarle la

Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

Durante la primera mitad del año, marcada por el derrumbe del peso y la pandemia de covid-19, Pemex perdió 606 mil millones de pesos, y su deuda se agravó en un 24.1% respecto al cierre de 2019, alcanzando un total de 2 billones 461 mil pesos, o 107 mil millones de dólares.

Estos resultados, plasmados en el informe trimestral que Pemex entregó hoy a la Bolsa Mexicana de Valores, se suman a las pérdidas por 96 mil 781 millones de pesos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó el pasado 24 de julio, explicadas también en parte por la caída del peso.

La administración de Pemex, a cargo del tabasqueño Octavio Romero Oropeza, recordó que durante el se-

visa, el pasaporte y le prohibió salir del país.

El propósito de las medidas cautelares, explicó la FGR, es garantizar que comparezca ante las autoridades cada vez que sea requerido para participar en otro proceso penal.

La Fiscalía tendrá un plazo de 6 meses para realizar la investigación complementaria con la ayuda de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y mecanismos internacionales de cooperación.

Las pruebas Entre los datos de prueba presentados se encuentran las investigaciones realizadas por la UIF y la denuncia presentada ante la FGR por Pemex, derivado de la adquisición de la planta fertilizante que se realizó con conocimiento de que hasta el 82% de sus instalaciones estaban inservibles, es decir, que ya eran chatarra, por lo que su compra causó un daño patrimonial a la empresa productiva del estado.

Diversos cálculos realizados por Pemex afirman que la compra de Agro Nitrogenados ha provocado daños por más de 8 mil millones de pesos, adeudo que se va a ir incrementando conforme se actualicen los vencimientos del financiamiento usado por Pemex para esta operación.

Las pérdidas en la planta chatarra, ubicada en el complejo industrial de Pajaritos, incluyen más de 150 millo-

nes de dólares y 578 millones de pesos, solo para capitalizar a Agroindustrias, la filial de Pemex que se iba a hacer cargo de la planta chatarra.

“La afectación negativa al patrimonio de Pemex por la disminución del patrimonio financiero de Agroindustrias no ha generado los flujos suficientes para afrontar las deudas bancarias contraídas; por lo tanto, Pemex por ser garante de esa empresa (Agroindustrias) ha tenido un impacto negativo en su patrimonio”, señalaron los fiscales de la FGR. De acuerdo con el auto de vinculación a proceso, el 5 de marzo de 2019, Martha Edith Márquez Acosta, representante legal de Pemex, conoció por parte de PMI Holding, filial de la empresa petrolera, sobre el requerimiento de 400 millones de dólares (mdd) para la adquisición de Agro Nitrogenados, de los cuales 150 millones eran para iniciar operación en la planta de fertilizantes.

Posteriormente, el 1 de diciembre de 2013 se modificó el avalúo y el costo de la operación fue tasado en 475 mdd, además de que se eliminaron del expediente los avalúos que había realizado el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y se sustituyeron por uno comercial.

Al final, la transacción se llevó cabo por un monto total de 275 mdd, de los cuales 264 millones correspondieron a los activos de la empresa y

los 11 mdd restantes al valor de los inmuebles o terrenos.

La FGR explicó que el avalúo del Indaabin que se suprimió alertaba que la planta de Agro Nitrogenados llevaba 14 años inactiva y que la inversión requerida era mucho mayor al beneficio que se podría obtener de la compra.

Sin embargo, los directivos de PMI Holding, bajo el auspicio de Lozoya, autorizaron la operación y un incremento a 285 millones de dólares para concretar la venta de la plata chatarra de AHMSA a Pemex.

Durante la operación, otra filial de Pemex, PMI de Norteamérica con sede en Estados Unidos, reiteró que el 60% de las instalaciones estaban inservibles, por lo que debían ser reemplazadas. Un nuevo peritaje mostró que el deterioro ascendía al 82% de la maquinaria, por lo que cuestionó la compra de una planta chatarra.

Además de los sobrecostos en la operación de compra-venta, la filial de Pemex denunció un costo de 65 mdd por concepto de intereses en el pago de la deuda adquirida por Pemex.

Una auditoría privada también determinó que la planta de fertilizantes llevaba demasiado tiempo sin operar, por lo que se trataba de una operación muy costosa en la que no se había valorado el costo de rehabilitación de manera adecuada.

Otro dato de prueba fue la denuncia presentada por el titular de la UIF, Santiago Nieto, en la que Emilio Lozoya y su hermana, Gilda Susana Lozoya, recibieron recursos del accionista de AHMSA, Alonso Ancira, pese a que las partes carecen de una relación contractual.

De acuerdo con dicha denuncia, las transferencias de dinero comenzaron cuando Emilio Lozoya se desempeñaba como encargado de asuntos internacionales de la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto.

Pemex perdió 606 mil millones de pesos en el primer semestre de 2020 gundo trimestre de 2020, “como consecuencia de la pandemia del covid-19, se registró una súbita paralización de actividades comerciales de un gran segmento de la economía internacional y nacional que afectó el consumo de energéticos”.

Durante el segundo trimestre de 2020, Pemex reportó una caída de 51.8% de sus ventas respecto al mismo periodo de 2019 –vendió por 181 mil 693 millones de pesos, contra 376 mil 648 millones de pesos el año pasado– y registró una pérdida de 44 mil 300 millones de pesos; sin embargo, aseveró que la reducción del huachicoleo

redujo los daños financieros.

Las pérdidas registradas por la empresa petrolera en seis meses ya rebasaron las pérdidas registradas en todo 2019, las cuales se elevaron a 346 mil 135 millones de pesos –las cuales a su vez casi duplicaron las pérdidas registradas en 2018–; para explicarlas, el equipo de Oropeza aseveró que eran producto de “la inercia y los rezagos de los últimos años”.

Pemex reporta pérdida neta de 18 mil 367 mdd en el primer año de gobierno de AMLO En febrero pasado, Alberto Velázquez García, el director corporativo

de finanzas de Pemex, aseguró a los inversionistas que “a partir de 2020 iremos consolidando estas iniciativas para alcanzar hacia finales del año y principios de 2021 el equilibrio financiero de Pemex”.

