CMAN
DOXA
EDITORIAL
Juicio político al presidente municipal de Tapachula
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Los sucesos de violencia policíaca del 27 de enero en Tapachula representa un caso abierto de una violación de derechos humanos a un grupo de campesinos pertenecientes al Ejido Pavencul y a un grupo de periodistas que cubrían la movilización campesina
Las violaciones a derechos humanos son un asunto grave en Chiapas. Esto se acentúa con el desprecio del gobierno a los derechos humanos. Aquí se incumple la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos. Lo grave es que hay autoridades que ignoran que son obligaciones constitucionales.
DIARIO
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EN CHIAPAS
Jueves 6 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1824
REPRESIÓN
Policías de Tapachula golpean con garrote a indígenas que exigen obras
“El de negro, el de negro”, le dice otro elemento, que al parecer se había resistido más a la captura. Y le da la misma persona con el garrote un golpe en la espalda al campesino de playera negra igual tirado en el piso junto a otros de sus compañeros
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Funcionario agrede a reporteros de Chiapas
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ACUSACIÓN
“Pulpos” del transporte coleto recibirán más concesiones PAG. 3
Se advierte otra masacre contra líderes sociales en Chiapas, advierte la CNPA MN
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HOY ESCRIBEN ÍNDICE...
ACUSACIÓN
Denuncian nueva escalada de violencia en Amatan
DENUNCIA
Ruperto Portela Alvarado
FELLINI 100
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Fabrizio Mejía Madrid PAG. 14
MYANMAR: UNA NOBEL DE LA PAZ CONTRA LA JUSTICIA INTERNACIONAL Lucía Luna
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UN MODELO VIABLE DE JUSTICIA TRANSICIONAL Ernesto Villanueva PAG. 4
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Jueves 6 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER EN CHIAPAS
EDITORIAL Juicio político al presidente municipal de Tapachula
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os sucesos de violencia policíaca del 27 de enero en Tapachula representa un caso abierto de una violación de derechos humanos a un grupo de campesinos pertenecientes al Ejido Pavencul y a un grupo de periodistas que cubrían la movilización campesina, en donde Cinthya Alvarado, colaboradora de este periódico, fue arbitrariamente detenida y mantenida en los sótanos del palacio municipal, en el que la policía torturó a un grupo de pobladores de Pavencul que fueron detenidos. El clima de desinformación promovido desde la presidencia municipal de Tapachula, en el que se buscó fabricar pruebas para inculpar a Cinthya Alvarado de incitación a la violencia, en el que esta periodista fue linchada en la redes sociales, queda desvirtuado con el video que empezó a circular, en donde se muestra la violencia policíaca que se ejerció sobre los detenidos. Ante esta prueba incontrovertible, la presidencia municipal de Tapachula inició una campaña de disculpa y luego de promesas de investigación y sanción a todos los policías que participaron en ese acto aberrante de tortura. Pero nada dice de la campaña de linchamiento en contra de la colaboradora de este medio, en el que se circularon videos editados con el
fin de demostrar que ella fue una de las personas que incitaron a la violencia, cuando en realidad lo que hizo fue cubrir el suceso bajo una actitud de indignación y de rechazo al despliegue policíaco que prevaleció en esa movilización de protesta campesina. Lo paradójico de esta situación, es que el presidente municipal de Tapachula, Dr. Oscar Gurría Penagos, ahora busca sancionar a los policías que participaron en la violencia a los detenidos, cuando los policías recibieron órdenes de un mando policial y este mando, forzosamente recibió una instrucción de una autoridad municipal de intervenir con el uso la fuerza en contra de los manifestantes. ¿Qué autoridad fue la que dio la instrucción al mando policial de emplear el uso de la fuerza? Eso es lo que se tiene que esclarecer en la investigación. Pero finalmente el presidente municipal es la autoridad responsable de los actos que realicen sus subordinados. Aquí lo que se pretende es eximir de su responsabilidad al presidente municipal, publicitando que éste no se encontraba en Tapachula, como si su ausencia no se pudiera remediar a través de los medios de comunicación que prevalecen hoy día. Con esta excusa infantil, lo único que provoca es que se piense que Gurría Penagos carece de autoridad sobre sus subordinados, y
que cualquiera de ellos puede tomar una decisión de esta magnitud sin consultar siquiera al presidente. Los delitos en derechos humanos se pueden clasificar en delitos por acción, por omisión y por aquiescencia. La presunta ausencia del presidente municipal el día de los sucesos lo exime de los delitos por acción pero no por omisión ni por aquiescencia, sobre todo, porque él debió de estar enterado de lo que había sucedido segundos después y debió de haber instruido de inmediato la sanción correspondiente a los responsables. Del 27 de enero al 4 de febrero, la presidencia guardó silencio y con ello se presume un encubrimiento a los responsables directos. Ayer 5 de febrero el presidente Gurría tomó decisiones cuando la situación era irremediable, empezó a circular un video que evidenciaba la actuación del cuerpo policíaco fuera de los protocolos del uso de la fuerza. Ayer, en la sesión del período extraordinario del Congreso Local, diputadas se pronunciaron en contra de la violencia policíaca en Tapachula y se mencionó el juicio político al presidente municipal, algo que resulta inevitable y que debe impulsarse para que nunca más en Chiapas, ningún periodista sufra una agresión por los cuerpos policiales.
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Policías de Tapachula golpean con garrote a indígenas que exigen obras Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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n video de 30 segundos en el que policías municipales de Tapachula, Chiapas golpean con un garrote a un grupo de indígenas detenidos el pasado 27 de enero tras una protesta fue filtrado. “Puta madre”, dice la voz que graba el video, al parecer un uniformado también frente a un grupo de campesinos tirados en el suelo. De pronto aparece otro elemento quien con un garrote golpea en la espalda a un campesino tirado en el suelo con una playera verde. “El de negro, el de negro”, le dice otro elemento, que al parecer se había resistido más a la captura. Y le da la misma persona con el garrote un golpe en la espalda al campesino de playera negra igual tirado en el piso junto a otros de sus compañeros. En el video se escuchan gritos de los campesinos, quienes son de la etnia mam de la Sierra Madre de Chiapas, de la zona alta de Tapachula. Unos dos mil indígenas de la etnia mam, de las comunidades de Pavencul y Toquian, protestaron el pasado 27 de enero en Tapachula para exigir obras para su comunidad. La protesta se registró frente la presidencia municipal, hasta donde llegaron policías municipales para
Yolanda Rodríguez San Cristóbal de Las Casas.
Presos políticos recluidos en los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados 5 y 10 en esta ciudad y Comitán de Domínguez, respectivamente, iniciaron este 5 de febrero una nueva huelga de hambre, que concluirá el próximo día 7 a las 18 horas, anunciaron familiares y compañeros de lucha en conferencia de prensa desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Ante medios de comunicación, señalaron que Adrián Gómez Jiménez integrante de la Organización La Voz Indígena en Resistencia, Abraham y Germán López Montejo de la Organización la Voz Verdadera del Amate, recluidos en el Cerss 5 y Marcelino Ruiz Gómez de la Organización Viniketik, que se encuentra en el Cerss 10, se encuentran exigiendo desde el 15 de marzo del año pasado, la revisión de sus expedientes para mostrar las irregularidades en sus procesos y así obtengan la libertad. En una declaración vía telefónica, a través de Juan Pablo Nava del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, dijo que a casi un año del inicio de su lucha
“El de negro, el de negro”, le dice otro elemento, que al parecer se había resistido más a la captura. Y le da la misma persona con el garrote un golpe en la espalda al campesino de playera negra igual tirado en el piso junto a otros de sus compañeros
desalojar a los indígenas de forma violenta; muchos de ellos fueron detenidos. Tras filtrarse el video, grabado por los propios policías municipales, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tapachula, Pedro Enock García Palazuelos, dijo que por instrucciones del alcalde Oscar Gurría, la comisión de honor y justicia del ayuntamiento inició de oficio los procedimientos de separa-
ción de sus cargos a fin de deslindar responsabilidades administrativas, laborales y penal “a los elementos policíacos que hicieron uso excesivo de la fuerza y se apartaron del protocolo de actuación, durante los hechos del pasado 27 de enero”. Asimismo, señaló que “dichas investigaciones muestran un importante avance, mismos que serán dados a conocer a la brevedad”. Agregó que el gobierno municipal
tapachulteco “no tolerará actos de discriminación, odio o conducta que se aparte de los protocolos de actuación”, de los uniformados. En esa ocasión, junto a los campesinos, fue detenido de forma violenta, golpeada, esposada y recluida por 24 horas, la activista Cinthya Alvarado Enríquez, quien ha cuestionado el quehacer del gobierno del alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos.
Se declaran en huelga de hambre por 3 días presos en Chiapas las autoridades no han revisado sus expedientes, por lo que han determinado volver a una huelga de hambre de tres días con la finalidad de exigir su libertad, ya que causa es honesta. “Le exigimos al gobernador Rutilio Escandón Cadenas la revisión de nuestros expedientes a través de la Mesa de Conciliación, ya que hubieron irregularidades en el proceso, ese es el primer punto de nuestras demandas; el segundo es que cese la amenaza y el hostigamiento en el área donde llevamos a cabo nuestro plantón dentro del Cerss 5, donde han recibido amenazas del director Javier Sánchez Ríos”. Asimismo, señalan a la jueza Guadalupe Flores Rocha y al Defensor Público del Juzgado de Ejecución de Sentencias, Luis Carlos Gordillo Argüello, de ser los responsables de enviar a revisar sus cosas y ordenar cambiar la corriente eléctrica, lo cual provocó un corto circuito y se quemó una de sus colchonetas, justo donde
mantienen su campamento. “Se nos amenaza con movernos del lugar, lo cual está en contra de nuestra voluntad,recibimos amenazas, y no nos dan la libertad de manifestación pacífica, solo queremos que revisen nuestros expedientes con irregularidades”. Adrián Gómez dijo que el tercer punto de sus demandas es proporcionar de medicamentos, ya que en el sistema penitenciario también tie-
nen derecho a la salud y los penales deben estar bien equipados, además de recibir educación y deporte. “No hay medicamentos para los internos, exigimos al director y a los directivos del penal se interesen por la salud, exigimos medicamento también para la odontóloga que no tiene equipo; estas son nuestras exigencias, estaremos en huelga de hambre y culminaremos el 7 de febrero a las 18 horas”, concluyó.
