CONTRAPODER EDICIÓN 1783

CMAN

DOXA

EDITORIAL

La legalidad en el gobierno

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El compromiso de mayor seriedad que el gobierno de Rutilio Escandón podía ofrece a la sociedad chiapaneca era el de la garantía de la legalidad, en donde todos los actos y decisiones del gobierno estuvieran apegados al marco la ley.

El dengue es un problema de salud en Chiapas.

El número de contagios se cuenta en miles, pero desafortunadamente se manipulan los registros.

Los riesgos de estos contagios es que el dengue puede ser hemorrágico.

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EN CHIAPAS

Martes 26 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1783

DECLARACIÓN

EXIGENCIA

El caso Ayotzinapa sí es un crimen de Estado, corrige Alejandro Encinas

Encinas, quien preside la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, creada por decreto presidencial, corrigió la plana a López Obrador quien ayer de gira en Tlapa de Comonfort, Guerrero, hizo referencia a la desaparición y homicidio del dirigente del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Cerón Soriano, y al caso Ayotzinapa

Padres de familia toman escuela primaria y se van a paro

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SOLICITUD

OTEZ pide diálogo antes de “limpiar” el bulevar de transportistas

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México y EU no ofrecen garantías de protección y seguridad a niños migrantes: Unicef

PROTESTA

Docentes exigen la solución a los adeudos

HOY ESCRIBEN NACIÓN BOSQUES Fabrizio Mejía Madrid

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EL BÚMERAN POLÍTICO DE REFERENDOS, PLEBISCITOS Y OTRAS CONSULTAS POPULARES Lucía Luna

EL DIVAN Sergio Stahl

UN AÑO MÁS… Teresa Mollá Castells

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FEMINICIDIO: SIN TREGUA INMINENTE Paloma Boves D’harcourt

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BOLIVIA Y EVISMO DE HOZ Y MARTILLO Mauro González Luna PAG. 3

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Martes 26 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

EDITORIAL La legalidad en el gobierno

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l compromiso de mayor seriedad que el gobierno de Rutilio Escandón podía ofrece a la sociedad chiapaneca era el de la garantía de la legalidad, en donde todos los actos y decisiones del gobierno estuvieran apegados al marco la ley. Esto que es un principio de cumplimiento obligatorio en un Estado democrático, no es cierto para el Estado Mexicano y muchísimo menos para el Estado de Chiapas, en el que de manera reiterada se toman decisiones al margen de la ley y de manera sistemática y generalizada se violan derechos humanos, lo que significa que la llamada cuarta transformación en la entidad es un discurso falso y demagógico.

Por eso resulta cuestionable la actitud asumida por el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, de repetir como merolico de feria el discurso de cero tolerancia, pues en Chiapas la justicia no existe, el derecho se aplica discriminadamente y lo más grave aún es que la fiscalía fabrica pruebas para incriminar a inocentes y de manera reiterada viola el principio de presunción de inocencia de los detenidos.

En Chiapas no hay división de poderes y el gobierno de Rutilio Escandón ni

por asomo promueve la autonomía del poder judicial, que está instalado en la ilegalidad, pues su integración incumple con lo que establece la Constitución local. A esta ilegalidad se le suma la práctica de liberar presos sentenciados, a través de una Mesa de Reconciliación que es inconstitucional e inconvencional y que reproduce los mecanismos de impunidad. En los últimos años –con la participación del fiscal y el gobernador como funcionarios del anterior gobierno-, se han liberado a homicidas, secuestradores, feminicidas, tratantes, ladrones de autos y violadores, y durante este gobierno se han realizado dos eventos de liberación de presos a través de esa ilegal mesa de reconciliación: uno el 29 de diciembre, en el que se liberaron a 142 sentenciados y otro, el 10 de mayo, en que se liberaron a 12 sentenciados.

El discurso de la lucha frontal contra la impunidad y el de cero tolerancia que utilizan los funcionarios en Chiapas no es creíble y termina siendo una burla para los sobrevivientes de una víctima, así como para los familiares de personas inculpadas de un delito a través de pruebas fabricadas por el ministerio público.

Socialmente lo más sano y práctico

para el gobierno de Rutilio Escandón y para la sociedad chiapaneca es el retorno a la legalidad, no solo porque la legalidad debiera ser el principio de toda transformación política sino debido a que en Chiapas existe un déficit de justicia y de desatención social, que viene generando un profundo resentimiento en los movimientos de protesta, que han hecho de la manifestación violenta un instrumento político para hacerse escuchar y para garantizar que sean atendidos por los funcionarios públicos. Pero además porque en Chiapas existe una impunidad en la actuación de los cuerpos policíacos y en las instituciones impartidoras de justicia, que terminan legitimando las acciones violentas en la protesta en grupos como el FNLS, en los estudiantes de Mactumatzá y en diversas acciones que realizan los maestros y los grupos campesinos.

Asimismo resulta incongruente que el gobierno convoque a la legalidad a los grupos que se han radicalizado, cuando el gobierno no actúa en el marco de la legalidad y detiene a activistas sociales, les inventa delitos, los tortura y obtiene una declaración de inculpado a través de estos métodos aberrantes y violadores de derechos humanos.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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Aumenta violencia de género en los últimos seis años en Chiapas Soel Gómez.

San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

C

on motivo al Día Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, el Colectivo de Mujeres (Colem) dio a conocer 2012 a 2019 hay 850 registros de casos de violencia feminicida y feminicidios, de los cuales 385 han sido identificados por defensoras y expertas del Colem, como feminicidios.

En conferencia de prensa, Martha Figueroa Mier, de Colem, dijo que desde que se activó la Alerta de Violencia de Género en Chiapas desde 2016, se han registrado 355 casos de violencia de los cuales 139 son obvios feminicidios, “este año 2019 va sobre 140 casos, feminicidios: 53; posibles feminicidios: 9; feminicidio equiparado: 2; accidentes:12; homicidios: 8; suicidio: 6; otras muertes violentas: 2; más 48 casos que califican como tentativa”.

“Durante el periodo de Manuel Velasco Coello hubo 615 registros, de los cuales 291 fueron feminicidios, sin disminución. Es el responsable de implementar la AVG en 7 municipios de Chiapas, más 16 de la zona Altos o indígenas, es obvia la falta de voluntad, porque en lo que va del Gobierno de Rutilio Escandón, se han registrado 144 registros, de los cuales 53 son feminicidios, lo cual contradice sus declaraciones de que en Chiapas no hay feminicidios”.

Por otra parte, diversas organizaciones sociales y colectivas rea-

En conferencia de prensa, Martha Figueroa Mier, de Colem, dijo que desde que se activó la Alerta de Violencia de Género en Chiapas desde 2016, se han registrado 355 casos de violencia de los cuales 139 son obvios feminicidios

lizaron una marcha de la Unidad Administrativa Municipal a la Plaza de la Paz, donde pidieron a las autoridades más garantías de seguridad y a la sociedad en general a erradicar el machismo y el odio hacia la mujer.

El Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la Participación de las Mujeres en la toma de Decisiones, realizó un pronunciamiento donde dieron a conocer, que según datos de organizaciones y colectivas feministas hasta el 31 de octubre se tenían registradas 166 muertes violentas de mujeres, de los

cuales únicamente 76 habían sido tipificadas como feminicidio, “En la mayoría de los casos, se ha evadido la responsabilidad de operadores de justicia, y se ha culpabilizado a las mujeres de sus muertes.

Actualmente las mujeres vivimos violaciones sistemáticas a nuestros derechos humanos, perpetuados por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, pese a que desde noviembre de 2016, se decretó la Alerta de Violencia de Género”.

Por lo anterior, exigieron se tome la violencia como un problema

social y se realicen las acciones pertinentes por las autoridades de los diferentes niveles. “Se nos garantice nuestros derechos humanos como mujeres, a una vida libre de violencia, a la vida, al acceso a la justicia, y a la participación en la toma de decisiones”.

“Se realicen las investigaciones correspondientes de los feminicidios y se juzguen con perspectiva de género todos los casos, para otorgar la justicia y la no repetición Se eliminen los programas desarrollistas que reproducen el machismo en nuestras comunidades y aumentan la violencia que vivimos las mujeres.

Que se ponga un alto a la militarización de nuestras comunidades y ejidos, se cese la criminalización contra defensoras de derechos humanos”.

Finalmente, dijeron que como mujeres campesinas y mestizas “seguiremos luchando por nuestros derechos humanos como mujeres y en defensa de la tierra y el territorio; haremos más fuerte nuestra resistencia para afrontar las estrategias de este sistema de muerte y destrucción y hacemos un llamado a todas las mujeres, organizaciones, colectivos, redes, y movimientos para vencer el miedo y denunciar la violencia de género que vivimos”.

Docentes exigen la solución a los adeudos Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Un grupo de cerca de cien docentes del nivel preparatoria tomaron el edificio de la Secretaría de Educación para exigir la liberación de 50 millones de pesos que se les adeuda desde el año 2014. Docentes de nivel preparatoria de diferentes municipios del estado se plantan en la Secretaría de Educación en Tuxtla para exigir el pago de adeudos correspondientes desde el 2014 a la fecha, señalan que no existe apertura con la titular de esta dependencia.

Sergio Meneses López catedrático de la Escuela Preparatoria Número 1 dio a conocer que este adeudo millonario es por el concepto de pagos de interinatos, pero también a maestros de base.

“La Secretaria de Hacienda viene

postergando el compromiso con los trabajadores de la educación, además de que una situación similar está pasando el personal administrativo que por más de cuatro años han laborado en diferentes instituciones sin percibir el pago correspondiente”, indicó.

Dentro de estas han acumulado son jubilaciones, estímulos por antiguedad por lentes y otros rubros, todos del nivel preparatoria, que no han sido resueltos desde hace 5 años, el adeudo de 50 millones de pesos a 400 maestros del estado.

Señalan a la Secretaria de Hacienda por realizar listas de docentes inexistentes, bajo el artificio de que cada quincena se solventan pagos, sin embargo son padrones ficticios para mantener tranquilos a los docentes que no han recibido pago alguno.

“Se espera que antes del día miércoles 27 de noviembre, el gobierno tenga la disposición de dar solución

a esta problemática que mantiene a de docentes y sus familias con carencias económicas”, remarcó.

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Martes 26 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

De la Redacción San Cristóbal de Las Casas, Chis.

A

ndrés Gómez López, presidente de la Organización Transportista Emiliano Zapata (OTEZ) de los Altos de Chiapas, advirtió a las autoridades municipales que las 72 unidades que pertenecen a ellos no se moverán del bulevar, debido a que rentan locales y no se encuentran obstaculizando el bulevar Juan Sabines y tampoco manchan la imagen urbana.

“Felicito a las autoridades municipales porque a pesar de que no han mostrado capacidad para resolver los problemas, tienen los pantalones para querer limpiar el bulevar, ojalá lo logren, pero nosotros no nos vamos a mover porque pagamos una renta, no ocupamos espacios públicos y ojalá también que antepongan el diálogo, porque si nos quieren sacar así nada más el 28 podría haber problemas”, sentenció.

Gómez López dijo que las autoridades federales y estatales ya tienen conocimiento de su postura y no están dispuestos a ir a la Terminal de Corto Recorrido debido a que se encuentra controlada por el grupo de la Amotac, “ellos fueron títeres de Manuel Velasco Coello y con fines electorales les construyó esa terminal”.

“Nosotros no queremos trabajar con ellos porque son ventajosos, cuando nos íbamos a instalar resulta que nos dieron el último andén, ahí no va llegar la gente, queremos igualdad de condiciones, además de que el espacio no es el adecuado para reclutar a tantas organizaciones y unidades”.

El líder de la OTEZ dijo que la Terminal de Corto Recorrido está en manos de “Fernandito, Paco, Chuma, pero no tienen gente, son dueños de su propia sociedad, que el Gobierno haga bien su trabajo, que investigue cuánta gente tiene cada organización y que los espacios nos beneficie a todos, a mí ya me sacaron de ese grupo, me dieron

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Este lunes Padres de familia iniciaron un paro indefinido en la escuela primaria “Francisco González Bocanegra” ubicada en esta ciudad Tuxtla Gutiérrez.

