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DOXA

EDITORIAL

Chiapas tierra de nadie

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El gobierno de Rutilio Escandón no está previendo las consecuencias de los conflictos sociales que se vienen presentando en diferentes puntos de la entidad: Chilón, Chamula, Chenalhó, Aldama, Agua Azul, Cancuc, Arriaga, Ocosingo, Tila, Bochil, Ixtapa y Simojovel.

La inseguridad se apoderó de las calles e invade los hogares. Y no existe una estrategia para prevenir y reducir la delincuencia. La respuesta del gobierno a este flagelo son simples datos estadísticos. En el que mediáticamente se presume que los delitos disminuyeron.

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EN CHIAPAS

Jueves 28 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1785

ALERTA

OPERATIVO

“Las palabras no bastan”, la evaluación de AI al gobierno de AMLO en materia de derechos humanos Lo anterior forma parte del reciente informe de la organización internacional con sede en el Reino Unido, titulado “México: cuando las palabras no bastan. Situación de derechos humanos a un año de gobierno”

Por portación de arma de fuego detienen a sindico de Chamula

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DENUNCIA

Diputada Patricia Mass Lazos exige la renuncia de las autoridades municipales del Bosque

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HOY ESCRIBEN

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Exigen justicia a 10 años del asesinato

PALABRAS JJUSTAS

del activista Mariano Abarca; Modevite

UTOPÍA

obtiene premio con su nombre

EL DIVAN

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Javier Figueroa PAG. 14

Sergio Stahl

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CONVIENE QUE TRUMP DESIGNE A CÁRTELES MEXICANOS COMO TERRORISTAS

ENCUENTRO

Con el tema “mujeres, poder y política”, inauguran en Chiapas el Segundo Congreso Feminista

Lulú Ovilla

J. Jesús Esquivel

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COLOMBIA: UN NUEVO FOCO DE TENSIÓN EN EL POLVORÍN LATINOAMERICANO Rafael Croda

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¿POLICÍAS FEDERALES VS. AMLO? Ernesto Villanueva PAG. 3

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CONTRAPODER EN CHIAPAS

Jueves 28 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL Chiapas tierra de nadie

l gobierno de Rutilio Escandón no está previendo las consecuencias de los conflictos sociales que se vienen presentando en diferentes puntos de la entidad: Chilón, Chamula, Chenalhó, Aldama, Agua Azul, Cancuc, Arriaga, Ocosingo, Tila, Bochil, Ixtapa y Simojovel. En las delegaciones de la secretaría de gobierno existe una ausencia de operación política, a punto tal, que pobladores de estos municipios viajan a protestar afuera del palacio de gobierno y del congreso del estado. Eso significa que no hay instancias de negociación en los municipios y que las autoridades municipales están siendo rebasadas. La tensión social en muchos de esos municipios es histórica. Sin embargo los gobiernos anteriores hicieron uso del derroche de recursos que permitía construir condiciones mínimas de gobernabilidad. Pero eso ha tenido cambios significativos, porque el ingrediente nuevo en este gobierno es la austeridad y la negativa de tomar acuerdos económicos

con las organizaciones. Ambas medidas que pudieran considerarse como razonables, en realidad no lo son, en virtud de que Chiapas no puede gobernarse sino se toman acuerdos políticos con las miles de organizaciones que existen en el estado. Aquí existe un error de apreciación en el gobierno chiapaneco, que sigue las instrucciones del presidente de la república sin matizar que Chiapas es punto y aparte, y que se tiene que negociar con todos los grupos, pues los riesgos de violencia son muchos y los recursos presupuestales reducidos. Una dificultad que no se puede soslayar, es la condición de que en las comunidades indígenas todas las organizaciones están armadas, de allí que la generalización de la violencia entraña enfrentamientos armados. Por eso sorprende la pasividad en asuntos como Chamula, Chilón, Tila y Chenalhó, en el que el tráfico de armas pasa por los distintos retenes que hay, sin que ninguna autoridad de los distintos niveles de gobierno busque construir condiciones de paz

y de legalidad. De igual manera la decisión de cancelar el transporte aéreo, está generando desatención de muchos de estos conflictos sociales y en contrasentido, son los pobladores de estas comunidades los que trasladan su protesta a Tuxtla Gutiérrez. En este sentido es relevante señalar, que Chiapas tiene miles de comunidades en que el acceso más fácil es por aire. Y por decisiones de escritorio que desconocen la realidad, se convirtieron en puntos que nunca van a ser visitados por el gobernador ni por los secretarios, y de antemano, son comunidades condenadas a la exclusión social y política. Chiapas se ha convertido en una tierra de nadie, en el que la inacción del gobierno produjo que en varias regiones de la entidad no exista el Estado, lo que acentúa la exclusión y la diferencia. Esta condición no ha sido suficientemente entendida en este gobierno, que construyó una realidad imaginaria homogénea y allí se encuentra su mayor debilidad y las causas de su posible fracaso.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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CONTRAPODER EN CHIAPAS

De la Redacción Tapachula, Chis. (Tribuna)

os actos de corrupción afloran al interior de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en este municipio fronterizo, toda vez que son los mismos funcionarios quienes se dedican a la venta de documentos migratorios a los extranjeros que se encuentran varados en esta ciudad fronteriza. Se trata de Alma Rosa Altamirano Sánchez, subdirectora de la oficina de regulación migratoria en Tapachula, quien ya ha sido denunciada en reiteradas ocasiones, sin embargo sigue operando, junto a su esposo de nacionalidad Salvadoreña alias “Gary” para vender esos documentos a los traficantes de humanos, principalmente centroamericanos, Cubanos y extra continentales, todo esto bajo el cobijo de la delegada del INM, Yadira De los Santos. Daniel Acanda de nacionalidad cubana, dio a conocer que lleva casi un mes esperando su salvoconducto que le permita transitar con libertad por el territorio mexicano, “yo llegue con unos amigos, pero ellos ya se fueron y yo sigo aquí solo porque no he podido pagar 20mil pesos mexicanos que me exige el personal de migración, esto es una corrupción”. Para Julia Minkela, que viaja junto a su hermana y su sobrino, de nacionalidad Angola, el sueño americano se ha convertido en una pesadilla, “porque imagínate tú de donde yo saco 60 mil pesos para que nos dejen ir a los tres, hemos tenido que rentar un lugar para dormir, y no tenemos dinero, hacemos lo que podemos pa-

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

Con un rechazo a la ola de feminicidios y con la exigencia de justicia para las víctimas, este miércoles inició el Segundo Congreso Feminista con el tema “mujeres, poder y política”. El encuentro, en el que participarán 115 ponentes de cuatro países y 16 estados de la República, fue organizado por mujeres de diversas organizaciones y corrientes de pensamiento. Desde hoy y hasta el viernes 29, en el Centro Cultural “Benito Juárez” de la Universidad Autónoma de Chiapas, en esta ciudad, las asistentes podrán participar en 130 ponencias. Al inaugurar el evento, Inés Castro Apreza, coordinadora del Segundo Congreso Feminista, pidió la organización y articulación de todas las mujeres de Chiapas para frenar la violencia política que impera en la entidad, pero sobre todo prepararse para futuros procesos electorales, en los que el papel de la mujer sea relevante. Las organizadoras exigieron parar la ola de feminicidios en Chiapas y en todo el país, pero sobre todo dejar de criminalizar las protestas de las fe-

Jueves 28 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Funcionaria de INM vende documentos migratorios: denuncian extranjeros en Tapachula Se trata de Alma Rosa Altamirano Sánchez, subdirectora de la oficina de regulación migratoria en Tapachula, quien ya ha sido denunciada en reiteradas ocasiones, sin embargo sigue operando, junto a su esposo de nacionalidad Salvadoreña alias “Gary” para vender esos documentos a los traficantes de humanos, principalmente centroamericanos

ra subsistir, mientras esperamos la respuesta de migración, porque nos

dicen que no hay formatos, pero para los que pagan si hay”, denunciaron.

Pero este problema no solo es para los migrantes, sino también para todos los sectores de la ciudad, ya que se ha registrado un incremento en los índices delictivos, recientemente se dio a conocer un grave problema de salud pública con el incremento de casos de VIH y enfermedades venéreas, además de las afectaciones a la economía, ya que los empresarios han declarado que los formatos migratorios que se les extendían a personas que venían a comprar a Tapachula, ahora se los venden a los indocumentados que buscan llegar a estados unidos, y como consecuencia ya no llega gente (principalmente de Guatemala) a comprar a las tiendas en Tapachula.

Con el tema “mujeres, poder y política”, inauguran en Chiapas el Segundo Congreso Feminista ministas indignadas por la violencia que se vive a diario a lo largo y ancho del país. Entre las conferencias de este miércoles destacaron dos: una a cargo de la periodista Soledad Jarquín Edgar y otra encabezada por la académica Alma Rosa Sánchez Olvera. Mañana se espera la disertación de la abogada y feminista Leticia Bonifaz Alfonzo y el viernes 29 de la exmagistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Durante la inauguración se entregaron reconocimientos a mujeres destacadas como Silvia Ramos, vulcanóloga de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH); la abogada feminista Martha Figueroa Mier; la exconsejera Laura León; la escritora Socorro Trejo Sirvent, y la periodista Soledad Jarquín Edgard. Los temas que se abordarán en el Segundo Congreso Feminista son: violencia contra las mujeres y feminicidios; violencia política por razón de género, ¿una nueva ola feminista?; feminismos afrodescendientes,

lésbicos y de mujeres de pueblos originarios; derecho a decidir sobre mi cuerpo; derechos políticos frente a las elecciones de 2021, entre otros. Además, se recibieron ponencias sobre investigaciones feministas, periodismo y feminismo, retos de las mujeres empresarias, patrimonio cultural e intelectual de mujeres y de pueblos originarios, manejo de residuos sólidos y cambio climático, mujeres y desarrollo municipal, la condición de la mujer en la Universidad, derechos humanos y laborales

de las trabajadoras sexuales, y algunas más. Debido a la gran cantidad de temas propuestos, algunas mesas serán en realidad conversatorios entre varias mujeres, y también se realizará un performance y desmontaje y un taller. El Segundo Congreso Feminista en Chiapas 2019 cerrará la tarde del viernes con una marcha para reivindicar sus derechos y en contra de las violencias estructurales hacia las mujeres.