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Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

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a decisión que este miércoles tomará la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre el amparo en revisión 636/2019, podría ser un histórico avance para garantizar el derecho de las veracruzanas a interrumpir un embarazo no deseado hasta las doce semanas de gestación.

En conferencia de prensa virtual, las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir; Justicia, Derechos Humanos y Género; y Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, organizaciones que alegaron que el Congreso local fue omiso al no reformar su legislación a favor del aborto, expresaron su apoyo al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Representantes de estas organizaciones expusieron que la Primera Sala sentaría un precedente para el resto de los Congresos del país si determina que los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, que definen el aborto y lo sancionan con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud, son normas discriminatorias y constituyen violencia contra las mujeres.

La integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Maria de La Luz Estrada, quien acompañó el proceso, expuso que la Primera Sala se encamina a señalar que el Congreso de Veracruz debe reformar su Código Penal en materia de aborto por ser una norma discriminatoria que violenta los derechos de las mujeres.

La defensora llamó a las y los ministros de la Primera Sala: Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien realizó el proyecto de resolución, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández a guiar su decisión por principios y estándares de mayor protección para las mujeres y no por prejuicios.

Samantha Páez Guzmán Puebla, Pue. (Cimacnoticias)

Después de 9 meses de que el gobierno de Puebla entregara el informe de cumplimiento de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), no hay una resolución al respecto porque la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) no generó la metodología de seguimiento e indicadores, comentó la Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.

El 8 de abril se decretó la AVG por violencia contra las mujeres (DAVGM) en Puebla. De acuerdo con el documento remitido al gobierno estatal, se debía entregar un informe sobre el cumplimiento de las 45 me-

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Decisión de ministras y ministros de la Corte sobre aborto debe ser libre de prejuicios

De acuerdo con la versión publica del proyecto de resolución, el Congreso veracruzano cometió una omisión legislativa al no despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación, y tampoco cumplió con la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), instrumentos internacionales firmados y ratificados por México.

Al hablar del proceso, Estrada dijo que a las organizaciones civiles les tomó cuatro años lograr que la Suprema Corte analice cuál es el papel del Congreso local para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres.

Este proceso se remonta al 5 de abril de 2016, cuando las organizaciones solicitaron la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, por agravio comparado, es decir, por no garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas.

La declaratoria de Alerta se hizo el 13 de diciembre de 2017.

Entre los argumentos para solicitar la Alerta, las organizaciones expusieron que hasta 2016 se reunía un registro de al menos 400 niñas desde 9 años de edad que fueron violadas y

no tuvieron acceso a interrupción legal del embarazo en Veracruz, ya que a pesar de que en el estado se puede pedir el aborto por violación, sólo se puede hacer durante los primeros 90 días de gestación; mientras que en el resto del país no hay un limite temporal.

Una de las recomendaciones emanadas de esta Alerta fue despenalizar el aborto hasta las doce semanas del embarazo. Sin embargo, el Legislativo no hizo la modificación a su Código Penal para modificar el delito de aborto.

Es por esta razón que las agrupaciones presentaron un amparo alegando omisión legislativa, un recurso que les fue otorgado por un Juez de Distrito, pero que fue impugnado por el Congreso. Ahora, la revisión del amparo fue atraída por la Suprema Corte.

Patricia Bedolla, integrante de la organización Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos (ALEIDHAC), expuso que el Legislativo no fundamentó sus razones para no modificar una norma discriminatoria para las veracruzanas. No expuso sus motivos pese a que aceptó las recomendaciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género y a que se presentó una iniciativa y se hizo un dictamen para realizar la reforma.

Bedolla aseguró que es importante y necesario precisar que la materia

del amparo es la omisión legislativa de las y los diputados locales y ahí se debe centrar la resolución. Agregó que en el proceso para llegar a este amparo también debe quedar claro que se comparó la norma de Veracruz, que no reconoce el derecho al aborto, con la de otro territorio mexicano donde se maximiza este derecho: la Ciudad de México.

A su vez, la abogada de la organización Mexfam, Esmeralda Lecxiur Ferreira, señaló que el proyecto de resolución hace un análisis de tres tema relevantes: la Alerta, como un mecanismo que auxilia a las autoridades y ayuda a visibilizar los Derechos Humanos de las mujeres; el enfoque psicológico y social en el ámbito salud y los roles de las mujeres; y la importancia de los instrumentos internacionales.

A esto se suma, expuso el abogado de Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez, que la propuesta resolución da una respuesta clara al amparo que interpusieron las mujeres. Señaló que si bien para las organizaciones hay una debilidad del proyecto que no considera vinculante la Alerta de violencia de Género, en este punto se hace referencia a que no es vinculante para acreditar la omisión legislativa del Congreso.

El litigante expuso que habrá oportunidad de analizar a profundidad el mecanismo de Alerta de Violencia de Género. Por ejemplo, hace unos días la ministra Ana Margarita Ríos Farjat manifestó su intención de atraer el amparo en revisión 483/2019 para analizar la naturaleza y objeto de la Alerta de Violencia de Género, en particular la declaratoria de este mecanismo en la Ciudad de México, en noviembre de 2019.

Sin resolver AVG en Puebla por falta de indicadores de Conavim: Luz Estrada didas, 6 meses después, es decir, el 8 de octubre. Sin embargo, la Conavim aún no se ha pronunciado respecto a cuántas y cuáles medidas se cumplieron a cabalidad.

De acuerdo con el portal http:// www.alertaporlasmujeres.puebla. gob.mx/, donde el gobierno poblano da a conocer las medidas y acciones finalizadas, de las 162 acciones que establecieron en el plan de trabajo, se han concluido 159 para el 27 de julio de 2020.

Después del diálogo virtual “Mujeres Transgresoras”, Luz Estrada comentó que durante el año y medio que estuvo Candelaria Ochoa Ávalos

al frente de la Conavim, no generó los indicadores de evaluación y seguimiento, por lo tanto, las 21 declaratorias no se pueden evaluar.

