CONTRAPODER EDICIÓN 1882

CMAN

DOXA

EDITORIAL

El fiscal general debe irse

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Las pérdidas humanas y económicas por el COVID 19 son inconmensurables.

Dos hechos recientes muestran la cara delincuencial con que se maneja la fiscalía general del Estado en Chiapas: hace 12 días asesinan a una persona en la 5ª Norte y 16 poniente en Tuxtla Gutiérrez

Ayer le tocó a un grande de la música y se lamenta su partida. Pero también se agradece su esfuerzo por mejorar la vida cotidiana. Varias generaciones crecimos con Óscar Chávez y aún se le aplaude.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Viernes 1 de Mayo de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1882

SOLICITUD

DECLARACIÓN

Ayuntamiento de San Cristóbal pide a Conagua revocar concesión de agua a Coca-Cola Femsa

Fallecidos por Covid-19, una “desgracia con protocolos”

En una misiva, el ayuntamiento dio a conocer que el pasado 26 de marzo el síndico municipal Miguel Ángel de los Santos Cruz envió una petición a la titular de la Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros, para revocar la concesión, con el argumento de que los efectos negativos de extracción de agua del subsuelo ponen en riesgo el abasto del líquido para la población sancristobalense

LLAMADO

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Programas federales no están operando en Chiapas

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Secretaría del Bienestar denuncia intento de fraude con tarjetas falsas

ATENTADO

Chiapas: comando irrumpe en un domicilio, se lleva a cinco miembros de una familia y ejecuta a tres

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HOY ESCRIBEN CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

EL DIVAN

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Sergio Stahl

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EN PELIGRO UN CUARTO DE SIGLO DE AVANCES Lucía Lagunes Huerta

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LOS OTROS EFECTOS DEL CORONAVIRUS QUE “ASFIXIAN” A LOS MÁS POBRES DE GUERRERO Marcela Turati

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INFORMAR EN TIEMPOS DE COVID-19 Luis Miguel Cano López

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EL DRAMA DEL TRIAGE Marta Lamas PAG. 4

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Viernes 1 de Mayo de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL El fiscal general debe irse

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os hechos recientes muestran la cara delincuencial con que se maneja la fiscalía general del Estado en Chiapas: hace 12 días asesinan a una persona en la 5ª Norte y 16 poniente en Tuxtla Gutiérrez, por los indicios del suceso, todo indicaba que se trataba de una ejecución y por eso la fiscalía estaba obligada a implementar medidas precautorias a los familiares de la víctima y no lo hizo, a pesar de que en esa dependencia se maneja un estribillo que menciona que no habrá impunidad en Chiapas. La ausencia de la protección a la familia de la víctima dio pié a que el grupo de sicarios ejecutaran, el pasado martes, en Cintalapa, a la viuda y a sus padres. El otro suceso es la protección que se le brinda a un funcionario de la fiscalía, quien hace dos días en estado de ebriedad se pasara un semáforo y arrollara un vehículo donde falleció un niño de cuatro años de edad y que su madre sufriera múltiples fracturas en la cadera y las costillas. El encubrimiento de ese homicidio culposo por

parte de la fiscalía se percibe cuando no se le realiza de inmediato al presunto culpable el examen toxicológico, violando con ello el debido proceso, con el fin de alterar las pruebas periciales; en el que se hace evidente la actuación parcial de la fiscalía. La fiscalía ha tenido distintos señalamientos, en el que se involucran a fiscales y a la policía ministerial de participar en asaltos, secuestros, tortura y detenciones arbitrarias sin que al interior de esa dependencia se efectúe investigación alguna para deslindar responsabilidades. Lo grave de esta situación es que al propio fiscal general se le inició hace alguno años una averiguación por la práctica de tortura, sin que esto motive al gobernador a proponer el cambio en la fiscalía. Desde el inicio del ilegal nombramiento del fiscal del Estado distintas voces impugnaron su nombramiento, pero las complicidades que se entretejieron durante el gobierno de Manuel Velasco entre Rutilio Escandón y Jorge Luis Llaven Abarca, que se desempeñaban como presidente

del tribunal de justicia y secretario de seguridad pública respectivamente, hizo que terminaran siendo aliados, y que ya en la gubernatura Escandón Cadenas propusiera en el cargo al ahora fiscal general. Todo parece indicar, que el colaborador favorito del gobernador es el fiscal general, a quien se le ha permitido cogobernar Chiapas, utilizando el poder de la fiscalía para perseguir, reprimir y encarcelar a su arbitrio, provocando un clima de terror y de agravios en la población. Pero esta cercanía solo puede deberse a la complicidad que existe entre ambos, sobre todo porque la lealtad en el sistema político mexicano se mide por el nivel de complicidad que se desarrolla y no así por la eficacia en el desempeño de las funciones. En este sentido solo falta esclarecer el tipo de complicidad que existe y esto hace presuponer que solo puede ser el reparto de beneficios económicos que se obtienen a través de la fiscalía, aunque también hay que señalar, que ojalá esta conclusión solo sea producto de la especulación y la maledicencia.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Ayuntamiento de San Cristóbal pide a Conagua revocar concesión de agua a Coca-Cola Femsa Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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l ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revocar la concesión de aprovechamiento de agua a la empresa “Inmobiliaria del Golfo S.A. de C.V.”, razón social utilizada por la embotelladora Coca-Cola Femsa en Chiapas. En una misiva, el ayuntamiento dio a conocer que el pasado 26 de marzo el síndico municipal Miguel Ángel de los Santos Cruz envió una petición a la titular de la Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros, para revocar la concesión, con el argumento de que los efectos negativos de extracción de agua del subsuelo ponen en riesgo el abasto del líquido para la población sancristobalense. De igual manera, destacó los graves daños colaterales relacionados con el consumo de refrescos, como diabetes, obesidad, hipertensión y caries, entre otros. “La cancelación de la concesión se solicita a fin de dar prioridad a las necesidades de la población sancristobalense sobre el uso comercial e industrial, en virtud de que nuestro municipio sufre de escasez de agua”, apuntó. Con independencia de que no existen datos actualizados y preci-

En una misiva, el ayuntamiento dio a conocer que el pasado 26 de marzo el síndico municipal Miguel Ángel de los Santos Cruz envió una petición a la titular de la Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros, para revocar la concesión, con el argumento de que los efectos negativos de extracción de agua del subsuelo ponen en riesgo el abasto del líquido para la población sancristobalense

sos sobre el aprovechamiento que del vital líquido realiza la empresa, subrayó, sí tienen precisión de la carencia de agua en el municipio, puesto que cada vez son más los barrios y colonias que no disponen de ella. Detalló que actualmente San Cristóbal de Las Casas cuenta con una población aproximada de 209 mil 591 habitantes, y el Sistema de Agua

Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) reporta un consumo anual aproximado de agua de 10, 688, 520, 000.00 L. (diez mil seiscientos ochenta y ocho millones, quinientos veinte mil litros) cada año. Manifestó que el SAPAM no cuenta con el líquido suficiente para proveer el flujo continuo y constante a los hogares, recibiendo múltiples

quejas por la falta de disponibilidad y suministro de agua, por lo que es evidente la imperiosa necesidad de contar con la cantidad suficiente y disponible del líquido para satisfacer su creciente demanda. “Es nuestra expectativa que el organismo federal con facultades para otorgar las concesiones sobre aprovechamiento de agua, revise la solicitud presentada en el marco de las disposiciones en materia de derechos humanos, considerando los principios precautorios y de prevención previstos en la legislación nacional e internacional y claramente reivindicados en las decisiones de los organismos que protegen los derechos humanos, así como en los casos analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, recalcó De los Santos Cruz. Por ello, pidió a la Conagua que valore la petición, tomando en cuenta los estudios sobre disponibilidad del agua en la región, privilegiando el aprovechamiento para el consumo humano.

Por posible contagio, ponen en cuarentena a 7 miembros del equipo médico de la Cruz Roja en Tuxtla Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

Al menos siete miembros del equipo médico de la Cruz Roja Mexicana en esta capital fueron puestos en cuarentena, luego de que una paciente en estado crítico, internada ayer con posibles síntomas de covid-19, falleció esta mañana. “El problema acá es que los familiares omitieron información. Ayer miércoles había estado (la paciente) en la clínica temporal de enfermedades respiratorias, donde se le realizó la prueba para covid-19, resultados que estaban en espera de conocer”, dijo el delegado estatal de la Cruz Roja, Francisco Alvarado Nazar. El nosocomio, apuntó, no tiene médicos especialistas, ni ventiladores para atender a enfermos con

covid-19, por lo que todos los que llegan con esos síntomas son remitidos a la clínica acondicionada en el Centro de Convenciones de Chiapas. Y ante la muerte de la mujer de 67 años, apuntó, siete integrantes de la Cruz Roja Mexicana fueron puestos en aislamiento, en espera de que no hayan sido contagiados en caso de que se confirme que la causa del deceso fue por coronavirus. Con la confirmación de 12 casos nuevos de covid-19 en las últimas horas, la Secretaría de Salud de Chiapas dio a conocer la cifra actual de 180 pacientes positivos en la entidad. En representación del secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos, el director de Salud Pública, Hermilo Domínguez Zárate, informó que de los 12 casos

cuatro se registraron en Tapachula, dos en Tuxtla Gutiérrez, dos en San Cristóbal de Las Casas y uno

en los municipios de Venustiano Carranza, Berriozábal, Ocosingo y Palenque.