Jueves 28 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Autoridades electorales debemos establecer medidas eficaces para garantizar representación juvenil en candidaturas: Oswaldo Chacón Rojas

l consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, participó este martes en el Foro Acciones desde la Fiscalización para Fortalecer la Participación de los Liderazgos Juveniles en los Partidos Políticos, organizado por el Instituto Nacional Electoral. El encargado de dar la bienvenida al evento, fue el consejero electoral Benito Nacif Hernández, quien señaló que la finalidad de este evento, es analizar la participación de los jóvenes en política electoral, cómo pueden desarrollarse los liderazgos juveniles y cuál ha sido la experiencia en las entidades que establecen un porcentaje del financiamiento de los partidos para promover su participación El Foro estuvo organizado en tres partes: Panel 1 “Participación y representatividad política juvenil”; Panel 2: “Estrategias para el desarrollo e inclusión de los liderazgos juveniles”, y el Panel 3: “Avances en la aplicación de los recursos etiquetados del Gasto Programado en la formación de liderazgos juveniles”, mesa en la que participó Oswaldo Chacón Rojas, y moderada por el consejero electoral Ciro Murayama Rendón, presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, quien acotó que durante el Proceso Electoral 2017-2018 hubo 21

Víctor Moisés Hernández/Corresponsal El Bosque, Chis. (Tribuna)

Habitantes de este municipio, entre líderes sociales, representantes de barrios y comisariados ejidales hicieron un recorrido con la diputada Patricia Mass Lazos, quien corroboró diversas irregularidades que los pobladores vienen denunciando desde la toma de posesión de la infausta alcaldesa Aurelia Sánchez López, quien solo es un “parapeto”. Entre las irregularidades de la que ha sido señalada la alcaldesa, es la falta de autoridad, los abusos de poder y de funciones, explotación laboral, acoso sexual, inseguridad, la ausencia de camiones recolector de basura, entre otros, y ante la presencia de la diputada denunciaron a Aurelia Sanchez López alcaldesa de membrete y a su hermano el 4to regidor Mario Sánchez López quien usurpa el cargo de alcalde de no poner orden en el municipio. Cabe destacar, que Mario Sánchez López, Jonathan Molina Morales diputado local por MORENA, Omar Molina Zenteno diputado independiente son los que tienen el control y los que

Participó presidente del IEPC en el Foro Acciones desde la Fiscalización para Fortalecer la Participación de Liderazgos Juveniles en los Partidos Políticos, organizado por el INE. Solo en tres entidades se prevé que los partidos políticos destinen parte de su financiamiento a actividades de desarrollo político de las y los jóvenes

mil 689 candidaturas registradas, de las cuales, 2 mil 708 tenían menos de 29 años, es decir que, el 12.4% de las candidaturas pertenecían a jóvenes, “desde, ese punto de vista, hay una subrepresentación si se considera que representan la cuarta parte de la población”. Al hacer uso de la voz, el consejero presidente del órgano electoral chiapaneco, expuso que existe el reto de mejorar la calidad de las

actividades partidistas destinadas al fortalecimiento de la participación política de las juventudes, así como de establecer medidas más eficaces, medidas afirmativas, que garanticen el cumplimiento de la cuota de representación juvenil (18 a 25 años) en las candidaturas, que significa el 20% del total de los registros, y reformar la ley para garantizar que un porcentaje de esas candidaturas sean preferentemente en calidad de

propietarios y no de suplentes, como sucedió en Chiapas durante el Proceso Electoral Local 2017-2018, donde los partidos políticos que sí cumplieron, asignaron 7 de cada 10 candidaturas de esas cuotas juveniles en calidad de suplencias”, explicó Chacón Rojas. Cabe mencionar que actualmente, solo en Chiapas, la Ciudad de México y San Luis Potosí, las legislaciones locales vigentes mandatan a los partidos políticos a financiar actividades de desarrollo político de las juventudes. Durante el desarrollo de la Mesa 3, también intervinieron Laura Elena Fonseca Leal, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí; Bernardo Valle Monroy, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México; Arturo de León Loredo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE Chiapas, y Carlos Alberto Morales Domínguez, encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

Diputada Patricia Mass Lazos exige la renuncia de las autoridades municipales del Bosque deciden que hacer en el municipio de el Bosque, mientras tanto los habitantes son los que sufren las consecuencias, por lo que pobladores exigieron al gobernador del Estado y a la diputada Patricia Mass Lazos la pronta destitución de la alcaldesa Aurelia Sánchez y de su hermano Mario Sánchez por abusos de poder, faltas de obras, crisis de inseguridad, entre otros. En las primeras horas de este día, los inconformes se reunieron en la casa ejidal del municipio, para hacer en público las denuncias de la falta de gobernabilidad y desarrollo social, en donde exigieron a las autoridades estatales que se forme un Consejo Municipal ya que la alcaldesa y su hermano usurpador tienen en total abandono, sin obras ni desarrollo tanto en la cabecera municipal como las comunidades y ejidos. Agregaron que Aurelia Sánchez López nunca está en su municipio además que no ha cumplido con sus promesas de campaña, el primer regidor sólo se ha dedicado a acosar a

las mujeres, el tesorero municipal a desviar los recursos del erario público, por lo que se ha enriquecido de la noche a la mañana, Mario Sánchez López es quien usurpa el cargo de alcalde y los que mangonean a sus gusto a su hermana. Por lo tanto, la diputada Patricia Mass Lazos lamentó estos hechos, pues existe tanta corrupción y es una verdadera vergüenza que exista un

municipio fantasma donde impere ingobernabilidad, pues dijo, que la demanda es de carácter administrativo por lo que se comprometió a ser promovida ante la Contraloría del Congreso del Estado local por los diputados y de esta manera obligar a que renuncie Aurelia Sánchez López y su hermano Mario Sánchez López y formar un Consejo Municipal en el municipio de el Bosque.

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Jueves 28 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Exigen justicia a 10 años del asesinato del activista Mariano Abarca; Modevite obtiene premio con su nombre Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

on la exigencia de justicia, a 10 años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la explotación minera, este miércoles sus familiares e integrantes de 32 organizaciones nacionales e internacionales entregaron el “Premio Mariano Abarca 2019” al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite). En el marco de actividades del Foro de la Defensa Ambiental en Chiapas, con la participación de organizaciones con procesos de resistencia de la zona Norte, Costa y Altos, se entregó el galardón con el propósito de “agradecer, reconocer y visibilizar otras luchas colectivas y organizadas de quienes no cesan en su ímpetu por defender la vida, el medio ambiente y los derechos colectivos que son, a fin de cuentas, en beneficio de la humanidad”. “Hoy se cumplen 10 años del asesinato de Mariano Abarca, y una forma de conmemorar su lucha es entregar el primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas 2019”, puntualizó Gustavo Castro, miembro de la organización Otros Mundos, en la sala de Bellas Artes de San Cristóbal de las Casas. El Modevite, con presencia en 13 municipios de la entidad, donde viven tzeltales, tzotziles y ch’oles de la zona de los Altos y Selva, forma parte del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, grupo en el que se reflexiona sobre la realidad político-social en las comunidades

“Hoy se cumplen 10 años del asesinato de Mariano Abarca, y una forma de conmemorar su lucha es entregar el primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas 2019”, puntualizó Gustavo Castro, miembro de la organización Otros Mundos, en la sala de Bellas Artes de San Cristóbal de las Casas

de Huixtán, Oxchuc, Ocosingo, Altamirano, Chilón, Sitalá, Yajalón, Tenejapa, Cancuc, el ejido Candelaria (municipio de San Cristóbal), Palenque y Chicomuselo. Durante el acto se mencionó que ese Movimiento siempre ha tenido como objetivo unir primero a los pueblos originarios en la defensa de la vida y el territorio, a través de la denuncia y acciones concretas a los gobiernos local, estatal y nacional, y desde hace muchos años reclama el respeto y cuidado de las riquezas naturales de los pueblos que habitan. Además, ha evidenciado el desinterés del gobierno para atender las demandas del pueblo, “por ello es

que necesitamos seguir trabajando unidos, buscando caminos que nos ayuden a defender la vida de nuestros pueblos y de nuestro territorio”, abundó Castro. Hoy que se cumplen 10 años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, ambientalista que defendió los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en su municipio natal de Chicomuselo, denunció los efectos socio-ambientales causados por la empresa minera canadiense Blackfire Exploration. Desde entonces, abundó, su familia y diversas organizaciones han llevado un largo proceso para exigir justicia y castigo a los culpables por la

corrupción probada de la empresa, y las acciones y omisiones de la embajada de Canadá, que pudieron haber contribuido al asesinato de Mariano. De igual manera, están en curso otras demandas ante los Tribunales de Canadá y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar del asesinato de Mariano Abarca, en todo el país, y en particular en el estado de Chiapas –subrayó--, muchas y muchos otros defensores continúan luchando y manifestándose por la defensa de la tierra y el territorio, por la vida y por la Madre Tierra, y contra las políticas, políticos y megaproyectos, que amenazan de facto la cultura e identidad de los pueblos indígenas, campesinos y la vida de la población urbana. “El primer reconocimiento a la defensa ambiental en Chiapas 2019 otorgada al Modevite significa que lo vemos, lo acompañamos, lo visibilizamos y agradecemos por su lucha en bien de todos los pueblos”, subrayó Gustavo Castro. Remató: “Creemos que las luchas por la vida se hacen juntas y juntos, organizados, en colectivo. Porque solo así se puede enfrentar a este capitalismo depredador, a estos mega proyectos que atentan contra los derechos humanos, contra la vida de los pueblos, contra la Madre Tierra”.

Por portación de arma de fuego detienen a síndico de Chamula De la Redacción San Cristóbal de Las Casas, Chis.

