CONTRAPODER EDICIÓN 1805 by CONTRAPODER EN CHIAPAS

CMAN

DOXA

EDITORIAL

La CEDH omisa ante los retenes policíacos

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En los últimos días, en diferentes puntos de la ciudad de Tuxtla, la policía estatal como la policía y tránsito municipal, están implementando retenes en la que se revisan papeles de los vehículos.

Ayer Emilio Salazar Narváez dio una rueda de prensa. Y convirtió una disputa familiar en escándalo de nota roja. Acusa a sus familiares que le hicieron un robo millonario. Y se asemeja al chiste de un ladrón que grita agarren al ladrón.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Jueves 9 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1805

DECLARACIÓN

LLAMADO

Gobernadores pretextan recorte de recursos para promover nuevos impuestos en sus estados Añadió: “La obligación que tiene (el gobierno federal) en términos de aportaciones federales y participaciones no disminuye en términos reales, sino que aumenta lo que aumentó la inflación y la bolsa se mantiene constante, de tal manera que no hay ninguna caída de recursos para las entidades federativas”

Inician huelga de hambre afuera de CEDH PAG. 9

INFORME

El Tren Maya es “socialmente rentable”… con beneficios por 206 mil 600 mdp: Fonatur

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PROTESTA

Exigen el pago de salario a maestros y demás prestaciones PAG. 4

Pide OPEZ no pagar el servicio de agua en San Cristóbal

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HOY ESCRIBEN ÍNDICE...

Ruperto Portela Alvarado

EL DIVAN

PAG. 15

Sergio Stahl

EL SUR DE MÉXICO José Gil Olmos

TRUMP EN EL 2020

PAG. 14 PAG. 14

Olga Pellicer

PAG. 13

UN HURACÁN SACUDE AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Laurence Pantin y Adriana Aguilar PAG. 12

EL TEMA MÉXICO, UN TRAMPOSO RECURSO ELECTORAL DE LA ULTRADERECHA BOLIVIANA Rafael croda PAG. 3

PAG. 11

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Jueves 9 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL La CEDH omisa ante los retenes policíacos

n los últimos días, en diferentes puntos de la ciudad de Tuxtla, la policía estatal como la policía y tránsito municipal, están implementando retenes en la que se revisan papeles de los vehículos. Esto, bajo cualquier circunstancia o motivo, es ilegal y deja evidencia, que los cuerpos policiales continúan incurriendo en desmanes y violaciones a la ley, en las que se configuran delitos. Estos operativos, recurrentes en todo el Estado, son inconstitucionales y violatorios a los derechos humanos y los mandos policíacos que participan en ellos incurren en ilícitos, al promover actos que violan la ley y de presentarse la queja por parte de ciudadanos molestos, pueden ser sancionados por ese hecho. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16, es muy clara al respecto: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” Los ciudadanos no tienen por qué detenerse en los retenes ni tienen por

qué permitir el registro del vehículo ni mostrar la documentación de los mismos. Las policías del país conocen perfectamente los términos del artículo 16 de la Constitución y de que incurren en ilícitos, pero realizan los retenes porque saben que ese es un buen procedimiento de corrupción y beneficio económico y porque se aprovechan de la ignorancia de la población, en la que en muchas ocasiones se terminan bajando de su vehículo y con ello consienten el acto ilegal del registro. La revisión en los retenes o puestos de seguridad a personas por sospechosas resulta discriminatorio y solo denota la incapacidad del sistema policíaco, que emprende acciones inconstitucionales en el combate a la delincuencia, en el que se viola la presunción de inocencia y el debido proceso. En las revisiones de los vehículos los policías suelen argumentar que se está haciendo investigación de ilícitos –búsqueda de armas o drogas-, algo que es ilegal, en virtud de que el Artículo 21 limita a los policías a realizar actos de investigación siempre y cuando sean vigilados por el Ministerio Público. De igual manera las infracciones que se levantan en los retenes, por falta de documentos o por cualquier

motivo que inventen los policías son ilegales y por lo tanto se puede solicitar la nulidad del acto administrativo en el Tribunal Fiscal, en virtud de que la autoridad aplicó una multa contraviniendo la ley. En Tuxtla hay policías que realizan su modus vivendi implementando retenes y extorsionando con ello a los automovilistas, como se realiza con regularidad en las afueras del fraccionamiento Real del Bosque o en el libramiento Norte Oriente a la salida de la Central de Abasto, donde suelen esperar a las camionetas cargadas de productos para extorsionarlos. A su vez, existen retenes fijos como el de la entrada de Tuxtla, en la Pochota, en la que han existido con frecuencia accidentes mortales, o como el retén establecido en la carretera a Suchiapa, en la entrada a la Colonia El Jobo o el de la salida a Chiapa de Corzo. Todos estos retenes ilegales cuentan con la complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es omisa en las recomendaciones a los cuerpos policíacos y deja de lado el cumplimiento de la obligatoriedad constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a la población.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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El Tren Maya es “socialmente rentable”… con beneficios por 206 mil 600 mdp: Fonatur Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

l Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aseguró que el Tren Maya costará 146 mil millones de pesos y generará ingresos por 161 mil millones en transporte de personas y de carga, además de que detonará un derrame de 181 mil millones de pesos adicionales en materia de turismo y productividad en la región. Gracias a este cálculo, que aparece en una “versión pública del Estudio Costo-Beneficio” del Tren Maya, difundida este miércoles, el Fonatur sostiene que el Proyecto es “socialmente rentable”, pues representaría un Valor Presente Neto de beneficios de 206 mil 600 millones de pesos y una Tasa Interna de Retorno Social de 21.1%. En este documento, que presume una serie de beneficios económicos, sociales y culturales en la región, gracias al megaproyecto, el organismo reconoce que existen riesgos respecto de la liberación de derecho de vía –lo que dificultaría la compra de tierras para instalar las vías y las ciudades nuevas--, pero también adelanta que la demanda final de turistas y de carga podría resultar menor a las estimaciones actuales. Además, plantea riesgos geológicos –la aparición de fallas-- arqueológicos –con el surgimiento de nuevos sitios históricos-- o de interfase

Gracias a este cálculo, que aparece en una “versión pública del Estudio Costo-Beneficio” del Tren Maya, difundida este miércoles, el Fonatur sostiene que el Proyecto es “socialmente rentable”, pues representaría un Valor Presente Neto de beneficios de 206 mil 600 millones de pesos y una Tasa Interna de Retorno Social de 21.1%

entre empresas contratistas. El documento dedica media lámina a los llamados “polos de desarrollo”, las nuevas ciudades que el Fonatur pretende construir alrededor de las 18 estaciones del Tren Maya. En el portal de los proyectos de inversión en cartera, el proyecto Tren Maya plantea un presupuesto total de 139 mil 072 millones de pesos hasta 2022 –para la infraestructura y la maquinara--, con un gasto de 31 mil 471 millones de pesos en 2020. Sin embargo, el Presupuesto de

Egresos de la Federación aprobado para 2020 sólo incluye una partida de 2 mil 500 millones de pesos para el Tren Maya en el apartado del Fonatur relacionado con las “provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga”. El proyecto prevé la colocación de 30 locomotoras y 180 vagones de pasajeros, con la promesa de que la tecnología llevará “conectividad” y reducirá los tiempos de transporte en la región, dispersará los turistas que llegan a Quintana Roo y esti-

mulará la economía estancada de la Península. En materia de carga, asevera que el Tren Maya moverá principalmente materiales de construcción, pero también de alimentos y de insumos relacionados con “maquinaria y minería”. Entre sus impactos económicos positivos, el Fonatur estima que el Tren Maya llevará a los turistas a prolongar su estancia en la Península entre 1.4 y 1.6 días, lo que generaría un derrame adicional de 16 mil millones de pesos anuales; además, plantea que el megaproyecto “acercará entre sí” a personas y empresas, lo cual produciría economías de aglomeración de 2 mil 500 millones de pesos. El Fonatur pretende transportar 66 mil pasajeros por día en 2023 y 250 mil 100 en 2053; asimismo, el documento estima que la cifra de turistas alcanzaría 50 millones por año en 2052 –contra 17 millones actualmente-- y el número de pasajeros se triplicará en 30 años –al pasar de 325 mil pasajeros por día actualmente a 915 mil en 2052--, mientras que la carga se cuadriplicará de 70 mil toneladas diarias a 263 mil toneladas.

Exigen el pago de salario a maestros y demás prestaciones Oscar Sántiz San Cristóbal de Las Casas.

Derivado del adeudo que el Gobierno tiene con docentes de la Telesecundaria “Independencia Nacional 1425” de Revolución Fiu, en el municipio de Aldama, la institución educativa no arrancó labores este 8 de marzo. La razón es que los docentes viajaron a Tuxtla Gutiérrez para exigir el pago de sus salarios, aguinaldos y demás prestaciones que les adeudan desde 2015, por lo que los padres de familia y alumnos piden el pronto pago a los maestros para regresen a las aulas, “ya que donde se ha visto que se trabaje y no te paguen”. Lamentan que el gobierno argumente en los medios de comunicación que ya se pagó el adeudo

cuando “en realidad varios maestros no solo de este nivel no se les ha pagado. Ellos tienen familia que mantener, pagar sus pasajes para su traslado, alimentación. Solo el gobierno quiere quedar bien aprovechándose de la necesidad de trabajo de estos docentes”. Los padres de familia manifiestan su respaldo a los metros que viajaron a Tuxtla Gutiérrez, donde exigen se les pague “según datos de los propios maestros afectados son entre 6 mil a 8 mil maestros de varios niveles que se les adeuda”, entre ellos la Telesecundaria “Independencia Nacional 1425”. Detallan que varios de ellos desde dos ciclos anteriores 2016-2018 y 2018-2019 les deben, calculándose por maestro de entre 80 mil a 120 mil pesos.

“Urge que este problema se vea por el Estado y darle prioridad a la

niñez de nuestro estado que es también la perjudicada”, concluyen.