“En todos los estados se hizo una visita, sólo hicieron una visita. En año y medio sólo se hizo una visita para ver, pero no hizo más: no generó indicadores. Entonces los gobiernos se quedaron igual y, peor aún, porque después hubo toda la confusión de que a siete estados se les había cancelado el presupuesto ya aprobado en marzo, sobre algunos proyectos de la alerta de género”, agregó la coordinadora del OCNF. Asimismo, para seguir revisando

el avance de cumplimiento, el OCNF solicitó una reunión oficial con el gobierno de Puebla, para que como peticionarias se les brinde información y aportar, en caso de que sea necesario, asesoría técnica. Sin embargo, no se ha concretado.

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LENGUAJE Y BARBARIE Javier Sicilia

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as palabras son lo propio del ser humano.

Todo el pensamiento, toda la cultura y sus objetos están hechos de ellas. No en vano el Evangelio de Juan dice que en el principio era la palabra.

Ellas son la raíz y el fruto de nuestra experiencia. Son también el lugar del sentido y del diálogo. Cuando vacilan, es decir, cuando pierden su capacidad significante, las sociedades se extravían, y el caos y la violencia reinan.

Yo tengo para mí que una buena parte de la profunda crisis civilizatoria que hoy vivimos tiene su origen en ello. La época de mayor comunicación coincide también con una era de barbarie.

La razón es que el lenguaje ha ido perdiendo en la comunicación misma no sólo su riqueza y densidad, sino también el respeto que el hablar merece.

La lengua española tiene, según el Diccionario de la Real Academia, 88 mil palabras. El vocabulario con el que trabajaba Cervantes era de 23 mil, un universo léxico que supera al de cualquier autor posterior. Con esa cuarta parte del idioma español, Cervantes creó un universo que aún nos trasciende.

Hoy en día el universo lingüístico del mexicano promedio es de entre 500 y 240 palabras, léxico que la publicidad y el uso de las redes sociales estrecha aún más: los publicistas dicen que el anuncio perfecto no debe tener palabras de más de cuatro sílabas ni oraciones con frases subordinadas; las reglas del Twitter constriñen la comunicación a

280 caracteres, entre 30 y 35 palabras, descontando las palabras vacías que son los artículos, las preposiciones y la puntuación, cuando la hay.

Con eso no hay manera de dialogar, comprender o crear un mundo. Circunscritos a un universo lingüístico cada vez más pobre y estrecho, agobiados por la prisa del decir que impone la tecnología mediática e incapaces de comprender algo que escapa a ese universo léxico, una gran parte de sus usuarios no encuentra otra forma de expresión que la distorsión, el insulto y la violencia.

Hace días, los medios de comunicación televisivos difundieron un video donde uno de los seres más sanguinarios de los muchos que pueblan el país, El Marro, lanzaba una amenaza.

Reducido a un puñado de palabras cuyo universo es el del macho, donde “verga” y “putos” rematan sus frases, la pobreza de su léxico define su violencia.

Atrapado en un universo de 40 palabras –es casi imposible pensar que pueda poseer más–, la oscuridad de su mente, como la de tantos criminales, es la de un prehomínido perdido en un mundo de poderosos artefactos que, semejante al primate que blande un hueso al inicio de Odisea del espacio, utiliza para someter y asesinar.

Esa reducción del lenguaje, esa inanidad de su uso por parte de la publicidad y, ahora, de las redes sociales, esa falta de respeto por lo que la lengua es, ha contaminado también la vida política.

Víctor Klemperer nos mostró en La lengua del Tercer Reich lo que la bestialidad y la mentira

política pueden hacer con el lenguaje y la vida humana. Al separarla de sus raíces significantes y morales, al utilizarla para fines utilitarios y contaminarla de eslóganes efectistas y definiciones acríticas, la lengua destruyó la cultura y la civilidad que durante siglos hizo florecer a Alemania.

Eso que aconteció en el país de Hölderlin está sucediendo en el mundo y en México. El lenguaje de los medios de comunicación y de la publicidad, lo que pasa por cultura en la televisión –telenovelas, reality shows, series de narcos–; la reducción de las vidas humanas a gráficas, curvas, porcentajes y cifras; la simplificación del debate público a la pobreza léxica de las redes, son pruebas evidentes del desprecio por lo que constituye lo más propio de lo humano.

El español que AMLO utiliza en sus conferencias de la mañana –pobre, anacrónico, lleno de contradicciones, mentiras, descalificaciones, redundancias y clichés moralinos–, como el que se emplea para vender un nuevo detergente que limpia la ropa y la casa como ningún otro, no está destinado –uso las palabras de George Steiner al referirse al lenguaje del presidente Eisenhower– ni a comunicar las verdades urgentes de la vida nacional ni a agilizar la inteligencia de sus oyentes, sino a malversar sus significados y banalizar la vida.

Cuando ante el crecimiento brutal de la violencia en sus múltiples rostros, el presidente y su secretaria de Gobernación dicen que vamos bien y que el crimen disminuye; cuando ante el sufrimiento de las víctimas

del coronavirus puede decir que la pandemia le cae “como anillo al dedo”; cuando la oposición, que promovió el crimen, se lo recrimina con la hipocresía de las buenas conciencias; cuando la ciencia puede calificarse de “neoliberal”, es que el lenguaje y la vida de una comunidad han llegado a un estado peligroso de descomposición.

“En nuestro tiempo –cito una vez más a Steiner– el lenguaje de la política (y de la vida diaria) se ha contaminado de oscuridad y locura. Ninguna mentira es tan burda que no pueda expresarse tercamente, ninguna crueldad tan abyecta que no encuentre disculpa en la charlatanería del historicismo. Mientras no podamos devolver a las palabas (…) algún grado de claridad y seriedad en su significado, más irán nuestras vidas acercándose al caos. Vendrá entonces una nueva edad oscura.”

Pero, ¿quién sabe? La poesía tiene aún sus caminos.

Además, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a Morelos.

Este texto forma parte del número 2282 de la edición impresa de Proceso, publicado el 26 de julio de 2020, y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí

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AYOTZINAPA: HACIA LA VERDAD

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os eventos y las revelaciones que han tenido lugar durante las últimas semanas en torno al caso Ayotzinapa deberían marcar un punto de inflexión en el camino hacia la verdad.