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Chiapas: comando irrumpe en un domicilio, se lleva a cinco miembros de una familia y ejecuta a tres Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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res personas -dos mujeres y un hombre- fueron ejecutadas a tiros luego de ser sacados de forma violenta de su domicilio la madrugada del martes. El hecho ocurrió en un barrio de la ciudad de Cintalapa, a unos 80 kilómetros al oeste de esta ciudad. María de Jesús Vázquez Martínez de 42 años, su pareja Manuel Armando Ovando López de 41 años, Liliana Guadalupe Alvarado Vázquez de 23 años y sus dos pequeños hijos Daniela Catalella y Daniel Yamileth, fueron levantados por un grupo de hombres armados que se trasladaban en dos camionetas, una Chevrolet Silverado y otra Ford Explorer. Los vehículos se enfilaron sobre la carretera a Sayula, para salir de Cintalapa, enfilarse rumbo a la colonia Emiliano Zapata y posteriormente internarse en un camino saca cosecha que comunica a varias rancherías y pequeñas comunidades. Más adelante de la ranchería conocida como Villa del Río y poco antes de llegar a Los Ocotones, en una brecha, la familia fue bajada por los hombres armados quienes empezaron a ejecutar uno a uno a los adultos. Manuel Armando presentaba un tiro en la parte trasera de la cabeza, uno más en la espalda y dos más en

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

La Secretaría de Bienestar del gobierno federal informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la distribución de tarjetas falsas con el nombre de la dependencia con el fin de intentar defraudar a ciudadanos. La Secretaría dio a conocer que, en el estado de Chiapas, los presuntos defraudadores visitan los hogares de ciudadanos “para hacerlos caer en un engaño, que consiste en entregar una falsa tarjeta de apoyo por covid-19 a cambio de un depósito de 300 pesos que deben realizar en una tienda OXXO”. Dijo que se detectó el presunto fraude vía redes sociales, por lo que mantiene una coordinación constante con diversas instituciones, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que colabora en la investigación. A la par, la Secretaría del Bien-

María de Jesús Vázquez Martínez de 42 años, su pareja Manuel Armando Ovando López de 41 años, Liliana Guadalupe Alvarado Vázquez de 23 años y sus dos pequeños hijos Daniela Catalella y Daniel Yamileth, fueron levantados por un grupo de hombres armados que se trasladaban en dos camionetas, una Chevrolet Silverado y otra Ford Explorer

el antebrazo; su pareja María de Jesús tenía una lesión en la espalda. Liliana Guadalupe, hija de María de Jesús, tenía un impacto de bala en el pómulo derecho. Los dos pequeños, Daniela y Daniel, no fueron lastimados por los sicarios, pero estuvieron varias horas junto a los cuerpos de su madre, su abuela y su pareja hasta que a las 17:30 horas de la tarde del miércoles, lugareños fueron a ver que había ocurrido en el tramo.

Liliana Guadalupe de 23 años y madre de los dos pequeños, era esposa de Audiel Maldonado Pineda de 46 años, quien fue ejecutado a tiros la mañana del pasado 18 de abril en la 5ª. Norte y 16ª poniente de Tuxtla Gutiérrez. Su cuerpo quedó en el interior de un vehículo Limited color blanco con placas NJG-50-71. Audiel Maldonado era propietario del Auto Hotel Bugambilia ubicado en Cintalapa. En ese incidente una mujer de

nombre Noria de 39 años sufrió una herida de bala y otro joven de nombre Marco, de 18 años, también resultó herido. En esa ocasión, los pistoleros se dieron a la fuga abordo de un vehículo tipo Jetta color rojo y una camioneta color gris con dirección de Oriente a Poniente sobre la 5° norte de la capital del estado. Hasta la media noche del miércoles, la Fiscalía General del Estado (FGE) no había emitido ninguna información oficial respecto a la triple ejecución. Por otra parte, el mismo miércoles, alrededor de las 6:00 de la tarde, un hombre fue ejecutado con arma de fuego en su domicilio en Tapachula. Los hechos se dieron en la 19 Norte y 1a. Oriente de la Colonia Francisco Villa, de Tapachula, en donde desconocidos ultimaron de seis balazos, al parecer con una 9 milímetros, a un ingeniero civil de nombre Javier Martínez Gallo, de 42 años de edad y originario del estado de Guerrero.

Secretaría del Bienestar denuncia intento de fraude con tarjetas falsas estar acudió a la FGR a interponer una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables. La Secretaría de Bienestar hizo un llamado a la población a denunciar este tipo de actos irregulares, donde se utiliza la imagen institucional de la dependencia para hacerlos caer en un engaño. También instruyó a los delegados de Programas Integrales para el Desarrollo en las 32 entidades del país a mantenerse atentos a fin de detectar casos de este tipo y, en su oportunidad, dar seguimiento ante las autoridades correspondientes. La Secretaría de Bienestar recordó que, para acceder a los Programas Integrales del Gobierno de México, los beneficiarios jamás deben realizar un pago, ni en efectivo ni en depósito.

Además, que los trámites se realizan únicamente ante servidores públicos debidamente identificados en visitas a domicilios, en los módu-

los de registro oficiales o mediante operativos telefónicos en donde los operadores están debidamente acreditados.

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Fallecidos por Covid-19, una “desgracia con protocolos” A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

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n Chiapas, únicamente son 49 las empresas de servicios funerarios que podrán disponer el manejo y proceso de cadáveres por Covid-19, en un lapso máximo de cuatro horas, informó la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Dipris) de la Secretaría de Salud Estatal. Margarita Aguilar Ruíz, titular de la Dipris, dio a conocer que para el manejo de cadáveres y los procesos de servicios funerarios por Covid-19 en Chiapas, se llevan a cabo a través de la sensibilización de la Jornada Nacional de la Sana Distancia y a través de capacitación y asesoría a las empresas de servicios funerarios. En entrevista, la médico explicó que la intención de la Dipris es que cualquier persona sea enterrada a la brevedad posible cumpliendo los protocolos, donde la opción principal –sí así lo deciden los familiares– es que el fallecido sea incinerado, pero que tal práctica no es una indicación sanitaria oficial para el estado de Chiapas, “que forzosamente todo tenga que ser incineración”. En el caso de personas que han fallecido por Covid-19, Aguilar Ruíz refirió que la meta sanitaria es que la persona pueda ser enterrada en un lapso máximo de cuatro horas, para evitar la conglomeración de más personas. En contexto, subrayó que hasta el 27 de abril, riesgos sanitarios registró el proceso de entierro y de cremación de nueve cadáveres, donde siete fueron enterrados y dos incinerados,

Margarita Aguilar Ruíz, titular de la Dipris, dio a conocer que para el manejo de cadáveres y los procesos de servicios funerarios por Covid-19 en Chiapas, se llevan a cabo a través de la sensibilización de la Jornada Nacional de la Sana Distancia y a través de capacitación y asesoría a las empresas de servicios funerarios

esto conforme a decisión de los familiares. “Son nueve fallecidos que tenemos registrados hasta el día de ayer… en este sentido pues todas prácticamente han sido enterradas, solamente son dos los que ha sido cremadas por opción de la familia”, lamentó. Por ello, destacó que el personal de los hospitales de la entidad están capacitados para el manejo de las personas fallecidas por esta clase de coronavirus, donde además las funerarias que sean solicitadas tendrán que cumplir con todos los requisitos de la Dipris, para llevar a cabo estas prácticas, donde el cadáver debe es-

tar completamente envuelto en bolsa impermeable específica para este fin, “antes de retirarlo de la unidad hospitalaria y antes del traslado a las instalaciones funerarias, con la finalidad de evitar la fuga de líquidos y secreciones corporales”. En este sentido, refirió que la Dirección de Riesgos Sanitarios está haciendo acciones de verificación constante, donde cuentan con el registro de 49 funerarias en toda en la entidad, pero que no todas cuentan con los requisitos para realizar estas prácticas, por lo que llamó a las empresas interesadas a dar el servicio hacer el trámite a través del correo

electrónico: pisvg@hotmail.com , “seguimos haciendo visitas de verificación y también a través de correo, no de manera presencial estamos recibiendo trámites para todos aquellos que se quieran regularizar”. Respecto a los espacios para hacer el entierro de los cadáveres, manifestó que las familias han dispuesto de los panteones municipales habituales, ya que no hay riesgo de que las inhumación sea un problema sanitario. “Los panteones habituales, realmente cuando estén en el cementerio ya la persona fallecida, una vez estando en el ataúd no hay ningún problema”, expresó.

Programas federales no están operando en Chiapas Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Ricardo Girón Girón, representante legal de la ASIDESECH aseguró que en Chiapas no están operando los programas de las dependencia federales. El líder de esta organización precisó que desde que inició la pandemia por COVID-19 organizaciones sociales han reportado la falta de programas federales, situación que afecta al sector agrario. A nivel estatal han disminuido los apoyos a este sector y la ausencia de entrega de programas deja en incertidumbre a la población que vive del campo. Hizo el llamado al representante del Gobierno Federal José Antonio Aguilar Castillejos a que atienda a

la población que vive en extrema pobreza y que no ha recibido los créditos de la Federación o alguna despensa. Desde que inició el 2020 el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro dejó de aceptar nuevas solicitudes, y en algunos casos se paralizaron los apoyos. Han buscado la atención en delegaciones de Chiapas, pero permanecen cerradas por la contingencia sanitaria. Y no cuentan con recursos para viajar a oficinas centrales. “Jóvenes construyendo el futuro donde nuestros jóvenes que están registrados en los diferentes municipios lo que les han dicho que solamente los del 2019 se han aprobado y los del 2020 que se han registrado está totalmente estancado”, destacó.