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Policías municipales asaltan a campesinos chiapanecos De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

olicías municipales de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, detuvieron y asaltaron a campesinos de una comunidad del municipio de Ixtapa, cuando estos pretendían llegar a la terminal de corto recorrido y tomar el camión que los llevaría a su comunidad donde viven, el pasado lunes por la tarde, luego los uniformados los acusaron de ser centroamericanos indocumentados. Aníbal Florentino Gómez Gómez, de oficio campesino y originario de la comunidad Chigtón del municipio de Ixtapa denunció las agresiones que sufrieron él y tres más de sus compañeros quienes buscaban viajar a su municipio toda vez que en la trece oriente y novena sur se toman las combis, pero decidieron pasar antes al baño ubicado en el mercado de los ancianos donde eran vigilados por sujetos vestidos de civil en coordinación con la policía municipal. Gómez Gómez en entrevista dijo que tienen plenamente identificado a un sujeto que en ocasiones porta un uniforme semejante al del Instituto Nacional de Migración y en ocasiones anda de civil y que se dedican en las inmediaciones del mercado de los ancianos la terminal de corto recorrido y la central camionera a detener a medio mundo acusándolos de ser extranjeros con la finalidad de extorsionarlos. Cabe señalar que los detenidos son de la comunidad de Chigtón del mu-

Cabe señalar que los detenidos son de la comunidad de Chigtón del municipio de Ixtapa, comunidad que fue conocida por el mundo entero cinco años atrás cuando un campesino decidió prenderse fuego a las afueras del Congreso de Chiapas

nicipio de Ixtapa, comunidad que fue conocida por el mundo entero cinco años atrás cuando un campesino decidió prenderse fuego a las afueras del Congreso de Chiapas. Esa “equivocación” de la policía tuxtleca pude generar reacciones de los habitantes de dicha comunidad toda vez que fueron amenazados que si se quejaban o hacían denuncias públicas de lo ocurrido hoy serían buscados para ajustar cuentas con ellos, dicha amenaza no los acobardó y por el contrario decidieron hacer pública su denuncia a esta casa editorial. Por lo que señalo: “lo que pasa que venimos de viaje de México y fuimos al sanitario, adentro nos detuvieron los policías y ya esposados nos golpearon,

aquí estamos golpeados (Señalando los quejosos varias partes del cuerpo donde presentan contusiones). Gómez Gómez explicó que los hechos ocurrieron este día aproximadamente a las ocho de la mañana y que los policías al detenerlos les indicaron que violaron el artículo 108 del mando de Policía y Buen Gobierno. “Fuimos cuatro detenidos y tuvimos que pagar la cantidad de cuatrocientos pesos cada uno y fueron los mismos policías quienes nos agredieron y nos golpearon porque adentro del sanitario ya esposados nos estaban golpeando”. Otro de los afectados dijo que después de ser detenidos y golpeados fueron trasladados a la Policía Sectorial

y posteriormente a las instalaciones de la Popular: “el señor que nos agredió, el año pasado se hizo pasar como migración y andaba una camioneta de la estatal y ya nos había bajado y es el mismo que ahora nos agredió tenemos fotografías de él y además nos amenazó que va a hacer todo lo que esté de su parte para que caigamos en sus manos y el sujeto se llama Moisés Díaz Gómez, quien se hace pasar como Policía Judicial y como agente del Instituto Nacional de Migración, pero hoy no portaba ningún uniforme”. Otro más agrego que su único delito fue grabar los hechos y exigir que si las cosas eran transparentes no tenía por qué impedir la grabación y con eso basto para que lo subieran a la camioneta 00119 “y ya abordo de la patrulla me pidieron dinero para quitarnos algunas faltas, nos estaban pidiendo la cantidad de mil pesos, yo no di el dinero porque eso es una extorsión y lo que estaban cometiendo es un delito y tengo la grabación”. En la grabación justamente se escucha alguien que dice por radio son los que estaban en el baño y les dice alguien “que quede aquí porque se presta a malas interpretaciones, ya abordaron yo les estoy diciendo claro lo que es y tienen que ser mil pesos” es lo que se escucha en la grabación.

Toman secundaria ESTI 131 por incumplimiento de director, piden su renuncia De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Desde temprano este miércoles padres de familia de la Escuela Secundaria industrial ESTI 131 localizada en la Colonia Azteca tomaron las instalaciones ante el incumplimiento del rector. De acuerdo a los padres de familia que desde la seis de la mañana colocaron cadenas al portón de la escuela el director de la escuela con 18 años en el cargo no ha logrado realizar acciones contundentes para el beneficio de la comunidad estudiantil. Señalaron que de las cuotas escolares tampoco se ha visto un avance ya que en la institución llevan años

solicitando la conclusión de una barda, sin embargo el director ha hecho oídos sordos. Por ello los manifestantes no permitieron el acceso de los maestros y solicitaron al Comité de Padres de Familia atender este tema y demostrar que no son comparsa del director en lo que presumen se ha dedicado a desviar los fondos escolares. “Por 18 años es director de la escuela no ha hecho mejoras en la escuela todo el dinero se lo reparten y él quería seguir manejando el dinero de la cuota de los alumnos y por el nuevo comité nos dimos cuenta queremos que lo cambien y no daremos marcha atrás asta que el director se vaya de la escuela”, expresaron.

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A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas. com)

or amenazas y actos intimidatorios de las autoridades del Estado, docentes y alumnos de la licenciatura en Derecho Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), iniciaron este 8 de enero que se van a huelga de hambre. Javier Alejandro Aguilar Hernández, coordinador académico en la sede Las Margaritas de la Unich, informó que a 48 horas de mantener un plantón afuera de la sede del Poder Ejecutivo local, docentes y alumnos de nuevo ingreso determinaron suspender alimentos a partir de este miércoles, esto después de que el rector de este centro de estudios, Jorge Luis Zuart Macías, decidiera cerrar la licenciatura en Derecho Intercultural. En este sentido, apuntó que cada 24 horas un docente y alumno se irán sumando a la huelga de hambre, donde a partir de este miércoles, Aníbal Humberto de León Gordillo, estudiante que la Rectoría le negó la inscripción a primer semestre. Postrados en la entrada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), llamó al ombudsman chiapaneco, Juan José Zepeda Bermúdez, a que atienda esta acción que violenta con el derecho a la libre

Jueves 9 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Inician huelga de hambre afuera de CEDH En este sentido, apuntó que cada 24 horas un docente y alumno se irán sumando a la huelga de hambre, donde a partir de este miércoles, Aníbal Humberto de León Gordillo, estudiante que la Rectoría le negó la inscripción a primer semestre

educación, así como de los académicos de la licenciatura que fueron relegados a otras áreas. Por otro lado, de León Gordillo comentó que con esta acción pretende que la Rectoría de la Unich garantice un espacio que se le con-

sideró a finales de 2019, pero que en enero del presente año le fue negado por la supuesta aniquilación de la licenciatura. Agregó que, ante las amenazas del subsecretario de Gobierno, Jorge Cruz Pineda, ha solicitado a algunos países

asilo por cuestiones de violencia. “Hoy inicio la huelga de hambre y además de eso empiezo a meter solicitudes de asilo en otros países, esperando que la oportunidad que en mi país me negaron me la den en otro lugar ya que además de darme el cortón, me amenazan, me gritan, yo estoy pacíficamente y es triste que detrás de nuestro gobierno hay gente así, que en vez de querer que nuestro estado se supere, crean que tienen el derecho a sentirse superior”, dijo. Cabe mencionar que este grupo inició con un plantón reclamando presuntos atropellos por parte del rector, Jorge Luis Zuarth Macías, a quien denuncian de contratar a nuevo personal y dejar a un lado los maestros de base y con años de antigüedad, además del cierre de carreras.

Pide OPEZ no pagar el servicio de agua en San Cristóbal Oscar Sántiz San Cristóbal de Las Casas.

Venden hasta espacios históricos por feria de Chiapa de Corzo Jairo Camacho. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Habitantes de la colonial ciudad de Chiapa de Corzo denuncian públicamente que en la edición 2020 de la Feria Grande los organizadores que en este caso son los integrantes del Consejo han vendido espacios que afectan los espacios históricos. Los pobladores lamentan que nunca en la historia de la Feria Grande se había vendido prácticamente cada centímetro del centro histórico con tal de obtener ganancias a costa de las afectaciones que esto pueda traer. “Por favor tengamos respeto por nuestra historia, por nuestras tradiciones, por nuestros héroes, por nuestros hombres ilustres, por nuestro pueblo y

por nosotros mismos ya que esto representa anarquía y retroceso”, expresaron. Esto en razón que incluso el espacio donde se encuentra la estatua del célebre marimbista Zeferino Nandayapa Ralda fue ocupado, previamente fue delimitado mediante un corran de madera, algo nunca antes visto. Sin embargo esto no es todo ya que una situación similar ocurrió con la pila, el monumento más importante que también aparece completamente tapado ante ello lamentaron que: “Demasiado ambicioso salió este consejo de la Feria de Enero 2020, vender con tanta ambición cada milímetro del parque”. “La fuente colonial icono de Chiapa de Corzo tristemente ocultada por la ambición y falta de tacto del patronato”, remarcaron.

“Esta organización propone e invita a todos los usuarios de agua iniciar actos de resistencia civil de abstenernos a pagar hasta en tanto se dé marcha atrás del alza del costo de agua, para evitar daños en la economía popular, mientras se despilfarra dinero en la presidencia municipal. Se le pide a Jerónima Toledo Villalobos se discipline a los principios de MORENA”. Así lo indican en un comunicado integrantes de la Organización Proletaria Emiliano Zapata Histórica (OPEZ-Hist), hicieron un llamado a la población en general, iniciar una campaña de resistencia en el pago del Servicio del Agua Potable y Alcantarillado municipal (SPAAM), en tanto no les den agua de calidad, reduzcan el costo, “mientras se despilfarra dinero en la presidencia municipal”. Señalan que contradictorios en los mensajes de AMLO, en San Cristóbal, Jerónima Toledo ha incrementado el precio del servicio de agua potable y alcantarillado municipal, sin consultar a los usuarios, “pues no toman en cuenta la calidad de servicios que da a la población, agua sucia, un día si y un día no, obviamente debemos de pagar la

mitad, pese a este razonamiento se atrevieron a subir el costo del agua, ante esta mala decisión del ayuntamiento coleto”. La organización que en la región altos encabeza Octavio Zunun Aguilar, lamenta que la alcaldesa Jerónima Toledo Villalobos, y su gabinete mantenga “la política neoliberal”, ya que con ·la cara de MORENA actúa de manera contraria a la política del Andrés Manuel López Obrador” quien “no bajo los sueldos”. “Ni bajo los sueldos a su gabinete, ni es congruente con los principios de no robar, no mentir y no traicionar, ola de corrupción en el ayuntamiento coleto y la famosa contraloría no funciona, debe desaparecer ya que en sus narices está la corrupción y se hacen de la vista gorda”, suscriben finalmente.

