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DOXA

EDITORIAL

Sin rumbo en el gobierno

PAG. 2

De manera sistemática la administración de Rutilio Escandón ha venido utilizando a los cuerpos policiales para desalojar y enfrentar a los grupos de pobladores que protestan. En el discurso ficción de los funcionarios estas medidas sirven para imponer el Estado de derecho

La inacción política obliga al gobernador a realizar cambios en el gabinete. Después de un año sin que hayan resultados la renovación es inevitable. La interrogante es si habrá cambios en la secretaría de gobierno. y fundamentalmente quién va para la presidencia del tribunal de justicia.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Martes 7 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1803

ACUSACIÓN

PETICIÓN

Con AMLO hay un “retroceso” en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes: Redim Así lo denunciaron defensores que integran la Red de los Derechos de la Infancia en México (Redim), luego de participar en la entrega del “Balance Anual 2019: Entre la invisibilidad y la violencia”, en Palacio Nacional, evento encabezado por “Los Reyes Magos” para llamar la atención de las necesidades del 30% de la población del país

Solicitan maestros activar sueldos PAG. 4

DENUNCIA

Desinterés del rector provoca cierre de carrera en sede de la UNICH PAG. 9 PAG. 4

Se agudiza conflicto en Chamula, roban en palacio PAG. 9

Alrededor de 60 personas llegaron al Palacio Municipal de San Juan Chamula con la finalidad de exigir el presidente Ponciano Gómez cumpla con sus demandas.

LLAMADO

Nepotismo y Corrupción al más Alto nivel en el INM en Chiapas

HOY ESCRIBEN HOJAS LIBRES

Roberto Domínguez Cortés

EL DIVAN

PAG. 15

Sergio Stahl

PAG. 14

RETOS DE LA SEGURIDAD FEDERAL Ernesto Villanueva

PAG. 14

PENSIONES, SALARIOS Y COLAPSO DEL RETIRO Pablo Gómez

PAG. 13

LA VERDAD, Y NO LA AUTORIDAD, DEBE DETERMINAR LA JUSTICIA Ricardo Raphael

LA VIOLENCIA QUE OFENDE E INDIGNA PAG. 5

PAG. 12

Argentina Casanova Mendoza PAG. 11

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Martes 7 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL Sin rumbo en el gobierno

e manera sistemática la administración de Rutilio Escandón ha venido utilizando a los cuerpos policiales para desalojar y enfrentar a los grupos de pobladores que protestan. En el discurso ficción de los funcionarios estas medidas sirven para imponer el Estado de derecho, cuando en realidad lo que se hace es utilizar la violencia institucional en contra de la protesta social, situación que sólo provoca mayor violencia. En las acciones de protesta la población termina siendo afectada por el cierre de carreteras, la toma de casetas, el cierre de calles, toma de edificios e incluso retención de funcionarios. Todas estas acciones han generado un hartazgo en las personas, que se traduce en una exigencia a la aplicación del Estado de derecho y que algunos grupos, sobre todo empresariales, aplaudan las medidas emprendidas por el gobierno por el uso de la fuerza para disuadir la protesta social. Con ello se cierra la posibilidad del diálogo y la búsqueda de acuerdos a través de la vía política, que representa un instrumento indispensable para la construcción de la gobernabilidad democrática, y lo más grave aún, se

encubre la ineficacia y las irresponsabilidades de un conjunto de autoridades, que se desentienden de los problemas y exigencias de la población, tal y como viene sucediendo en Chiapas. ¿Por qué hay tantas protestas sociales en Chiapas y por qué muchas de estas protestas vienen acompañadas de la violencia? En realidad no hay una única respuesta para estas interrogantes, en virtud de que en la entidad son muchas décadas de incumplimiento en la satisfacción de derechos sociales, económicos y políticos. Durante muchos años el gobierno instituyó una cultura de la dádiva en lugar de mejorar las condiciones sociales de la población, a quienes se les confinó a vivir de las ayudas sociales. Son miles de millones de pesos destinados en las últimas décadas para programas sociales, aparentemente invertidos en Chiapas, que fueron derrochados mientras la pobreza y la desigualdad social en la población crecía. En las comunidades chiapanecas existen cientos de miles de jóvenes a quienes se les ha robado el futuro, que no tienen formas de emplearse ni posibilidades de dotación de tierras en sus comunidades, que han crecido con un resentimiento social y a quienes se

les impuso como opción el camino de la migración. En Chiapas en los últimos gobiernos existió un despilfarro presupuestal sin que haya habido responsables y sin que se haya sancionado a algún funcionario. Y ahora, están tomando decisiones un conjunto de funcionarios que no han demostrado que tengan competencias ni conocimiento y mucho menos sensibilidad y que en el primer año de la administración de Rutilio Escandón ejercieron un presupuesto superior a los 91 mil millones de pesos, sin que se sepa en dónde y en qué se invirtieron esos recursos, cuando el principal problema de la entidad es la falta de circulante que tiene semiparalizada todas las actividades productivas de la entidad. La caquistocracia es considerada como el gobierno de los peores y esos son los que están pretendiendo gobernar en Chiapas. Por eso no se puede dejar de señalar que la peor corrupción de la administración de Rutilio Escandón es la de haber nombrado a funcionarios sin competencias políticas ni académicas, que no han sido capaces de implementar proyectos de gobierno y que no han mostrado idea ni rumbo de gobierno.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

Diario ContraPoder en Chiapas

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Sin solución definitiva por relleno de humedales en San Cristóbal Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

a Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra del Valle de Jovel denunció que las autoridades correspondientes no han dado solución definitiva al relleno que se está haciendo en los humedales de María Eugenia. Al respecto, Nicolás Gómez Velasco declaró que la empresa encargada de hacer el relleno es Peje de Oro cuya propiedad es de políticos conocidos que dicen ser coletos, pero se han encargado de destruir los humedales, pese a que el 70 por ciento de éstos ha sido ya destruido. “Han fraccionado y dado permisos para el cambio de uso de suelo que eso ha alterado el ecosistema humedal. Tenemos graves daños, el año pasado entre febrero y mayo, hubo una gran sequía de los humedales. En el 2015 se logra defender los humedales gracias a la presión social y se declaró lugar sagrado”, dijo. Gómez Velasco consideró que los humedales deberían ser considerados o declarados patrimonio de la humanidad por la biodiversidad que existe pues por citar el pez popoyote, un pez endémico es único en Chiapas en el planeta, y si se sigue devastando los humedales, podrían desaparecer además que colapsaría el centro de la ciudad “sin agua”. “Hay un severo daño y el cambio climático es un factor que va colapsar, este 2020 se anuncia como un año donde va subir a uno o uno punto dos grados la temperatura”, refirió,

Al respecto, Nicolás Gómez Velasco declaró que la empresa encargada de hacer el relleno es Peje de Oro cuya propiedad es de políticos conocidos que dicen ser coletos, pero se han encargado de destruir los humedales, pese a que el 70 por ciento de éstos ha sido ya destruido

por lo que urgió que las 115 hectáreas de humedal de María Eugenia sean cuidados y decretados como área natural protegida y sujetas a conservación ecológica “pues ayuda a mitigar el cambio climático”. Lamentó que en esta transición de gobierno “de la cuarta transformación”, se siga permitiendo la destrucción de los humedales. “Ya vino el director de la Conanp, Áreas naturales protegidas del sur sures-

te, vino a un recorrido y no tenemos respuestas, una instancia que debe dar respuesta es la Profepa, que lo que vemos es una omisión, porque no hay tal actuación, hay un delito que perseguir y no han hecho nada”. Clamó la complicidad de las autoridades ambientales municipales, ya que el 31 de diciembre lograron detener a un camión con relleno “justo en el momento del delito (rellanando humedales), sin embargo

lo dejaron ir”. Por último, pidió que en este 2020 se haga conciencia ambiental ante “un colapso, y que seamos parte de la protección de los humedales y que vengan 17 de enero cuando tendremos un foro, al igual que el 2 de febrero la defensa de 12 puntos de San Cristóbal; en marzo un foro con comunidades de pueblos originarios, el 22 de marzo un evento en los humedales de todas partes del estado”.

Se agudiza conflicto en Chamula, roban en palacio Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

Alrededor de 60 personas llegaron al Palacio Municipal de San Juan Chamula con la finalidad de exigir el presidente Ponciano Gómez cumpla con sus demandas, sin embargo no lo encontraron, irrumpieron por la fuerza las instalaciones y presuntamente se llevaron algunos bienes. Las autoridades tradicionales de Chamula aseguran que las personas llegaron en 3 camionetas tipo Ford Lobo ingresando al edificio de la presidencia, retirándose de manera inmediata, presuntamente llevaron algunas pertenencias. Según testigos, las personas pertenecen al grupo de Juan Shilón que a finales de año también irrumpieran en la casa del presidente para

robar el bastón de mando, aunque Shilón se deslindó de esas acciones días después. Aunque no provocaron ningún daño a las instalaciones, en todo momento presionaron para que el presidente municipal Ponciano Gómez, diera la cara, pues se le cuestiona en la falta de entrega de apoyos a comunidades que siguen o son simpatizantes de Juan Shilón. A finales de año Juan Shilón explicó que desde el pasado 25 de diciembre, por usos y costumbres debe dar el presidente municipal su informe, donde debe mostrar una lona con sus acciones, lo cual no hizo, pero además debió haber pedido la firma y sello de los agentes de las 166 comunidades una vez terminado el informe, lo cual no fue así, porque lo estuvo pidiendo antes. “Terminando la ceremonia pide lo

que es el sello y firma de las comunidades, sin embrago mandó a su gente frente a palacio tomando su lista pidiéndoles a los comités y ahí donde fue la molestia inconformidad y comenzaron la bulla, no estuve porque no convoque a la gente, siempre me

echa la culpa”, citó. Fue después de las 14 horas que las más de 60 personas se retiraron del lugar, pero advirtieron que seguirán llegando a buscar al alcalde hasta ser atendidas sus demandas y exigiendo lo que por ley les corresponde.