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Denuncian nueva escalada de violencia en Amatan Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
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escasos días de que se cumpla el primer aniversario de gobierno del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatan, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA Movimiento Nacional), denunció una serie de agresiones en contra integrantes de dicho movimiento lo cual podría ser el reinicio de hostilidades para generar tensión y temor en la zona rumbo a las elecciones del 2021. Apenas el diecisiete de enero se cumplió el primer aniversario del asesinato de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez, cuando un grupo de seguidores de la familia Carpio Mayorga tomó por la fuerza el inmueble de la presidencia municipal que se encontraba tomado por integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatan, dando muerte a dichos dirigentes, en la cabecera municipal como recuerdo visible a esa agresividad permanecen hasta la fecha los restos de dos unidades móviles que fueron incendiadas por los seguidores de los Carpio Mayorga. Al denunciar una nueva escala de violencia en este municipio, los quejosos dijeron: “En semanas pasadas y días recientes hemos denunciado hostigamiento, seguimiento, vigilancia y amenazas de muerte hacia integrantes de MOCRI - CNPA MN y del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, Chiapas (MPJBCA), entre ellos, al c. Adán López Calvo y su familia, hostigamiento y vigilancia en su casa y la de familiares cercanos, así como de la c. María del Carmen Gómez Trujillo, ambos, beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHyP). De lo anterior se ha estado informando constantemente al MPPDDHyP a través del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban y nuestros abogados del despacho de Rivero y Asociados de Defensa Estratégica en Derechos Humanos para generen medidas adicionales de protección para las compañeras y compañeros, lamentablemente eso no ha ocurrido”. Y explican que pese a que se han solicitado medidas adicionales de protección las cuales no se han dado porque el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación está molesto por el plantón que se hizo en el mes de diciembre durante la gira del presidente de la República a Amatan.
A la Secretaría de Gobernación se le ha solicitado la implementación de medidas adicionales para garantizar la vida y la seguridad de algunos ciudadanos beneficiados con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero ello no ha sido posible por la molestia del Subsecretario de Gobernación; Alejandro Encinas, pues en los primeros días de diciembre se hizo un plantón en las afueras del Hospital Básico Comunitario Dr. Manuel Velasco Suárez durante la gira del Presidente de la República;Andres Manuel López Obrador, hechos que tienen muy molesto al funcionario gubernamental denuncian
“El día veintinueve de enero del presente, hubo intento de asesinato en contra del compañero Adán López Calvo cuando fue interceptada una camioneta por un grupo de entre tres y cuatro personas que iban a bordo de una camioneta, pero nuestro compañero afortunadamente no iba en el vehículo interceptado. El día dos de febrero del presente año alrededor de las veintiún horas, un grupo de aproximadamente 15 jóvenes agredieron a policías municipales en instalaciones del ayuntamiento, dañaron patrullas y posteriormente, se fueron a tomar haciendo alarde de su agresión símbolo de impunidad. Según testigos, refieren que algunos de ellos fueron vistos en reunidos y platicar con el c. Juan José Juárez Gallegos, extesorero municipal, el delegado de gobierno en Pichucalco, el operador de Jorge Cruz Pineda, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Chiapas, quien durante los hechos del diecisiete de enero de dos mil diecinueve fue cómplice pues cuando llegó con un operativo policiaco se coordinó con el grupo paramilitar. Es inobjetable que el Estado mexicano a través de estos funcionarios está haciendo uso de grupos de choque para generar conflictividad social, pretender echarle la culpa a nuestra organización y con ello generar condiciones de represión hacia dirigentes del movimiento. La misma noche del día dos de fe-
brero, cuando la C. María del Carmen Gómez Trujillo junto con su esposo Arley Villegas Gómez se dirigían, a bordo de motocicletas alrededor de las veintidós horas de la cabecera municipal de Amatán a su domicilio ubicado en la localidad El Naranjo, observaron un automóvil Tsuru azul oscuro que estaba estacionado a la altura del sitio conocido como La Loma, cuando pasaban frente a dicho vehículo lo atravesaron para interceptarla, pero lograron esquivarlos. Dicho vehículo se fue velozmente hacia la cabecera municipal y se vio uno con características similares aproximadamente a las veintitrés horas estacionado frente al domicilio de la C. Elena Chávez Gómez, familiar del C. Isidro Chávez Gómez, quien se encuentra señalado por haber participado en el ataque policial-paramilitar que ocasiono la ejecución extrajudicial del defensor de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez, el diecisiete de enero del dos mil diecinueve en Amatán, Chiapas” La CNPA-MN indicó que lo aquí expuesto no son ni hechos circunstanciales ni aislados y que todas en conjunto forman parte de una operación de agresión contra militantes y dirigentes del MPJBCA y de MOCRI – CNPA MN por parte de grupos de choque aliados a la delincuencia organizada y con lazos con instituciones de seguridad del Estado. “La falta de aplicación de la justicia por la desaparición, tortura y
asesinato de nuestros compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez dan un marco de clara impunidad para los agresores y los conmina a seguir actuando; la omisión del gobierno estatal y federal por no generar garantías para nuestras compañeras y compañeros, los pone en condiciones de vulnerabilidad. Queremos advertir a las autoridades y dar a conocer a la opinión pública que en Amatán se está generando una situación similar a la que prevaleció antes del ataque armado del diecisiete de enero de dos mil diecinueve por lo cual, desde este momento, hacemos responsables a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado de Chiapas de cualquier agresión que pueda perpetrarse en contra de los miembros de militantes y dirigentes del MPJBCA y de MOCRI – CNPA MN. Por los hechos anteriormente descritos, a los tres niveles de Gobierno, EXIGIMOS: Garantizar la vida e integridad física de la C. María del Carmen Gómez Trujillo y Adán López Calvo, así como de sus familiares y de las personas defensoras de derechos humanos integradas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Amatan, Chiapas. La implementación inmediata de medidas de seguridad complementarias, colectivas e individuales, hacia nuestras compañeras y compañeros del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Amatán, Chiapas que permitan reducir al máximo el riesgo que corren. Desarticulación del grupo paramilitar y de choque al servicio de los Carpio Mayorga y sus padrinos políticos Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar. Establecer un proceso de diálogo de alto nivel para atender y resolver nuestras demandas políticas y sociales. Atracción por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de las investigaciones por la desaparición, tortura y asesinato de nuestros compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez”, finalizan.
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“Pulpos” del transporte coleto recibirán más concesiones Oscar Sántiz San Cristóbal de Las Casas.
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ransportistas que prefirieron el anonimato por temor a represalias, dieron a conocer que los “pulpos” del transporte coleto, Andrés Gómez López, Armín Rosales Acuña, Manuel Collazo Gómez, Julio César Estrada García, Maximiliano Aguilar García, Javier Collazo, entre otros líderes, recibirán 5 concesiones más cada uno, como parte de un turbio acuerdo con el secretario del Transporte, Aquiles Espinosa García. En total, la Secretaría de Transporte estaría otorgando un total de 310 concesiones en todo el estado y entre los beneficiados, estarían representantes de 62 organizaciones que el pasado 4 de febrero hicieron una conferencia de prensa para agradecer al gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, por atender sus demandas. Los transportistas que temen ser agredidos por los grupos de choque que manejan los líderes transportistas, dicen que la medida tomada por Aquiles Espinosa García no es justa, ya que muchos trabajadores del volante honrados y honestos, han esperado una concesión para dar certeza económica a sus familias. “El argumento que manejan los pulpos del transporte en San Cristóbal de Las Casas es que los asala-
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
Diputados del Congreso del Estado de Chiapas condenaron las agresiones que sufrieron varios periodistas del fronterizo municipio de Tapachula Chiapas por parte de la Policía municipal cuando cubrían la represión en contra de los indígenas MAN de la localidad de Pavencul de aquel municipio que protestaban por la falta de atención por parte del alcalde morenista, Oscar Gurría Penagos Propuesto por la diputada perredista Olga luz Morales Espinoza, la legislatura actual condenó dicho acto represivo y exhortó a las autoridades de Procuración de Justicia, investigar para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y castigar a los responsables de tal acto Hay que recordar que el pasado 27 de enero en la ciudad de Tapachula Chiapas se encontraban en una mesa de negociación habitantes de la localidad de la etnia MAM de pavencul de ese municipio quienes inconformes se encontraban protestando en la presidencia municipal del lugar,
En total, la Secretaría de Transporte estaría otorgando un total de 310 concesiones en todo el estado y entre los beneficiados, estarían representantes de 62 organizaciones que el pasado 4 de febrero hicieron una conferencia de prensa para agradecer al gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, por atender sus demandas
riados serán los dueños, pero todos sabemos que ellos han controlado toda la vida las concesiones, esa es la verdadera situación y por eso han salido a agradecer al gobernador del estado”. Los informantes aseguraron que serán beneficiados líderes también de la Central Independiente de
Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), que a pesar de mantener un número importante de unidades irregulares, podrían incluir más en distintas rutas. Cabe señalar que los llamados pulpos del transporte se han visto involucrados en distintos escándalos como Armín Rosales Acuña, que
es hermano del ex candidato a la presidencia de San Cristóbal por el PRI y que previo a las elecciones fue detenido acusado de “pirataje” o los hermanos Collazo Gómez que en distintas ocasiones han sido señalados por manejar “grupos de choque” al servicio de distintas administraciones municipales.
Condena Congreso del Estado de Chiapas agresión a periodistas sin embargo pese de estar en diálogo con las autoridades, fueron atacados por la Policía municipal con garrote y gases lacrimógenos Fue entonces que los periodistas Julio Navarro Cárdenas, Damián Sánchez, Alejandro Gómez y Sergio Liévano; y Cinthia Alvarado Enríquez cubrían dicha información concerniente a la represión cuando fueron agredidos brutalmente por los elementos policíacos y detenida Alvarado Enríquez a quien mantuvieron esposada por más de 24 horas en el estacionamiento subterráneo de la presidencia municipal tapachulteca En la represión ordenada por el propio alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, fueron también detenidos al menos 42 indígenas MAM, llevados y golpeados salvajemente en el estacionamiento subterráneo de la presidencia municipal,
en donde tirados en el suelo también fueron humillados y expuestos en grabaciones de los celulares personales de los elementos policiacos. Hasta el momento ninguna autoridad ha respondido sobre los delitos que se derivaron de la detención de
los 42 indígenas MAM y de la activista y periodista Cinthya Alvarado Enríquez, solo un anuncio de la presidencia del lugar consistente en que se separan del cargo los agentes involucrados, se investiga todos y se “pide” una disculpa.