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Implicado en “estafa maestra”, encargado de despacho de la Secretaría de Educación de Tabasco Armando Guzmán Villahermosa, Tab. (apro)

uillermo Narváez Osorio renunció a la titularidad de la Secretaría de Educación del estado (Setab), y como encargado de despacho de la dependencia quedó el subsecretario de Educación Media y Superior, Fernando Calzada Falcón, implicado en la “estafa maestra”. El gobernador Adán Augusto López Hernández informó que Narváez Osorio renunció ayer, luego de ser propuesto por el Consejo Universitario en la terna de la cual la Junta de Gobierno elegirá al próximo rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) para el periodo 2020-2024. El mandatario morenista dijo que en tanto designa al nuevo titular de la Setab, Fernando Calzada Falcón asumió las funciones como encargado de despacho, pero se da como un hecho que será el relevo de Narváez Osorio, quien también se perfila como favorito para rector de la UJAT. De acuerdo con una investigación del portal Animal Político y de la agrupación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que dio origen a la “estafa maestra”, en Tabasco se encuentran implicados siete rectores de cuatro universidades y de un instituto superior. Entre ellos el saliente rector de la UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez, y Fernando Calzada Falcón, exrector de la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTT). Calzada Falcón también fue secretario de Finanzas en el gobierno sustituto de Manuel Gurría Ordóñez

Ezequiel Flores Chilpancingo, Gro. (apro)

El gobierno federal ordenó un operativo militar para restablecer el orden en la región de Tierra Caliente, disputada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana. Las tropas castrenses llegarán mañana a Ciudad Altamirano, cabecera del municipio de Pungarabato, donde se encuentra el cuartel del 34 batallón de Infantería, informó a Apro una fuente consultada. El lugar es considerado como bastión del grupo delictivo que lidera José Pineda, acusado de imponer un impuesto a productos de la canasta básica, así como a refrescos y el transporte público, y a estable-

El gobernador Adán Augusto López Hernández informó que Narváez Osorio renunció ayer, luego de ser propuesto por el Consejo Universitario en la terna de la cual la Junta de Gobierno elegirá al próximo rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) para el periodo 2020-2024

(1992-1994), en el interino de Enrique Priego Oropeza (2001) y en el de Manuel Andrade Díaz (2002-2006), todos priistas. Según la investigación periodística, entre 2013 y 2014 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos en 11 dependencias del gobierno federal, entre ellas Pemex Exploración y Producción (PEP) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de los cuales desparecieron tres mil 433 millones. Los 7 mil 670 millones fueron entregados a 186 empresas, pero 128 no tenían la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas o simplemente eran fantasmas.

Para la triangulación de los recursos, en el caso de PEP se utilizaron ocho universidades del país, cinco de Tabasco –entre ellas la UJAT y la UTT–, que se quedaron con más de mil 6 millones de pesos de “comisión”. La UJAT, por cinco contratos con PEP, obtuvo 128 millones 23 mil 605 pesos de comisión. La UTT, cuyo rector era Calzada Falcón, también firmó cinco convenios con PEP, por los que recibió 47 millones 604 mil 800 pesos de comisión. En la triangulación de recursos de PEP participaron otras tres universidades tabasqueñas: Popular de la Chontalpa (UPCH), Politécnica del Golfo de México (UPGM) y el Insti-

tuto Técnico Superior de Comalcalco (ITSC). En agosto pasado, el gobernador Adán Augusto informó que colaboraba con la ASF, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación sobre la “estafa maestra” en Tabasco. Uno de los implicados, José Manuel Piña Gutiérrez, dejará la rectoría de la UJAT a finales de este mes, tras ocho años el cargo, en dos periodos de cuatro años. Y se da como inminente que su relevo será el ahora exsecretario de Educación del gobierno, notario público y catedrático de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, quien compite con Dora María Frías Márquez y Arturo Garrido Mora, secretaria de Servicios Académicos y director de la División Académica de Ciencias Biológicas de esa institución. La doctora Miriam Carolina Martínez López, directora de la División Académica de Ciencias de la Salud, también aspirante a la rectoría, consideró como “una vergüenza” la elección de la terna de candidatos. Denunció que la elección del Consejo Universitario no fue un proceso transparente, y acusó al rector Piña Gutiérrez de operar abiertamente en favor de la terna que finalmente quedó y de la cual la Junta de Gobierno designará rector de la UJAT.

Gobierno federal ordena operativo militar para restablecer el orden en Tierra Caliente, Guerrero cimientos comerciales. Según la fuente, la operación militar tiene como objetivo desplegarse en zonas estratégicas de los nueve municipios que conforman la región de Tierra Caliente en Guerrero, pero no se tomó en cuenta a las autoridades locales por los constantes señalamientos de colusión con la delincuencia. En la región de Tierra Caliente no existe libertad de tránsito y la sociedad tampoco tiene garantizada la libertad de expresión, por la presencia de retenes instalados en vías federales desde Teloloapan,

pasando por Arcelia, Ajuchitlán, Tlapehuala, Coyuca de Catalán,

Tlalchapa, Pungarabato y Zirándaro.

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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

l subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, sostuvo que a un año de haberse creado la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, no hay “resultados tangibles”, pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cumplido “de manera puntual” sus compromisos con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos. Entrevistado por representantes de medios de comunicación, al término de la reunión con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el responsable de la investigación, Omar Gómez Trejo, Encinas Rodríguez resaltó que en materia de investigaciones hay “avances importantes en todo el proceso judicial y se replanteó la mentira histórica, como ahora se le ha denominado”. Tras confiar que “pronto tengamos resultados concretos”, el funcionario destacó que se afina un acuerdo por el que la Fiscalía General de la República (FGR) reconoce la “participación e incorporación” de exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación del caso, situación que se formalizará este jueves 9 en un encuentro que el presidente López Obrador sostendrá con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos. De hecho, la reintegración del GIEI fue el punto central en las reuniones que Encinas tuvo con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) --encabezados por el secretario ejecutivo, Paulo Abrao-- y con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos y sus comisionados. Después de dos horas y media, Abrao explicó a reporteros que la reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación y la Cancillería fue de carácter “técnico”, en preparación al encuentro que se realizará mañana en Palacio Nacional.

Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)

El Banco Mundial (BM) recortó su previsión de crecimiento económico para México de 1.5% a 1.2% para el 2020; mientras que para el 2019 el organismo internacional de plano señaló que el país tuvo un nulo crecimiento., es decir, en 0 por ciento. En su reporte Perspectivas Económicas Mundiales, el organismo presidido por David Malpass señaló que “en México, el crecimiento aumentará al 1.2 % debido a que la merma en la incertidumbre normativa contribuirá a que las inversiones repunten”. “La inversión en México también se espera que repunte, así como la confianza de los inversores, además de que el sector privado está más involucrado en proyectos de infraestructura, al tiempo que la política mo-

Jueves 9 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

En caso Ayotzinapa no hay “resultados tangibles”, admite Encina Entrevistado por representantes de medios de comunicación, al término de la reunión con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el responsable de la investigación, Omar Gómez Trejo, Encinas Rodríguez resaltó que en materia de investigaciones hay “avances importantes en todo el proceso judicial y se replanteó la mentira histórica, como ahora se le ha denominado”

Abrao recordó que la propuesta de la CIDH “ha sido la reintegración del GIEI”, así como que algunos de sus exintegrantes formen parte del Grupo de Asistencia Técnica. El secretario técnico de la CIDH resaltó que en el encuentro hubo una “evaluación y se habló del progreso de las iniciativas tomadas (por la Comisión que encabeza Encinas), que son muy positivas, pero es necesario acelerar los procesos” para alcanzar el objetivo, que es la localización de los estudiantes. Santiago Aguirre y Vidulfo Rosales, representantes de los familiares de las víctimas, admitieron que el anuncio relevante del encuentro con el presidente será sin duda la reinstalación del GIEI, para lo cual la Canci-

llería, la CIDH y los propios expertos estarían construyendo un acuerdo de actuación en una nueva etapa en las indagatorias del caso Ayotzinapa. Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que el GIEI mantendrá las facultades que tuvo en la primera etapa, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se las otorgó de forma enunciativa. “Fue trascendente la participación del GIEI en su etapa anterior, de actuación en terreno, con amplias facultades para aportar pruebas, facultades de coadyuvancia plena, mismas que anteriormente las tuvo, pero sólo en papel, pero no tuvo las facilidades para ejercerlas”, abundó. Al resaltar que los cambios en el

nuevo esquema están en la interacción con la Comisión para la Verdad que encabeza Alejandro Encinas y la participación de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Rosales Sierra advirtió: “No podemos poner las expectativas del caso en el GIEI, le corresponde al gobierno, a la Comisión presidencial, a la FGR y a la fiscalía especial trabajar para el esclarecimiento, ellos tienen la carga de las investigaciones”. Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), advirtió que pese a los avances presentados persiste la preocupación de que no hay resultados contundentes. De acuerdo con el defensor, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos mantienen la exigencia de que “si no se procede contra los que manipularon la investigación, no se van a romper los pactos de silencio”, y difícilmente se va a dar con los estudiantes. El defensor destacó que, así como es importante el análisis de telefonía, también lo es afinar “los incentivos para aquellas personas que provean información sobre el paradero final de los estudiantes”, así como nuevas detenciones.

El Banco Mundial recorta de 1.5 a 1.2% la previsión de crecimiento para México en 2020 netaria brindará un modesto apoyo”, agregó. Según las proyecciones, el crecimiento mundial se ubicará en un 2.5 % en 2020, apenas por encima del nivel registrado el año pasado, el más bajo desde la crisis. El crecimiento podría incrementarse si las tensiones comerciales se redujeran y se mitigara así la incertidumbre, acotó el reporte. No obstante, señaló, en el balance siguen prevaleciendo los riesgos de que la situación empeore. “Desde la crisis financiera mundial, las economías emergentes y en desarrollo han experimentado una abrupta desaceleración en el creci-

miento de la productividad, a pesar de que la acumulación de deuda ha sido la más grande, más rápida y más generalizada desde la década de 1970”, acotó. Para el Banco Mundial, estas circunstancias vuelven más urgente la necesidad de reconstruir el espacio de las políticas macroeconómicas y de encarar reformas que permitan reactivar la productividad. En este entorno destacó los riesgos como la posibilidad de que vuelvan a agravarse las tensiones comerciales y se produzcan fuertes caídas en las principales economías y alteraciones financieras. Así como también el hecho de que

los mercados emergentes y economías en desarrollo deben reconstruir el espacio de las políticas macroeconómicas a fin de incrementar su resiliencia ante crisis adversas y llevar adelante reformas decisivas que permitan impulsar el crecimiento a largo plazo.

