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CONTRAPODER EDICIÓN 1762

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CMAN

DOXA

EDITORIAL

Los cambios necesarios

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Por diversas razones, pero fundamentalmente por la falta de oficio político, Chiapas ha venido arrastrando de años atrás, problemas de gobernabilidad, sin embargo, pese a las complicaciones sociales, la gobernabilidad se mantenía en condiciones manejables

En la secretaría de educación se gestan problemas por desatención. Prueba de ello son las constantes movilizaciones de normalistas y maestros. A quienes sólo les quedan las calles para hacerse escuchar. Lo grave es que la represión es una práctica recurrente contra la protesta.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Lunes 28 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1762

PROTESTA

LLAMADA

Normalistas que exigen becas estudiantiles al gobierno estatal son reprimidos por la policía

La demanda de los estudiantes es mayores recursos y la reinstalación del internado que fue vedado, además de exigir al gobierno estatal que se instale una mesa de diálogo para que se otorgue más becas estudiantiles

Pide obispo a las autoridades frenar violencia en Chiapas

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DENUNCIA

Corrupción y Estafas se cometen en el Ayuntamiento de San Andrés Duraznal

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Experto castrense: “Al presidente lo espantaron los mandos militares para ocultar sus errores”

HOJAS LIBRES

Roberto Domínguez Cortés PAG. 15

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

CÓDIGO NUCÚ

EXIGENCIA

Docentes exponen falta de atención a sus demandas en la Zona Altos de la entidad

HOY ESCRIBEN

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César Trujillo

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NO CREEMOS EN LO QUE SABEMOS Javier Sicilia

EN LA MIRA

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Héctor Estrada

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CULIACÁN POR DOQUIER Pablo Gómez

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DE NUEVO ALFONSO DURAZO Ernesto Villanueva PAG. 5

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Lunes 28 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

EDITORIAL Los cambios necesarios

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or diversas razones, pero fundamentalmente por la falta de oficio político, Chiapas ha venido arrastrando de años atrás, problemas de gobernabilidad, sin embargo, pese a las complicaciones sociales, la gobernabilidad se mantenía en condiciones manejables, situación que cambió con el nuevo gobierno, en el que los problemas de gobernabilidad se acentuaron, al mismo tiempo que incrementaron los problemas de inseguridad. Al inicio del nuevo gobierno la inseguridad empezó a crecer y ahora es un lugar común las noticias de secuestros, homicidios con violencia, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales de activistas, asaltos bancarios, asaltos a restaurantes y robos con violencia. La gravedad de la inseguridad que se vive en gran parte de la entidad está acompañada por la simulación política y a las acciones mediáticas promovidas desde las oficinas de gobierno, que buscan ocultar e incluso negar la situación que se vive en las calles y en el patrimonio de las familias. La administración que encabeza Rutilio Escandón realiza todos los días reuniones matutinas de seguridad y celebra la disminución estadística de las denuncias de delitos graves, que sitúa a Chiapas como uno de los lugares más se-

guros en el país. Esta información es engañosa en virtud de que las fiscalías tienen la instrucción de que no se levanten denuncias sino actas administrativas, mismas que no se contabilizan en los informes estadísticos que se reportan al sistema nacional de seguridad pública. La situación social que se vive en Chiapas es de gran complejidad pues existe estancamiento y regresión en las actividades económicas locales, que se agudiza por la pobre inversión pública en la entidad; los problemas de gobernabilidad están acompañados de actos de violencia en varios municipios: Escuintla, Aldama, Chenalhó, Tila, San Juan Chamula, Bochil, Ixtapa, El Bosque y Zinacantán, que se manifiestan en reclamos a las presidencias municipales y en donde se agravan por la ausencia de operación política; pese a la mesa de negociación federal continúa latente el conflicto magisterial en la entidad quienes construyen acuerdos con otras organizaciones para estallar el paro de labores y la movilización política; los problemas de inseguridad afectan directamente a la población que no se le puede seguir engañando con informaciones estadísticas manipuladas; en la franja fronteriza los problemas generados por la migración continental y transcontinental está provocando una

sensación de abandono gubernamental y resentimiento social. Bajo estas circunstancias, se percibe cada vez con mayor fuerza, que la administración de Rutilio Escandón no se encuentra al nivel de las circunstancias que Chiapas requiere y que de continuar con esta inercia las actividades económicas van a sufrir una parálisis mayor y seguramente se va a presentar una delicada regresión económica, que incremente la pobreza y la marginación social. La administración de Rutilio Escandón requiere urgentemente de oxigeno y de una cirugía mayor que impacte en la definición de un nuevo rumbo para la entidad. Sin embargo se están viviendo realidades diferentes; el gobernador tiene otra mirada y está situado en otro punto de la realidad chiapaneca, en el que está convencido que viene realizando un buen gobierno y que sus funcionarios son honestos y eficientes. Esta visión ajena a lo que está pasando en Chiapas complica considerablemente las posibilidades de cumplir con las expectativas que la gente se hizo con el cambio de gobierno y se corre el riesgo de que se repita la historia delos gobiernos anteriores: que ante las dificultades sociales se sustraiga a la responsabilidad de gobernar.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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Normalistas que exigen becas estudiantiles al gobierno estatal son reprimidos por la policía De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

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ormalistas de la escuela rural Mactumactzá de esta ciudad capital, se enfrentaron con policías estatales, que intentaron desalojarlos un bloqueo que mantenían la tarde de este domingo. Los normalistas llevan aproximadamente 15 días manifestándose y cerrando las vías que están muy cerca de la Normal Rural de Mactumactzá. La demanda de los estudiantes es mayores recursos y la reinstalación del internado que fue vedado, además de exigir al gobierno estatal que se instale una mesa de diálogo para que se otorgue más becas estudiantiles. Los estudiantes tomaron camiones de pasajeros y dos camionetas de carga para bloquear el Libramiento Norte, pero policías estatales llegaron para intentar desalojarlos. Los manifestantes respondieron violentamente lanzando cohetones, petardos, piedras y demás objetos a los oficiales, quienes respondieron lanzando gas lacrimógeno. Sin embargo, los policías lograron contenerlos y los estudiantes se refugiaron en la escuela normal tras el enfrentamiento. Los estudiantes explicaron que protestaron para exigir al gobier-

Beristáin Javier Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

En Simojovel, en la región norte de Chiapas, luego de diversos actos de corrupción que existen en la actual administración que preside la actual alcaldesa Viridiana Hernández Hernández y síndico municipal Gilberto Marrones Andrade ambos pareja de funcionarios. La cual, están bajo la lupa por la Auditoría Superior del estado de Chiapas (ASE) por malversación de recursos y en las cuales de cantantes de recursos en la cuenta pública. De igual manera, está bajo las órdenes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de trabajar con disciplina con la ciudadanía y respetar cualquier grupo de manifestantes e inconformes y no ala acreción como lo sucedido el

La demanda de los estudiantes es mayores recursos y la reinstalación del internado que fue vedado, además de exigir al gobierno estatal que se instale una mesa de diálogo para que se otorgue más becas estudiantiles

no estatal que se instale una mesa de diálogo para que se otorgue más becas estudiantiles.

Pese a que liberaron la vialidad, los normalistas aún mantienen los camiones y advirtieron que si

no son atendidos, les prenderán fuego y continuarán sus protestas en la ciudad.

Alcaldesa de Simojovel bajo la lupa de la ASE y bajo órdenes de FGE pasado 10 de junio, cuando sus guardias blancas agredieron a 10 personas por manifestarse y por lo consiguiente dos hechos sucedidos el pasado lunes 14 de Agosto. En las cuáles, ya están advertidos las parejas de funcionarios, que de cualquier acto de realizar grupo de choque entre manifestantes, serán destinados del cargo y la confirmación de un consejo municipal en el municipio. Es por ello, que están bajo la lupa de las autoridades estatales, ya que la 4T Transformación se tiene que hacer vales, según versiones de fuentes extra oficiales hasta el momento.