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Se advierte otra masacre contra líderes sociales en Chiapas, advierte la CNPA MN De la Redacción Ciudad de México, (Tribuna)
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n Chiapas se gesta otra masacre contra defensores sociales porque el Estado olvidó el respeto a los Derechos Humanos y el Presidente, Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de criminalizar estas luchas y de desmantelar las herramientas de defensa como la CNDH, el INE y los mecanismos de protección. Por lo anterior, la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional a través de Alberto Galindo García, urgió la desarticulación del grupo paramilitar y de choque al servicio de los Carpio Mayorga y sus padrinos políticos el ex gobernador y senador verde, Manuel Velasco Coello y el senador por Morena, Eduardo Ramírez Aguilar. Debido a que crece la inseguridad de indígenas en Chiapas exigieron al Gobierno Federal detener a los grupos paramilitares que atacan en Amatan, Chiapas. Por tanto se debe establecer un proceso de diálogo de alto nivel para atender y resolver nuestras demandas políticas y sociales. En conferencia de prensa en la que se demandó esclarecer el asesinato de líderes sociales en Amatan, Chiapas del 2019, sostuvo que en México existe la aplicación preferencial de la justicia pues si se investiga por parte de la FGR la masacre de la Familia LeBarón y se deja en el olvido a más de 20 líderes sociales asesinados en lo que va de este sexenio. “Queremos advertir a las autoridades que en Amatán se está generando una situación similar a la que prevale-
Debido a que crece la inseguridad de indígenas en Chiapas exigieron al Gobierno Federal detener a los grupos paramilitares que atacan en Amatan, Chiapas. Por tanto se debe establecer un proceso de diálogo de alto nivel para atender y resolver nuestras demandas políticas y sociales
ció antes del ataque armado del 17 de enero de 2019, por lo cual, desde este momento, hacemos responsables a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado de Chiapas de cualquier agresión que pueda perpetrarse en contra de los miembros de militantes y dirigentes del MPJBCA y de MOCRI – CNPA MN”. Asimismo exigió garantizar la vida e integridad física María del Carmen Gómez Trujillo y Adan López Calvo así como de sus familiares y de las personas defensoras de derechos humanos integradas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Amatan, Chiapas. Además se requiere de la implementación inmediata de medidas de seguridad complementarias, colectivas e individuales, hacia nuestras
compañeras y compañeros del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Amatán, Chiapas que permitan reducir al máximo el riesgo que corren. Reiteran que es necesario, la desarticulación del grupo paramilitar y de choque al servicio de los Carpio Mayorga y sus padrinos políticos Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar. Una vez más se exige la atraccion por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de las investigaciones por la desaparición, tortura y asesinato de nuestros compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez. Recordó que en semanas pasadas se denunció hostigamiento, seguimiento, vigilancia y amenazas de
muerte hacia integrantes de MOCRI - CNPA MN y del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, Chiapas (MPJBCA), entre ellos, Adan López Calvo y su familia, hostigamiento y vigilancia en su casa y la de familiares cercanos, así como de María del Carmen Gómez Trujillo, ambos, beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHyP). Peor aún el subsecretario Alejandro Encinas se ha dicho ofendido por habernos establecido en plantón hace unas semanas para exigirle atención y solución. Lo aquí expuesto, no son hechos circunstanciales, ni aislados, forman parte de una operación de agresión contra militantes y dirigentes del MPJBCA y de MOCRI – CNPA MN por parte de grupos de choque aliados a la delincuencia organizada y con lazos con instituciones de seguridad del Estado; la falta de aplicación de la justicia por la desaparición, tortura y asesinato de nuestros compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez dan un marco de clara impunidad para los agresores y los conmina a seguir actuando; la omisión del gobierno estatal y federal por no generar garantías para nuestras compañeras y compañeros, los pone en condiciones de vulnerabilidad.
Funcionario agrede a reporteros de Chiapas Bernardino Toscano Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (muralchiapas. com)
Un funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Estado de Chiapas (SAGAyP) arremetió en contra de reporteros de medios locales cuando intentaban cubrir un evento a realizarse en las instalaciones de este edificio público y que previamente fueron invitados para tal fin. El jefe del área de recursos materiales y servicios generales, de la Secretaría, Juan Ramón Corrales Soria arremetió en contra del equipo de noticias de canal 5 que se encontraba en el lugar, lanzándole una patada el reportero, Juan Jesús Cruz Toledo y bloqueando el trabajo del camarógrafo, Miguel Ángel López Vera En el acceso principal, el funcionario no permitió el acceso a los re-
porteros en cuestión, incluso con su libreta tapaba la cámara del camarógrafo y pese a que se le pidió explicación del por qué de su conducta, simplemente no contestó y al ver que era grabado en su actitud, lanzó una patada en contra del reportero inmediatamente se retiró tras los reclamos de los ahí presentes Mas tarde la SAGyP anunció que debido a los hechos lamentables ocurridos al interior de la dependencia y que atentó contra la libertad de expresión, separó del cargo a Corrales Soria sin embargo no señaló si inició procedimiento administrativo o algún tipo de correctivo en contra de éste. “Esta dependencia no tolerará, de ninguna forma, ningún tipo de abuso de autoridad en contra de los compañeros representantes de los medios de comunicación, por el contrario, se garantizará en todo momento el
respeto a las garantías individuales y la libertad de expresión para ellos”, subrayó la titular de SAGyP, Zaynia Andrea Gil Vázquez Por su parte el reportero y camarógrafo agredido, interpondrán este
jueves la denuncia correspondiente en contra del funcionario, ante la Fiscalía Especializada para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, para que se castigue la conducta tomada por el empleado de la SAGyP.
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Atentan contra lideresa de transportistas en Oaxaca; SSP asegura que resultó herida en un enfrentamiento Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)
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a Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que durante un enfrentamiento con gente armada, la secretaria general de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, Guadalupe Díaz Pantoja, resultó herida. De inmediato, la lideresa desmintió al titular de la dependencia, Raúl Ernesto Salcedo Rosales. “No hubo enfrentamiento. Fue tentativa de homicidio. Ni siquiera traía escoltas, sólo iba con una persona, y si no que pidan las grabaciones de las cámaras que hay en la zona de la Colonia Reforma”, precisó la líderesa de transportistas a través de las redes sociales. En un comunicado, la oficina de Salcedo Rosales detalló: “La noche del 4 de febrero del presente, personal de la Policía Estatal recibió reportes de la presencia de personas armadas en la colonia Reforma, a lo que acudió un grupo de investigación de la Policía Estatal, y al acercarse a uno de los vehículos, los sujetos que los acompañaban en una segunda unidad de motor accionaron armas de fuego; ante ello los elementos policíacos repelieron la
Gabriela Hernández Puebla, Pue.(apro)
Desde el sismo de 2017, en Puebla los usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) padecen de hacinamiento, que deriva ya en una crisis de salud, por los daños irreparables que sufrió el Hospital 36 de San Alejandro, infraestructura que a la fecha no ha sido reemplazada, denunció el diputado federal Alejandro Carvajal. El coordinador de la fracción poblana de Morena e integrante de la Comisión de Seguridad Social demandó en un punto de acuerdo que el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, ponga en marcha de manera inmediata un plan de infraestructura hospitalaria para Puebla Recordó que luego de que el hospital regional de San Alejandro, que prestaba servicios no sólo a pacientes de Puebla, sino también de Oaxaca y Tlaxcala, quedó inservible por el terremoto del 19 de septiembre de 2017, los pacientes han sido canalizados al nosocomio de La Margarita, también ubicado en esta capital. “Esto provocó que se sobresaturara el Hospital de La Margarita y que actualmente las personas estén esperando más de dos semanas, inclusive en el piso, para ser atendidas o incluso no son atendidas”, refirió Carvajal en
En el interior del recinto legislativo, el colectivo Agua para Todos –en el que participa Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba– entregó las 198 mil 129 firmas en favor de modificar la Ley General de Aguas, para que no sean las grandes empresas las que administren y aprovechen el líquido, sino los pueblos originarios
agresión”. Añadió que durante los hechos se aseguró uno de los vehículos en los que se trasladaban los agresores, mismo que fue abandonado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que inició la carpeta de investigación”. La SSP, abundó, mantiene coor-
dinación permanente con la Fiscalía y se le entregará toda la información pertinente “para el esclarecimiento de los acontecimientos (en cuyo) percance resultó herida una persona del sexo femenino siendo trasladada a un hospital para su atención médica y la cual se encuentra bajo vigilancia de los elementos de la policía estatal”.
La versión fue desmentida por la propia Guadalupe Díaz Pantoja, quien aseguró que el atentado ocurrió alrededor de las 9 de la noche en la colonia Reforma, cuando dos camionetas y dos coches, donde viajaban personas con armas largas, comenzaron a dispararle y la hirieron en una de las rodillas. De acuerdo con Díaz Pantoja, iba a reunirse con otros transportistas cuando sobrevino el ataque y la persona que manejaba pudo salirse. “Ya iba herida. Ni siquiera traía escoltas, sólo iba con una persona. Se notaba que eran policías civiles. Busco un taxi y llego al hospital Santa Úrsula y llega la policía estatal. No hubo disparos. Por eso pido a la Fiscalía la prueba de rodizonato y que los peritajes sean los adecuados y que Salcedo no esté diciendo que fue un enfrentamiento”. Finalmente, la mujer hizo un llamado a su gremio para no movilizarse con bloqueos, porque “ya estamos hartos”.
Piden al IMSS resolver déficit hospitalario en Puebla desde el sismo de 2017 rueda de prensa. Señaló además que desde 2017 fue adquirido un terreno en San Andrés Cholula que ya tenía una infraestructura en proceso de construcción y que, en ese entonces se dijo, serviría como hospital para suplir a San Alejandro; sin embargo, ya cuando se había adquirido se encontró que no reunía las condiciones para ese fin. El legislador poblano dijo que la actual administración federal anunció que para resolver esta crisis de salud que afecta a los derechohabientes del IMSS en Puebla se reconstruiría San Alejandro, se ampliaría La Margarita y se construirían nuevos nosocomios en Cholula y Amozoc, pero hasta la fecha no se aprecian avances de esas obras. “Estamos solicitando que se regularice inmediatamente la situación que prevalece en el Estado de Puebla, que es una situación gravísima”, expresó, “nos preocupa porque no obstante que llevamos ya más de un año de la nueva administración no se ven avances significativos en (la construcción de) los hospitales”. También consideró que la Secretaría de la Función Pública debe iniciar
una “investigación profunda” respecto a lo que sucedió con la compra del terreno de San Andrés Cholula ya que se causó un daño patrimonial al erario público porque no sirvió para lo que se tenía considerado. En su punto de acuerdo, el diputado refiere que ya hay un presupuesto autorizado para resolver esta problemática de Puebla y estados vecinos, por lo que demandó que se implemente de manera urgente. Igual pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que incluya en su programa anual de auditoria el “Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla”, con la finalidad de hacer público su avance físico y financiero. El año pasado, el titular del IMSS, Zoé Robledo, reveló que la anterior administración gastó 427 millones de pesos en el terreno de San Andrés Cholula con una construcción incompleta conocida como el Hospital CIMA, que tenía 10 años abandonada, por lo que resultó inservible para suplir al nosocomio San Alejandro y, por lo
tanto, alargó una solución a esta problemática. Saturación Según personal médico, los derechohabientes que se atienden en el Hospital de Zona de La Margarita pasó de 430 mil a 940 mil después de la inhabilitación de San Alejandro. De acuerdo a la solicitud a la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 0064101814518 la saturación del área de urgencias luego del sismo en el hospital La Margarita alcanza un 300 por ciento. De tener previo al terremoto una ocupación habitual de 80 por ciento en las 31 camillas que había en el servicio de urgencias en área de observación adultos y pediatría, en 2018, pasó a tener en esa misma área 100 camillas y en todos los horarios registrar un índice de “sobreocupado”.