El Síndico Tradicional de Chamula Salvador López González, fue detenido por portación de arma de uso exclusivo del Ejército, en el puesto de revisión que se encuentra en la carretera San Cristóbal de Las CasasSan Juan Chamula del barrio de la Quinta, la mañana de este miércoles. Fuentes confiables indican que la detención se dio alrededor de la 10:30 de la mañana de este miércoles, López González fue detenido en un operativo en el tramo carretero San Cristóbal - San Juan Chamula a la altura de la Quinta San Martín, junto con dos personas más de nombre Jacinto López López de 27 años de edad y Juan López Santiz de 45

años de edad. De manera extra oficial se dijo que elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional de San Cristóbal de Las Casas realizaban un operativo, durante la revisión que se hizo en la camioneta de color gris Ford Lobo doble cabina, con matrícula 1ftfwlc68bfc54568 numero de serie a- 188746z, placas de circulación CX-78-095, del estado de Chiapas, donde viajaban los tres sujetos, se les fue asegurada dos armas largas un AR 15, AK 47 conocido como cuerno de chivo y 2 pistolas del calibre 32 y una calibre 45 de uso exclusivo militar, así como tres cargadores abastecidos con capacidad de 15 cartuchos. Posteriormente los detenidos fueron traslados a la delegación de

la Fiscalía General de la Republica, (FGR), dependencia que se hará a

cargo de la situación jurídica de cada uno de ellos.

Jueves 28 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Cuarta renuncia en el gabinete de Miguel Barbosa; exsecretario acusa a “minoría rapaz” Gabriela Hernández Puebla, Pue. (apro)

l gobierno de Puebla confirmó la salida de Heliodoro Luna Vite de la Secretaría de Infraestructura del Estado, lo que representa la cuarta dimisión en el gabinete de Miguel Barbosa Huerta, cuando apenas tiene 119 días de haber arrancado su sexenio. En su lugar fue nombrado Juan Daniel Gámez Murillo, mientras que Luna Vite, al confirmar su renuncia al cargo, advirtió que existe una minoría “rapaz” que sólo vela por su utilidad e intereses y que se ha filtrado en la Cuarta Transformación. “No puedo pasar por alto que en Puebla y en México existe una fuerte resistencia al cambio de la vida pública. Existe una minoría rapaz que sólo vela por la utilidad y los intereses y las individualidades, lo ha hecho en administraciones anteriores. Hay quienes hoy se emplean en la Cuarta Transformación para filtrar sus prácticas conservadoras y frenan los verdaderos cambios”, expresó. Aunque aclaró que se mantiene en la Cuarta Transformación, el ahora ex funcionario anunció que seguirá en apoyo por las transformaciones y en resolver “los grandes problemas nacionales”, pero fuera del gabinete. Este es la cuarta salida de un titular del gabinete de primer nivel de Barbosa Huerta, que aún

De la redacción Ciudad de México (apro)

Luego de hallar discrepancias técnicas en la construcción de la presa “La Maroma”, ubicada en el municipio de Catorce, San Luis Potosí, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció la suspensión de la obra. “Se ubicaron diferencias entre el proyecto ejecutivo ingresado en la solicitud de autorización interna para la ejecución de la obra y lo plasmado en el proceso de licitación, misma que fue adjudicada a un consorcio conformado por tres constructoras potosinas”, explicó la dependencia. En un comunicado sostuvo que la determinación de suspender la obra se tomó luego de que la constructora no atendió las recomendaciones, además de la omisión de reportes mensuales con los avances de la cons-

En su lugar fue nombrado Juan Daniel Gámez Murillo, mientras que Luna Vite, al confirmar su renuncia al cargo, advirtió que existe una minoría “rapaz” que sólo vela por su utilidad e intereses y que se ha filtrado en la Cuarta Transformación

no cumple los cuatro meses en el poder. La primera dimisión ocurrió cuando apenas habían transcurrido 19 días del sexenio y Salomón Kuri Contreras renunció a la Secretaría de Administración.

Días después, el 26 de septiembre Karen Berlanga Valdés salió de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para tomar el cargo como directora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del

Estado de Puebla (ISSSTEP). El 15 de octubre se confirmó el relevo de María Concepción Lugo Alarcón como secretaria de Administración; en su lugar fue nombrada Rosa de la Paz Urtuzuastegui Carrillo.

Conagua suspende construcción de la presa “La Maroma”, en SLP trucción. El 20 de diciembre de 2017, la Conagua emitió el permiso para la construcción de la “La Maroma”, obra que serviría para suministrar agua en el municipio de Matehuala y en 20 localidades de Villa de Guadalupe. En ese sentido, aclaró que, a pesar de la suspensión, no se desatenderá el problema de agua en la región, y anunció que trabajan en coordinación con autoridades municipales y estatales para encontrar alternativas “más seguras, confiables, de calidad y apegadas a criterios técnicos”. (Manuel Alejandro Godínez)

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Jueves 28 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El INAI ordena dar a conocer la cifra de mujeres desaparecidas De la redacción Ciudad de México (apro)

a Comisión Nacional de Búsqueda de Personas deberá dar a conocer el número actualizado de mujeres, niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Además, deberá informar cuántas de ellas han sido localizadas con y sin vida, el número de las no ubicadas y los rangos de edad de las víctimas. Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada encargada de presentar el asunto ante el pleno, subrayó la necesidad de contar con un registro confiable de personas desaparecidas y no localizadas, a fin de que las autoridades puedan definir de mejor manera las estrategias para localizar a las víctimas y emprender acciones para que este fenómeno cese. Esta información “posibilitará que la ciudadanía se involucre en los ejercicios de análisis de la situación actual y en la elaboración de propuestas de políticas públicas que permitan avanzar hacia una sociedad más justa, en la que la violencia de género sea erradicada de manera gradual, pero con paso firme. Ni una mujer menos”, expresó. La comisionada remarcó que hasta abril de 2018 se tenían contabilizados un total 29 mil 938 hombres y 9 mil 327 mujeres no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Lo anterior, luego de que el sujeto obligado respondió de manera tardía a la solicitud de información

Rodrigo Vera Ciudad de México (apro)

Por mayoría, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó los juicios interpuestos por los 24 senadores y senadoras del PAN, incluido su coordinador Mauricio Kuri, en contra de la elección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). ¿La razón? Que los juicios interpuestos son improcedentes en esa instancia, pues no son de carácter electoral, sino parlamentario, argumentó el TEPJF en un breve comunicado. Los senadores del blanquiazul acusaron ante el TEPJF que la

Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada encargada de presentar el asunto ante el pleno, subrayó la necesidad de contar con un registro confiable de personas desaparecidas y no localizadas, a fin de que las autoridades puedan definir de mejor manera las estrategias para localizar a las víctimas y emprender acciones para que este fenómeno cese

presentada por un particular, quien presentó un recurso de revisión ante el INAI. Ya iniciado el proceso de inconformidad, el sujeto obligado indicó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se conforma y actualiza con información que se recaba de las autoridades federales y de las entidades federativas, así como del extinto Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, y de datos proporcionados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

La dependencia precisó que, a la fecha de la solicitud, la información contemplada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas estaba siendo procesada y validada, por lo que no existía un dato contundente. Durante el análisis del caso, la comisionada Ibarra Cadena consideró que el agravio del particular resultó fundado, ya que el sujeto obligado excedió el plazo legal contemplado para responder. Además, Ibarra Cadena advirtió que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas contaba con bases de datos relacionadas con el

tema de personas desaparecidas o no localizadas, actualizadas al 30 de abril de 2018, mismas que fueron recabadas y transferidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en atención a las facultades conferidas por la derogada Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. La comisionada precisó que estas atribuciones fueron delegadas a la dependencia a partir de la expedición de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Aunado a ello, precisó, el sujeto obligado no fundó las razones por las cuales se encontraba impedido para proporcionar la información verificada y actualizada con la que cuenta. Como resultado, el pleno del INAI ordenó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob) entregar la información que contenga en sus bases de datos y ya se encuentre actualizada, en los términos referidos. También ordenó a la dependencia fundar y motivar las razones por las cuales no puede entregar la información que aún se encuentre en proceso de validación y/o verificación.

El TEPJF desecha recursos del PAN en contra de la elección de Rosario Piedra en la CNDH Mesa Directiva del Senado, encabezada por la morenista Mónica Fernández Balboa, fue omisa en implementar un procedimiento idóneo en la elección del nuevo titular de la CNDH -que terminó recayendo en Piedra Ibarra-, lo que dio pie a diversas irregularidades. TEPJF @TEPJF_informa #BoletínTEPJF | http://bit. ly/2DjGBUO Desecha #TribunalElectoral recurso de bancada del PAN en el Senado contra elección de titular de la CNDH.

Jueves 28 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

Los diputados avalan el inicio del juicio político contra Rosario Robles De la redacción Ciudad de México (apro)

on 12 votos a favor y uno en contra (del PRI), la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados dio luz verde al dictamen para iniciar el procedimiento de juicio político en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (Sedatu) Rosario Robles. Así lo dio a conocer la diputada morenista Rocío Barrera Badillo al término de la sesión privada de la Subcomisión que se llevó a cabo la mañana de este miércoles en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Además, detalló que, en la sesión de la Subcomisión, se analizaron cuatro expedientes en contra de Robles Berlanga, de los cuales sólo dos procedieron. Uno de ellos, dijo, fue presentado en 2013 por los entonces coordinadores parlamentarios de los partidos PRD y PAN por un presunto desvío quebranto patrimonial de 7 mil millones de pesos y, el segundo, por la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, por la llamada estafa maestra. En declaraciones a la prensa, Barrera Badillo comentó que ahora corresponderá a las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia analizar y, en su caso, apro-

Así lo dio a conocer la diputada morenista Rocío Barrera Badillo al término de la sesión privada de la Subcomisión que se llevó a cabo la mañana de este miércoles en el Palacio Legislativo de San Lázaro

bar el dictamen. En caso de que suceda esto último, dijo, deberá entonces presentarlo ante el pleno de las Cámara. Actualmente, Rosario Robles

se encuentra recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, acusada por un millonario desvío de recursos a través de una compleja red en la que participaron

algunas universidades del país. En los próximos días se definirá si el proceso lo enfrenta en prisión o en libertad, como pretende su defensa.