Jueves 9 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

José Raúl Linares Ciudad de México (apro)

l presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz (CECOPAM), en el municipio de Huehuetoca en el Estado de México, con el cual buscarán capacitar a las Fuerzas Armadas, funcionarios públicos, policías mexicanos y elementos castrenses de otras regiones del mundo en donde existan conflictos armados. “México puede ser un gran contribuyente para el mantenimiento de la paz en el mundo”, destacó Jean-Pierre Lacroix, secretario general adjunto del departamento de Operaciones de paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU). También animó al gobierno mexicano para impulsar el entrenamiento de mujeres que desempeñen estas tareas. El anuncio se produce un día después de que el doctor Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, expresó que nuestro país cuenta con “buenas posibilidades” de que logre un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. “Tenemos todo el endoso de América Latina y el Caribe y hay muy buenas probabilidades”, expuso. A decir de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dicho centro ya ha capacitado a 331 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, los cuales participarán en las misiones de paz que realiza México en conjunto con la Organizaciones de Naciones Unidas.

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AMLO inaugura Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz El anuncio se produce un día después de que el doctor Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, expresó que nuestro país cuenta con “buenas posibilidades” de que logre un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU

Objetivos Entre los objetivos que tendrá el CECOPAM, destaca: Capacitar al personal militar, policial y civil mexicano, para desempeñarse eficientemente en operaciones de paz de la ONU y eventualmente a personal extranjero que se ordene. Adiestrar unidades y organismos

circunstanciales de las Fuerzas Armadas Mexicanas, para participar eficientemente en Operaciones de Paz de la ONU. Mantener enlace con otras instituciones similares, dentro de mecanismos regionales y multinacionales para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas.

Asesorar a las diferentes Armas, Servicios, Cuerpos y Ramas de las Fuerzas Armadas Mexicanas para la inclusión de temas relacionados con las Operaciones de Paz de la ONU, en sus respectivos programas de adiestramiento. “México reconoce las operaciones de paz de las Naciones Unidas, como un instrumento eficaz para proteger a los más vulnerables, promover los derechos humanos y auxiliar en el restablecimiento del estado de derecho. “Nuestro país está convencido que la aspiración colectiva y universal de la paz se enmarca en el respeto, convivencia pacífica y diálogo”, señaló el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. “Por ello para las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad mexicanas es un honor participar en las misiones de paz representando al Estado mexicano. Sabemos la responsabilidad que implica y la asumimos con determinación”, finalizó.

AMLO: sí hay “cuotas” en el Insabi; se va a resolver De la redacción Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que están pendientes por resolver las llamadas “cuotas de recuperación” en los servicios de alta especialidad para que el servicio que da el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sea efectivamente gratuito. El presidente fue cuestionado sobre el comunicado que emitió un día antes la Secretaría de Salud, en el que se estipula que, “de acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Salud, los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales están sujetos a obtener cuotas de recuperación para la prestación de servicios de tercer nivel”, de muy alta especialidad. En un comunicado anterior, la Secretaría de Salud había garantizado que a partir del 1 de enero, el Insabi ofrecería “atención médica gratuita y sin restricciones”. “Tenemos que ir resolviendo lo de las llamadas cuotas de recuperación porque, en efecto, eso impide que el servicio sea gratuito. Esto se da

mucho en hospitales de especialidades, pero se va a llegar a un acuerdo”, dijo el presidente en su conferencia mañanera. Se le mencionó el caso de una persona que pagaba 24 pesos en el Seguro Popular y ahora le cobran cerca de 500 pesos, así como el de otro usuario a quien no le quieren entregar el cadáver de su mamá porque presuntamente no le alcanzó para pagar unos estudios médicos. “Todo el apoyo, pero eso que tú estás planteando debe de ser atendido de inmediato”, respondió el Ejecutivo. “Todos los servidores públicos tenemos que atender a la gente y no tienen que pagar, ni por la atención médica ni por los medicamentos”.

Señala resistencias Mencionó que hay resistencias, porque también los que manejaban las cuotas a veces, y no todos, hacían mal uso de esos recursos, o sea, “estaba podrido el sistema de salud pública. Entonces, como se están llevando a cabo estos cambios, hay resistencias”. “Imagínense, que se muera una persona y que no se permita que sal-

ga el cuerpo si no paga. El que hizo eso actuó de manera ilegal, no sólo en forma inhumana, de manera inmoral, sino también ilegal”, subrayó. “Acabar con la corrupción lleva algún tiempo, lo importante es no rendirnos”. También pidió que le lleven los nombres de a quiénes y en dónde subieron la cuota de 70 a 500 pesos. –En el Hospital General de México –le dijeron. –Sí, Hospital General de México, pero eso es una abstracción, o sea, necesitamos nombre, quién fue el que padeció de este abuso. “Que nos ayuden, porque ahora le

van a dar mucho vuelo a todas estas denuncias. Es natural, no quieren que se terminen con estas lacras. Entonces, necesitamos todos ayudar. “Pero, ¿qué hacemos?, ¿regresamos al Seguro Popular?, ¿volvemos a entregar el dinero y que todo quede igual y que no haya medicinas, y que unos cuantos se roben el dinero de las medicinas?”, insistió. “No, nos va a costar, esto es como una carrera de obstáculos”. Cuestionado sobre el reconocimiento que la Organización Panamericana hizo sobre la creación del Insabi, López Obrador dijo: “Sí está bien, pero todavía no lo merecemos”.

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Jueves 9 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Gobernadores pretextan recorte de recursos para promover nuevos impuestos en sus estados De La Redaccion Ciudad de México (apro)

l coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo que algunos gobernadores han asegurado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recortó recursos a las entidades, pero eso –subrayó-- realmente es un pretexto para promover nuevos impuestos en sus estados y a nivel local. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, precisó, “se contempló la obligación del Ejecutivo en el pacto fiscal con las entidades federativas”. Añadió: “La obligación que tiene (el gobierno federal) en términos de aportaciones federales y participaciones no disminuye en términos reales, sino que aumenta lo que aumentó la inflación y la bolsa se mantiene constante, de tal manera que no hay ninguna caída de recursos para las entidades federativas”. Además, abundó, empezó a circular la versión de que aumentaría el precio de la gasolina, pero eso “es absolutamente falso”. No hubo cambios en el precio de los combustibles, ya que el 31 de diciembre de 2019 la gasolina Regular estaba en 19.52 y el 4 de enero pasó a 19.53 pesos el litro; la gasolina Premium cerró el año en 20.86 y continúa en ese precio, y el diésel cerró el año de 21.28 a 21.27 pesos por litro, sostuvo en conferencia de prensa. Y recalcó: “El gobierno está cum-

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, precisó, “se contempló la obligación del Ejecutivo en el pacto fiscal con las entidades federativas”

pliendo puntualmente la promesa de no incrementar en términos reales el precio de los energéticos, ni siquiera en términos nominales”. El también presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que a diferencia de lo que ocurría en sexenios anteriores, donde se recibía el año con malas noticias y se hacía muy complicada la cuesta enero, “hoy tenemos buenas noticias”. Delgado Carrillo explicó que en su primer año el gobierno de Andrés

Manuel López Obrador mantuvo el endeudamiento, incluso bajó de 44.9% a 44.7% del PIB, “es un esfuerzo muy importante y es producto de mantener orden en las finanzas públicas y de haber cumplido el superávit de 1.0% en 2019, al que el gobierno se comprometió”. Este es un mensaje muy bueno para los mercados e inversionistas saber “que se tiene un gobierno disciplinado y que mantiene los equilibrios fiscales”.

Y mencionó que el avance en el Comité de Finanzas del Senado estadunidense en la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC por sus siglas en inglés) ayudará a fortalecer las expectativas positivas para la economía en este año. “Estoy seguro que eso va a ser un detonante de muchas inversiones en toda la región de Norteamérica y principalmente en nuestro país”, expresó. Delgado Carrillo consideró que el conflicto de Estados Unidos con Irán moverá algunas expectativas, “ya hemos visto el impacto en los precios del petróleo, pero el hecho de que avance el acuerdo comercial en América del Norte va a fortalecer la presencia de nuestro país como un lugar atractivo para las inversiones y con ello mejorar la perspectiva de crecimiento que tenemos para este 2020”. Remató: “Todo esto son buenas noticias para las familias mexicanas. Además, si le sumamos la mayor inversión social en la historia, donde casi 20 millones de mexicanos van a estar recibiendo apoyos directos vía pensión a adultos mayores, algún tipo de beca o algún otro tipo de programa para el bienestar, es una buena perspectiva económica para nuestro país en este 2020”.

El IFT se suma a las impugnaciones contra la ley de salarios José Raúl Linares Ciudad de México (apro)

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la cual buscan que el máximo tribunal del país determine y precise cuál es el monto del salario del Presidente de la República, según el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) del año 2020. Con este recurso el IFT exige, como lo hizo en diciembre pasado el Banco de México (Banxico) que, con base al PEF 2020, sean aclarados los criterios que fijaron el salario del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo que impide especificar el tope

salarial de sus funcionarios. El fondo de dicha controversia deriva de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP) 2019, misma que establece que ningún funcionario puede percibir más que el presidente. En específico, el IFT y Banxico reclamaron los Anexos 23.1.2 y 23.1.3 del PEF de 2020, relativos a la remuneración del presidente, así como otros apartados relativos a funcionarios públicos de la administración federal. Algunos de estos “ingresos” derivan de compensaciones a la presidencia, como lo son casa, alimentación, salud y transporte, pagados con el presupuesto público como “compensaciones ordinarias”, y que se le otorgan al

mandatario por vivir en Palacio Nacional pero sin que éstos sean registrados como parte de sus honorarios. El pasado 31 de diciembre, la SCJN admitió la controversia constitucional 358/2019 inter-

puesta por Banxico, en la cual pidió los antecedentes legislativos del PEF 2020, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes y las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado.