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Reformas de la 4T son una nueva constitución, dice AMLO Eric Pacheco Querétaro, Qro. (apro)
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l presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que las reformas impulsadas en su gobierno, que él autodenomina “Cuarta Transformación”, son, en sí mismas, una “nueva constitución” dentro de la Constitución de 1917. Durante el evento conmemorativo por el 103 aniversario de la promulgación de la Carta Magna vigente desde el Teatro de la República, el mandatario celebró sus reformas en materia del combate a la corrupción y la impunidad, así como en seguridad y democracia. Asimismo, López Obrador anticipó otro avance si el Congreso aprueba que los programas de bienestar -como el derecho a la salud, pensión a adultos mayores y menores con discapacidad y becas para estudiantes de escasos recursos- se eleven a rango constitucional. “[…] esa es la reforma pendiente que estoy seguro que en este periodo va a discutirse y, en su caso, aprobarse en el Congreso, y esto va a significar el establecimiento de un auténtico Estado de bienestar”, declaró. Fiel a su costumbre, durante su intervención el Ejecutivo evocó pasajes históricos como el contexto de las Constituciones de 1824 y de 1857, y al principal impulsor de la de 1917, Venustiano Carranza, a quien consideró fue el que sentó las bases para lograr la expropiación petrolera en 1938. Hacia el final de su discurso, el presidente aprovechó también para mencionar que en el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá -conocido como T-MEC- se eliminó todo un capítulo que contemplaba comprometer la soberanía de los recursos naturales, como el petróleo de México. Expuso que ese cambio se le consul-
De la redacción Ciudad de México (apro)
Un tribunal federal confirmó este miércoles la inhabilitación de 10 años que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso en mayo pasado a Emilio Lozoya Austin, el exdirector general de Pemex, acusado por múltiples asuntos de corrupción y actualmente prófugo. El 22 de mayo de 2019, la SFP determinó que Lozoya mintió en su declaración patrimonial y escondió, entre otras cosas, “una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”. El mismo día, la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval
tó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien, dijo, respetó esa decisión. Previamente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, subrayó que no habrá afectación o retroceso en reformas en materia de procuración o impartición de justicia. “El presidente ha manifestado, con toda claridad, que ninguna reforma o ley penal habrá afectación ni retroceso en materia de los derechos humanos, consagrados en nuestra Constitución ni en los Tratados Internacionales, este compromiso es nuestra guía”.
Cuentas pendientes: Zaldívar En su intervención, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reconoció que la Constitución garantiza derechos, ha dotado de medios de defensa contra arbitrariedades y nos ha asignado una mejor democracia. Sin embargo, reconoció que hay cuentas pendientes para la consolidación plena del Estado de Derecho y la promesa del acceso a la justicia para todas las personas, mismos que atribuyó, en parte, a la corrupción. “Es claro que este modelo constitucional de justicia aún está lejos de ser una realidad para la gran mayoría de los mexicanos. La prevalencia de clientelismos, redes de tráfico de influencias, nepotismo, conflictos de interés y corrupción siguen siendo el principal obstáculo para que toda persona, cualquiera que sea su origen, condición o circunstancia, tenga a su alcance la
posibilidad de defender y hacer valer los derechos que le asisten”. El ministro presidente informó que en el Poder Judicial han emprendido esfuerzos para combatir la corrupción judicial. “Debemos seguir en la ruta trazada y generar las condiciones para que la justicia llegue a todas y a todos, particularmente a quienes menos tienen; a los pobres y olvidados; a los marginados y discriminados; a las mujeres y a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, a todos aquellos que siempre han pensado que para ellos la justicia es inalcanzable”. Con pobreza, la Constitución seguirá siendo letra muerte: Rojas Así como el presidente de la Corte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, expuso que aún existen “grandes desafíos” como la que llamó “la gran promesa incumplida de la justicia social”. “Mientras más de 60 millones de mexicanas y mexicanos sigan viviendo en la pobreza y en la marginación, la Constitución seguirá siendo letra muerta. “Mientras la educación gratuita y de calidad y los medios para aprovecharla no sean una realidad para todas las niñas, niños y jóvenes, la Constitución seguirá siendo letra muerta. “Mientras no tengamos un servicio de salud universal y gratuito y de calidad y no haya viviendas dignas y empleos bien pagados para todos, la Constitución seguirá siendo letra muerta. “Mientras la justicia siga siendo
accesible sólo para los privilegiados y la inseguridad y la violencia sigan cobrando vidas inocentes a diario; mientras las mujeres sigamos ganando menos que los hombres, sigamos siendo violentadas de mil formas y muriendo a causa de una sociedad machista, la Constitución seguirá siendo letra muerta”. La diputada del PAN llamó a unirse, dialogar y construir para hacer cumplir el texto constitucional, más allá de colores, ideologías o signos partidistas. En tanto, la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, también recordó los cambios a la Constitución y dio cuenta de 13 reformas que, dijo, “buscan dar respuesta a las demandas del Siglo 21”. Entre estas mencionó las del combate a la corrupción, la extinción de dominio de bienes de procedencia ilícita, la reforma educativa, el reconocimiento de la participación paritaria de las mujeres, el reconocimiento de los grupos de habitantes afromexicanos. “Ninguna de estar reformas haría sido posible sin el diálogo y acuerdo de las fuerzas políticas”, explicó.
Domínguez se despide la Conago El gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién, aprovechó parte de su discurso para hablar sobre su gestión y, de paso, despedirse de su cargo como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). “Agradezco al licenciado Andrés Manuel López Obrador, titular del Poder Ejecutivo Federal, por su apertura. Ofreció a la Conago un importante espacio para expresarle con respeto, pero con claridad, la postura de los gobernadores de los estados; al mismo tiempo transmitió, a través nuestro, su visión a los ejecutivos estatales. El mandatario queretano se dijo dispuesto a construir acuerdos y privilegiar la concordia.
Tribunal ratifica inhabilitación de 10 años contra Emilio Lozoya Ballesteros inhabilitó también a Edgar Torres Garrido, exasesor y amigo de Lozoya, al que le impuso además una multa de 620 millones de pesos por irregularidades detectadas en la adquisición de Grupo Fertinal. En octubre siguiente, la SFP incrementó las sanciones contra Torres Garrido: le impuso una nueva multa de 3 mil 200 millones de pesos y le dio otra inhabilitación por 15 años.
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El presidente pide evitar reclasificación de feminicidio como propone la FGR Neldy San Martín Ciudad de México (apro)
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uego que la Fiscalía General de la República (FGR) planteara reclasificar el delito de feminicidio del Código Penal Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se evite esa “reforma” porque “se puede malinterpretar”. Este martes, la FGR emitió una ficha informativa en la que manifestó su postura a favor de que el asesinato de una mujer se tipifique como homicidio calificado con agravante de feminicidio con penas de 40 a 70 años, asegurando que se requiere un “tipo penal sencillo”, para lograr la defensa de la vida y la protección de la integridad de las mujeres. Al respecto, López Obrador opinó esta mañana en Palacio Nacional que se deben evitar este tipo de reformas. “En el caso de quitar causales para feminicidios dijimos no, no se mueve, porque si tenemos esta situación especial en la Universidad (los paros en la UNAM por temas de acoso sexual y violencia de género), y si se lleva a cabo una reforma, aun siendo buena, se puede malinterpretar, entonces que las cosas queden como están”, dijo en su habitual conferencia matutina.
“Podría ser inconstitucional” Por su parte, la Comisión para la
Este martes, la FGR emitió una ficha informativa en la que manifestó su postura a favor de que el asesinato de una mujer se tipifique como homicidio calificado con agravante de feminicidio con penas de 40 a 70 años, asegurando que se requiere un “tipo penal sencillo”, para lograr la defensa de la vida y la protección de la integridad de las mujeres
Igualdad de Género del Senado que preside la morenista Malú Micher, manifestó su preocupación ante la propuesta de la FGR, pues consideró que se trataría de “un retroceso en los derechos ganados para reconocer y visibilizar la máxima expresión de la violencia contra las mujeres”. “La Fiscalía parte de un diagnóstico equivocado ya que afirma que
sólo 28 estados y la federación reconocen al feminicidio como delito, siendo realmente las 32 entidades del país que lo reconocen, junto con la federación”, apuntó la Comisión para la Igualdad de Género en un comunicado. Además, las senadoras de la Comisión recordaron que se trataría de una medida que ya fue rechazada por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo directo en revisión 5267/2014, donde declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 126 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que solo consideraba el sexo de la víctima para establecer un agravante a este delito. También apuntaron que la postura de la Fiscalía contraviene lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia conocida como “Campo Algodonero” donde se afirma que los asesinatos de mujeres por razones de género deberán ser considerados como feminicidios. “La propuesta de la FGR podría incurrir en la inconstitucionalidad y contravenir mandatos internacionales que establecen la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres y que obligan al Estado mexicano a atender las causas y consecuencias del mismo, particularmente el feminicidio”, señalaron.
Graue respalda equidad de género y condena la violencia Ixtlixóchitl López Ciudad de México (apro)
Ante la agudización del conflicto en la UNAM por la violencia de género, que tiene en paro ya a 15 escuelas –cuatro tres más que ayer—, el rector Enrique Graue tuvo que dar la cara por segunda ocasión en menos de un mes para tratar de aquietar la ira de las estudiantes universitarias ante el parcial cumplimiento de sus demandas. Flanqueado por el secretario general, Leonardo Lomelí Vanegas, y la abogada general Mónica González Contró, el funcionario refrendó su compromiso con la equidad de género y la seguridad de “sus mujeres”, pero también condenó el uso de la violencia como medida de presión. En un mensaje a los medios después de los incidentes violentos del pasado martes 4, Graue remarcó el proceso inédito que desde 2016 inició la UNAM con la implementación del protocolo contra la violencia de género, gracias al cual ha sido visibilizada y que en cuatro años ha rescindido o separado definitivamente de sus cargos a 100 universitarios, entre académicos, trabajadores administrativos y estudiantes.