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Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

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axaca ha registrado, en lo que va del año, la desaparición de 43 menores, el asesinato de siete y el abuso sexual de otros seis, según Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad. “Cifras que difícilmente pueden considerarse como oficiales cuando se sabe que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año”, puntualizó en un comunicado. El organismo manifestó su preocupación por esa realidad que enfrentan los niños en la entidad, y demandó al gobierno estatal, la sociedad civil, autoridades educativas, familias y comunidades, la consolidación de sistemas locales de protección a nivel municipal y la elaboración de Programas Estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. “La cara de la violencia contra la niñez también adquiere otras dimensiones cuando se aborda por género, pues son niñas y adolescentes quienes se han convertido en víctimas potenciales de la violencia feminicida que ya resulta inaceptable en este país”, subrayó. Tan sólo en la entidad, según el subregistro que realiza Consorcio Oaxaca, de las mil 967 agresiones a mujeres, 558 casos corresponden a niñas y adolescentes, quienes comienzan a ser víctimas de agresiones desde antes del año de edad (hay 10 casos registrados en la plataforma de violencia feminicida). Los datos resultan alarmantes si se observa que del total de mujeres desaparecidas en Oaxaca --766 casos del 1 de diciembre de 2016 a la fecha--, 433 son niñas y adolescentes, es decir, más del 87% de estas víctimas se ubican en el rango de los 11 a los 17 años de edad, y en cinco regiones se concentra más

Gabriela Hernández Puebla, Pue. (apro)

La familia Valencia Ávila anunció que presentará una demanda por daño moral contra el gobernador Miguel Barbosa Huerta, luego de que éste los acusó de tener vínculos con la delincuencia organizada. En rueda de prensa, Marco Antonio Valencia Ávila, hermano de Vicente, alcalde del municipio de Venustiano Carranza, acusó al mandatario poblano de instrumentar una campaña de desprestigio y linchamiento mediático en contra de su familia, como una venganza política porque en 2018 apoyaron la campaña de la panista Martha Erika Alonso Hidalgo. La semana pasada, Barbosa Huerta se quejó ante el gobierno federal por una reunión, en el municipio de Carranza, entre elementos de la Guardia Nacional (GN) e integrantes de la familia Valencia Ávila, a la que acusó de tener nexos con la delin-

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En Oaxaca, las niñas comienzan a ser víctimas de violencia desde antes del año de edad “Cifras que difícilmente pueden considerarse como oficiales cuando se sabe que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año”, puntualizó en un comunicado

del 70% de los casos: Valles Centrales (247), Istmo (53), Mixteca (37), Papaloapan (34) y Costa (30). Consorcio Oaxaca exige que se habiliten sistemas de información a nivel nacional, para contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. De igual manera, incluir la participación de las niñas, niños y adolescentes, así como de la sociedad civil, en la conformación de los Sistemas de Protección, además del fortalecimiento de los procesos de profesionalización de sus servidoras y servidores públicos. También crear liderazgos masculinos desde la infancia y la adolescencia que se opongan abiertamente a la vio-

lencia y la discriminación, explorando una nueva forma de masculinidad que fomente relaciones sociales y políticas capaces de atajar estas formas de violencia contra las niñas y mujeres. Y proveer educación sexual a las infancias en todos los niveles educativos del país, para que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos como una herramienta indispensable para prevenir la violencia aprendiendo a conocerse y cuidarse desde edades tempranas. Consorcio Oaxaca precisó que las niñas, niños y adolescentes representan la tercera parte de la población nacional. Sin embargo, desde 1924, año en que se estableció en México la Celebración del Día del Niño, la infancia en este país aún no goza plenamente del acceso y ejercicio de sus derechos, pues sigue siendo un tema pendiente para

el Estado, las familias y la comunidad. “El panorama es peor cuando se habla de menores de edad indígenas, quienes alcanzan porcentajes de pobreza cercanos al 80% a nivel nacional. Si a esto sumamos que una gran parte de la niñez mexicana vive en contextos de vida en alto riesgo, tanto al interior de sus familias y en las instituciones, podría entenderse por qué son víctimas potenciales de la violencia y negligencia de las autoridades y de la sociedad”. Aunado a esta situación se encuentra la falta de empatía de parte de quienes escuchan, leen, reportan o reconocen algún tipo de violación a los derechos humanos de la infancia en entornos cotidianos, urbanos o comunitarios, ya que difícilmente se actúa para detener las agresiones a infantes por considerarse algo “normal” que los familiares, maestros y autoridades, utilicen golpes, insultos, abusos e incluso ejerzan sobre ellas y ellos violencia sexual, pues se les sigue considerando como “objetos de protección” y no como personas participantes y tomadoras de decisiones sobre su propia vida. De ahí que los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 muestran que en 22.5% de niñas y niños de entre nueve y 11 años, y 36% de adolescentes entre 12 y 17 años, sus derechos se respetan poco o nada.

Familia Valencia Ávila anuncia que demandará a Barbosa por daño moral cuencia. El más joven de los hermanos Valencia Ávila afirmó que ese encuentro con elementos de la GN fue porque los hijos del alcalde Vicente Valencia llegaron al mismo restaurante donde comían los uniformados y les pidieron tomarse una fotografía. Las imputaciones contra su familia, subrayó, no tienen sustento legal y sólo buscan debilitar al gobierno municipal de su hermano, porque Barbosa pretende tomar el control administrativo, político y de seguridad de la localidad. “No importa la instancia a la que tengamos que recurrir, pero no permitiremos que el gobernador del estado continúe con esta persecución política, y todo por haber apoyado a la extinta gobernadora Martha Erika

Alonso”, reclamó Marco Antonio Valencia, quien explicó que actuaba como representante legal de su familia. Barbosa, insistió, ha repetido una y otra vez acusaciones en contra de su familia por supuestos nexos con la delincuencia, y lo da por hecho sin presentar prueba alguna. De igual manera, sostuvo que su familia tiene documentación que confirma que por las acusaciones que se hicieron en su contra desde 2018, fueron juzgados y al momento no existe ninguna investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) que los involucre en el robo de combustible, ni en otro delito. Dijo que han presentado amparos y quejas ante las comisiones Estatal (CEDH) y Nacional de Derechos Hu-

manos (CNDH) por los cateos que ha realizado la autoridad estatal en las casas de su familia, y que incluso se abrió una investigación por actos de hostigamiento. En 2018, los hermanos Valencia fueron acusados de operar el robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Sierra Norte de Puebla, durante el mandato del extinto gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

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Ebrard rechaza presiones de EU para reactivar actividades no esenciales Arturo Rodríguez Ciudad de México (apro)

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l secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, negó que el gobierno de Estados Unidos esté presionando a México para reiniciar actividades productivas que están consideradas entre las no esenciales. En la conferencia de prensa presidencial de hoy, Ebrard aseguró que México sigue su calendario y no atiende a presiones externas. Esto, luego de que en días pasados se expusiera la dependencia que diferentes sectores industriales del país vecino requieren de suministros manufacturados en México. De acuerdo con el canciller, ha tenido un acercamiento con el gobierno estadunidense luego de que un grupo de legisladores allá envió una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtiendo sobre la reactivación que debe implicar las actividades productivas de México. Sin embargo, sostuvo, es un tema de política interna estadunidense, no un asunto de la agenda bilateral. Ebrard Casaubón expuso que México tiene su propia dinámica de atención a la emergencia sanitaria que ha sido determinada por el Consejo de Salubridad General, las decisiones presidenciales y las propuestas del Sector Salud, a partir de las cuales se guía la política sanitaria del país. Dicha política incluye el cierre de actividades consideradas no esenciales entras las que se ubican las cadenas productivas, por ejemplo, del

De la redaccion Ciudad de México (apro)

El banco de inversión JP Morgan redujo su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana de -7.5% a -8.4%. En un reporte, la firma señaló que los datos de la demanda interna han sido extremadamente débiles: “Las ventas de automóviles, las importaciones de consumo y las importaciones de capital colapsaron el mes pasado. Esto sugiere que la caída de la actividad en marzo, que fue más profunda de lo que pensábamos, debería seguirse por una contracción aún más aguda en abril, sin recuperación visible en mayo”. Tras destacar que habrá otros daños persistentes a la economía, JP Morgan consideró, por un lado, que en materia fiscal la respuesta ha sido muy limitada, con el riesgo de que la falta de liquidez firme mute en insolvencia y desempleo, mientras

De acuerdo con el canciller, ha tenido un acercamiento con el gobierno estadunidense luego de que un grupo de legisladores allá envió una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtiendo sobre la reactivación que debe implicar las actividades productivas de México. Sin embargo, sostuvo, es un tema de política interna estadunidense, no un asunto de la agenda bilateral

sector automotriz. El tema ha sido abordado en diferentes oportunidades por el presidente López Obrador, que apenas ayer reconoció la interacción de las cadenas productivas entre México, Estados Unidos y Canadá, pero a diferencia de Ebrard, dijo que se tra-

bajaba ya en un plan de reactivación productiva, incluyendo además de lo automotriz, la proveeduría a la industria bélica estadunidense. Sin embargo, el canciller expuso hoy que no hay acercamiento con Estados Unidos sobre el tema con Mike Pompeo, añadiendo, “ni creo

que lo haya”. Finalmente, Ebrard aseveró que la prioridad es la política de salud, en la que las etapas están fijadas con claridad, en los anuncios del presidente López Obrador, por lo que el país seguirá su calendario como se ha previsto.

JP Morgan reduce su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana de -7.5% a -8.4% que las diferencias entre el gobierno y el sector privado parecen haberse profundizado, lo que “podría deprimir el sentimiento comercial de una manera más permanente”. También señaló que hay una creciente presión de Estados Unidos para reabrir ciertas industrias “esenciales” en México, que si se exacerban podría crear tensión Esto se debe a que el confinamiento en México sólo se intensificó a finales de marzo, y aún con ello el resultado para todo el trimestre fue una amplia contracción, apuntó. “Eso sugiere que la caída de la actividad en marzo fue más profunda de lo que pensábamos y le seguirá una contracción aún más aguda en abril, sin recuperación visible en mayo”, remató.