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CONTRAPODER EN CHIAPAS

Corrupción y Estafas se cometen en el Ayuntamiento de San Andrés Duraznal Víctor Moisés Hernández/Corresponsal Región de los Bosques San Andrés Duraznal, Chis. (Tribuna)

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obladores del municipio de San Andrés Duraznal denunciaron diversos actos de “corrupción y estafas” que viene realizando el ayuntamiento municipal que preside Josué Hernández Hernández, toda vez que señalan a empleados del DIF municipal de obtener jugosos negocios con el Programa “Jóvenes Construyendo Futuro”. Se dice que se hacen pasar por gestores de becas e inscriben a la plataforma de dicho programa a los jóvenes que cumplan con los requisitos adecuados, luego de ser aprobados para formar parte del programa son manipulados a través de correos electrónicos, el cual no les dan a conocer por conveniencia ya que los mismos empleados del DIF municipal las crean, por tal razón los becarios nunca reciben notificación del trámite y aprobación al programa. Por lo que señalan a Juana Teresa Pérez Pérez, Rocelia Ruiz López y Francisco Ruiz Díaz quienes son los presuntos estafadores y lejos de tener un empleo en el DIF municipal en el municipio de San Andrés Duraznal pues también se aprovechan del conocimiento de los jóvenes, y el alcalde pareciera que fuera cómplice a esta ola de corrupción y estafas. Cabe finalizar, que pobladores inconformes pidieron se hiciera público esta denuncia para que llegue a los oídos del gobernador del Estado y tome cartas en el asunto, ya que estos empleados de la actual administración aparte de hacerse

Beristáin Javier Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

En el Bosque, ante incumplimiento de campaña y el incumplimiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio (COPLADEM), pobladores del ejido los Plátanos, hoy cumplen siete días de que mantienen bloqueadas las vías de comunicación el Bosque- Bochil sobre la altura de dicho ejido. En demanda ante el incumplimiento por parte de los servidores públicos del Municipio que encabeza Aurelia Sánchez López y el hermano que es regidor y que usurpa el cargo como alcalde del municipio. Por lo tanto, los manifestantes lanzan un ultimátum a las autoridades competentes, ya que de no tener repuestas en este inicio de

Por lo que señalan a Juana Teresa Pérez Pérez, Rocelia Ruiz López y Francisco Ruiz Díaz quienes son los presuntos estafadores y lejos de tener un empleo en el DIF municipal en el municipio de San Andrés Duraznal pues también se aprovechan del conocimiento de los jóvenes, y el alcalde pareciera que fuera cómplice a esta ola de corrupción y estafas

pasar como gestores, pidieron la cantidad de 600 pesos por cada cobro mensual de los beneficiarios con el único pretexto de haber gestionado al programa “Jóvenes Construyendo Futuro”.

Ya hasta cuentan con un local en el municipio de Bochil para atender a los jóvenes, por lo que no se duda que si están obteniendo buenos negocios y jugosas ganancias con el programa federal. Por lo

que urge la pronta intervención de las autoridades competentes para ponerle un alto a esta ola de estafas que se vive en el Ayuntamiento municipal del municipio de San Andrés Duraznal.

Cumple 7 días de bloqueo carretero por incumplimiento de alcalde semana, tomarán otras medidas, como de retener a más unidades, quemas de vehículos y hasta retención de funcionarios que circulen en cualquier momento en dicho tramo carretero. Ya que al aparecer, según los manifestantes, que autoridades se hacen del oído sordo y que pueden estar involucrado con los actuales funcionarios del Bosque. Es por ello, hacen el último llamado a las autoridades gubernamentales, ya que de tomar dichas medidas no serán responsables de cualquier toma de decisiones argumentaron los bloqueadores.


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Docentes exponen falta de atención a sus demandas en la Zona Altos de la entidad Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

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espeto a los procesos administrativos laborales de los trabajadores de la educación y en particular la convocatoria bilateral de ascensos, son las principales demandas de profesores del Nivel de Educación Indígena (NEI), por lo que durante un mitin en conmemoración a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, pidieorn a las autoridades estatales y federales atender sus demandas. La vocera del grupo inconforme pidió “respeto a los procesos administrativos laborales de los trabajadores de la educación y en particular la convocatoria bilateral de ascensos, dejamos claro, no permitiremos más suspensiones ni chantajes de las autoridades educativas, mucho menos de la dirigencia corrupta de la sección VII de dicho proceso”. Entre otras demandas, exigió que sean atendidos los casos de interinos por incidencia, interinos becarios, pago de salarios ya devengados de diversos periodos, ampliación de matrículas para nuevo ingreso en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), “plaza automática por los egresados de la UPN y basificación de plazas”.

La vocera del grupo inconforme pidió “respeto a los procesos administrativos laborales de los trabajadores de la educación y en particular la convocatoria bilateral de ascensos, dejamos claro, no permitiremos más suspensiones ni chantajes de las autoridades educativas, mucho menos de la dirigencia corrupta de la sección VII de dicho proceso”

Advirtieron que ante la negativa en resolver sus demandas, como NEI, continuarán realizando acciones “contundentes como recurso legítimo y necesario, llamamos a todas nuestras bases democráticas y com-

bativas, a preparar las condiciones necesarias para las acciones políticas de masas si las autoridades educativas no resuelven nuestras justas, legítimas y sentidas demandas”. Por último, lamentó que el actual

gobierno, reprima y amenace a las organizaciones estudiantiles, magisteriales, campesinas e indígenas con su fuerza política militar, cuando la solución es que les den respuestas favorables.

Pide obispo a las autoridades frenar violencia en Chiapas Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez Fabio Martínez Castilla exhortó a las autoridades competentes para atender el tema de la violencia que se ha desbordado en Chiapas. Esto luego del panorama de inseguridad que se vivió la semana pasada en la que se suscitaron asaltos, robos, en los que incluso tres policías y un civil resultaron heridos por este tema. El prelado reconoció que la violencia está desatada en diferentes partes del país, así como en Latinoamérica por lo que además de pedir por las autoridades pidió este domingo por la paz en estas regiones. En este escenario expuso que tanto la sociedad como las autoridades no deben olvidarse de los heridos de las familias incomple-

tas, a quienes han sido víctimas de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. El prelado citó el ejemplo de los policías heridos durante un asalto en Ixtapa Chiapas “la iglesia quiere decirles diocesana quiere decirles que cuentan con el apoyo, con la cercanía en oración y la solidaridad en estos tiempos difíciles”. “He visto que la violencia llega cuando una persona mete odio en su corazón, cuando confronta, cuando surge existen intereses personales de por medio, cuando hay individualismo, intereses de poder entre las naciones”, manifestó. Por ello exhortó también a la población para que haga lo propio desde lo individual, para que el cambio comience desde el núcleo familiar “pidamos con una oración para que todo este panorama tenga un cambio pronto.


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Absuelven a cinco acusados por el homicidio del periodista Carlos Domínguez en Tamaulipas Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (proceso.com.mx)

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ras un año y ocho meses de prisión, acusados del homicidio del columnista Carlos Domínguez, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco personas que fueron señaladas por orquestar y ejecutar el crimen, fueron absueltas por un Tribunal de Enjuiciamiento, al determinar que no había elementos probatorios que sostuvieran la responsabilidad de los inculpados. Entre los cinco liberados, se encuentran los reporteros Luis Ignacio Valtierra Hernández y Jesús González Zúñiga; el empresario Rodolfo Jorge Alfredo Cantú García, y los presuntos autores materiales vecinos de Zacatecas, Adrián Montes Fernández y David Mejía Bravo. En entrevista con Apro luego de ser liberados, Valtierra Hernández y González Zúñiga anunciaron que solicitarán medidas de protección al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, al considerar que durante el tiempo en que estuvieron en prisión, se generó un ambiente de animadversión en su contra que pone en riesgo su vida y las de sus familiares. Al señalar que seguirán peleando para que, así como ellos fueron declarados inocentes, también lo sea el periodista Gabriel Garza Flores, quien

Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (proceso.com.mx)

