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EDITORIAL

Chiapas en busca de un gobierno

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Ayer la administración de Rutilio Escandón difunde la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de que Chiapas se encuentra en segundo lugar nacional en menor incidencia en delitos de alto impacto

A todos los afectados por la inseguridad en Chiapas ya no deben preocuparse. La entidad está en segundo lugar nacional con menos delitos de alto impacto. La gran paradoja de presumir logros estadísticos en materia de seguridad, es que se presumen datos e información que la propia entidad reporta.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Viernes 22 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1781

INFORME

DECRETO

Misión de Observación constata flagrante violación de derechos humanos de migrantes

Destacaron que a partir de octubre de 2018 emergieron en Centroamérica nuevas estrategias de desplazamiento forzado, las llamadas “caravanas centroamericanas” o “éxodos migrantes”, y la respuesta del Estado mexicano supuso graves violaciones de derechos humanos.

Congreso del Estado aprueba reformas en materia de Violencia Obstétrica

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ECONOMÍA

La OCDE baja (de nuevo) su estimación de crecimiento a México para 2019 y 2020

PAG. 3 PAG. 9

PAG. 9

López Obrador confirma reunión con los Lebarón, pero les pide no llevar a dirigentes de ONG

ACUSACIÓN

Adherentes al EZLN denuncian a director del CERSS 10 de Comitán

HOY ESCRIBEN ÍNDICE...

Ruperto Portela Alvarado

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¿RESOLUCIONES DE PAPEL O DE IMPACTO MONUMENTAL? Luis Miguel Cano López

PAG. 14

NUESTROS ASESINOS VIVEN EN NUESTRA CASA Agustín Basave

PAG. 13

MÁS RECORTES CONTRA LAS MUJERES: PPEF 2020 Lucía Melgar Palacios

PAG. 12

ATENDER A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA, “DA FLOJERA ESO” José Gil Olmos PAG. 5

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CONTRAPODER EN CHIAPAS

Viernes 22 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL Chiapas en busca de un gobierno

yer la administración de Rutilio Escandón difunde la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de que Chiapas se encuentra en segundo lugar nacional en menor incidencia en delitos de alto impacto, sin embargo se oculta que esta información estadística es generada a partir de los reportes que las propias entidades envían a esa dependencia, lo que conduce a la situación de presumir como logro, la información de seguridad que la propia entidad produce y envía, en el que muy probablemente se está reportando información estadística rasurada. Los hechos sobre violencia e inseguridad se difunden a diario en las redes sociales, donde se comparten fotos, videos e información de lo que sucede en varias comunidades, que muestran a la vez, la descomposición política y social en la entidad, en la que el hartazgo y malestar de esta situación se dirige a los presidentes municipales, en el que incluso se han convocado marchas de protesta en Tuxtla Gutiérrez y otros municipios para exigir mayor seguridad. Esta realidad contrasta con la visión que están reportando las autoridades, que consideran que todo está bien. Frente a ese señalamiento, la percep-

ción de la gente es que no vamos bien y con lo que se viene haciendo en materia de seguridad, aun y con la presencia de la Guardia Nacional, no se puede estar mejor. El gobernador del Estado tiene el derecho de mirar y expresar su propia realidad e incluso presumir como exitoso el trabajo que se realiza en la mesa de seguridad, pero esa realidad de papel y de estadísticas no corresponde con la percepción generalizada de la población, en el que se considera que la inseguridad está creciendo, y con ello se acentúa la impunidad porque el sistema de justicia no funciona. Cómo mejorar las condiciones sociales de Chiapas, si en estos momento no existe un programa estatal de seguridad, no existe un programa de fomento al empleo, no existe un programa de estímulos para el crecimiento económico y de fomento a las actividades agropecuarias, no existe un programa de salud ni de educación. En este momento lo que hay en Chiapas es un gobernante que replica las acciones que emprende el presidente pero esto resulta insuficiente para disminuir los problemas de gobernabilidad y de inseguridad en el Estado. El gobernador no está comunicando adecuadamente con la sociedad chiapaneca. Su discurso se percibe vacío, demagógico y con muchos clichés que

hacen referencia al presidente de la república, pero no propone soluciones. No muestra que tiene conocimiento de la problemática del Estado ni oferta acciones de gobierno. En su mensaje no habla de los problemas de la cafeticultura ni de los problemas de la ganadería, no hace referencia a las necesidades de los productores de leche o de quesos, no habla de los problemas de la autosuficiencia alimentaria del maíz, no hay una propuesta para fomentar el turismo, no hace referencia a los problemas de la contaminación del agua en las cuencas y los ríos y no habla de las dificultades que hay para la generación de empleos ni de la recesión económica que hay en Chiapas, donde existe un decrecimiento de la economía. Los problemas de inseguridad en la entidad no se van a reducir con las campañas mediáticas que se realizan presumiendo un segundo lugar en disminución de delitos de alto impacto como se está realizando. Eso sólo va a provocar un mayor distanciamiento de una sociedad que sufre a diario los embates de la inseguridad y confirma los índices extremos de impunidad que se viven en Chiapas. Resulta claro que hay una urgencia en esta administración por presumir logros, pero en lo que se equivocan es en difundir logros que no son creíbles.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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CONTRAPODER EN CHIAPAS

Isaín Mandujano San Cristóbal de Las Casas, Chis. (apro)

a Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiadas en el Sureste Mexicano, conformada por organizaciones civiles nacionales e internacionales, constató una flagrante violación a los derechos humanos en esta frontera sur mexicana. Al dar a conocer el informe “Impactos de la Política Migratoria de México en la Frontera Sur y sus hallazgos”, luego de un recorrido a pie-tierra realizado en mayo pasado, la Alianza Américas, el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica (RJM-CANA) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), señalaron que en esta región del país se vive una tragedia humanitaria. Destacaron que a partir de octubre de 2018 emergieron en Centroamérica nuevas estrategias de desplazamiento forzado, las llamadas “caravanas centroamericanas” o “éxodos migrantes”, y la respuesta del Estado mexicano supuso graves violaciones de derechos humanos. Como respuesta organizada a esta situación, un conjunto de organizaciones sociales y de derechos humanos conformaron el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, en un esfuerzo para documentar el contexto migratorio regional. Ello implicó una diversidad de retos por los cambios en los perfiles de las personas en movilidad, aumento en los flujos de migración forzada en los tres corredores de la frontera sur y el recrudecimiento de la respuesta militar y de contención migratoria. Hasta mayo pasado, mes en que se realizó la Misión de Observación, se identificaron tres etapas de la actual crisis. La primera correspondió al tránsito de las caravanas desde octubre de 2018, integradas por una diversidad de personas provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Estos grupos se enfrentaron a respuestas gubernamentales represivas que intentaron, sin éxito, contenerlos bajo la presión y amenazas del gobierno estadunidense, que en estos meses ha apostado por acabar con el sistema de asilo, restringir el acceso a personas centroamericanas y presionar a los países de la región a recrudecer sus políticas de control migratorio. La segunda etapa dio comienzo en enero de 2019 con el surgimiento de un nuevo grupo desde San Pedro Sula, Honduras, que se encontró en México con una nueva acción gubernamental. La última etapa se originó cuando un grupo de personas, en su mayoría cubanas, realizó una protesta en Tapachula ante las demoras en los trámites del Instituto Nacional de Migración (INM). Las organizaciones recordaron que en medio de la acción se anunció el

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Misión de Observación constata flagrante violación de derechos humanos de migrantes

cierre de la oficina de regularización. Desde ese momento, la crisis se recrudeció porque cientos de personas, ya no sólo del norte de Centroamérica, sino también provenientes de Cuba, Haití y varios países de África y Asia, quedaron varadas en la ciudad. Y, dado que la situación en la región fronteriza continúa deteriorándose, el Colectivo de Monitoreo convocó a una Misión de Observación del 29 al 31 de mayo de 2019, como estrategia complementaria de visibilización de la situación, y para generar oportunidades y espacios de incidencia a nivel regional. La Misión buscó documentar y visibilizar la crisis humanitaria en la región, incidir para conseguir una respuesta integral a nivel local y federal, y pensar mecanismos de respuesta desde un enfoque de acogida e integración que permita el goce efectivo de derechos sin ninguna discriminación. Participaron seis redes de la sociedad civil convocantes; 12 organizaciones que formaban parte de estas redes; nueve organizaciones invitadas de México, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos; seis representantes de la academia; dos organizaciones internacionales observadoras, y seis medios de comunicación. Las personas participantes cubrieron al menos tres rutas. La Ruta de Terreno recorrió las carreteras y espacios públicos en los municipios de Tecún Umán, Guatemala, y en México: Suchiate, Tapachula, Huehuetán, Huixtla, Escuintla, Acacoyagua y Mapastepec. La Ruta de Detención monitoreó la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula; las Estancias Provisionales de Huehuetán, Huixtla, Echegaray, Comitán y San Cristóbal de las Casas, y la Feria Mesoamericana. Finalmente, la Ruta Incidencia correspondió a reuniones con entidades gubernamentales municipales y federales, organismos públicos de derechos humanos, organismos internacionales y personal diplomático y del congreso de Estados Unidos. Entre sus principales hallazgos encontraron un sistema migratorio rápido y eficiente para la detención y deportación, pero lento, obsoleto, corrupto y burocrático para la asistencia y la atención a tramites de regularización. Los participantes se percataron de