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Reportan 127 decesos y mil 425 nuevos contagios en 24 horas en México De la redacción Ciudad de México (apro)

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a Secretaría de Salud reportó la muerte de 127 personas y mil 425 nuevos contagios de covid-19 en México en las últimas 24 horas. En su reporte diario, publicado en su sitio en internet, la dependencia reportó un acumulado de mil 859 decesos por coronavirus, así como 19 mil 224 casos confirmados en total. De los contagios confirmados, el 58.18% son hombres y el 41.82% son mujeres. Además, se informó que el 39.45% de las personas contagiadas están hospitalizadas, mientras que el 60.55% están aisladas en casa. También hay 15 mil 520 casos sospechosos, dos mil 257 más que los reportados ayer, y 52 mil 628 casos negativos, mil 778 más que en el reporte del miércoles. La Ciudad de México se mantiene como la entidad con mayor número de casos confirmados, con cinco mil 209, seguida del Estado de México (3,130), Baja California (1,557), Tabasco (984), Sinaloa (865) y Quintana Roo (788). Este jueves, la conferencia de prensa diaria fue reservada para las preguntas de niños de varios puntos de la República por el Día del Niño, y el reporte diario se presentó en la página en internet de la Secretaría de Salud.

De la redacción Ciudad de México (apro)

En los primeros tres meses del año, Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió medio billón de pesos, esto es, más que todo su presupuesto de 2020. De acuerdo con el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la empresa productiva del Estado reportó una pérdida aproximada de 562 mil 250 millones de pesos. Casi 200 mil millones más que en 2019, cuando registró 346 mil millones de pérdidas. Pemex explicó que los números rojos de enero a marzo tienen sustento en la debilidad del peso frente al dólar. Misma que, dijo, provocó una pérdida de 469 mil millones de pesos. “Esta partida de valuación o ‘virtual’, es decir, no implica salidas de flujo de efectivo”, aclaró la empresa dirigida por el tabasqueño Octavio Romero Oropeza.

De los contagios confirmados, el 58.18% son hombres y el 41.82% son mujeres. Además, se informó que el 39.45% de las personas contagiadas están hospitalizadas, mientras que el 60.55% están aisladas en casa

Pemex perdió en un trimestre más que todo su presupuesto de 2020 Este año Pemex recibió un presupuesto de 523 mil 400 millones de pesos. Apenas la semana pasada reportó un recorte de 40 mil 500 millones ante la crisis de precios que vive el sector petrolero. Además, las ventas totales de la petrolera disminuyeron 20.3% a 320 mil millones de pesos por las menores ventas nacionales y de exportación. “Las variables más importantes que explican esta situación son la caída del precio de la mezcla mexicana de exportación y menores precios de referencia de gasolinas y diésel”, comentó la empresa. Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés) de Pemex se ubicaron en 53 mil millones de pesos.

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INE ordena al IMSS no repartir cartas firmadas por AMLO Rodrigo Vera Ciudad de México (apro)

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l Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al IMSS detener la entrega de cartas a los beneficiarios de los créditos que otorga el gobierno federal, para enfrentar la pandemia del coronavirus, porque llevan impreso el nombre y firma del presidente Andrés Manuel López Obrador. El INE consideró procedentes las medidas cautelares que le solicitaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que denunciaron el uso de recursos públicos para promocionar la imagen de López Obrador. La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Claudia Zavala, consideró que las cartas del Instituto Mexicano del Seguro Social vulneran las reglas de la propaganda electoral, sobre todo ahora que ya se iniciaron los procesos electorales en Hidalgo y Coahuila. En la sesión de este jueves, Zavala dijo: “Que ya no se hagan este tipo de cartas, que no se distribuyan este tipo de cartas, porque eso sí se considera que vulnera las reglas de comunicación en propaganda gubernamental establecidas en el artículo 134 de la Constitución”.

De la redacción Ciudad de México (apro)

Los grupos parlamentarios de “contención” adelantaron que no aprobarán la realización de un periodo extraordinario. En un comunicado conjunto, los legisladores del PAN, PRI, MC y PRD, que suman los votos suficientes para impedir la realización de dicho periodo manifestaron que no lo harán para evitar la aprobación de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que pretende reasignar partidas presupuestales. “Aprobarla representaría un claro retroceso en nuestro orden jurídico, no sería un acto de responsabilidad ante las generaciones presente y venideras y significaría regresar a un autoritarismo que desdeña el Estado democrático de derecho”, consideraron. El escrito está firmado por los senadores y diputados (titulares y suplentes) de esas agrupaciones que integran la Comisión Permanente que mañana será instalada. Para que el periodo extraordinario sea aprobado, se requieren las dos terceras partes de los votos de

El INE consideró procedentes las medidas cautelares que le solicitaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que denunciaron el uso de recursos públicos para promocionar la imagen de López Obrador

Llos consejeros del INE recibieron un oficio firmado por el coordinador de Asuntos Contenciosos del IMSS, José Luis Miranda, donde les notificó que la institución ya diseñó una tercera carta en la que ya no se incluye el nombre de López Obrador. El consejero Ciro Murayama celebró esta rectificación del IMSS.

Pero aún así consideró procedente la adopción de las medidas cautelares, ya que no se tiene la certeza de que las otras dos cartas ya no serán distribuidas. Aparte, el INE también ordenó al IMSS retirar esas dos cartas de los medios de comunicación, redes sociales y portales de internet. Ciro Murayama

@CiroMurayamaINE El @INEMexico prohibió a @ Tu_IMSS repartir y difundir cartas firmadas por el presidente a beneficiarios de créditos en emergencia #COVID__19 Ello porque se violaba el artículo 134 de la Constitución que prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos.

PAN, PRI, MC y PRD adelantan su rechazo al periodo extraordinario los legisladores presentes. Morena y sus aliados PT, PES y Verde suman 24 votos y se requieren 25. La oposición “de contención” tiene 13 de los sufragios. Si se diera el periodo extraordinario, Morena aprobaría sin dificultad la iniciativa de ley que difundió esta mañana y en la que otorga al poder ejecutivo la posibilidad de reasignar hasta el 10% del presupuesto aprobado cuando se presente una crisis como la sanitaria y económica que padece el país. Morena cuenta con la mayoría simple en ambas cámaras, suficiente para sacarla adelante. En su escrito, los legisladores del PAN, PRI, MC y PRD señalan que “han resultado infructuosos todos los llamados -desde todos los ámbitos de la Nación- al Ejecutivo Federal para el diálogo, el entendimiento y la adopción de acuerdos indispensables para la atención de la pandemia

y sus consecuencias económicas y sociales”. Consideran que la propuesta presidencial “atenta contra una de las facultades legislativas más importantes: la de decidir y supervisar, como representantes de la ciudadanía, la asignación y el ejercicio del

presupuesto de la Nación”. Y destacan, que además, la iniciativa de López Obrador “no propone ninguna medida dirigida a contener la grave caída de los ingresos presupuestarios, los cuales podrían disminuir por más de 700 mil millones de pesos”.

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Angélica Jocelyn Soto Espinosa Ciudad de México (Cimacnoticias)

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8 años de que se tipificó por primera vez en México el delito de feminicidio, aún existen diferencias entre los códigos penales de las 32 entidades federativas sobre cómo sancionar y en qué circunstancias este delito. Por ejemplo, mientras en la CDMX se establecen en un tipo penal exclusivo siete circunstancias en las que puede privar de la vida a una mujer por razón de género, en Chihuahua el feminicidio no está tipificado, sino que forma parte del capítulo de homicidio doloso con ciertas circunstancias o razones de género. Estas diferencias desataron una discusión a nivel nacional entre integrantes de los tres Poderes de la Unión, quienes se debaten entre simplificar el delito, perfeccionarlo a nivel local o crear un tipo penal único para todo el país. En el contexto de esta discusión, trascendió una cuarta propuesta: en enero pasado, el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, propuso en una reunión con legisladores de Morena desaparecer el tipo penal de feminicidio y convertirlo en un agravante de feminicidio. Su argumento fue que el Ministerio Público enfrenta dificultades para acreditar “la razones de género” por ser un tipo penal complejo. Esto fue rechazado y criticado por el movimiento feminista, quien obligó al Fiscal a comparecer al respecto en la Cámara de Diputados y retractarse. Actualmente ya no se discute esta propuesta.

El problema Las Naciones Unidas, la Cámara de diputados y organizaciones civiles han planteado que la falta de homologación impide la elaboración de un protocolo único o guía única de investigación para México; además, 46 de cada 100 asesinatos de mujeres que deben investigarse como feminicidio se catalogan solo como homicidios dolosos. Esto representa un índice de impunidad del 97 por ciento, de acuerdo con “Mexicanos Contra la Corrupción”; y la coordinación entre las entidades federativas en el caso, por ejemplo, de que una mujer sea asesinada en una entidad pero su cuerpo sea abandonado en otra con un tipo penal distinto, es limitada.