A ritmo de música de tambora, habitantes de Culiacán y de otras ciudades de Sinaloa salieron a las calles para marchar a favor de la paz, luego del operativo fallido del gobierno federal que derivó en la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Bajo el lema #CuliacánValiente, habitantes de la capital sinaloense recorrieron algunas de las calles que fueron escenario de las balaceras del jueves 17 de octubre. De acuerdo con el portal del semanario Río Doce, en la marcha participaron ciudadanos vestidos de blanco que partieron del estadio del equipo de futbol Dorados de Sinaloa y que, al pasar frente edificio de la Fiscalía General del Estado, guardaron un minuto de silencio en memoria “de los inocentes asesinados durante el conflicto del llamado jueves negro”. En la víspera, en las redes sociales se difundió un video grabado por el presidente municipal Jesús Estrada

falleció el 14 de abril pasado por no recibir atención médica adecuada, Valtierra y González resaltaron que mantienen viva la exigencia para que se esclarezca el homicidio de Carlos Domínguez y “se detenga a los responsables reales”. Valtierra Hernández abundó que solicitarán protección del Mecanismo toda vez que durante el proceso judicial se armó una campaña de difamación en su contra, que incluyó la creación de “perfiles falsos en redes sociales que hacen vinculaciones de nosotros con el crimen organizado, que no solamente ponen en riesgo nuestra vida sino de nuestros familiares”. El periodista resaltó que pese a que se integró una carpeta de investigación por los golpes que él recibió y la tortura a que fue sometido Jesús González Zúñiga, así como una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas,

no hay avances significativos. Reprobó que en el proceso judicial, la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), no se acercó a los periodistas acusados, “a pesar de que desde el día uno de la detención no había elementos para que actuaran legalmente contra nosotros”, por el contrario, la dependencia federal “dejó en manos de la Procuraduría del estado la investigación”, a excepción de las diligencias judiciales para el análisis de los números telefónicos de los acusados y Carlos Domínguez. “Perdimos trabajo, el procurador de justicia (Irving Barrios Mojica) nos humilló a nivel nacional al exhibirnos como copartícipes del crimen cuando no había los elementos necesarios para que actuara legalmente contra nosotros, no había órdenes de aprehensión, a mí me golpearon y a Jesús lo

torturaron los agentes investigadores”, apuntó Valtierra. El periodista agregó que la campaña de difamación, de la que responsabiliza al gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, las familias de los detenidos sufrieron daños emocionales. Jesús González Zúñiga apuntó que la absolución de los cinco inculpados en el homicidio de Carlos Domínguez demuestra “que se trató de una fabricación de culpables, una persecución política, porque hay que recordar que uno de los acusados (Rodolfo Jorge Alfredo Cantú García) era familiar de un exalcalde de Nuevo Laredo, Enrique Cantú Rosas, pero se demostró que no hubo ninguna participación”. El periodista destacó que por el momento no tienen “cabeza para decidir pensar en una reparación de daño, que evidentemente sufrimos nosotros y nuestras familias, dejamos eso a los abogados”. Sin embargo, reiteró que van a solicitar seguridad por parte del Mecanismo de Protección, al sentirse vulnerables por la difamación de la que fueron víctimas, tras señalar que incluso “fue llevada a las ‘mañaneras’ del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el hijo de Carlos Domínguez, del mismo nombre, quien tiene protección del Mecanismo por el homicidio de su padre, mientras que nunca se acercaron a nosotros que somos periodistas”.

“Culichis” salen a marchar en Culiacán para exigir paz tras operativo fallido Ferreiro, quien llegó al cargo bajo las siglas de Morena, invitando a la movilización para reconocer la decisión “valiente” del presidente Andrés Manuel López Obrador, de dejar en libertad a Guzmán López. Al convocar a la movilización, Estrada Ferreiro advirtió que el objetivo es “demostrar que Culiacán está en paz, que Culiacán está en orden y Culiacán está de pie”, luego de que el jueves 17 se propagaron imágenes de una ciudad tomada por sicarios del crimen organizado y de presos evadidos para sumarse a los contingentes que impidieron la detención del hijo de Guzmán Loera. “Es muy importante que lo hagamos (acudir a la manifestación) para resaltar que es producto de la decisión tomada por el señor presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para que Culiacán sea un lugar de paz; su decisión fue valiente, debemos reconocerla debemos reconocerla como

tal”, dijo en su mensaje de dos minutos. En el video difundido en las redes, el alcalde convocó a la marcha que, “no es en contra de alguien, sino en favor de Culiacán”, para que participaran “funcionarios públicos, diputados locales, federales y quien quiera participar, de cualquier fracción parlamentaria que exista”. La invitación a la élite política, estuvo acompañada de la sugerencia de no lanzar “proclamas políticas o condenas en contra de alguien”, porque la razón de la marcha era “para demostrar que en Culiacán queremos paz, no para estar en contra de algo o de alguien”. En el hashtag “CuliacánValiente”, en la que se invitó a subir fotografías del evento, se advirtió una amplia participación ciudadana. A la convocatoria asistieron familiares de víctimas de desaparición, como el colectivo Sabuesas Guerreras, que acompañaron la marcha con fotogra-

fías de los ausentes y mantas con la frase “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, familias completas portando camisetas blancas con la imagen de luchador cargando un corazón, símbolo de #CuliacánValiente; jóvenes con pancartas con el lema de “Culichis al grito de paz”; y danzantes indígenas y bandas amenizando la caminata. De acuerdo con el portal de Rio Doce, la marcha que transcurrió en paz, estuvo vigilada por elementos de protección civil y de la unidad de tránsito municipal.


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Apelarán sentencia condenatoria por feminicidio de Lesvy Berlín Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

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l Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) sentenció a 45 años de prisión a Jorge Luis González Hernández por el delito de feminicidio agravado en contra de Lesvy Berlín Rivera Osorio, sin embargo, las asesoras jurídicas de la familia de la joven privada de la vida a los 22 años de edad en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apelarán la sentencia; buscan la pena máxima de 60 años de cárcel y medidas ejemplares de reparación del daño para la familia de la víctima. La familia de Lesvy Berlín no claudica en su osadía por una sentencia justa por el asesinato de la joven, a quien el 3 de mayo de 2017 su entonces pareja, Jorge Luis González, la asfixió con el cable del teléfono de una caseta pública fuera del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Aunque este jueves 24 de octubre el TSJ sentenció formalmente a Jorge Luis a una condena de 45 años de prisión y pagar una indemnización económica y de gastos funerarios a los padres de Lesvy, como víctimas indirectas, Araceli Osorio, madre de Lesvy, cuestionó a los jueces qué elementos son necesarios para que el feminicidio de su hija mereciera una pena máxima, pues lo clasificaron como grado de “culpabilidad medio”. No obstante que se privó a Lesvy del bien jurídico más valioso, que es la vida, “la gravedad no dio lugar para que

se impusiera la pena máxima”, contestaron los jueces a la madre. Indicaron que tomaron en cuenta las condiciones personales de Jorge Luis, quien por su edad (31 años) podía reinsertarse a la sociedad por medio del trabajo y la educación. El Tribunal también estableció en su sentencia que tome cursos de Derechos Humanos de las mujeres, igualdad y no discriminación, como una medida de no repetición. También te puede interesar: Tribunal declara culpable de feminicidio a expareja de Lesvy La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) también había solicitado al Tribunal la pena máxima que establece el Código Penal de esta ciudad por el delito de feminicidio agravado (60 años de prisión), por lo que las asesoras jurídicas de la familia de Lesvy, Ana Yeli Pérez Garrido y Sayuri Herrera Román, indicaron a Cimacnoticias al concluir la audiencia que apelarán la sentencia y que tienen hasta el 8 de noviembre para interponer el recurso, señalaron. Es posible que el hoy sentenciado