la incorporación acelerada de fuerzas armadas –Guardia Nacional– en operativos de control, sin ninguna formación en derechos humanos. De igual manera, observaron un sistema de asilo en Tapachula que se encontraba y aún se encuentra colapsado con más 14 mil solicitudes hasta mayo y una larga fila de espera. Para atender a los migrantes se contrató a personal con soporte financiero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Vieron en ello mayores riesgos entre las personas solicitantes de protección internacional, que deben esperar y dormir en espacios públicos bajo la vigilancia de sus agentes persecutores, además de una ausencia de información, tiempos prolongados y discrecionales de espera en los trámites por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM. La Misión detectó una crisis humanitaria por acción u omisión en los distintos niveles de gobierno para atender necesidades básicas de subsistencia, y la presencia extrema de cuerpos de seguridad, y recabó testimonios de personas migrantes detenidas y golpeadas dentro de instalaciones de fuerzas de seguridad pública (Policía Federal). En su recorrido se percató de disposiciones arbitrarias que violan derechos, como la realización de trámites individuales que ocasionan la separación familiar, o los oficios de salida que obligan a las personas a salir por la frontera sur. También documentó restricciones y la estigmatización de la sociedad civil con mensajes disuasivos y criminalizantes, así como denuncias de destrucción de documentos de identidad y trámites de regularización o refugio por parte de elementos de la Guardia Nacional y del INM. Señaló que el recrudecimiento de la crisis humanitaria está ligada al racismo institucional por cuenta de prácticas de aislamiento y separación dentro de espacios de detención hacia población haitiana y africana, que también vive en condiciones de precariedad a las afueras de la Estación Siglo XXI. Muchas de esas personas duermen bajo techos de lámina o plástico, e inclusive pagan por un espacio en el patio de las casas de personas locales que habitan cerca de la zona.

Los participantes en la Misión vieron muchos casos de separación familiar, y personas adultas, niños, niñas y adolescentes detenidos. Destaca el caso de una madre detenida, forzada a dejar de lactar a su bebé de cinco meses, ya que fue él liberado –junto con otros familiares–, pero ella permaneció en detención. También observaron a muchas personas rechazadas por agentes del INM, pese a que solicitaron su retorno asistido. Documentaron la persecución y acoso hacia personas de la comunidad LGBTTTIQ, específicamente mujeres trans dentro y fuera de los centros de detención migratoria Y detectaron más de ocho puntos de control migratorio entre Ciudad Hidalgo y Pijijiapan, que comprende cerca de 180 kilómetros, y hacinamiento en los centros de detención, lo que ha ocasionado crisis humanitarias por la insuficiencia de alimentos, ausencia de atención médica, castigos e incluso más barreras para solicitar refugio. Detenciones prolongadas e indefinidas, traslados sumarios, y casos de tortura y otros tratos crueles degradantes e inhumanos contra población cubana. Entre otras cosas, se percataron de abortos espontáneos en detención migratoria, ligados a negligencia médica, además de restricciones para la salida a espacios libres. En la estación Migratoria Siglo XXI observaron aislamiento y uso de celdas de castigo para hombres, así como la presencia de aproximadamente mil 600 personas extracontinentales originarias de Haití, África y Asia, en la extensión de la estación migratoria Feria Mesoamericana. Fue común ver el uso de prácticas de perfilamiento racial en los operativos de detención arbitraria, bajo el argumento de verificación de documentos de identidad y migratorios, y la expansión de discursos xenófobos y discriminatorios. De acuerdo con los observadores, hay un alto riesgo de impunidad por delitos cometidos contra personas migrantes, por cuenta de la inacción de las autoridades municipales. “Si bien se han realizado algunas acciones de apoyo y asistencia a la población migrante, y existe cierta voluntad, se continúa con una visión de seguridad sin un enfoque de derechos humanos ni de ayuda humanitaria integral. En gran medida, las autoridades intentan salir del paso lo menos afectadas posibles”, de acuerdo con el informe presentado. Y apunta que el Estado mexicano optó –desde antes del acuerdo con el gobierno de Estados Unidos– por criminalizar la migración y, en consecuencia, recrudecer la política migratoria, faltando a sus compromisos internacionales en materia de asilo para personas con necesidad de protección.

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Implementación de urna electrónica en Chiapas debe ser gradual pero iniciarse a la brevedad: Oswaldo Chacón Rojas

l Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas organizó el Conversatorio “Retos y Desafíos de la implementación de la urna electrónica: caso Jalisco” para conocer la experiencia en el uso de este instrumento, así como sus características y ventajas. Este foro contó con la participación de Guillermo Alcaraz Cross y Héctor Gallego Ávila, consejero presidente y Director de Informática del IEPC Jalisco, respectivamente; Tomas Vargas Suarez, Magistrado del Tribunal Electoral del estado de Jalisco; Ricardo Suro Gutiérrez, Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales en Jalisco; las consejeras electorales Sofía Margarita Sánchez Domínguez, presidenta de la Comisión Permanente de Organización Electoral y Magdalena Vila, presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas. En su mensaje de bienvenida, el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas señaló que el análisis del uso de urnas electrónicas implica atender el desafío de ofrecer razones sobre las garantías de confianza, certeza y credibilidad que ofrecen. “Definitivamente el uso de estos instrumentos son la mejor ruta para disminuir el costo de los comicios”. Afirmó que la implementación de esta herramienta en Chiapas debe ser gradual, pero debemos iniciar a la brevedad. Guillermo Amado Alcaraz Cross,

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis.

El pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura aprobó por unanimidad de votos el dictamen de las Comisiones Unidas de Salubridad y Asistencia y de Igualdad de Género, relativo a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y de la Ley de Salud del estado de Chiapas en materia de violencia obstétrica. Para manifestar su voto a favor del dictamen abordaron tribuna las diputadas: Cinthya Vianney Reyes Sumuano; Carolina Elizabeth Sohle Gómez. Al emitir su posicionamiento, la diputada Reyes Sumuano destacó que con dicha Iniciativa, se brindará un trato humanizado a las mujeres en el embarazo, en el parto y puerperio; además de que las autoridades deberán diseñar, promover y ejecutar acciones que fomenten las investigaciones y mecanismos para poder medir y erradicar la violencia obstétrica en Chiapas. Para la diputada Sohle Gómez, el mayor

consejero presidente del IEPC Jalisco, explicó que con la urna electrónica han llevado a cabo desde 2012 y hasta este año, un total de 25 ejercicios de participación ciudadana, 22 elecciones internas, 133 ejercicios de promoción y 110 elecciones escolares. “La principal característica de nuestro dispositivo es el uso de internet para la transmisión de los datos. Una parte muy importante de este instrumento es que, en la parte de los escrutinios y los cómputos, no existen errores aritméticos. Es un aparato auténtico, certificable, auditable, de costo reducido y garante del secreto del voto”. La consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, expuso que “la instalación del voto electrónico plantea una serie de ventajas como la reducción de la desconfianza en los resultados electorales finales derivada del error humano en el cómputo y llenado de actas; también reduce la carga

de trabajo a los funcionarios de casilla; proporciona accesibilidad y rapidez al elector al acudir a votar, así como la disminución de costos financieros respecto a la impresión de papeletas y traslado de paquetes electorales. Todo lo anterior, expone la necesidad de modificar la legislación electoral vigente”. Por su parte, Tomás Vargas Suárez, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, comentó que la urna electrónica ofrece bondades como inmediatez en los resultados, lo cual no se presta a suspicacias. “Es un instrumento muy útil que con los dictámenes periciales y técnicos, está debidamente solventado que no se trasgrede el principio de certeza”. Ricardo Suro Gutiérrez Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales en Jalisco, afirmó que la urna electrónica le da al ciudadano la certeza de los resultados, los cuales se cargan en un sistema para tenerlos en

línea mucho más rápido de lo que pudieran llegar los paquetes electorales a los consejos municipales o distritales. En su intervención, la consejera electoral María Magdalena Vila Domínguez aclaró que la implementación de la urna electrónica en Chiapas sería para mecanismos de participación ciudadana, educación cívica y capacitación. “No hacemos estos trabajos con miras a una elección constitucional. Por ley, solo #INE puede determinar proyectos piloto para el proceso electoral 2021”. Cabe señalar, que se realizó una demostración del funcionamiento de la urna electrónica durante el conversatorio, en el que estuvieron presentes, la consejera Blanca Estela Parra Chávez, el Secretario Ejecutivo Ismael Sánchez Ruiz, Sofía Ruiz Olvera y Gilberto Bátiz García, Magistrada Presidenta y Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, respectivamente; el Fiscal para Delitos Electorales Hugo Gómez Estrada, así como funcionarios del INE Chiapas, representantes de partidos políticos y de instituciones educativas. Al concluir el conversatorio, se realizó una reunión de trabajo entre autoridades electorales y representantes de Universidades y Tecnológicos, a fin de informarles los detalles de la convocatoria que próximamente dará a conocer este órgano electoral y puedan participar en el desarrollo del prototipo de urna electrónica para el IEPC.