Iniciativa para rotar cada tres años la presidencia del INE busca una “subordinación política”: Córdova Rodrigo Vera Ciudad de México (apro)

La iniciativa para rotar cada tres años la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) intenta crear una “subordinación política”, por lo que es necesario defender la “autonomía” de los órganos electorales del país, señaló el consejero presidente Lorenzo Córdova. Explicó que la Cámara de Diputados plantea designar cada tres años un nuevo presidente del INE, por lo que “la mayoría que resulte de las urnas es la que va a decidir quién va a ser el presidente de este órgano electoral”. Durante el acto conmemorativo por el 22 aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), Córdova destacó que habría un debilitamiento en la autonomía del INE si su presidencia dependiera de las mayorías en tur-

no en la Cámara Alta. Cuando se creó la primera reforma electoral, dijo, se estableció que los tiempos electorales no estuvieran determinados por los tiempos de la política, con el fin de garantizar la independencia del órgano electoral respecto de los vaivenes de la misma política. Por otra parte, indicó que a partir de la reforma de 2014 se dio un federalismo colaborativo entre el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que han entregado buenas cuentas a la ciudadanía con acciones concretas. Y entre estas acciones resaltó la homologación de las elecciones sin favorecer a ningún partido político, así como la autonomía, la estabilidad política y la paz pública. De ahí que, aseguró, el INE y los OPLE han abonado a la convivencia pacífica en materia electoral,

que se traduce en mayores libertades políticas que han transformado al país. En el evento, Córdova firmó convenios de colaboración con el

IEEZ, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas.

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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Amnistía Internacional prendió focos de alerta ante la continuación de la crisis de derechos humanos, desarrollada en los sexenios anteriores, en tanto que “no se ha alejado sustancialmente de la estrategia de seguridad altamente militarizada, intensificada principalmente por el entonces presidente Felipe Calderón en 2006 con el inicio de la llamada ‘guerra contra las drogas”. Lo anterior forma parte del reciente informe de la organización internacional con sede en el Reino Unido, titulado “México: cuando las palabras no bastan. Situación de derechos humanos a un año de gobierno”. Al respecto, las directoras regional y para México de Amnistía Internacional, Ericka Guevara Rosas y Tania Reneaum Panszi manifestaron en un pronunciamiento conjunto su preocupación por los “pocos avances substanciales para resolver la crisis de derechos humanos en México”. Guevara reconoció que López Obrador “ha mostrado voluntad” para avanzar en temas como la desaparición de personas, pero “los altísimos niveles de violencia de derechos humanos que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad en México”. La defensora advirtió contradicciones entre el discurso y lo que hace el gobierno de López Obrador: “promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles. Dice que protegerá a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero les desacredita públicamente”. Para Reneaum entre los pendientes en materia de violencia de género está la erradicación de los feminicidios, que de enero a septiembre se reportaron 748 víctimas, pues “no se distinguen, ni en el corto, ni en el mediano plazo, medidas concretas que permitan superar la renuencia a investigar de manera correcta los casos de feminicidio y acabar con la impunidad”. La directora de Amnistía Internacional en México consideró que con “un mandato robusto”, López Obrador tiene “una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país”, por lo que urgió “a asumir el reto de establecer una nueva etapa en la historia del país de respeto para los derechos humanos de todas las personas”. El documento concentra su análisis en la política de seguridad pública, la situación de la sociedad civil, la violencia contra mujeres y niñas, y la política migratoria, aunque reconoce que como temas urgentes también están los derechos de los pueblos indígenas, la violencia contra las personas LGBTI, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de derechos

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“Las palabras no bastan”, la evaluación de AI al gobierno de AMLO en materia de derechos humanos de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como que “se desarrollen e implementen estrategias integrales de prevención” contra esos gremios.

Feminicidios al alza sociales y económicos, entre otros.

Militarización vigente Para la organización internacional, la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública a través de la Guardia Nacional, evidencia el mantenimiento de una política de militarización, ya que de los 70 mil 920 miembros, 79.22 % de sus integrantes provienen de las fuerzas armadas bajo el mando del general Luis Rodríguez Bucio, que si bien se ha retirado, las normas legales consideran que los militares en esa condición “siguen siendo personal militar y están sujetos a la disciplina y cadena de mando militares”. El restante 20.78% de los miembros de la corporación provienen de la Policía Federal. A lo anterior se suma que “los elementos de las fuerzas armadas han sido transferidos a la Guardia Nacional mediante oficios administrativos, pero siguen adscritos a las fuerzas armadas, y su deber de obediencia a la cadena de mando militar sigue intacto”, y su salario es pagado por las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina. La militarización es advertida también en que la Ley de la Guardia Nacional, aprobada en 2019, otorga amplias facultades a la corporación en tareas de investigación de delitos, “incluida la intercepción de comunicaciones privadas, y también la facultó para participar en el control migratorio”, situación que se agrava si se considera que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que regula a la corporación “no se apega al derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”. La organización lamentó que a un año del gobierno de López Obrador “el uso de la tortura y otros malos tratos, las dramáticas estadísticas de desaparición de personas y las detenciones arbitrarias continúan siendo una alarmante realidad del contexto de derechos humanos en México”, pese a medidas como la elaboración del Programa Nacional de Prevención y

Sanción de la Tortura y la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de personas desparecidas, así como el anuncio de la aceptación de la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU para revisar comunicaciones sobre casos individuales, medidas que sin embargo “no se han llevado a la práctica” al momento de la publicación del documento.

Sociedad civil, denostada y vulnerable En el tema de la sociedad civil, Amnistía criticó legislaciones como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que faculta a las corporaciones policiacas y a la Guardia Nacional a “determinar si el propósito de una asamblea es legítimo, y sobre esa base, decidir si utiliza o no la fuerza”, así como la reforma al código penal de Tabasco, estado natal de López Obrador, “para permitir la sanción penal de reuniones pacíficas en que las personas manifiesten su oposición al desarrollo o construcción de una obra pública o privada”. La organización reprobó que México siga siendo “un lugar hostil para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos”, ya que, de acuerdo con datos del gobierno federal, en lo que va del sexenio de López Obrador, 23 personas defensoras y 15 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación, han sido asesinados, algunos de ellos con medidas otorgadas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Amnistía Internacional lamentó que el presidente López Obrador “haya utilizado sus conferencias de prensa para denostar la labor de la sociedad civil organizada y para señalar a periodistas y medios de comunicación que han criticado sus políticas”, reacción que revelaría “un rechazo del gobierno federal a la crítica y al disenso y, en los hechos, contribuyen a crear un ambiente hostil en contra de estas personas y organizaciones”. En materia de defensores y periodistas, la organización consideró indispensable que se apliquen las recomendaciones hechas por la representación

El informe advierte sobre el incremento de la violencia contra las mujeres, tanto que entre 2007 a 2017, “la tasa de homicidios casi se triplicó”, mientras que entre enero y septiembre de 2019 se habían registrado 748 víctimas de feminicidio, en 2018 tres mil 548 mujeres habían sufrido muertes violentas, cifra que suma feminicidios y homicidios. El documento considera como violencia de género, “la prohibición del aborto y la criminalización de su práctica” vigente en la legislación de algunas entidades, que no se ven afectadas por la iniciativa de ley presentada por el gobierno de López Obrador que otorga amnistía a las mujeres que hubieren abortado, toda vez que es aplicable a casos juzgados y ante tribunales federales. Amnistía Internacional criticó la política migratoria del gobierno de López Obrador, que inicialmente mostró apertura humanitaria al entregar en los primeros meses del año, 14 mil 174 visas humanitarias en la frontera sur para después dejar de otorgar abruptamente la documentación a migrantes, sobre todo originarios de Centroamérica. Resaltó que, como resultado del uso de la Guardia Nacional para control migratorio, “para finales de septiembre, las autoridades federales de migración habían detenido 158 mil 200 migrantes en situación irregular, incluyendo 46 mil 476 niños, niñas y adolescentes”. Las cifras continúan con la recepción de 54 mil 377 solicitudes de asilo recibidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en tanto que 102 mil 702 personas fueron deportadas a sus países de origen, 98% eran de Centroamérica y de ellos más de la mitad eran de Honduras; del total de expulsados, mil 808 eran niñas y niños no acompañados, mientras que derivado del plan Migration Protection Protocols (Protocols de Protección Migratoria) y el programa “Quédate en México” (Remain in Mexico), había más de 50 mil solicitantes de asilo a Estados Unidos varadas en ciudades en la frontera norte, donde la inseguridad impera.