En primer lugar, es necesario dimensionar lo más importante: el hallazgo del resto óseo de Christian, uno de los normalistas desaparecidos, en un lugar diverso al que durante la administración federal anterior se postuló como paradero final de todos los estudiantes. Un hallazgo que, por cierto, se apoyó en los más altos estándares científicos para la identificación genética y que se notificó de la manera más digna posible a la familia directamente implicada.

Las implicaciones de la localización de este fragmento de verdad son, ante todo, dolorosas. Para la familia de Christian es la triste constatación, imposible de asimilar en los tiempos que en ocasiones demanda la opinión pública, de que el desenlace de la desaparición de su hijo fue cruento. Para el resto de las familias es la materialización de que el paradero de sus hijos pudo ser parecido, por lo que la noticia es fuente también de un sufrimiento indescriptible. No estamos ante informaciones abstractas sino ante evidencia que tiene que ver con vidas queridas, anheladas, extrañadas.

Pero como los propios familiares afirmaron en su reunión ante el presidente de la República, su lucha ha sido siempre por la verdad, “aunque duela”. Desde esa perspectiva, el hallazgo y la identificación de este pequeño fragmento de hueso abre una puerta de esperanza para determinar, ahora sí con certeza, el paradero de todos los estudiantes y esclarecer lo ocurrido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

Se ha querido minimizar este hallazgo presentando como escasa la distancia entre el sitio donde se encontró el fragmento y el que la versión oficial presentó como paradero final de los jóvenes. Pero enfocar así el análisis sólo evidencia la pretensión de seguir defendiendo a toda costa y contra toda evidencia una versión que ha sido señalada en sus deficiencias por prácticamente todas las instancias, nacionales e internacionales, que la han auditado con seriedad.

Lo cierto es que hallar el resto de un normalista en un lugar diverso, a la distancia que sea, confirma que la PGR mintió cuando para cerrar el caso precipitadamente ubicó ese lugar como paradero de todos los normalistas, preparando legalmente el camino para el llamado a “dar la vuelta a la página” que se efectuó en noviembre de 2014 desde la Presidencia de la República.

Más lo confirma el que la propia procuraduría haya tenido, desde el

Santiago Aguirre

mismo 2014, información sobre la relevancia de hacer búsquedas en ese lugar sin que lo haya explorado con diligencia, aun cuando así lo pidió en su momento el grupo de expertos internacionales que vino a colaborar en el caso. Claramente la decisión política fue no atender nada que pudiera debilitar la versión oficial.

En segundo lugar, es necesario ponderar las nuevas acusaciones. En las últimas semanas han sido acusados –y a veces detenidos– lo mismo presuntos integrantes de organizaciones criminales que exfuncionarios involucrados en la irregular investigación del caso.

Estas nuevas acusaciones son fundamentales, pero su propia ejecución muestra que no será sencillo llevar ante la justicia a los responsables: se ha revelado cómo, en el caso de un presunto líder de Guerreros Unidos, supuestos sobornos a integrantes del Poder Judicial de la Federación pudieron influir en las primeras determinaciones judiciales.

Se ha documentado también cómo ha logrado evadir la justicia un policía torturador que recibió cobijo en la dependencia a cargo de la seguridad de una entidad de la República.

A ello habría que agregar la solicitud de asilo político de quien tuvo a su cargo la investigación mientras se construyó la versión oficial, procedimiento que también retardará la pronta rendición de cuentas.

Todas estas acciones muestran que la presentación de nuevas acusaciones y la obtención de órdenes de aprehensión son apenas pasos iniciales contra la impunidad, que para ser efectivos deben redondearse en los tribunales actuando conforme a derecho.

Las nuevas acusaciones y detenciones son fundamentales para romper los pactos de impunidad que rodean al caso. Hay que recordar que uno de los componentes esenciales de la mentira que se contó en 2014 fue que en los hechos había participado un grupo delictivo de influencia regional capaz de corromper a algunas autoridades municipales.

Hoy sabemos que en ello también se mintió: la evidencia indica que esa organización criminal se benefició de una amplia red de protección con vertientes no solamente municipales, sino además estatales y federales, para realizar operaciones trasnacionales de tráfico de estupefacientes.

Las acciones legales en contra de los individuos que participaron de esta red y contra quienes, siendo parte de la misma, intervinieron con sus acciones u omisiones en la desaparición de los normalistas, aún están pendientes. El pacto de impunidad no está roto; en realidad, apenas comienza a resquebrajarse.

En tercer lugar, hay que destacar que se han difundido nuevos elementos de prueba que confirman que la versión oficial fue parcial y que buscó deliberadamente ocultar lo ocurrido en aras de precipitar el cierre de la investigación por razones más políticas que técnicas.

Se han dado a conocer videos que muestran interrogatorios que pueden encuadrarse como tortura, nuevas declaraciones que involucran a más autoridades y documentos de la Policía Federal hasta ahora desconocidos. Todos estos elementos corroboran la necesidad de agotar líneas de investigación que fueron descartadas con negligencia.

Sin embargo, la difusión pública de documentos y videos parece privilegiar el impacto inmediato en la opinión pública por encima de las acciones legales, al tiempo que perpetúa la zozobra de las familias que terminan conociendo por la prensa versiones que aluden al posible destino de sus hijos. Es fundamental que se actúe con extrema pulcritud para que también en eso esta nueva etapa se diferencie de aquélla en la se investigó precipitadamente para satisfacer un interés político.

En este mismo sentido es fundamental seguir atendiendo las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en cuanto a priorizar la prueba objetiva y técnica por encima de las declaraciones, siempre susceptibles de ser imprecisas o interesadas.

Las declaraciones de individuos a cambio de incentivos son relevantes en todo sistema penal; empero siempre deben contrastarse con otras pruebas técnicas y con otros testigos.

Los tres avances reseñados muestran que se han dado pasos relevantes hacia la verdad. Es cierto que aún no sabemos a cabalidad qué ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Iguala; pero de las muchas enseñanzas que dejan este atroz evento y sus secuelas, una de las más relevantes es que es mejor reconocer esa incertidumbre que precipitar narrativas

sin sustento contundente. Los familiares han sido enfáticos al decir “no queremos otra verdad histórica”.