Congreso del Estado aprueba reformas en materia de Violencia Obstétrica número de casos se da en los servicios de salud del sector público y así también -dijo- los mayores índices de impunidad cuando se presenta una queja o una denuncia. En su participación, subrayó que: “la violencia obstétrica debemos de entenderla como cualquier acción u omisión médica que afecta el cuerpo y los procesos reproductivos naturales de las mujeres algunas veces por costumbres otras por insensibilidad, falta de ética y profesionalismo, ignorancia, incompetencia y hasta por dolo”. Durante la sesión ordinaria presidida por la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo se turnaron a comisiones parlamentarias las siguientes disposiciones: Oficio del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, por medio del cual informan de la licencia temporal presentada por la ciudadana Levi Maruca Galindo González para separarse del cargo de regidora de representación proporcional por la coalición “Juntos

Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Movimiento Regeneración Nacional; Encuentro Social y del Trabajo de ese ayuntamiento. Lectura del Punto de Acuerdo por el que se hace un atento y respetuoso exhorto relativo a la Capacitación y Certificación de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas en el estado de Chiapas, presentado por la diputada Luz María Palacios farrera integrante de esta Sexagésima Séptima Legislatura. en este punto abordó tribuna la diputada por el Partido Revolucionario Institucional para argumentar a favor de su propuesta. Oficio signado por el licenciado Ismael Brito Mazariegos secretario general de gobierno por medio del cual remite a esta Soberanía Popular la Iniciativa de Decreto por el que se abroga el decreto número 252 publicado en el Periódico Oficial número 381, tomo 3, segunda sección, de fecha 8 de agosto

del año 2018. En asuntos generales abordaron tribuna los diputados: Adriana Bustamante Castellanos de MORENA, con el tema: “Presupuesto de Egresos de la Federación 2020”; Patricia Mass Lazos de MORENA con el tema: “El Bosque”; Omar Molina Zenteno, diputado Independiente, con el tema: “Condena al golpe militar en Bolivia”; y Rosa Netro Rodríguez del Partido Chiapas Unido, con el tema: “Presupuesto de Egresos de la Federación 2020”.

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Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

ste jueves el grupo de socios del Sistema de Transporte Urbano Conejobús dieron a conocer que con un nuevo proyecto pretendes desplazarlos. Alfonso Rincón Gumeta vocero del grupo de concesionados de las extintas Rutas 1 y 2 recordó que con la creación del Conejo, fueron desplazados con la promesa de que recibirían un ingreso constante, sin embargo al paso del tiempo esto no ha sido cumplido. “Nos manifestamos hoy por que el actual secretario de movilidad de trasporte nos plantea desplazarnos de nuestra ruta 1y 2 de Tuxtla Gutiérrez, ya que somos concesionados de estas rutas desde hace más de 25 años, somos personas de la tercera edad y nuestra concesión es para la mayoría la única”, expresaron. Los hombres dieron a conocer que esta concesión representa su única fuente de ingresos, además de que la administración encabezada por Juan Sabines los obligó a ingresar a la empresa SITUSA. Lamentaron que actualmente se plantea un proyecto de modernización para el sistema, pero acusan que no serán contemplados, por lo que en la parte económica se quedarán en completo desamparo. “Por ello pedimos gobernador que nos traten dignamente con propuestas justas, equitativas ya que hasta ahora la propuesta que ofrece la secretaria de movilidad y trasporte es totalmente desfavorable para nosotros, es necesario que

De la Redacción San Cristóbal de Las Casas, Chis.

“El día de hoy jueves 21 de noviembre aproximadamente las 8:00 de la mañana mando{sic} a sus elementos comandados por el comandante Ramiro vinieron a intimidarnos con su argumento de una reubicación ya más bien fue una agresión una tortura psicológica ya que nuestro compañero Pedro Pérez Jiménez fue agredido físicamente a rempujones de parte de un elemento de nombre Gener”. Así lo informaron integrantes de la Organización Vineketik en Resistencia, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tras hacer la denuncia públicamente al director de Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) numero 10 de Comitán de Domínguez, Alejandro Constantino Hernández, por actos de intimidación. Los reclusos que firman la denuncia, Marcelino Ruiz Gómez, Valdemar Gómez Hernández, Pedro Pérez Jiménez aseguran que son represiones de la lucha que mantienen des-

Viernes 22 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Socios del Conejobús serían desplazados con proyecto de modernización Alfonso Rincón Gumeta vocero del grupo de concesionados de las extintas Rutas 1 y 2 recordó que con la creación del Conejo, fueron desplazados con la promesa de que recibirían un ingreso constante, sin embargo al paso del tiempo esto no ha sido cumplido

se respete lo que se estableció en su momento ante un notario público en el acta constitutiva que dio vida a SITUTSA”, expresaron.

Recordaron que son 125 concesionados adultos mayores, por ello solicitaron a Aquiles Espinoza García para que a la brevedad po-

sible tenga a bien regularizar los pagos pendientes con este grupo, demandas que han llevado ya por más de un año.

Adherentes al EZLN denuncian a director del CERSS 10 de Comitán de el pasado 15 de marzo del año en curso, a pesar de que la manifestación que mantiene “ha sido pacífica exigiendo justicia y libertad de tantos años copurgados sentencias de delitos prefabricados lejos de darle solución nos reprimen”. “No es la primera vez siempre hemos sido objetos de agresión hasta han prohibido la introducción de nuestros materiales de trabajo hasta que se les pague el 10 por ciento del valor del material nos a quitado nuestra herramienta de trabajo la cárcel es un lugar de explicación y esclavitud ya que el señor director es el mayor extorsionador y explotador”, añaden. Lamentan que dichas denuncia deriven de corrupción en días pasados, “es por eso que con más ganas nos anda reprimiendo y el siempre a argumentando que siempre hará lo que se le pegue la gana ya que se dice ser el compadre de Ismael Brito Mazariegos Secretario General del

Gobierno y siempre a presumido que está agarrando de allá arriba y que no le hace nada los derechos humanos”. Por último hacen un llamado a los derechos humanos No Gubernamentales, a organizaciones sociales

independientes, estén al pendiente de lo que pueda llegar a pasar, ya que temen por su integridad física; “si algo llega a pasar responsabilizamos directamente al Sr. Director de éste centro Alejandro Constantino Hernández”.

Viernes 22 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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ONU-DH y CNDH condenan asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

a oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenaron el homicidio del líder del Frente Popular de la Montaña y del Movimiento por la Libertad de Presos Políticos de Guerrero, Arnulfo Cerón Soriano, cuyo cuerpo fue localizado la tarde de ayer en una fosa clandestina, luego de denunciarse su desaparición en Tlapa de Comonfort, el pasado 11 de octubre. En comunicados por separado, los organismos exigieron el esclarecimiento del caso, y evidenciaron discrepancias en el registro de defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de este año. De acuerdo con la ONU-DH, “ya son al menos 18 personas defensoras de derechos humanos asesinados en México durante 2019”, en tanto que “siguen desaparecidos desde el 3 de agosto Aarón Méndez y Alfredo Castillo, defensores de migrantes de Tamaulipas”. Por su lado, la CNDH –presidida por Rosario Piedra Ibarra– destacó que con el caso de Cerón Soriano “ya suman 49 homicidios de activistas desde 2006, nueve de los cuales han ocurrido en lo que va de 2019”.

Francisco Castellanos Morelia, Mich. (apro)

Integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) realizaron nuevos bloqueos durante una hora en las calles de Morelia para demandar el pago completo de la quincena anterior. Hasta el momento, no se les ha dado fecha para completar el pago del 100 por ciento de la nómina. El líder del sindicato, Eduardo Tena Flores, convocó a todos los afiliados a participar este jueves en la acostumbrada toma de las calles, en las áreas de salud, del Centro Histórico y de Ciudad Universitaria, de la 1 a las 2 de la tarde. Para mañana se realizará una marcha del Centro Cultural Universitario (Madero-Galeana), también en un horario de 13 a 14 horas hasta llegar al Congreso del Estado. El recorrido será por las banquetas, según anunciaron.

En comunicados por separado, los organismos exigieron el esclarecimiento del caso, y evidenciaron discrepancias en el registro de defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de este año

Jan Jarab, representante de ONU-DH, resaltó que este crimen “no puede quedar impune”, por lo que exigió “concluir las investigaciones avanzadas por la Fiscalía General del estado de Guerrero sobre quienes participaron en estos hechos, incluidos autores intelectuales, para que rindan cuentan ante la justicia”. Tras señalar que es momento de demostrar que no se puede atacar el derecho a defender derechos humanos, Jarab reconoció que la participación de los representantes de la familia de Cerón y “el activo involucramiento de las instituciones estatales y federales” fue crucial para la búsqueda, por lo que debe ser to-

mado como “la pauta en todo el país para garantizar la búsqueda efectiva de todas las personas desaparecidas”. Asimismo, urgió a mantener “los mensajes de rechazo contra cualquier ataque que sufren quienes ejercen la labor de defensas de los derechos humanos y las muestras de respaldo a su legítimo trabajo”. Y manifestó su solidaridad con la familia de Cerón y sus compañeros del Frente Popular de la Montaña. De su lado, la CNDH emitió un comunicado en el que consideró que el caso de Cerón “evidencia el grave riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el país, así como la necesidad de

que se revierta esta situación cuanto antes y se evite la normalización de estos crímenes”. El organismo recordó que el pasado 14 de octubre solicitó medidas cautelares al secretario de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, y al fiscal Jorge Zuriel de los Santos, “para buscar y localizar a Cerón Soriano, así como investigar los hechos enfatizando en todo momento la línea de investigación vinculada a su labor de activismo en favor de los derechos fundamentales”. La CNDH exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a “generar condiciones para que las personas y organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos puedan realizar su trabajo en contextos de libertad y seguridad, en específico las que desarrollan su labor en el estado de Guerrero. Y llama la atención –abundó– sobre la persistencia en México de violencia, criminalización, intimidación, acoso, estigmatización e impunidad en los delitos de que son víctimas”. También adelantó que dará seguimiento a las investigaciones “hasta el total esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables que en derecho corresponda”.