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Combate a la violencia de género, el reclamo común en Latinoamérica Sonia Gerth Ciudad de México. (Cimacnoticias)

o solamente en México sino en casi todos los países latinoamericanos, las mujeres salieron a la calle este 25 de noviembre para protestar los altos niveles de violencia. El feminicidio fue el tema en la mayoría de pancartas vistas en las protestas, aparte del pañuelo verde para un aborto seguro, libre y gratuito. En varios países, las manifestantes también se solidarizaron con las mujeres indígenas reprimidas en Bolivia, ondeando la bandera Wiphala, símbolo del Estado plurinacional. En varias ciudades de Argentina, las participantes se mostraron preocupadas por las crisis que atraviesan otros países sudamericanos, como Bolivia, Chile, y Colombia. Además, pidieron un presupuesto más alto para combatir la violencia de género, y la legalización de la interrupción del embarazo. “Estamos pidiendo que el presidente electo (Alberto Fernández) cumpla con lo que se ha comprometido: despenalizar y legalizar el aborto”, citó el periódico El País a la feminista Nina Brugo, quien formó parte de las protestas en Buenos Aires. De acuerdo con el “Observatorio de Feminicidios en la Argentina Adriana Marisel Zambrano”, ocurre un feminicidio cada 32 horas en el país. En Chile, las protestas de mujeres formaron parte de la movilización más grande contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que ha sacudido el país desde el mes de octubre. Las par-

ticipantes llamaron la atención a la represión que se está ejerciendo en contra de los sectores en oposición. Las principales agrupaciones de mujeres, como la Coordinadora Feminista 8M, forma parte de Unidad Social, que reúne a cerca de 200 organizaciones sindicales y de la sociedad civil que han llamado a una huelga general este martes. En redes sociales, se viralizó una intervención del colectivo “Las Tesis”, frente a varios edificios de gobierno en Santiago. “El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer”, cantaron las mujeres, con los ojos vendados, en una coreografía denominada “Un Violador en Tu Camino”. “El violador, eres tú. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”, continuaron, señalando a una persona ficticia enfrente, bajo los aplausos del público. En Perú, las mujeres salieron a las calles el fin de semana, para demandar un presupuesto más alto para el combate de la violencia de género. En Colombia, las protestas fueron inmersas en las acciones alrededor del “paro nacional”, a favor de los acuerdos de paz y en contra del presidente Iván Duque. También denunciaron el asesina-

to de mujeres defensoras de Derechos Humanos. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, 339 mujeres han sido asesinadas en el país entre enero y julio del 2019. En Guatemala, se realizó una velada que recordó a las víctimas de feminicidio en este país, que tiene una de las tazas de feminicidio más altas en la región. Las participantes colocaron cruces y fotos y encendieron velas, algunas de ellas formaron la cifra “571”, que según los registros de las organizaciones es el número de mujeres asesinadas en el país en 2019, hasta la fecha. También recordaron las víctimas del incendio en el albergue “Hogar Seguro”, el 8 de marzo 2017, en el cual 41 niñas murieron y 15 resultaron heridas gravemente. Este centro estatal de protección para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, abandono y maltrato infantil, había sido señalado antes del incidente, a su vez, por abuso físico y sexual, sin embargo, las autoridades no reaccionaron. Cuando las y los jóvenes se rebelaron, el 7 de marzo 2017, algunas fueron encerradas en una recámara, lo que provocó que

no pudieran ser rescatadas a tiempo cuando se produjo el incendio. Se inició un proceso contra cinco acusados en el caso, en febrero 2019, pero hasta ahora no ha pasado más allá de la etapa principal. En Nicaragua, las manifestantes recordaron a los presos políticos del gobierno de Ortega. Desde el 14 de noviembre, un grupo de madres ha estado en huelga de hambre en una iglesia de Masaya exigiendo la liberación de sus hijos encarcelados desde la ola de represión de 2018. La organización Iniciativa Meosamericana de Defensoras de Derechos Humanos denunció que la policía de Nicaragua rodeaba las oficinas de la organización “Corriente Feminista”, y que no se les permitía a las mujeres llevar su protesta a la calle, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua para que deje de “intimidar a las compañeras feministas.” Cientos de mujeres también salieron a las calles en El Salvador y Honduras, para protestar la violencia de género. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2018 fueron asesinadas al menos 3 mil 529 mujeres por razones de género en 25 países de América Latina y el Caribe. Cuatro de las cinco tasas más altas de feminicidio se registraron en El Salvador, Honduras, Guatemala y en República Dominicana. A ellos se sumó Bolivia, cuya tasa de 2,3 feminicidios por cada 100.000 mujeres en 2018 era la tercera más alta de América Latina y la más alta de América del Sur.

Diputados incluyen “violencia digital” en LGAMVLV De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

A fin de frenar la difusión, sin consentimiento, de imágenes sexualizadas de mujeres, la Cámara de Diputados aprobó incluir el concepto de “violencia digital” en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reforma que debe ser aprobada por el Senado y publicada por el Ejecutivo federal para entrar en vigor. La reforma, avalada por unanimidad, dice que la violencia digital son los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras. Este contenido, indica la reforma, puede ser verdadero o alterado, y se difunde a través de las tecnologías de la información y la comunicación,

plataformas de Internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio digital y atenta contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada o vulnera algún derecho de las mujeres. Con esta modificación la “violencia digital” será un tipo de violencia. Anteriormente, en la ley se reconocían cuatro tipos de violencia: física, patrimonial, económica y sexual. También te puede interesar: Analizan reformas sobre violencia contra las mujeres en internet Este cambio se conoce como “Ley Olimpia”, pero no se trata de la expedición de una ley, sino de una reforma a una norma existente. Se conoce así porque fue impulsada por Olimpia Coral Melo, defensora de los derechos de las mujeres, quien en 2012 fue blanco de críticas y burlas después de que en internet se compartió un video de ella con contenido sexual. Esta reforma también fue impulsada por el Frente Nacional por la

Sororidad, Brujas Feministas, la Red Mexicana de Prevención a la Violencia, Masculinidad es Rosa, Aquelarre Feminista, Colectivo Humanas, Colectiva Políticamente Incorrectas, Insurrectas, y Defensoras digitales.org. A diferencia, de la “Ley Olimpia” impulsada en los estados, en esta ocasión se trató de una reforma exclusiva a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; mientras que 13 Congresos estatales han aprobado un paquete de reformas legislativas que incluyen los Códigos Penales estatales para tipificar esta conducta y sancionarla con cárcel. El informe “Combatir la violencia en línea contra las mujeres y las niñas: una llamada de atención al mundo”, de la Comisión de las Naciones Unidas para la Banda Ancha, desde el año de 2015 se llamó la atención sobre la violencia cibernética contra mujeres y niñas como un problema de proporciones pandémicas. La diputada presidenta de la Co-

misión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados, Wendy Briseño Zuloaga, explicó en tribuna que la reforma no pretende de ninguna forma coartar el ejercicio de la sexualidad, ya que no criminaliza el intercambio consensuado de imágenes sexualizadas. Al incluir la “violencia digital” en la ley, expuso, se establecerán las medidas de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar erradicar y reparar el daño ocasionado por la violencia digital, así como los principios y modalidades para garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia digital.

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¿POLICÍAS FEDERALES VS. AMLO? Ernesto Villanueva

no de los puntos de quiebre en materia de seguridad en estos primeros meses del nuevo régimen ha sido la tensión entre policías federales –inconformes con seguir prestando sus servicios en la Guardia Nacional o en alguna otra dependencia federal– y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en virtud de que habían dejado fuera la figura de la indemnización por desaparecer la fuente de trabajo, la cual está prevista en el artículo 123 apartado B constitucional. Las cosas han dado un saludable giro en este desencuentro inicial que, empero, parece seguir en la percepción de buena parte de la opinión pública, de ahí la importancia de abundar al respecto y puntualizar las cosas. Veamos. Primero, he sido un crítico constante del secretario de seguridad pública, Alfonso Durazo, a la luz de los hechos en los que ha intervenido y que han normado mi valoración sobre su desempeño en ese cargo. No obstante, no todo es blanco o negro. Una buena decisión de Durazo fue nombrar al subsecretario Ricardo Mejía Berdeja como representante de la Secretaría de Seguridad Pública para negociar con los policías federales que deseaban ejercer su derecho constitucional a recibir su haber económico, y no las opciones que al principio estaban sobre la mesa y sus términos respectivos. Fue una serendipia, es decir, un hallazgo inesperado en este personaje que –de la lectura de su trayectoria profesional– no tenía elementos para prever que habría de jugar un papel de importancia capital para resolver un problema que estaba pegando en la línea de flotación del sistema de seguridad pública del país. Segundo, en dos amplias entrevistas con Julio Hernández Astillero, la semana pasada, el abogado de los policías federales en desacuerdo, Enrique Carpizo, y los voceros del movimiento de estos elementos de seguridad, Adrián López y

Mario Alberto Lover, aclararon aspectos torales de su movilización: A) No están contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. B) Su movimiento era por recibir su indemnización conforme a derecho. C) Los mandos medios ubicados entre la tropa (los policías federales) y los altos servidores públicos que llegaron con Durazo generaron condiciones para exacerbar a los policías (arrestos, presiones y sanciones) hablando en nombre de Durazo y Mejía Berdeja –aprovechando la falta de puentes de comunicación entre la tropa y el subsecretario Mejía Berdeja– y quienes respondían al expresidente Felipe Calderón; éste les había dado sus respectivos nombramientos y sabían que no tenían futuro en una corporación a punto de desaparecer, razón por la cual vieron la confrontación como un medio para hacerse necesarios. D) Las manifestaciones fueron pacíficas y la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) –el día que arribó el expresidente de Bolivia, Evo Morales– inicialmente ocurrió fuera de la terminal aérea, pero la presencia de la policía de la Ciudad de México con elementos armados hizo que se concentraran en las inmediaciones del AICM. Ni la Policía Federal destacada en el aeropuerto, el Ejército o la Marina hicieron acto de presencia, toda vez que, a su juicio, no estaba en riesgo la operación de la terminal; los elementos de la policía capitalina en zona federal fueron desarmados y exhibidos. E) Tanto el comisario de la Policía Federal destacado en el AICM como el subsecretario de la SSPC, Mejía Berdeja, fueron atacados con gases lacrimógenos por presuntos policías capitalinos; aquéllos, paradójicamente, fueron auxiliados por los manifestantes. F) La creación de sinergia y diálogo entre los policías inconformes con Mejía Berdeja puso al descubierto esta conspiración en curso y fue desactivada inmediatamente por el bien del país. Tercero, una vez aclarados esos puntos cruciales, la Secretaría de Seguridad

y los policías inconformes encontraron los mecanismos de común acuerdo para materializar la tercera vía: el pago de las indemnizaciones correspondientes que gradualmente están fluyendo, pese a algunas trabas de los mandos medios que todavía quedan en algunos espacios e intentan destruir la confianza recién articulada, lo que se ha resuelto caso por caso. De modo que quienes deseen optar por esa alternativa lo podrán hacer en el curso de estos meses. Esta noticia refleja sensibilidad y apego al estado de derecho en beneficio de todos, algo imposible si no se hubiera dado vida a esa comunicación. Las aspiraciones de Calderón para enfrentar a los policías federales con el presidente de la República hubieran tenido resultados de pronóstico reservado. Dicho escenario se ha conjurado por ahora. Un tema que nadie ha tratado y que tiene una gran importancia reside en la resolución judicial que el jurista y gran litigante Enrique Carpizo logró en favor de sus representados en el Poder Judicial de la Federación: la suspensión provisional, primero, y la definitiva, después, de la demanda de amparo 1005/20129-III de fecha 30 de julio de 2019, de acuerdo con la cual se reconocen dos derechos fundamentales para los agentes policiales: el de la manifestación y la organización. Cabe señalar que en América Latina los integrantes de los cuerpos del orden público carecen de la potestad de manifestación y de asociación en agrupaciones o la posibilidad de crear ombudspersons internos que garanticen sus derechos en los cuerpos de seguridad. De esta suerte, lo generado por Carpizo crea un precedente con el reconocimiento expreso de derechos humanos que, en la vida real, eran restringidos a las fuerzas de seguridad pública. El diálogo y el intercambio franco de puntos de vista han dado resultados que parecían en este caso muy difíciles de resolver y que deben ser la ruta en otras áreas donde esas habilidades deben ser puestas en práctica.