Jueves 9 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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En 2019 fueron asesinadas cinco defensoras de Derechos Humanos Angélica Jocelyn Soto Espinosa Ciudad de México. (Cimacnoticias)

ulodia Lilia Díaz Ortíz fue una indígena que defendió los últimos tianguis del trueque en el Estado de México, una tradición prehispánica de la entidad por medio de la cual florece la economía de las comunidades náhuatl, otomíes y tlahuicas que intercambian leña por comida. Luego de años de hostigamiento por parte de las autoridades municipales que buscaban el control del tianguis, el pasado 25 de marzo de 2019, un vecino presuntamente allegado a la administración municipal le disparó a Eulodia y la mató. Este asesinato fue uno de los cinco crímenes contra defensoras de Derechos Humanos y mujeres periodistas que ocurrieron en México durante 2019, de acuerdo con datos registrados por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM). Las otras defensoras asesinadas fueron la promotora del derecho a la vivienda digna en la Ciudad de México, María Cristina Vázquez; la periodista de Tabasco, Norma Sarabia; la defensora de tierra y territorio en Chiapas, Estelina López Gómez; y la defensora de personas desaparecidas en Michoacán, Zenaida Pulido. Además de estos crímenes, durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron dos intentos de asesinato contra las activistas; cuatro detenciones arbitrarias; 22 casos de criminalización; dos desapariciones y tres

allanamientos. Estas cifras demuestran que el actual gobierno federal no logró hacer una diferencia con respecto a la administración de 2018, a cargo del priísta Enrique Peña Nieto, ya que, de acuerdo con datos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en ese año cuatro mujeres defensoras fueron asesinadas. Según el conteo de la RNDDHM, en 2019 la mayoría de las defensoras agredidas trabajaban por la tierra y el territorio y los derechos ambientales; en favor de la población en contexto de migración; los derechos sexuales y reproductivos; y de las personas desaparecidas y desplazadas.

Control del territorio, la amenaza más grande La mayoría de las agresiones contra las activistas ocurrió en un contexto de conflicto por el control del territorio, que es el tema de fondo, incluso, en las agresiones contra personas que acompañan a víctimas de desaparición, desaparición forzada o

desplazamiento, aseguró en entrevista Gloria Flores, cocoordinadora de la RNDDHM. Esto es así –precisó Flores con base en los casos que acompañan– porque algunas veces las empresas y los gobiernos trabajan en contubernio con el crimen organizado para que éste genere condiciones de violencia en la entidad que deriven en desaparición y desplazamientos. De esta forma, los territorios quedan libres para la instalación de proyectos o el control criminal. A esto se suma que estos grupos externos a las comunidades (como empresas o actores políticos) implementan acciones para dividir la fuerza comunitaria, lo que coloca en una situación de mayor riesgo a las mujeres que defienden los territorios en sus comunidades, agregó la entrevistada. De acuerdo con Flores, si bien los perpetradores directos son funcionarios públicos, empresas, personas de la misma comunidad y hasta grupos del narcotráfico, el Estado es el principal responsable de esta violencia, ya que la mayoría de las defensora ya

habían denunciado otras agresiones en el pasado. Sin embargo, las cifras de 2019 mostraron que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está rebasado y ha desatendido a las denunciantes, por lo que –a decir de Flores– requiere mayor presupuesto, infraestructura y capacitación del personal. Esto ha orillado a que sean las mismas redes de activistas quienes realicen acciones de acompañamiento y protección para las defensoras. Incluso, son ellas quienes han tenido que hacer búsquedas de personas en el territorio, a pesar de los riesgos de seguridad que eso implica para ellas. Para la RNDDHM, en 2020 se prevé un año de más riesgo para las activistas, ya que el actual gobierno federal tiene la intención de avanzar en la implementación de proyectos extractivistas, hidroeléctricos y otros, pero sin garantizar la participación informada de las comunidades. Ante este contexto, las defensoras exigen al gobierno de López Obrador que verifique el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Protección y fiscalice el ejercicio de su presupuesto; y que garantice el funcionamiento de las Comisiones estatales para búsqueda de personas desaparecidas. Además, urgen a que se realicen consultas indígenas, no ciudadanas, para la instalación de proyectos, pero con base en estándares internacionales; y que privilegie medidas de seguridad para aquellas comunidades que decidan rechazar el desarrollo de esos proyectos en su comunidades.

IWMF y Washington Post piden proteger a Lydia Cacho De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

La Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF, por sus siglas en inglés) y la Asociación para la Libertad de Prensa de The Washington Post lanzaron una campaña para pedir al gobierno mexicano que haga más para proteger a sus periodistas y en particular para proteger a la periodista Lydia Cacho, quien vive en el exilio. Las asociaciones internacionales llamaron a expresar el apoyo en las redes sociales utilizando las etiquetas #PressFreedom y #SupportLydia. La campaña, explicaron, es porque en México la libertad de expresión está bajo ataque, por ejemplo, sólo en 2019 fueron asesinados 11 periodistas. El 21 de julio del año pasado la casa de la periodista, en el estado

de Quintana Roo, fue allanada y sus mascotas fueron asesinadas, un acto que la obligó a salir del país para salvaguardar su vida. La organización Artículo 19, defensora legal de la también defensora de derechos de las mujeres, aseguró que lo sucedido se dio en medio de la búsqueda de justicia por la tortura a la que fue sometida en 2005 por investigar y revelar una red de pederastia de altos funcionarios y empresarios de Puebla y Quintana Roo. Por este caso de tortura siguen pendientes las órdenes de captura del empresario Kamel Nacif y el exgobernador de Puebla, Mario Marín, presuntos responsables de ordenar la tortura de la autora del libro “Los demonios del Edén”. De acuerdo con el Programa de Género y Libertad de Expresión, de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la tarde del 12 de ju-

nio de 2019 fue asesinada la reportera del diario Presente y Tabasco Hoy, Norma Sarabia Garduza, asesinada frente a su domicilio, en Huimangillo, Tabasco. En septiembre de 2019 también fue asesinada la columnista Mara Elizabeth Mares de la O, en el estado

de Aguascalientes. En este último caso las autoridades siguen sin considerar que el feminicidio estuviera relacionado con su trabajo periodístico, aunque testimonios de la familia y colegas señalaron a CIMAC que la también activista había recibido amenazas.

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Jueves 9 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EL TEMA MÉXICO, UN TRAMPOSO RECURSO ELECTORAL DE LA ULTRADERECHA BOLIVIANA Rafael croda

l diferendo diplomático entre México y Bolivia tiende a bajar de tono porque el gobierno de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez sabe que una ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales tendría un efecto negativo para las aspiraciones electorales de la ultraderecha boliviana, que ya montó una operación para volver al poder en los comicios de mayo de este año. Áñez y su canciller, Karen Longaric, saben que se les fue la mano en su decisión de declarar personas non gratas a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, y a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández. La Unión Europea (UE), que ha jugado un papel clave en la pacificación de Bolivia tras la crisis que culminó en noviembre pasado con la renuncia de Evo Morales como presidente, calificó la decisión de “extrema e inamistosa” y en círculos diplomáticos de La Paz se comenta la forma tan incompetente en que Áñez y su canciller están manejando sus relaciones internacionales. La autoproclamada presidenta interina esperaba que la virtual expulsión de la embajadora mexicana y los diplomáticos españoles fuera respaldada a nivel popular, pero ello no ocurrió. “Aquí lo que hay es preocupación de que estas medidas acaben por aislar internacionalmente a Bolivia. La reacción de la Unión Europea fue muy enérgica y México es un país con mucha historia de solidaridad con América Latina como para tratarlo así. Eso es lo que perciben los bolivianos”, dice a Apro el profesor de la Universidad Mayor de San Marcos Fernando Salazar. Si en el ámbito de las relaciones internacionales la jugada les salió mal a Áñez y su canciller, en términos de política interna les salió peor. Y como todo lo que hagan o dejen de hacer los funcionarios del actual gobierno estará condicionado por la

campaña para los comicios presidenciales del próximo 3 de mayo, en lo sucesivo se cuidarán de ser menos burdos en la explotación del tema México, país al que la ultraderecha boliviana ubica como “refugio de dictadores” y de dirigentes izquierdistas. Desde luego, cabe esperar que ese sector político –dominante en el gobierno de Áñez— mantenga el asedio policial y paramilitar en torno a la Embajada de México en La Paz, donde se encuentran nueve asilados políticos, pero sin duda la canciller Longaric será mucho más cauta en sus posiciones frente al gobierno mexicano y se dejará presionar menos por los duros del gabinete ministerial. Longaric expresó el pasado viernes 3 que tiene confianza en mejorar las relaciones con México y España e incluso mencionó la posibilidad de reunirse en los próximos días con el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Lo cierto es que Áñez y sus aliados – terratenientes, sectores empresariales y la rancia derecha ideológica— están alarmados por un sondeo divulgado el jueves 2 y el cual muestra al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, como el favorito para ganar los comicios presidenciales. La encuesta, de la televisora Unitel, se conoció horas antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunciara que las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 3 de mayo. Los precandidatos de la ultraderecha saben que les queda poco tiempo para concretar la operación, ya en marcha, de “reconquista” del poder que perdieron hace 14 años, cuando el líder indígena Evo Morales se convirtió en presidente y colocó a los pobres y a los indígenas en el centro de sus políticas públicas. Y ya se dieron cuenta de que esa operación no tiene el desarrollo que suponían. Ya llevan casi dos meses gobernando

Bolivia y no han sido capaces de capitalizar el desgaste político y el descrédito que sufrió Evo Morales por su intento de permanecer en el poder a pesar de que en 2016 perdió un referendo en el que buscaba el respaldo de los electores para una nueva reelección. Áñez y la ultraderecha que la rodea han tratado de acusar a Morales, a sus antiguos colaboradores y a altos dirigentes del MAS de toda clase de delitos como narcotráfico, corrupción, tráfico de influencia y fraude electoral, y han desarrollado –con la ayuda de varios medios— una campaña de desprestigio contra el anterior gobierno. Pero la encuesta conocida el jueves 2 ubica al MAS como el partido con más preferencias electorales (el 20.7%), a pesar de que aún no cuenta con candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Los abanderados del MAS serán elegidos durante un encuentro de delegados de esa colectividad política programado para el 19 de enero en Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra asilado Evo Morales desde el 12 de diciembre, tras una estancia de un mes en México. En el sondeo, Áñez figura en el segundo lugar de las preferencias, con el 15.6%, seguida del expresidente Carlos Mesa, con el 13.8%. Luis Fernando Camacho, el dirigente ultraderechista que encabezó las protestas que culminaron con la renuncia de Evo Morales en noviembre pasado, tiene apenas el 6.9% de respaldo. Y el ultraderechista expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien hace unos días llamó “cobarde matoncito” al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, tiene únicamente el 1.6% de las preferencias electorales. La ultraderecha boliviana está empeñada en recuperar el poder tras 14 años de un gobierno de fuerte énfasis social. Pero, a pesar de que hoy parece tener la sartén por mango, tiene una tarea muy difícil.