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Solicitan maestros activar sueldos A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas. com)

un par de horas de iniciar el ciclo escolar 2020, padres de familia y docentes de la Escuela Primaria Federal Bilingüe “Miguel Hidalgo y Costilla” de la colonia Lomas del Serrano de Tuxtla Gutiérrez, dieron a conocer que el centro educativo suspenderá clases, ya que todos los maestros continuarán en paro de labores frente a palacio de gobierno Por falta de pagos y omisión de la Secretaría de Educación Estatal (SE), Gerardo Pérez Martínez, director de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, informó que este lunes 6 de enero cinco docentes, alumnos y varios padres de familia cumplieron una semana de plantón indefinido afuera de Palacio de Gobierno. El docente indicó que, desde el 30 de diciembre del 2019, un grupo de cinco docentes de este centro educativo determinó estallar en huelga laboral frente a Palacio, por la retención de salarios, bonos y aguinaldo. “Somos cinco maestros, dos maestros de bases y tres maestras interinas, desafortunadamente son ya seis meses de retención de salarios en el caso de nosotros los maestros de base”, expuso. Sin detallar un monto especifico, Pérez Hernández manifestó que junto a otra docente de base se les detuvo la entrega de sueldos desde el 30 de agosto de 2019, así como a tres maestras interinas que no se le garantizó y respeto su contratación. “Las autoridades nos engañaron, nos dijeron que se pusieran a trabajar y a la mera hora no las contratan”, recordó.

Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Docentes de la sede de Las Margaritas de las Margaritas de la Universidad Intercultural de Chiapas UNICH denuncian el cierre de la Licenciatura en Derecho Intercultural por la falta de apoyo de la rectoría. Alejandro Aguilar Hernández docente en esta sede y vocero del grupo inconforme dio a conocer que desde un inicio fue un desacierto la designación de Jorge Antonio Zuart Macías como rector de esta institución por los antecedentes durante su paso por la Universidad Politécnica. De acuerdo al docente el actual rector tiene varias carpetas de investigación por irregularidades cometidas, tal como ha ocurrido en la Universidad Intercultural al permitir el cierre de la carrera y poner en riesgo el resto que se localizan en diferentes municipios de la entidad. Señaló que esta situación se deriva debido a la

Por falta de pagos y omisión de la Secretaría de Educación Estatal (SE), Gerardo Pérez Martínez, director de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, informó que este lunes 6 de enero cinco docentes, alumnos y varios padres de familia cumplieron una semana de plantón indefinido afuera de Palacio de Gobierno

En este sentido, subrayó que los más afectados son 160 niñas y niños que no regresarán a clases el próximo miércoles 8 de enero. Por lo anterior, lamentó la falta de voluntad de la titular de la SE, funcionaria que prometió el 8 de julio de 2019 entregar las órdenes de comisión a maestros interinos, así como de liberar sueldos y los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC). Asimismo, reprobó la pasividad y falta de un pronunciamiento de la Secretaría General de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas

(SNTE), ante este caso. “Un poquito más de 160 (alumnos)… la Secretaría de Educación ha tenido un papel muy pasivo al igual que la misma Sección VII ha sido muy pasivo en ese caso, porque hemos entregado escritos, Con esto, comentó que los docentes ya intervinieron una queja ante la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), para que no se siga haciendo caso omiso a dicha problemática. “Hemos tocado hasta la puerta de los derechos humanos, tanto estatal

y nacional, la Fray Bartolomé de Las Casas, también, pero hasta ahorita la autoridad ha hecho caso omiso, les han girado documentos y nada”, puntualizó. Destacó que la falta de pagos y gratificaciones de fin de año se presentó como una medida represora de la autoridad educativa, esto después de que los docentes denunciarán diversas irregularidades en el nivel de Educación Indígena, así como la toma de la primaria por líderes del Movimiento Campesino Regional Independiente - Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Emiliano Zapata (Mocri-CNPA-EZ).

Desinterés del rector provoca cierre de carrera en sede de la UNICH falta de la entrega de recursos para realizar la difusión de las carreras, esto es parte de lo que la rectoría ha estado realizando en detrimento de la educación. Derivado del cierre de la carrera, existe actualmente un amparo por parte de los alumnos que pagaron la inscripción y se presentaron para comenzar la carrera y les notificaron que no iban a comenzar el semestre. Esta falta de interés ha derivado en la baja de matrículas en esta escuela que fue creada con la intención de impulsar la educación dentro y para las comunidades que conforman al estado de Chiapas. “La salida del rector es necesaria para revertir la situación que prevalece actualmente y se pone en riesgo

la permanencia de las sedes en los diferentes municipios de Chiapas. Por ello buscaremos una audiencia

con el gobernador del estado para dar cuenta del panorama de la universidad”, indicó.

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Nepotismo y Corrupción al más Alto nivel en el INM en Chiapas De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

nte el asombro de familias Chiapanecas se dio a conocer que el Instituto Nacional de Migración se gastó la nada despreciable cantidad de 5 mil millones de pesos para atender diversos temas migratorios, pero de nada ha servido ya que no hay resultados satisfactorios porque la problemática va de mal en peor. Ahora todo mundo se pregunta, ¿Dónde está todo ese dinero que dieron a conocer con bombos y platillos?, y la respuesta es muy fácil, ya que sumada a toda esta podredumbre de corrupción, trascendió que la delegada del INM en Chiapas Yadira de los Santos Robledo, creó empresas prestadoras de Servicios, y otras más donde exige el diezmo para agilizar y garantizar respuesta positiva a los trámites migratorios de migrantes. “Toda esta red de corrupción es manejada por Dayton Ventura (ex trabajador Administrativo del Ayuntamiento municipal de Neftalí del Toro y Matilde Espinoza Toledo alias la Loba de Suchiate), pero esto no queda ahí, ya que con tal de agarrar todo el control de esta plaza del INM, Yadira se los Santos tiene trabajando a sus familiares en puestos claves, entre ellos el Subdelegado zona Tuxtla, Cristián Briones, Amable de los Santos como

Ahora todo mundo se pregunta, ¿Dónde está todo ese dinero que dieron a conocer con bombos y platillos?, y la respuesta es muy fácil, ya que sumada a toda esta podredumbre de corrupción, trascendió que la delegada del INM en Chiapas Yadira de los Santos Robledo, creó empresas prestadoras de Servicios, y otras más donde exige el diezmo para agilizar y garantizar respuesta positiva a los trámites migratorios de migrantes

Directora de Regulación en Tuxtla, Aldo Iván Robledo en el Área de Regulación, y Sonia de los Santos en la estación Migratoria, entre otros. Pero además existen otros fami-

liares que controlan todo el tema administrativo adentro de la estación Siglo XXI, además de tener vínculos Familiares con funcionarios en COMAR para cerrar el círculo de

Corrupción, nuevamente un llamado a AMLO para que corrija esto, que aún está a tiempo, para que la $T llegue a Chiapas, especialmente al INM donde hacen todo lo contrario.

Sectores sociales y líderes de diversos partidos piden auditoría para Herminio Valdez Castillo alcalde de Reforma Derky Wilner Pérez Reforma, Chis.

Organizaciones sociales y líderes de diversos partidos piden al gobernador del estado y a la Auditoría Superior del Estado de Chiapas su inmediata intervención en el municipio de Reforma, Chiapas con la finalidad de que se le realice una auditoría a Herminio Valdez Castillo de los recursos federales y estatales. Diversas voces de líderes de comunidades sean alzado para exigir auditoría de los recursos del Fism y Fortamun 2016, 2017, 2018 y 2019, ya que hasta la fecha no se conoce el destino que se le han dado a esos recursos federales y estatales. Herminio Valdez Castillo o el Saqueador como ya se le conoce en el pueblo jamás ha realizado una reunión de COPLADEM, para priorizar obras de infraestructura social y las únicas obras que se han realizado en el municipio son con dinero que llega

de PEMEX o de gobierno del estado. En años anteriores se jactaba de estar protegido por el gobernador Manuel Velasco y hoy en día a señalado que no le harán nada porque tiene la protección del titular de la Aditoria Superior del Estado de Chiapas, Mtro. José Uriel Estrada Martínez, “Todo está arreglado, no van a molestarnos, ya me arreglé con el mero mero de la Auditoria superior” le señaló a sus incondicionales Romeo Hernández y Ernesto Samayoa en una fiesta que terminó en borrachera, asimismo señala a gritos que al igual que otros alcaldes envían mensualmente un promedio de 300 mil pesos para comprar impunidad a un funcionario de primer nivel. Esta auditoria es urgente y es que a decir de representantes de diversas colonias no saben que se hace con el dinero, “Bueno si sabemos, lo que no sabemos es cómo pueden comprobar el dinero federal ya que no existen

obras en el municipio, Herminio presume que tiene buenas relaciones en el gobierno por eso no le hacen nada, pero nosotros no creemos eso sabemos que el gobierno de nuestro gobernador Rutilio Escandón Ca-

denas es honesto y siempre está en contra de la corrupción, pero pues al ver que el tiempo pasa y este al que también apodan el Saqueador anda como si nada pues nos entra la duda” concluyó uno de los denunciantes.

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En Tamaulipas, al menos 100 agresiones al año contra migrantes que regresan a SLP: ONG Juan alberto cedillo Monterrey, NL. (apro)

oz y Dignidad por los Nuestros tiene reportes de al menos 100 casos al año de violencia contra familias de paisanos que regresan a San Luis Potosí por carreteras de Tamaulipas, aseguró a Proceso Edith Pérez, fundadora de la ONG. “Bajita la mano, recibimos uno 100 casos por año de agresiones, robos, secuestros y crímenes contra familias que viven en Estados Unidos y que regresan a la huasteca potosina”, precisó Edith Pérez, quien perdió en una carretera de ciudad Mante a hijos, hermanos y sobrinos. El caso más reciente es el de una familia que viajaba en dos autos de San Luis Potosí a Oklahoma, y que perdió a un menor de 13 años de edad en una agresión armada. Además, resultaron lesionados dos adultos y un niño más en los hechos ocurridos en la carretera ReynosaNuevo Laredo, a la altura del paraje Los Arcos, en el municipio de Ciudad Mier. La familia fue interceptada en un retén de un grupo del crimen organizado, donde “individuos armados los detuvieron y dispararon”, precisó en un comunicado del Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Tamaulipas. El texto oficial agregó que “la Fis-

“Bajita la mano, recibimos uno 100 casos por año de agresiones, robos, secuestros y crímenes contra familias que viven en Estados Unidos y que regresan a la huasteca potosina”, precisó Edith Pérez, quien perdió en una carretera de ciudad Mante a hijos, hermanos y sobrinos pactos de choque: dos con placas de Oklahoma y uno más con placas de Tamaulipas, al parecer usado por los agresores. Ambulancias de Ciudad Mier llegaron al lugar y trasladaron a los tres lesionados a un hospital de Nuevo León, donde se les reporta estables.