también apele la resolución, a lo largo del proceso que se sigue en su contra interpuso una serie de recursos para evitar su juicio, y esta última audiencia desistió de la asesoría pública que lo representó para cambiar a una abogada privada. Los jueces José Juan Pérez Soto, Octavio Israel Ceballos Orozco y Adolfo Rodríguez Campuzano, explicaron este jueves a grandes rasgos los motivos que los condujeron para determinar que Lesvy no había cometido suicidio. Señalaron que “era víctima de violencia sistemática por razones de género” por parte de su pareja, violencia que culminó en su asesinato. “No hay norma o ley que le favorezca a usted”, dijeron los jueces al también ex trabajador de intendencia de la UNAM, quien se ha reservado de hablar desde que lo declararon culpable. Pero Araceli Osorio también cuestionó al Tribunal si dentro de la sentencia tuvieron un pronunciamiento de la violencia que se suscita en la UNAM, como una medida de satisfacción, pues no sólo se trata del caso de

su hija, sino el impacto particular que tuvo en la comunidad universitaria, y del contexto de violencia contra las mujeres en México, que diariamente les cobra la vida. Los jueces dijeron a Araceli que no tenían la facultad de pronunciarse al respecto, consideraban además suficiente la cobertura mediática que se ha hecho del caso para enviar un mensaje a la sociedad. La familia y las organizaciones civiles que la acompañan, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, solicitaron a la UNAM convertir el jardín que se encuentra frente al Instituto de Ingeniería de la UNAM, en un memorial para Lesvy y otras víctimas de feminicidio, pero hasta ahora no han tenido respuesta de la casa de estudios. El Tribunal acreditó las razones de género de lesiones infamantes y exposición del cuerpo de la víctima, indicaron. Con ello concluyó el juicio que comenzó del 9 de septiembre hasta este 24 de octubre en el Juzgado del Reclusorio Oriente. Durante el juicio se presentaron cerca de 70 testigos, policías de investigación de la PGJ que participaron en la indagación del caso; personal pericial del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo); así como amigos cercanos a la pareja quienes corroboraron un contexto de violencia en contra de Lesvy por parte de Jorge Luis, quien ejercía violencia económica, psicológica, física y control sobre la joven en sólo 4 meses que duró su relación.

Cámara de Diputados aprueba licencia laboral por violencia de género Carolina Huerta García Ciudad de México. (Cimacnoticias)

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime la reforma a los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) asi como el 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su apartado B del artículo 123 constitucional, para otorgar permisos por ausencia laboral a las mujeres que viven violencia de género. La propuesta fue presentada por la Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Wendy Briceño Zuloaga quien expresó que “atender la violencia de género nos atañe a todos, particularmente a las y los legisladores, quienes deben generar el marco jurídico para que las mujeres puedan tener acceso a una vida libre de violencia”. “El objetivo de esta iniciativa es permitir a las trabajadoras faltar a su trabajo cuando se encuentren en una situación de violencia” sostuvo Briceño Zuloaga. Wendy Briceño Zuloag

@wzuloag Hoy subí a Tribuna de @Mx_Diputados para presentar en nombre de la Comisión de Igualdad de Género las REFORMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO O FAMILIAR, las cuales fueron avaladas. Asimismo, la legisladora añadió que, para permitir dicha ausencia laboral, la solicitante deberá contar con una orden de protección emitida por la autoridad competente y el permiso deberá de durar el mismo tiempo que dicha orden, aunque no se mencionó si dicha licencia contaría o no con goce de sueldo. Briceño Zuloaga, señaló que aunque México es uno de los ocho países en América Latina con legislación específica en materia de género, se requieren mecanismos específicos para garantizar la seguridad laboral de las mujeres que se encuentran en contextos de violencia ya que viven en situación de riesgo a causa de ésta y al mismo tiempo, existe el peligro de perder su

fuente de ingresos. “Es precisamente por tales motivos de concordancia con la ampliación de los derechos laborales que la iniciativa pretende garantizar lo ya antes mencionado” puntualizó. Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran, que 66.1 por ciento de las mujeres mexicanas han padecido al menos un incidente de violencia en su vida; 49 por ciento de ellas sufrió violencia emocional, 29 por ciento económica, 34 por ciento física y 41.3 sufrió violencia sexual. Por ello, la diputada priísta Marcela Guillermina Velasco González, proponente de esta medida, señaló que la recurrente situación de violencia contra las mujeres en México, merece toda la atención de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno para poner freno a la agresión que hay en contra de ellas. “Actualmente nuestra legislación no

contempla los instrumentos que otorguen seguridad laboral a las mujeres que se encuentran en este contexto. Con esta reforma se busca establecer un mecanismo que permita garantizar la protección del trabajo de estas mujeres. No se debe tolerar la violencia hacia ellas en ningún entorno y bajo ninguna circunstancia” dijo Velasco González. En el dictamen de esta reforma, se estableció que serán obligaciones de patrones y titulares de las dependencias públicas, permitir a las trabajadoras faltar a su empleo cuando se encuentren en situación de violencia y fue aprobado con 374 votos para ser remitido al Senado de la República para su posterior revisión y aprobación.


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Experto castrense: “Al presidente lo espantaron los mandos militares para ocultar sus errores” Jorge Carrasco Araizaga Ciudad de México (Proceso)

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l teniente coronel Eduardo Navarrete Montes, con amplia experiencia en operaciones especiales, dijo que los jefes militares responsables de la acción en Culiacán deben asumir la responsabilidad de que no hubo un plan para resolver la situación de la mejor manera y para ocultar sus errores, optaron por “espantar” al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ningún jefe del Ejército mexicano había quedado entrampado en el combate al narcotráfico como el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval. Órdenes y contraórdenes sin que se conozca su origen, explicaciones confusas y descarga de responsabilidades por parte del militar en quienes carecían de mando en la frustrada captura de Ovidio Guzmán López tienen bajo escrutinio a los mandos de la Fuerza Armada. La Fiscalía General de la República anunció “una investigación exhaustiva” sobre quienes participaron en el frustrado operativo de captura del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, más allá de la actuación de los delincuentes. La indagatoria anunciada el lunes 21 por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, incluirá a la Guardia Nacional y a la Policía Ministerial Militar (PMM), la que según el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actuó “de forma precipitada” en la frustrada operación. “Para esclarecer lo ocurrido hay que identificar la cadena de mando. Ninguna acción militar, y menos una de alto impacto como la captura de un narcotraficante de jerarquía para extraditarlo a Estados Unidos, se puede realizar sin que existan órdenes. El Alto Mando del Ejército, que es el secretario de la Defensa Nacional o su Estado Mayor, no pudieron ser ajenos a la fallida operación. Al presidente lo espantaron por sus propios errores”. El señalamiento lo hace en entrevista Navarrete Montes, también litigante en tribunales castrenses. Inactivo del Ejército desde 2013, asegura que si la misión era la captura del hijo del Chapo es porque había una orden por escrito y debió existir un plan de operaciones aprobado por el jefe militar que dio la orden de captura. Navarrete Montes habla desde su experiencia operativa de 26 años en el Ejército mexicano y de sus cursos en Special Forces y Ranger, en el de Estados Unidos; de Fuerzas Especiales Kaibil, en Guatemala; de Guerra en la Selva, en Brasil; y de Gendarmería, en Francia. “Conozco la operatividad y me resulta difícil asumir lo que argumenta el general secretario al responsabilizar a la Policía Ministerial Militar, porque ésta se encarga de investigar delitos de índole militar”, dice el también maestro en amparo.

Hay un vacío de información respecto a quién dio la orden, quién la ejecutó y por qué falló el plan operativo, si es que lo hubo. Pero lo que no se puede soslayar es que quien ejecutó la operación fue la Defensa Nacional. “En todos los ejércitos del mundo existe lo que se conoce como procedimiento de conducción de tropa. El Ejército mexicano no lo tiene. Lo que tiene son manuales obsoletos. A diferencia de la Marina, que cuando se incorporó en 2006 al combate frontal al narcotráfico fue a los Marine Corps, un brazo de la Armada de Estados Unidos, y empezó a implementar un procedimiento para este tipo de operaciones. No obstante, en el Ejército mexicano sí hay manera de saber qué ocurrió. Hay que revisar la cadena de mando para establecer responsabilidades”, sostuvo.