Las propuestas: Entre las propuestas para superar estos problemas está establecer un Código Penal Único que integre el tipo penal de feminicidio. La idea pertenece al grupo parlamentario de Morena y ha sido respaldada por la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, pero todavía no se ha presentado como iniciativa formal ante el Congreso. Otra propuesta es perfeccionar el tipo penal del Código Penal Federal y homologar con base en él todos los Códigos Penales. Esta idea ha sido

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Feminicidio: simplificarlo, perfeccionarlo o crear un tipo penal único Por ejemplo, mientras en la CDMX se establecen en un tipo penal exclusivo siete circunstancias en las que puede privar de la vida a una mujer por razón de género, en Chihuahua el feminicidio no está tipificado, sino que forma parte del capítulo de homicidio doloso con ciertas circunstancias o razones de género

respaldada por la mayoría, pero en el caso de la Ciudad de México, el magistrado Javier Raúl Ayala Casillas, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, ha defendido que el Código penal capitalino es mejor que el tipo penal federal, ya que considera como circunstancias no sólo las lesiones sino también el acoso y el hostigamiento. Al participar en el Foro Nacional “El combate al feminicidio a 8 años de su incorporación en el sistema de justicia y desafíos”, que organizó la Cámara de Diputados el 15 y 22 de abril de 2020, el funcionario rechazó homologar el tipo penal de la CDMX con el federal porque incluye elementos con los que no está de acuerdo y pidió al legislativo local incluir entre las sanciones al agresor la pérdida de derechos vinculados a la víctima, como establece el tipo penal federal. Otra propuesta es la de simplificar el tipo penal de feminicidio: castigar por este delito sólo a quien prive de la vida a su pareja o eliminar las “razones de género” y establecer en su lugar “condiciones de vulnerabilidad de la víctima”. Durante el foro de feminicidio de la Cámara de Diputados, el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (que forma a las y los operadores de justicia del país), Gerardo Laveaga Rendón propuso simplificar el tipo penal de feminicidio porque es “complicadísimo” de acreditar “la razón de género”. Su propuesta fue castigar por feminicidio “a quien prive de la vida a su mujer, a su novia, a su cónyuge o quien tenga una relación similar”. Esto también fue criticado por las organizaciones de la sociedad civil e

incluso por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, quienes dijeron que al crear el tipo penal de feminicidio se buscó aterrizar objetivamente para evitar interpretaciones de juzgadores sin perspectiva de género, por ejemplo, la saña se materializa a través de lesiones infamantes, con ello se evita la interpretación; además, sólo 34 por ciento de los asesinatos de mujeres son cometidos por la pareja, el resto está en calidad de desconocidos. Las legisladoras, por su parte, dijeron que además de apresurar la discusión de la creación de un Código Penal Único se requiere legislar para dotar de facultades a la Fiscalía General de la República para actuar contra el feminicidio, discutir la creación de una Fiscalía de feminicidio a nivel federal (iniciativa presentada el 21 de abril por legisladoras del Partido Acción Nacional ), reflexionar sobre la prescripción del delito de feminicidio, establecer juzgados especializados en violencia contra las mujeres, y revisar que los impartidores de justicia no tengan antecedentes como deudores alimentarios, violencia sexual u otros delitos. Todas estas propuestas se han presentado como iniciativas legislativas, en estudios e investigaciones, reuniones privadas y durante el Foro Nacional “El combate al feminicidio a 8 años de su incorporación en el sistema de justicia y desafíos”, que organizó la Cámara de Diputados el 15 y 22 de abril de 2020.

¿Qué dicen las expertas? Una de las observaciones internacionales del Comité de la CEDAW a México se refiere a “aprobar un código penal nacional que regule todos los asuntos penales, con inclusión

de todos los delitos y sanciones, o establecer una base mínima que garantice plenamente los derechos de las mujeres mediante una ley penal general”. Por su parte, el libro “Aportes para la delimitación del tipo penal de feminicidio en México”, que elaboró la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y la Cámara de Diputados, propone, además de homologar sanciones, redacciones y circunstancias del tipo penal de feminicidio, elaborar un Protocolo nacional para la investigación del delito de feminicidio que sea acorde al tipo penal homologado y que permita establecer una guía clara y uniforme de diligencias y actos de investigación idóneos para la acreditación de las circunstancias que constituyen razones de género. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), una de las organizaciones impulsoras del tipo penal de feminicidio, está de acuerdo con perfeccionar el tipo penal de feminicidio a nivel federal y homologarlo en las entidades, pero ha enfatizado que lo realmente urgente es crear un protocolo de atención del feminicidio que sea aplicable en el nuevo sistema de justicia penal; mejorar las investigaciones; y la formación de las y los operadores de justicia en la perspectiva de género. La directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos, la abogada Patricia Olamendi Torres; y la abogada Andrea Medina Rosas, litigante de la sentencia para México “Campo Algodonero”, coincidieron en que las principales fallas no están en el marco normativo, sino en cómo se aplica éste, ya que aún se investigan intentos de feminicidio como violencia familiar. Ambas expertas proponen que, antes de priorizar la discusión legislativa sobre el tipo penal, se requiere que México cumpla las sentencias para México en esta materia: Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 por la responsabilidad del Estado mexicano en el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez Chihuahua; y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de Irinea Buendía, que ordena investigar toda muerte violenta de mujer como un feminicidio.

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EL DRAMA DEL TRIAGE Marta Lamas

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riage es un término francés que viene del verbo trier, que en español es triar. Según el Diccionario de la Real Academia, triar es escoger, separar, entresacar. SMS al 51515 - COVID19 En la actualidad, con triage se nombra el procedimiento de selección y priorización de personas a quienes, en circunstancias excepcionales –como los desastres naturales, las guerras y las epidemias– se les otorgan ciertos servicios médicos en función de sus posibilidades de supervivencia. Bajo el principio de que toda vida es igualmente valiosa, ¿pueden las autoridades médicas hacer una selección con el objetivo de salvar al mayor número de personas? ¿Cuál es el criterio que se va a utilizar en circunstancias como las que vamos a enfrentar? En la edición electrónica de la revista Nexos (11 abril) tres médicos, un politólogo y un abogado reflexionan acerca del triage. El artículo de Adrián Soto Mota, Andrés Castañeda Prado, Juan Gutiérrez Mejía, Luis F. Fernández Ruiz y Javier Martín Reyes, titulado “Un dilema inevitable del covid-19: ¿cómo salvar más vidas cuando se acaben las camas?”, parte de dos premisas: a) en los próximos días miles de personas infectadas por el covid-19 necesitarán una cama de terapia intensiva; y b) no obstante los esfuerzos del gobierno mexicano para aumentar la capacidad de atención (comprar más ventiladores mecánicos, ampliar el número de camas y capacitar más personal) la situación será igual de tremenda que en otros países, y pronto los servicios se verán rebasados. Llegará un momento en el cual el personal médico deberá tomar durísimas decisiones, del tipo de decidir si priorizar a pacientes con mayor probabilidad de vivir. Los autores señalan que la difícil

decisión de a quién priorizar requiere contar con un lineamiento basado en la mejor evidencia científica disponible. Un criterio de acuerdo con estándares éticos y de derechos humanos evitaría las decisiones arbitrarias y potencialmente estigmatizantes, que no reflejan el verdadero potencial de recuperación y que ponen en desigualdad de condiciones a grupos vulnerables (como los adultos mayores, las personas que viven con VIH y aquellas en situación de calle). Por ello proponen un método que utiliza siete criterios clínicos: a) edad, b) saturación de oxígeno en la sangre (SpO2), c) diagnóstico previo de hipertensión arterial sistémica, d) elevación de enzimas cardiacas, e) conteo total de leucocitos, f ) conteo de linfocitos, y g) elevación de la creatinina. Por otro lado, el doctor Arnoldo Kraus, uno de los fundadores del Colegio de Bioética, en entrevista con Leo Zuckerman subrayó que en nuestro país se mezclan dos pandemias (la del coronavirus y la de la pobreza) y destacó la complejidad que supone hacer un triage ético en nuestras condiciones. Él señala que en épocas de guerra resultaba menos difícil la decisión: si llegaba un soldado con una gran herida sangrando, ése era el primero al que había que atender; sin embargo, si hoy llegan dos personas con síntomas similares de covid y sólo queda un respirador, ¿cómo tomar la decisión? ¿Se le da al que llegó unos minutos antes, a quien parece más fuerte, al más joven, al menos enfermo de otros padecimientos? Kraus sostiene que toda vida es sagrada y al hablar de cómo afecta a los médicos tener que tomar esa decisión, relata que en España varios han caído en depresión por hacer triage. Tiene razón Kraus al decir que como país llegamos a enfrentar el covid-19 con la desventaja brutal de la pobreza en que se encuentra la mayoría de la población y de la preca-

riedad de los servicios hospitalarios, en especial en las ciudades pequeñas y los pueblos. En este contexto, ¿qué implica plantearse el triage? Le preocupa la dificultad enorme que significa garantizar el derecho a la salud en el contexto de la pandemia del covid-19, pues difícilmente el Estado mexicano podrá ampliar su capacidad instalada (camas, ventiladores y personal capacitado) en el tiempo requerido ahora. Lo que se avecina es un tsunami en la demanda de atención. En ese sentido, y ante la probable saturación de los servicios hospitalarios, es que la Secretaría de Salud diseñó un protocolo para salvar el mayor número de vidas posibles, sin discriminar ni afectar derechos. Aunque el lineamiento cuenta con criterios no discriminadores, pues el triage propuesto evita una selección basada en la edad, la condición social o étnica, y en ciertas enfermedades y precondiciones que, desde un punto de vista técnico, no son adecuadas para determinar la probabilidad de éxito del tratamiento del covid-19, va a ser muy difícil aplicarlo. Con la presión que se va a vivir, ¿dará tiempo de elaborar un diagnóstico, de contar leucocitos, linfocitos y creatinina? El contexto está muy complicado por la precariedad. Además, el dilema inexorable radica en que, en cuestiones de salud, cada caso tiene sus propias vulnerabilidades y, al mismo tiempo, una evolución diferente. No está nada fácil escoger. Por eso, como bien señaló Kraus, el azar puede ser la mejor manera de asignación de camas, ventiladores y personal capacitado. Lo aleatorio no discrimina, aunque tal vez tampoco maximice la probabilidad de vida del mayor número posible de personas. Este análisis se publicó en el número 2269 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 26 de abril de 2020

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INFORMAR EN TIEMPOS DE COVID-19 Luis Miguel Cano López