Desapariciones en las carreteras

calía General de Justicia del Estado ya investiga el homicidio de un menor de 13 años y lesiones en dos adultos y un niño”. Autoridades de Estados Unidos solicitaron información sobre el crimen del adolescente, debido a que es ciudadano de ese país. Los heridos, identificados como un hombre de 48 años, una mujer de 42 y un niño de 10, fueron trasladados a Monterrey para su atención médica. “Los primeros indicios señalan que las víctimas viajaban en una camioneta con placas de Oklahoma acom-

pañados por otro vehículo conducido por un familiar que resultó ileso, también con placas de ese estado de la Unión Americana, cuando sujetos a bordo de una camioneta les marcaron el alto”, señaló el comunicado del Grupo de Coordinación. “Al no detenerse, los individuos los alcanzaron y colisionaron para obligar a que se pararan. Después hicieron disparos contra las víctimas y huyeron en otra camioneta”, agregó el texto. Al llegar al lugar de los hechos, personal militar y policías investigadores encontraron tres vehículos con im-

La fundadora de Voz y Dignidad por los Nuestros destacó que, además de los ataques contra las familias, existe un gran número, hasta ahora desconocido, de personas a las que se les perdió el rastro en las carreteras de Tamaulipas. “La Fiscalía de San Luis y la comisión estatal de Búsqueda no se atreven a dar las cifras oficiales de desaparecidos”, dijo Edith Pérez en entrevista telefónica. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un reporte años atrás mencionando la cifra de 60 desaparecidos en el estado, pero Voz y Dignidad por los Nuestros tiene carpetas de investigación por más de 200 casos, concluyó Pérez.

Juez determina no vincular a proceso a “El Pelón de Playas” Armando Guzman Villahermosa, Tab. (apro)

Por “error” en el informe homologado, un juez federal determinó no vincular a proceso a Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, ‘El Pelón de Playas’, por portación de armas exclusivas del Ejército. Sin embargo, no saldrá de prisión porque la Fiscalía General del estado (FGE) le reactivó una sentencia condenatoria de tres años en el fuero local por el delito de encubrimiento, de la que tuvo libertad condicional y debía presentarse a firmar cada semana ante el juzgado, pero no lo hizo. El gobernador Adán Augusto López Hernández dijo que Cruz Miranda estará por lo menos 10 días más en la cárcel, en lo que se celebra la próxima audiencia y se resuelve su situación jurídica en el fuero común. Pese al hermetismo con que los gobiernos federal y estatal llevan el caso del presunto jefe del cártel Pelón de

Playas, esta tarde un juez federal resolvió no vincularlo a proceso por portación de armas exclusivas del Ejército, único delito que se le imputó tras su captura, el pasado 30 de diciembre, junto con cuatro hombres más. El juzgador argumentó que hubo “error” en el informe policial homologado tras su arresto. El pasado sábado 4, el cuerpo de un hombre descuartizado apareció colgando de un puente de Villahermosa, con una narcomanta con amenazas al juez identificado con los apellidos Capetillo Lizama. En el escrito le advertían que este lunes “el patrón” tendría que ser dejado en libertad o, en caso contrario, a él y a su familia les pasaría lo mismo que al colgado. Sin embargo, ‘El Pelón de Playas´’ no saldrá del Centro de Reinserción Social del Estado (Creset), por una condena de tres años por encubrimiento, y la FGE pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que se le

reactive para mantenerlo en prisión. En medio de un impresionante despliegue de seguridad de policías federales y estatales, Ejército y Guardia Nacional, así como sobrevuelos de un helicóptero, Trinidad Alberto fue sacado del Creset alrededor de las 14 horas y llevado a una sala de oralidad del Centro de Justicia Penal Federal, en la periferia de esta capital. A las 18:45, el juez federal determinó no vincularlo a proceso y ahora un juzgador local resolverá su situación jurídica. ‘El Pelón de Playas’ fue policía estatal. En enero de 2011, aún como

agente, ocurrió su primer arresto por asociación delictuosa, y en abril de 2012 se registró una segunda detención por robo de vehículos y a casas habitación, de acuerdo con las averiguaciones previas FECS-021/2011 y AP-FECORO-1-2311/2011. De ambas imputaciones salió libre. Esta noche, tras la decisión del juez federal y la retención en el Creset por una condena local, a través de mensajes de WhatsApp se difunden mensajes y audios alertando a la población de que no salgan de sus casas porque el cártel del Pelón de Playas atacará casas de familiares de policías, Ejército y Guardia Nacional.

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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

asta el 31 de diciembre de 2019, México acumuló 61 mil 637 reportes de personas desaparecidas, de las cuales el primer caso data de 1964. En tanto, durante los primeros 13 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 5 mil 184 personas se registraron como desaparecidas, según el nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO). Tras una revisión de registros históricos y actuales, a partir del trabajo conjunto con fiscalías y procuradurías del país, las cifras fueron dadas a conocer este lunes en una conferencia de prensa encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, a la que también asistió la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Los más de 61 mil desaparecidos superan en más de 20 mil al último reporte del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), fechado en abril de 2018. De acuerdo con Encinas Rodríguez, del primero de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 se denunciaron 9 mil 164 casos de desaparición de personas, de las cuales fueron localizadas 3 mil 980, el 91% con vida (3 mil 638) y 342 sin vida. En 519 labores de búsqueda realizadas durante los primeros 13 meses del gobierno de López Obrador, abundó, se localizaron 873 fosas clandestinas con mil 124 cuerpos, de los cuales fueron identificados 395 y 243 entregados a familiares. De los 5 mil 184 desaparecidos en los primeros 13 meses del actual gobierno, mil 277 son mujeres y 3 mil 903 hombres, y cuatro no determinados. Los jóvenes fueron los más afectados por esta tragedia, y el mayor número de casos acumulados fue entre hombres de 20 a 24 años y de 25 a 29, y en mujeres mayoritariamente de 15 a 19 y de 20 a 24. Tras señalar que no se descarta “que haya subregistros, por eso los datos siguen en proceso de validación”, Encinas Rodríguez explicó que de los casos reportados en los primeros 13 meses del gobierno de López Obrador, en cinco entidades se acumula el mayor número: Jalisco (2 mil 100), Tamaulipas (613), Chihuahua (459), Nuevo León (433) y Puebla (423). En el caso de mujeres desaparecidas, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, el nuevo RNPDNO contabilizó 3 mil 93 casos, de los cuales 41.29% (mil 277) siguen sin localizarse y 58.71% (mil 816) fueron ubicadas. Una vez más, advirtió Encinas,

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México acumuló 61 mil 637 reportes de personas desaparecidas al 31 de diciembre de 2019 En tanto, durante los primeros 13 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 5 mil 184 personas se registraron como desaparecidas, según el nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO)

el estado de Jalisco encabezó a las entidades con mayor número de mujeres desaparecidas, con 275, seguido de Puebla, con 143; Nuevo León, 161; Tamaulipas, 160, y Chihuahua, 131. En cuanto a niñas, niños y adolescentes, el subsecretario destacó que hubo 2 mil 720 casos reportados, de los cuales 62.98% (mil 713) fueron ubicados y 37% (mil 007) siguen sin ser localizados. De esa última cifra, Encinas resaltó que también en el caso de menores, el mayor número de casos se acumula en los cinco estados señalados: Jalisco (212), Puebla (131), Chihuahua (130), Tamaulipas (124) y Nuevo León (98). A su vez, la comisionada Karla Quintana dio a conocer “los datos del horror” acumulados de reportes de desaparición desde 2006 a diciembre de 2019, cuando se reportaron 147 mil 033 personas desaparecidas, de las cuales 61 mil 637 siguen en esa calidad, mientras que 85 mil 336 fueron localizadas, “94% de ellas con vida”. Tras insistir en que la base de datos fue construida con base en información proporcionada por las fiscalías del país, Quintana explicó que desde 2006 se han encontrado 3 mil 631 fosas clan-

destinas Al explicar que el nuevo reporte contiene denuncias de desapariciones ocurridas desde la década de los 60 –900 casos correspondientes al periodo de la llamada “guerra sucia”--, Quintana explicó que 97.43% de los más de 60 mil desaparecidos ocurrieron entre 2006 a la fecha. De los 61 mil 637 casos incluidos en el RNPDNO, 25.7% corresponden a mujeres y 74.3% a hombres, siendo los años con mayores registros de desaparición 2017, 2018 y 2016. La funcionaria explicó que los 10 estados que han sido escenario del mayor número de desapariciones son Tamaulipas (10 mil 032), Jalisco (9 mil 286), Estado de México (6 mil 887), Chihuahua (3 mil 907), Nuevo León (3 mil 799), Sinaloa (3 mil 137), Coahuila (3 mil 010), Puebla (2 mil 998), Guerrero (2 mil 938) y Veracruz (2 mil 231). En los casos de las 15 mil 835 mujeres que siguen desaparecidas, 3 mil 216 ocurrieron en el Estado de México, 2 mil 245 en Tamaulipas, mil 445 en Puebla, mil 188 en Jalisco y mil 065 en Nuevo León. En cuanto a las niñas, niños y adolescentes desaparecidos, hasta

el 31 de diciembre los registros apuntaban 11 mil 072 casos, registrados en su mayoría en Tamaulipas (mil 611), Estado de México (mil 503), Puebla (mil 185), Jalisco (917), Chihuahua (739) y Nuevo León (726). Sobre los registros por edades, la acumulación de víctimas se observa en hombres y mujeres jóvenes, en el caso de los primeros entre los 20 a 24 años y 25 y 29 años, y en las segundas de 15 a 19 años de forma muy marcada, y de 20 a 24 años. En su oportunidad, Sánchez Cordero resaltó que hasta ahora se han creado 29 comisiones de búsqueda estatales, y están en proceso de creación en Yucatán, Aguascalientes y Guanajuato. La funcionaria federal hizo un recuento de los avances de este gobierno en materia de justicia transicional, y englobó la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, la excarcelación de 63 reos, la Ley de Amnistía, así como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Martes 7 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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“¡Obrador, mentiroso y hablador!”, gritan al presidente en Anenecuilco, Morelos Jaime Luis Brito Anenecuilco, Mor. (apro)

e visita en esta comunidad perteneciente al municipio de Ayala, donde hace un año arrancó el Año de Emiliano Zapata, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentó reclamos de campesinos y activistas, quienes recordaron al mandatario que el asesinato de Samir Flores, ocurrido el 20 de febrero del año pasado, no ha sido esclarecido. “¡Obrador, mentiroso y hablador!”, fue el grito que acompañó la protesta de decenas de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quienes además exigieron retirar la polémica pintura de Zapata Desnudo, que desde hace más de un mes se exhibe en el Palacio de Bellas Artes, en la capital mexicana. xevt - xhvt @xevtfm #BrevesVT Con gritos de “Obrador, mentiroso y hablador” así recibieron los campesinos de #Ayala, #Morelos al presidente @lopezobrador_ A su llegada a la Unidad Deportiva de Anenecuilco, los campesinos rodearon al Ejecutivo federal, lo que retrasó por varios minutos la llegada del tabasqueño, y tuvo que abrirse camino con la ayuda de su equipo de seguridad. Los militantes de la UNTA iban acompañados de activistas e integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM), además de campesinos, quienes demandaron a López Obrador el cumplimiento de sus promesas de campaña, en el sentido de cancelar la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto –construidos en la zona oriente–, que conforman el Proyecto Integral Morelos (PIM). Sin embargo, una de las mayores demandas de los asistentes fue la exigencia de justicia para el activista Sa-

Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que de haber continuado con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco las obras hubieran terminado en 2025. En cambio, dijo durante su conferencia matutina de este lunes, el aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía se inaugurará el 21 de marzo de 2022. De igual manera, el jefe del Ejecutivo expuso que el cancelado aeropuerto de Texcoco costaría 100 mil millones de pesos más y hubiera sufrido hundimientos. “Si hubiésemos continuado con la construcción del aeropuerto en Texcoco, además del costo elevadísimo

mir Flores, opositor al PIM. A 11 de meses de ocurrido, el crimen no ha sido esclarecido y tampoco hay detenidos. Previo a la llegada del presidente de la República, los integrantes de la APPM dieron a conocer su postura y subrayaron que la visita del mandatario a Morelos es “un auténtico acto de provocación” por el impulso que ha dado al PIM y por la falta de justicia en el asesinato de Samir Flores. “Ante estos hechos, de franco desprecio a la ley y a los derechos de los pueblos, vemos la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al municipio de Ayala como un acto de provocación a la justa y digna lucha de los pueblos”, recalcaron. Las protestas se convirtieron en una lucha de gritos entre simpatizantes y detractores del presidente, en la Unidad Deportiva de Anenecuilco. Luego de resaltar que gracias a Zapata y “a otros dirigentes sociales se consiguió el reparto agrario”, López Obrador añadió: “¡Cómo olvidar que aquí inició el movimiento agrario, el movimiento revolucionario!”. Y sobre las protestas soltó: “Hay diferencias, como siempre. Decía yo, ahora que saludaba, que hasta en nuestras familias tenemos diferencias y hay que ser tolerantes, no todos podemos pensar de la misma manera. Tenemos, eso sí, que respetarnos. Decían algunos que cómo íbamos a venir a Anenecuilco si aquí había una gran oposición. Lo que encontramos fue

mucho respeto y mucho cariño de la gente de Anenecuilco”. Emmanuel @acarrillomo Hoy, en Anenecuilco, Morelos, el aparato de seguridad del presidente a López Obrador se redujo al máximo. El presidente fue increpado, empujado, no había nadie que lo protegiera salvo su ayudantía en pleno desconcierto. El 12 de enero del año pasado, el tabasqueño visitó el municipio de Ayala para declarar inaugurado el año de Emiliano Zapata, al cumplirse 100 años del asesinato del Caudillo en Chinameca. Ahí, Jorge Zapata pidió a López Obrador, a nombre de miles de ejidatarios y campesinos del oriente, que cancelara la termoeléctrica y todo el PIM. El presidente dijo que regresaría un mes después con propuestas, porque no podría cancelar “la inversión” que representaba el proyecto. En respuesta, los campesinos subrayaron: “¿A quién se le ocurre poner una termoeléctrica en la Tierra de Zapata? Es como poner un basurero nuclear en Jerusalén”. Al siguiente mes, el presidente advirtió que se convocaría a una consulta en todo el estado de Morelos y algunos municipios de Puebla y Tlaxcala, para decidir si se cancelaba la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto. La consulta se llevó a cabo el 23 y 24 de febrero. Samir fue asesinado días antes, el 20 del mismo mes, sin que

hasta el momento se haya avanzado en las investigaciones. Este lunes, luego de señalar que seguirá visitando los pueblos de Morelos y “cumpliendo con todos los compromisos”, López Obrador hizo un recuento de los programas sociales y retomó las palabras del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, quien momentos antes enumeró las obras que se entregaron en Ayala, incluidas las comunidades de Anenecuilco y Chinameca. La inversión total, detalló, fue de aproximadamente 200 millones de pesos, con lo que se rehabilitaron las tres principales plazas públicas del municipio, así como la avenida Lázaro Cárdenas y las calles Independencia, Ayuntamiento y Zapata. También se remodelaron el centro deportivo La Capilla, la explanada de la ayudantía municipal, el mercado y la Casa de la Cultura de Anenecuilco. De igual manera, se rehabilitó el Museo Emiliano Zapata y se renovó el lienzo charro, el quiosco y el monumento del Caudillo en Chinameca. López Obrador estuvo acompañado del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo; el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, y el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, entre otras autoridades locales y municipales. En su oportunidad, el exfutbolista agradeció la visita del tabasqueño: “Una vez más, a nombre de todos los morelenses, agradecemos otra vez su visita. Estamos listos para encarar los retos del nuevo año. Cerramos filas con usted por un México mejor. Bienvenido a Morelos. Y le digo a toda esta gente que ya dejemos de pelear, que en lugar de eso nos ayudemos, nos apoyemos. Somos gente igual que todos ustedes, gente humilde, gente que viene de abajo, gente que quiere ayudar a la gente del campo”, finalizó.

El NAIM en Texcoco se habría terminado en 2025; Santa Lucía para 2022: AMLO de 300 mil millones de pesos, además de que se iba a hundir, además de eso, si nos iba bien lo íbamos a terminar -a lo mejor ella no tiene este dato- en 2025; esto, de acuerdo al proyecto de Texcoco. Puedo probar lo que estoy diciendo”, señaló. Apenas ayer, justamente en un acto público realizado en Texcoco, Estado de México, López Obrador dijo que no tiene cargo de conciencia por haber cancelado la obra. En lo que respecta a Santa Lucía, hizo amplios reconocimientos a los ingenieros militares que desarrollan lo que será el “Aeropuerto Interna-

cional Felipe Ángeles” pues, según dijo, estos trabajan día y noche en el megaproyecto. Tras presentar un video con imágenes del avance de las obras y los trabajos que se realizan Santa Lucía, López Obrador se refirió después a la remodelación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Estamos rehabilitando el actual aeropuerto, ampliando las salas y estamos por resolver la utilización completa del aeropuerto de Toluca para que se resuelva la saturación del actual aeropuerto”, dijo. Desde finales de 2018, López

Obrador expuso un sistema aeroportuario que pretende la coordinación del actual aeropuerto capitalino, con la operación de las dos pistas en Santa Lucía y la habilitación del aeropuerto de Toluca.

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Martes 7 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Con AMLO hay un “retroceso” en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes: Redim Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

l mantenimiento de la militarización de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional y la invisibilización de la niñez en los proyectos estratégicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han significado un “retroceso” en la protección de los derechos de 40 millones de niñas, niños y adolescentes. Así lo denunciaron defensores que integran la Red de los Derechos de la Infancia en México (Redim), luego de participar en la entrega del “Balance Anual 2019: Entre la invisibilidad y la violencia”, en Palacio Nacional, evento encabezado por “Los Reyes Magos” para llamar la atención de las necesidades del 30% de la población del país. En el acto, Juan Martín Pérez García y Alicia Vargas Ayala, director ejecutivo de la Redim y directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (CIDES), respectivamente, coincidieron en que las evidencias del “retroceso” están en los propios datos oficiales, así como en la política pública emprendida por el gobierno de López Obrador, que ha resultado “discriminatoria” para las niñas, niños y adolescentes más pobres de este país. Acompañados de Diohema Anlleu, directora de Incidencia de la Fundación Junto con las Niños y los Niños (Juconi), y Rafael Castelán, de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C.(Seiinac), Vargas Ayala y Pérez García señalaron que continuar con la política de militarización que impuso Felipe Calderón y continuó Enrique Peña Nieto, aunado a la impunidad en que se mantienen los casos relacionados con menores de 17 años, habla de que los adolescentes no están en las prioridades del actual gobierno. “Los indicadores de que la situación sigue grave es que sigue la militarización, una cultura que se comió al presidente, a la 4T, pero no debemos permitir que se coma al país”, recalcó Pérez García, tras sostener que al aumentar el número de efectivos que conforman la Guardia Nacional, “los grupos criminales también tienen que incrementar sus propios ejércitos, la mayor parte a partir del reclutamiento forzado de jóvenes”. El defensor señaló que el reconocimiento del gobierno de López Obrador del reclutamiento forzado no ha bastado para modificar la situación, ya que en 2019 se hizo evidente en redes sociales la par-

Así lo denunciaron defensores que integran la Red de los Derechos de la Infancia en México (Redim), luego de participar en la entrega del “Balance Anual 2019: Entre la invisibilidad y la violencia”, en Palacio Nacional, evento encabezado por “Los Reyes Magos” para llamar la atención de las necesidades del 30% de la población del país

ticipación de menores en enfrentamientos armados, manipulando armas o amenazando a miembros del crimen organizado. “No hay datos oficiales sobre la leva de menores. Nosotros considerábamos una cifra de 35 mil, pero la consulta infantil del Instituto Nacional Electoral (INE) de 2018 reveló que 45 mil niñas, niños y adolescentes sufrían presiones de miembros del crimen organizado para integrarse a sus filas, mientras que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, habló de 460 mil, sin explicar el origen de esos datos”, apuntó el defensor, y destacó que en su cuenta de Twitter el presidente sólo se refirió a la niñez en siete ocasiones durante su primer año de gobierno. Vargas Ayala agregó que durante el primer año de gobierno de López Obrador “no hubo un ápice de acceso a la justicia para la niñez ni de protección integral a niñas, niños y adolescentes”. “¿Cómo se puede mejorar la situación de la niñez si el 97% de los crímenes en que las niñas, niños y adolescentes son víctimas se mantienen en la impunidad? Peor aún, este año se cumplieron 30 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y no hubo un solo pronunciamiento al respecto por parte del presidente del Sistema Integral de Protección, que es el presidente López Obrador”, resaltó. Sostuvo que para los defensores de infancia es preocupante que la niñez “no forma parte de las priori-