Exigen los papás la destitución de la directora Amada Gutiérrez Suriano y las cuentas del Comité de la Asociación de Padres de Familia.

Cansados ante tantas irregularidades optaron por esta acción que afecta por desgracia a los alumnos de esta institución

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OTEZ pide diálogo antes de “limpiar” el bulevar de transportistas Gómez López dijo que las autoridades federales y estatales ya tienen conocimiento de su postura y no están dispuestos a ir a la Terminal de Corto Recorrido debido a que se encuentra controlada por el grupo de la Amotac, “ellos fueron títeres de Manuel Velasco Coello y con fines electorales les construyó esa terminal”

de baja en su acta constitutiva, así como quieren que mi gente vaya a ese lugar”.

“La organización tiene 72 carros federales y me iban a dar dos espacios hasta el fondo, quien va llegar hasta ahí, el que lo hizo mañosamente le tocó el número uno, dos y tres, y nosotros hasta el fondo, qué pasa-

Padres de familia toman escuela primaria y se van a paro Jairo Camacho.

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educativa.

Los manifestantes dieron a conocer que los señalados nunca han podido dar cuentas claras de los recursos de la escuela, ya que se han cometido una serie de irregularidades.

Por ello los inconformes optaron por tomar esta medida radical, para que la escuela sea autosuficiente.

En este escenario hicieron un llamado a las autoridades educativas correspondientes para que atiendan la petición que hacen los padres de familia de esta primaria “Francisco González Bocanegra”.

jero va llegar son muy ventajosos, esperemos que no haya nada que lamentar el 28 o 30, si pasa algo va ser responsable la presidenta municipal que no tiene capacidad para resolver las cosas”.

Recordó que desde hace más de 30 años presidentes municipales van y vienen y no han podido resolver el

problema porque no hay un espacio digno para trabajar, “nosotros no nos vamos a mover porque no estamos perjudicando a nadie ni a la calle”.

“Si quieren limpiar el bulevar adelante, gracias a Dios que tiene pantalones la señora, que limpie las carpas y todo lo que hace ver mal al bulevar”, concluyó.

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Martes 26 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Morena pide juicio político contra directora de Servicios de Salud Jalisco por omisión en combate al dengue Gloria Reza Guadalajara, Jal. (apro)

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l dirigente estatal de Morena, Hugo Rodríguez, presentó ante la oficialía de partes del Congreso local una solicitud de juicio político contra la directora general de Servicios de Salud Jalisco, Consuelo Robles Sierra, por omisión en sus responsabilidades para combatir el dengue en la entidad.

De acuerdo con Morena, Robles Sierra y el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, contra quien se ratificó una petición de juicio político por el mismo tema, la semana pasada, decidieron emitir una alerta sanitaria, cuando debió ser epidemiológica, ante el gran aumento de casos de dengue.

Además, colapsaron los servicios de salud por la gran demanda de atención médica, apuntó.

Su actuar causó un “trastorno grave a las instituciones de salud en el estado,

Luciano Campos Garza Monterrey, N.L. (apro)

El Congreso local proyecta la búsqueda de un gobernador que sustituya a Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, cuando el dictamen para sancionarlo por desvío de recursos sea turnado al pleno de la Legislatura, en los próximos días.

El pre dictamen, que circula ya entre los coordinadores de las bancadas –redactado por la Comisión Anticorrupción que preside Arturo Bonifacio de la Garza Garza–, establece en su acuerdo Quinto: “De acuerdo con el artículo 63 fracción XXI y el artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, una vez resuelta la controversia constitucional 310/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mientras no se contraponga la sentencia a lo establecido en el presente dictamen, nómbrese al gobernador sustituto para los efectos constitucionales pertinentes”.

De la Garza Garza señaló que, llegado el caso, inédito en la historia de Nuevo León, el sustituto deberá ser elegido por la Comisión de Gobernación, de una terna ciudadana que deberá ser aprobada con mayoría absoluta.

El proceso sancionador, que aún no se discute en la Comisión, contempla la destitución de Rodríguez Calderón y su inhabilitación por tres años en cualquier cargo público.

El documento aprobado especifica

así como a la sociedad en Jalisco, por la emergencia ante la cifra histórica en casos de dengue” al no tomar medidas preventivas al despedir masivamente al personal de fumigación.

“Hubo despido de todos los trabajadores que fumigan; entraron tarde al proceso de los trabajos que se hacen año con año de la semana epidemiológica que corresponde al ataque del dengue y una serie de irregularidades

administrativas (...) Ella (Consuelo Robles) es tanto o más responsable que el propio Fernando Petersen”, refirió Hugo Rodríguez.

No sólo eso, tampoco se transparenta el presupuesto para combatir el dengue, ni la cifra real de contagios y menos de fallecidos, abundó.

“Robles Sierra se convierte en cómplice de las declaraciones del secretario de Salud de ser una estrategia

mediática, tramposa y ruin, al tratar de engañar a la sociedad jalisciense tanto con cifras maquilladas como con simulación de actos”, se lee en el documento entregado en la oficialía de partes.

De igual manera, señala a la directora de Servicios de Salud de mentir, al no informar que su dependencia hizo compras a la empresa de su esposo, Víctor Manuel Guzmán Villaseca, con razón social Llantas Tapatías, S. de R.L. de C.V. Por separado, el contralor ciudadano independiente Jorge Carlos Ruiz anunció que pedirá al Congreso local que solicite la “intervención inmediata” de la Federación, por la “incapacidad del gobernador” Enrique Alfaro y de sus subalternos para detener la epidemia de dengue.

Hasta el pasado lunes 18, la entidad ocupaba el primer lugar en casos de dengue confirmados, con 9 mil 600, 74 mil 319 probables y 24 defunciones.

Congreso de NL planea la búsqueda del sustituto de Jaime Rodríguez Calderón textualmente: “La sanción consistente en destitución del cargo de gobernador del estado de Nuevo León e inhabilitación como servidor público por tres años contados a partir del día hábil siguiente a la aprobación del presente dictamen”.

También se contempla inhabilitar por tres años como servidor público al actual secretario general de Gobierno, Manuel Florentino González Flores, quien fungió como gobernador interino el año pasado, cuando ‘El Bronco’ se lanzó a recolectar firmas para su fracasada campaña presidencial independiente. De igual manera, la sanción implica su destitución.

González sería cesado de inmediato, pero, en el caso de Rodríguez, los legisladores deberán esperar hasta que se resuelva el incidente de suspensión de controversia constitucional 310/2019 emitida por los ministros Eduardo Medina Mora y Juan Luis González Alcántara Carrancá, que protege a ‘El Bronco’ de cualquier sanción.

En entrevista, Salinas señaló que, si bien el Congreso de Nuevo León tiene hasta el 20 de diciembre para sancionar al gobernador, puede emitir su voto y destituirlo, y esperar a que la Suprema Corte resuelva, en su caso, negarle el amparo, para removerlo y designar a quien estará en el puesto el resto del sexenio, que

concluye el 3 de octubre del año 2021.

De acuerdo con De la Garza Garza, el documento es un anteproyecto de sanción presentado entre los grupos legislativos para que lo observaran y retroalimentaran. Luego, la Comisión Anticorrupción redactaría el documento final, que sería circulado entre los diputados que la integran.

Posteriormente, si se aprueba el dictamen, sería turnado al pleno del Congreso local, donde bastaría una mayoría simple de votos para aplicar el castigo a Rodríguez Calderón y González Flores.

“Esto es lo que la Comisión Anticorrupción está proponiendo a sus miembros en espera de observaciones para tener un consenso, para meterlo al pleno”, dijo De la Garza, y manifestó que todo este procedimiento es complejo, debido a que con anterioridad únicamente habían sido nombrados gobernadores interinos, pero nunca un sustituto.

Aclaró que los diputados argumentarán su sanción únicamente en el expediente legislativo 11841/ LXXIV, basado en la orden que les giró la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que ambos incurrieron en desvío de recursos al utilizar a personal de la administración estatal para recabar firmas a favor de la campaña de ‘El Bronco’,

quien necesitaba apoyos ciudadanos para inscribirse como candidato presidencial sin partido.

En el expediente se especifica que el 26 de junio de 2018, la Sala Regional Especializada del TEPJF dictó sentencia en el expediente SREPSC-153/2018, en el que se acreditaron las infracciones electorales cometidas por Rodríguez y González, en su carácter de servidores públicos, el primero de ellos como gobernador Constitucional y el segundo como gobernador interino.

La decisión fue entregada al Congreso neoleonés, que la turnó a su comisión Anticorrupción el 27 de junio.

En el origen de este proceso sancionador se encuentra la denuncia que presentaron el 31 de enero del 2018 el entonces diputado local y ahora senador Samuel García Sepúlveda y la aún diputada local Mariela Saldívar Villalobos, los dos de Movimiento Ciudadano, por la recolección de firmas de apoyo por parte de funcionarios estatales en horario laboral.

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Martes 26 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Marchan cientos de mujeres para exigir un alto a los feminicidios en México De la redacción Ciudad de México (apro)

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ientos de mujeres marcharon este lunes en diversas entidades del país para exigir un alto a los feminicidios; también cuestionaron la incapacidad de las autoridades para poner un freno a la violencia que, subrayaron, las enfrentan cada día a violadores y acosadores, sin que éstos sean detenidos.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, alumnas de la Universidad de Sonora (Unison) cerraron temporalmente el acceso principal de la institución académica para leer un pronunciamiento.

Enmascaradas, las universitarias, activistas de las plataformas digitales de #MeTooUnison, reprocharon que la Universidad de Sonora “encubre a acosadores”, y exigieron la destitución de los integrantes del bufete jurídico universitario por supuestas omisiones a “situaciones de violencia”.

“Nos pronunciamos rotundamente en contra de la violencia de género (…)

Les decimos a nuestras compañeras que no están solas en esta lucha, nos mantenemos en lucha para lograr recintos universitarios donde podamos estudiar y desarrollarnos plenamente libres de violencia”, exclamaron a coro en las escalinatas de rectoría.

“Nunca más una universidad sin nosotras. Unison encubre acosadores, fuera el protocolo de Unison, fuera hostigadores de la Unison, fuera agresores de la Unison”, añadieron.

Las activistas de #MeTooUnison también revelaron que 21 académicos y empleados de la Universidad de Sonora acumulan 59 denuncias.

En Oaxaca, 39 organizaciones civiles y feministas señalaron que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa fracasó en materia de violencia feminicida, ya que en sólo tres años de su sexenio se han contabilizado 373 casos de muertes violentas de mujeres y niñas.

En el informe ciudadano “La historia no olvida. Violencia feminicida en Oaxaca: Tres años de impunidad e injusticia en el gobierno de Alejandro Murat - 2016-2019”, revelaron que pese al maquillaje de cifras y la grave simulación del actual gobierno, 2019 ya se ha convertido en el año más letal para las mujeres, con 124 muertes violentas.

Asimismo, cuestionaron la incapacidad y la nula voluntad política del actual gobierno para hacerle frente a este grave problema, razón por la cual las organizaciones civiles y feministas de Oaxaca exigieron al Congreso local iniciar el proceso de destitución del fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez.

De igual forma, demandaron “el cese a la simulación y se concreten ac-

ciones reales frente a la grave crisis de violencia feminicida en el estado, (ya que) damos cuenta que desde el inicio del sexenio de Alejandro Murat a la fecha se han registrado mil 736 casos de violencia feminicida en sus diversas variables”.

Al hacer un comparativo con el gobierno anterior en casos de feminicidio, mencionaron que “en el primer trienio del gobierno de Gabino Cué registramos 238 feminicidios en comparación a los 373 feminicidios con Alejandro Murat, esto representa un incremento porcentual del 55% y que el 59% de los feminicidios fueron cometidos con arma de fuego, lo que revela que existe un circulante ilegal de armas en Oaxaca”.