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COLOMBIA: UN NUEVO FOCO DE TENSIÓN EN EL POLVORÍN LATINOAMERICANO Rafael Croda

olombia vive un estallido social que tiene varios rasgos en común con lo ocurrido en las últimas semanas en Chile y Ecuador: multitudinarias manifestaciones en las calles, cacerolazos que retumban en todo el país, violentos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, destrucción de infraestructura y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía antimotines. En Chile, el presidente Sebastián Piñera echó para atrás el alza de los pasajes del Metro –detonante de las protestas– y cedió ante una vieja demanda ciudadana que la derecha había obstaculizado durante décadas: crear una nueva Constitución en reemplazo de la que promulgó el dictador Augusto Pinochet en 1980. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno también se vio obligado a derogar el decreto de aumento al precio de los combustibles que tenía incendiadas las calles y abrió una mesa de diálogo con las organizaciones sociales que lideraban las movilizaciones. En Colombia, el presidente Iván Duque ya enfrentaba serios problemas de gobernabilidad cuando le estallaron las protestas sociales y su reacción frente a estas lo ha puesto en una posición más vulnerable aún. No se trata solo de un problema de baja popularidad –sólo el 26 por ciento de los colombianos aprueba la gestión de Duque— sino de debilidad política. El presidente colombiano llegó a ese cargo el año pasado porque el exmandatario y líder del ultraderechista Centro Democrático (CD), Álvaro Uribe, lo convirtió en su candidato. Duque carece de una red propia de aliados políticos y los colombianos lo perciben como un gobernante excesivamente dependiente de Uribe, quien ahora es senador, y del

sector más radical del CD, aquel que en plena campaña presidencial prometió “hacer trizas” los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC y que cree que el único problema de Colombia es la izquierda. El popular programa de sátira política “La tele letal” suele llamar a Uribe “el presidente eterno” y a Duque “el presidente tierno”, como una manera de graficar en tono de comedia quién es quién en este país. Tan acotado como está, el presidente de Colombia parece en una encrucijada. Si tiende la mano al movimiento social, político y sindical que convocó a las protestas, su propio partido –cuyos dirigentes tildan a los manifestantes de “comunistas”, “criminales” y hasta “satánicos”— se lo va a reprochar y se lo va a cobrar en el Congreso, donde es casi el único que tiene. Y si sigue empeñado en mostrarse como un político de mano dura, comprometido exclusivamente con “la ley y el orden” e insensible a las demandas en las calles, el país se le puede salir de control. Duque intentó darle a la protesta social un tratamiento judicial y no social. Soslayó las demandas y maximizó los desmanes y la destrucción de infraestructura pública. En esa estrategia le ayudaron los actos vandálicos que se registraron luego de las masivas marchas del paro nacional del jueves 21 (tanto la derecha como la izquierda se acusaron de haberlos incitado con pagos en efectivo a los violentos). Pero desde la misma noche del 21, los colombianos optaron por sumar otra modalidad a sus protestas: los cacerolazos, que difícilmente se pueden atribuir a una confabulación del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela o a un plan orquestado de la izquierda colombiana, como lo habían sugerido integrantes del gobierno, del Centro Democrático

y el propio Álvaro Uribe. Los cacerolazos se han venido repitiendo en las principales ciudades del país en los últimos cinco días. En los barrios, en conjuntos habitaciones, en diferentes marchas y en concentraciones en los parques. Y desde el sábado en la noche, hay un masivo “plantón” en las afueras de un hospital donde fue internado en estado crítico el joven de 18 años Dilan Cruz, quien recibió un balazo por parte de un policía antimotines. La respuesta de Duque ha sido llamar a una “conversación nacional” (no usó la “palabra “diálogo”) a la que, de manera insólita, no ha invitado a las organizaciones convocantes de las protestas y del paro nacional, algo que le han reprochado dirigentes políticos y hasta el procurador general, Fernando Carrillo. Para Carrillo, lo que vive Colombia es “un estallido social” que debe ser enfrentado por el gobierno con un diálogo nacional. Las demandas centrales de los colombianos al presidente Duque son: cumplir los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC, detener los asesinatos de líderes sociales, dirigentes indígenas y excombatientes de ese antiguo grupo insurgente y dar respuestas a la crisis social. El desempleo en Colombia llegó en septiembre pasado a 10.2 por ciento, una de las tasas más altas de los últimos años, mientras que la tasa de desempleo juvenil es de 18.9 por ciento. Sectores del Centro Democrático han sugerido reducir el salario mínimo “para crear más empleos” y subir la edad de jubilación, que ahora es de 57 años para mujeres y 62 años para hombres. Las centrales obreras y organizaciones sociales han advertido que viene un “paquetazo” del gobierno para hacer realidad estas reformas, lo que Duque ha desmentido, pero no los congresistas más radicales de

su partido. El Centro Democrático es un enconado adversario del acuerdo de paz con las FARC y Duque no ha mostrado interés para sacar adelante aspectos clave de ese pacto, como una reforma rural, el reparto de tierras a campesinos pobres y el otorgamiento de curules especiales en el Congreso a representantes de víctimas del conflicto armado. Al mismo tiempo, en Colombia han sido asesinados 647 líderes sociales y 137 excombatientes de las FARC desde la firma de los acuerdos de paz, hace tres años. Y a esto se le suman recientes escándalos en el gobierno de Duque que han indignado a amplios sectores de colombianos. El más grave es un bombardeo, en agosto pasado, contra un campamento de un grupo criminal en el suroriente del país en el que murieron varios niños, algo que el anterior ministro de Defensa, Guillermo Botero, intentó ocultar. La muerte de los menores (el gobierno dice que fueron ocho y los habitantes de la zona hablan de 18) se conoció a principios de este mes durante una audiencia en el Congreso y cuando un periodista le preguntó del asunto a Duque, este respondió “¿De qué me hablas, viejo?”, una frase que se ha vuelto emblemática en esta ola de protestas. Decenas de manifestantes portan pancartas con esa frase y las respuestas son: “te hablo de asesinatos de niños”, “te hablo de desempleo”, “te hablo del paquetazo’ neoliberal” y “te hablo de la matanza de líderes sociales”, entre otras. Piñera en Chile y Moreno en Ecuador abrieron el diálogo y aunque no lograron desactivar el polvorín social, lograron disminuirlo. Habrá que ver si Duque, un presidente acotado desde que asumió el poder, hacer 15 meses, puede hacerlo.

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CONVIENE QUE TRUMP DESIGNE A CÁRTELES MEXICANOS COMO TERRORISTAS

a posibilidad de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump designe como grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico de México es conveniente para la sociedad mexicana y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este martes en entrevista con el conductor de la cadena de televisión Fox News, Bill O’Reilly, el mandatario estadunidense dejó entrever que está ponderando la designación de los cárteles del narcotráfico mexicano como organizaciones del terrorismo internacional. “Serán designados” respondió tajante Trump a la pregunta que le hizo el conductor del programa televisivo para luego agregar: “He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días (…) la designación no es tan fácil, tienes que pasar por un proceso, y estamos bien en ese proceso”. El cuestionamiento de O’Reilly fue en referencia a la carta que mandó la semana pasada a la Casa Blanca la familia LeBarón, en la que solicita a Trump la designación a causa del asesinato de tres mujeres y seis menores de edad de dicha familia mormona el pasado 4 de noviembre. Las ambiguas declaraciones de Trump sobre la designación como grupos terroristas de los cárteles mexicanos, provocó inmediatamente una reacción de preocupación por parte del gobierno de López Obrador frente a la posible designación de los grupos criminales. “Respecto de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hechas en entrevista con Bill O’Reilly, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que ha entrado en comunicación con las distintas autoridades correspondientes de ese país para conocer el contenido y los alcances de lo enunciado en ese espacio”, informó la cancillería mexicana en su comunicado de prensa número 417. La declaración de Trump sobre la posible designación como grupos terroristas internacionales a los cárteles mexicanos, no es el primer intento que se hace en este sentido en los Estados Unidos. Durante el sexenio de la muerte de Felipe Calderón, y luego de las constantes aseveraciones de Janet Napolitano (quien fuera secretaria de Seguridad Interior en la presidencia de Barack Obama) de establecer que ante los azotes del narcotráfico México era un “Estado fallido”, en el Congreso estadunidense se llevaron a cabo varios intentos infructuosos por designar como terroristas a los narcos mexicanos. Frente a la cruda realidad de inseguridad y luego de más de una década

J. Jesús Esquivel con un saldo de decenas de miles de muertos y desaparecidos en relación a la violencia relacionada al narcotráfico, a México le convendría que Trump designara como terroristas a los traficantes de drogas ilícitas. Bajo dicha nominación, el gobierno federal de Estados Unidos estaría obligado a combatir fehacientemente el tráfico de armas a México e investigar su sistema bancario para evitar su involucramiento en el lavado de dinero y financiamiento del narco mexicano; por ejemplo. La fase para el procedimiento formal de la designación en Estados Unidos empieza con la notificación al Congreso estadunidense por parte del Secretario de Estado (en este caso Mike Pompeo) y en cumplimiento con el Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1965, de informar que a los cárteles mexicanos se les etiqueta como Organizaciones Terroristas Internacionales. Pompeo tendría que especificar al Capitolio qué tipo de actividades terroristas llevan a cabo los cárteles mexicanos, como en las que incurren los grupos terroristas islámicos, separatistas y marxistas como los de las naciones árabes y asiáticas que integran la lista de Organizaciones Terroristas Internacionales del Departamento de Estado. En concordancia con el Departamento de Estado, el del Tesoro; y en cumplimiento con la Orden Ejecutiva 13224 puede designar como Organización Terrorista Internacional a grupos narcotraficantes extranjeros que con ello quedan sujetos a las sanciones de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC). La acción del Departamento del Tesoro permite la confiscación de bienes y congelamiento de cuentas bancarias de las entidades designadas y sus miembros, dentro las jurisdicciones donde se apliquen las leyes de Estados Unidos, no en el extranjero. En consulta con el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, el Secretario de Estado y el del Tesoro le informan al Congreso la decisión de la designación de la entidad o agrupación extranjera como Grupo Terrorista Internacional. El Capitolio tiene un periodo de siete días para canalizar la propuesta y si no hay objeción debido a las pruebas que les presente el gobierno federal para asumir dicha designación, esta se instrumenta cuando se cumple el periodo de gracia al publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Al catalogar a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Internacionales (OTI), el gobierno federal estadunidense está obligado a evitar que estos reciban armamento y financiamiento de cualquier lado.