dades”. Y ejemplificó que, si bien hay 805 víctimas de trata menores de 17 años en carpetas de investigación, “sólo se asignaron 18 millones en el presupuesto de 2020 para atender el problema”. En la conferencia, los integrantes de la Redim ofrecieron datos que dan cuenta de la desatención a este sector de la población. Diohema Anlleu precisó que de 2000 a 2019, 21 mil personas menores de 17 años fueron asesinadas y 7 mil están reportadas como desaparecidas; de enero de 2015 a julio de 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 3 mil 297 feminicidios, de los cuales 317 corresponden a población de entre cero a 17 años. Sobre las condiciones de pobreza, la defensora resaltó que “la mitad de la población infantil y adolescente vive en pobreza, y entre indígenas ocho de cada 10 viven en extrema pobreza”, en tanto que 3.2 millones de menores trabajan. Por su lado, el SESNSP identificó a 3 mil 320 víctimas de trata entre enero de 2015 a junio de 2019, de las cuales 805 son niñas, niños o adolescentes Rafael Castelán Martínez apuntó que los infantes también han sido víctimas de discriminación en este gobierno a causa de “los recortes presupuestales, que generan mayor discriminación, y el caso más evidente fue el recorte de 50% al programa de Estancias Infantiles, que afectó no sólo a los padres y madres trabajadoras, a los encargados de

las estancias, sino a más de 300 mil niñas y niños de las comunidades más pobres a las que estaba dirigido el programa”. En esos casos, la discriminación se hace patente “porque no fueron afectadas las guarderías del Partido del Trabajo, que apoyó a López Obrador, ni las de IMSS o el ISSSTE”, instituciones a las que por cada menor se aportan 3 mil 200 pesos al mes, mientras que a los que tenían el servicio de Estancias el monto era de 950 pesos. Recordó que, por el tema de las Estancias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación, misma que “en un acto sin precedentes institucionales, cuatro secretarías de Estado rechazaron”. Castelán manifestó que en materia educativa uno de cada 10 niñas, niños y adolescentes no asiste a la escuela. “En niñas y niños de tres a cinco años, el porcentaje es de 49.3%, y en adolescentes de 12 a 17, de 36%, lo que aumenta su vulnerabilidad a la marginación, situación que se agrava entre las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que son unos 2 millones quienes tienen dos veces más probabilidad de no acudir a la escuela”. Otro sector afectado por el gobierno de López Obrador, abundó, fue la niñez migrante, ya que “durante 2019 se utilizó a la Guardia Nacional para detener a niñas, niños y adolescentes en contexto de migración, respondiendo a presiones económicas del gobierno de Donald Trump, registrándose 48 mil 723 deportaciones de niños en 2019, uno de los registros más altos en los últimos 10 años”. De acuerdo con el Balance 2019, entre los avances que se registraron destacan adecuaciones a normas ambientales, la aprobación de la legislación en materia de etiquetado frontal del contenido nutricional de los alimentos, el uniforme neutro en la Ciudad de México, la prohibición del castigo físico a la niñez –en revisión en el Senado–, así como la prohibición del matrimonio infantil. Finalmente, los defensores confiaron en que haya un cambio en la política pública de atención a la infancia, acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.

Martes 7 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Juzgado quita custodia de niñas a víctima de violencia familiar Citlalli López Velázquez Oaxaca, Oax. (Cimacnoticias)

orena Guadalupe Mendoza Pérez denunció dos veces a su esposo, Ulises M.G, por violencia familiar, pero las pruebas de los golpes y la violación que él ejerció contra ella no fueron suficientes para que las autoridades del Estado de México y de Oaxaca (donde denunció) lo sentenciaran. En cambio, las autoridades del Juzgado Tercero de lo Familiar en Naucalpan de Juárez, también en el Edomex, determinaron el 30 de mayo de 2019 dar a Ulises y su madre, la guarda y custodia provisional de las dos hijas de Lorena, una de 10 y otra de 11 años de edad. A pesar de que esa determinación judicial establece que las niñas convivan con su madre en un Centro de Convivencia, Lorena asegura que desde hace siete meses no ha visto a sus hijas.

Violencia familiar, el antecedente El infierno de Lorena se recrudeció en diciembre de 2018 luego de que Ulises la golpeara en su hogar, ubicado en la Ciudad de México. Sus dos hijas presenciaron los hechos. “Inmediatamente viajé a Oaxaca en donde levanté mi denuncia. Hasta ese entonces había sido víctima de

Sonia Gerth Ciudad de México. (Cimacnoticias)

Se rompieron cristales, se lanzó brillantina, se provocó una polémica sobre monumentos históricos pintados, pero a la vez, las mujeres rejuvenecieron y fortalecieron al movimiento feminista, forzando al gobierno de la ciudad a tomar acciones. “No nos cuidan, nos violan”, se convirtió en la consigna de las mujeres, jóvenes y furiosas, que se reunieron el lunes 12 de agosto frente a la Secretaría de Seguridad Pública, en la delegación Cuauhtémoc, para protestar por la presunta violación de una menor de edad por cuatro policías en Azcapotzalco, el día 3 de agosto. El entonces Secretario de Seguridad Pública, Jesús Orta Martínez, salió a enfrentarlas, pero su afirmación que los elementos acusados del delito seguían en funciones, no ayudó a calmar los ánimos y algunas de las manifestantes, en señal de protesta, lanzaron brillantina rosa al funcionario. La brillantina se convirtió en otro símbolo de la “Furia Mexicana”, como luego se denominó en círculos de feministas internacionales. La ira de las manifestantes no fue bien recibida por parte de la población y funcionarias públicas. Tanto la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, como la

múltiples violaciones de parte de él hacia mi persona, ya que él argumentaba que mientras yo fuera su esposa podría hacerlo cuando él quisiera”, relató Lorena en una carta pública. Ulises tiene dos denuncias por violencia familiar. Ambas fueron presentadas en el Juzgado Séptimo en Naucalpan de Juárez; además, tiene una denuncia de hechos interpuesta en el Centro del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), Oaxaca, donde Lorena buscó refugio en diciembre de 2018. En una de esas denuncias, Lorena relató que Ulises intentó entrar a la fuerza a su recámara para violarla. “Al negarme a tal abuso, (Ulises) estrelló mi computadora, mi teléfono, un vaso de vidrio y después me tiró al piso, lesionándome con los vidrios rotos. Me provocó una cortada en la

rodilla y múltiples moretones, razón por la cual asistí al Hospital Central Militar para que me dieran un Acta de Lesiones y después decidí denunciarlo nuevamente”, detalló Lorena. Hasta ahora no hay avances en la investigación de estas agresiones.

Pelea por la custodia A la par de estos hechos, Lorena y Ulises iniciaron un juicio por divorcio, guarda, custodia, pensión alimenticia, compensación y violencia intrafamiliar en el Juzgado Tercero de lo Familiar en Naucalpan de Juárez, Edomex. El 29 de mayo, la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género en Naucalpan emitió una medida de protección (de la Cimacnoticias tiene una copia) en contra de Lorena y a favor de Ulises, su madre y las niñas.

Un día después, el 30 de mayo de 2019, las autoridades del juzgado confirmaron la medida de protección y determinaron otorgar la guarda y custodia provisional de las niñas a la mamá de Ulises, que habita con él. De acuerdo con Lorena, la determinación judicial fue “de la manera más tramposa y arbitraria que pueda existir, sin elementos suficientemente contundentes, sin las pruebas psicológicas necesarias para determinar que yo soy un peligro para mis hijas y que no puedo acercarme a ellas más que en un Centro de Convivencia ubicado en Ecatepec, Estado de México”. Actualmente, las niñas permanecen bajo la tutela de la madre de Ulises, a quien Lorena considera incapaz de cuidar y defenderlas en caso de una situación de violencia, ya que en el pasado solapó otras agresiones. Lorena también teme por su vida y asegura que recibió amenazas por parte de Ulises, quien se desempeña como militar. “Hay casos recientes en donde han matado a mujeres por defender su derecho. No quiero ser una de ellas, sólo por la omisión de las que se dicen ser nuestras “autoridades” (…) A través de este escrito quiero decir una vez más que lo responsabilizo a él de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, incluyendo a mis hijas”, declaró la mujer en su carta.

Mexicanas, al glitter de guerra Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos, calificaron las protestas como “provocaciones”, en las cuales “no caerían”. Se anunciaron entonces la apertura de carpetas de investigación contra quienes pintaron las paredes de la PGJ, acción que días más tarde retiró. Sheinbaum se vio obligada a rectificar sus declaraciones un día después, pero la indignación continuó entre las jóvenes feministas quienes se sintieron criminalizadas y no tomadas en serio. Se preguntaron si unas pintas eran más importantes que diez mujeres asesinadas al día. El 15 de agosto la Procuraduría capitalina desechó la acusación de violación contra los policías (cuyo número ya había incrementado a 6 y no 4). Su argumento: “el momento, el lugar y las circunstancias no coinciden con lo declarado por la víctima.” Como ya es común en los casos que maneja la dependencia de justicia de la ciudad, aceptó haber filtrado los datos privados de la víctima, lo que provocó que la adolescente retirara su denuncia. El viernes 16 de agosto, mujeres convocaron a una segunda protesta

en la Glorieta de Insurgentes. La concentración comenzó con consignas, cánticos, poemas y la brillantina rosa arrojada hacia el cielo. De nuevo los ánimos se polarizaron. Mientras ello ocurría, la Jefa de Gobierno se reunió con mujeres defensoras de Derechos Humanos, en su mayoría líderes de opinión en Twitter, con quienes se comprometió a “dar puntual seguimiento a sus peticiones y demandas”. Anunció la creación de mesas de trabajo y foros abiertos para generar programas integrales de prevención, atención, sanción de la violencia de género. Todo ello dio lugar al “Plan de Acción Inmediata de Atención a la Violencia contra las Mujeres”, que se implementaría de septiembre a diciembre pasados y que contempla la iluminación de “senderos seguros”, capacitación en perspectiva de género de policías y personal del Ministerio Público, y la creación de un banco ADN, para uso forense en casos de violencia sexual. Las mujeres que participaron en las protestas no confiaron en estas propuestas. “Me parece que es una suerte de querer conciliar todas estas acciones para que no haya más afectaciones

en cuanto a lo material, pero no han hecho buenas estrategias para ver lo que realmente afecta a las mujeres”, opinó una estudiante a Cimacnoticias, en agosto. Terminando el año, no se ha escuchado mucho de resultados de las mesas de trabajo sobre violencia a mujeres que realizó la administración, aunque los avances del “Plan de Acción” se pueden ver en la página de la Secretaría de las Mujeres. Lo que sí persistió fue una profunda desconfianza entre el Gobierno de la Ciudad y sectores feministas. Cuando ellas salieron el 25 de noviembre, a protestar nuevamente ante el incremento de la violencia, fueron “acompañadas” de un contingente de tres mil policías y trabajadoras públicas. Mismos que más tarde, arrojaron gas lacrimógeno a las mujeres.