Añadieron: “A poco más de un mes de que concluya el tercer año de gobierno de Alejandro Murat se han reportado 669 desapariciones de mujeres, es decir, un incremento porcentual de 696%, pues a medio sexenio de Gabino Cué habíamos registrado 84 mujeres desaparecidas”.

Detallaron que en 2017 se registraron 78 desapariciones, un año después subió a 326, y en lo que va de 2019 se desconoce el paradero de 265 mujeres.

Aunado a ello, se registraron 33 casos de violencia política contra las mujeres en el estado, de las cuales 10 ocurrieron en la región de la Costa, ocho en el Istmo, cinco en la Cañada, cinco en la Mixteca, cuatro en Valles Centrales y un caso en la Sierra Norte.

En una conferencia de prensa realizada frente al Templo de Santo Domingo, Ana María Hernández, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, manifestó que desde hace 15 años diversas organizaciones iniciaron el registro, documentación y sistematización de las diversas violencias contra las mujeres en el estado de Oaxaca, donde han evaluado la falta de voluntad política, la falta de seriedad para apostarle como objetivo de desarrollo y democracia a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres.

“Desde 2004 a la fecha hemos registrado mil 224 mujeres víctimas de feminicidio, misma cantidad de familias destruidas, misma cantidad de hogares sin justicia, esto evidentemente ha impactado en el resquebrajamiento

del tejido social. Una realidad que duele e indigna”, puntualizó.

En Jalisco, diputadas instalaron en el patio del Congreso local un memorial por todas las víctimas de violencia.

En el acto dio su testimonio Sandra, quien casi pierde la vida a manos de su esposo, detenido por las autoridades.

No obstante, los tres jueces decidieron liberarlo, pese a los testimonios y los indicios, por lo que ahora ella teme ser asesinada.

En lo que va del año se han cometido en la entidad 230 feminicidios, sin embargo, el Centro de Justicia para las Mujeres verá reducido su presupuesto a la mitad en el siguiente ejercicio fiscal.

“Se está debilitando el Centro de Justicia para las Mujeres, son 23 millones de pesos menos. El presupuesto transversal tuvo el grandioso aumento de 3.7%. Realmente es indignante cuando estamos viendo esta ola de violencia, que nos están matando por el simple hecho de ser mujeres”, destacó la diputada Sofía Berenice García Mosqueda, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género.

Y resaltó que mientras el gobierno del estado contabiliza sólo 39 casos de feminicidio, organizaciones civiles registran 230.

Lo peor, dijo, es que la autoridad minimice el hecho al aseverar que las víctimas estaban involucradas con la delincuencia organizada. “No puedes decir eso, estás revictimizando y aparte estás entorpeciendo una investigación en la Fiscalía” que aún no concluye, abundó.

En Puebla, al celebrarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, activistas y académicos advirtieron que los feminicidios en Puebla se mantienen al alza, lo que confirma que las medidas adoptadas en el marco de la Alerta de Violencia de Género (AVG) no han sido “adecuadas ni eficaces”.

En un pronunciamiento, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, urgió a las autoridades a atender y erradicar la violencia contra las mujeres, así como las desapariciones y los feminicidios en la entidad.

Refirió que esa institución ha denunciado la falta de prevención y de investigación diligente, técnica y

cientí¬fica en los casos de violencia contra las mujeres, que persiste pese a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Las expresiones de violencia contra las mujeres en Puebla, abundó, son cada vez más “crueles y denigrantes”, pues en los casos recientes los principales mecanismos identi¬ficados son el uso de armas de fuego, degollamientos, golpes, puñaladas y as¬fixia, así como la práctica de la tortura y la violencia sexual, además de que se ha encontrado a mujeres embolsadas.

Según el Instituto Ellacuría, en el Observatorio de Violencia Social y de Género han documentado al menos 71 feminicidios este año en la entidad, lo que supondría que, de continuar esta tendencia, no habría una disminución de la incidencia de estos delitos con relación a años anteriores, pese a la AVG. En ese sentido, pidió trabajar en la transversalidad de la perspectiva de género en el sistema de justicia penal, y señaló que las altas tasas de feminicidios son también un reflejo de la impunidad, lo que puede corroborarse con el bajo número de sentencias dictadas en la entidad.

También demandó que se cumpla con las obligaciones de sancionar y reparar el daño integral a las víctimas.

Esperanza Albert y Rocío Limón, madres de Karla López Albert y Paulina Camargo Limón, víctimas de feminicidio, participaron en un acto donde se develó un mural con las imágenes de sus hijas, rodeadas de girasoles. Con el título “Memoria, verdad y justicia para todas”, el mural fue realizado por la artista plástica Norma Aidé Jiménez Osorio.

Albert denunció que, a seis años del asesinato de su hija, ocurrido el 2 de febrero de 2014, aún no dictan sentencia contra el presunto responsable, Manuel Forcelledo. En tanto, la madre de Paulina Camargo Limón, quien desapareció en agosto de 2015, después de abordar un taxi, se quejó de que el caso de su hija sigue sin resolverse, porque hasta la fecha su cadáver no ha sido localizado.

Tanto Karla López como Paulina fueron asesinadas a manos de sus parejas cuando estaban embarazadas.

Por calles de la capital poblana, feministas realizaron una marcha para exigir a las autoridades que dejen de recurrir a la “simulación” para atender el problema de la violencia feminicida.

Las mujeres, que marcharon desde la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia de la Fiscalía General del Estado hasta el zócalo de la ciudad, hicieron un recuento de los feminicidios ocurridos este año en Puebla, y los que se han cometido en años anteriores y que aún siguen impunes.

En Yucatán, la protesta feminista inició la noche de ayer, con la detención de dos activistas identificadas como Mariola Guadalupe Nolasco Escamilla y Margarita Peniche.

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Martes 26 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Sicilia y LeBarón marcharán unidos para exigir un cambio en la estrategia de seguridad Jaime Luis Brito Cuernavaca, Mor. (apro)

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l poeta Javier Sicilia y el activista Julián LeBarón sostuvieron hoy un encuentro en la Ciudad de México, donde acordaron convocar a una marcha a Palacio Nacional, en enero próximo, para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que modifique su estrategia de seguridad.

“Nos dimos el abrazo que nos debíamos, lloramos juntos lo que pasa en este país y acordamos, sin más detalles, que ellos (los LeBarón) encabezarán la marcha. Somos amigos, no somos enemigos de nadie, más que de la violencia en cualquiera de sus formas”, dijo Sicilia en entrevista telefónica, minutos después del encuentro.

La marcha será en enero, y aunque todavía no está clara la logística, sí lo están las demandas: cambio de estrategia en el combate a la violencia y la inseguridad, y verdad, memoria y justicia para las víctimas, que se siguen acumulando luego de 14 años de guerra contra el narcotráfico, desde 2006.

“Nuestra agenda es la que se pactó con Andrés Manuel López Obrador el pasado 14 de septiembre de 2018, en el encuentro con las víctimas, y que él decidió abandonar, que él traicionó. Por ello, queremos retomar el

De la redacción Ciudad de México (apro)

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera minimizó las cifras revisadas sobre el Producto Interno Bruto (PIB), dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las cuales dejaron ver que la economía mexicana entró en recesión técnica en el primer semestre del año.

“Cuando hay desaceleraciones es que entran a ese nivel, un punto menos o un punto más, eso es irrelevante, lo importante, el tema que hay que entender es que la economía está creciendo a niveles muchísimos más bajos de lo que serían deseables y una de las características de lo que se debe hacer en esa circunstancia es invertir gasto en inversión”, señaló al término del homenaje a Valentín Campa Salazar.

Para el encargado de las finanzas públicas del país, el Plan Nacional de Infraestructura dará ese “empujon-

“Nos dimos el abrazo que nos debíamos, lloramos juntos lo que pasa en este país y acordamos, sin más detalles, que ellos (los LeBarón) encabezarán la marcha. Somos amigos, no somos enemigos de nadie, más que de la violencia en cualquiera de sus formas”, dijo Sicilia en entrevista telefónica, minutos después del encuentro

camino, no vamos a protestar, vamos a proponer. Este país requiere de unidad, basta ya de divisiones”, apuntó el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Por ello, agregó, la marcha también será “un llamado a la nación a unirse, un llamado al presidente a unirnos. No podemos estar con es-

tos niveles de violencia, no podemos seguir con estos niveles de violencia, sobre todo porque necesitamos sacar la violencia del espacio público. No podemos continuar así, por eso acordamos marchar juntos. Los LeBarón van a encabezar la marcha”.

Javier Sicilia hizo pública una carta dirigida a López Obrador, en

la que anunció que caminará una vez más, pero ahora rumbo a Palacio Nacional, para encontrarse con el presidente y demandarle un cambio en la estrategia de seguridad, pues calificó a la actual como “la misma (de gobiernos anteriores), pero aderezada ahora con eufemismos”, y el país “sigue sumido en la tragedia”.

El secretario de Hacienda minimiza cifras del Inegi que muestran recesión técnica cito” a la economía, a la que consideró estancada.

“El anuncio de inversión en infraestructura tiene un doble rol: uno, si queremos que el país crezca más a largo plazo, necesitamos invertir en infraestructura y eso va a permitir que la economía sea más eficiente, pero en el contexto de una desaceleración tan clara, es muy importante para darle un empujoncito a lo que detona la actividad económica”, agregó.

Herrera consideró que “el ir sustituyendo, el gasto corriente, sustituyéndolo poco a poco con el gasto de inversión acelerándolo también, y lo verán mañana, entendiendo que la inversión privada es complementaria a la inversión pública”.

El titular de la SHCP se vio optimista con la presentación del Plan

de Infraestructura y adelantó que “lo que eso trae es un incremento de la demanda; es decir, cuando alguien invierte, cuando se empieza una obra

hay contratación de trabajadores, empleo y consumo. Entonces se entra en un círculo virtuoso y eso es justo lo que vamos a señalar mañana”.

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Exigen homologar leyes sobre violación y violencia contra mujeres con estándares internacionales Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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n el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, siete expertas regionales y de Naciones Unidas se pronunciaron por la homologación de las leyes nacionales a los estándares internacionales, en relación con la violación y la violencia sexual.

En un comunicado fechado en Ginebra, las especialistas sobre violencia contra las mujeres y sus derechos destacaron que las voces de sobrevivientes de la violación, manifestada en las campañas como #MeToo, #TimesUp, #Niunamenos y #NotOneMore, evidencian que este tema “ya no puede ser silenciado o ignorado”.

En ese sentido, exhortaron a los Estados, actores no estatales, organizaciones internacionales, mecanismos de monitoreo independientes, organizaciones de la sociedad civil y movimientos por los derechos de las mujeres, a “tomar medidas urgentes” para atender el “impacto escalofriante que la violación y la violencia sexual contra las mujeres tiene sobre sus derechos humanos”.

De igual manera, consideraron necesario “prevenir y combatir la violación y la violencia sexual, con el fin de desafiar los estereotipos de género y las actitudes y comportamientos negativos que subyacen y perpetúan dicha

Rodrigo Vera Ciudad de México (apro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) adelantó que el recorte presupuestal de mil 71.5 millones de pesos para 2020 lo “coloca en una potencial zona de riesgo” y también “pone al límite su capacidad operativa”.

En un comunicado de prensa, las consejeras y consejeros del INE destacaron que tal recorte “nos coloca en un límite crítico en materia presupuestal. Nos obliga a revisar múltiples proyectos, a posponer varias inversiones de las que depende un buen servicio a la ciudadanía y la calidad de la organización y el arbitraje electoral”.

El recorte, “el más alto en la historia de la autoridad electoral”, subrayaron, los obligará “a revisar algunos de los convenios de colaboración que hemos suscrito y que suponen que les demos servicios gratuitos a varias dependencias del gobierno federal, para enfrentar el déficit presupuestal con el que arrancaremos el próximo año”.