Investigación administrativa –El código de Justicia Militar tipifica el delito de “traición a las Fuerzas Armadas” y prevé una pena de 15 a 60 años y baja de las Fuerzas Armadas al militar que, teniendo tropa a su cargo, deje de actuar en contra de cualquier integrante de la delincuencia organizada. ¿Incurrieron en ese delito los militares que liberaron a Ovidio Guzmán? –Es muy probable que en la Sedena la investigación no sea penal, sino sólo administrativa y se dirija en contra del sargento o teniente que ejecutó la operación. Se dirá que fueron delitos de tipo militar sólo para justificar ante la sociedad. “Una verdadera investigación tendría que ser en contra del general que dio la orden y el jefe militar que planeó. Lo más seguro que todo sea maquillado. La Sedena nunca va a aceptar la responsabilidad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no sabe qué hacer. Está confundida porque tampoco tiene el control de la Guardia Nacional, que también participó en el operativo”, asegura. –¿Cómo se puede dar con la cadena de mando? –Por la importancia de la detención se trató de una orden. Se llaman misiones específicas para capturar a los delincuentes. Se establecen objetivos o personas que van a ser capturados. Por su importancia, sobre todo en este caso porque hay una petición de extradición a Estados Unidos, la orden debió haber sido generada por el titular de la Sedena o su Estado Mayor. “Ninguna acción militar se realiza

sin una orden. Es necesario saber de dónde vino y a quién le dieron esa misión; es decir quién fue el responsable de la operación, porque él mismo debió haber planeado y coordinado el apoyo. Debió haber estado pendiente. Así se puede saber dónde estuvo la falla”, dice quien fuera también director de Seguridad Pública en Michoacán, donde se originó su litigio contra el Ejército (Proceso 1944). –¿Qué sigue después de que se genera una misión, que en este caso era la detención de Guzmán para entregarlo a Estados Unidos? –Cuando hay una misión se emite una orden tipo misión de operaciones. Eso significa que el jefe militar que la recibe realiza un plan de la operación y es el encargado de coordinar todos los apoyos. Cuando el comandante ejecutor tiene el plan de operación, se lo debe llevar a firmar al que le dio la orden y se convierte entonces en una orden general de operaciones. Cuando la firma el más alto nivel, se vuelve una obligación. Aquí pudo haber sido el secretario de la Defensa, el jefe del Estado Mayor, el comandante de la III Región Militar, el de la Novena Zona Militar o el del 94 Batallón de Infantería, en Culiacán, el general Humberto Cerón Martínez, o incluso un mando especial. –¿Estuvo mal planeado el operativo? –Se trató de una mala conceptualización de la operación, de una mala coordinación. La ejecución estuvo bien; el problema fue la operación y los apoyos. Un general debió recibir la orden y prever los distintos escenarios. Por la naturaleza de la operación debió tratarse de un general, porque el caso llegó hasta el presidente de la República. La orden debió salir de la CDMX, en definitiva. –En una misión de ese tipo, y con 13 años de experiencia del Ejército en el combate abierto al narcotráfico, ¿no era posible prever un escenario como el de Culiacán? –Cuando dan orden de captura de una persona, que es un enemigo desde el punto de vista táctico, se ordenan dos cosas: lo concentras o lo trasladas al punto tal. Llevan órdenes específicas. Normalmente se van a los aeropuertos o a la CDMX. En este caso, la orden no era ‘captúralo y ahí te esperas a ver qué pasa’. Esa es la función del mando y en su plan debe establecer lo que va a necesitar de apoyo logístico. Debieron haber hecho una gran movilización aérea y con drones, echar mano de la guerra

electrónica y haber cortado las comunicaciones a los delincuentes, aunque la ciudad se hubiera quedado un rato incomunicada. No hubo ni siquiera apoyo de fuego. Es claro que faltó información, inteligencia y planeación. –¿La responsabilidad sólo es de quien planeó la operación? –El encargado de la operación se limita a lo táctico. Es imposible que tenga contacto con el presidente. Me imagino que en el gabinete de seguridad se alarmaron cuando vieron imágenes y entonces tomaron la decisión de liberar a Guzmán López. –¿La Policía Ministerial Militar puede estar a cargo de un operativo de este tipo? –Ella no se encarga de eso. Los que estuvieron en el operativo fueron fuerzas operativas del Ejército. El general secretario le echó la culpa a la PMM. Es pésimo porque ésta única y exclusivamente investiga cuestiones militares. Esa es otra mentira. No es posible que estuvieran al frente porque no es de su competencia. Los abogados del detenido habrían alegado una aprehensión hecha por ministeriales militares, que carecen de competencia, y habrían obtenido su libertad por la vía legal. La PMM investiga sólo delitos militares. Papel de la Guardia Nacional –También se implicó a la División de Drogas de la Guardia Nacional (GN)… –El secretario de la Defensa Nacional en teoría no tiene nada que ver con la GN. Sólo con el Ejército y la Fuerza Aérea. No pueden hablar de la GN. Pero ahora sigue existiendo confusión con ese nuevo cuerpo. Los militares son medio tiempo del Ejército y medio tiempo de la GN. Falta voluntad de la Sedena para pasar a la gente a la Guardia Nacional. Si los mandó el Ejército, entonces eran militares. Por eso se necesita demostrar la orden de operaciones, especificando incluso el equipo que se llevó. “La Secretaría de Seguridad debe saber qué soldados son suyos y asumir la responsabilidad de las operaciones de la Guardia Nacional. Esa fue la intención de la reforma constitucional, que el Ejército ya no fuera el protagonista, pero se sigue rehusando porque los mandos quieren hacer lo que ellos quieren”, afirma. –¿Cuál sería la responsabilidad del comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio? –Sin duda que hay responsabilidad del secretario, el general de división Cresencio Sandoval, y el general Rodríguez Bucio por el hecho de ser responsables de la operación. –¿Fue correcto que el presidente avalara la liberación? –Para mí, el presidente cometió un grave error al dar la cara por las fallas de los militares. El que debió afrontarlos es el secretario de la Defensa. El presidente no tiene por qué decirle a un soldado que dispare o no. Eso depende del general. Estuvo mal asesorado o sencillamente no hace caso.


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CNDH llama al gobierno a esclarecer operativo fallido en Culiacán Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (proceso.com.mx)

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revio a que el gobierno federal presente una bitácora del operativo fallido en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán López, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, urgió a esclarecer los hechos ocurridos el jueves 17, que llevaron a la liberación negociada del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. González Pérez resaltó que más allá de que “las propias autoridades reconocieron que fue mal planeado y mal operativo, se tiene que investigar para que toda la sociedad conozca qué sucedió”. El ombudsman nacional fue abordado durante el Encuentro Nacional de Nosotrxs, organización civil a la que se integró como parte del Consejo Asesor, al igual que Cuauhtémoc Cárdenas y el ministro en retiro José Ramón Cosío. González Pérez resaltó que la CNDH realiza una investigación por las presuntas violaciones a derechos humanos en el operativo fallido en Culiacán, derivada de una queja presentada en el formato digital, así como de manera oficiosa por parte de la institución. Sostuvo que independientemente de la obligación de atender la queja presentada por un ciudadano, es de interés del organismo “que se conozca la verdad, (que) veamos qué pasó con las víctimas que perdieron la vida”. González Pérez lamentó que el país lleva “más de una década enfrentando los problemas de violen-

De la redacción Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que su gobierno volverá a atender a los pueblos indígenas como se hizo en los años 70. Durante un evento en la localidad de Punta Chueca en Hermosillo, Sonora, como parte de su gira por los pueblos indígenas, el mandatario señaló que durante los 36 años del “periodo neoliberal” casi desapareció la política de apoyo a estas comunidades que se impulsó en la década de 1970. “Se critica mucho a los años 70, 80. Antes de que impusieran la política neoliberal que se acabó el año pasado […] estuvieron a punto de acabar con todo, es el saqueo más grande que se haya cometido en toda la historia de México. […] En el caso de la política para los pueblos indígenas, en los 36 años casi desapareció,