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LA VIOLENCIA QUE OFENDE E INDIGNA Argentina Casanova Mendoza

urante los últimos acontecimientos por el ejercicio al derecho a la protesta, la opinión pública, los medios, la tendencia es a visibilizar, enfatizar y hacer como que el problema son las protestas, porque para nada se detienen a reflexionar acerca del nivel de la violencia contra las mujeres en México. Basta hacer un comparativo entre el municipio de Ecatepec y el país Argentina, el primero tiene muchos más casos de feminicidio en los últimos 4 años que toda la nación sudamericana. Sin embargo, pese a estos datos, contrario a lo que se piensa, la violencia contra las mujeres ofende, indigna, sí, pero no en contra de quienes la ejercen sino en contra de quienes la denuncian y tratan de impedirlo. Eso nos ubica en un escenario hostil y violento no solo a las víctimas sino también a las defensoras, a las que marchan, y a las abogadas que son en su mayoría quienes deciden acompañar a las víctimas en el largo camino de la búsqueda de la justicia. Sé bien que son dos temas, dos aspectos de un mismo problema, por un lado, la violencia contra las mujeres y esas estadísticas de horror, saber que solo en un municipio del Estado de México, en Ecatepec, en los últimos 4 años (de 2015 a 2019) asesinaron a mil 258 mujeres, de las cuales sólo 53 son considerados como feminicidio, esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de ellos, mil 256 fueron con arma de fuego, arma blanca u “otro elemento”. En tanto, en el mismo período de tiempo aproximadamente un total de mil 193 mujeres fueron sido asesinadas en Argentina. En el país sudamericano, según reporta la Agencia EFE, se produce un asesinato de

mujer cada 30 horas. Solo en la que va de 2019 -hasta el 20 de mayo- se registraron 133 casos de feminicidio, de los que 121 fueron muertes de mujeres y los otros 12 “vinculados”, de niños o niñas relacionados con ellas. Este dato de horror para la vida de ambos lugares nos pone en contexto de lo que las mexicanas están afrontando en términos numéricos. El municipio de Ecatepec tiene un total de un millón 677 678 mil habitantes, de los cuales 863 mil 201 son mujeres. En el país del sur estamos hablando de una población total de 44 millones 560 mil habitantes, con 22 millones 714 mil 452 mujeres. La proporción es de horror, no queda la menor duda. El riesgo de ser mujer en el municipio de Ecatepec es desproporcionado en relación con el número de casos de feminicidio por número de mujeres que habitan esa superficie territorial. El comparativo sólo de las cifras de feminicidio o muertes violentas de mujeres es de terror, no faltan los argumentos que “justifiquen” y aleguen que es “por el número de habitantes”, por esa razón recurrí a buscar el dato de cuántos habitantes en total y cuántas son mujeres, para desarmar esos comentarios que he oído a lo largo de los últimos días que cité esas cifras. Pero lo que subyace, lo que hay detrás de esas resistencias y esos argumentos de justificar los asesinatos de mujeres, es el desprecio por la vida de las mujeres, algo que ha contaminado y contagiado tanto a hombres como a mujeres, sólo basta leer los comentarios de las personas que justifican la violencia y que incluso llaman a replicarla contra las mujeres que protestan, contra las “feminazis”, contra las defensoras y las abogadas que acompañan a mujeres víctimas, contra las mujeres que viven libremente o que reclaman su derecho a

una vida libre de violencia. Desafortunadamente no estamos en un país en el que la violencia que ofenda e indigne es la que viven las mujeres, más bien es más común encontrar a personas -insisto, hombres y mujeres- que se ofenden e indignan contra las mujeres que reclaman la vida libre de violencia y se atreven a pensar que son personas, que tienen derechos y que los pueden ejercer. Aunque parezca increíble, basta repasar que en a algunas personas se les tiene que recordar que no son “privilegios” los que tienen las mujeres al acudir a denunciar la violencia y ser escuchadas y que se haga algo frente a esa violencia, o que reclamen desalojar al agresor, o que pidan una pensión y separarse de sus parejas violentas y misóginas, es inaudito que se refieran a estos hechos como “falso empoderamiento, que lo hacen porque son “privilegios” o porque como se “sienten que tienen la razón”, un repertorio que en realidad revela sus propias misoginias y fobias hacia las mujeres en una sociedad que nos enseña naturalmente a despreciar la vida de las mujeres y las niñas, incluso a las propias mujeres. Al menos a mí no me sorprende, pero creo justo que el problema se agudiza porque dentro de más esfuerzos que hacemos las mujeres por salir de la violencia de este mundo, peor es el escenario pues el sistema social violento y patriarcal se resiste e impide bajo todos sus mecanismos que las mujeres rompamos ese ciclo mortal de violencia en el hogar, en las calles, en las instituciones y en los trabajos donde hombres y mujeres violentos y misóginos harán todo lo posible por desalentarnos y hacernos permanecer en ese ciclo, en esa alianza de guardianas del patriarcado y pactos patriarcales de encubrimiento mutuo, ejerciendo toda la violencia posible contra las mujeres.

Martes 7 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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LA VERDAD, Y NO LA AUTORIDAD, DEBE DETERMINAR LA JUSTICIA Ricardo Raphael

Al poeta Javier Sicilia

i país es una comunidad montada en zancos que camina sobre un extenso valle minado por las mentiras. Nadie sabe a ciencia cierta cómo llegamos hasta aquí, y nadie tiene aún la solución para salir. Mientras las explicaciones son escasas, los muertos y los desaparecidos se han vuelto incontables. Perdimos la paciencia conforme la bestia envilecida de la violencia fue destruyéndolo todo. Hoy tenemos hambre que urge a conocer la verdad. No importa cuán cruda, cuán terrible, cuán insoportable sea: sabemos que sólo la conciencia de los hechos nos salvará. La justicia no puede ser paciente si la verdad permanece oculta. La justicia depende en todo de la verdad. Las lecciones han sido dolorosas, pero hoy sabemos que cada vez que se intentó hacer justicia a partir de premisas falsas el país se puso peor. Aprendimos que la justicia es el método más civilizado para acudir a la verdad, y también que sin verdad nada puede ser civilizado. Sin verdad la violencia prevalece, sin verdad la paz se desvanece. Fue Hobbes, en el siglo XVII, quien acuñó la sentencia non veritas facit legem para decretar que es la autoridad, y no la verdad, la que define a la ley. Para el autor del Leviatán es el poder de la espada el único que puede determinar lo que es justo o injusto, legal o ilegal, verdadero o falso. “La autoridad de los escritores, sin la autoridad del Estado, no convierte sus opiniones en ley, por muy veraces que sean”, afirmó. En temas de justicia la historia mexicana ha sido muy hobbesiana: rara vez la verdad ha importado. Lo que el soberano decida, lo que el dictador determine, lo que el presidente establezca: eso es lo justo.

Un comportamiento político distinto sería extraordinario; desde siempre ha sido el Leviatán, y no la verdad sobre los hechos, quien resuelve la justicia mexicana. Somos un país arrojado al juicio del poder, no al imperio de las leyes. Somos una cultura que abraza la espada a la hora de hacer que la ley se cumpla. Por eso puede, todavía hoy –desde el Palacio Nacional–, decretarse quién es investigado y quién no, con qué árbol caído se puede hacer leña, a quién se debe perdonar, a quién se debe juzgar. En temas de justicia el Leviatán es lo único que sigue importando: no hay novedad. Si acaso queda la esperanza de suponer que mientras el Leviatán de antes era corrupto, el de ahora no lo es; pero ambos comparten la misma convicción: non veritas facit legem. Con ingenuidad si se quiere, con romanticismo si se puede, sobre todo con conciencia a propósito del pasado –con urgencia y con sincero espíritu anarquista–, hay otros que, a la premisa de Hobbes preferimos oponer otra de origen latino: veritas, non auctoritas, facit iudicium. Es la verdad, que no la autoridad, la que debe prevalecer en el juicio. Esta es la fórmula alterna para aproximarse al mismo problema. Otorgarle a la verdad una oportunidad sincera para que las explicaciones surjan, para que la realidad se conozca, para que los hechos se expongan, para que los argumentos pesen, para que la violencia no pueda repetirse. Desde esta lógica de pensamiento, a la paz la antecede la justicia y a la justicia la verdad. El orden de los factores es determinante: verdad, justicia y paz, en esa secuencia. Aquí la autoridad no juega un papel secundario, pero no sustituye: es garante, sin duda, de que la verdad ocurra, de que la justicia surja, y todo para que la paz termine reinando, pero en cualquier caso ha de abstenerse el Leviatán de producir o solapar las mentiras, de influir en el trabajo de los jueces o de decretar de-

magógicamente la paz cuando lo anterior no se ha resuelto. No ha tenido lugar en México esta otra fórmula, la que le otorga a la verdad y no a la autoridad la tarea de hacer justicia. Acaso por eso llegamos hasta aquí. Por eso hoy contamos asesinatos en un número cercano a los 300 mil y hablamos de desaparecidos que rondarían los 60 mil. Arribamos a este valle envilecido porque la verdad ha sido irrelevante, mientras que el Leviatán ha sido poderosísimo. Nos hallamos aquí porque antes nos pidieron paciencia y la concedimos. Supusimos que debíamos convencer al Leviatán para que con su espada dictara verdades justas, pero nos engañó. Ahora le rogamos al nuevo Leviatán para que haga lo que sus predecesores no hicieron, pero éste tampoco está dispuesto a renunciar a la misma premisa de antes: Non veritas facit legem. Pedirle al poderoso que convoque a resolver este batidillo es una fórmula que nos ha salido muy mal. Acaso deberíamos darle oportunidad a la premisa contraria: veritas, non auctoritas, facit iudicium. Si San Fernando, Tlatlaya, Piedras Negras, Cadereyta, Ayotzinapa, Apatzingán, Las Muertas de Juárez; si Mier, Boca del Río, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Coatzacoalcos, Minatitlán; si los feminicidios de Ecatepec; si las miles y miles de fosas hubiesen sido atendidas con el Leviatán obligado a respetar la verdad, hoy México habría descendido de sus zancos, con él pisaríamos todos tierra firme y estaríamos andando rumbo a una pacificación cierta. Quiera o no quiera el poder, nuestro país merece dejar atrás aquellas fórmulas que han fracasado. “Ellos, como todo el pueblo mexicano, andan buscando a sus desaparecidos, y sobre todo andan buscando la verdad”. Homilía del obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel, a propósito de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron hace 63 meses.