En un comunicado fechado en Ginebra, las especialistas sobre violencia contra las mujeres y sus derechos destacaron que las voces de sobrevivientes de la violación, manifestada en las campañas como #MeToo, #TimesUp, #Niunamenos y #NotOneMore, evidencian que este tema “ya no puede ser silenciado o ignorado”

violencia, y para apoyar y proporcionar la reparación a aquellas mujeres que estén dispuestas a hablar”.

La violación, subrayaron, es uno de los delitos que menos se denuncia en el mundo, y cuando ocurre “rara vez llega a ser procesado”, debido a los diversos “obstáculos”, entre ellos los estereotipos de género y sistemas de justica que tipifican la violación vinculada al uso de la fuerza.

“La persistencia de violaciones y violencia sexual generalizadas y sistemáticas contra mujeres y niñas, incluso en los Estados que han proclamado tolerancia cero con la violencia contra las mujeres, demuestra que la

violencia sexual está profundamente arraigada en nuestras sociedades, las cuales se postulan como predominantemente patriarcales”.

La normalización social de la violencia contra las mujeres y los estereotipos de género sobre su papel en la sociedad “contribuyen a una tolerancia inaceptable de la violación, incluso dentro de los sistemas de justicia penal, lo cual frecuentemente se traduce en impunidad para los perpetradores”, agregaron.

Sobre los sistemas de justicia penal que necesariamente vinculan la violación con el uso de la fuerza, “a menudo requieren evidencia de que el autor utilizó la coerción y que la víctima no

pudo defenderse”, lo que orilla a la mujer a “demostrar que se resistió” al ataque, de lo contrario, “el perpetrador saldrá libre mientras la víctima queda estigmatizada”.

El comunicado fue firmado por: Dubravka Simonovic, relatora especial sobre la Violencia contra a mujer, sus causas y consecuencias; Hilary Gbedemah, presidenta del Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación contra la mujer, y Meskerem Geset Techane, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.

También lo signaron Marceline Naudi, presidenta del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica del Consejo de Europa (GREVIO); Margarette May Macaulay, relatora de los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Lucy Asuagbor, relatora especial sobre los Derechos de la Mujer en África; y Sylvia Mesa, presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará.

Recorte presupuestal coloca al INE “en una potencial zona de riesgo”: consejeros La negativa al aumento en el presupuesto del INE, señalaron, “hará imposible la inversión necesaria para renovar la infraestructura informática que permite realizar el monitoreo permanente de 2 mil 200 canales de radio y televisión”.

En segundo término, se tendrá que “suspender” la inversión programada en la infraestructura física en los módulos de atención ciudadana, cuyo propósito era una atención más eficiente a los ciudadanos que acuden a tramitar su credencial para votar.

Por último, añadieron, el recorte obligará al INE a revisar los calendarios con los que pensaba operar el inicio del proceso electoral federal 2020-2021, para posponer “hasta el límite” los procesos que ordena la ley, como es la instalación de órganos colegiados, responsables de la operación desconcentrada de la elección.

De acuerdo con el comunicado, en 2020 se iniciará la preparación de la elección de 2021, la “más grande de la historia”, ya que en ella participarán alrededor de 96 millones de electores y se disputarán 3 mil 495 cargos de elección popular, que significan 260 más que los disputados en 2018.

Para atender la preparación de esta elección, abundó, había presentado para 2020 una solicitud de presupuesto que ascendía a 12 mil

493 millones de pesos –“un monto calculado sin excesos”–, pero la actual Legislatura decidió imponerle una “grave reducción” de mil 71.5 millones de pesos.

Pese a este recorte, el INE adelantó que “enfrentará esta delicada situación con mucha responsabilidad”, por lo que realizará las “adecuaciones presupuestales” necesarias, tratando de afectar lo menos posible a la ciudadanía.

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El caso Ayotzinapa sí es un crimen de Estado, corrige Alejandro Encinas Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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a desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, fue un crimen de Estado, confirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, declaración que contradice la afirmación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Encinas, quien preside la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, creada por decreto presidencial, corrigió la plana a López Obrador quien ayer de gira en Tlapa de Comonfort, Guerrero, hizo referencia a la desaparición y homicidio del dirigente del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Cerón Soriano, y al caso Ayotzinapa.

“Cuando se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad si hay voluntad política de la autoridad; cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Pero en el caso de Arnulfo y de los jóvenes de Ayotzinapa, no se puede hablar de crímenes de Estado, porque el presidente de la República no va a permitir ninguna injusticia o acto autoritario”, declaró durante su intervención en un acto con los pueblos mixteco, tlapaneco, amuzgo y náhuatl.

Entrevistado al término de la ceremonia de inhumación de los restos de Valentín Campa, en la Rotonda de las

Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

El Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (Unicef ) alertó sobre los riegos para miles de niños migrantes de América Central que, huyendo de la violencia en sus países de origen, se han topado con políticas migratorias que en México y Estados Unidos no les ofrecen garantías de protección y seguridad.

Entre enero y agosto de este año, precisó, Estados Unidos y México deportaron al menos 32 mil niños a El Salvador, Guatemala y Honduras, el doble del mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 15 mil 711, como resultado de las restricciones de la política migratoria del gobierno estadunidense de Donald Trump.

“Miles de niños se encuentran atrapados en un ciclo agotador en el que predomina la violencia y la falta de acceso a servicios esenciales en sus países de origen, el peligro en su recorrido migratorio, la detención y situaciones de limbo legal, la deportación y, otra vez, vuelta a empezar, un ciclo que está desgarrando el tejido social de las familias y las comunidades”, advirtió Unicef en un pronunciamiento emitido este lunes.

Encinas, quien preside la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, creada por decreto presidencial, corrigió la plana a López Obrador quien ayer de gira en Tlapa de Comonfort, Guerrero, hizo referencia a la desaparición y homicidio del dirigente del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Cerón Soriano, y al caso Ayotzinapa

Personas Ilustres, Encinas Rodríguez admitió que la desaparición de los estudiantes “es un crimen de Estado”, y que “a diferencia del pasado”, durante la administración de López Obrador se ha asumido “la obligación y el compromiso de esclarecer”. Interpretando las palabras de la víspera pronunciadas por López Obrador, Encinas abundó: “El sentido claro del planteamiento del presidente es que ahora el Estado asume realmente la responsabilidad de su esclarecimiento, no vamos a encubrir este crimen que cometieron las autoridades de los gobiernos anteriores”, explicó.

El funcionario destacó que, a diferencia de gobiernos anteriores, en

esta administración “no andamos con dobleces, ni tratando de esconder los problemas ni su magnitud yo creo que un primer paso ha sido reconocer que lamentablemente nuestro país atraviesa por una crisis humanitaria y de violaciones a derechos humanos”.

Apuntó que para superar la crisis humanitaria se “requiere de toda la fuerza del Estado y de la cooperación de la sociedad”, que no solamente se originó en “problemas para revertir esta situación que es derivada no solamente de problemas de de violencia e inseguridad, sino de un profundo deterioro del tejido social, que proviene de la desigualdad tan profunda que estamos enfrentando”.

Agregó que además de reconocer los retos “se están generando las capacidades institucionales para enfrentarlos, en materia de desaparición de personas, en materia de identificación humana, con la crisis forense que estamos enfrentando”.

Encinas también fue interrogado sobre la reunión que sostendrá el presidente con la familia LeBarón, a lo que respondió que “es un asunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gabinete y será la que estará dando el seguimiento a los acuerdos que se establezcan con la familia LeBarón y quien estará dando toda la información al respecto”.

Sobre el homenaje a Valentín Campa, Encinas, quien también fue militante del Partido Comunista Mexicano (PCM) al igual que el luchador social, al colocar sus restos en la Rotonda de las Personas Ilustres, es un reconocimiento “a las izquierdas de este país y de un conjunto de luchadores que enfrentaron la mayor adversidad de un estado totalitario, de un partido hegemónico que ejercía el monopolio de las libertades políticas y no aceptaba ningún tipo de disidencia en el país.

México y EU no ofrecen garantías de protección y seguridad a niños migrantes: Unicef El organismo lamentó que mientras México y Estados Unidos reducen la seguridad y protección internacional para niños migrantes de Centroamérica, en esta región las condiciones “siguen siendo muy graves” ante la persistencia de la “violencia, la delincuencia organizada, la extorsión, la pobreza y un acceso limitado a la educación y a los servicios sociales de calidad”.

En México, añadió, “los Protocolos de Protección de Migrantes han provocado un aumento en el número de niños migrantes varados en las zonas fronterizas mientras esperan que sus casos sean tramitados por el sistema judicial de Estados Unidos, un proceso que puede durar meses”, dejándolos en el desamparo, a ellos y a sus familias, pues tienen que enfrentar “la explotación, la violencia y el abuso, y carecen de acceso a servicios esenciales”.

Luego de reiterar que los Protocolos de Protección de Migrantes dejan “en una situación de gran riesgo” a los menores, la oficina de la ONU informó que ha desplegado a personal en la región, en coordinación con autoridades

y organizaciones de la sociedad civil, “para ampliar la capacidad de respuesta a las necesidades de los niños migrantes y refugiados, y para garantizar que el interés superior de cada niño reciba la máxima consideración en los procedimientos de migración”.

Para atender la emergencia humanitaria, Unicef urgió a la colaboración de los países involucrados, garantizando “la protección de los niños –independientemente de quiénes son, de dónde vienen o de cómo han entrado en el territorio– y asegurar el acceso a los procedimientos de asilo de manera segura y oportuna”, lo que implica “garantizar una acogida y una atención para los niños y las familias”, así como el fortalecimiento de los sistemas nacionales de protección de la infancia.

El organismo llamó a la comunidad internacional a proporcionar “ayuda y financiamiento” para proteger a la niñez de la violencia, así como para dar apoyo psicosocial y cuidados alternativos, “para evitar la detención y separación familiar, mientras se fortalece de manera sostenible la protección de los

migrantes y los sistemas de asilo a lo largo del corredor que va del norte de América Central a Estados Unidos”.

Para la Unicef es esencial que los gobiernos de la región y la comunidad internacional colaboren “para abordar las causas profundas de la expulsión de niños y las familias de sus comunidades: la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades educativas y económicas”.

De lo contrario, la región “podría verse envuelta en una crisis de difícil solución”, toda vez que “las amenazas y las múltiples privaciones están obligando a miles de niños y sus familias a abandonar sus hogares, pero no hay ningún lugar seguro para ellos”, remató Unicef.

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De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

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l Colectivo “Terremoto Feminista”, grupo que convocó al bloque “contra las violencias machistas y el capitalismo” en la marcha por el Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra las mujeres, que se llevará a cabo el 25 de Noviembre a las 17 horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo en la Ciudad de México, se pronunció contra el operativo del gobierno capitalino de hacer un cerco policiaco para la marcha.

La respuesta del gobierno de la Ciudad de México y de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, sería “del todo desafortunada”, pues “la marcha que llevaremos a cabo es una manifestación pacífica de mujeres y por la defensa de nuestros Derechos Humanos”, por lo tanto, el colectivo consideró “excesiva” la presencia de fuerzas policíacas. Al mismo tiempo, las feministas constataron que “se asume como un acto de provocación que anuncia un potencial riesgo contra las participantes de la marcha”, a partir de las acciones que implementa.

Un cerco policíaco, escribieron en un comunicado, sería un mal mensaje del gobierno “en un día donde la lógica indica que debe mostrarse sensible y en disposición de apertura ante las justas demandas que suscriben políticas que traten de fondo la atención y prevención de las violencias.”