Sindicalizados de la Universidad Michoacana exigen el pago de nómina atrasada

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Viernes 22 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El INE advierte: con el recorte más grande de la historia se podría entrar en “zona de riesgo” De la redacción Ciudad de México (apro)

l Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que, ante el anuncio del recorte de más de mil 072 millones de pesos a su presupuesto, el órgano electoral “podría entrar a una zona de riesgo”. “El recorte anunciado, sumado a algunas propuestas de reformas electorales que se han planteado en el Congreso, demuestra un intento por limitar a la autoridad electoral y hace que no se perfilen buenos tiempos para la recreación de la democracia”, apuntó en un comunicado difundido este jueves. Por ello, hizo un llamado a todos los actores políticos y “a la soberanía nacional representada en la Cámara de Diputados”, para cuidar la fortaleza del INE y de todos los órganos autónomos. El recorte anunciado por algunos diputados, abundó, se hace al presupuesto operativo del INE y no afecta los recursos que se entregan a los partidos. Es equivalente a cerca del 9% de lo solicitado por el INE para en 2020 expedir cerca de 16 millones de credenciales e iniciar en septiembre el

Neldy San Martín Ciudad de México (apro)

Resguardados en Expo Santa Fe, debido al plantón que mantienen miles de campesinos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la mayoría de Morena en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el Presupuesto de Egresos 2020. El dictamen, que sufrió un reajuste de 17 mil millones de pesos respecto al proyecto de presupuesto enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue aprobado en lo general y lo particular con 34 votos a favor de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), y 12 en contra del Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN). Tras su aprobación, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su posterior discusión en el pleno. Aunque habían rechazado discutir el presupuesto del siguiente año en una sede alterna, los diputados y diputadas panistas finalmente acudieron para manifestar su rechazo.

“El recorte anunciado, sumado a algunas propuestas de reformas electorales que se han planteado en el Congreso, demuestra un intento por limitar a la autoridad electoral y hace que no se perfilen buenos tiempos para la recreación de la democracia”, apuntó en un comunicado difundido este jueves

proceso electoral federal 2020-2021, que será el más grande de la historia, indicó. “Este sería el recorte más grande de la historia del INE, justo cuando se comienza a organizar la elección más grande de la historia, porque habrá alrededor de 6 millones más de ciudadanos que votarán en 2021 en relación con 2018, cuando se elegirán casi 3 mil 200 cargos en disputa (15 gubernaturas, 29 congresos locales y

en 30 entidades se renovarán los ayuntamientos)”. Añadió: “El INE podría entrar a una zona de riesgo, porque se trata de organizar una elección para permitir la recreación de la democracia y de darle elementos de identidad a millones de mexicanas y mexicanos”. Subrayó que reconoce la importancia de los programas sociales que puedan verse beneficiados con los recursos recortados al Instituto, “pero la

paz pública, la estabilidad política y la estabilidad económica dependen de que haya elecciones confiables, bien realizadas, con condiciones de equidad, como las que ha organizado el INE en los últimos años”. El problema que podría presentarse ante un recorte de esta naturaleza, advirtió, no sólo es para el Instituto, sino también para la sociedad mexicana, ya que se debilita la capacidad para enfrentar los desafíos de la democracia. “Con esta decisión, si prospera, se van a poner en riesgo los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, la capacidad probada de poder organizar elecciones de manera equilibrada y cierta como hasta ahora”. Remató: “Sin un INE funcional, sin un INE capaz de brindar servicios ni de arbitrar elecciones equitativas, en condiciones de equidad, bien fiscalizadas, la paz pública, la estabilidad política y la estabilidad económica se ponen en riesgo”.

Diputados de la Comisión de Cuenta Pública aprueban el Presupuesto de Egresos 2020 “Este dictamen ha sido muy oscuro y poco estudiado”, soltó Sonia Rocha, secretaria de la Comisión de Presupuesto. “¿Cuál es el motivo para no mostrar un avance del dictamen? El caos legislativo es su principal regularidad. Lo que sabemos de este presupuesto, que en dos horas pudimos hojear, es que no saben legislar con contrapesos”, criticó. Los panistas reprobaron el recorte de 4 mil 182 millones de pesos a los organismos autónomos, y acusaron que el presupuesto se asignará de forma inequitativa, además de que beneficia a los estados gobernados por Morena. “De los 6 billones 100 mil millones de pesos que tiene el gobierno federal en su gasto, sólo 30% se destina a los estados y municipios. Lo lamentable es lo inequitativo del gasto a desarrollo social, de los 3 billones aproximadamente para combatir la pobreza. El 60% del presupuesto se va a los seis estados gobernados por More-

na, 19% para el PRI que gobierna 11 estados y 11% para los 10 estados que gobierna Acción Nacional”, agregó Xavier Azuara. Pero no sólo los panistas se quejaron del presupuesto y las condiciones en que se discute. La diputada María del Carmen Cabrera, del PES, también secretaria de la Comisión de Presupuesto, fue muy dura al referirse a las reducciones al campo y el trato que han recibido los manifestantes que mantienen un cerco en torno a la Cámara de Diputados. “Lamento que se haya montado un operativo para detener a los campesinos que estaban pidiendo no limosnas, no apoyos directos para ellos, estaban pidiendo caminos rurales, que los hace el gobierno; estaban pidiendo que se incrementaran los apoyos indígenas, pero para todos, no nada más para los de Oaxaca. Que se apoyara a la ganadería con un fondo ganadero, no extinguiéndolo”. Añadió: “Estaban pidiendo que en lugar de recursos para la universi-

dad del beisbol se apoyara a la mujer rural con un programa en específico como lo marca la ley”. De acuerdo con Cabrera, a los campesinos “se les arrinconó con tanquetas de agua, con el grupo de élite antiterrorista, como si fueran los peores delincuentes de este país. Creo que, si ese operativo que hicieron ayer y hoy, se lo hicieran a los delincuentes que tienen de rodillas al Estado mexicano, no habría delincuentes en las calles matando niños y familias”. Pese a sus críticas, la diputada del PES votó a favor del dictamen en lo general, y anunció que presentará sus reservas ante el pleno.

Viernes 22 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Piedra Ibarra plantea una “reforma” de la CNDH basada en lineamientos de “austeridad republicana” Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

estida de negro, con la fotografía de Jesús, su hermano desaparecido, colgada en el pecho, Rosario Piedra Ibarra se presentó a su primera conferencia de prensa como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para anunciar una “reforma” del organismo autónomo basada en lineamientos de “austeridad republicana” fijados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Luego de informar que trasladará su oficina a la sucursal del Centro Histórico de la Ciudad de México, y después de subrayar que proviene de una familia de víctimas, Piedra Ibarra habló de “acabar con la corrupción, la simulación y la impunidad”. También mencionó una reducción presupuestaria de al menos 30% “para utilizarlo en las áreas de prioridad de la Comisión en el área de quejas y en los programas que sean de apoyo directo a las víctimas”. De acuerdo con el documento leído por la ombudsperson, para reformar la CNDH aplicará 20 “medidas de austeridad y optimización de recursos”, que incluyen la reducción de su salario y el de otros funcionarios que tengan remuneraciones superiores a las del presidente López Obrador, conforme a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. De igual manera, la disminución de gastos de operación y de la plantilla de personal de confianza; suspensión de contratación de personal eventual o por honorarios; recorte de “gastos de viáticos al mínimo”, así como eliminación de viajes al extranjero. También se cancelará la partida de “seguro de separación individualizada”, una suerte de caja de ahorro especial, y se revisará la utilidad de los siete inmuebles que tiene el organismo en la Ciudad de México. También se plantea la reducción de

Sara Pantoja Ciudad de México (apro)

La terna que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República para cubrir el puesto de ministro vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estará integrada sólo por mujeres, aunque no reveló sus nombres, y será presentada este viernes 22 de noviembre. “Nos corresponde enviar una terna al Senado porque se va a elegir a un nuevo ministro en la Suprema Corte de Justicia. Mañana como co-

publicidad y de automóviles para la presidencia de la CNDH, además de ahorros en gastos de oficina, luz, agua telefonía y gasolina, así como el recorte en la contratación de asesores y de investigadores externos. Sin ofrecer cifras claras, Piedra Ibarra señaló que se revisa de “cuánto es el desfalco” por la contratación de “prestación de servicios y renta de equipos”, y si fueron otorgados “mediante el influyentismo y la corrupción”. La ombudsperson también mencionó 10 acciones inmediatas, entre ellas solicitar al Senado de la República la emisión de la convocatoria para la designación de consejeros consultivos para ocupar los cinco espacios vacantes tras la renuncia de consejeros ciudadanos; el abatimiento del rezago de expedientes de queja, y la apertura en el diálogo con “todas las víctimas de violaciones a derechos humanos, con los colectivos realmente comprometidos con esta causa” y con los legisladores. Asimismo, la creación de módulos itinerantes que recorran el país y la capacitación a visitadores adjuntos “en temas de mediación y solución pacífica de conflictos (…) siempre y cuando no sean violaciones graves a los derechos humanos”. Piedra Ibarra sostuvo que una de las acciones de la CNDH a su cargo será el combate a la “impunidad”, y afirmó que no permitirá que “ninguna autoridad responsable de violaciones se sustraiga de la acción de la Comisión”. Encontrarse por primera vez en conferencia de prensa con los reporteros

de la fuente no fue fácil para Piedra Ibarra, quien no pudo evitar ser interrogada por su cuestionado proceso de designación, su opinión respecto de las expresiones del presidente López Obrador al referirse a la carta de Javier Sicilia, y el tratamiento que dará a la recomendación sobre Estancias Infantiles rechazada por la Presidencia de la República. Pese a que en las primeras líneas de su discurso sostuvo que no entraría “al debate mediático porque jurídicamente se acabará por esclarecer la verdad”, Piedra Ibarra aseguró que no mintió al postularse y que su designación fue legal. Más del 50% de los cuestionamientos de los representantes de medios de comunicación estuvieron relacionados con la legitimidad, ante señalamientos de exaspirantes, exconsejeros, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) e incluso de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos (ONU-DH), que la víspera advirtió de la “polarización” y las “dudas” en que se vio envuelto el nombramiento de la hija de Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka. Una y otra vez, la ombudsperson, quien hasta el pasado jueves 7 fue consejera de Morena, insistió que no había mentido, que “lo demás es asunto de los senadores”, y defendió su derecho de estar al frente de la CNDH. Advirtió que, a excepción de ella, “no estuvieron incluidos luchadores sociales entre los (55) aspirantes” que se postularon para