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Jueves 9 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

UN HURACÁN SACUDE AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

omo si un huracán hubiera pasado a través de él, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha experimentado una gran transformación: nuevos rostros, nuevas políticas, una modificación de su discurso. Pero ¿qué podemos esperar de ese viento de cambio en el órgano encargado de la administración de los recursos financieros, materiales y humanos del poder judicial? ¿Qué efectos podrían tener estas evoluciones sobre la calidad de la impartición de justicia?

Un Consejo renovado. ¿Nueva armonía?

En 2019, seis de los siete consejeros de la Judicatura Federal cambiaron[1]. La mudanza mayor se verificó pronto, en enero, y fue en la presidencia misma –tanto del CJF como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, al salir el ministro Luis María Aguilar y entrar el ministro Arturo Zaldívar. En febrero, terminó el periodo de José Guadalupe Tafoya y la SCJN designó en su lugar a Alejandro González Bernabé. En septiembre salieron Alfonso Pérez Daza y Felipe Borrego, y en noviembre Rosa Elena González y Martha María Hernández. Ese mes, en sustitución de los primeros dos, fueron designadas por el Senado Loretta Ortiz y Eva Verónica de Gyves; en lugar de las otras dos, fueron nombrados Sergio Javier Molina por la SCJN y Bernardo Bátiz por el titular del Ejecutivo Federal. El único consejero que permanece en el cargo es José Antonio Cruz Ramos, cuyo periodo termina en noviembre de 2021 y cuyo sustituto será designado por el Pleno de la SCJN. Con estas modificaciones, la edad promedio de los consejeros pasó de aproximadamente 54 años a 60 años, esencialmente por la llegada de Bernardo Bátiz, quien tiene 83. La proporción de mujeres se mantuvo en dos por cinco hombres, lo cual constituye una oportunidad desaprovechada, pues una de las prioridades del CJF desde el año pasado ha sido la de aumentar la equidad de género en los más altos puestos de la Judicatura, pero los dos consejeros nombrados por la SCJN fueron hombres, lo cual no parece dar el mejor ejemplo. Por otra parte, todos son únicamente abogados. Es decir, ninguno añade a su obligatoria licenciatura en Derecho alguna formación académica en Administración, Contabilidad, Economía, Recursos Humanos o demás materias afines a las funciones del mismo CJF. Esto parece otra oportunidad desaprovechada para enriquecer la profesionalización del órgano. Ahora bien, tanto por su formación como su experiencia profesional,

Laurence Pantin y Adriana Aguilar cuatro de los actuales consejeros se especializaron en Derecho Penal y tres de ellos en Derecho Constitucional y Amparo (en ambos casos, se trata del mismo número que en la anterior integración del CJF). Dos de ellos tienen especialización en Derecho Administrativo o Fiscal (mientras solían ser cuatro en la anterior configuración), tres en Derechos Humanos y dos en Derecho Laboral (versus solamente uno antes, para ambas materias). Este último punto puede resultar muy positivo dado que, por un lado, con la reforma constitucional de 2011 los jueces y magistrados cuentan expresamente con la obligación de garantizar los derechos humanos y, por el otro, uno de los retos del CJF para los próximos años será la implementación de la reforma laboral, que prevé que este ámbito de la justicia pasará a ser responsabilidad de los poderes judiciales federal y estatales. Finalmente, también es relevante que el número de consejeros provenientes de la carrera judicial haya pasado de cinco a tres, pues los dejó sin mayoría en el seno del órgano. Esto puede revelarse importante en la resolución de los procesos disciplinarios y de adscripción a cargo del CJF. Si uno considera que los consejeros “internos” al Poder Judicial pueden ser más propensos a defender a sus homólogos cuando éstos son objeto de cuestionamientos o investigaciones, es probable que se confirme, en los próximos años, el giro hacia la “cero tolerancia” por actos de nepotismo, corrupción o prácticas indebidas que ha caracterizado el discurso y las primeras decisiones tomadas por el ministro Zaldívar. En todo caso, vale la pena señalar que los dos nuevos consejeros nombrados en 2019 por el pleno de la SCJN tienen fama de ser cercanos al ministro presidente[2]. Por ello, es probable que, más allá de sus posibles preferencias personales, apoyen la política emprendida por el ministro Zaldívar. Por su parte, las dos consejeras designadas por el Senado y el consejero escogido por el titular del Ejecutivo son excolaboradores de este último o pareja de quien lo defendió durante su proceso de desafuero en 2005. Dado que el presidente ha sido muy crítico de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, se espera que sus allegados fomenten una política de “mano dura”. Al respecto, como ya lo mencionamos, si bien son loables los esfuerzos para evitar el nepotismo, erradicar la corrupción y buscar que la permanencia en la función jurisdiccional dependa sobre todo de la excelencia de la conducta de los servidores públicos, y de hecho podrían representar un verdadero cambio en la calidad

de la impartición de justicia, también es fundamental que éstos siempre se basen en el debido proceso para que se tranformen en una especie de “cacería de brujas”.

¿Selección idónea?

Dada la gran responsabilidad que recae en los consejeros de la Judicatura Federal –no solamente en cuanto a la disciplina, sino también en lo que toca a la selección del personal del Poder Judicial, así como del manejo de sus recursos–, vale la pena mencionar que el proceso de designación de éstos no estuvo exento de cuestionamientos. Primero, consideramos que todavía falta mucha transparencia en estos procesos de nombramiento. Tanto los procesos desarrollados en el Senado como en la SCJN –sin mencionar siquiera la designación por parte del ejecutivo federal, que no se describió a la luz pública, más allá del mero anuncio– carecieron de un debate público en torno a los criterios de selección e idoneidad de los perfiles. En el caso del Senado, las comparecencias de quienes se postularon al cargo de consejero no fueron transmitidas en vivo por el Canal del Congreso, ni posteriormente vía su página web[3], pese a que así había quedado establecido en el Acuerdo sobre la metodología de las comparecencias. Además, el dictamen emitido por la Junta de Coordinación Política no estableció los argumentos con base en los cuales se propuso a Ortiz y a de Gyves. En el proceso desarrollado en la SCJN, si bien las comparecencias de los cinco finalistas fueron públicas, las preguntas hechas por los ministros no permitieron valorar adecuadamente la idoneidad de los perfiles. De hecho, parece que en la designación no sólo se valoró la comparecencia, sino también otros elementos que no fueron explicados, pues los votos de los ministros no necesariamente deben ser fundamentados[4]. Quizás a causa de esta falta de transparencia y escasa justificación, algunos observadores se quedaron con la sensación de que los procesos de designación respondieron más a criterios políticos que a la búsqueda de perfiles idóneos, y con la preocupación frente a un posible riesgo pa-

ra la independencia judicial, dado la cercanía de tres de ellos con el titular del ejecutivo, como ya mencionamos. Las tareas pendientes del CJF Más allá de la implementación de la reforma laboral –que es una obligación del Poder Judicial– y de las nuevas políticas que el CJF ha impulsado desde el año pasado, en materia de combate al nepotismo[5] y a la corrupción[6], de ratificaciones de jueces y magistrados[7], así como de equidad de género[8], los principales ejes de trabajo que éste se ha fijado para 2020 en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en el Primer Informe del ministro presidente Arturo Zaldívar incluyen otros temas que no solían ser prioritarios para la institución. Por ejemplo, el de la seguridad de los funcionarios judiciales, quienes, en el contexto generalizado de violencia por el que transita el país desde hace ya varios años, pueden ser amenazados con el fin de guiar una toma de decisión o resolver un trámite. Por ello, el CJF ha reforzado este año las evaluaciones de riesgo a sus servidores públicos, y solicitado al Congreso 756.8 millones de pesos para este rubro, “de modo que la impartición de justicia quede blindada a los embates de la delincuencia organizada”. Por otro lado, es la primera vez que el CJF se propone seriamente implementar un Servicio Civil de Carrera para el personal administrativo del Poder Judicial de la Federación, para que la selección de los empleados que no se dediquen a tareas estrictamente jurisdiccionales se base en el mérito. Si bien parece muy positiva esta iniciativa, pues tiene como propósito profesionalizar estas categorías y evitar prácticas de nepotismo, solamente podrá ser efectiva si se acompaña de la implementación de concursos de oposición, lo cual no ha sido mencionado oficialmente hasta ahora. Además, el CJF pretende mejorar la selección de los jueces y magistrados, y para ello ha diseñado un “perfil del juzgador federal”. Esto implicará que en las designaciones se valoren no solamente aspectos técnicos, como ha sido el caso hasta hace poco, sino también atributos vinculados a la sensibilidad social (tomando en cuenta en particular la capacidad de resolver con perspectiva de derechos humanos y de género). Para seleccionar y formar al personal a partir de este perfil, el Instituto de la Judicatura ha modificado sus programas académicos sobre derechos humanos. También se ha reforzado la confidencialidad de los concursos de oposición para jueces, cuyos cuestionarios son aplicados y resguardados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

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Jueves 9 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