El 24 de noviembre, Sheinbaum, junto con la Secretaria de Gobier-

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Feministas critican operativo de seguridad para marcha de esta tarde Un cerco policíaco, escribieron en un comunicado, sería un mal mensaje del gobierno “en un día donde la lógica indica que debe mostrarse sensible y en disposición de apertura ante las justas demandas que suscriben políticas que traten de fondo la atención y prevención de las violencias.”

no, Rosa Icela Rodríguez, y el jefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch, anunciaron que la marcha feminista sería “acompañada” por mil mujeres policías,

y otras dos mil servidoras públicas, todas “sensibilizadas para estos casos”. “No intervendrán, sólo darán acompañamiento”, “no se va reprimir ni a criminalizar la protesta”, se

detalla en la estrategia del gobierno para ese evento.

En otro punto, especifica que “se protegerán 37 monumentos y edificios con tapiales para evitar que sean vandalizados.” Harfuch agregó que las mujeres policías llevarán extintores “para poder sofocar cualquier intento de incendio”.

Cabe recordar que luego de las protestas de feministas en contra las violaciones sexuales de dos adolescentes por policías de la Ciudad de México, en agosto, Sheinbaum Pardo calificó las manifestaciones como “provocaciones“, postura que fue criticada por organizaciones sociales. Pocos días después, la jefa de gobierno dio una disculpa pública por su “mal intencionado mensaje” e impulsó una serie de reuniones y foros sobre la estrategia contra la violencia de género, que a su vez fueron criticados por ser a puerta cerrada.

Avanza en comisiones, iniciativa de ILE en Hidalgo De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

En sesión de comisiones, en el Congreso de Hidalgo, los diputados le dieron avance a la iniciativa para permitir la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas, en una reunión privada votaron mayoría a favor de pasar el dictamen a votación del pleno.

La Comisión de Puntos Legislativos que preside Roxana Montealegre y la de Seguridad Ciudadana y Justicia que preside Víctor Trejo, ambos morenistas, se reunieron a puerta cerrada y aprobaron el dictamen que le da salida a la iniciativa para votarla en el pleno del Congreso.

De aprobarse, la reforma modificará el Código Penal vigente en su capítulo V sobre Aborto, que contiene los artículos del 154 al 158 y considera penas, multas y la punibilidad de este hecho que podrá permitirse hasta las 12 semanas además del riesgo de la salud de la mujer, malformaciones del producto, casos de violación entre otros.

Cabe señalar que esta reunión se

realizó sin la presencia de la diputada Roxana Montealegre quien un día antes fue señalada por detener dicha iniciativa. Hasta el momento ninguna de las partes ha dado algún posicionamiento al respecto, ni han dado a conocer cuál será el destino de la iniciativa que busca ampliar las causales permitidas para el aborto.

Durante la última sesión del congreso local el jueves pasado, el diputado Víctor Tejo Guerrero, de la bancada de Morena acusó a su compañera de partido, Roxana Montealegre, de obstaculizar la aprobación de la iniciativa e ir en contra del mismo proyecto del partido.

En tribuna dijo que la diputada es quien ha retrasado la aprobación desde hace dos meses ya que la reforma fue turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la cual preside y dónde se había detenido. Señaló que han participado en reuniones infructuosas que solo retrasan la garantía del derecho a las mujeres.

Calificó de “parálisis legislativa” el hecho que tiene a la reforma en pausa y dijo que el trabajo legislativo

no debe atender intereses políticos o personales. Mientras ella no le da avance, agregó, “las mujeres continúan sus procedimientos en la clandestinidad y con el riesgo de tener un castigo por ello”.

Rechazó la violencia que grupos anti derechos han impulsado recientemente hacia los legisladores a favor del derecho a decidir.

En las últimas semanas, los grupos de la ola celeste han tomado la tribuna, exhibieron y amenazaron a los diputados, incluso cerraron la

carretera México-Pachuca.

Tras el mensaje del diputado, la legisladora consideró que su mensaje era de odio y consideró tomar algún recurso para que el diputado retire sus palabras, no obstante aún no hay ninguna queja formal por ninguna vía.

Sobre la votación de la iniciativa, los diputados coincidieron en que su seguridad está cuestionada por los grupos antiderechos, por lo que posiblemente la sesión de votación sea privada y sin especificar la fecha.

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BOLIVIA Y EVISMO DE HOZ Y MARTILLO

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bordo el tema boliviano con motivo de un artículo del diputado Pablo Gómez. Y también de uno muy objetivo de Jean Paul Guzmán, publicado en Proceso. Afirma el diputado que lo de Bolivia es una catástrofe política al haberse dado, según él, un golpe de Estado. No hubo tal golpe a la luz de los hechos.

Se ejerció el derecho de todo pueblo a resistir la opresión. El golpe lo dio desde 2016 el régimen evista, e incluso mucho antes como se verá. Y ahora se viven sus consecuencias trágicas.

La sistemática política antidemocrática del evismo de hoz y martillo provoca el incendio en Bolivia y lo atiza desde México. Y luego, simula asumir el papel de apagafuegos, rasgándose las vestiduras por las consecuencias de esa su política. Trama esa digna de una farsa de Molière. Trama y urdimbre propagadas taimadamente a través de los medios en un mundo de aduladores, ilusos, individuos y masas amantes del yugo.

I Repasemos primero el marco de los hechos relevantes. El régimen evista estuvo 14 años en el poder presidencial a base de malabares. Éstos, muy propios de una izquierda que accede al poder vía democrática y después hace todo para perpetuarse en el mismo, denostando democracia y libertades.

Ya lo había dicho Fiodor Dostoyevski, el socialismo dictatorial ofrece al pueblo la “felicidad” del rebaño rumiante a cambio de la derrota de las libertades.

Lo civilizado es luchar siempre para que justicia y libertad vayan de la mano no obstante la dificultad que ello entraña.

Vayamos pues a los hechos. Un primer periodo fue de 2006 a 2010, bajo una Constitución cuyo artículo 87 decía en su parte conducente: ARTICULO 87.“El mandato improrrogable del Presidente de la República es de cinco años. El Presidente puede ser reelecto por una sola vez después de transcurrido cuando menos un periodo Constitucional………”.

Es decir, conforme a tal artículo, al término de los cinco años, el presidente debió dejar el cargo. Sin embargo, al finalizar su mandato alegó que podía postularse otra vez bajo la Nueva Constitución, expedida al poco tiempo de iniciado ese su primer mandato. Adujo el evismo que su primer mandato no contaba para efectos de una nueva postulación. Así se dio fácticamente la primera reelección y segundo mandato presidencial. Pero, según la interpretación evista, no fue ese un segundo mandato sino un primero con posibilidad de reelección.

Luego vino el tercer mandato. Según la Nueva Constitución, al terminar ese tercer mandato, debió dejar el cargo.

Pero no ocurrió así. Para reelegirse de nuevo contra lo prescrito expresamente en su Nueva Constitución, el régimen evista convocó al pueblo a un referendo.

Mauro González Luna Pero el pueblo dijo NO a la reelección o cuarto mandato. Y entonces, para imponer su voluntad reeleccionista, acudió a un tribunal a modo. Tribunal a modo, pues para el evismo la división de poderes es ¡invención yanki! Lo que vino después fue la extrema saciedad de poder, provocadora de las consecuencias trágicas de hoy. Esos son los hechos que delimitan lógica, jurídica, histórica y políticamente el horizonte del análisis.

La argumentación del diputado Pablo Gómez carece de veracidad en lo esencial. Lo digo con respeto y afecto a la persona del diputado a quien aprecio. Desconocer el resultado del referendo contra su cuarto mandato significó meramente, según el diputado, un error, una equivocación del evismo.

Cuarto mandato, insisto, prohibido por la Nueva Constitución; pero no obstante ello, se recurrió al referendo y luego, ¡se desconoció su resultado al no ser de su agrado!

Se minimiza el que se hayan echado por la borda los principios democráticos consagrados constitucionalmente en Bolivia. No, no fue mero error, significó demoler la democracia para sobre sus escombros, levantar el apetito insaciable de poder que ahora incendia Bolivia.

Y, por otro lado, según el señor diputado, desconocer el resultado de una elección viciada, con caída del sistema electoral, por parte de millones de bolivianos que salieron a las calles durante días a resistir la opresión, es obra de golpistas. La verdad es otra. El drama que se vive hoy, es fruto de la política dictatorial del evismo que viene de años atrás al violentar orden jurídico y voluntad del pueblo expresada en el referendo.

Los vicios de la elección fueron constatados por la OEA y otras organizaciones internacionales a petición del mismo gobierno evista. Los militares y policías se pusieron del lado de civiles que ejercieron el derecho a la resistencia. Derecho ese frente a un gobierno con pretensiones de eternidad. La viciada elección fue una etapa más con la que culminó una larga, añosa y sistemática demolición de la democracia.

Ello despertó la ira cívica y provocó la caída del régimen.

Después surgieron exigencias de renuncia y la sugerencia militar de que el evismo dejara el poder ante las irregularidades de la elección y la insurrección cívica. Renunció y se vino a México, alegando un golpe cívico-policial. ¡Y desde aquí, cómodamente, se atiza la crisis con sus banderas de que no hay arrepentimiento de querer gobernar por 20 años y que la división de poderes es invención norteamericana! ¡Qué insolente resulta el evismo y qué exigente para que otros sí respeten democracia, derechos y ley! Actitud esa del evismo propia del Tartufo de Poquelin.

Por cierto, la sistematización de la división de poderes, clave de un régimen republicano, se remonta a Aris-

tóteles, 2400 años atrás.

A confesión antidemocrática de parte, relevo de pruebas. A raíz de la renuncia, viene el vacío de poder y su llenado en medio de la convulsión. Pero veamos lo que dice la nueva Constitución de Bolivia para corroborar lo antes dicho, haciendo comentarios al respecto: Artículo 169: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez”.

El régimen evista desconoció el contenido del citado artículo 169 y el resultado del referendo de 2016, convocado éste a pesar de la prohibición constitucional de otra reelección. Y para contender por cuarta ocasión, entonces como se decía, recurrió a tribunal muy a modo. Dicho tribunal desdeñó el contenido del artículo 169 de la Constitución de su país que imposibilitaba al régimen evista contender por cuarta vez.

Y entonces, para complacer los deseos reeleccionistas del gobierno, tal tribunal hizo una interpretación burda, descabellada de un artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 23, aduciendo esencialmente que la reelección es un derecho humano y que, por tanto, el señor Morales ¡podía reelegirse indefinidamente! En otras palabras, un derecho humano a la dictadura. Algo irracional en derecho genuino, pero muy práctico en “derecho” convertido en “aparato ortopédico” del poder político absolutista como dice el jurista Grossi en libro brillante. Se reproduce lo conducente de tal artículo: Artículo 23. Derechos Políticos “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y….. “.

Este artículo 23 de tal Convención establece con claridad meridiana, que los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos, no el derecho a eternizarse en el poder. No a reelegirse indefinidamente al gusto del régimen en turno como en el caso de tantas dictaduras de triste y trágica memoria. Racionalmente no cabe una interpretación tan alucinante como la de dicho tribunal que postula lo contrario a la democracia auténtica. NO EXISTE TAL DERECHO

HUMANO A LA REELECCIÓN INDEFINIDA O DICTATORIAL. ESO ES UN ABSURDO JURÍDICO. UNA PATRAÑA LEGALOIDE. II Por último, esgrimir, como algunos lo hacen, que se trataba de un gobierno exitoso en materia económica, no legitima la política dictatorial y jacobina del evismo. Política blasfema cuando la hoz y el martillo en forma de cruz adulterada fue dada a un Papa en visita a Bolivia. Escarnio descarado el regalo ese, pues tal símbolo representa un ateísmo furibundo enemigo de la Cruz, de la Cruz vencedora. Olvida ese evismo que temprano o tarde, soberbia e iniquidad terminan humilladas por el Altísimo como dice el Magníficat. Pasa por alto que en el Libro de los Reyes se reseña: “Quebrose el arco de los fuertes”.

Recuérdese que Arabia Saudita es exitosa en materia económica y bien sabemos cómo anula derechos y libertades. China, por ejemplo, es también exitosa en dicha materia, pero tiene un régimen totalitario, represor de católicos. Represor de jóvenes en la Plaza de Tiananmen que recuerda la del 68 en México. No se olvide que, por la libertad y la honra, vale la pena aventurar la vida como aconseja Cervantes en el Quijote.