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a información es vital para combatir esta pandemia que ha cambiado al mundo en unos meses. En torno a ella se conjugan derechos y deberes que requieren ser bien delimitados. El gobierno tiene la obligación de difundir información fidedigna que llegue a todos los sectores de la población de manera oportuna, accesible, comprensible y con suficiencia. Sin esa información no se puede esperar que participemos como es necesario para protegernos en lo individual y en lo colectivo. Si la información que el gobierno transmite no es precisa, no es fiable, se pone en peligro a toda la sociedad. Cualquiera tiene el derecho de cuestionar la veracidad de esa información, de refutarla y de dar a conocer sus dudas puntuales. Pero ello no implica que se tenga el derecho a desinformar a las personas, solamente con el afán de menoscabar la autoridad del gobierno. Aquí los medios de comunicación deben ver enaltecidos tanto su rol como su responsabilidad, de por sí esenciales. Dos ejemplos: el gobierno tiene un deber reforzado de respaldar a los medios en situaciones como la que atravesamos, sobre todo a los medios locales sin los cuales una parte de la población no estaría enterada de nada. En igual proporción, los medios con cobertura nacional deben asumir mayores responsabilidades, dado el impacto de lo que transmiten. Y aunque los medios tienen el derecho a informar, mientras que el gobierno tiene la obligación de hacerlo, los primeros también tienen deberes respecto de las personas comunes que nos informarnos por su vía. En caso de abuso pueden sur-

gir responsabilidades ulteriores de los medios de comunicación que utilicen sus libertades para crear pánico deliberadamente, para engañar y manipular a sus audiencias, en detrimento de la salud de la población entera. No es lo mismo desmentir puntualmente una información oficial por no ser apegada a la realidad, o criticarla por ser debatible desde diversos enfoques, que llamar a desatender las acciones dictadas por las autoridades sanitarias del país. Coincido con quienes piensan que llevar las responsabilidades de un medio hasta el terreno de lo penal no es lo adecuado, siquiera por el efecto inhibidor que eso genera. Con todo, pudieran existir casos que lo ameriten, pero incluso en esos supuestos es importante distinguir si la responsabilidad es individual de quien transmite un mensaje que desinforma o llama a la desobediencia dolosamente, del equipo que en conjunto lleva el programa o del medio, por ejemplo, una televisora. La opinión de especialistas para el caso de Javier Alatorre sería muy interesante de conocerse, sobre todo cuando ya hay noticia de alguna denuncia por delitos que no parecen venir al caso, como el de terrorismo. ¿Se le puede acusar a él, al equipo del noticiero también, a TV Azteca inclusive? ¿Su mensaje para no hacerle caso a la autoridad sanitaria constituye un delito por sí o por lo que puede incitar entre el público que lo escuchó, o por ambos? Además de la salud, ¿hay otros bienes que merecen ser tutelados en caso de que su dicho tenga consecuencias económicas? ¿En qué grado o de qué modo es posible responsabilizar a Azteca? Una lectura veloz del Código Penal Federal me hizo pensar en

cinco alternativas, de las cuales no aconsejaría ninguna, mucho menos ahora que Alatorre se aclaró a sí mismo. Sabotaje por entorpecer un servicio público, pero solo si se acredita que el fin del mensaje fue trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa (frente a la pandemia). Incitar dolosamente a que otras personas cometan el delito de desobediencia o el delito de peligro de contagio, pero probar el dolo y el nexo entre mensaje y ambas acciones tendría su chiste. Oposición a la prestación de un servicio público, pero ello requiere la participación de varias personas de común acuerdo, es decir, el equipo que lleva el noticiero, y además el mensaje puntual de no hacerle caso a la autoridad debería apreciarse como una oposición material. Y en el único caso en que pudiera buscarse a la par la responsabilidad de la televisora, tendría que probarse la publicación de noticias falsas, exageradas o tendeciosas que provoquen trastornos en el mercado interior. Francamente, más allá de compartir cierta indignación, no encuentro sustento jurídico para penalizar a TV Azteca, al noticiero o al presentador en cuestión. Eso sí, tampoco me conformo con pensar que las personas estamos a merced de su proceder –que si no fue calculado, corrió con mucha suerte de su lado para no caer en supuestos que acarrean responsabilidades ulteriores–. Polemizar respecto de lo que hizo Gobernación no lo veo práctico o estratégico. Y si me apresuran tendría que admitir que con un apercibimiento público lograron la meta planteada. Entonces lo que me resta es orientar los reflectores hacia las vías que tenemos disponibles las

personas de a pie sin intervención de nadie más. Como audiencias tenemos derechos pero algo minimizados, si se me permite la opinión. Acaso sería interesante tratar de extender el derecho de réplica, que por regla general debe accionar la persona aludida, y volverlo en casos como el que nos ocupa un derecho colectivo que cualquiera que integre una audiencia pueda ejercer. Mayor interés me suscita plantear (una vez más) que en ciertas circunstancias el actuar de particulares puede ser considerado equivalente al de autoridad para el amparo. Con esa idea en mente vuelvo al inicio. Informar en tiempos de COVID-19 es una función primordial que le corresponde a las autoridades que nos gobiernan. Pero no solamente a ellas. Los medios de comunicación comparten esa responsabilidad y si la difusión de sus contenidos requiere de concesión, en mucho mayor medida que otras fuentes de información. Me parece que esta función compartida está prevista y regulada por normas generales o se puede determinar a partir de ellas. Lo cual me hace concluir que como en no pocas ocasiones, falta analizar el caso de Alatorre y TV Azteca con un enfoque de derechos humanos. Son particulares que han actuado en calidad de autoridades y el mensaje de no hacerle caso a la autoridad sanitaria del país en medio de la pandemia constituye una violación de derechos humanos, el de información y el de protección a la salud, cuando menos. Si alguien se anima, este caso podría ser considerado urgente para que se ordene suspender mensajes como el de aquel viernes 17, en lo que se determina el fondo.

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LOS OTROS EFECTOS DEL CORONAVIRUS QUE “ASFIXIAN” A LOS MÁS POBRES DE GUERRERO Marcela Turati

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n estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicado esta semana, avizora que la pandemia del covid-19 podría tener efectos perjudiciales en algunas de las regiones indígenas más pobres del país. Una de esas zonas de vulnerabilidad “muy alta” a “crítica” es la Montaña de Guerrero, donde empiezan a sentirse los otros estragos de la pandemia: la parálisis de las remesas (a causa de la muerte y el desempleo de los migrantes), que son el sostén de muchas familias; el disparo en el precio de alimentos básicos como el maíz; la obstrucción del transporte por el corte de caminos en las comunidades que decidieron protegerse del virus, como fuera; la carencia de agua potable en diversas comunidades, para lavarse las manos; la falta de fuentes de ingreso para que la gente pueda mantenerse en casa, y el pobre equipamiento de los hospitales y del personal sanitario. A decir de Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de esas características está compuesto “el coronavirus de la pobreza”, el virus que mata a las personas más pobres. “La gente está asfixiándose económicamente, ése es el coronavirus de la pobreza: la asfixia ante la falta de alimentos y ahorita no resulta suficiente el apoyo que les hayan dado (los programas federales) a los discapacitados o a los adultos mayores, porque eso no logra cubrir las necesidades de las familias pobres”, destaca en entrevista telefónica. El antropólogo, quien hace 25 años fundó ese centro que atiende a personas mestizas, nahuas, me’phaas y nu’savis de los 19 municipios que conforman la región de La Montaña, entre los que se encuentran algunos de los más pobres del país, expresa que las condiciones actuales permiten avizorar que el impacto será dramático y podría haber “una hambruna”. Desde Tlapa, explica que las vulnerabilidades de la región son la falta de remesas, programas de emergencia alimentaria, campañas de salud, equipamiento y capacitación hospitalaria, y fuentes de ingresos. “Existe un caos en términos de que hay ausencia de autoridad, de apoyos, aunque algunas personas se guardan en sus casas, pero en otros lugares que son centros comerciales populares, como en Tlapa, la gente ha tenido que salir a vender cosas para sostenerse y hay un desorden, no hay ningún control”, expresa. De los municipios del país catalogados por la UNAM como de grado crítico de vulnerabilidad, 7.5% tienen en común que son rurales, con

gar 250 pesos. Por lo menos debería de haber una campaña de dotación de agua a través de pipas en las colonias más alejadas, más desprotegidas. Pero de plano se han desentendido. ¿Cómo vas a pedirles que se laven las manos si no tienen agua? Los 250 pesos es una carga más a la economía que no tiene alimentos”, expresa. el porcentaje más alto de personas mayores de 60 años y una importante población indígena, escasos servicios de salud, tasas de marginación muy por arriba de la media nacional y, en algunos casos, alta posibilidad de recibir inmigrantes retornados. Todas estas características las comparte La Montaña. El “Índice de vulnerabilidad en México ante covid-19”, presentado el lunes, muestra con una combinación de color rojo las zonas críticamente vulnerables, y en marrón de vulnerabilidad muy alta, que es la región de La Montaña de Guerrero que colinda con Oaxaca y con una parte de Puebla. El coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, Samuel Ponce, explicó las conclusiones que arrojó el estudio: “Los municipios vulnerables van a ser la fase 3 tardía de esta epidemia en el país (…) tienen poca visibilidad, socialmente y económicamente son grupos pequeños, poco poblados, con poco movimiento, económicamente muy frágiles y las consecuencias (para ellos) pueden ser particularmente graves y difícilmente visibles. “La infección será seguramente menor en número de pacientes en sus características intrínsecas y de mortalidad, pero el impacto global para estos municipios va a ser enorme y, desde luego, proporcionalmente más grave para las grandes urbes y para quienes vivimos en las grandes ciudades”, alertó.