El mismo Trump, como lo han hecho sus antecesores, admite que las armas que han empoderado a los cárteles del narcotráfico de México son fabricadas en Estados Unidos. Esto, sin necesidad de que el gobierno de López Obrador insista en la cooperación para detener el flujo de armas de norte a sur, obligaría a Trump a contener el ingreso de arsenal de alto poder y municiones a México a través de la frontera sur estadunidense. En paralelo, y como también lo admite el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro estaría obligado a cambiar las leyes bancarias domésticas, empezando con la modificación del secreto bancario y los límites para el envío de las remesas a México. Está comprobado que por medio de las transferencias electrónicas de dinero de hasta nueve mil 999 dólares, los cárteles mexicanos aprovechan esta deferencia bancaria por parte del Departamento del Tesoro, para enviar dinero a México procedente de la venta de todo tipo de drogas en Estados Unidos. Las transferencias electrónicas de dinero de Estados Unidos a México menores a los 10 mil dólares están exentas de investigación para determinar su procedencia, lo cual es aprovechado por el narcotráfico mexicano para lavar miles de millones de dólares anualmente. Con el argumento de que estas transferencias de dinero se permiten por las remesas que mandan a sus familiares a México los inmigrantes de ese país, el Departamento del Tesoro evita investigar a sus bancos y determinar su involucramiento en el lavado de dinero de la venta de narcóticos y armas que lleva a cabo el mercado negro. Analistas insisten en que el Departamento del Tesoro se niega a investigar a sus bancos y su relación indirecta o directa con el narcotráfico, porque el resultado de dicha pesquisa provocaría el desplome de su mercado financiero y el de otros países. A México sin duda le convendría que Estados Unidos combatiera por su propia cuenta el tráfico de armas y el lavado de dinero por narcotráfico porque disminuiría la violencia y obviamente los asesinatos y desa-

pariciones en la sociedad mexicana. Otra implicación de la designación como OTI a los cárteles mexicanos, es la prohibición irrevocable a todas las entidades del gobierno federal de Estados Unidos de tener relación y negociaciones con las entidades extrajeras que implican peligro y riesgos a su seguridad nacional. Esta medida obligaría de alguna forma a que Trump ordenara la salida del territorio mexicano de agentes de agencias federales de su país como la DEA, FBI, CIA, ICE y del Pentágono, entre otras. Aunque oficialmente lo niegue, el gobierno de Estados Unidos negocia acuerdos con los narcotraficantes mexicanos, tal y como quedó demostrado con documentos y testimonios presentados por el Departamento de Justicia durante el juicio el año pasado en Nueva York en contra del narco mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. En pleno proceso electoral y por sus ambiciones de reelegirse en los comicios del 3 de noviembre de 2020, sería contraproducente para Trump designar como OTI a los cárteles mexicanos. Combatir al tráfico de armas a México le causaría a Trump enemistarse con la Asociación Nacional del Rifle que con cientos de millones de dólares anuales financia campañas políticas en Estados Unidos. La investigación a la banca privada estadunidense por su posible participación en el lavado de dinero procedente del narcotráfico suscitaría una contracción a la economía de Estados Unidos que no convendría a los intereses electorales de Trump. El hecho de que el presidente de Estados Unidos se maneja de manera impredecible genera ruido en que pueda también por interés electoral hacer la designación a los cárteles mexicanos; una apuesta complicada. En su comunicado de prensa la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, se informó que se buscará discutir el tema como el Secretario de Estado. “En virtud de las buenas relaciones que existen entre ambos países, el gobierno buscará tener un encuentro de alto nivel a la brevedad posible para presentar la posición de México y conocer los puntos de vista de las autoridades de Estados Unidos”, subrayó la cancillería mexicana. Conforme a las leyes estadunidenses para la designación de OTI, las entidades afectadas tienen un plazo de 30 días, después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, para apelar la acción en la Corte Federal de Apelaciones en el Distrito de Columbia (Washington, D.C.)

Jueves 28 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

UTOPÍA Javier Figueroa

El autoritarismo del rector de la UNACH

esorden, caos, nulo compromiso, han sido los rasgos del autoritarismo del rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, Carlos Faustino Natarén Nandayapa, quien cuenta con el respaldo de la anodina Junta de Gobierno. Pena da nuestra máxima casa de estudios, donde los notables que la desgobiernan les interesa más el lucimiento de sus blasones académicos y el poder, que trabajar por el desarrollo de la Universidad que está produciendo jóvenes estancados en el conocimiento. Pobre Unach y pobre Chiapas.

LAS TRAVESURAS DE JULIÁN NAZAR MORALES

Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico, dice una máxima popular muy sabia y eso bien le cabe en el saco de Julián Nazar, quien como dirigente todavía del Partido Revolucionario Institucional en Chiapas, PRI, no

LOS NACIONALISTAS SIGUEN CON SU FUCHI Y GUACALA

bastándole su pésimo trayecto en el partido tricolor, al cual solo le aportó la técnica del garrotazo, ahora se dio el lujo de imponer a su esposa al frente del PRI de Cintalapa, ignorando a la sumisa militancia. Sí leyó usted bien, a su esposa, a quien también la hizo diputada local. Hasta cuando aguantarán los abusos de Nazar Morales. Que jodidos están los militantes priistas, que nadie protesta, nadie alza la voz, lo que es apro-

vechado por el cuestionado Sir Julián. El señor hace lo que quiere, tanto con las prerrogativas como con los cargos de elección popular y dentro de la desnutrida estructura, nadie le pide cuentas, como tampoco le han pedido cuentas, durante su paso por la Secretaría del Campo. Pareciera indicar que el talibán tiene agarrado de los testículos a más de uno. De otra manera no me explico, porque no ha sido llamado a cuentas.

En los hechos, en la cotidianidad de la existencia diaria para los ciudadanos comunes, que será peor ¿que los Cárteles de la droga sean tachados de terroristas por el gobierno gringo o seguir padeciendo los estragos y consecuencias del hacer de esos grupos del crimen organizado? Los nacionalistas han pegado el grito en el cielo, pero siguen con su fuchi y guacala. Que será peor, seguir igual, o que los etiqueten de terroristas? ¿Usted qué piensa?.... Síguenos todos los lunes, miércoles y viernes, en El Confesionario de Figueroa. La cita es en punto de las 9 de la mañana y nuestras cápsulas AL FILO DEL COMENTARIO. Presidente de la Asociación de Redactores y Reporteros, Prensa Chiapas, A.C. y miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C. Hasta el siguiente comentario.

EL DIVAN Sergio Stahl

** La #CuartaTransformación chiapaneca y los pueblos indígenas ** (Primera de dos partes )

ólo se puede hablar de una verdadera #CuartaTransformación en Chiapas en la medida en que ocurra un cambio integral y se ponga el acento en el progreso de los pueblos indígenas. El problema del atraso socioeconómico de los pueblos indígenas es histórico y no es fácil de resolver en un sexenio. La corrupción y la simulación hizo que las políticas públicas encaminadas a apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas se desviaran de su objetivo original. En los planos de la salud, la infraestructura, la educación, la producción agropecuaria y los servicios se simularon grandes avances y magníficos logros gubernamentales, pero en realidad se abandonó a su suerte a los pueblos indígenas. Ese orden de cosas ya no puede seguir y el jefe de las Instituciones del Estado chiapaneco lo tiene muy claro.