el cargo, y precisó que las instancias correspondientes se encargarán de dirimir las impugnaciones. Cuando se le preguntó sobre el pronunciamiento de alcaldes y gobernadores panistas, de desconocerla como ombudsperson, así como sus recomendaciones, Piedra Ibarra, soltó: “La ley es la ley, se tiene que cumplir, y ese ha sido el trabajo de la CNDH con las recomendaciones, quien quería las acataba”. Y manifestó que uno de los gobernadores que la ha defenestrado “no acató ninguna de las recomendaciones, así que infringió la ley”. Insistió en que la no aceptación de las recomendaciones “es lo que no se puede seguir permitiendo”, por lo que buscará los “mecanismos legales para ver que las recomendaciones legales se ejecuten y ver de qué manera se hace presión”. Al respecto, se le preguntó si aplicará esos mecanismos para que el gobierno de López Obrador acepte la recomendación sobre Estancias Infantiles dirigida a las secretarías de Bienestar y Hacienda y Crédito Público, y rechazada por el presidente, y dijo que revisaría el expediente para detectar “si los que vienen ahí se siguen quejando de falta de justicia. Se tendrá que revisar para ver qué fundamento tiene”. Piedra Ibarra también fue cuestionada sobre las recientes expresiones del Ejecutivo, en el sentido de que le daba “flojera” atender a Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, quien también ha sido víctima de la delincuencia, a lo que respondió: “Esa es la opinión del presidente, a él es al que tienen que cuestionar, no puedo responder por él, habría que cuestionarle por qué utilizó esa expresión, pero yo voy a recibir a aquel luchador social, activista, a todo aquel que quiera platicar conmigo y que quiera que se le apoye en algo que considere se le ha violentado. Si el señor Sicilia se acerca, bienvenido”.

La terna para vacante de la Suprema Corte estará integrada sólo por mujeres, adelanta AMLO rolario de este acto, voy a enviar la terna y van a ser tres mujeres”, adelantó, en el contexto de la firma del Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el Palacio Nacional. El espacio a ocupar en la Corte es el que el pasado 3 de octubre dejó el ministro Eduardo Medina Mora, quien renunció al cargo en medio de una investigación que se le sigue por

recibir transferencias bancarias de Estados Unidos e Inglaterra. Tras el anuncio hecho la mañana de este jueves en su conferencia matutina, López Obrador fue ovacionado por decenas de mujeres representantes de foros realizados en las 32 entidades del país, quienes ocuparon las primeras cuatro filas de asientos en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

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Viernes 22 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

López Obrador confirma reunión con los Lebarón, pero les pide no llevar a dirigentes de ONG Sara Pantoja Ciudad de México (apro)

l presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se reunirá con integrantes de la familia LeBarón, víctima de ataques violentos hace tres semanas en Sonora, pero les pidió que el encuentro sea sin dirigentes de organizaciones civiles para “evitar el oportunismo”. “Sí vamos a entrevistarnos con la familia LeBarón que están necesitados de información. Tenemos muchas cosas que decirles, se está avanzando mucho en la investigación sobre estos asesinatos lamentables de tres mujeres, seis niños. Estamos buscando que se tengan buenos resultados en la investigación”, dijo esta mañana en su tradicional conferencia. No obstante, López Obrador hizo una demanda especial: “lo único que les vamos a pedir es que vengan los familiares… como vamos a presentarles toda la información, que sea en la intimidad y que si pueden evitar que vengan dirigentes que usan estos casos con propósitos políticos, como que no sería lo más conveniente”. El tabasqueño reconoció que los integrantes de esa familia “desde hace tiempo están luchando contra la inseguridad y la violencia” y que serán bien recibidos por su gobierno. “Les vamos a dar toda la información, los vamos a escuchar, los vamos a atender como se merecen, lo único que pedirles es que puedan venir

De la redacción Ciudad de México (apro)

Por tercera vez consecutiva, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) bajó su estimación de crecimiento para México para el 2019 y 2020, aunque con repuntes para el año siguiente. Para ambos años, el organismo internacional disminuyó en tres décimas su diagnóstico al pasar de 0.5 a 0.2 por ciento para 2019, y de 1.5 a 1.2 por ciento en 2020. No obstante, para el 2021 se estima que la economía mexicana tenga un crecimiento de 1.6 por ciento. Proyección que, sin embargo, aún queda lejos del 2.3 por ciento que el organismo tenía para 2019 apenas en marzo pasado. En su Panorama Económico 2019, la OCDE atribuye la dismi-

“Sí vamos a entrevistarnos con la familia LeBarón que están necesitados de información. Tenemos muchas cosas que decirles, se está avanzando mucho en la investigación sobre estos asesinatos lamentables de tres mujeres, seis niños. Estamos buscando que se tengan buenos resultados en la investigación”, dijo esta mañana en su tradicional conferencia

ellos… pero si ellos quieren traer a personas de las organizaciones de la llamada sociedad civil o de organizaciones, también son bien recibidos, pero sería mucho mejor que no se mezclara con el oportunismo

que siempre desatan estos hechos lamentables”. En días pasados, Adrián LeBarón informó que el próximo 2 de diciembre por la mañana se reunirán con el Ejecutivo para recibir informa-

ción detallada sobre el avance de las investigaciones del ataque mortal del que fueron víctimas en Bavispe, Sonora, seis niños y tres mujeres integrantes de su familia, el pasado 4 de noviembre.

La OCDE baja (de nuevo) su estimación de crecimiento a México para 2019 y 2020 nución en su estimación a las tensiones comerciales y la incertidumbre política que han reducido la confianza empresarial y, por tanto, frenado la inversión. Asimismo, el organismo consideró que para aumentar la productividad se requieren reformas en áreas clave como las judiciales y continuar la lucha contra la corrupción, pues contribuiría a una mayor inversión y eficiencia del sector público. La OCDE destaca que para que haya crecimiento en la economía el consumo interno será un motor clave, además de salarios más altos y remesas fuertes.

Viernes 22 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Inmujeres, Segob y Presidencia firman acuerdo por la igualdad entre hombres y mujeres De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

a presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann y la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero en conjunto con el presidente Andrés Manuel López Obrador firmaron el Acuerdo por la Igualdad entre mujeres y hombres que buscará garantizar una mejor calidad de vida, seguridad y oportunidades desarrollo para las mujeres y niñas. Durante el evento realizado en Palacio Nacional, las funcionarias indicaron que dicho acuerdo plasma las necesidades expresadas por las mexicanas en los foros de consulta “Mujeres trabajando juntas por la transformación de México” realizados a lo largo de tres meses en los 32 estados de la república donde se dialogó con casi 5 mil mujeres para conocer sus demandas y propuestas, entre las que destacaron el trabajo de cuidado de otras personas y el acceso pleno al desarrollo económico. “Muchas de estas mujeres tienen niños pequeños, personas con discapacidad y adultos mayores… ellas están al cuidado de esta personas en su hogar, de estos integrantes de su familia que tienen que cuidar y no

Andrea Franco Chetumal, Qroo. (Cimacnoticias)

Agrupaciones feministas de Quintana Roo condenaron la realización del Foro “Cada Vida importa” realizado en el Congreso del estado el cual fue apoyado por el Partido Acción Nacional (PAN) e impulsado por grupos de corte religioso, por lo que anunciaron que interpondrán una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. “Evidenciamos y denunciamos la incongruencia de las autoridades involucradas en la realización del foro denominado ‘Cada Vida Importa’, con tintes claramente religiosos y posturas anti derechos, mismo que fue llevado a cabo el día de hoy en el recinto del H. Congreso del estado de Quintana Roo”, sentenciaron integrantes del colectivo Marea Verde. Precisaron que el evento fue una clara afrenta y violación al Estado Laico, y por supuesto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y calificaron como “vergonzoso” que las distintas autoridades esta-

“Muchas de estas mujeres tienen niños pequeños, personas con discapacidad y adultos mayores… ellas están al cuidado de esta personas en su hogar, de estos integrantes de su familia que tienen que cuidar y no pueden laborar fuera de sus casas” indicó la secretaria de Gobernación

pueden laborar fuera de sus casas” indicó la secretaria de Gobernación. Te puede interesar: Acceso al empleo y a la educación principales causas de discriminación de las mujeres en México Por su parte, la presidenta del Inmujeres, destacó que la firma del Acuerdo nace también de los principios del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

“Es muestra de la voluntad transformadora del Ejecutivo federal, de una nueva forma de hacer política en nuestro país, que no solo mira a las personas sino que construye con ellas”

Nadine Gasman Zylbermann , presidenta de Inmujeres Añadió que los programas sociales que ha puesto en marcha la ac-

tual administración ha beneficiado en su mayoría a las mujeres, sobre todo a aquellas que han enfrentado las mayores desventajas sociales, culturales y económicas. “Como ejemplo contamos con “Jóvenes construyendo el futuro”, donde representan casi 60 por ciento de las becas para la inserción laboral o el “Programa de Apoyo a Bienestar de niñas y niños de madres trabajadoras”, en donde las mujeres representan 90 por ciento de este beneficio económico” aseguró la presidenta del Inmujeres. Finalmente, Gasman Zylbermann destacó que con este acuerdo se adoptan seis compromisos, 37 estrategias y 273 acciones que benefician el avance de los derechos de las mujeres en su calidad de vida, en su seguridad y de la paz para ellas. “Tengan por seguro que trabajaremos para que estos acuerdos se cumplan… no dejaremos a ninguna mujer atrás, ni a ninguna mujer fuera” finalizó la titular de Inmujeres.