Finalmente hay que decir que no se ha llegado a este punto de forma gratuita. Los avances alcanzados son consecuencia de la lucha incansable de 43 familias que decidieron no conformarse con la mentira y sacudir a México por amor a sus hijos.

También ha sido determinante la participación del GIEI, del Equipo Argentino de Antropología Forense, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de muchos y muchas periodistas que han realizado investigaciones valiosas.

La solidaridad de personas y organizaciones en México y todo el mundo también ha sido de primera relevancia para que no se enterrara la verdad en el caso.

El aporte de las organizaciones civiles que desde el primer día hemos acompañado a las familias, haciendo frente a descalificaciones e intimidaciones, también ha sido un factor relevante.

En esta última fase, además, el impulso gubernamental que a través de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia ha brindado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y desde la Unidad Especializada en la Investigación del mismo el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, ha sido también fundamental.

El proceso en ciernes muestra que es posible tender puentes en aquellas causas que México carga como heridas abiertas. Esfuerzos extraordinarios para alcanzar justicia y verdad como éste, que incluyen diálogo con las víctimas, que abren espacio a la necesaria asistencia técnica internacional y que implican trabajo con la sociedad civil, deben replicarse y expandirse.

Miles de víctimas están también a la espera de ser reconocidas en su dignidad y, sobre todo, a la espera de que la justicia y la verdad se impongan sobre la impunidad y la mentira.

En ese sentido, los avances en el caso Ayotzinapa son una esperanza de lo que aún puede hacerse en derechos humanos, especialmente importante cuando, en cuestiones como la militarización o la política migratoria, el panorama se ha vuelto sombrío.

Se ha abierto un camino hacia la verdad en el caso Ayotzinapa, un punto de inflexión. En los meses por venir veremos si ese camino se recorrerá con paso firme, seguro y certero para que la senda abierta puedan transitarla también tantos y tantas que en nuestro país anhelan justicia. *El autor de este texto es Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

CONTRAPODER

EN CHIAPAS

¿

De qué tamaño ha de haber sido el favor o apoyo político dado por el gobierno de Manuel Velasco Coello al proyecto electoral de López Obrador para que a más año y medio de gobierno federal se siga premiando a los protegidos del ex gobernador chiapaneco? Esa es la inevitable pregunta que miles de chiapanecos se hicieron este martes con el nombramiento de la exfuncionaria estatal Itzel de León Villard como nueva cónsul de México en California, Estados Unidos.

El anuncio hecho la noche de este martes por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) dejó sin palabras a más de uno en Chiapas. Y es que, de la nada, sin mayor mérito que el que haber sido integrante del gabinete de Velasco Coello y diputada local durante el gobierno verde, el gobierno federal decidió obsequiar el consulado de San Bernardino, California, a una exfuncionaria chiapaneca que además fue señalada por desvío de recursos.

Y es que los vínculos de la familia De León Villard con el ex gobernador chiapaneco y su madre, Leticia Coello de Velasco, son del dominio público desde hace mucho. Se trata de una estrecha relación personal de años que se transformó en una profunda y turbia complicidad política que se mantiene hasta ahora.

Sasil de León se convirtió en una de sus principales operadoras y orquestadoras del desvío de recursos públicos para la alimentación de programas asistencialistas con fines electorales. Desde la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer (SEDEM) se bajaron recursos federales para la ejecución

L

a detención y encarcelamiento del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca ( #DrYuca, en adelante ) ha crispado al gremio de Galeno, por un lado, y ha dado pie a un ácido debate en las redes sociales, por el otro.

Para los hombres y mujeres de bata blanca, la acusación penal contra el #DrYuca por el presunto delito de abuso de autoridad carece de sentido, porque el hoy prisionero no tenía acceso al presupuesto del nosocomio público dónde laboraba y la única posición de mando que ejercía era la de coordinador del área de cuidados intensivos para pacientes con #COVID19.

Al respecto, cabe anotar que desde el punto de vista jurídico cualquier servidor público -del rango que sea - puede cometer violaciones a la Ley que lo hagan imputable del delito de abuso de autoridad.

Pero como los detalles de la acusación penal contra el #DrYuca sólo los conoce el Juez de Control que lleva su causa penal, resulta imposible hacer un análisis al respecto.

Miércoles 29 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN LA MIRA Héctor Estrada

4T sigue pagando “favores” a Manuel Velasco de programas como “Bienestar, de Corazón a Corazón” para alimentar estructuras políticas del Partido Verde.

Se trataba de un programa asistencialista al que se le destinó anualmente un presupuesto aproximado de 200 millones de pesos, transformados en “apoyos” económicos (de 500 pesos) o despensas, para manipular, condicionar o abusar de alrededor de 40 mil madres solteras de escasos recursos, empadronadas bajo una clara estructura electorera, usual de las viejas prácticas partidistas.

Tras la salida de Sasil para convertirse en diputada federal y luego en delegada de Sedesol, su hermana Itzel de León tomó el cargo en la SEDEM donde continuó con el reclutamiento de líderes de sector en diversas colonias, barrios y ejidos de Chiapas para formar grupos de mujeres (madres solteras o no) a quienes se empadronó y afilió de manera ilegal al PVEM. La única condición para seguir recibiendo el “apoyo gubernamental” era acudir a los eventos que se les dijera y garantizar votos durante los comicios.

La Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer se convirtió en una de las dos dependencias estatales que más recursos recibió durante el sexenio de Velasco Coello. Las irregularidades

y malversación de recursos al interior de la dependencia se volvieron un secreto a voces, además de la constante exigencia de grupos feministas y ONG´s para sacar a las hermanas De León Villard de la dependencia debido a las graves omisiones y obstaculización a la lucha contra la violencia de género en Chiapas.

Sin embargo, fue a finales de 2017 y principios de 2018 cuando la cloaca se destapó. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer la detección de un desvió de recursos por más de 685 millones de pesos mediante el programa “Bienestar de Corazón a Corazón.

La dependencia había intentado justificar 44 contratos para la realización de eventos masivos y publicidad con facturas que finalmente fueron señaladas como irregulares por el organismo auditor.