En conclusión, en Bolivia hubo una insurrección democrática, un ejercicio del derecho a resistir la opresión. No hay nada que pueda estar por encima de ese derecho soberano. El pueblo boliviano ejerció ese derecho diciendo NO a la insolencia del poder, NO a eternas reelecciones, caída del sistema y fraude electoral que culminan en un incendio de dolor y muertes. En catástrofes generadas por grotesco maniobrar político. ¡Provocado el incendio, los incendiarios se lavan las manos a lo lejos, atizan el fuego y rasgan sus vestiduras por las consecuencias trágicas del mismo!

Se desea que Bolivia logre la paz y la vuelta de la democracia real, ausente por años, a través de mediaciones y fecha de nueva elección con motivo de la convocatoria. Deseamos para ellos el retorno del pluralismo tolerante con los que piensan distinto, de la sensatez y concordia nacionales. Y no obstante el estado de emergencia y crispación, deseamos que se evite toda represión y todo atizamiento de la crisis para lograr esa paz y esa democracia. Democracia del solidarismo que defiende libertad y justicia.

Se anhela que prevalezca la prudencia política por parte de autoridades, oposición y ciudadanía para que se sofoque el incendio. Duele lo que sucede en Bolivia. Ojalá pronto impere el solidarismo frente a políticas neoliberales depredadoras y frente a las de la hoz y martillo negadoras de libertades. El bien de las naciones no puede ni debe subordinarse nunca al apetito faccioso e insaciable de poder. Esa es la lección política para todos. Yugo o libertad con justicia, ser o no ser, son esas las cuestiones de hoy.

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FEMINICIDIO: SIN TREGUA INMINENTE

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as hojas del calendario largamente infamado por la sangre de cientos de mujeres rotas a lo largo de la historia rememoran una vez más el trágico 25 de noviembre de 1960, cuando un comando de la policía militar secreta dominicana ejecutó con brutal ensañamiento a las hermanas Minerva, Patria Mercedes y María Teresa Mirabal, activistas opositoras al eternizado régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Símbolo de lucha en favor de los derechos humanos, el efecto mariposa de Minerva –quien utilizó el emblema alado y libertario de la crisálida como distintivo de su tarea de resistencia en la clandestinidad–, eclosionó en 1981, durante el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe efectuado en Bogotá, Colombia, donde se propuso signar la fecha de muerte de las Mirabal como el momento para patentizar la contienda contra la violencia de género.

Reivindicado en 1999 por la Asamblea de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, distintos movimientos continúan fieles a su empeño igualitario y pacificador en el continente y el mundo.

En México, decenas de colectivos se suman como cada año a la conmemoración, aunque en el país las mujeres lidian diariamente con la propia data doméstica.

Y es que a 26 años de distancia – desde que empezaron a contarse uno a uno los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez–, los crímenes de género continúan en aumento y los cadáveres esparcidos a partir de entonces y a lo largo del nuevo milenio, se apilan día tras día en todo el país, sin atisbo de tregua inminente.

El ensañamiento viene de muy lejos, pero a partir de 1993, cuando fueron hallados en aquella entidad fronteriza los cadáveres de Alma Chavira Farel, de 13 años, y de Angélica Luna Villalobos, de 16, la penumbra de la infamia se ha extendido como ráfaga por todos los rincones del territorio nacional.

Una crisis de seis lustros, recrudecida un par de sexenios atrás da cuenta de ello. En 2018 se registraron en México 3 mil 752 defunciones de mujeres por homicidios intencionales, el más alto registrado en 29 años, de 1990 a la fecha, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En su recuento coincidente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública y la Organización de Naciones Unidas (ONU) advierten que, cada día pierden la vida 10 mujeres en homicidios de odio y cada cuatro minutos una es agredida sexualmente en promedio. Hasta ahora no se vislumbran tendencias alentadoras para revertir los signos de la ferocidad imperante.

Paloma Boves D’harcourt

Los feminicidios son el eslabón más temible de una larga cadena de variados y múltiples rostros de la violencia que se cierne impunemente sobre las mujeres. En América Latina, México es considerado como uno de los países pioneros en la lucha feminista contra los crímenes de género y, sin embargo, el número de asesinatos no se detiene.

A raíz del osado surgimiento de los primeros colectivos femeninos en Chihuahua, se han sumado desde entonces decenas de organizaciones, voces y marchas, pero la persistencia feminicida y las agresiones no cejan en su acometido.

El desprecio, la humillación, el maltrato físico y emocional, la desigualdad, las vejaciones y abusos sexuales son hechos cotidianos que –aún hoy–, intentan ser silenciados.

Ante estos lances, persiste el eco de voces que reclama la indolencia de un país encumbrado como abrevadero a perpetuidad de la barbarie que se ejerce cotidianamente en contra de niñas y mujeres. En los cinturones urbanos, las entrañas de la selva o las calles de la ciudad de México, continúan replicándose las protestas con vigorosa tenacidad.

El gobierno actual enfrenta en su primer año múltiples y renovadas formas de concebir las manifestaciones feministas y en estos tiempos aciagos entre cada protesta se suman más mujeres a la interminable lista luctuosa con la que el país camina a cuestas.

En fidelidad a los reclamos recientes, un breve recuento: El 14 de noviembre pasado, un grupo de estudiantes encabezado por alumnas de la Fes-Cuautitlán realizó una marcha que partió del Parque de la Bombilla hacia la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para denunciar acoso y violencia de género en sus planteles. Después de su arribo pacífico a la Torre de Rectoría, en un afán por acallar las demandas, encapuchados aprovecharon el momento para boicotear los reclamos feministas al prender fuego a las puertas del edificio, mancillar una bandera nacional, dañar un mural histórico de David Alfaro Siqueiros y saquear la librería Henrique González Casanova.

Apenas una semana antes se suscitó otro incidente en instalaciones de la misma UNAM, cuando jóvenes de Filosofía y Letras marcharon desde su plantel hacia la zona conocida como Las Islas, en protesta por el asedio im-

placable que padecen cotidianamente las mujeres en esa facultad. A su paso por el edificio de Ingeniería, fueron agredidas verbalmente e incluso, en una actitud de barbarie– que ejemplifica a cabalidad la violencia estructural sobre la población femenina–, hubo alumnos que lanzaron piedras sobre el contingente.

Al choque agresivo y pedestre siguieron pintas y destrozos en instalaciones de ambas facultades que concluyeron con comunicados de autoridades universitarias condenando únicamente los daños materiales ocasionados por las marchistas.

Al inicio de noviembre, en el marco de la conmemoración religiosa por el Día de Todos los Santos, colectivos feministas colocaron– en la escalinata del demandado Ángel de la Independencia–, más de 120 cruces con los nombres de mujeres víctimas de crímenes de género, a las que bendijo el padre Alejandro Solalinde en acto simbólico, antes del inicio de su caminata hacia el Zócalo de la ciudad de México, convertido en improvisado panteón a consecuencia de abrumadores feminicidios.

Un día después, en la cuarta Marcha de las Catrinas, Las del Aquelarre caminaron del Monumento a la Revolución al Palacio de Bellas Artes en memoria de las mujeres muertas y en demanda de justicia para honrarlas.

Durante la protesta más extrema de las últimas fechas, decenas de mujeres provenientes de la zona conurbada del estado de México, envolvieron sus rostros y cuerpos en bolsas plásticas hasta quedar sin aliento, a un paso de la asfixia. El auto flagelo, símbolo de la desesperación y el desasosiego con el que cientos de mujeres coexisten día tras día, ocurrió el pasado 6 de octubre en la explanada de la alcaldía de Ecatepec, el ayuntamiento mexiquense que encabeza el aciago listado de feminicidios a nivel nacional.

No fue la única manifestación reciente. El 30 de agosto y el 6 de septiembre anteriores, diversas organizaciones marcharon del ruinoso Puente de fierro de Gustave Eiffel hasta las puertas del ayuntamiento de Ecatepec, en busca de una disculpa pública de las autoridades mexiquenses por los actos y omisiones cometidos en contra de los derechos humanos de la población femenina; en apremio a los servidores responsables para detener

la narrativa de violencia y en demanda de la creación de un memorial de víctimas en la colonia Jardines de Morelos, en cuyo suelo exuda hedor cotidiano de muerte.

En la ciudad de México, jóvenes reunidas bajo el cáustico lema de “Terremoto feminista” desafiaron, el 19 de septiembre último, la doble data luctuosa de los sismos trágicos que estremecieron al país– al aventurarse otra vez por calles capitalinas hasta la glorieta del Ángel embozado y herido–, en marcha reivindicativa por la apropiación de la violencia, hasta hoy profesada en plenitud por consenso patriarcal.

Ningún argumento tan contundente en su andar, como la urgencia del resguardo de la vida de jóvenes y niñas ante el desprecio, el salvajismo y la antifémina brutalidad endémica que carcome al país.

En Antítesis, el domingo 8 de ese mismo mes, una protesta más, pero desprovista de estridencia y rosados afeites emprendió peregrinación por la avenida Reforma bajo un riguroso voto de silencio, en recuerdo de las miles de mujeres desaparecidas y masacradas en territorio nacional.

Con metafórico guiño al simbólico obelisco independentista –convertido en referente sobrecogedor del espejo mortuorio en que hace décadas nos miramos estupefactos–, el movimiento silencioso partió del Ángel mancillado rumbo al Zócalo, eterno destinatario de la protesta social.

Bajo el sino repetido de prolongadas travesías por la desolación y el sobresalto, las promotoras de la protesta decidieron despojarse de cualquier armamento improvisado y optaron por enclaustrar el sonido estrepitoso de voces irritadas, mostrando con ello que la fuerza del silencio es tan elocuente como el de las otras expresiones que surgen del hartazgo impotente y se manifiestan en contra de la pertinaz barbarie feminicida.

En el entorno sigue presente la marcha de la ruptura del 16 de agosto pasado, en la que cientos de mujeres, la mayoría jóvenes, sucesoras de movimientos feministas fragmentados en el tiempo, concentraron la atención de sociedad y autoridades al irrumpir en las calles de la metrópoli con un renovado aliento de radicalización que permeo en el ánimo comunal y se sobrepuso a la indiferencia oficialista que observamos transcurrir durante décadas de implacables embates.

El eco resonó con igual contundencia en el Caracol Torbellino, de la zona chiapaneca Tzots Choj, en la comunidad zapatista de Morelia. Desde las entrañas de la selva, las comunidades convocaron el próximo 29 de diciembre, al segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. La reunión tiene como finalidad analizar un solo tema: “la violencia, la matazón y la desaparición pertinaz de mujeres en cualquier recoveco del país”.

CONTRAPODER

EN CHIAPAS

A

fin de consolidar los niveles de seguridad en Chiapas, el gobierno de Chiapas está equipando a las policías municipales, como ocurrió el viernes 22 de noviembre en Tuzántan a manos del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Chiapas es la segunda entidad en todo el país con menos índice de incidencia delictiva. Eso es producto del trabajo y la coordinación interinstitucional que se viene realizando en el gobierno de Escandón Cadenas.

Son los cuerpos de seguridad de cada uno de los municipios a lo que recurren los ciudadanos, por ello darles el equipamiento necesario para asumir sus tareas es fundamental y básico. En eso viene trabajando el mandatario para poder hacer frente a las necesidades de los chiapanecos.

Las estrategias conjuntas que día a día se revisan en la Mesa

Martes 26 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EL DIVAN Sergio Stahl

Equipamiento para la seguridad

de Seguridad, que preside el mandatario chiapaneco, jefes

militares y demás cuerpos de seguridad estatal, tiene el objetivo

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de combatir la delincuencia y reducir los índices delictivos.

Claro que el gobernador reitera constantemente su llamado a la ciudadanía, para apoyar las medidas implementadas para evitar daños al patrimonio y a las personas. Esa fuerza es una de las más poderosas que en forma conjunta son muy difíciles de vencer.