Pobres servicios médicos

En la entrevista sobre la situación que se vive en La Montaña, Barrera estima que los hospitales no están capacitados y preparados para recibir enfermos, el personal médico no tiene equipo especial “para subir y atender a pacientes con síntomas”, y ni siquiera --dice-- fueron surtidos con cubrebocas o gel antibacterial y tampoco existe coordinación entre autoridades de salud municipales. El defensor de derechos humanos afirma que en la región no se han realizado pruebas para detectar contagiados, y en el hospital de Tlapa, la cabecera de La Montaña, hay tres ventiladores, pero sólo uno funciona. “El hospital (de Tlapa) es de segundo nivel, es obsoleto, tiene más de 50 años construido, 32 camas ya destartaladas, no se han podido ins-

talar más camas porque no han terminado la ampliación. Así atiende a 19 municipios, con más de 400 mil habitantes. Está muy lejos la realidad de la atención a la salud que requiere la población indígena: hay déficit y gran desproporción de la infraestructura médica para atender lo básico. No estamos preparados para atender una emergencia sanitaria que está a la puerta”. En términos preventivos, el antropólogo considera que se ha hecho poco. Indica que el delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Salazar, no ha respondido a las peticiones de ayuda y tampoco la subsecretaria federal de Bienestar, Ariadna Montiel; en cambio, con el gobernador Héctor Astudillo han tenido dos videollamadas donde hablaron del apoyo a los migrantes fallecidos en Estados Unidos, y para ayuda alimentaria a la población jornalera migrante que, después de las pizcas en otros estados del país, está regresando a sus municipios de origen. El gobernador les informó que en Chilapa --población ubicada a casi tres horas de distancia de Tlapa, y a muchas más de los municipios serranos-- se habilita un hospital con 50 camas, operado por el Ejército (desconoce si ya llegaron respiradores porque no tenía). En los municipios de La Cañada y Tlapa, corredor colindante con Puebla, ya se han presentado unos 15 casos de contagio. En municipios como Tlapa –abunda-- no hay autoridad que informe sobre las medidas que deben tomarse y tampoco se ven brigadas de salud que promuevan la “sana distancia”. “Las comunidades (indígenas) tomaron medidas del peligro que vieron por la llegada de sus mismos paisanos o familiares, sobre todo de Estados Unidos, y decidieron encapsularse. Lo contrastante ha sido la indiferencia y la indolencia de las autoridades municipales que lo que hicieron fue desentenderse, lo interpretaron como tiempo de vacaciones”. Esta situación la agrava la falta de agua potable en las colonias alejadas del centro de la cabecera municipal, así como en varias comunidades. “En Tlapa muchas viviendas no tienen servicio de agua potable en su domicilio. Se surte el agua cada ocho días en las colonias y se tiene que pa-

Sin remesas y con encarcelamiento

Por la parálisis de la economía informal que se vive en Estados Unidos a causa de las medidas de encierro y aislamiento por la pandemia, desde fines de marzo se cortó la recepción de remesas en la zona. “Las casas de cambio están desoladas, no hay dinero que esté llegando. Más bien estamos viendo que algunas familias se están regresando (de Estados Unidos), o los que tienen ahorros están depositando dinero para ayudar a sus hijos en Nueva York para que puedan comprar comida y pagar renta”. La Montaña es una región mayoritariamente rural y campesina, donde hay poco trabajo formal y asalariado, y donde los precios de la canasta básica han comenzado a subir. “Las remesas son las que sostienen la economía de las familias indígenas y permiten comprar maíz, frijol, medicinas, ropa para los hijos o los gastos de la escuela. Se ha quebrado la fuente segura de apoyo al sostenimiento familiar. Estamos pensando que la situación de falta de alimentos básicos se tornará dramática”, apunta el antropólogo. Un ejemplo, el bulto de 50 kilos de maíz que costaba 200 pesos, en dos semanas subió a 400. El encarecimiento se nota en el arroz, el chile, los granos básicos. Nota que, con la falta de ingresos y la carestía, la gente en vez de encerrarse en casa comenzó a salir a vender a la calle. “El comercio informal se ha multiplicado: es la única forma tanto de comprar un poco más barato como de vender y tener ingresos. El sector informal se está convirtiendo en tablita de salvación de Tlapa y las comunidades, pero la contraparte es que no están tomando precauciones. No tienen cubrebocas, no usan gel antibacterial, no toman cuidados para el contacto, no hay práctica de lavarse las manos, la sana distancia no cuenta”. El drama aumenta porque, según dice, las autoridades municipales se volvieron invisibles: “se han reducido a enviar oficios a los comercios establecidos”, pero no han puesto orden al comercio informal o creado programas emergentes de dotación de despensas o granos básicos para animar a la gente a quedarse en casa. “Hay un caos, no hay ningún control”.

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fin de evitar que sigan apareciendo cada día un mayor número de casos de #COVID19 en Chiapas, es necesario mantener la disciplina y permanecer en casa -para reducir la cadena de contagio. En tanto, las brigadas de apoyo están llevando despensas a las familias más necesitadas para reducir el número de personas en la calle. El gobierno de Chiapas ha tratado de reducir la cadena de contagio invitando a la gente a que permanezca en sus casas. Eso evita que se puedan infectar, además de permitir que las instalaciones hospitalarias- destinadas para atender a las personas con ese padecimiento- tengan espacio suficiente. Si cada uno de los chiapanecos permanece en casa y sólo uno de los miembros de la familia sale por los alimentos y las medicinas, el contagio se puede reducir drásticamente, sin dejar una secuela de muerte y dolor. Por otra parte, los chiapanecos tienen que evitar caer en el enga-

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EL DIVAN Sergio Stahl

* Ante el #COVID19, mantener la disciplina y quedarse en casa *

ño y no adquirir medicamentos milagrosos. No existen, no hay.

El único medicamento que se tiene -por el momento -contra el #COVID19 es el aislamiento físi-

co, permanecer en casa y tomar las medidas de higiene que recomiendan los expertos en salud pública y los epidemiólogos. Si se hace caso a las autoridades sanitarias no habrá mayores problemas en el recuento de los hechos; en caso contrario, habrá una serie de sucesos lamentables. Las autoridades han hecho lo que tenían que hacer. En este reto, todos cuentan y ningún esfuerzo está de más. En fin. BALCÓN. Si las encerronas para darle gusto al gusto con el copete” ya no le funcionan a Carlos Morales Vázquez para relajarse y desfogar su frustración política; si las benzodiacepinas no le gustan porque dejan mucha somnolencia, entonces el atrabilario alcalde tuxtleco debería pensar seriamente en retomar su antiguo hábito de fumar un cigarro de “ motita” por las noches, como lo hacía a mediados de los 90, cuando era diputado local ( por el PRI) y era conocido en la prensa como el #DiputadoHippie. Total, hoy día ya se acepta el uso medicinal de la maléfica yerba...Eso es todo.

EN PELIGRO UN CUARTO DE SIGLO DE AVANCES Lucía Lagunes Huerta

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l COVID-19 ha encendido los focos rojos en el mundo ante los posibles retrocesos respecto a los Derechos Humanos de las mujeres y por lo tanto a los avances de la humanidad. Los estudios recientes de Naciones Unidas señalan que podría perderse un cuarto de siglo de avances. Ya se veía venir que tras la pandemia de COVID-19 este retroceso podría ser uno de los estragos que dejaría la pandemia. Lo alertaron feministas y empezamos a tener los datos que lo confirman. Y no es que no se pueda evitar el retroceso. No, la pérdida de derechos será resultado de la falta de compromiso de los gobiernos con las mujeres y las niñas, al no priorizar en sus acciones frente al COVID, políticas para aminorar los impactos en las condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres en todo el mundo. Ya lo decía el informe de la ONU en enero pasado, si la desigualdad ha crecido es porque las políticas de gobierno las han profundizado. Y aquí nuevamente tenemos la prueba. De no atenderse en esta emergencia sanitaria y económica se corre el peligro de retroceder 25 años en los Derechos Humanos de las mujeres ganados hasta el día de hoy, revela el Fondo de Población de las Naciones Unidas tras

un estudio realizado en conjunto con la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) y la Universidad de Victoria (Australia). La alerta roja llama a los gobiernos a que se actúen ya. Tres son los indicadores que coloca el estudio acerca de estos riesgos: erradicar la demanda insatisfecha de anticonceptivos, lo cual se ve en peligro hoy porque las prioridades sanitarias están enfocadas a la pandemia, sobre unos sistemas de salud debilitados, especialmente en países de bajos ingresos. El sobre esfuerzo que deben hacer los sistemas de salud ante la emergencia desplaza garantizar el

acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos modernos, el estudio estima que en 3 meses de confinamiento, con alteraciones moderadas del sistema de salud, 23 millones de mujeres se verán imposibilitadas de usar anticonceptivos cuya consecuencia serían 600 mil embarazos NO deseados, con todas las consecuencias que ello implica. El otro indicador de estos posibles retrocesos está enfocado a la violencia de género, en 3 meses de confinamiento se estima que en el mundo habrá 15 millones de casos de maltratos contra mujeres y niñas. Todas las violencias contra las mujeres generan medidas extraor-

dinarias, incluidas las financieras, de los gobiernos, a mayor violencia más recursos para atender las consecuencias de ésta. Por ejemplo, en México, si se toma el Producto Interno Bruto (PIB) de 2015, sólo la violencia que ocurre dentro de las casas costó 1.4 por ciento del PIB, es decir 1.8 billones de pesos, el costo de no hacer nada o casi nada para frenar esta violencia en medio de la pandemia de COVID será mayor frente a la crisis económica que se desencadenó. El otro gran rubro en el que se pueden dar graves retrocesos, es en la eliminación del matrimonio infantil, el cual se prevé aumente. Debido a estos factores, en conjunto pueden, de no tomarse las medidas, dar pie a un total de 13 millones de matrimonios infantiles adicionales entre 2020 y 2030. Como se ha advertido la grave recesión económica mundial que se avecina, la pobreza que crecerá, tendrá un impacto para incrementar los matrimonios infantiles más frecuentes en los países de bajos ingresos. Lo que tenemos enfrente es el crecimiento de la desigualdad de las mujeres y con ello el retroceso de todos los avances que como humanidad habríamos logrado. Más vale que se tomen ya las medidas necesarias si se quiere detener los estragos post COVID.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