EL DIVÁN Sergio Stahl

* Caso #DrYuca: Angel o demonio *

Sea como fuere, los integrantes del gremio de Galeno se sienten agraviados por la detención y en-

carcelamiento del #DrYuca, y todo indica que no se van a quedar ni callados ni cruzados de brazos ante

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La traición de Velasco al gobierno de Peña Nieto, con el apoyo cada vez más evidente a Obrador, había desatado la ira de la presidencia de la república abriendo públicamente casos de corrupción en Chiapas que involucraban de manera directa a las hermanas De León, el secretario de Hacienda estatal Humberto Pedrero y al propio Manuel Velasco. Pero la derrota priista y el ascenso de López Obrador dejó el expediente en el olvido, hasta a mediados del año pasado cuando la 4T dio por solventadas las pruebas y cerrada la carpeta del caso.

Hoy Sasil de León Villar es senadora de la república y coordinadora del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social en el Senado, mientras su hermano Kalyanamaya (Maya) de León Villar hace lo propio en el Congreso de Chiapas.

Ambos llegaron a sus respectivos puestos como resultado de las candidaturas encabezadas por Morena, resultado de los acuerdos entre Obrador y Velasco. Sólo hacía falta Itzel en el regazo de la denominada cuarta transformación.

El “regalo” hecho por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la menor de las hermanas De León Villard no deja espacio a las dudas, si es que todavía hubieran, sobre la cercanía o deuda política que López Obrador sigue pagando a Velasco para generar protección y brindar espacios a sus cómplices del saqueo estatal. Es así como Andrés Manuel sigue demostrando lo poco que le importa el sentir del pueblo chiapaneco y su sed de justicia, alimentando los motivos para una decepción inevitable en la entidad que tanto dice querer… así las cosas.

lo que consideran una injusticia.

En el plano mediático sucede, mientras tanto, una ruda discusión en torno a la verdadera naturaleza del #DrYuca.

Al principio, el coro popular en la red social del Facebook estaba dominado por muchas voces que ensalzaban al #DrYuca por la entrega al trabajo y la dedicación a los pacientes enfermos de #COVID19, pero poco a poco han comenzado a surgir otras voces, que dicen algo muy distinto sobre la naturaleza humana del #DrYuca Sin embargo, la verdadera naturaleza del #DrYuca está en un punto intermedio entre la imagen de ángel que sus partidarios han construido en el Facebook y la figura de demonio que en esa misma red social sus detractores han comenzado a sacar a la luz.

En fin.

BALCÓN. A decir verdad, el delito de abuso de autoridad que le imputan al doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca debería tener una medida cautelar menos agresiva que la prisión preventiva justificada...Eso es todo.

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Miércoles 29 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER

EN CHIAPAS

CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

C

onfieso que me sigue asombrando el comportamiento de muchas personas en redes sociales. Existe una gran facilidad para endilgar culpas, repartir adjetivos sin conocimiento real del problema y erigirse como jueces de todo asunto que en dicho espacio circule. De ahí que existan personas y grupos especializados en desbordar la ira colectiva y canalizarla a favor de otros intereses.

Es, en sí, un juego muy perverso y muy rentable.

Basta entrar al Facebook para ver la forma en cómo un dato a medias se convierte en una vorágine de supuestos análisis (muchos de ellos desvirtuados) e, incluso, de afirmaciones burdas en varios de los casos. Sí, vivimos en una era en donde los usuarios de las redes abonamos a la construcción y difusión de lo que los expertos llaman infodemias, y donde una legión ondea con orgullo el epíteto que Umberto Eco le asignara.

Claro que está también la otra parte: la que analiza, la que piensa en el impacto que podría tener la información si no es bien suministrada, la que documenta todos los datos y los entrega para que el lector pueda discernir y tener herramientas que le permitan construir una opinión fundamentada y con apego a la realidad. Sin embargo, la anterior es mayoría.

Analicemos, por ejemplo, el caso del accidente en el llamado nuevo libramiento sur que involucró de forma directa a dos unidades (donde lamentablemente un profesor perdió la vida y salieron dos lesionados) y de forma “testimonial” a un tercer vehículo, dato que el propio fiscal Jorge Llaven Abarca dio en entrevista con el periodista Loret de Mola y dato al que no se le ha hecho mucho caso pese a su importancia al tratarse de un testigo del percance.

Tras el accidente, como si muchos fueran omnipresentes, se orquestó una campaña bajo el objetivo de culpar a una persona en particular y pocos fueron aquellos que se ocuparon de cuidar el dolor de la familia que perdió a un ser querido, y de apegarse a la búsqueda de la verdad.

Es más, basta leer varios apuntes publicados para ver quiénes sí se solidarizaron con la viuda y los deudos, y quienes hicieron uso del dolor como un pretexto para el lucro y el morbo bajo la supuesta búsqueda de la justicia. Hasta ese grado hemos llegado como sociedad y es deplorable.

Justos y pecadores

Pero todo tiene un fondo cuya forma se desmorona en sí mismo.

Esa estrategia se dio porque en uno de los vehículos involucrados viajaba Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien venía del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo tras perder su vuelo (curioso que la información vertida señalara lo contrario).

Y sí, se sabe que hay un video de cuando el funcionario federal llegó con retraso y le impiden abordar. Lo tratan como a cualquier ciudadano y se ve en la necesidad de comprar un nuevo boleto para trasladarse a la Ciudad de México (a muchos nos ha pasado). El video es del propio aeropuerto, e imagino que cuando termine todo el desahogo de pruebas y la investigación tenga el curso completo, sin supuestos, se dará a conocer.

Insisto, me causa cierta pena esa insistencia que buscan algunos en las redes y sucede con cualquier político de cualquier partido, en cualquier escenario.

Incluso, en el caso tratado, han llegado a pedir que el funcionario dé la cara y haga declaraciones públicas sobre el tema. Parecen olvidar que existe un proceso legal por el accidente y que éste debe cuidarse. Por esos detalles las carpetas de investigación, en temas más delicados, terminan desmoronándose.

Es más, “ávidos de conocer la verdad”, escudados en posturas de conspiración, exigen pruebas

contundentes a las autoridades.