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Martes 7 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

PENSIONES, SALARIOS Y COLAPSO DEL RETIRO Pablo Gómez

as pensiones y jubilaciones del viejo sistema de seguridad social estuvieron durante años castigadas porque se ligaban al salario mínimo general (SMG). En tanto éste disminuía en términos reales, aquellas bajaban en la misma proporción. Sólo en 1999, para el presupuesto de 2000, se logró un aumento por la vía directa, luego de lo cual se regularizó en ley dicho incremento en la pensión mínima. Cuando se eliminó el SMG como instrumento de cálculo de casi todo, se creó la UMA (Unidad de Medida y Actualización) para indexar muchas cosas a la tasa inflacionaria anual. De esa forma, las pensiones y jubilaciones pierden día tras día algo de su capacidad adquisitiva según el ritmo inflacionario, pero, al término del año, recuperan de un solo golpe lo que se deteriora durante 365 días para volver a empezar el ciclo. El pensionado o jubilado pierde algo, aunque se lo abonen al final del año. En otras palabras, le resarcen lo erosionado en su ingreso con un año de retraso. Lo que se ha logrado con el UMA es que el salario mínimo general pueda aumentar sin hacer repercutir su elevación hacia otros ámbitos. Sin embargo, mientras que el salario sube, la pensión y jubilación se actualiza en forma anual conforme a la UMA, es decir, además de perder algo con el simple transcurrir inflacionario de los meses, se rezaga cada año respecto al SMG. Esto ha llevado a muchos pensionados y jubilados a exigir el mismo trato que antes les perjudicaba, es decir, que sus incrementos se lleven a cabo según la subida anual del salario mínimo general. Para 2020, habrá un aumento del SMG de 20%, así como de 8%

para el llamado salario fronterizo, el cual es bastante mayor que el general. Si todas las pensiones y jubilaciones del viejo sistema solidario que estuvieran por debajo del SMG de 2020 se pagaran con un 20% de aumento no habría manera de cubrir tan fuerte incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que es de donde salen esas erogaciones. Hay que recordar que con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) la Federación asumió el pago de pensiones y jubilaciones ya concedidas o en dirección de otorgase a trabajadoras y trabajadores en activo al momento de la reforma. Desde entonces, el PEF sufre una sangría anual, es decir, como no hay fondo social, la recaudación fiscal se usa para cubrir el retiro. Aunque el gobierno federal no podría ahora mismo aumentar en 20% las pensiones y jubilaciones más bajas, la Federación está obligada a elaborar un plan para mejorarlas. No es admisible que mientras trabajadoras y trabajadores en activo se ven beneficiadas por una nueva política salarial que, aunque se exprese en la fijación del mínimo general, las personas que tienen jubilación o pensión sólo sean apoyadas con el ajuste inflacionario (UMA). Claro, es mejor ahora que antes, cuando sufrían un fuerte deterioro, pero no es suficiente. Este asunto debe ser atendido directamente por la Secretaría de Hacienda en las primeras semanas del nuevo año. Mas lo que tendrá que verse con mucho mayor detalle es la reforma del sistema mexicano de retiro. El SAR y sus administradoras privadas constituyen un inicuo sistema creado bajo el programa neoliberal para privatizar las pensio-

nes, hacer depender éstas del ahorro personal de cada cual durante toda su vida laboral y construir un formidable negocio, uno de los más rentables del mundo porque tiene bajísimos costos, ningún riesgo y elevadísimas tasas de ganancia. Todos los ingresos propios de las Afores como empresas privadas provienen del dinero que cobran a las personas aportantes, es decir, las que ahorran. No hay comercio sino sólo esquilmo. En México, ese sistema de retiro conlleva a que el ingreso del 75% de los que se jubilen o pensionen no puedan obtener más de dos tercios del salario mínimo general. Si éste sigue subiendo, como se anuncia, aquel porcentaje de trabajadores en retiro sería aún mayor. El primer punto que es preciso dejar en claro es que el Sistema de Ahorro para el Retiro no tiene remedio. Es y seguiría siendo un negocio redondo de unos cuantos y la ruina de millones. Hay que crear un nuevo sistema antes de que empiecen a jubilarse quienes están sujetos al SAR. El segundo punto es que, sin menoscabo de admitir que los empleados muy bien pagados sigan con el sistema SAR, todos los demás --damnificados del neoliberalismo-- puedan optar por un sistema solidario de pensiones y jubilaciones que el Congreso expida mediante una nueva ley. El tercer punto es que los recursos acumulados de quienes así lo decidan, pasen a formar parte de la bolsa general de retiro, como la que existe en muchos países desarrollados donde jamás se toleró el control privado de las aportaciones de trabajadoras y trabajadores. El sistema de Afores, como se le conoce en México, fue una copia directa del chileno, hijo de la dictadura pinochetista, el cual ahora está completamente colapsado y

es una de las causas directas de las grandes protestas sociales y políticas que se han realizado en ese país y probablemente conduzcan a la redacción de una nueva Carta Magna, la cual podría resolver, entre otros muchos, el inmenso problema del retiro. Los neoliberales en Argentina también impusieron el mismo sistema de privatización del manejo de fondos individuales de retiro, pero hace algunos años se revirtió para construir un método solidario de pensiones. En la Francia convulsa de estos días que tiene en su centro el tema de las pensiones, lo que se discute se ubica en las modalidades de los sistemas solidarios y el tema de la edad. Nadie propone privatizar su administración. México seguirá siendo un país con bajos salarios durante los próximos 15 años, aún si no se bloquea la nueva política de redistribución directa del ingreso de la 4T y aún si se profundiza como muchos buscamos. Si continuara el mismo sistema pensionario, por más que se elevaran las cuotas, no se garantizarían para la mayoría jubilaciones por arriba de la mitad del último salario. ¿Qué clase de país puede ser ese que no se propone jubilar para liberar sino para castigar? No tendría ningún sentido para el Estado mexicano empezar a destinar de nueva cuenta crecientes fondos presupuestales para completar la pensión mínima garantizada a centenares de miles y, luego, a millones de personas en retiro, con tal de mantener un sistema inservible y oneroso de administración del ahorro para el retiro. Mejor cambiar. Para millones de personas, para el Estado y para todo el país es indispensable abrir un nuevo camino antes del inminente colapso.

Martes 7 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

no de los lastres que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas (#Ruti, en adelante ) ha enfrentado desde el primer día de su administración, es el pago de la enorme deuda pública. Pero aún con esa carga financiera encima, se optimizó cada peso del presupuesto ejercido el año pasado y se realizaron más acciones para favorecer a los más vulnerables a que alcancen la media estatal de bienestar social. La tónica gubernamental de cancelar derroches y evitar obras de relumbrón es con el fin de actuar mejor en favor de los desposeídos y marginados, y se acentuará en el segundo año del sexenio de #Ruti. El objetivo es avanzar en lo indispensable, esto es: hacer lo necesario para apoyar a la gente que no tiene nada y que requiere del gobierno una respuesta a sus problemas de salud, alimentación, educación, etcétera. Hay muchas cosas que faltan

CONTRAPODER EN CHIAPAS

EL DIVAN Sergio Stahl

** #Ruti, el segundo año ** por hacer. En un año no es posible atender todos los problemas complejos que afectan a cada localidad, municipio o región del estado, pero el compromiso de #Ruti es trabajar de tiempo completo para dar respuestas a las peticiones populares que tienen la mayor prioridad. Cada uno de los retos que enfrentan los chiapanecos se atenderán en su momento con toda la capacidad del gobierno estatal y de la Federación también. A eso se ha comprometido #Ruti, y lo viene cumpliendo, aunque claro está que no todo se puede realizar y resolver en lo inmediato, pero lo importante es que se atiendan las peticiones de la gente y se les dé contestación favorable.

En fin.

BALCON. Algunos medios virtuales siempre encuentran la forma de inflar ciertas notas, a fin de generar mayor raiting y de paso escandalizar a la crédula audiencia

de las redes sociales de Internet. Ahí está, por ejemplo, el caso de una “denuncia pública” -que circula en el Facebook y en el Twitter- en contra de Juan José Zepeda Bermudez, a la sazón presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien unos anónimos “trabajadores” del organismo autónomo no solamente lo acusan de que se niega a hacerles la devolución de impuestos por la retención de los salarios y el aguinaldo, sino también lo sindican de “jinetear” esos dineros, dizque depositados en “cuentas ajenas” a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al respecto, la neta, marionetas, Juan José Zepeda Bermudez no es el responsable de que no se les haya devuelto sus impuestos a los trabajadores del organismo autónomo en cuestión, sino los malosos funcionarios de Hacienda estatal, quienes es la hora que no sueltan la paga y cuya molicie en materia de asignación de recursos financieros a la Comisión Estatal de Derechos Humanos es bien conocida...Eso es todo.

RETOS DE LA SEGURIDAD FEDERAL

a detención del extitular de seguridad federal Genaro García Luna ha sido un bálsamo para Alfonso Durazo, el actual secretario, quien ha podido montarse en un discurso efectista que transitoriamente le permite dejar atrás los serios pendientes –donde ha habido algunas luces positivas también que no habría que regatearle al político sonorense– que hay en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, están fuera de la coyuntura política y afectan las percepciones de seguridad de la comunidad. Conviene subrayar que la realidad es una percepción y no es unívoca.

Veamos.

Primero. Un aspecto muy importante que ha logrado Durazo ha sido eliminar o minimizar su ruta de colisión con los policías federales inconformes por no aplicarse totalmente los beneficios que la Constitución les otorga cuando desaparece su materia de trabajo. El subsecretario Ricardo Mejía Berdeja ha cumplido con creces esa tarea y con Enrique Carpizo, representante legal de muchos de los inconformes y sus voceros –Adrián López y Mario Alberto Lover– han construido puentes de comunicación y aclaración que han dejado satisfechas, en esencia, a las partes en un conflicto inédito en el país que se puede sintetizar así: a) Policías que dicen no a las formas y modos del sistema, hecho sin precedente en una corporación de las fuerzas del orden;