Congreso de Quintana Roo viola Estado Laico y realiza Foro Provida tales continúen pronunciándose en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, cuando deberían estar legislando a favor de ellos. Consideraron que prevalece un doble discurso y recordaron que el Estado mexicano es Laico, por lo que debe separarse de la Iglesia por lo que condenaron la realización del Foro por parte de grupos antiderechos entre los que se encuentra “Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa” y el “Consejo Interreligioso del Estado de Quintana Roo”, ambos se han pronunciado por “el derecho a la vida desde la concepción”. “Exhortamos entonces a las autoridades a recapacitar sobre su actuar, demostrar un correcto uso de su representación popular, puesto que este tipo de acciones regidas

por creencias particulares son una afrenta directa contra los Derechos Humanos de las mujeres”. La diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Reyna Durán, precisó que el espacio fue gestionado por la coordinadora

del Grupo Parlamentario del PAN y presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Atenea Gómez. Cabe recordar que el PAN apoya la propuesta ciudadana para crear el “Instituto Estatal de la Familia” y la creación de un “Código Familiar”.

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Viernes 22 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ATENDER A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA, “DA FLOJERA ESO” José Gil Olmos

esde 1991 Andrés Manuel López Obrador empezó a realizar marchas exigiendo un cambio democrático en el país. Luego, a partir del 2005 hizo giras electorales como candidato presidencial. Hoy que ya es presidente recuerda esos pasajes como medallas y ante el anuncio de Javier Sicilia de que habrá de realizar una nueva marcha para exigir un cambio en la estrategia de seguridad pública y detener la ola de violencia, la compara con las suyas y la desdeña con una expresión de soberbia inusitada. El distanciamiento de López Obrador con los familiares de las víctimas de la violencia viene desde la campaña presidencial del 2012 cuando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad pidió a todos los aspirantes se comprometieran para atender este grave problema. En aquella reunión celebrada en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Andrés Manuel no estuvo cómodo y rechazó el polémico beso en la mejilla que Sicilia daba emulando el saludo antiguo de los cristianos. Escuchó las cuitas de las familias de muertos y desaparecidos, pero siempre con un gesto duro y hasta de apatía en la mesa de diálogo en la que se comprometió a atenderlos de llegar a la Presidencia de la república. En agosto y septiembre del año pasado y luego en enero del presente, ya como presidente en funciones, López Obrador tuvo una nueva reunión con familiares de víctimas de la violencia que le demandaron a gritos cambiar su posición de ofrecer perdón a los victimarios sin atender la exigencia de justicia de quienes perdieron a sus seres queridos. La demanda, sin embargo, no fue escuchada. Todo parece indicar que a López

Obrador le molesta e incomoda atender los reclamos de quienes han sido afectados por la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico. El rechazo a la decisión de Sicilia de salir nuevamente a las calles a protestar por la violencia que en este año de gobierno alcanza los 30 mil muertos, expresa ahora no solo enojo sino la imposibilidad de su gobierno para resolver la demanda más sentida de la población. López Obrador ve a Sicilia y a los familiares de las víctimas de la violencia como adversarios a su gobierno. También los mira como si fueran sus competidores. “Yo vengo de la oposición, nosotros hacíamos marchas, éxodos, manifestaciones. Imagínense cuántas veces estuvimos en el Zócalo, muchísimas y vamos a seguir estando para no perder la costumbre. Entonces, adelante la protesta, no podemos impedirla; desde luego no compartimos puntos de vista, pero esto es también normal en un sistema democrático, siempre lo hemos dicho” dijo el lunes pasado en su conferencia mañanera, pero de inmediato acotó. “Hay una oposición. Ahora se quiere que se cambie la estrategia en materia de seguridad. Nosotros decimos: No vamos a regresar a lo mismo, no es con el uso de la fuerza, no es con la violencia, no se puede enfrentar al mal con el mal, al mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y esa es esta estrategia”. El presidente se equivoca en pensar qué Sicilia en tanto víctima -le asesinaron a su hijo Juan en 2011 miembros del crimen organizado— quiere que se tome el camino de las armas para combatir la inseguridad. Es todo lo contrario, pero en su afán de ver como enemigo a todo aquel que

no está de acuerdo con sus propuestas, no escucha el reclamo de Sicilia y muchos de los familiares afectados de no usar al Ejército, disfrazado de Guardia Nacional, para combatir al crimen organizado. No se trata de reprimir, torturar, perseguir, desaparecer a personas o de masacrar, pero tampoco de perdonar a los victimarios para acelerar un proceso de paz con fines políticos. Sino de aplicar la justicia. Queda registrada la respuesta del presidente en la versión estenográfica de la conferencia matutina del 18 de noviembre pasado: --¿Pero va a recibir a Javier Sicilia? --No sé, lo puede atender la secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos. Porque, así como él tiene el derecho de manifestarse y de ser recibido, pues todos los ciudadanos… Y yo tengo también muchas actividades, tengo que administrar mi tiempo, que es de todos. Entonces, imagínense que yo voy a estar esperando aquí y la prensa conservadora, fifí, y nuestros adversarios dándose vuelo. Yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores: ‘El gran encuentro’. “Cuántos días de notas en la prensa fifí sobre la marcha y el encuentro para que me sienten en el banquillo de los acusados y todo México se dé cuenta: ‘¡Qué barbaridad!’, ‘vilipendiado el presidente, ninguneado el presidente’, ‘hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades’. Da flojera eso”. Por cierto… Horas después de rechazar un encuentro con Sicilia, López Obrador se reunió con Carlos Slim y con el comisionado de la Liga Nacional de Futbol Americano, Roger Goodell, con quienes hablo de negocios y de beisbol.

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MÁS RECORTES CONTRA LAS MUJERES: PPEF 2020 Lucía Melgar Palacios

iguiendo el guión de la austeridad, sin corregir su visión excluyente de las mujeres, el gobierno federal ha determinado nuevos recortes a programas sociales destinados a mujeres y niñas. Como si la población femenina no constituyera un porcentaje significativo de la población marginada o en pobreza, tras desaparecer “Prospera”, eliminar los apoyos para estancias infantiles y reducir los recursos destinados a refugios para mujeres violentadas, el proyecto de PEF2020 acumula nuevas medidas que evidencian la ceguera oficial ante desigualdades estructurales y demandas urgentes. La pregunta ya no es si no importan las mujeres sino por qué se determina acentuar la feminización de la pobreza. No es casual que el PPEF elimine o reduzca los recursos a programas que las han beneficiado o que se requieren para frenar la violencia misógina y las dé por incluidas en medidas genéricas como “Jóvenes construyendo el futuro” o “Sembrando vida”. Prospera podía criticarse porque cargaba sobre las mujeres la obligación de cumplir con medidas para mejorar la salud familiar o impulsar la educación de las niñas y adolescentes. Al apostar por el sentido de responsabilidad de las mujeres y la transformación de los roles de género a partir de ellas, este tipo de programas puede con-

llevar mayor violencia de pareja. Sin embargo, para muchas el acceso a recursos económicos y la valoración de su papel como jefas de familia les da mayor autonomía. Dejarlas sin ingreso y sin acceso a la salud por este medio, y disminuir a la vez los fondos destinados a salud materna, sexual y reproductiva, les cierra opciones y empeora su situación. Los recortes a las estancias infantiles han afectado ya a miles de mujeres obligadas a dejar su empleo, a aceptar condiciones precarias o pasar a la informalidad, con tal de poder cuidar a sus hijos e hijas. La creencia gubernamental en la abnegación de las abuelas o en la infinita generosidad familiar pasa por alto los cambios sociales de los últimos 30 o 50 años, las ventajas de la educación temprana, los derechos de la infancia y el derecho a la igualdad. Para colmo, como si no existieran la violencia familiar, el abuso sexual infantil, o hubieran disminuido el feminicidio y la trata, se mantiene la idea de remplazar los Refugios probados con el modelo “Puerta Violeta”, se plantea reducir los fondos para el ya deficiente Banco Nacional de Datos sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), se limitan los fondos para prevenir y atender la violencia misógina, como ha documentado Nayeli Roldán (Animal Político), por ejemplo. ¿Será irrelevante que así se fomenten y reproduzcan

condiciones de precariedad, inseguridad, desigualdad de oportunidades, roles de género tradicionales perjudiciales para todos, y se violen el derecho a la educación y la salud y a vivir sin violencia? Suponer que basta con impulsar la siembra de árboles o las becas para estudiantes de primaria o secundaria, o los “apoyos” para integrar a la juventud al trabajo, sin tomar en cuenta las condiciones específicas de las mujeres y niñas en distintas regiones, es ignorar los beneficios, aun limitados, de los programas sociales anteriores que tampoco eran el supuesto pozo sin fondo y sin sentido – y, en todo caso, podían mejorarse. Es también suponer que un modelo unisex le quedará a todo mundo. ¿Qué mujeres y dónde podrán “sembrar el futuro” si no tienen acceso a la tierra? ¿por qué se privilegia el cultivo de árboles que quizá las comunidades no necesitan? ¿Cómo se asegurará el buen uso de las becas a menores de edad? Demasiadas preguntas sin más respuesta que el voluntarismo y el afán clientelar. Con estos nuevos recortes y simulaciones, parece reafirmarse la intención de devolver o encajonar a niñas y mujeres en la dependencia. Si la paridad en el Congreso tiene sentido, urge que senadoras y diputadas defiendan un presupuesto que garantice los derechos y necesidades reales de todas ellas.