No basta para esas personas el resultado del peritaje oficial al que descalifican y menosprecian para dar rienda suelta a una serie de acusaciones infundadas que deberían ponernos a pensar en la terrible forma en que se tuerce la verdad en el mundo de las redes sociales. Mire ahora este estire y afloje con el tema del médico detenido. Lamentable.

Es por lo mismo que había evitado el tema. Porque a simple vista se perciben intereses políticos y las redes no son un escenario para desahogar temas de índole judicial. Es, claro, que la naturaleza humana nos lleva a aprovechar las oportunidades. Imagine un incidente que se presenta como oportunidad de oro para que algunos puedan meter unos jab, ganchos y uppers a la carrera de Zoé. Nada mal. Funciona. Claro que sí.

Lo curioso, o al menos lo que para mí resulta curioso, es que muchos lo consideran ya como candidato natural a la gubernatura en Chiapas en 2024. Es normal, supongo: su cercanía con el presidente López Obrador y el puesto que desempeña en el IMSS, que más que una apuesta a favor es una grande losa, causa cierto malestar aun cuando no son los tiempos políticos (no imagino la guerra que se viene en el 24). Lo he dicho en otros espacios. Es más, quizá Zoé vaya por otra apuesta más grande y ni lo sabemos.

Sin embargo, hay una realidad

palpable: se sigue buscando la forma de torcer las líneas. Y ojo que no estoy en defensa de nadie.

Todo accidente es eso, un suceso desafortunado en el que nadie quisiera estar involucrado. Pero al final son las autoridades las encargadas de revelar los resultados de un proceso de investigación, guste o no. Así funciona.

Cada quien sabrá por qué razón lo hace. Es algo que en lo personal no me interesa. Celebro, sí, la libertad de expresión y la libre manifestación de ideas.

No comulgo con aquellas que son construidas desde la imprecisión, menos con las que tienen un rostro abiertamente falso o cínico. Al final, cada uno de nosotros es responsable de lo que dice y publica. #Manjar Ya estuvo suave con el “líder sindical” Víctor Pinot, ¿no creen? No sólo representa un lastre para el Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), del que se ha servido con la cuchara grande y desde donde ha operado miles de pesos, esto sin contar que podría ser presunto cómplice del fraude a los trabajadores cometido en el sexenio anterior, sino que últimamente da patadas de ahogado negándose a dejar el espacio para renovar la imagen y darle un aire fresco. Los trabajadores del Cobach no merecen estar supeditados a un arribista con ínfulas de todopoderoso, cuyo único objetivo es mantenerse en el poder buscando cubrirse las espaldas. #UrgeUnCambio “Estamos tan intoxicados uno del otro / Que de improviso podríamos naufragar, / Este paraíso incomparable / Podría convertirse en terrible afección. / Todo se ha aproximado al crimen / Dios nos ha de perdonar / A pesar de la paciencia infinita / Los caminos prohibidos se han cruzado. / Llevamos el paraíso como una cadena bendita / Miramos en él, como en un aljibe insondable, / Más profundo que los libros admirables / Que surgen de pronto y lo contienen todo”.

Ana Ajmátova. #ElPoema // La recomendación de hoy: el libro Resurrección de Jorge Fernández Granados y el disco The Joshua Tree de U2. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer. // Foto tomada de Internet. * Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos. * Delegado en Chiapas del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.

CONTRAPODER

E

EN CHIAPAS

ntre su campaña político electoral y sus errores el de la vos arguardientosa o anunciador de cabaret de tercera, el Fiscal General del Estado Jorge Luis Llaven abarca está a punto de reventar la paz social con sus absurdas manera de imponer la ley a través de la represión y el miedo.

Creo que el fiscal ha cometido más errores que ningún otro funcionario del gabinete del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, por lo que ha llegado el momento de relevarlo pues ha demostrado no es apto para el cargo y solo trabaja para un proyecto y para un grupo, la otra mafia del poder.

Pudiera ser que Llaven Abarca está realizando el papel del “Caballo de Troya”, no sabemos a qué intereses obedece pero lo más posible que sea para su ex jefe Manuel Velasco Coello, solo así se entiende sus sucias maniobras para desestabilizar al estado.

No hay que olvidar que el actual fiscal está en la mira de al menos un centenar de organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos, por estar implicado en distintos casos de violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias y actos de tortura.

Además hay que recordar que Llaven Abarca sirvió a los intereses leal como “perro fiel” en el cargo como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana con el peor gobernador que haya tenido Chiapas, Manuel Velasco Coello y su gestión, se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza.

Como agente de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO), a Llaven Abarca se le recuerda por cometer distintas detenciones arbitrarias, torturas y obviamente con la violación de los derechos humanos que actuaba con tanta impunidad que hasta hoy en día no ha sido castigado como mandata la ley en un estado de derecho.

Con esa carta de presentación Llaven vuelve a las andadas parando por alto las leyes, violando la Constitución, actuando por consigna y pasando por alto las instrucciones del gobernador del estado.

“Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”, digo esta frase para citar el caso del abogado Horacio Culebro Borrayas fue encarcelado el 21 de julio del 2019 bajo la invención de diversos delitos, y 10 meses después salió libre pues no había delito que perseguir.

De manera descarada Llaven pidió que Horacio Culebro redactará una carta dirigida a este mal funcionario agradeciendo su liberación, obviamente el defensor y luchador social lo mandó al rancho del peje, por no decir lo que dijo textualmente.

Llaven Abarca es un cáncer que debe ser extirpado de este gobierno, pues además de hacerle daño a la actual administración, es un agente nocivo para la sociedad chiapaneca a convivir en paz, tranquilidad y dentro de los cauces legales.

Miércoles 29 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• Quiere ser gobernador y tiene convulsionado el estado • Llaven Abarca pone a Chiapas en la prensa nacional • Narco-estado, así o más claro

En la mayoría de los casos de justicia que se hace por su propia mano la fiscalía, lleva el sello de una actitud dolosa y de abuso de autoridad, que el único que puede erradicar el mal es el mismo gobernador si es que en realidad quiere en este momento recuperar la paz social que Llaven Abarca se ha robado.

Los escándalos de Chiapas en la prensa nacional

Es vergonzoso que los excesos de un funcionario pongan a Chiapas en la prensa nacional. Chiapas vuelve a ser noticia no por algo bueno, sino por las arbitrariedades que comete uno de ellos, tal si tuviera luz verde para hacer de las suyas.