Cuando se habla de la delincuencia hay que hacer referencia también de las estadísticas que reflejan el trabajo que se viene haciendo. Es innegable que cotidianamente se presentan delitos como robos y asaltos, sin embargo esto son los menos en comparación con otras entidades.

Hay que tomar una serie de medidas para protegernos nosotros mismo, para evitar ser víctimas de los delincuentes que buscan sorprender a la gente y una buena medida es manejar un bajo perfil. Evitar la ostentación.

UN AÑO MÁS…

C

omo cada año, ya desde hace unos cuantos, este 25 de noviembre, volveremos a conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y lo hemos de conmemorar por que ya son 90 las mujeres asesinadas sólo en 2019 y hasta el 1 de noviembre pasado a manos de asesinos que pensaban que las vidas de ellas les pertenecían.

Las violencias machistas tienen como consecuencia última el asesinato de las mujeres e incluso de las hijas e hijos, pero hay muchas maneras de ejercer dichas violencias y causar mucho dolor a las víctimas.

La trata y la explotación sexual son formas de ejercer esa violencia machista que se quiere normalizar con publicidad y un pseudo sindicato financiado por el lobby proxeneta para, de ese modo, seguir ganando dinero con sus actividades ilícitas.

La mutilación genital femenina condiciona la vida de millones de mujeres en el mundo a lo largo de toda su vida privándolas de placer sexual, produciéndoles enormes dolores en su vida cotidiana.

La perpetua “cosificación” de las mujeres que pretende situarnos en un plano claramente de producto de consumo, también es violencia machista. La perpetuación de los roles heteroasignados tanto en la vida familiar como en la social o en la escolar y académica también es violencia machista y actúa sobre la vida de las mujeres de forma cotidiana y simbólica inculcando

Teresa Mollá Castells

miedos a su propia libertad y a sus propias capacidades.

La revictimización que sufren las mujeres víctimas por parte de las instituciones que deberían protegerlas, es también violencia machista, puesto que, por ejemplo, la justicia sigue siendo patriarcal y permite el cuestionamiento de las voces de las mujeres víctimas.

El caso de la violación múltiple de Pamplona es un claro ejemplo de lo que digo.

Las violencias machistas que se sufren también en edades más avanzadas y que condena a las mujeres mayores a vivir infiernos cuando deberían estar recibiendo el cariño y el afecto de los suyos y que callan en la mayoría de los casos por no verse en la tesitura de tener que denunciar a sus agresores después de toda una vida.

O las mujeres con diversidades intelectuales o funcionales que han de sumar a sus situaciones, las violencias de quienes creen que por tener otras capacidades pueden ser objeto de abusos y malos tratos.

Quienes niegan la existencia de las violencias machistas como forma específica de violencia contra las mujeres y las niñas, están ejerciendo violencia puesto que lo que pretenden es diluir esas violencias machistas dentro del concepto genérico de violencia, negando su especificidad y necesidad de tratamiento específico para solucionar las vidas de las mujeres víctimas.

Pero claro, para ellos y algunas ellas, las vidas de las mujeres carecen de valor.

Las grandes religiones monoteístas predican en sus libros sagrados las violencias contra las mujeres que no respondan al modelo de sumisión que ellos predican y, por tanto, tienen mucha responsabilidad en su perpetuación.

La lista de violencias y sobretodo de víctimas es tan larga que abarcaría potencialmente a todas y cada una de las mujeres del mundo.

Porque el patriarcado no entiende de zonas geográficas o de culturas.

El patriarcado es universal y su capacidad opresora llega desde todas

partes y a todas partes.

Quienes ejercen las violencias son mayoritariamente los hombres, pero el verdadero enemigo es el patriarcado y gracias a su enorme influencia violenta, son muchas, muchísimas mujeres que todavía no han tomado conciencia de su condición de oprimidas y siguen ejerciendo actos violentos contra otras mujeres y contra la infancia.

Afortunadamente las mujeres de todo el mundo están reaccionando y exigiendo respeto a sus vidas y a sus formas de vivir. En definitiva, están, estamos exigiendo que nuestros Derechos Humanos se cumplan también con nosotras, porque somos humanas y ciudadanas de primera.

La lucha y la denuncia permanente a este tipo específico de violencias, las machistas, ha de pasar por la educación y por la despatriarcalización de las instituciones, de todas las instituciones sean públicas o privadas y, por supuesto, incluidas las religiosas.

Y ese trabajo es de todas y todos. No podemos pararnos ni un solo día, porque nuestro descanso podría suponer la vida de alguna mujer o de alguna niña.

Hay que seguir cuestionando los modelos patriarcales en todas y cada una de sus formas. No podemos permitirnos más de 90 asesinatos de mujeres y niñas, solo en el Estado Español en menos de un año.

Sus vidas son tan importantes como las nuestras. Hay que mantener la lucha contra el patriarcado.

Nos encontraremos siempre en estas luchas. Adelante!!!!

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Martes 26 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER

EN CHIAPAS

EL BÚMERAN POLÍTICO DE REFERENDOS, PLEBISCITOS Y OTRAS CONSULTAS POPULARES

S

in duda, la debacle política que hoy vive Bolivia empezó a gestarse el 21 de febrero de 2016, día en que se celebró el referendo para preguntar a los bolivianos si estaban de acuerdo en modificar la Constitución para que el entonces presidente Evo Morales pudiera postularse a un cuarto mandato consecutivo.

La consulta se saldó con un 51.3% por el “No” y 48.7% por el “Sí”. El líder aymara ya había adelantado que “si ganamos será por pocos votitos, y si perdemos será por pocos votitos”.

Pero él y sus asesores políticos no supieron, o no quisieron, interpretar que ese escaso 2.6% de diferencia era el sentir real de una población ya de sí fuertemente polarizada.

Sabedor de que en el Congreso y las instancias judiciales mantenía una mayoría de adeptos, el ejecutivo movilizó a los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) para que interpusieran un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual falló que no se podía impedir que Evo se postulara de nuevo, porque “se violarían sus derechos humanos”.

Así, el Tribunal Supremo Electoral tampoco puso objeciones y convocó a elecciones generales el 20 de octubre de 2019, con Morales nuevamente como candidato del MAS a la presidencia. Lo demás ya se sabe: la “caída” del sistema de conteo, las acusaciones de fraude, la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), las protestas “cívicas”, el motín policial y, finalmente, el viraje de las fuerzas armadas. Ahora Evo está como asilado político en México, y en Bolivia los personeros de la derecha más retrógada se han hecho momentáneamente del poder.

Pero el defenestrado presidente boliviano y su país no son los únicos que están sumidos en el caos como resultado de una consulta ciudadana que no salió como se esperaba.

En la actualidad al menos tres casos destacados se debaten en la incertidumbre política a raíz de la muy democrática voluntad de consultar a la población: Colombia, Reino Unido y, dentro de España, Cataluña.

En Colombia nadie se imaginó –ni las encuestas– que el “plebiscito por la paz”, celebrado el 2 de octubre de 2016, diera como resultado un “No”. ¿Quién podría estar en contra de la pacificación de un país que se había desangrado más de medio siglo por un conflicto interno? Pues la mitad de los votantes: 50.2% por el “No” y 49.7% por el “Sí”.

Acicateados por el Centro Democrático (CD), del expresidente Álvaro Uribe, y pastores evangélicos, los sectores más conservadores se mo-

Lucía Luna

vilizaron, con una exaltación inusitada, para rubricar que no apoyaban un acuerdo de paz con una guerrilla de izquierda a la que consideraban sólo una organización criminal.

Aunque la diferencia era mínima (0.5%) y la consulta no vinculante, el presidente Juan Manuel Santos, quien durante varios años impulsó los esfuerzos de paz, tuvo claro que el acuerdo no podría implementarse con esa oposición. Procedió a hacer algunos cambios sobre los principales reclamos, y luego lo turnó al Congreso, donde tenía mayoría. Ahí se aprobó con 75 votos en el Senado y 130 en la Cámara de Representantes.

Los representantes del CD se ausentaron de la votación.

A tres años, ni el Premio Nobel de la Paz para Santos ni la legalización de los acuerdos han cristalizado.

El CD recuperó la presidencia, con Iván Duque tutelado por Uribe, y gran parte de lo pactado no se ha cumplido. Muchos excombatientes desencantados volvieron a las armas, cientos de desmovilizados y activistas sociales han sido asesinados, el ejército ha vuelto a disparar y la población civil, sobre todo rural, está de vuelta en el fuego cruzado.

Otra consulta que se revirtió políticamente, fue la del Brexit. Cuando era primer ministro, David Cameron convocó al referendo como una promesa de campaña para apaciguar a los miembros y las bases más duras de su partido, descontentos con las directrices de la Unión Europea (UE), y de ese modo presionar para arrancarle concesiones a ésta. Apostó a que la mayoría de los británicos optaría por quedarse en la UE, y él mismo promovió el “remain”.

Pero después de una campaña polarizada, llena de manipulación y noticias falsas, en la que inclusive hubo violencia, el 23 de junio de 2016 los votantes decidieron en un 52% que sí se querían ir, y 48% que no. Cameron renunció ese mismo día.

Después de tres años y con la amenaza latente de consecuencias económicas catastróficas, Gran Bretaña y la UE no han logrado ponerse de acuerdo sobre los términos de la salida. Ya cayó otro gobierno, el de Theresa May, y ahora es primer mi-

nistro uno de los más feroces promotores del Brexit: Boris Johnson. Pero sus propios correligionarios lo han bloqueado una y otra vez, ya se habla de nuevas elecciones y también de la posibilidad de un nuevo referendo, para ratificar el anterior…

Esta incertidumbre amenaza a otro acuerdo aprobado por referendo, el del Viernes Santo, que en 1998 logró la pacificación entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Ese año, 71% de los unionistas y 94% de los republicanos decidieron poner fin a la violencia, aunque no fue sino hasta 2007 que culminó el proceso, con la formación en el Ulster de un gobierno autónomo de poder compartido entre las dos fuerzas. Esa paridad se ve ahora en riesgo, tanto por diferencias políticas entre unos y otros, como por la posibilidad de un Brexit duro, que cerraría las fronteras entre esas dos partes de la isla de Irlanda.

Y está el referendo independentista de Cataluña, que si bien se circunscribe a esa región autónoma, ha marcado durante los últimos años la agenda política de toda España. Los afanes separatistas de los catalanes resurgieron después de la muerte de Francisco Franco, quien les conculcó su autonomía durante 40 años.

En 1978 la nueva Constitución se las devolvió y, en 2006, un estatuto les concedió todavía más facultades. Pero en 2010 el Tribunal Constitucional de España determinó que eran excesivas y revirtió gran parte.

Exacerbados los ánimos, el govern catalán convocó en 2014 a un refrendo “simbólico”, que fue desconocido por las autoridades españolas. Pero el 1 de octubre de 2017 se llevó a cabo un referendo independentista “real”, que el gobierno central de Madrid no sólo volvió a desconocer, sino declaró ilegal.

Amparado en la Constitución, que establece la unidad territorial del Reino de España, el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy optó por el manejo legal y no político del independentismo catalán. Y ante la declaración unilateral de independencia del gobierno local, en acatamiento a los supuestos resultados del referendo (90% a favor, pero el 43% de los opositores no votó) Madrid

aplicó el artículo 155 constitucional, que lo facultó para intervenir en Cataluña.

Resultado: persecuciones, idas al exilio, detenciones y juicios; marchas, protestas e inestabilidad política. Rajoy finalmente cayó y lo sustituyó el socialista Pedro Sánchez. Pero éste enfrenta ya cuatro elecciones, sin lograr formar gobierno. En todos los comicios el desafío catalán ha estado presente, mientras los procesos legales continúan. El 14 de octubre, luego de que el Tribunal Supremo Español sentenciara a fuertes penas de cárcel a nueve líderes independentistas, en Cataluña se desataron por días protestas de una violencia inédita.