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NUESTROS ASESINOS VIVEN EN NUESTRA CASA Agustín Basave

ax Weber está en boca de todos. El alarde de poderío de un cártel para liberar a uno de los suyos en Culiacán y la masacre de mujeres y niños por parte de otro grupo criminal en Bavispe han suscitado un coro de invocaciones al Estado para asumir el monopolio de la violencia legítima. México vive atenazado por la delincuencia y a menudo ocurren atrocidades que rondan crisis humanitarias, eclosiones de crueldad que siembran muerte y desolación. Abundan voces que claman por el uso de la fuerza pública para reprimir al crimen organizado y garantizar la seguridad de la sociedad. El presidente López Obrador se rehúsa a hacerlo. Argumenta, con razón, que esa estrategia fracasó y agravó el problema en los últimos dos sexenios, pero salta erróneamente al otro extremo. Está convencido de que el origen del problema es la injusticia social y de que la violencia ilegítima de los delincuentes no debe combatirse con violencia legítima del Estado. Si sus predecesores la enfrentaban con nada más que la fuerza, él la enfrentará con todo menos la fuerza. Nadie ha podido hacerle ver que en esas dos convicciones está equivocado. En la primera porque la delincuencia provocada por la pobreza juega un papel secundario en la criminalidad en gran escala, que sostiene emporios empresariales movidos por el afán de lucro y poder. La lógica de que los cárteles no existirían si hubiera bienestar social llevaría a concluir que en el primer mundo no habría grandes empresas porque la miseria no alcanzaría para abastecerlas de mano de obra. No es así. El capital, legal o ilegal, recurre a todo para multiplicarse. Negocios son negocios. La segunda tesis, la de que a los violentos no se les debe confrontar con violencia, es insostenible. Desde luego que la desigualdad y el orden injusto

son causas y efectos de la corrupción, y que contrarrestarlos es eliminar uno de los detonadores delincuenciales, pero mientras ese proceso justiciero se da es imperativo usar la fuerza pública. Y después también: ni las sociedades más equilibradas y prósperas pueden vivir sin policías armadas. La clave es tener un Estado sólido, y la clave de esa clave es erradicar la impunidad, para lo cual es necesario meter a los criminales a la cárcel. He aquí el imperativo del justo medio: ni el extremo de la guerra contra el narcotráfico ni el de los abrazos sin balazos resuelven la inseguridad que vive nuestro país. Se requiere una combinación de ambas estrategias y algo más. Reitero lo que escribí en este mismo espacio: la gente les dirá “fuchi y guácala” a los delincuentes cuando los vea tras las rejas y no al frente de sus comunidades. Pero dejémonos de teorizaciones y vayamos a la realidad. Nuestro país está infestado de violencia; los mexicanos vivimos en medio de una barbarie de proporciones inenarrables. La criminalidad está en todas partes; produce y trafica drogas, roba gasolina, medra ilícitamente con la madera o con el aguacate o con cualquier producto que genere utilidades, controla cientos de municipios, decide quién y cuándo entra a sus regiones, extorsiona, secuestra, asesina. Su capacidad de fuego es gigantesca y su logística muy sofisticada. Y ya no titubea en acribillar familias que pueden recibir la protección de Estados Unidos. La timidez gubernamental los envalentona. Ahí están los criminales, pues, y no se van a ir ni “se van a quedar solos” porque haya becas, programas sociales y moralización. Permanecerán en tanto se les deje trabajar y sus actividades sigan generando inmensas fortunas. AMLO ha dicho que no quiere –y quizá tampoco pueda– pactar con ellos como se hizo en el pasado, distribuyendo enclaves y rutas y vetando ciertas actividades. La inteligencia financiera, una palanca

fundamental subutilizada en otros sexenios, se esgrime en este como un eje estratégico, y se discute otra, la legalización de la mariguana, que reduciría sus ganancias. Celebro que el secretario de Seguridad impulse ambas acciones, porque limitarse a descabezar cárteles no mata a una Hidra presta a regenerar y multiplicar sus cabezas. Con todo, es imprescindible capturar a algunos capos. ¿Qué se hará cuando opongan resistencia? ¿Para qué se creó una Guardia Nacional militarizada y se le dotó de un potente arsenal? Aunque es muy difícil decidir qué hacer, es fácil saber qué no hacer: bajo ninguna circunstancia debe permitírseles que sean gobierno de facto. Con selectividad y sagacidad, con tiros de precisión y operativos quirúrgicos, tiene que arrebatárseles el control del territorio, y eso presupone recurrir en alguna medida a la violencia legítima. Solo un rehén permite que viva en su casa un asesino serial, y solo un iluso mantiene la esperanza de que se porte bien. Y esto nos lleva a una última pregunta: ¿por qué es AMLO tan renuente a usar la fuerza que legítimamente comanda? ¿Qué cuida? Si es la vida de los mexicanos, se entiende el yerro; pero si es su sitio en los anales de México, el juicio de la historia será implacable. Volvemos a Weber: la ética de la convicción no excluye la ética de la responsabilidad. Quien ejerce el poder no tiene derecho a cuidar su imagen a costa de la ingobernabilidad de su país. PD: Es triste que Evo Morales, quien pudo haber terminado como un gran presidente de Bolivia, haya recurrido a la antidemocracia para perpetuarse en el poder, y que los militares bolivianos hayan dirigido lo que fue, para efectos prácticos, un golpe de Estado; bien que México le dé asilo. Y es vergonzoso que el Senado no haya repuesto la elección turbia de la presidenta de la CNDH y que Morena hay impuesto la fuerza sobre la razón.

Viernes 22 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

¿RESOLUCIONES DE PAPEL O DE IMPACTO MONUMENTAL? Luis Miguel Cano López

n próximos días, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia decidirá un caso de máxima trascendencia, pero que curiosamente podría tener escasa cobertura mediática. Se trata del amparo en revisión 327/2017, el cual brindará la oportunidad para que se avance en la delimitación de los actos de particulares que por su equivalencia con los actos de autoridad, resultan justiciables vía el amparo. No tengo duda de que, si el respeto por los derechos humanos de todas las personas guiara nuestra convivencia social, ello contribuiría a erradicar nuestros graves problemas. Si a la par de exigir que las autoridades cumplan sus labores, lográramos asumir nuestras propias responsabilidades y comportarnos del modo que queremos que se nos trate, estaríamos en una situación muy distinta y mejor. Pero lo cierto es que la congruencia es una virtud que se nos escapa demasiado. En todo caso, me da esperanza que en ciertos casos los actos de particulares que tengan por consecuencia la violación de algún derecho humano, puedan juzgarse a través de nuestro juicio de amparo. En concreto, el asunto por resolver en la Primera Sala de la Corte tiene que ver con que las autoridades de una escuela privada, luego de expulsar a un estudiante del quinto grado de educación primaria por falta de pago de las colegiaturas, le retuvieron sus evaluaciones y exámenes.

Vale la pena aclarar que la expulsión por falta de pago no se considera un acto cuestionable por medio del amparo en el proyecto de sentencia que para este asunto preparó la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Solamente el hecho de que la escuela, como una especie de represalia, retuviera aquellas evaluaciones y exámenes, con lo cual, seguramente dificultó que el niño afectado pudiera cambiarse de institución educativa sin perder continuidad en sus estudios. Preciso lo anterior, primero, para evitar que alguien reaccione de mala manera, y sin empatía alguna y sin sentido, vocifere sobre lo terrible que sería obligar a las pobres escuelas privadas a continuar con su servicio a pesar de la falta de pago. Nada tiene que ver este caso con eso, así que por ese lado no debería politizarse este asunto. Al contrario, pienso que mucha gente hoy por hoy, por muy distintas causas, enfrenta dificultades económicas que no obedecen a su irresponsabilidad, por lo que un mínimo trato humano sería no agravar más su apremiante situación. El niño involucrado en esta historia, pasados casi cinco años de los hechos que se juzgan, probablemente esté cursando ya la preparatoria, así que es mi deseo que él y su familia, cuyas identidades desconozco, estén mejor, mucho mejor. Espero también que lo lento de nuestro sistema de justicia y la decisión que se proyecta para su caso, no les haya desilusionado, ni les vaya a desilusionar. Qué más quisiera que pudieran apre-

ciar que su caso implica una causa de vital importancia. Ojalá también no les haya afectado demasiado este evento, porque la verdad es que de forma alguna la sentencia de amparo les va a proporcionar una reparación integral. Si prospera la propuesta, se ordenará a la escuela únicamente que ponga a su disposición inmediata las evaluaciones y exámenes retenidos, junto con una invitación para que se abstenga de reiterar esa conducta en lo futuro y adaptar sus prácticas internas al criterio adoptado por la Primera Sala, con el cual pretende que se entienda que el cumplimiento de las obligaciones legales de tal escuela no puede condicionarlo al cumplimiento de los contratos que celebra con sus clientes. En esos términos, más allá de las lecciones que queden para la escuela juzgada, si el resto de integrantes de la Sala comparte la propuesta presentada, quedarán desarrollados algunos elementos para avanzar en la justiciabilidad de los actos de particulares que violan derechos humanos. Habrá ocasión de escribir, cuando esta sentencia sea dictada, en torno a la importancia de que particulares lleven a cabo funciones de relevancia pública, a partir de una responsabilidad estatal delegada, bajo un principio de intervención pública, a la luz de una norma que establezca el proceder de tales particulares como parte de una función estatal o servicio público. Hasta entonces, se conocerá si este precedente apunta en la dirección adecuada.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