Esta el caso del rapto del menor Dylan Esaú; la muerte del indígena Adolfo Gómez Gómez inculpado en caso Dylan Esaú y la red de trata de menores en San Cristóbal de Las Casas.

El pasado 17 de julio, la Fiscalía General de Justicia en Chiapas a cargo del ignominioso Llaven Abarca anuncio a nivel nacional el desmantelamiento de una banda de presuntos tratantes de blanca, todo fue un teatro.

Sin embargo este hecho dejó mal parado al estado, pues encuera a sus verdaderos funcionarios.

Y la gota que derramó el vaso, en donde la fiscalía vuelve a mostrar sus tentáculos de corrupción, excesos de poder e impunidad al detener al médico especialista al cual le inventaron el delito de “abuso de autoridad” por la hija de un exdiputado local y exlíder de un partido político local, Miguel Arturo Ramírez López, quien falleciera de covid-19 en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH).

La hija del político local, Karen Alejandra Ramírez Molina, no quedó convencida de la muerte de su padre, y se le hizo fácil buscar culpables y utilizar sus influencias para

acusar de negligencia médica, por lo que procedió “legalmente” contra el médico que atendió a su padre, Gerardo Vicente Grajales Yuca.

Al igual que en otras ocasiones a Llaven Abarca le salió el “tiro por la culata”, porque ayer mismo unos 500 médicos, enfermeras y trabajadores de diversos hospitales públicos y privados, así como amigos y familiares, a sabiendas que se trata de un nuevo caso de injustica marcharon para exigir la libertad del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, acusado del delito de abuso de autoridad por la Fiscalía General del Estado (FGE), tras la denuncia penal que puso en su contra la hija de un político chiapaneco que falleció de covid-19.

Que sigue sería la pregunta, dejar que este tipo siga cometiendo actos de injusticia en contra de la sociedad chiapaneca o ponerle finalmente un alto a los excesos del fiscal.

Señor gobernador, Usted tiene la palabra, ha llegado la hora de hacer una limpia en casa, es decir despedir a todo elementos nocivo de su gobierno, dado que está poniendo en riesgo la paz y estabilidad social del estado.

Pero no está por demás decirlo: por todos los errores cometidos por el Fiscal Jorge Luis Llave Abarca, este pende de un hilo, pues es señalado por organismos de Derechos Humanos por casos de tortura y algunos medios de comunicación lo señalan por armar casos y expedientes a modo.

Trasciende que el CJNG influyó en la renuncia de Jiménez Espriú

En medios nacionales ha trascendido que con la reciente renuncia del ingeniero Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), tiene cierta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), debido a que éste, tenía en sus manos el control casi total de las aduanas y puertos.

Dicho lo anterior, el presidente

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Andrés Manuel López Obrador, decidió cambiar el mando de las SCT en los puertos y en su lugar decidió poner a las Fuerzas Armadas, incurriendo en una militarización y encomendadoles una labor eminentemente civil.

Por ello, Javier Jiménez Espriú manifestó su preocupación por la grave trascendencia de trasladar las funciones de los puertos “al ámbito militar” de la Secretaría de Marina (Semar), esto a través de su carta de renuncia como titular de la SCT, donde también recordó que la Secretaría ha estado a cargo de los puertos, la marina mercante y de la formación de marinos mercantes desde 1970.

Según el documento al cual tuvo acceso EMEEQUIS, hay dos cárteles de las drogas en aduanas y puertos de México: el CJNG estaría infiltrado hasta casi tener el control absoluto de los puertos de Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como las aduanas de Tuxpan, Veracruz y Cancún, Quintana Roo; mientras que el Cártel del Pacífico controlaría el puerto de Ensenada, Baja California, y las aduanas de Mazatlán, Sinaloa y La Paz, Baja California Sur. Ante dicho contexto, AMLO entendió que si quería dar un golpe certero a los cárteles –sin recurrir a las balas– tenía que cerrarles esas puertas con candado, por ello, Ricardo Ahued volvería al Senado de la República para dejar libre la titularidad de la Administración General de Aduanas a su incondicional Horacio Duarte.

Sin embargo, al poco tiempo quedó claro a la administración federal que cambiar a una sola persona en el gobierno sería insuficiente para acabar con los cárteles: cada movimiento que hacía el nuevo director parecía ser anticipado por el crimen organizado, gracias a su ejército de espías y vigilantes.

Algo interesante aquí, es que el equipo de inteligencia criminal del gobierno supo de una lista de 12 objetivos mortales del CJNG, en la que estaba el nombre de Horacio Duarte junto al del jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch y el canciller Marcelo Ebrad, entre otros.

Del Montón

La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, reconoció que busca un criterio de oportunidad que le permita no ser procesado penalmente, por lo que en el momento oportuno denunciará a las personas que lo presionaron para convertirse en “el instrumento no doloso” de hechos presumiblemente delictuosos.

En el cierre de la audiencia inicial de imputación, los abogados defensores del exdirector de Pemex, Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas, le informaron al juez que su cliente “el señor Emilio fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho” y de cara a los presuntos delitos expuestos por la FGR. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

CMAN

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Miércoles 29 de Julio de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1945 PROPUESTA

Congelan ley general de salud mental en el Senado tras críticas de ONG y CNDH

MARCHA

Médicos exigen la liberación de colega detenido tras muerte de político por covid-19

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REPORTE

Pemex perdió 606 mil millones de pesos en el primer semestre de 2020

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SOLICITUD

Piden liberar a 13 mil 500 internos y Ley de Amnistía en Edomex PAG. 9

ANUNCIO

López Obrador reenvía al Congreso iniciativa para derogar el fuero presidencial

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Decenas de familiares de internos en diversos penales del Estado de México se apostaron a las afueras del Poder Judicial estatal en demanda de la libertad de 13 mil 500 internos que han cumplido con los requisitos de ley para acceder a ella, y de una Ley de Amnistía que sirva para excarcelar a los falsos culpables.

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PAG. 9

Inai ordena a la SFP hacer públicas las facturas del desvío de 50.8 mdp en Conade