Sin embargo, afirmó, esto no ha sido suficiente, pues como en su toma de protesta en noviembre de 2018, la prepa 9 y la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) continúan tomadas por sus estudiantes. Aunque el funcionario sostuvo que las exigencias de las estudiantes en paro son justas, insistió en que las demandas por violencia de género deben ser formalizadas, en atención al debido procedimiento y a la investigación correspondiente. “Hay que entender este movimiento en toda su justa dimensión. Ellas no quieren esperar, han sido históricamente vejadas, ultrajadas y violentadas y exigen una pronta solución. Sus demandas son el reflejo de la sociedad a la que aspiran y que todos deseamos”, manifestó con las manos entrecruzadas y los reflectores encima. Y para dar salida a estas demandas, anunció un programa de cinco puntos, algunos demandados por las Mujeres Organizadas de la FFyL y otros anunciados de manera previa por el secretario general de la institución. Entre ellos, la ampliación del Tribunal Universitario con perspectiva de género, aprobado por la comisión de
legislación universitaria y que en breve pasará al Consejo Universitario; la creación de un organismo autónomo que atienda los casos de violencia de género (MOFFYL) y el fortalecimiento de la actual Defensoría de los Derechos Universitarios. A la par, Graue informó que ha iniciado la divulgación para explicar los procesos para “fortalecer la cultura de respeto”; y afirmó que ha enviado a las instancias correspondientes la propuesta para la incorporación de asignaturas con perspectiva de género en los planteles de la UNAM (también propuesta de los paristas). Además, se comprometió a revisar personalmente el pliego adicional que estudiantes mujeres de la prepa 9 entregaron ayer a la abogada general, tras la manifestación que realizaron en Rectoría y adelantó que hoy mismo les daría respuesta, pues son solicitudes aceptables. “La Rectoría a mi cargo actuará con mesura y con firmeza. Nunca he tenido temor ni lo tendré. Sé de las limitaciones de nuestra seguridad, pero también conozco la fortaleza moral de la Universidad Nacional Autónoma de México”, aseguró frente al auditorio
repleto de académicos, trabajadores y funcionarios universitarios que estalló en aplausos y lanzó un goya.
Graue: no lograrán desestabilizar a la UNAM El Rector también se pronunció sobre los hechos de violencia ocurridos ayer en Ciudad Universitaria y advirtió a los provocadores que no lograrán desestabilizar a la Máxima casa de estudios. “A quienes solo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán, que tenemos claro lo que buscan, que no lograrán que escalemos con violencia lo espurio de sus pretensiones”, expresó. En su mensaje a la comunidad universitaria, el funcionario aseguró que los hechos ocurridos ayer en Rectoría pusieron en evidencia las dos caras de la moneda del movimiento estudiantil, la demanda por soluciones prontas y universitarias y la violencia que “solo quiere generar más violencia”.
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Inai ordena a FGR informar número de homicidios por rivalidad de cárteles De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
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l Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer la base de datos sobre homicidios cometidos por grupos antagónicos ligados al narcotráfico, desagregada por municipios, entre el año 2006 y octubre de 2019. Al presentar el caso ante el pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena aseguró que esta información permitirá a la sociedad evaluar las estrategias adoptadas por los tres niveles de gobierno en materia de seguridad y si se cuenta con insumos útiles y confiables para ello. A la par, recordó que durante el periodo en cuestión se registraron 289 mil 223 defunciones por homicidio, a las que se sumaron las 17 mil 198 registradas en el primer semestre del 2019, es decir, una tasa de 14 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En respuesta a un particular, la FGR entregó el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio, sin posibilidad de identificar cuáles de ellos guardan relación con el narcotráfico, así como una liga electrónica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que
José Raúl Linares Ciudad de México (apro)
Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles Berlanga en el proceso judicial que se le sigue por los probables desvíos de recursos cuando fue titular de la Sedesol y Sedatu en el gobierno de Peña Nieto, dejó el caso. Esto, apenas unas horas antes de que el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos analice si continúa la prisión preventiva justificada, toda vez que Jesús Delgadillo Padierna es ahora el administrador del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur. Ahora, la defensa de Robles Berlanga ahora será tomada por el abogado Epigmenio Valdez Mendieta. Esta mañana la extitular de la Sedesol fue traslada desde el penal de Santa Martha Acatitla al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur, donde se analizará su situación jurídica. La defensa de Robles Berlanga
Al presentar el caso ante el pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena aseguró que esta información permitirá a la sociedad evaluar las estrategias adoptadas por los tres niveles de gobierno en materia de seguridad y si se cuenta con insumos útiles y confiables para ello
cuenta con información estadística sobre la incidencia delictiva. Inconforme, la persona solicitante interpuso un recurso de revisión ante el Inai, en el que manifestó que la información proporcionada no corresponde con lo requerido, pues manifestó que existe una base de datos sobre fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial, referida a homicidios ligados al narcotráfico. Aunque en alegatos, la FGR confirmó la existencia de dicha base de datos, explicó que se encuentra
actualizada hasta septiembre de 2011 y al no ser de su competencia orientó al particular a consultar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), para lo cual le indicó folio y pasos a seguir. Durante el análisis del caso, la comisionada aseveró que las cifras estadísticas entregadas son de carácter general y no muestran el detalle de los homicidios atribuidos al narcotráfico. Además, abundó, pese a la confirmación de la FGR sobre la exis-
tencia de una base de datos que contiene la información requerida, ésta no fue entregada al particular. Aún, insistió, fue recabada a partir de la base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial, con motivo del Convenio de Colaboración entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, con el fin de homologar sistemas informáticos para tener datos estadísticos con criterios uniformes. Ibarra Cadena también evidenció la existencia del recurso de revisión diverso RDA 6298/15, en el que se determinó que el sujeto obligado cuenta con la información requerida, del periodo comprendido entre el 2006 y septiembre de 2011. Como resultado, el pleno del Inai revocó la respuesta de la Fiscalía General de la República y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en sus unidades competentes, con el fin de localizar y entregar la base de datos sobre fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial, del periodo comprendido del año 2006 a octubre de 2019, o al menos hasta 2011, última fecha de actualización (Ixtlixóchitl López).
Abogado de Rosario Robles deja el caso a horas de una nueva audiencia ha solicitado que se le dicte una medida cautelar distinta, en medio de un proceso en el que está a punto de concluir la etapa de investigación complementaria. En tanto, su hija Mariana Moguel Robles convocó a un grupo de 40 manifestantes afuera del Reclusorio Sur donde exhiben pancartas a favor de la liberación de su madre. Ahí reclaman justicia mediante pancartas que demandan “Justicia sí, venganza no”, “Todo nuestro apoyo a Rosario” y “Libertad para Rosario”. El pasado 23 de enero, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) removió al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna del caso y fue rotado de su puesto en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, por lo que ya no seguirá llevando el
caso de la exfuncionaria. El cambio de funciones a “juez administrador” en el mismo centro de justicia penal ocurre en medio de presiones de la defensa, para que éste
ya no condujera audiencia alguna por un supuesto conflicto de interés, por ser sobrino de la diputada federal Dolores Padierna y por supuestas “violaciones” al debido proceso.
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Avanza proceso de ratificación de magistrado acusado de violencia sexual contra sus hijas Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)
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on el argumento de preservar el principio de presunción de inocencia, un grupo de diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, manifestó que continuarán con el proceso de ratificación del magistrado Manuel Horacio Cavazos López, acusado de violación sexual contra sus hijas de 5 y 7 años de edad. Durante la comparecencia de Cavazos López, quien estaba adscrito a la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales de la capital, los legisladores coincidieron en que ellos no son jueces, verdugos ni fiscales para pronunciarse sobre la acusación penal por violencia sexual que enfrente el magistrado. Sin embargo, el diputado del PRD, Jorge Gaviño; la diputada de Morena, Paula Soto; y el diputado independiente, Guillermo Lerdo de Tejada, aseguraron que no votarán a favor de su ratificación como juzgador, debido que no cumple con “buena fama” y la denuncia en su contra no genera confianza en la gente. De acuerdo con medios de comunicación, desde el 23 de septiembre de 2019 el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Manuel Horacio Cavazos López, enfrenta una denuncia por violencia sexual contra sus dos hijas, un delito que amerita prisión preventiva y que de ser culpable de sanciona con cárcel. En la reunión de esta tarde, el primero en tomar la palabra fue Cavazos López, quien acudió a la comparecencia que se tenía prevista para las 11 de la mañana, y que inició cerca de las doce del día debido a que las y los legisladores estaban en sesión -donde también asistió el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez-. Al presentarse ante las y los legisladores, el funcionario público expuso su experiencia profesional y sus consideraciones en torno a la ejecución penal. Al finalizar su exposición fue enfático en hablar de lo que consideró un tema de carácter estrictamente personal que, dijo, “casualmente”, salió a la luz días antes de este proceso de ratificación. El funcionario mencionó que
Durante la comparecencia de Cavazos López, quien estaba adscrito a la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales de la capital, los legisladores coincidieron en que ellos no son jueces, verdugos ni fiscales para pronunciarse sobre la acusación penal por violencia sexual que enfrente el magistrado
la denuncia por “supuestamente agredir” a sus hijas no era un hecho aislado de falsas denuncias después de un divorcio. “La única diferencia es que soy un servidor público en proceso de ratificación”. Cavazos López mencionó que en abril pasado pidió la custodia de sus hijas, pero se le otorgó a la madre y explicó que tenía un régimen de visitas para ver a las niñas, pero tras la “falsa denuncia” se eliminó toda posibilidad de contacto con ellas. Sin mencionar que está acusado de un delito de violación de sexual, aseguró que se trata de un aleccionamiento inducido de las niñas y, aun así, dijo, se sometió a una pericial para acreditar que no tenía tendencias pedófilas ni incestuosas como una forma de comprobar su inocencia, aunque eso no le correspondía.