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l gobernador Rutilio Escandón Cadenas mandó el aviso a los hombres de su gabinete que como servidores deben resistir la “tentación de caer en complicidades”. “En este gobierno nos empeñamos en acabar con la corrupción y los chantajes”, reiteró, sin embargo algunos de los funcionarios o no entendieron el mensaje o se lo pasaron por el arco del triunfo, lo cual es muy común en políticos que solo llegan a los cargos a servirse de los recursos públicos. Son insaciables, no tienen llenadera, son altamente corruptos, escandalosamente ricos, de negros antecedentes y que no se tientan el corazón para robarle al pueblo; si tomando en cuenta que lo que roban son recursos públicos y por ende del pueblo. Retomo las palabras del gobernador Escandón que señala que como servidores se deben resistir a la tentación de caer en complicidades. Y en efecto como en las grandes mafias para robar debe de haber cómplices; hasta “Chucho el roto” –el amigo del pueblo-, tenía cómplices. También es muy cierto que hay funcionarios que se saben servirse con la cuchara grande, pues son de esa camada que aspira ser millonario de la noche a la mañana, y si ya lo es, bueno que más da, seguir engordando al “cochinito”. También es muy ciertos que hay servidores desleales, deshonestos que en su primera oportunidad, traicionan la confianza de su jefe; recuerden el dicho que “gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”. Entrando en materia, diré que el Auditor Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez está fraguando un gran negocio con lo que espera llevarse a su haber una buena cantidad millonaria de dinero, será el sereno pero dinero mal habido, dinero sucio que necesariamente tendrá que ser “lavado”. Quienes serán sus cómplices o a quienes someterá el Auditor de la ASE para seguir enriqueciéndose de manera ilícita, pues nada menos y nada más que los 124 presidentes municipales con los que cuenta el Estado de Chiapas. Cuánto dinero se echará a la bolsa José Uriel Estrada Martínez, no lo sabemos, pero del tamaño del “sapo será la pedrada”; y si no lo paran, pues fácilmente doblará su fortuna. Para la ASE es fácil detectar los malos manejos de los alcaldes, desviación de recursos, obras no realizadas, falta de comprobación de recursos, facturas falsas, ingobernabilidad, abuso de confianza, acoso sexual, entre otras. Pero es en la tramitología de la transparencia y rendición de cuentas es donde la puerca tuerce el rabo, pues los alcaldes a la hora de revisar y fiscalizar sus cuentas sufren la gota gorda para la transparencia y rendición de cuentas que deben hacerlo ante el Congreso del Estado. El plan con maña de Uriel Estrada es que los presidentes municipales

Viernes 1 de Mayo de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• Por la cuenta pública, alcaldes verán su suerte con Uriel Estrada • Podrá acabar López con la democracia • El neoliberalismo materia para los niños pasen su aduana; lo que difícilmente lo harán, orillando a los ediles a negociar que sus papeles queden totalmente en orden y de esta forma evitar penalidades mayores. Lo curioso del caso es que el pasado lunes 27 la ASE impartió un curso digital intensivo a los alcaldes para que estos en cuestión de horas aprendieran la lección para en un plazo de tres días los presidentes municipales entreguen la documentación de su cuenta pública, que a través de la vía digital al 30 de abril, la papelería obligatoriamente ya debe estar en el ASE. Lo que es sumamente imposible que los municipios entreguen la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2019. Pero la pregunta es porque la ASE obliga a los alcaldes a entregar la cuenta pública, porque es ilegal. La responsabilidad es del Congreso del Estado, con lo que Uriel Estrada se está tomando atribuciones que no le corresponden. Decía que la ASE es la aduana para los alcaldes, aquí tendrán una serie trabas para no cumplir con la entrega y muchos de ellos saben que sus papeles no están en orden, lo que necesariamente obliga a la mayoría a “mocharse” para que salgan limpios. Además también tiene la presión del Congreso del Estado, quien de antemano le dejó a Uriel Estrada el camino libre para extorsionar a los alcaldes. Pero decía que José Uriel Estrada Martínez no es de fiar por su negro pasado, por su encarcelamiento en el 2006 por los delitos de tortura y homicidio del dirigente Reyes Penagos Martínez. Lo que si es cierto es que Uriel Estrada no debe ocupar el cargo, pues no es persona honesta, no tiene buena reputación y tiene antecedentes penales, entre otros, lo que su presencia es la ASE, representa un serio riesgo de estabilidad para el estado, pues este por su ambición puede poner a los presidentes municipales en contra del gobernador Rutilio Escandón. Sabiendo que es toda una fichita Uriel Estrada, el gobernador debe tener una razón para sostenerlo en el cargo pero tiene más razones para ponerlo desde este momento de “patitas en la calle”.

Un traicionero podrá ser la diferencia hoy viernes

Las dirigencias nacionales del PRI, PAN, PRD y MC respaldaron a sus legisladores en la Comisión Perma-

nente en la decisión de no apoyar un período extraordinario para modificar la Ley Federal de Presupuesto, pues atenta el equilibrio de poderes y busca un manejo discrecional de los recursos públicos. No obstante no es confiable, no faltará algún ambiciosos legislador que traicione a sus compañeros, y lo más probable es que sea un priistas, pero lo mejor es no adelantar vísperas y que de una vez por todas entiendan que no estar para servir al presidente, sino al pueblo, quien les otorgó su voto para que cobren sin trabajar. Y es que en el gobierno de López no sólo somos testigos de la denigración total de los legisladores, particularmente los de Morena–, pero en si han sido todos los que se llaman representantes populares que se venden solo por una cuantas monedas de oro, como Judas. Son unos sinvergüenzas los diputados y senadores de Morena, -salvo honrosas excepciones, pero la mayoría se han dejado seducir por el poder, pero más que el poder, el dinero que les regalan para apoyar cualquier ocurrencia de su jefe. Han caído muy bajo, pues se saber que éstos sátrapas se venden de ahí su sometimiento y ciega obediencia que, como viles serviles que traicionan al pueblo al que deben su cargo que si cumplieran al pie de la letra su papel serían dignos guardianes populares de la Constitución y de sus leyes. Como afirmada que los diputados de Morena –la mayoría salvo excepciones como la de Porfirio Muñoz Ledo–, el resto le tienen una fe ciega y a la orden presidencial, quien les truena los dedos para violar la Carta Magna, en materia presupuestal, rompiendo ambos con el principio constitucional de División de Poderes. Por ello, la pregunta es si será Muñoz Ledo el único que entiende que el barco de la cuatrote llevará a todos al naufragio del descrédito y la traición a la Patria, o será que Porfirio por su experiencia en el terreno político es el único que entiende que el valor supre-

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mo de la política no está en el fulgor de los cargos, sino en la trascendencia y el paso a la historia con dignidad, verdad y congruencia. Muñoz Ledo aseguró ayer que hay consenso para que no se cometa ninguna falta constitucional. Mañana debiera ser aprobado por unanimidad en la Comisión de Presupuesto. Y ojala, no sea el fin de la democracia y del Poder Legislativo.

Lavado de cerebro a los niños, la SEP los adoctrina

La Secretaría de Educación Pública publico el mes pasado un decreto por el cual suspendía oficialmente las clases como medida preventiva para disminuir el número de contagios de Covid-19 entre los niños. Anunció además una serie de medidas –según- para el rescate del ciclo, entre ellos el programa “Aprende en Casa”, clases en línea o en espacios televisivos para alumnos de kínder, primaria y secundaria. Pero en redes sociales surgieron denuncias de que se trata de materias que buscan adoctrinar a los niños mexicanos. El objetivo de las clases es para que los estudiantes reflexionen sobre las causas de los problemas económicos en México y la relación con el modelo económico neoliberal. Como pueden darse cuenta, la nueva materia no es una cosa de lavado de cerebro a los niños, es decir la cuatrote busca los medios y formas para convertir en ignorantes – igual que el presidente-, y a todos los mexicanos, con tal que el tabasqueño pueda contar con más seguidores y lo sigan apoyando para perpetuarse en el poder.

Del Montón

Es pura “lambisconería” todo aquello que dicen si a todo al tabasqueño López, consideró el senador de Morena, Germán Martínez. Todo indica que las cosas no están bien dentro de ese partido, pues sus propios miembros empiezan a lanzar críticas contra el gobierno como de los propios legisladores de esa bancada. “No será mi voto un cheque en blanco en contra de la división de poderes. La división de poderes es el anhelo de Morelos, de la primera transformación. Es la base de la República de Benito Juárez, de la segunda transformación, y es el sueño de Madero, del voto libre, de la tercera transformación”, indicó Germán Martínez. * * * El cantautor mexicano Óscar Chávez se convirtió en parte de las estadísticas que todas las tardes da a conocer la Secretaría de Salud con respecto al avance del Covid-19, luego de fallecer, en el Hospital 20 de Noviembre, tras haber sido internado el miércoles por el contagio. Lo que quiere decir que no hay control, ni como dijo López, el mal no está domado, sino desatado, es decir, nos siguen engañando. La Secretaría de Salud reportó este 30 de abril que se han registrado 1,859 fallecimientos provocados por Covid-19 en México, tras sumarse 127 decesos en las últimas 24 horas. * * * Eso es todo por hoy, hasta el lunes próximo primero Dios con más de lo mismo.

CMAN

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 1 de Mayo de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1882

INFORME

CONFERENCIA

Reportan 127 decesos y mil 425 nuevos contagios en 24 horas en México

Por posible contagio, ponen en cuarentena a 7 miembros del equipo médico de la Cruz Roja en Tuxtla

PAG. 8

COMUNICADO

PAN, PRI, MC y PRD adelantan su rechazo al periodo extraordinario PAG. 3

MANDATO

INE ordena al IMSS no repartir cartas firmadas por AMLO PAG. 9

REPORTE

Pemex perdió en un trimestre más que todo su presupuesto de 2020

PAG. 8

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al IMSS detener la entrega de cartas a los beneficiarios de los créditos que otorga el gobierno federal, para enfrentar la pandemia del coronavirus, porque llevan impreso el nombre y firma del presidente Andrés Manuel López Obrador.

PAG. 9

PAG. 6

En Oaxaca, las niñas comienzan a ser víctimas de violencia desde antes del año de edad