El ombudsman nacional fue abordado durante el Encuentro Nacional de Nosotrxs, organización civil a la que se integró como parte del Consejo Asesor, al igual que Cuauhtémoc Cárdenas y el ministro en retiro José Ramón Cosío

cia e inseguridad, corrupción e impunidad, es un flagelo en el que no hemos podido todavía ser asertivos”. Recordó que 2006 se empezó a registrar el incremento de la violencia que “no ha parado, la violencia se mantiene y lamentablemente hay muchas pérdidas de vidas”. Para el ombudsman el abordaje de la violencia en el país requiere de “una política integral para combatirla, en donde el binomio seguridad y derechos humanos es totalmente

compatible”. Agregó que para atender el problema es necesario que “haya 33 fiscalías autónomas, la profesionalización de los policías estatales y municipales”, tomando en cuenta que “la Guardia Nacional no lo va a resolver por sí misma”. A menos de un mes de que deje el cargo al frente de la CNDH, González Pérez recomendó que pensar “en la racionalización de las penas, no en el incremento de las mismas;

lo que necesitamos es también (…) es entrarle a las causas estructurales, para evitar las condiciones que propicien esas condiciones de inseguridad”, de ahí que resulta fundamental combatir la pobreza. Apuntó que el “desafío es fortalecer el Estado de Derecho”, lo que significa que “las disposiciones jurídicas se cumplan, porque “el gran problema que tiene México es la materialización de las leyes y el incumplimiento de los tratados”.

López Obrador promete atención a pueblos indígenas como en los años 70 no hubo nada. Antes, en los años 70, hasta en los años 80, había atención a los pueblos indígenas. López Obrador incluso recordó que en esa década fue cuando se abrieron los centros coordinadores indigenistas, especificando que el de Bahía de Kino se creó en 1974, el de Nacajuca en 1973 y el de la Isla del Tiburón en 1975. “¿Sí se dan cuenta que había antes una política?[…] Era una época en que se volteaba a ver a las comunidades, a los pueblos; luego se les dio la espalda; ahora de nuevo vamos a seguirnos viendo de frente y atendiendo a las comunidades y a los pueblos indígenas”, mencionó.


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DE NUEVO ALFONSO DURAZO Ernesto Villanueva

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l regreso de Alfonso Durazo al ser vicio público, después de su renuncia pública y mediática a la secretaría particular de la Presidencia con Vicente Fox, da visos de que apunta hacia una pauta comportamental similar. Ante el polémico caso de Culiacán, donde la Guardia Nacional –que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Durazo– incurrió en errores de falta de planeación y comunicación con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina (que se vieron mediáticamente tocadas por los yerros de la Secretaría de Seguridad sin tener una responsabilidad directa, pero sí un señalamiento público como si se hubiera tratado de un operativo mal planeado con la Sedena y la Semar, que no fue el caso), el hilo conductor de Alfonso Durazo es el del error y la ambición personal como norma de conducta. Es verdad que el secretario de Seguridad no tiene conocimiento alguno ni experiencia en el tema, pero tampoco ha tenido la pertinencia de rodearse de expertos reconocidos en esa delicada tarea. Peor aún: en la Secretaría existe una estructura paralela –los amigos de Durazo, cuya virtud es su lealtad personal sin los perfiles mínimos necesarios para esa función– y los institucionales que tienen experiencia en el terreno, pero están encapsulados, sin capacidad de desplegar sus habilidades ni ser escuchados. En suma, hay un problema grave de dirección porque –como lo he reiterado en otras ocasiones–

Durazo no sabe que no sabe. El caso Culiacán, donde se fue por la libre, pensando erróneamente que habría de reivindicarse frente a propios y extraños como un hombre de talento y habilidades válidas para cualquier cargo público, de nuevo enfrentó la terca realidad que le demuestra que sus capacidades no son las adecuadas para una posición de tal envergadura, menos en una zona que tiene todo menos confort. A la natural pregunta de la prensa sobre si renunciaría a la Secretaría, Durazo respondió con una frase retórica: “No se renuncia, se asume la responsabilidad”. ¿Qué significa eso? De entrada, un desconocimiento del derecho mínimo. Ni la Constitución ni la ley disponen en ningún artículo que el cargo de secretario de Seguridad no es renunciable. Sería un despropósito que alguien estuviera contra su voluntad en un cargo público, como si se trata del servicio militar estadunidense. Esa primera parte de la respuesta no encuentra sustento en la normatividad y sí deja en claro que Durazo antepone su ambición personal al interés público. La segunda parte de la respuesta es igual de desafortunada: “Se asume la responsabilidad”. Esta expresión no tiene ninguna consecuencia jurídica. No está tampoco prevista en sus términos ni en la Constitución ni en las leyes. En otras palabras, quiere decir que, de acuerdo con él, no incurre en ningún supuesto de ilícito administrativo o delito penal. ¿Qué sanción prevista en la norma trae consigo “asumir la responsabilidad”? Ninguna. La respuesta es

un giro lingüístico que no dice nada. En realidad fue una salida efectista para salir del paso sin responder a la interrogante. Si Durazo tuviera la mínima ética pública hubiera presentado su renuncia con carácter de irrevocable y dejado fuera de esa polémica al presidente López Obrador, si en verdad estuviera comprometido con el proyecto presidencial que día con día recibe críticas, la mayor parte sin razón; pero acciones como las del secretario se convierten en pasivos que no debieron haber ocurrido. Por el contrario, Durazo dejó que el presidente de la República asumiera el costo político y él se refugiaba en la contradicción y en la emisión de frases creadas para no decir nada. El país necesita respuestas y resultados, no explicaciones de por qué no se han podido hacer las cosas en materia de seguridad. La figura de Alfonso Durazo es inversamente proporcional al funcionario eficaz y honesto que un reto de esa magnitud requiere. Es previsible que más temprano que tarde este espontáneo en el mundo de la seguridad y divorciado de cualquier reconocimiento académico habrá de salir por el daño que le hace al servicio público. El problema es que cada día que pasa es un tiempo perdido que agravia a la sociedad mexicana. Deben prevalecer los mejores intereses del país sobre cualquier consideración personal y de grupo, especialmente cuando el yerro es la huella digital de este servidor público que, en los hechos, se sirve sólo a él mismo.


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sólo un par de meses de concluir el año, en medio de una serie de irregularidades financieras y sin mayores explicaciones, alrededor de 7 mil 500 trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) siguen sin recibir el retroactivo por concepto de incremento salarial que la dirección general, a cargo de Nancy Leticia Hernández Reyes, debió finiquitar antes de concluir la primera mitad del año. La prolongada demora en la entrega de los millonarios recursos mantiene en serias tenciones a las autoridades del subsistema educativo y la plantilla laboral. Y es que, el dinero debió ser depositado a cada trabajador a más tardar durante el pasado mes de julio para cumplir con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (en sus artículos 926 y 927) y los acuerdos sindicales vigentes. Se trata pues de un recurso etiquetado y autorizado como parte del Presupuesto de Egresos 2019 que no termina de hacerse efectivo a sólo dos meses de concluir el año. Pocas o nulas han sido las explicaciones de la directora general, Nancy Leticia Hernández, quien ha preferido guardar un hermetismo sospechoso respecto al caso, incumpliendo reiteradamente con las minutas de acuerdo para la entrega del dinero. El último acuerdo entre la Direc-

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EN LA MIRA Héctor Estrada

Ahora no aparece el retroactivo salarial en el Cobach Chiapas

ción General y el Sindicato Único Independiente (Suicobach) había establecido como fecha límite el pasado 15 de octubre para finiquitar de una vez por todas la entrega del retroactivo salarial; pero el dinero finalmente no fue depositado. La dependencia a cargo de Hernández Reyes parece haber decidido entrar a un “callejón sin salida” que apunta a convertirse en un nuevo escándalo financiero dentro de la institución.