Opiniones dividas Al concluir la intervención del magistrado, el diputado del PRD, Jorge Gaviño, tomó la palabra y aseguró que los legisladores no eran “ni jueces ni verdugos”, pero aclaró que su bancada no avalará su ratificación en atención a que no cuenta con reputación o “fama pública”. Argumento con el que coincidió la diputada de Morena, Paula Soto. Soto, quien además es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, dijo que ella podía anun-
ciar el sentido del voto de la bancada de Morena, pero personalmente no aprobaría la ratificación de su encargo. “Espero por usted y por sus hijas, y por este desagradable momento que todo se resuelva en favor de todas las partes, en especial de sus hijas”. “Uno de los elementos que más daño ha hecho al servicio público es justamente no tener el cuidado suficiente con el cumplimiento de la fama pública de las y los servidores públicos”, dijo la legisladora, quien aseguró que hablaba como diputada y feminista. La diputada Paula Soto también aprovechó para llamar la atención sobre la exposición de Manuel Horacio Cavazos López, quien aseguró que en su caso y en otras acusaciones de violación sexual hay manipulación. Al respecto la legisladora dijo que uno de los principales derechos de las mujeres es “ser tomadas en cuenta en nuestra voz como víctimas”. Finalmente, el diputado independiente Guillermo Lerdo de Tejada tomó el micrófono y dijo que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia estaba en una situación muy complicada, pero señaló que no acompañaría el proceso de ratificación, por el contrario, aclaró que esperaba que el magistrado limpiara el nombre; o bien, si era culpable, que sobre él cayera todo el peso de la ley. Quienes optaron por seguir el
protocolo y hacer preguntas al magistrado fueron la diputada Janet Guerrero Maya del PT y el morenista Nazario Norberto Sánchez, quien incluso alabó que hubiera hombres que “dan la cara” y lamentó que existieran casos de hombres a los que se les fabrican acusaciones, como las que él había visto cuando era litigante.
Argumentan alineación parental En esta reunión también comparecieron los magistrados Patricia Gudiño Rodríguez, Jorge Guerrero Meléndez Jorge y Rosalba Guerrero Rodríguez, quienes también buscan la ratificación de su cargo. En su exposición ante los legisladores, la magistrada en materia familiar, Patricia Gudiño Rodríguez, hizo una disertación sobre la alienación parental, una figura que no ha sido reconocida, pero que ha sido utilizada en los juicios de divorcio, de violencia familiar y de violación sexual para desestimar las denuncias de mujeres, niñas y niños. Sin mencionar su apoyo al magistrado Cavazos López, la también magistrada aseguró que esta figura debe ser legislada y tipificada como un delito porque se trata de imponer campañas de denigración hacia los hombres padres, quienes son acusados con “absurdas razones” por las mujeres y las y los menores de edad.
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UN MODELO VIABLE DE JUSTICIA TRANSICIONAL Ernesto Villanueva
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a llamada Caminata por la Paz ha puesto de nuevo en la agenda de la discusión pública la expresión justicia transicional, concepto sobre el que se ha hablado mucho y se ha entendido poco. De acuerdo con los juristas Sergio Arturo Ramírez y Olivia Rubio, directivos del Instituto Iberoamericano de Justicia Transicional, se debe empezar por dejar en claro que ésta no es unívoca, sino que, antes bien, debe considerar las particularidades del caso concreto donde va a ser puesta en marcha. Tiene, empero, puntos básicos como un mínimo común denominador: verdad, repetición y garantías de no repetición. Diversos colectivos han coincidido en que la justicia transicional tiene que ser el modelo que debe atender el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los principales impulsores de la movilización han asegurado que, aun cuando el titular del Ejecutivo Federal se comprometió en campaña a implementar un modelo de justicia transicional (mencionando los elementos definitorios de ésta), el gobierno de la 4T ha desistido en dicho propósito y ha centrado sus esfuerzos únicamente en el esclarecimiento del caso de los 43 normalistas desaparecidos, sin tener en cuenta las miles de víctimas de las políticas equívocas del antiguo régimen. La solicitud esencial de estas organizaciones se decanta por reproducir el modelo de una comisión de la verdad en tanto órgano independiente de carácter internacional, muy parecido a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, creada por las Naciones Unidas y el gobierno de ese país mediante un acuerdo suscrito el 12 de diciembre de 2006), cuyo principal propósito es la investigación y el procesamiento de casos emblemáticos de corrupción.
Sin embargo, para Sergio Ramírez y Olivia Rubio, con base en la experiencia de lo acontecido en Guatemala y a pesar de que este país tenía las condiciones idóneas para que Naciones Unidas ensayara un modelo exitoso de intervención internacional, los resultados distan de lo esperado, según han podido documentar en relación con ese caso; de ahí que su planteamiento tenga como eje central la creación de un modelo propio, observando las partes mínimas en común, con el valor agregado de que en el instituto que dirigen, que tiene su base precisamente en la Ciudad de México, se dan cita diversos expertos de Iberoamérica. Para estos juristas, que han estudiado diversos mecanismos de responsabilidad penal para crímenes graves, no hay un modelo de justicia transicional único; muy por el contrario –observan–, cada país, de acuerdo a su circunstancia, debe diseñar una configuración flexible y procedimientos ad hoc que atiendan la realidad específica que se pretende enfrentar. Por la complejidad de la situación y atendiendo al hecho de que el conflicto que enfrenta México no ha terminado –muy por el contrario, sigue en curso–, es conveniente adoptar una postura que exponga a las y los tomadores de decisiones, así como a la ciudadanía en general, algunas propuestas ancladas en una revisión acuciosa de la experiencia comparada y en su adaptación al caso concreto no sólo de México como país, sino segmentada a regiones y/o estados que tienen problemáticas y circunstancias particulares. Este análisis descansa en elementos de juicio extraídos de las mejores expresiones de la experiencia comparada para articular una propuesta de política pública y rediseño institucional. Su finalidad es utilizar y adaptar las herramientas de la justicia
transicional a los grandes objetivos en materia de pacificación, justicia y transformación nacional. Personajes de la academia, de la sociedad civil y profesionales han sido convocados por la Secretaría de Gobernación a fin de diseñar un modelo de justicia transicional que cumpla con los parámetros mencionados. El mecanismo que se plantea no es un órgano de carácter internacional como el que exigen quienes encabezan la Caminata por la Paz; basados en evidencia, Ramírez y Rubio consideran que éste no es el modelo que debe implementarse en México. Se debe –arguyen– “transitar hacia una vida democrática y hacia la construcción de una paz duradera, partiendo de un escenario lastimado por la violencia y la desigualdad; implica darles voz a las víctimas, integrarlas en los mecanismos de participación de los que antes fueron excluidas, ponerlas al centro”. Y aclaran: “La aplicación de los estándares internacionales es imperante y necesaria, pero no suficiente. Los procesos de la justicia transicional deben involucrar, en todo momento, a quienes estuvieron directamente involucrados en el conflicto y no estar reservados sólo a quienes detenten el poder.” Las reflexiones de Ramírez y Rubio me parecen asertivas y van más allá de ubicarse en la zona de confort de lo que ya se ha hecho importando acríticamente (o con modificaciones menores) el modelo guatemalteco al caso mexicano. La participación de Ramírez y Rubio en este modelo para México debe aprovecharse en virtud de su conocimiento especializado que brilla por su ausencia en el país, creando una solución hecha a medida de las necesidades puntuales, donde el modelo debe contribuir a que se resuelvan esas problemáticas específicas y no al contrario.
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MYANMAR: UNA NOBEL DE LA PAZ CONTRA LA JUSTICIA INTERNACIONAL
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l 23 de enero, por unanimidad, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Naciones Unidas dictó una orden de proteger a la comunidad rohingya de Myanmar de “un peligro real e inminente de ser víctima de un genocidio”. Además, ordenó preservar todas las pruebas que permitan corroborarlo y presentar un informe que demuestre “la aplicación inmediata y eficaz de las medidas cautelares”. La CIJ, en realidad, resuelve litigios entre Estados. Pero este caso fue presentado por Gambia, apoyada por la Organización para la Cooperación Islámica, la cual alegó que en Myanmar se ha cometido un genocidio contra los rohingyas, e invocó para ello la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948), de la cual ambos países son signatarios. El pequeño país de África Occidental denunció que los rohingya, confinados en el estado fronterizo de Rakhine, “han sido víctimas de asesinatos en masa, violaciones y otras formas de violencia sexual, así como la quema de sus poblados, a menudo con la gente dentro de la casa en llamas, en una profunda campaña de deshumanización”. Situación que derivó en 2017 en un éxodo masivo hacia el vecino Bangladesh, donde más de 700 mil miembros de esta etnia se mantienen concentrados en campamentos precarios. La ola de violencia, de la que se responsabiliza a las fuerzas de seguridad birmanas, se desató en 2016, cuando el Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA, por sus siglas en inglés) –un grupo minoritario que decidió tomar las armas– lanzó una serie de ataques contra puestos de policía. Pero, en realidad, los rohingya son marginados y perseguidos desde 1970 por las autoridades de la antigua Birmania, que los rechazan como simples inmigrantes bengalíes ilegales y les niegan la ciudadanía. Bangladesh tampoco los reconoce como sus nacionales.
Apátridas
Definidos como apátridas, sin ningún derecho ciudadano; confinados en un territorio fronterizo sin servicios ni opciones de empleo; hostigados por los militares y repudiados como musulmanes por la mayoría budista del país, los rohigya han vivido en Myanmar un infierno contínuo en el que no han tenido otra opción que someterse o huir. El 2015 hizo aflorar esta situación, cuando decenas de precarias embarcaciones, con miles de ellos a bordo, deambularon semanas por el Golfo de Bengala, porque ningún país los quería recibir. Y la crisis destapó
Lucía Luna del Estatuto de Roma que rige a esta Corte, aunque Bangladesh sí lo es. También se temía que en el Consejo de Seguridad, que debe invocar dicho procedimiento, alguno de sus miembros permanentes (concretamente China) pudiera vetarlo.