TRUMP EN EL 2020 Olga Pellicer

l juicio político al presidente Donald Trump contribuye a la incertidumbre y el escepticismo con que termina el último año de la segunda década del siglo XXI. La decisión en la Cámara de Representantes de pedir el juicio político del presidente acusándolo de abuso de poder y obstrucción al Congreso representa una situación excepcional en la vida política de Estados Unidos; las consecuencias se resentirán en todo el mundo. Es de esperar que el Senado considere infundadas las acusaciones contra Trump. El comportamiento en la Cámara de Representantes, donde los republicanos votaron unánimemente en contra, indicó que, a pesar de numerosas razones para que miembros del Partido Republicano vieran sus intereses afectados por apoyar a Trump, hay una gran lealtad política hacia él. Por ello, la líder del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, ha decidido que no enviará al Senado los cargos mientras no se hayan sentado las bases para un proceso “justo”. No obstante, es difícil determinar lo que se entiende por “justo” dados los escasos precedentes que tiene el caso. El impeachment ( juicio político al presidente) sólo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos. En los casos anteriores, la decisión de destituir al presidente no ha ocurrido. Esta vez sucederá lo mismo. Sin embargo, hay circunstancias que configuran una situación más compleja y con mayores implicaciones. Es la primera vez que el juicio político coincide con la campaña para la reelección del presidente. De allí que la preocupación central sea el grado en que dicho juicio va a influir sobre las elecciones. A

primera vista, parece que poco ha cambiado. La sociedad estadunidense está profundamente polarizada. De acuerdo con las encuestas, las múltiples comparecencias de funcionarios públicos, juristas y diplomáticos que evidenciaron el uso del poder para fines personales por parte de Trump –como fue retener la ayuda militar a Ucrania, presionándolo así para llevar a cabo una investigación que perjudicaría a su contrincante político más importante–, no ha causado mayor impresión entre sus partidarios. Por el contrario, acentúa en ellos la ira contra los demócratas que, desde su punto de vista, no han aceptado nunca el triunfo de Trump en 2016. La polarización se mantiene casi exactamente 50%-50% entre la sociedad estadunidense. Romper ese impasse exige una planeación muy cuidadosa de los demócratas para ampliar las pruebas en contra de Trump y para que, en caso de reelegirse, encuentre un panorama menos favorable al obtenido en 2016, cuando conquistó también la mayoría en las dos cámaras, de Representantes y de Senadores. Retrasar el voto en el Senado se hace con el objetivo de obtener mayor número de comparecencias e información que le pueden ser dañinas a Trump. Difícil saber si tales intentos tendrán éxito. No se puede olvidar que 53 escaños, de los 100 del Senado, están ocupados por republicanos. La única manera de cambiar su complacencia frente a Trump sería estar convencidos que su propia carrera política, como es el caso de quienes buscan la reelección, estaría en peligro; esto no parece estar ocurriendo. Lo verdaderamente importante es, entonces, confiar que

el voto popular, el cual favoreció claramente a los demócratas en las elecciones de 2016, tenga aún mayor fuerza en las elecciones de 2020. Llevar a las urnas a todos los electores de grupos minoritarios, como los afroamericanos, los hispanos, los musulmanes, es enormemente importante para frenar la reelección de Trump. Si eso no se logra, impedir que obtenga mayoría en las cámaras. Ahora bien, lo anterior depende de quién es finalmente el candidato o candidata demócrata y hasta dónde puede superar las deficiencias que se advirtieron en la campaña de su partido hace cuatro años. El tema conduce a una reflexión sobre los peligros que representa para Estados Unidos y, en general, para el mundo, la permanencia de Trump en el poder; en particular si lo logra sin tener una contraparte en el Congreso que controle o revierta sus tendencias. Los motivos para ver al presidente Trump como una amenaza si permanece más allá del 2020 son conocidos. Para empezar, él es el resultado, no la causa, del nativismo, la posición antiinmigrante, el proteccionismo y el supremacismo blanco que se encuentran en la raíz de amplios sectores de la sociedad estadunidense; Trump ha contribuido notablemente a darles mayor voz. Por lo que toca a su estilo personal, no se encuentra en la historia política de ese país alguien tan divisivo, que haya roto tantos protocolos, que haya convertido el insulto y las provocaciones en algo tan cotidiano como él. Hacia el exterior, Trump ha sido una pieza clave para desmantelar alianzas y marcos normativos que contribuían, aunque de manera frágil, al mantenimiento de un cierto orden internacional. Baste citar los efectos negativos sobre la

OTAN, su alejamiento de organismos multilaterales, en particular del sistema de la ONU, su abandono del Pacto de París, su desconocimiento de los principios básicos que se habían establecido para la solución del problema de Palestina, el desorden introducido en los esfuerzos para la no proliferación de armas nucleares al desconocer el acuerdo para el control sobre el programa nuclear de Irán y al personalizar, sin por ello tener resultados, la respuesta a la política nuclear de Corea del Norte, así como abandonar el acuerdo con Rusia sobre misiles intermedios. Finalmente, para México, Trump ha sido un elemento negativo desde el momento mismo que inició su campaña con el slogan “Construir un muro en la frontera sur y que lo paguen los mexicanos”. Desde entonces, el gobierno mexicano ha tratado de esquivar sus golpes en las tres líneas más significativas de la relación México-Estados Unidos: la migración, la cooperación para asuntos de seguridad y las relaciones comerciales. Los resultados obtenidos son frágiles y fácilmente reversibles. Se ha evitado la aplicación de aranceles aceptando, a cambio, un programa insostenible de contención de migrantes centroamericanos; se ha logrado que no se declaren terroristas a los cárteles de la droga mexicanos pero dejando de lado la supervisión y control del tráfico de drogas al interior de Estados Unidos; se celebra la ratificación del T-MEC, pero sin valorar debidamente los avances y retrocesos que el nuevo acuerdo supone para la actividad exportadora de México. Trump en 2020 es un peligro para México y el mundo. Ojalá se logre, al menos, acotar el daño que representa su posible reelección.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

Jueves 9 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

or su posición geopolítica y los abundantes recursos naturales, Chiapas posee las características preponderantes para atraer inversión privada y tiene todo el potencial para convertirse en un polo de inversión en el Sureste de México. Sin embargo, la falta de nuevas vías de comunicación modernas, por un lado, y las malas condiciones en que se encuentran la mayoría de las ya existentes, por el otro, representan una enorme barrera para los esfuerzos gubernamentales de convertir a Chiapas en un polo de inversión en el Sureste del País. Las vías de comunicación son las arterias del desarrollo, señalan los clásicos de la Economía, y si se quiere detonar el desarrollo de Chiapas, es indispensable poner manos a la obra en materia de comunicaciones. Por lo pronto, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas se ocupa de gestionar ante el presidente Andrés Manuel López Obrador -con quien se reúne frecuentemente en Palacio Nacional- los recursos financieros que se requieren para poder iniciar y adelantar los trabajos carreteros. A ello se debe que muchas obras de caminos - en diversos munici-

EL DIVAN Sergio Stahl

** Chiapas, un polo de inversión ** (Primera parte )

pios y comunidades de la entidadapenas se están iniciando en estos días del primer mes del año 2020. Mañana, la segunda parte de esta serie de textos dedicados a pensar sobre el desarrollo de Chiapas dentro del paradigma de la #CuartaTransformación.

BALCON. Por lo visto hasta ahora, cierta diputada local por Morena no tiene empacho en mostrar su codicia, en hacer gala de su gusto por la buena vida y en exhibir su apetito de poder, y al parecer, tampoco le importa que su “estilo” de ejercer el poder resulte ser es-

candaloso frente a los parámetros de austeridad y honestidad que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas tanto les predica -y vaya que lo hace no sólo con palabras, sino también con el ejemplo- a los funcionarios. En cuestión de plata, esa legisladora local peca de glotona, pues mensualmente se come grandes rebanadas del pastel del erario del Congreso del Estado. En viáticos, boletos de avión, comilonas en restaurantes de postín y hospedaje en hoteles de lujo, la ignota diputada morenista sangra al erario de la LXVIILegislatura estatal con más dinero que el que ella misma percibe como “dieta” parlamentaria. Aparte de eso, también está el asunto de los “moches” que alegadamente la ignota legisladora le aplica a los salarios de sus colaboradores cercanos. He aquí uno tips sobre su identidad: Es una mujer madura guapa, usa una voz como de anunciadora de la estación de autobuses al leer el guión de las sesiones legislativas y es muy pero muy “amiga” de Pío López Obrador. Si no le atinas al nombre de la diputada local morenista en cuestión, no te preocupes, caro/a lector/a, aquí mismo mañana te cuento la historia con pelos y señales....Eso es todo.

EL SUR DE MÉXICO José Gil Olmos

#MemoriaPública

l sur de México pareciera otro país. En Chiapas hablan de vos como en Centroamérica, en Yucatán la historia propia se sobrepone a la nacional, mientras que, en Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Oaxaca la población vive de una economía rural muy alejada de la industrial de centro y norte. Desde hace un siglo se han planteado ideas para impulsar el desarrollo en esta parte del país marcada por la pobreza y el rezago. Pero hasta ahora nada ha funcionado y la población, una buena parte indígena, sufre un retraso económico y social importante. Durante el siglo XX hubo iniciativas importantes de abatir este atraso. La primera fue de Porfirio Díaz quien planteó construir el tren que conectara los océanos Pacífico y Atlántico; luego fueron Luis Echeverría y Ernesto Zedillo los que plantearon ideas parecidas de hacer esta red ferroviaria y usarla como pivote de crecimiento económico. Los tres grandes proyectos fracasaron porque no tomaron en cuenta a la población indígena que ve la llegada de esta iniciativa como un peligro a la tierra que les ha dado el sustento por generaciones.