Los argumentos, esparcidos por la propia dirección general, han quedado en simples rumores extraoficiales sobre supuestos problemas con la radicación de los recursos por cambios en las reglas de operación dentro la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y la presunta postura del sindicato para negarse a recibir un incremento salarial menor al cuatro por ciento. Lo cierto es que nada justifica

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semejante retraso en la entrega del dinero. Lo que la directora general, Nancy Leticia Hernández, no dice con honestidad es que otros subsistemas de la SEMS ya han cumplido con la liberación de los recursos salariales, mientras el sindicato ni siquiera ha referido nada sobre una supuesta renegociación en el aumento salarial del año que ya se acaba. La carencia de explicaciones convincentes sobre la situación en el Colegio de Bachilleres de Chiapas ha abierto paso a graves sospechas relacionadas con ineficiencias administrativas y posibles malos manejos financieros que ya han activado un emplazamiento a huelga para las siguientes semanas. Se trata de más de 330 planteles que de manera escalonada tiene previsto entrar a paro de labores si concluye el mes de octubre el dinero sigue sin ser liberado. La ineficiencia del secretario general del Suicobach, Víctor Manuel Pinot, para resolver el tema y su cómplice “flexibilidad” para permitir el prolongado incumplimiento han generado bastante disgusto entre la base trabajadora que ya espera un cambio urgente en la dirigencia sindical. Mientras tanto los rumores al interior del gobierno de Chiapas apuntan al inminente relevo de Hernández Reyes para principios de 2020 como un procedimiento prácticamente inevitable… así las cosas.

CULIACÁN POR DOQUIER

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l gobierno de Andrés Manuel López Obrador había anunciado una nueva política frente a la crisis de violencia delincuencial que vive México. Eso ocurrió desde que el ahora presidente era candidato. Sin embargo, cuando se produjo el incidente de Culiacán el jueves 17 de octubre, la oposición actuó como si el país viviera bajo el gobierno de Felipe Calderón o en la guerra continuada de Enrique Peña Nieto. Para los diputados opositores el escándalo había consistido en el repliegue del operativo para detener a uno de los hijos del Chapo Guzmán y no en el despliegue del cártel de Sinaloa en todo un sector de la ciudad. La conducta del gobierno fue comprendiéndose poco a poco, en tanto que se asimilaba la alternativa imperante en el momento del repliegue, así como el costo que hubiera sido necesario pagar con el enfrentamiento armado. La política de López Obrador no consiste en la búsqueda del choque armado que, como ya se ha demostrado, genera más violencia y ma-

Pablo Gómez yores daños humanos. La nueva conducta del gobierno parte de analizar la crisis delincuencial en su complejidad social y política. Ante el colapso de la estrategia neoliberal empobrecedora y estratificadora, así como ante la crisis del Estado corrupto, entendido éste como sistema de gobierno, el fenómeno de proliferación de cárteles y de lucha entre los mismos reclama intentar aislar esa delincuencia a través de una nueva política social, un combate a la corrupción, un nuevo esquema de seguridad pública y procuración de justicia, así como una nueva actitud frente a las drogas. La decisión del gabinete de seguridad en el sentido de ordenar el repliegue, posteriormente apoyada por el presidente, fue del todo congruente con esa nueva pauta que se tiene frente a un fenómeno que no se va a eliminar con la sola detención violenta de un capo ni con puros enfrentamientos armados. El incidente de Culiacán no es algo aislado aunque éste haya sido especialmente grave y escandaloso. No es verdad que vaya a haber un antes y un después del

17 de octubre, ni que sea nueva la falta de control gubernamental del territorio ante la profundidad de la delincuencia armada. Lo nuevo ha sido la actitud asumida por el gobierno, su capacidad de repliegue para evitar una confrontación violenta que quizás hubiera llevado a muchas muertes, tanto de agentes del gobierno y delincuentes como de personas ajenas. Culiacán está por doquier en alguna medida. La crisis de violencia delincuencial es profunda y extendida. Todos los días ocurren enfrentamientos, ya sea con la fuerza pública o entre los mismos cárteles o pandillas que tienen sus guerras particulares, todo lo cual conlleva daños contra la población en general. Se ha llegado a decir que la ley debe aplicarse aun frente al inmi-

nente peligro de violencia y graves daños que se puedan generar. Este planteamiento es cuestionable de por sí aunque no sea extraño cuando lo formula la oposición política. Pero resulta condenable cuando procede, como ha sido el caso, del organismo nacional de defensa de los derechos humanos por boca de su presidente. Esta ha sido una vergüenza internacional. Ni la elevación de penas ni la generalización de la prisión preventiva oficiosa, las cuales siguen de moda, deberían formar parte del nuevo esquema del gobierno para hacer frente a la crisis delincuencial de violencia. Así como se desechó la “guerra” contra los cárteles, se tiene que admitir a plenitud que la seguridad pública debe asentarse en reformas sociales y en una nueva política criminal. El Culiacán que tenemos casi por doquier no será eliminado con el uso de las ametralladoras, aun cuando sean muchas veces necesarias, sino con una nueva construcción que acabe con el Estado que lo prohijó. Este camino es el que se ha abierto. No permitamos que se cierre.


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NO CREEMOS EN LO QUE SABEMOS Javier Sicilia

Para Sergio Aguayo, uno de los rostros de la dignidad

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i algo sabemos de nuestra época es que la capacidad tecnológica que ha desarrollado la humanidad en su afán de dominar la vida en provecho suyo está a punto de destruirla. Después de Auschwitz e Hiroshima –que mostraron el alcance de los Estados para generar una industria de la muerte– se han agregado las amenazas del calentamiento global, el terrorismo internacional y el crimen organizado. Sólo por hablar del cambio climático –en el que los expertos tienen datos más duros que sobre la emergencia de esos nuevos totalitarismos relacionados con el terrorismo y el crimen–, se nos ha dicho que de no tomarse medidas drásticas, el proceso del calentamiento global será irreversible en 30 años. Las consecuencias las sabemos: pérdida de ciudades costeras; sequías; hambre; liberación, a causa del derretimiento del hielo polar, de plagas ya controladas; descenso de las capacidades cognitivas por el aumento del dióxido de carbono; desplazamiento de más de 50 millones de personas de zonas que se volverán inhabitables; e incremento de la violencia. La exponente más visible y clara de esta tragedia es Greta Thunberg: “No quiero tu esperanza –dijo este año en la Asamblea del Foro Económico contra la ilusión que los jefes de las naciones hacen pasar como esperanza– ni quiero que la tengas. Quiero que entres en pánico, que sientas el miedo que siento todos los días y luego quiero que actúes como si tu casa estuviera en llamas”. A sus 16 años esta muchacha esta diciendo lo que el filósofo Günther Anders escribió en 1982 anunciando la tragedia de las sociedades tecnológicas que 37 años antes vio nacer con Auschwitz e Hiroshima: “La paciencia no debe contar para nosotros como virtud (…) Por el contrario, porque el desastre es tan monstruosamente grande