Ernesto Villanueva b) Mandos medios que se vendieron ante Durazo y Mejía como los expertos en disuadir inconformidades y lograron sólo polarizar el tema y delegar para arriba el conflicto haciéndolo ver como un ajuste personal de Durazo con los policías federales en desacuerdo; y c) Las dificultades de deshacer lo hecho en esa materia en los años recientes por cuanto a la creación de la Policía Federal, por obviar análisis objetivables y reproducir, en cambio, apreciaciones urbanas (unas ciertas y otras no, como sucede en lo que se denomina posverdad en comunicación política) como base para la toma de decisiones en un rubro particularmente sensible. Segundo. La falta de ayuda de los mandos de la propia Policía Federal al vocero de los policías inconformes, Mario Alberto Lover, quien fue objeto de un ataque en la carretera Cocula-Iguala, Guerrero, el pasado 25 de diciembre, puso en tensión de nueva cuenta esa relación que ya había sido modificada para bien de todos. En la denuncia por abuso de autoridad interpuesta por Lover Martínez contra Sigifredo Valencia y Nicolás González Perrín, comisionado de la Policía Federal y director de Fuerzas Federales del mismo organismo, respectivamente, en la Fiscalía General de la República el 30 de diciembre pasado, se señala la inacción ordenada por ambos servidores públicos, quienes podrían haber incurrido en el delito federal grave de omisión de auxilio previsto en el artículo 215, fracción III, del Código Penal Federal. Nada más y nada menos llegaron

siete horas después, tiempo que gana probablemente el récord Guinness a la respuesta más tardada de auxilio a un ciudadano por parte de las fuerzas del orden. Además de lo anterior, el mensaje que se envía es el de represalia contra Lover Martínez por haber roto los usos y costumbres de la cultura de la sumisión y del ¡sí señor! tan arraigadas en el servicio público mexicano y en la sociedad en general, donde se prefiere ir por las ramas, pero no decir las cosas de frente y por su nombre. Hoy, un policía federal con un liderazgo potencial interno jamás hubiera emergido a la luz pública si no se hubieran dado las circunstancias que detonaran ese comportamiento que mucho ayudó a su causa. Y vaya que hay un cambio significativo. Ahora, como cualquier persona, los policías tienen derecho de manifestación, expresión y organización que hace un punto de quiebre histórico no sólo en México sino en América Latina y otras partes del mundo. Tercero. Durazo sigue teniendo varios retos que resolver para hacer que la seguridad sea una realidad concreta: a) Generar un espíritu de cuerpo en la secretaría donde, como

se vio en el ataque a Lover Martínez, hay distintos grupos con diferencias de percepción y de criterio, lo que imposibilita que esa institución cumpla su misión; b) Los resultados en seguridad van a la baja y hay un divorcio entre los discursos iniciales y las políticas efectivamente puestas en marcha, circunstancia que genera desconfianza y temor en la comunidad por cuanto a la capacidad de contención del crimen organizado y de los delitos de alto impacto de jurisdicción federal y, en gran medida, local, por la incidencia definitoria de la secretaría en los recursos económicos asignados a las policías estatales y municipales a través de sus diversos programas de apoyo, donde los criterios de asignación no están claros ni menos la pertinencia de las estrategias que no se han traducido en resultados. De igual forma, habría que señalar que la extinción legal de la Policía Federal no hace que desaparezca el problema por decreto ni tampoco que los mandos denunciados dejen de ser responsables de sus acciones si hay delitos que se puedan efectivamente acreditar. Es verdad que con la desaparición formal de la Policía Federal no se engrosarán automáticamente las filas del crimen organizado; lo es también, empero, que las indemnizaciones para quienes las hayan solicitado deben seguir su curso conforme a derecho, y se hagan todos los esfuerzos posibles para no poner a estos policías inconformes altamente entrenados entre la espada y la pared por el bien público. Esperemos.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

Martes 7 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

HOJAS LIBRES Impacto/Diario Contrapoder Roberto Domínguez Cortés

• Reforma judicial en Chiapas, falaz, inconstitucional, impositiva, discriminatoria, ridícula, centralizada y corrupta • Poder cerrado y reservado

l pasado 9 de diciembre, el licenciado Ismael Brito Mazariegos, secretario de Gobierno del estado de Chiapas, envió al Congreso del Estado una “iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de Administración de Justicia e Integración del Poder Judicial”. A decir del diputado Marcelo Toledo Cruz, la iniciativa está suscrita por el doctor (sic) Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del Estado. Lo malo es que la iniciativa, además de su inconstitucionalidad, adolece de otras irregularidades, como se evidenció en colaboración del 29 de diciembre de 2019: 1.- Falaz. El dictamen, trámite legislativo, acuerdo, aprobación o cualquier artilugio que se le quiera endilgar, viene firmado por el “doctor” Rutilio Escandón Cadenas. Ya quedó acreditado que el gobernador únicamente posee título de licenciado en derecho y carece del grado superior académico de maestría y doctorado. 2.- Inconstitucional. El nombramiento de magistrados debe cumplir con los mismos requisitos exigidos para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de ellos, 10 años de antigüedad con título profesional de licenciado en derecho. La reforma judicial de Chiapas dice que basta con que el aspirante a magistrado tenga título y cédula profesional con apenas un día de antigüedad como profesional del derecho. La propuesta de disminución de percepciones a los árbitros del Centro de Justicia Alternativa vulnera profundamente los derechos humanos contenidos en el Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así porque cualquier trabajador ajusta su ritmo de vida a un presupuesto establecido, con base a su percepción mensual, y la disminución repentina de su ingreso lo inhabilita para cumplir compromisos contraídos con anterioridad. Por eso, decir que los árbitros del Centro de Justicia Alternativa no pueden ganar más que un secretario de Acuerdos de juzgado es inmoral y atentatorio a la dignidad humana. Rutilio Escandón ya lo

experimentó como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Disminuyó el sueldo de magistrados y eliminó los viáticos y gasolinas a los notificadores y actuarios en grave violación a la Constitución, que prohíbe disminuir el sueldo a los magistrados durante el tiempo de su encargo. Pretender aplicar retroactivamente la ley atenta en contra del espíritu del artículo 14 constitucional. 3.- Impositiva. López Obrador habla de la cuarta transformación, en tanto que en Chiapas es la cuarta regresión (Pablo, Sabines, Manuel y hoy Rutilio). De la iniciativa firmada por el diputado Marcelo Toledo Cruz, y seis diputados más, se observa que con fecha 9 de diciembre, el ciudadano doctor Rutilio Escandón Cadenas envió la iniciativa de decreto. La lectura de tan infortunado documento se realizó en la sesión congresional del 10 de diciembre y se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Como en los mejores tiempos del PRI, para el 11 de diciembre, el decreto estaba aprobado por unanimidad, firmado, sometido a consulta y aprobado por 100 municipios en menos de dos días. Esa rapidez exhibe la trágica sumisión legislativa. Los diputados y los presidentes municipales ni siquiera leyeron lo que firmaron, sometidos a los caprichos y veleidades del poder ejecutivo. 4.- Discriminatoria. La reforma “profunda” al Poder Judicial es atentatoria al derecho humano contenido en el párrafo quinto, artículo primero, de la Carta Magna, que prohíbe, de manera absoluta, la discriminación en todas sus formas. La burda reforma judicial restringe otro derecho humano de los mexicanos, nativos de Chiapas,

para “poder ser nombrados en cualquier empleo cargo o comisión con las calidades establecidas en la ley”. Así lo manda y ordena la fracción VI del artículo 35 constitucional. En un acto de veleidad extrema, la iniciativa previene que para el mejor desempeño de la función jurisdiccional, los jueces y magistrados deberán ser de carrera judicial para una mejor impartición de justicia. Hay abogados postulantes que conocen a profundidad el derecho y, eventualmente, no se les puede negar la posibilidad de formar parte del poder judicial. El mejor ejemplo es el del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sin trayectoria judicial y hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero exitoso como abogado, al que no se le puede reprochar su inclusión en el Poder Judicial Federal, en tanto que en Chiapas hay cuando menos una docena de jueces y magistrados que deberían ser destituida y sometida a proceso penal. La disposición para nombrar al titular del Centro de Justicia Alternativa es de carcajada. La desafortunada reforma establece que el director deberá ser un juez de primera instancia, lo que desnaturaliza el principio para el cual fue creado. El Centro es un organismo especializado en el que el director, los subdirectores, los árbitros, conciliadores y mediadores, se han formado desde que este surgió, en el año 2011, y conocen a profundidad su función. Pensar en que proponer a un juez resulta innovador está totalmente fuera de contexto jurídico. Lo mismo ocurre con la designación de los consejeros del Consejo de la Judicatura, que convierte al organismo en un cuerpo de élite y todavía más discriminatorio. La célebre reforma inconstitucional

reserva la función de consejeros sólo para quienes hayan sido jueces y magistrados, con lo que se vulneran, flagrantemente, los principios contenidos en los artículos primero y 35 ya mencionados. 5.- Ridícula. La infame reforma está plagada de errores gramaticales, pésima sintaxis, uso indiscriminado de gerundios donde no deben de ir y la pobreza de sinónimos que en otra ocasión comentaremos. Con el ánimo de hacerse los chistosos o ingeniosos acuñan una frase de ridiculez extrema: “Es verdad que Chiapas, por ser una entidad que forma parte del Estado mexicano, es un nudo de la misma caña…”. ¿Nudo de una misma caña? La frase, además de ridícula, nada tiene que ver con lo sigue del texto, el cual se refiere al Consejo de la Judicatura, pero sin relación con el nudo ni la caña. El derecho en general y el constitucional son cosa seria como para rebajarlo a nivel de comentario de mercado. 6.- Centralización y corrupción. Desaparece el Tribunal de Justicia Administrativa como órgano autónomo y se sustituye por un Tribunal Administrativo como parte del Poder Judicial. Esta disposición vulnera el principio establecido en la fracción V del artículo 116 de la Constitución de la República: “Las constituciones y leyes de los estados podrán instituir tribunales de lo contencioso-administrativo dotados de plena autonomía para emitir sus fallas…”. Al quedar sometido al presidente del Tribunal Superior de Justicia, sus fallos perderán esa autonomía Constitucional. Los jueces burocráticos, al sustituir la función de un tribunal colegiado del Trabajo, se vuelven propensos a la corrupción, lo mismo que las Salas Unitarias, al dejar la decisión al criterio de un solo juzgador, en lugar de que colegiadamente resuelvan tres magistrados, con mejor conocimiento y más dificultad para proponer y lograr el sentido de una resolución. Así, la reforma inconstitucional es atentatoria a los derechos humanos de los gobernados, a la seguridad jurídica de quienes concurren en demanda de justicia y al Estado de derecho, pero, sobre todo, el Poder Judicial se vuelve un poder cerrado y reservado sólo para quienes ahí se hayan iniciado. Ampliaremos…

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Martes 7 de Enero de 2020 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1803

DENUNCIA

RECLAMO

“¡Obrador, mentiroso y hablador!”, gritan al presidente en Anenecuilco, Morelos

Sin solución definitiva por relleno de humedales en San Cristóbal

PAG. 8

DECLARACIÓN

El NAIM en Texcoco se habría terminado en 2025; Santa Lucía para 2022: AMLO

PAG. 3

SOLICITUD

Sectores sociales y líderes de diversos partidos piden auditoría para Herminio Valdez Castillo alcalde de Reforma PAG. 8

INFORME

México acumuló 61 mil 637 reportes de personas desaparecidas al 31 de diciembre de 2019

PAG. 7

PAG. 6

PAG. 5

En Tamaulipas, al menos 100 agresiones al año contra migrantes que regresan a SLP: ONG