Suu Kyi, La Dama
además una red de tráfico de personas, en la que estaban involucrados varios países de la zona, y que continuaba en el exterior los horrores que se vivían en el interior. Por todos estos antecedentes, los jueces de la CIJ consideraron que “los rohingya cumplen los requisitos de las minorías consideradas protegidas por la Convención”, y agregaron que todas las partes firmantes están obligadas a prevenir el genocidio, por lo que la Corte “tiene jurisdicción para evitar daños irreparables en el seno de una minoría amenazada”. De nada sirvió la comparecencia en diciembre ante dicha Corte de Aung San Suu Kyi, consejera de Estado de Myanmar y Premio Nobel de la Paz 1991, quien sostuvo que se trataba de “un conflicto interno de lucha contra el terrorismo, sin intención genocida”. Y que su país tenía el derecho a resolver sus problemas “sin injerencias externas”. En 2017 advirtió que su gobierno “no negociará con un grupo terrorista como ARSA”, lo que daba pie a la opción militar. Pero en su defensa, Suu Kyi fue todavía más allá. Aunque admitió que los militares birmanos podrían haber cometido algunos “excesos” contra los rohigya, consideró en unas declaraciones al Financial Times que aquéllos que están refugiados en Bangladesh “han exagerado los hechos, y Myanmar sufre las acusaciones sin pruebas de organizaciones humanitarias y de los investigadores de la ONU”. Se refería al informe de una misión mixta de investigación de Naciones Unidas y expertos independientes, que a lo largo de 2018 reunió “suficiente información para sustentar el cargo de genocidio contra los rohingya atribuible a las Fuerzas Armadas birmanas”. Según su queja, las pesquisas se habrían centrado en los desplazados en Bangladesh y no en los actores internos dentro de Myanmar, donde el férreo control militar hace una investigación objetiva casi imposible. A partir de este informe, el 28 de diciembre pasado la Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría una resolución que condena a Myanmar por “los abusos de dere-
chos humanos cometidos contra la minoría musulmana de los rohingya”. Considera que el flujo masivo y continuado de éstos hacia Bangladesh es “en secuela de las atrocidades llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad birmanas”; y que éstas constituyen “indudablemente los crímenes más graves bajo la ley internacional”. Por tanto, la resolución pidió un cese inmediato de las hostilidades y de “la discriminación sistemática e institucionalizada” contra los rohingya; el desmantelamiento de los campos de desplazados dentro de Myanmar; y “crear las condiciones necesarias para el regreso seguro, voluntario y digno de los refugiados”. Ya en noviembre, el secretario general de la ONU, António Guterres, hizo un llamado previo, dado que el gobierno de Rangún no había hecho ningún preparativo, pese a un acuerdo formal con Bangladesh. Las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, pero reflejan la postura de la comunidad internacional ante una determinada situación. Sin embargo, el embajador de Myanmar ante la ONU, Hau Do Suan, la descalificó como “otro ejemplo clásico de dobles estándares y aplicación selectiva y discriminatoria de las normas de derechos humanos, diseñado para presionar políticamente a Myanmar”. Pero ya es algo más que presión política. La orden de protección de la CIJ sí es vinculante, y obliga a Myanmar a cumplirla como miembro de la ONU y signatario de la Convención sobre genocidio. Pero además, el 15 de diciembre de 2019 la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que autorizó a la fiscalía a abrir una investigación formal sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos sistemáticamente por las fuerzas de seguridad birmanas contra los rohingya en la frontera de ese país con Bangladesh. La CPI anunció que examinaría las denuncias sobre estos crímenes desde septiembre de 2018, poco después de la presentación del informe de la comisión mixta de la ONU. Era el primer paso para un posible juicio, pero había dudas de si avanzaría, dado que Myanmar no es signatario
Pero el anuncio del organismo de La Haya indica que no hubo ningún obstáculo legal. Ello, pese a que desde un principio la Consejería de Estado encabezada por Suu Kyi rebatió que Myanmar no es miembro de la CPI y “ésta parece dispuesta a intentar de forma indirecta el ejercicio de una jurisdicción que no tiene”. La CPI juzga individuos y no gobiernos; por lo que parece poco probable que Suu Kyi sea llamada a juicio, recayendo la responsabilidad sobre la cúpula militar birmana que ordenó y ejecutó la represión contra los rohingya. El que sí ha quedado irreparablemente dañado es su prestigio político y sobre todo moral, que le valió en 1991 el Premio Nobel de la Paz. La Dama, como se le conoce en Myanmar, fue galardonada debido a su tenaz y pacífica lucha contra la junta castrense que gobernó durante casi medio siglo el país, y que le valió 21 años intermitentes de arresto domiciliario. Pero en 2015, cuando los militares decidieron que había llegado el momento de una “apertura democrática”, y la Liga Nacional por la Democracia (LND) que ella encabeza ganó las elecciones, su postura empezó a torcerse. Impedida por la Constitución a ejercer la primera magistratura, debido a que estuvo casada y tuvo hijos en el extranjero, se le designó como Consejera de Estado, aunque todos saben que es la líder de facto. También quedaron bajo su mando los ministerios de Exteriores, Energía y Educación, mientras los militares se reservaron los de Defensa, Interior y Fronteras. El ejército también conserva una cuarta parte de los escaños en el parlamento birmano. Queda claro que Suu Kyi está muy condicionada por los miltares, tal vez inclusive amenazada. Pero su silencio, cuando no su solidaridad discursiva y política en el caso de los rohingya, la han hecho pasar de víctima a cómplice. Human Rights Watch, por ejemplo, denunció en 2018 que “ella y el partido LND han sofocado a los disidentes con una batería de leyes represivas, y han hecho muy poco por evitar la impunidad de las fuerzas armadas”. Y Aministía Internacional simplemente le retiró el título de Embajadora de la Conciencia, “a la luz de su vergonzosa traición a los valores por los que una vez luchó, visto lo ocurrido con los rohingyas”.
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Jueves 6 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER EN CHIAPAS
FELLINI 100 Fabrizio Mejía Madrid
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ederico Fellini llegó a México en busca de una película que jamás filmó: El viaje de Mastorna, una historia sobre un chelista que, tras morir en un accidente de avión, se halla en un mundo repleto de doctores, maestros, guardias que lo llevarán a un viaje cuyo destino es completamente desconocido. La idea la había leído, cuando tenía 18 años, en un texto de Dino Buzzati, El extraño viaje de Domenico Molo (1938), sobre una vida en el Más Allá que remeda la higiene y la rigidez de la burocracia. A Buzzati, el mal llamado “Kafka italiano”, la idea de colaborar en el guion le pareció graciosa y le serviría para una historieta donde Orfeo y Eurídice se conocen en el Milán de los sesenta. Pero Fellini se obsesionó con un pasaje de Friedrich Hölderlin de la muerte de Empédocles que, a su vez, Albert Camus usó como epígrafe de El hombre rebelde: “Y abiertamente entregué mi corazón a la tierra grave y dolorosa y, frecuentemente, en la noche sagrada, prometí amarla fielmente hasta la muerte, sin miedo, con su pesado fardo de fatalidad, y no despreciar ninguno de sus enigmas. Así me até a ella con un lazo mortal”. En esas líneas de Hölderlin, Fellini leía la distancia que, como contador de historias, lo separaba de sus guionistas, según nos explica el ensayo de Federico Pacchioni, Inspiring Fellini (2014): Tullio Pinelli, Ennio Flaiano y Bernardo Zapponi. Con Pinelli siempre luchó para neutralizar su dramatismo excesivo. Por ejemplo, en Las noches de Cabiria, cuya idea inicial fue por la muerte, en 1955, de Antonietta Longo, una prostituta degollada y arrojada a la laguna de Castel Gandolfo, Fellini insistió hasta el pleito con Pinelli en que la historia terminara en una epifanía, es decir, a ver la misma realidad de otra forma, “con un amor indistinguible y, a la vez, sin distingos”, como lo calificó Pier Paolo Pasolini. Así, Cabiria, después de que su novio la trata de ahogar para quedarse con sus ahorros, se une a una fiesta callejera en procesión. Esos finales fellinescos se repiten durante toda la colaboración con Pinelli, a pesar de él mismo: la fiesta de 8 y medio que inspiró All that Jazz, de Bob Fosse,y Stardust Memories, la versión de Woody Allen de los delirios de un director de cine sin guion, hasta La
Dolce Vita, cuyo final con la niña no sólo cierra de una forma compasiva la vida del nunca-novelista Marcelo, que termina haciendo de publicista, tras un viaje por todos los tipos de amores posibles: el no correspondido, el que asfixia, el inal-canzable, el de la Virgen, y el del reconocimiento. De hecho, el mayor debate entre director y guionista fue con el personaje de Steiner en La Dolce Vita, el hombre que tiene una bella familia, amigos serenos, y unas extrañas grabaciones del viento sobre las hojas del bosque y de relámpagos en una tormenta. ¿Por qué, al final, Steiner asesina a sus hijos y se suicida? “Por la desesperación del hombre del siglo XX”, dirá Pinelli. “Muere de felicidad”, asegura Fellini. Con Ennio Flaiano, que escribió tratamientos de 8 y medio, Fellini tuvo que contener, no el drama, sino el exceso de escepticismo. Al contrario de Flaiano, Fellini no veía a sus personajes con condescendencia, sino con una pátina de compasión. Por eso el título de 8 y medio será un conteo de filmes de Guido, el director angustiado, y no La gran confusión, como quería Flaiano después de ayudar a Michelangelo Antonioni a estructurar La noche como un alegato sobre el aburrimiento y la decadencia modernas. Fellini trató de hacer películas con la erudición de Italo Calvino sobre literatura italiana popular, con Alberto Moravia y Leonardo Sciascia con la idea del declive nacional después de la Segunda Guerra Mundial, pero optó por quien se obsesionaba por el infierno, el colaborador del sangriento Darío Argento, Bernardino Zapponi. A esa colaboración, a la que se referían como “neurosis de gemelos”, debemos esas atmósferas mortuorias del Satiricón y de Casanova. Son los 15 años de Fellini haciendo un tipo de cine que tiene más que ver con la libre asociación entre erotismo, vampiros, y fragmentos
de historias fantasmales que no admiten contar algo, sino que funcionan más como pedazos de retablos del Bosco o grabados de Brueghel El Viejo. Sobre la adaptación delirante del Satiricón de Petronio (siglo I), Zapponi dijo: “Son fragmentos rescatados y unidos por los arqueólogos. Lo que hicimos no fue crear puentes entre ellos, sino enfatizar sus abismos”. Para esa época y hasta el falso documental Roma, Fellini trabajaba con guiones que eran colecciones de imágenes, de escenografías y de sueños, más que historias o personajes. Al final, por supuesto, se vuelve a encontrar con las tramas en Ginger y Fred, Y La nave va, y su última, La voz de la luna, una reinterpretación de la delirante novela sobre cañerías y túneles, El poema de los lunáticos, de Ermanno Cavazzoni. Pero en las decenas de años de pensarla, nunca logró filmar el viaje de Mastorna, el chelista del Más Allá. Ayudado por su lectura de Las enseñanzas de don Juan, del misterioso antropólogo Carlos Castaneda, decide que tiene que ir a Tulum a encontrarse con un espíritu que le dé el impulso para filmarla: “Contar algo sobre una civilización antigua de la cual ya no hay memoria histórica, de la que quedan sólo rastros en otros lugares del mundo, las misteriosas laderas de las mesetas peruanas, la isla de Santorino, destrozadas por los mismos cataclismos que hicieron desaparecer la Atlántida y, finalmente, Tulum”. De ese viaje de 1984 a la zona maya quedó una historieta de Milo Manara y el propio Fellini –quien comenzó como caricaturista y nos heredó varios tomos de su Diario de los sueños, a la manera del que llevaba, también, Carl Gustav Jung– y una novela de uno de los acompañantes, Andrea de Carlo, llamada sólo Yucatán. Si revisamos las dos, queda claro que Carlos Castaneda, a quien quedaron de ver en Méri-