LA FARSA DEL “CHIAPAS SEGURO”…

a verdad, nunca se ha podido tapar el sol con un dedo y en lo que se refiere a la inseguridad que se está viviendo y padeciendo en las principales ciudades de Chiapas por no decir todo el Estado, ya es un clamor popular que las autoridades dejen de ser omisas o ineptas y se pongan a trabajar por la estabilidad social de los ciudadanos. Hace apenas unos días hice referencia a la urgencia de que el Gobierno del Estado –Gobernador, Secretario General de Gobierno y titulares de la Fiscalía General de Justicia y Seguridad Pública— se pusieran a trabajar en la prevención de la seguridad de Chiapas y los chiapanecos ante la “contaminación” que viene del vecino Estado de Tabasco y el Sur de Veracruz que están infectados de delincuencia organizada, refugiándose en nuestra entidad. Pero no; la percepción que se tiene desde las esferas oficiales del gobierno estatal y los municipios es que “Chiapas es una entidad segura”. Y debe ser, porque “ellos” viven en una burbuja de confort de cuyo círculo blindado no salen; tienen todas las medidas de seguridad y los elementos necesarios para defenderse, cómo el que va a ejercitarse al Parque del Oriente con una cuadra de diez guaruras, más los apostados en todo el recorrido. Una cosa es lo que el Presidente Municipal de Tuxtla, CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ dice y otra lo que sucede en el centro y alrededores de la capital chiapaneca donde los asaltos a mano armada y a plena luz del día se cometen con toda impunidad, ya sea en los mercados, plazas comerciales, bancos, casa-habitación o las colonias proletarias. La CANACO, el Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas; las asociaciones y colegios de profesionistas ya se han manifestado contra las autoridades por la inseguridad que está permeando a Chiapas, “y que las autoridades hacen caso omiso”. El grito de angustia, indefensión e impotencia que hizo el ciudadano MANUEL NARCIA por el segundo asalto de que es objeto en esta capital, caló en el medio social y puso en alerta a otras personas. Los ocho o más asaltos a bancos en Tuxtla y otros tantos a cuentahabientes, son un “S.O.S”, que el alcalde CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ, el Fiscal General de Justicia, JORGE LUIS LLAVEN ABARCA y la Secretaria de Seguridad Pública, GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO, no han querido atender. Los índices de criminalidad, delincuencia y violencia, se han incrementado desde que fue relevado del cargo de Fiscal, RACIEL LÓPEZ SALAZAR, quien seguramente tenía controlada la situación. No es menos irresponsable

Viernes 22 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado

• LA DELINCUENCIAS SE APODERA DE CHIAPAS. • Inseguridad creciente; nulidad institucional… • Las principales ciudades inundadas de miedo… • ¿Cuál participación ciudadana?...

que CARLOS MORALES tenga y mantenga en la titularidad de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal a un “imberbe-inútil” como JORGE ALEXIS ZUARTH CÓRDOVA que de seguridad pública sabe menos que un recién nacido. La situación es grave y se está poniendo peligrosa en la capital Tuxtla Gutiérrez y por consiguiente en todo Chiapas. Tapachula es un desastre y el alcalde OSCAR GURRÍA PENAGOS, inexperto como todos los paridos por la 4T, está incapacitado para gobernar una municipalidad fronteriza de gran envergadura de problemas sociales, políticos y económicos. La ex “Perla del Soconusco” está colapsada y todavía viene lo peor con los altos índices de violencia, delincuencia y movimiento de migrantes. Muertos y descabezados ya son sinónimo de un estado de indefensión que los “huacaleros” no aguantan. Lo mismo sucede en San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez, donde se están arraigando las bandas delincuenciales que inhiben el turismo y ponen en crisis la economía municipal y someten al miedo a la población. Ya no es válido aquel eslogan que concibieron en el gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO del “Chiapas un Estado Seguro” que sirvió también para etiquetar como “Capital Segura” a Tuxtla Gutiérrez e hizo suyo “para maquillar la inseguridad”, MANUEL VELASCO COELLO. Por eso se señala como “inseguridad creciente y nulidad institucional”, a las autoridades que no toman en serio el problema. Pero, si no hay un programa de prevención y blindaje contra la delincuencia organizada, lo más probable es que en unos años estemos en los niveles de violencia y muerte en que se debaten los estados vecinos de Tabasco y Veracruz…

SIMULADA “PARTICIPACIÓN CIUDADANA”…

Como una simulación o engaño, la oficialidad ha nominado a algunas de sus instituciones con la terminología de “Participación Ciudadana”, que nada tiene que ver con la intervención de los ciudadanos en los actos de dichas dependencias como la “Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana” y el “Instituto Electoral y “Participación Ciudadana”. La seguridad, la ecología, la limpieza pública, la equidad de género, la política, la economía que son quehaceres cotidianos de los ciudadanos y el gobierno, las esferas oficiales dicen que “todo lo hacemos todos”. Y no es cierto, es la estructura del Estado la que dice, ordena y hace lo que le venga en gana. Solo me preguntaría, ¿en dónde está la “participación ciudadana” en el Instituto Electoral y la Secretaria de Seguridad Pública? El IEPC (Instituto Electoral y Participación Ciudadana) nació en la década de los 90s, como un ente “ciudadanizado” después de tantos años de que el control de la “Comisión Electoral” y las elecciones estuvieran bajo la Secretaria de Gobernación –en el ámbito federal—y la Secretaría General de Gobierno en los Estados de la República. Pero finalmente, las buenas intenciones de “sacar al gobierno” de los procesos electorales no tuvo el éxito deseado pues volvió a quedar a la deriva la institución encargada de la legalidad, certeza y confianza de los comicios. Contra esas patrañas se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) que después de 24 años de su fundación, los panistas resolvieron sepultarlo y renacer el ahora Instituto Nacional Electoral con los OPLEs (Organismos Públicos Locales Electorales) “para que los gobernadores no tuvieran injerencia en las elecciones”.

La gata solo resultó revolcada porque los gobernadores siguieron metiendo las manos en las elecciones y el ejemplo tajante está en los comicios del 2018 en Chiapas, donde el ahora ex Gobernador MANUEL VELASCO COELLO puso en alto relieve su intromisión, constatando la sumisión del IEPC con todo y su Consejero Presidente, OSWALDO CHACÓN ROJAS. Las manos del GÜERO VELASCO en esas elecciones se vieron “a ojos de buen cubero” y de la manera más descarada. ¿Entonces, dónde está la “Participación Ciudadana” si el gobierno tiene y mantiene el control de la autoridad electoral o es qué, la participación ciudadana la toman por quienes se erigen autoridades de casillas o aquellos que vamos a emitir nuestro voto como un acto cívico?. En referencia a la inseguridad, la violencia y la delincuencia (organizada o no) que estamos viviendo en Chiapas y las principales ciudades del Estado, vuelvo a preguntar: ¿tiene sentido que la Secretaria de Seguridad Pública lleve el colofón de “Participación Ciudadana”? Creo que está de más porque los ciudadanos no tenemos la responsabilidad de “prodigar seguridad” a la población, sino que son las instancias gubernamentales las obligadas a proporcionarla. ¿En dónde se resume la “Participación Ciudadana” en el combate a la delincuencia y la procuración de seguridad a los ciudadanos? En ninguna parte. En ese sentido, se me hace una burla, un engaño, una simulación el término: “participación ciudadana”, porque en primer lugar, para eso están las instancias de “Seguridad Pública” y segunda, en ninguna parte se especifica que los ciudadanos participen en la seguridad pública. O si hay un precepto que lo contemple, “que alguien me explique”. Viene el tema de la “participación ciudadana” porque el mismo gobierno y sus titulares de dependencias no permiten la participación e intromisión de la ciudadanía en la “cosa pública” aunque lo pidan en sus discursos, foros y consultas. Lo que digamos los ciudadanos no importa y a mí me consta. Yo he presentado diversas propuestas sobre temas que considero relevantes –no que sean la panacea—y que pudieran servir para el desarrollo social, económico y político de la entidad. La última vez fue un legajo de “buenas intenciones” que le entregué al Secretario General de Gobierno, ISMAEL BRITO MAZARIETGOS el viernes 2 de agosto de este 2019 con el título: “Hacer para Trascender”, que a primera vista le gustó al inquilino del segundo piso de Palacio de Gobierno, pero, hasta la fecha, ni siquiera me ha dicho que “no es una buena idea”. Por eso la “participación ciudadana” es una falacia, un engaño y una simulación… Se acabó el mecate… Y ES TODO…

CMAN

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 22 de Noviembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1781

INCONFORMIDAD

COMUNICADO

ONU-DH y CNDH condenan asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano

Socios del Conejobús serían desplazados con proyecto de modernización

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CONFERENCIA

Piedra Ibarra plantea una “reforma” de la CNDH basada en lineamientos de “austeridad republicana” PAG. 5

FORO

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ANUNCIO

La terna para vacante de la Suprema Corte estará integrada sólo por mujeres, adelanta AMLO

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Implementación de urna electrónica en Chiapas debe ser gradual pero iniciarse a la brevedad: Oswaldo Chacón Rojas El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas organizó el Conversatorio “Retos y Desafíos de la implementación de la urna electrónica: caso Jalisco” para conocer la experiencia en el uso de este instrumento, así como sus características y ventajas.

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El INE advierte: con el recorte más grande de la historia se podría entrar en “zona de riesgo”