Hay que desterrar la corrupción y la simulación en el tratamiento institucional del problema histórico del atraso de los pueblos indígenas. Para empezar, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha tomado medidas para fomentar la productividad y elevar la producción agropecuaria en los

pueblos indígenas, con vistas a lograr el beneficio económico y la seguridad alimentaria. Mañana, algunos datos reveladores de la estrategia institucional que está implementando el mandatario estatal en el ámbito de la atención integral a los pueblos indígenas de Chiapas. BALCON. En redes sociales

y columnas políticas de diarios locales se han publicado algunas críticas vitriólicas y muchas mofas despiadadas en contra de todas las diputadas que integran la LXVII Legislatura del Congreso local. Se trata de comentarios que destilan misoginia, que denotan la estulticia de sus autores y no tienen nada que ver con la realidad de una Legislatura sui generis donde las mujeres son mayoría y saben ejercer su poder de género. Qué pena que no puedan aceptar el hecho de que la mayoría de las 40 curules estén ocupadas por mujeres, las cuales han demostrado poseer igual o incluso más capacidad política que sus pares masculinos en el parlamento local. Aparte, claro está, de que no soportan que además de inteligentes, las diputadas de la LXVII Legislatura sean mujeres agraciadas físicamente, sin importar su edad. Les arde que ellas son inteligentes, son guapas y tienen clase, esa es la neta, marionetas...Eso es todo.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

l asesinato de una mujer y por los altos niveles en los que se encuentra se ha convertido en un gran pero gran desafío legal para México, actualmente solo 19 estados del país cuentan con un tipo penal que cumple parcialmente con las características cuando se priva de la vida a una mujer por razones de género, afortunadamente Chiapas sí está dentro de estas entidades federativas, aunque sin mayor relevancia. Trece entidades federativas no cuentan con el tipo penal adecuado, todas han hecho una o dos reformas sin que esto implique una mejora en la tipificación del feminicidio, Chihuahua no reconoce el término “feminicidio” siendo esta una demanda añeja de organizaciones civiles, académicas y de familiares de las víctimas, eso sin contar que es uno de los estados más violentos del país para una mujer. Marcela Lagarde, una de las principales impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde el 2004 ha insistido en la necesidad de tipificar el feminicidio como tipo penal, no solo a nivel federal, sino que también a nivel estatal, sobre todo Chihuahua para que no sea la excepción, ya que es el estado del país donde más mujeres han sido asesinadas, los códigos penales de Nayarit y Chihuahua, ni siquiera tienen considerado el delito de feminicidio. En el Código Penal Federal se establece que las causas que convierten un homicidio en feminicidio son siete y es suficiente con que se presente una de ellas para que sea considerado, la causa más común es que haya habido una relación, afectiva, de confianza o amorosa, sin embargo no se presenta una, se presentan miles de pruebas y las desechan por no conocer más a fondo el significado del delito de feminicidio. Es lamentable y muy grave que aún en estos tiempos existan 12 entidades de nuestro país, que si bien tienen tipificado el delito de feminicidio, no incluyan como uno de los elementos a considerar el asesinato de una mujer como feminicidio, aun cuando exista la relación entre víctima y victimario. La relación sentimental o afectiva que exista entre víctima y victimario debería ser considerada como una agravante, sin embargo esta es condicionada para que presenten alguna de las otras causas, para poder considerar la tipificación del feminicidio en automático. De 30 estados, 12 de ellos, que consideran el feminicidio en su Código Penal, no establece como una de sus causas, el antecedente de violencia por parte del victimario, otra de ellas es la incomunicación que realiza el agresor a su víctima, seis estados no lo reconocen como feminicidio, siete estado no consideran las amenazas como tal. Ante tanta impunidad, indiferencia, odio, racismo, violencia, tráfico de órganos, tráfico de trata, acoso

Jueves 28 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

PALABRAS JJUSTAS Lulú Ovilla

• Reformar el Código Penal Federal, es lo único que acabaría con los feminicidios. • Las fugas del Código Penal Federal, no contempla los delitos de violación, pornografía, lenocinio, pederastia. sexual, violación, pornografía, lenocinio, pederastia, inseguridad en las calles, nace la rebeldía de las mujeres desde sus entrañas, les han matado a sus hijas y las han matado a ellas, porque el feminicidio es una muerte que asesina a toda la familia. Entender o sentir el enojo y exigencia de las mujeres cuando gritan ¡ya basta! ¡ni una menos! el cargar las fotos de sus hijas en las marchas no es nada fácil, es revivir una y otra vez el dolor de ya no tenerlas con ellas, es un dolor indescriptible, es una perdida que sencillamente no tiene nombre, y nadie puede decir que lo siente sino lo ha vivido. Vemos en los diferentes medios de comunicación, los comentarios llenos de desprecio, coraje e incomprensión por la actitud radical de las mujeres, aunque no comparto algunas actitudes, si las comprendo y no tendrían que llegar a esos extremos si realmente hubiera una respuesta satisfactoria a sus demandas, pero desafortunadamente, no la hay. El aumento de los feminicidios ha adquirido dimensiones alarmantes, nada los frena, ni foros, marchas, discursos, propuestas al aire, lucimientos, mucho menos las alertas de género, el hartazgo es y será más que evidente en cada marcha, en cada grito, es un reclamo de miles y miles de madres que no han encontrado justicia ante el asesinato de sus hijas. El crecimiento alarmante de los feminicidios ha encendido los focos rojos de la ONU, el Comité para Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus últimos reportes ha informado que pese a los esfuerzos del actual gobierno, aun se requieren adoptar medidas urgentes, para prevenir, investigar y juzgar las muertes violentas y desapariciones de mujeres de nuestro país. Quien se suma ante las constantes denuncias de los colectivos en México, es el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en su último balance da a conocer que la mayoría de las mujeres en México han sido asesinadas de manera brutal, como golpeadas, estranguladas, asfixiadas, quemadas, envenenadas, etc., etc. Los asesinos de mujeres las dejan en diferentes lugares y el más común es, lotes baldíos, hoteles, carreteras, lo que pone en evidencia la falta de seguridad en las calles, faltan cámaras de vigilancia, alumbrado público, pero sobre todo falta demasiada vigilancia policiaca y si el recurso es recortado en este rubro, no se podrá

abatir los feminicidios. Para combatir los feminicidios el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha presentado un plan para frenarlos y ha dicho en la conferencia de prensa de Palacio Nacional: queremos que el estado se ocupe de la protección de las mujeres, esto después de ser criticado duramente al eliminar los subsidios a los refugios para mujeres víctimas de maltrato y violencia. Pero las mujeres no necesitan planes de prevención y atención, no necesitan más alertas de género, que en honor a la verdad, no están sirviendo para nada, el crecimiento alarmante de los feminicidios lo dice todo y desmiente cualquier discurso o acción que se haya tomado para erradicar el asesinato de las mujeres de nuestro país. El 6 de marzo de este año Nadine Gasman, subrayo que al menos 66 mexicanas de cada 100 han sufrido algún tipo de violencia machista, esto quiere decir que si conocen las cifras, ha dicho que uno de los puntos fundamentales de la atención a las victimas será la instalación de nuevas casas de asistencia social, para víctimas, pero como será esto posible cuando el presupuesto ha sido recortado demasiado. El 27 de febrero de este año Nadine Gasman, tomó protesta como la nueva Secretaria de INMUJERES, sin embargo a la fecha no hemos visto acciones claras que hayan frenado en un mínimo los feminicidios, quienes tienen a su cargo ver por la seguridad de las mujeres mexicanas dicen que, realizaran medidas de prevención enfocadas al diseño de políticas para crear “ciudades seguras”. Las ciudades seguras consistirán en la implementación de aplicaciones móviles donde las mujeres puedan alertar sobre espacios inseguros hasta el registro del transporte público, para echar andar este proyecto se necesita de una buena planeación, porque de no tenerlo será como echar a la basura un proyecto

derivado de un discurso muy bonito. Este nuevo gobierno a través de su Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, ha dicho que, en la parte judicial, este nuevo gobierno de la cuarta transformación, apelará a crear convenios para facilitar los procesos judiciales para evitar que los expedientes se acumulen en los tribunales, o sea, están dispuestos acabar con la burocracia. Aunque esto no es una solución para erradicar los feminicidios, que eso debería de ser una prioridad, ayudara un poquito a desatorar los casos y poder castigar a los feminicidas, aunque si no se logra la modificación del Código Penal Federal, de nada servirá, ella es una experimentada en el conocimiento de las leyes, solo es cuestión de un poquito de interés y se habrá avanzado de manera significativa. Las mujeres necesitamos que este nuevo gobierno donde se le ha dado mucha publicidad a la Legislatura de la Paridad de Género, se pongan a trabajar verdaderamente, ya que nos están quedando a deber demasiado, necesitamos una iniciativa de ley donde se solicite reformar el Código Penal Federal y luego sea enviado a los todos los estados para su aprobación. Nuestro Código Penal Federal tiene demasiados huecos por donde se fugan los feminicidas, es urgente frenar a los asesinos de mujeres, leo y leo como quieren frenar a los asesinos y no me convencen que están en el camino correcto y las miles de mujeres muertas tampoco lograran justicia a su muerte si se sigue con medidas preventivas. La intención es buena pero no ayuda y si no ayuda, se debe de cambiar de estrategia, las mujeres de la cuarta transformación quieren pasar a la historia, como la primera Legislatura que tiene en su mayoría mujeres, pues entonces que hagan algo histórico, que logren lo que no pudieron hacer gobiernos priistas ni panistas en más de 70 años en el poder, que frenen los feminicidios. Que la apatía no sea presa fácil de este gobierno, que las mujeres realmente sean un precedente en la vida política de nuestro país, si la Suprema Corte señala que toda muerte de mujer, incluyendo los suicidios y algunos accidentes deben ser investigados con perspectiva de género, que así sea. Que ya no exista más fugas en nuestro Código Penal Federal, para que los feminicidas no caminen por las calles libremente, Diputados y Senadores saben perfectamente donde está la respuesta correcta para frenar los feminicidios, solo es cuestión de que demuestren interés para que los cambios sean reales. Quién tiene la bolita en las manos, el Presidente Andrés Manuel, los Diputados y Senadores, Nadine Gasman, Olga Sánchez Cordero, tiene un gran desafío y la oportunidad grandiosa de acabar con los feminicidas, la prevención es buena, pero no frena el delito, Reformar nuestro Código Penal Federal, ¡si¡.

CMAN

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Jueves 28 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1785

ACUSACIÓN

DENUNCIA

Cuarta renuncia en el gabinete de Miguel Barbosa; exsecretario acusa a “minoría rapaz”

Funcionaria de INM vende documentos migratorios: denuncian extranjeros en Tapachula

PAG. 6

SESIÓN

Los diputados avalan el inicio del juicio político contra Rosario Robles PAG. 3

FORO

Autoridades electorales debemos establecer medidas eficaces para garantizar representación juvenil en candidaturas: Oswaldo Chacón Rojas PAG. 8

SOLICITUD

El INAI ordena dar a conocer la cifra de mujeres desaparecidas

PAG. 7

El consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, participó este martes en el Foro Acciones desde la Fiscalización para Fortalecer la Participación de los Liderazgos Juveniles en los Partidos Políticos, organizado por el Instituto Nacional Electoral

PAG. 8

PAG. 4

Iniciativa para rotar cada tres años la presidencia del INE busca una “subordinación política”: Córdova