da, dejó un recado cifrado y, para variar, se hizo visible a través de un disfraz de campesino chamán, don Miguel, que luego huyó. Los demás viajeros, Helen, Geraldo, Sybil, Tobia y Gian María, se detuvieron ante mares infestados con barracudas, la subida de Fellini a la pirámide y una serie de episodios que no tienen ilación ni alcanzan a pensar. Escribe Fellini: “La inexplicable y hábil desa-parición del antropólogo, la inquietud, la curiosidad de no poder interpretar quién está detrás de este diseño indescifrable”. Al final, los rumores de que Fellini no había filmado por una amenaza del gobierno mexicano para que no se demeritara a los mayas o que, durante el viaje, la guía fue la actriz Verónica Castro, robustecieron lo que de mítico el viaje a Tulum no tuvo. Fellini no encontró la forma de contar su filme imaginado. Unos años antes de morir, escribió sobre lo que sí pudo entender sobre su película nunca filmada: “Hay una película, me refiero a la idea, el sentimiento, la sospecha de una película que llevo en mi mente durante 15 años y que todavía no me ha permitido acercarme lo suficiente, confiar en mí lo suficiente, para que entienda lo que quiere. Al final de cada película que hago, ahí está ella otra vez, aparentemente alegando que ahora es su turno; se queda conmigo por un tiempo, me estudia un poco y luego desaparece. Me alivia cada vez que desaparece: es demasiado serio, comprometido, intransigente, no como yo en absoluto, quién sabe cuál de nosotros estaría dispuesto a cambiar. Ahora que lo pienso, nunca he hecho tanto como un boceto de esta película, un garabato; claramente cuando se decida me lo dirá de una manera diferente. A veces incluso tengo la idea de que no es una película en absoluto, sino algo más que aún no puedo entender, y luego me asusta un poco, pero me reconforta de inmediato la idea de que probablemente, porque para mí, la película es un piloto, en el sentido de que es una especie de guía espiritual extraña, que introduce otras historias, otras imaginaciones; y, de hecho, cuando desaparece, indefectiblemente me deja con la película que voy a hacer a continuación.” Hay utopías que funcionan así. A veces el cine existe, aunque no se filme.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
EL COSTO DE LA DEMOCRACIA…
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a idea de restar prerrogativas económicas a los partidos políticos y disminuir la carga de 100 diputados plurinominales federales y 32 senadores de la república de “primera minoría”, para alivianar el presupuesto destinado a la política y los costos de la democracia, ha sido un proyecto viejo que no ha alcanzado a aterrizar en los hechos y las realidades. Es una incongruencia que en pretexto de “construir democracia”, en México haya más de diez partidos políticos, y los que se autoricen esta vez para los comicios intermedios del 2021, cuando padecemos en el país un porcentaje mayor al 50 por ciento de población en pobreza y aproximadamente un 10 por ciento en pobreza extrema. Solo el presupuesto proyectado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el proceso de este año 2020 (con un padrón electoral de 89 millones, 903 mil 166 registros al 17 de enero de 2020) es de 12 mil 493 millones, 356 mil 125 pesos, ya con los recortes financieros aplicados por la Cámara de Diputados, como se hizo en el 2019. En razón a eso, el próximo 12 de febrero, el grupo parlamentario de Morena se reunirá con el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para presentarle la agenda legislativa acordada por esa bancada del oficialismo. En ese tenor, el Coordinador de los Diputados Federales de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, confirmó que uno de los temas principales será la Reforma Constitucional para reducir 50% del financiamiento público para los partidos políticos, así como reformar el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a rango constitucional la política social del gobierno federal. “Para el ejercicio fiscal 2020, el INE busca mantener la misma política de contención, de racionalidad y eficiencia del gasto que en 2019, con buenas prácticas que generan ahorros y que permiten mantener las funciones esenciales del Instituto, sin descuidar los procedimientos que dan certeza a las elecciones y sin sacrificar derechos y conquistas laborales de nuestro personal”, dijo el consejero presidente LORENZO CÓRDOVA. Pero aun así, hay la intención de incrementar el presupuesto para las elecciones del 2021. CHIAPAS, UNO DE LOS ESTADOS MÁS POBRES… Aun siendo Chiapas uno de los Estados de la Federación más pobres con casi 78 por ciento de población en pobreza y pobreza extrema, para el Ejercicio Fiscal 2020, solo para el financiamiento de los partidos políticos, se aprobó un presupuesto de 153 millones, 853 mil 670. 79 pesos, de los que Morena en la entidad se llevará en
Jueves 6 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado
• PARTIDOS POLÍTICOS; SANGRÍA FINANCIERA. • 264´903, 821.78 para el Ejercicio Fiscal 2020… • 153´853, 670.79 pesos para partidos políticos… • Morena-Chiapas se lleva: 49´576, 943.45 pesos… • Chiapas, un Estado pobre y partidos millonarios… • Comentarios al Margen…
el período enero-septiembre: 33 millones, 463 mil 996.74 pesos y de octubre a diciembre, otros 16 millones, 112 mil 946.71 pesos, que suman: 49 millones, 576 mil 943.45 pesos. Sumados los dos períodos: enero-septiembre y octubre-diciembre, cada partido político recibirá en prerrogativas, los siguientes montos: PARTIDO POLÍTICO FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020 TOTAL A RECIBIR DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020 TOTAL A RECIBIR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020 TOTAL A RECIBIR DURANTE EL EJERCICIO 2020 PAN $ 7,044,554.87 $ 3,391,959.96 $ 10,436,514.83 PRI $ 14,861,117.97 $ 7,155,642.64 $ 22,016,760.61 PRD $ 6,823,778.99 $ 3,285,656.16 $ 10,109,435.15 PT $ 7,420,066.20 $ 3,572,769.03 $ 10,992,835.23 PVEM $ 16,607,235.01 $ 7,996,399.68 $ 24,603,634.69 CHIAPAS UNIDO $ 7,646,185.16 $ 3,681,645.53 $ 11,327,830.69 MORENA $ 33,463,996.74 $ 16,112,946.71
$ 49,576,943.45 PODEMOS MOVER A CHIAPAS $ 7,905,929.86 $ 3,806,712.86 $ 11,712,642.72 NUEVA ALIANZA CHIAPAS $ 2,076,997.24 $ 1,000,076.18 $ 3,077,073.42 SUMA $ 103,849,862.04 $ 50,003,808.75 $ 153,853,670.79 Hay que destacar que el IEPC aprobó el Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, “bajo criterios de austeridad y racionalidad en base a lo aprobado por el Congreso del Estado de Chiapas”, la suma de: 264 millones 903 mil 821.78 pesos. De eso, se confirman 153 millones, 853 mil 670.81 pesos de financiamiento público a los partidos políticos; 94 millones, 385 mil 014.05 pesos para “proyectos institucionales ordinarios” y 16 millones, 665 mil 136.92 pesos a “proyectos institucionales vinculados al proceso electoral local ordinario 2020-2021”. Señala la información oficial del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) a través de su Consejero Presidente, OSWALDO CHACÓN ROJAS, que: “el recurso autorizado por el Congreso del Estado implica una reducción en –poco más— de 126 millones de pesos, respecto al que originalmente el Instituto había solicitado”. Hay que reconocer que este gobierno de la “4 Transformación”, “la austeridad franciscana” y el “combate a la corrupción”, tiene fijada la idea de recortar el financiamiento a los partidos políticos que se han convertido en “empresas
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familiares” o de pequeños grupos que no abonan ni a la construcción de democracia y mucho menos a la gobernanza. El proyecto de reducir cien diputados federales plurinominales y 32 senadores de la república llamados de primera minoría –los que pierden la elección y ganan una curul--, solo quedó en promesa de campaña…
COMENTARIOS AL MARGEN…
¿Se acuerdan de la petulancia, soberbia, simulación, engaños, fraudes, corrupción e impunidad que manifestaban abiertamente los políticos y gobiernos priístas y que fue lo que les hizo sucumbir a pesar del poder omnipotente? Pues bien, es lo que el nuevo “Mesías” critica y que, para que no se olviden de ese pasado remoto y el mal al que estábamos acostumbrados, impuestas por más de 71 años de vida política del partido tricolor, la 4T hace lo mismo. Ahora resulta, “no mentir, no robar y no traicionar”, es el prólogo de la “Cartilla Moral” del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero la realidad les alcanzó antes de tiempo y en 14 meses, esta “4ª Transformación” se convirtió en lo mismo que todavía reprueba al pasado PriAnista, pues, engaña, miente, traiciona y comete toda clase de errores por sus imposiciones y ocurrencias. Ya este gobierno de morenistas “dio lo que tenía que dar” y ojalá que haya sido un mal inicio, que ratifique en el paso de los próximos años y sume aciertos y asuma su responsabilidad, que es lo que más deseamos todos los mexicanos, por el bien del mismo Presidente AMLO y el país. Hasta hoy nada está claro. Ni la política económica ni los problemas que viene arrastrando el sector salud; la baja en los índices de desempleo, el nulo crecimiento económico, y las ocurrencias en las decisiones políticas electorales que semejan los tiempos de imposiciones y simulaciones priístas. Ya nada nos convence a los que nunca hemos estado convencidos y aquellos que se erigieron en defensores oficiosos, hoy están dando reversa en una actitud de desengaño y desilusión. Los miles de millones de pesos que se han tenido que pagar y perdido por decisiones erróneas, caprichos y ocurrencias, son parte de ese autoritarismo que caracteriza a LÓPEZ OBRADOR, congeniando con la genuflexión de los integrantes de su gabinete que están para no contrariar al Presidente y responderle lo que a él le agrade, como que “los elefantes vuelan, pero bajito”, porque así lo dice el “Pastor” a sus feligreses. ¡Qué desgracia!, se confirma lo que muchas veces nos dijeron: que “ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es un peligro para México”… Se acabó el mecate… Y ES TODO…
CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Jueves 6 de Febrero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1824 PETICIÓN
El presidente pide evitar reclasificación de feminicidio como propone la FGR
PROTESTA
Se declaran en huelga de hambre por 3 días presos en Chiapas
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DECLARACIÓN
Reformas de la 4T son una nueva constitución, dice AMLO PAG. 3
EXHORTO
Condena Congreso del Estado de Chiapas agresión a periodistas PAG. 8
COMPROMISO
Graue respalda equidad de género y condena la violencia
PAG. 9
Diputados del Congreso del Estado de Chiapas condenaron las agresiones que sufrieron varios periodistas del fronterizo municipio de Tapachula Chiapas por parte de la Policía municipal cuando cubrían la represión en contra de los indígenas MAN de la localidad de Pavencul de aquel municipio que protestaban por la falta de atención por parte del alcalde morenista, Oscar Gurría Penagos
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Atentan contra lideresa de transportistas en Oaxaca; SSP asegura que resultó herida en un enfrentamiento