A la luz de estos ejemplos de democracia directa –llámense referendos, plebiscitos o consultas populares– que se han revertido políticamente contra sus promotores, muchos se preguntan si vale la pena insistir y correr el riesgo de esta “herramienta democratizadora”, que da voz decisoria a una ciudadanía imprevisible, desinformada y fácilmente manipulable.

Al respecto, la BBC de Londres consultó a la directora para América Latina del Centro de Investigación sobre Democracia Directa de la Universidad de Zurich, Yanina Welp, quien también es autora del libro Let the people rule? Direct Democracy in the twentyfirst Century. Ella, luego de aclarar que está en favor de estos ejercicios, dice que en su desenlace es fundamental observar quién convoca y qué y cómo se pregunta.

Por quién convoca, se refiere a si la consulta es a iniciativa de un gobernante, porque lo mandata la Constitución o porque la ciudadanía lo exige reuniendo un número de firmas suficiente para que se lleve a cabo. En el primer caso, cita al presidente Santos de Colombia –también podría ser Cameron– quien, así, se convierte en “juez y parte”. En el segundo, a Bolivia, que se convocó por mandato constitucional y causó la derrota de Evo. Y en tercero a Cataluña, donde si bien había un reclamo ciudadano suficiente, éste enfrentaba una situación local con un marco legal nacional.

Viene luego el asunto de cómo se plantean las preguntas. La estudiosa indica que éstas deben ser sencillas, para que la gente las entienda; y objetivas, es decir que no marquen de entrada una tendencia o se presten a diversas interpretaciones y, con ello, a la confusión y manipulación.

Así, la mayoría de las consultas se plantea como una elección binaria entre “Sí” o “No”. Welp dice que ante ello ha funcionado hacer preguntas subordinadas que clarifiquen estas dos opciones.

CONTRAPODER

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EN CHIAPAS

esde hace unos años la figura de Gilberto Bosques pasó del casi anonimato a encarnar el asilo que México brindó a los perseguidos por el falangismo español y el nazismo alemán. Es el centro de una política de asilo ordenada por el presidente Lázaro Cárdenas y que instrumentan, no sin diferencias de criterio, Jaime Torres Bodet, como embajador en Bélgica; Narciso Bassols, desde París; Isidro Fabela, la cara mexicana ante la inútil Sociedad de las Naciones; Fernando Gamboa, Renato Leduc y Gilberto Bosques, en el consulado. La idea es dotar de papeles a los perseguidos por el fascismo y tratar de embarcarlos hacia México para que salven sus vidas. El documento mexicano sólo les pide un nombre, una ocupación y la firma que sustenta que desean emigrar a México.

Los criterios se enfrentan: de un lado del cardenismo hay quienes priorizan la salida de los republicanos españoles, de los dirigentes sindicales y de partidos de la izquierda, de los artistas y escritores –Silvestre Revueltas entrega una lista de músicos españoles– y, del otro lado, a quienes no hacen diferencias por tratarse de un asunto humanitario.

Como sea, y según los cálculos de Gérard Malgat en la biografía que publicó en 2013, La diplomacia al servicio de la libertad. París-Marsella, 1933-1942, Bosques expidió 80 mil documentos desde su encargo en la legación diplomática de México en París y Marsella, de los cuales casi la mitad fueron para los españoles que huían de la dictadura de Franco y la otra, de quienes buscaban salir de la Francia ocupada por los nazis. Sólo 20 mil pudieron emigrar, nos dice Malgat.

Imagino a un ejército de desamparados vagando por los retenes de la guerra exhibiendo un papel que decía que México los aceptaba para un viaje que nunca tuvo barco.

Sabemos que muchos de los que no pudieron irse fueron a la resistencia contra el fascismo en Italia, Yugoslavia y la propia Alemania.

Otros terminaron en los campos de exterminio fantaseando con el país que selló sus documentos con un águila y una serpiente.

La otra parte del pueblo de Gilberto Bosques fueron los miles que llegaron a México y que terminaron arraigados acá o en tránsito hacia Nueva York y Buenos Aires.

Es la multitud que, tras el regreso de Bosques a México, luego de su arresto domiciliario decretado por la Gestapo, lo recibe el 29 de marzo de 1944 en la estación de trenes de Buenavista: “Más de 3 mil rostros” –según la crónica de ese día de Luis Spota en Últimas Noticias– gritando vivas en 10 idiomas, las banderas de México y de la República, el agradecimiento centrado en una persona que les dio un papelito que significó seguir viviendo.

Para la derecha profalangista,

Martes 26 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

NACIÓN BOSQUES Fabrizio Mejía Madrid

como la de Acción Nacional –Manuel Gómez Morin y Efraín González Luna proponen una hermandad “hispanista” con el dictador Francisco Franco, es decir, imperial, católica y hablada en castellano– el asilo de México a los perseguidos por el fascismo era inadmisible y un “error”. Los diarios Excélsior, Novedades, El Universal y La Nación, del PAN, encabezan una campaña contra “los rojos”, los ateos que llegan, de acuerdo con el columnista Alfonso Junco, después de la derrota “del bolchevismo en España, del desenfreno de incendiarios y asesinos bajo la complicidad o impotencia del gobierno; ante el caos social que despedazaba todo derecho, toda garantía, toda dignidad, toda eficaz defensa por vías legales, brotó la insurrección de un pueblo resuelto a vivir. A mí me parece natural en todo hombre recto –no digamos en todo cristiano– una actitud de admiración y simpatía para quien ha limpiado de carroña bolchevique su patria” (El Universal, 27 de mayo de 1939). Por su parte, La Prensa asegura que “80% de los mexicanos están en contra del asilo a los españoles republicanos”, los mismos a quienes la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria calificó de “semitas” (18 de marzo de 1939). El fundador de Acción Nacional, González Luna, se lanza contra la decisión de Lázaro Cárdenas de romper relaciones con la dictadura que surge del golpe de Estado de Franco contra la República Española: “Necesitamos abrazarnos a la hispanidad como sola esperanza de salvación en el naufragio. Es singularmente trágico el que en esta hora sombría México se mantenga hoscamente incomunicado de España, como resultado de la aventura estúpida en que el régimen embarcó al país en calidad de cómplice de claras maniobras frentepopulistas”. Hay que decir que esta oposición tan beligerante de parte de Acción Nacional tenía no sólo un origen teológico, sino también racial. No hay que ser un lector muy acucioso para detectar que, cuando Gómez Morin y González Luna se cartean mutuamente sobre el mestizaje mexicano, la parte “débil” es la indígena y la

“grandeza” es la española. De ésta, los exiliados no son partícipes porque pertenecen a la “barbarie soviética” y no al “Occidente Católico”. Ninguna de las críticas de la prensa y la derecha partidista o patronal al asilo de los europeos tuvo un efecto real en la sociedad mexicana. Sí lo tuvo en el discurso del gobierno cardenista, que tuvo que “justificar” el salvamento de vidas con argumentos económicos –el aporte de los técnicos a la industria agrícola– o con la idea de que se trataba sólo de “intelectuales” y profesionistas médicos.

Una parte tan loca como generosa de la ayuda de México a los perseguidos por el fascismo en Europa fue la que habitó durante tres años en los dos castillos que arrendó el gobierno mexicano –con dinero de las joyas que aportaron los republicanos españoles– para crear un estado libre de persecución en Marsella, La Reynarde, con 44 hectáreas, y Montgrand, para las mujeres y niños. Lo que describe la investigación de Malgat y la película documental de Lillian Lieberman, Visa al Paraíso (2010), es una utopía cardenista en medio de la guerra europea: un albergue mexicano para quien llegara hasta Marsella, donde los refugiados cultivaban su propia comida, producían sus propios implementos, educaban a sus hijos en geografía e historia mexicanas, y tenían orquesta, grupo de teatro y danza, talleres de pintura y escultura, y un estricto horario de 7:30 de la mañana a 10:00 de la noche. Hasta ahí llegan los policías de Franco aliados de la Francia ocupada por los nazis, los inspectores de Pétain, y los agentes de la Gestapo a tratar de detener y deportar a los perseguidos a los campos de trabajo y de exterminio. Una y otra vez, Gilberto Bosques los protege, los esconde, los saca de las cárceles.

Falsifica documentos –tiene una cámara para sacar fotografías de pasaporte–, finge que todos en esos castillos sólo esperan para embarcarse hacia México, usa sus contactos diplomáticos para tratar de detener la vigilancia que Franco le ha puesto a los diplomáticos mexicanos acusándolos de tener en su

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poder bienes y dinero de España.

Encuentro una continuidad entre ese Gilberto Bosques diplomático y el estudiante normalista, luego el poeta estridentista que acompañó a Germán List Arzubide y a Manuel Maples Arce, a “bautizar” a Xalapa como “Estridentópolis”.

Esa vena artística del cardenismo que toma la cultura popular para recrearla, al mismo tiempo que cree en la educación como redención de la pobreza, en la lectura como ampliadora de las existencias –Bosques funda la imprenta Aztlán con José Vasconcelos–, y en la cultura “no como una escuela, o una tendencia, tampoco como mafia intelectual, sino como una estrategia, un gesto, una irrupción”. Si algo más que humanitarismo hay en los castillos de refugiados en Marsella es la idea del gesto estridentista que se forma de topar con la realidad de la desi-gualdad y la guerra. El poeta Gilberto Bosques escribe en 1933 este poema ilustrado por Leopoldo Méndez: Junto a la carretera desolada.

Sombra húmeda Con inminencias de mirada La montaña, un ascenso de silencios.

La puerta, una angustia de palabras.

La noche metida En la caja sonora de la guitarra Y el campesino poeta, a través de las cuerdas, sacándola.

Su canto desgarra La soledad estupefacta Y la hora bárbara Se despeña en estos versos de aguafuerte: “llevo la muerte en la espalda, ¡quítenmela con los dientes!”

Bosques le respondió el tercer informe de gobierno a Lázaro Cárdenas como uno de los legisladores que había redactado la reforma del Artículo 3, el célebre de la “educación socialista”. Su interés en la formación intelectual es inseparable de su utopía marsellesa que terminará en marzo de 1943, cuando la Gestapo lo detiene y lo arresta en un hotel en Bad Godesberg, cerca de Bonn. Luego de tres meses en que el gobierno de México logra intercambiarlo por unos nazis encarcelados en San Juan de Ulúa por sabotaje, es que Bosques regresa a México. En su carta del 30 de enero, en protesta por su detención y la de su familia, le escribe a Pierre Laval, secretario de Asuntos Internacionales de la Francia ocupada: “En la titánica lucha por la restauración de la libertad y el derecho, y la edificación de un mundo sin tiranos ni oprobios, México asumió el papel que dicta su tradición de país indomable frente a la opresión, y de pueblo fiel a las causas de la libertad”.

Con el asilo mexicano al presidente de Bolivia, Evo Morales, esto que les cuento ha vuelto, una vez más, a desplegarse.

Esta columna se publicó el 17 de noviembre de 2019 en la edición 2246 de la revista Proceso

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Martes 26 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1783 ENCUENTRO

Sicilia y LeBarón marcharán unidos para exigir un cambio en la estrategia de seguridad

REPORTE

Aumenta violencia de género en los últimos seis años en Chiapas

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COMUNICADO

Recorte presupuestal coloca al INE “en una potencial zona de riesgo”: consejeros PAG. 3

MANIFESTACIÓN

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SOLICITUD

Morena pide juicio político contra directora de Servicios de Salud Jalisco por omisión en combate al dengue

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Marchan cientos de mujeres para exigir un alto a los feminicidios en México Cientos de mujeres marcharon este lunes en diversas entidades del país para exigir un alto a los feminicidios; también cuestionaron la incapacidad de las autoridades para poner un freno a la violencia que, subrayaron, las enfrentan cada día a violadores y acosadores, sin que éstos sean detenidos.

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Exigen homologar leyes sobre violación y violencia contra mujeres con estándares internacionales