Nuevamente se echó a andar esta idea de impulsar el sur de México con los proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de construir el Tren Maya en la península de Yucatán --iniciando en Chiapas-- y el Corredor Transístmico con vías de tren y una super carretera que vaya del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, al de Minatitlán, Veracruz, y compita con el Canal de Panamá. Pero como en los tres primeros casos, al gobierno de López Obrador le ha hecho falta dialogar y establecer acuerdos con los pueblos indígenas y campesinos que ven como algo ajeno e incluso amenazante que se construyan estas vías para beneficio de grandes empresarios extranjeros y nacionales,

dejándolos una vez más al margen del desarrollo. Para el Corredor Transístmico se prevé una inversión total de 8 mil millones de pesos, incluyendo la rehabilitación de la vía de ferrocarril; la ampliación de la carretera Salina Cruz-Coatzacoalcos; la modernización de esos dos puertos de Oaxaca y Veracruz; y la rehabilitación de las refinerías de Salina Cruz y de Minatitlán, para abastecer de combustible a toda la región. En tanto, se prevé que el Tren Maya tendrá una inversión 7 mil millones de pesos para rehabilitar las vías obsoletas que van de Palenque a Valladolid, y la construcción de mil 400 kilómetros de vías nuevas en los tramos de Selva y Caribe, atravesando los estados

de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Hace falta saber cómo y de qué manera habrán de beneficiar a las comunidades de los siete estados estos dos magnos proyectos que plantea el gobierno de López Obrador porque hasta ahora solo se han emitido comunicaciones muy generales de la inversión pública asegurando que beneficiarán con fuentes de trabajo los años de construcción. Es necesario que los habitantes de las comunidades y poblados tengan claro saber cuál será el impacto que tendrán dichos proyectos en su desarrollo y para eso el gobierno de la Cuarta Transformación tendrá que implementar una estrategia de comunicación que despeje cualquier duda que exista en la población y no ocurra como en los otros tres intentos de querer imponer los proyectos a la fuerza y no con el convencimiento. Por cierto… No solamente el EZLN ha manifestado su rechazo a los proyectos ferroviarios del gobierno de la Cuarta Transformación, también lo han hecho 40 organizaciones civiles, campesinas e indígenas las cuales han lanzado una campaña para oponerse a estas obras, al considerar que los beneficiados serán las empresas privadas y no los habitantes de las entidades afectadas.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

CORRUPCIÓN DETRÁS DE LA EDUCACIÓN…

ara nadie es un secreto que la educación en Chiapas, desde el nivel primaria hasta el de superior y posgrado, está en la duda de su calidad y sobre todo la pertinencia que debe tener en todo el proceso enseñanza-aprendizaje; donde la rectoría educativa –Gobierno y Secretaría de Educación—y los maestros, son culpable de la mediocridad y retraso en la oferta del conocimiento de los estudiantes. Muchos –como yo—no saben que en Chiapas hay más de 360 (trescientas sesenta) universidades particulares que han proliferado al amparo de las autoridades educativa y en particular por decisión de los gobernadores, porque, lo han permitido, al otorgar los RVOES (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios) sin una supervisión previa y cumplimiento de los requisitos. Esta premisa del reparto de RVOES hiede a corrupción y en Chiapas ha sido tal el reparto o auto otorgamiento, que inclusive, ex funcionarios de la Secretaría de Educación y personajes influyentes de la política tienen en su haber hasta diez RVOES sin tener domicilio, inmueble, equipo y sobre todo alumnos. Los hay que han convertido casas-habitación en “Universidades”, saturando de carreras tradicionales que solo producen “profesionales mediocres”, desempleados y frustrados. En el año 2000 había 30 Institutos de Educación Superior o Universidades Particulares que al 2006 aumentaron a 60; al 2013, ya eran 90; en el 2014, el número subió a 130; en el 2015, 180; al 2016, 117 y en el 2019 ya hay 360, instituciones educativas de la iniciativa privada. ¿De quién es la culpa?. Es importante señalar que si bien en el año 2011 se tenía un padrón de 7 mil 262 egresados de los llamados IES (Institutos de Estudios Superiores), en el 2018 se graduaron 26 mil 425, que sumados en ese período de ocho años, tenemos 115 mil 863 nuevos profesionistas que quizá no encuentren trabajo o que el gobierno tendría que comprometerse a generar esos 115 mil 863 nuevos empleos. Si a todo esto agregamos que las universidades públicas en Chiapas (UNACH, UNICACH, UNICH, UTS y UPCH) están inmersas en un constante conflicto por corrupción, disputa del poder a su interior, crisis académica y financiera, podemos afirmar que los tiempos futuros no son muy promisorios para las mismas, máxime cuando les han recortado presupuestos y hay la tendencia a la centralización de los recursos desde la Hacienda Pública Federal.

CONFLICTOS DE LA UNIVERSIDAD SALAZAR…

Jueves 9 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado

• UNIVERSIDAD SALAZAR, CUNA DE LÍDERES. • Del conflicto al renacimiento; un gran reto… • Lo construido en 37 años, derruido en 3 meses… • Más de 360 universidades particulares… • Comentarios al Margen… Ni duda cabe que el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH), conocido popularmente como la “Universidad Salazar”, ha sido tradicionalmente por más de 37 años, el centro educativo de educación superior con mayor prestigio en el Estado. Toda una historias que han escrito desde sus inicios (1982) los hermanos FEDERICO LUIS y EMILIO SALAZAR NARVÁEZ y en las últimas etapas de su desarrollo este último rector. “Universidad Salazar, Cuna de Líderes”, es el lema ícono que han hecho valer el Rector EMILIO SALAZAR NARVÁEZ y el Vicerrector EMILIO SALAZAR FARÍAS, en una institución de educación superior que desgraciadamente fue alcanzada por conflictos internos familiares y la ambición de los que reclaman derechos que no han podido justificar. Después de 37 años de fundada la escuela –dice el contador Público EMILIO SALAZAR NARVÁEZ en conferencia de prensa—se presentan algunos problemas que vienen a trastocar la tranquilidad administrativa-académica de la institución y de los estudiantes. Señala el Rector del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH) que tiene más de 55 años dedicados a la educación; “soy contador público y maestro por convicción”, presume. Habría que recordar el 25 de junio de 2019 cuando los hermanos FEDERICO LUIS y JULIO SALAZAR FARÍAS, hijos de don FEDERICO LUIS SALAZAR NARVÁEZ (primer rector de la UNACH y por 17 años rector de la Universidad Salazar) tomaron por la fuerza y en la madrugada las instalaciones del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, sito en Paso Limón de la capital chiapaneca, dejando una estela de daños (moral, financieros y académicos, según denuncia expresa) amparados en una presunta resolución de la Sala Civil de Tuxtla Gutiérrez, que solo duró tres meses para que el 29 de septiembre del año pasado, el maestro EMILIO SALAZAR NARVÁEZ y el Vicerrector, EMILIO SALAZAR FARÍAS, recuperaran las instalaciones. Para explicar la situación que priva en la Universidad Salazar conforme al conflicto, el maestro

EMILIO SALAZAR NARVÁEZ convocó a conferencia de prensa donde destacó los daños provocados por los hermanos SALAZAR FARÍAS (JULIO y FEDERICO) de los que dijo hicieron un perjuicio económico por 50 millones de pesos, “se gastaron las cuotas de inscripciones de julio, agosto y septiembre, dejando sin recursos para el pago de sueldos y aguinaldos”. El rector de la Universidad Salazar señaló que en solo tres meses, sus sobrinos destruyeron parte de lo que se vino construyendo durante más de 37 años. Hizo énfasis en que “cancelaron becas; impusieron pago al transporte de alumnos, sustrajeron recursos y provocaron un daño moral en el prestigio de la institución. Fueron unos depredadores”. Conozco a don EMILIO SALAZAR NARVÁEZ desde 1980 cuando era el delegado del transporte federal y yo era reportero de TRM (Televisión Rural de México). Entiendo su coraje y emoción al defender su institución educativa y cuenta la historia de este conflicto familiar y de ambiciones del que argumenta: “ser rector no se da por herencia; se da por el trabajo y la experiencia”. Habla de los casi 13 mil egresados de la universidad que tienen sus títulos y cédulas profesionales. Asegura: “estamos en las mejores condiciones de ofrecer un servicio de excelencia educativa; somos una escuela de servicios para la clase media que antes tenía que irse a otras entidades a estudiar y tenemos excelentes resultados”, reafirma. Sobre el proceso jurídico en contra de sus sobrinos, don EMILIO confirmó que se va a seguir el cauce legal; “estamos integrando los documentos para interponer una denuncia y procedimientos penales por daños y despojos, siempre apegados a la ley”. En cuanto a cómo se

va a revertir todo el daño causado por el conflicto y la irrupción a las instalaciones, el Rector señaló que se está en esa tarea; “vamos a continuar y estamos en pie de lucha”. Orgulloso de su institución, don EMILIO SALAZAR NARVÁEZ recordó que la escuela –como él le llama a la Universidad Salazar—es la primera en su género educativo particular, con las mejores instalaciones; doscientas aulas con aire acondicionado, campos deportivos, talleres y laboratorios. “Somos la única institución de educación privada que ofrece la carrera de medicina; estamos en orden, trabajando legalmente y hemos sido muy constantes”. “La Universidad Salazar sigue con más ánimo que nunca; tenemos la capacidad y la experiencia. Vamos a continuar con más fuerza y los estudiantes tienen la garantía de que la educación que les ofrecemos es de excelencia”, resaltó el rector EMILIO SALAZAR NARVÁEZ, al punto de señalar que “la escuela es un árbol frondoso que en tres meses empezaron a desramar, pero que la estamos reconstruyendo”. Así las cosas, el conflicto, el reto y la reconstrucción del tejido educativo del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas…

COMENTARIOS AL MARGEN… QUE YA SE ACABÓ EL HUACHICOL…

Dice el Presidente AMLO que con la campaña contra el huachicol, este delito se ha reducido en más de 90 por ciento. Pero como diría la abuela: “sí chucha, cómo no”. ¿Y de que quiere su nieve el Peje-Lagarto?, porque “yo tengo otros datos” y no son precisamente los que tiene en su fantasía el “Pastor de las Mañaneras”. Le dejo esta información del huachicoleo. Solo en Chiapas, en la carretera San Cristóbal de las Casas con rumbo a Teopisca y Comitán se vende gasolina a granel de manera abierta y sin ningún rubor. La pregunta es: ¿de dónde obtienen ese combustible los revendedores que lo anuncian sin ningún recato y nadie les dice nada a pesar de ser un peligro latente?. No sé de donde, pero que es huachicoleo, ni lugar a dudas hay. Tampoco se entiende cómo las autoridades no toman cartas en el asunto y dejan que este negocio –de algunos vivales—se expanda por toda esa región y represente un peligro para los habitantes de esas comunidades. Se lo dejo de tarea al Presidente AMLO que dice que ya casi se acabó el huachicoleo y por consiguiente a las autoridades estatales, desde el Fiscal hasta la titular de la Secretaria de Seguridad Pública. Después no digan que no se los dije y quieran tapar el pozo después del niño ahogado… Se acabó el mecate… Y ES TODO…

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Jueves 9 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1805

DENUNCIA

PROTESTA

Toman secundaria ESTI 131 por incumplimiento de director, piden su renuncia

Policías municipales asaltan a campesinos chiapanecos

PAG. 4

ANUNCIO

AMLO inaugura Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz

PAG. 4

ACUSACIÓN

Venden hasta espacios históricos por feria de Chiapa de Corzo PAG. 8

EXIGENCIA

El IFT se suma a las impugnaciones contra la ley de salarios

PAG. 9

PAG. 5

PAG. 6

Implicado en “estafa maestra”, encargado de despacho de la Secretaría de Educación de Tabasco