(…) debemos promover la impaciencia como virtud; incluso como una de las virtudes más indispensables”. Pese a ese saber, pese a que la jovencita Thunberg nos conmueve hasta volverla parte del show mediático, en el fondo no le creemos. Pensamos que las cosas que moralmente parecen imposibles no pueden existir, y digo moralmente porque el cambio climático es responsabilidad de nuestras invenciones tecnológicas y de los hábitos que nos crean. Para muestra de esa irresponsabilidad hay que mirar las cumbres donde los jefes de las naciones y los expertos se reúnen a buscar una solución a la catástrofe después de trasladarse en aparatos –aviones y automóviles– que en su producción de CO2 la generan. En México, el apoteótico cambio de la 4T se anuncia con la construcción de un aeropuerto, una refinería y megaproyectos de alto impacto ambiental. Nosotros mismos en nuestra cotidianidad no dejamos de fabricar y consumir productos industriales que generan altas dosis de CO2. Todos los día subimos en transportes motorizados y al mismo tiempo que exigimos políticas públicas que eviten el calentamiento global, nos indignamos porque sube el precio de la gasolina. La razón de esta contradicción, de esta increencia en lo que sabemos; la razón de lo que Jean-Pierre Dupuy llama “la invisibilidad del mal” y Anders “la ceguera ante el apocalipsis”, es la desproporción que hay entre nuestra capacidad de producir y consumir y nuestra incapacidad para representarnos los efectos de ello. “Los objetos que estamos habituados a producir con ayuda de una técnica ya imposible de detener –escribe Anders en su carta al hijo de Adolf Eichmann– y los efectos que somos capaces de desencadenar son tan gigantescos y aplastantes que no podemos identificarlos como nuestros ni concebirlos (…) Entre nuestra capacidad de fabricación y nuestra capacidad de representación se abrió una fosa que

día con día se hace más grande”: la incapacidad que durante su juicio Eichmann tenía (es el ejemplo que Anders utiliza para ilustrar esta realidad) de relacionar su trabajo de transportar judíos con el exterminio de los campos de la muerte es de la misma índole que la incapacidad que tenemos de relacionar el acto banal de encender nuestro automóvil o subirnos a un avión con la brutalidad en costos ecológicos y humanos del cambio climático. Como sucede cuando nos hablan de las espeluznantes cifras de asesinados y desaparecidos que hay en México, “lo ‘demasiado grande’ nos deja fríos (…) No existe ser humano capaz de representarse (en la cotidianidad de su vida) una cosa de tan espantoso tamaño como la destrucción de miles o millones de personas” y en consecuencia no le damos la importancia ni la enfrentamos con la radicalidad con la que deberíamos hacerlo y que Thunberg exige. En nombre de nuestros absurdos hábitos de consumo y de los equilibrios del mercado y de la política, preferimos arrasar con la vida tal y como todavía la conocemos que darle credibilidad a lo que sabemos. Contra la verdad que Anders y ahora la jovencita Thunberg develan se levanta la inmensa desproporción entre la banalidad de nuestros actos y sus catastróficas consecuencias que la sociedad tecnológica creó, se levanta la invisibilidad del mal en la que estamos atrapados y frente a la cual sólo queda la resistencia. No sé si Thunberg y quienes como ella resisten lograrán detener la catástrofe. Lo que sí sé es que gracias a seres como ella podrá retrasarse. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a Morelos.


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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

¿Iniciativas para el hielo?

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a sesión del jueves pasado en el Poder Legislativo encendió un foco rojo en un tema que ha sido, desde años anteriores, un secreto a voces. El señalamiento de que la Mesa Directiva no está subiendo las iniciativas presentadas por los diputados y que las “guarda” para no subirlas a discusión, y su probable votación, es un señalamiento grave que se contrapone a los principios de la 4T y que urge ser explicado. Fue la diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma quien, primero, tomó la tribuna para solicitar que se dé trámite legislativo a su iniciativa presentada hace poco más de cinco meses sobre la Ley de Identidad para Chiapas y que, hasta hoy, parece estar confinada en la congeladora sin que se haya dicho por qué. No se equivoca la legisladora al señalar que los derechos humanos no se mendigan, sino que se exigen e hizo bien en subir a demandar los de las personas trans que la han elegido para representarlos y que han visto un sesgo en el tema. Sin embargo, no es este el primer caso de una iniciativa que se evita tocar. Meses atrás, recordemos, la diputada perredista Olga Luz Espinosa Morales había hecho el mismo señalamiento sobre el caso de su iniciativa presentada en materia de violencia política en razón de género (hace casi un año) y que, también, fue depositada en alguna urna donde se enfrían los mensajes y las palabras se graban en el hielo. ¿Bajo qué criterios y quién es el encargado de meter a la congeladora las iniciativas que considera contraponen sus principios particulares o intereses aviesos del mismo Estado? No lo sé, y sería sumamente grave que esto se esté dando en estos tiempos en donde se ha usado como bandera el cambio propuesto por la Cuarta Transfor-

mación que exige romper con vicios y herencias del pasado. Por ello, el señalamiento del diputado Juan Salvador Camacho a la Mesa Directiva debe ser tomado con la seriedad que implica. Al menos, la diputada Rosa Elizabeth Bonilla deberá responder a dicha acusación que, cabe señalar, se hizo el día que ella solicitó permiso para no asistir y que la involucra de forma directa al ser quien preside la Mesa. A esta legislatura lo que menos le conviene es este tipo de imputaciones en donde se deja en entredicho el trabajo objetivo que, se ha dicho, vienen realizando. Menos aún que se señale que en el Congreso de Chiapas no se toman en cuenta todas las voces, lo que sería un retroceso a la democracia y una clara muestra de supeditación del Poder Legislativo a otros intereses y la censura a quienes no forman parte de una bancada mayoritaria. Lo digo, también, porque el legislador expuso en tribuna que exigía a la Mesa Directiva “hacer su chamba”. La frase, de uso coloquial, conlleva su propia carga semántica y se enfila a sindicar que “no están haciendo el trabajo por el que fueron electos”: asunto por demás delicado, ya que la presidenta apenas fue reelecta y los nuevos diputados votados. Con dicho señalamiento algo no marcha bien. Los rostros de los diputados lo mostraron y lo vimos todos los que ahí estuvimos. Es claro que el Legislativo no debe bloquear la participación. Puede hacerlo, porque así funciona la política desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no es ese su trabajo. Les corresponde discutir los temas torales, desmenuzar las propuestas, abonar en los vacíos y no faltar el respeto a quienes en julio de 2018 les dieron su voto de confianza para estar en el espacio en que hoy se encuentran, partiendo de que las iniciativas, muchas, provienen del

clamor popular. Esta legislatura tiene el compromiso de ahondar en el debate, análisis y enriquecimiento de las iniciativas presentadas en favor de los chiapanecos, y debe, asimismo, abonar a romper con aletargamiento en el trabajo legislativo que se contrapone a la urgencia de los ciudadanos que esperan respuestas y soluciones de este Congreso. Fuimos testigos, en las legislaturas pasadas, del modo en que varias iniciativas fueron frenadas y congeladas sin importar su urgencia y sin importar lo que se interpretara. Eso no debe ocurrir más. De darse así, se estaría hablando de una repetición de prácticas y formas sin fondo que no auguran ningún cambio para nadie. Los tiempos pasados ya fueron. El mismo gobernador Rutilio Escandón lo ha señalado en sus mensajes para pedir a todos los que estén inmersos en la política del estado manejarse a la altura de las necesidades que les exige Chiapas. “No mentir”, es uno de los preceptos base y debe ser empleado de forma correcta. Seguro estoy que la diputada presidenta responderá a tal acusación de forma inteligente. La forma de tapar bocas sería que aquellas iniciativas que están pendientes, las que se encuentran en la antesala, las que se han pedido ser aprobadas, las que fueron dejadas ahí por, las que se dice tienen ya la escharcha en todo el cuerpo, pasen y se suban para ser sujetas a una votación en donde cada legislador muestre del lado en que está. Si las aprueban o no es ya otra cosa. De otra forma, el señalamiento emitido en tribuna el jueves pasado quedará ahí: asentado como un duro golpe que pone en evidencia que nada ha cambiado, que se reciclan acciones, que se sigue en tiempos de sumisión y eso sería lamentable

para todos. #Manjar Ahora es la diputada Cinthya Reyes Sumuano, del Partido Encuentro Social, quien sale en su papel de legisladora proclamándose como ProVida y promotora de una película que respeto aunque no comparta. ¿Qué parte de no legislar para un grupo no le queda claro?, ¿qué tan complicado resulta entender el papel que debe desempeñar en el Poder Legislativo y que no es de grupos religiosos? Haría mejor la señora en ponerse a trabajar, en que al menos la conozcan como representante popular de Tapachula donde llegó como espectro (de la nada) sin ser conocida, en caminar las calles y ver qué necesidades son las más apremiantes, en trabajar para su zona pues. Uno pregunta por ella y ni saben de quién se les habla. Lamentable. No hay dónde analizar su trabajo porque no existe, pero eso sí cobra puntualmente por el hecho de calentar la curul y levantar la mano al ritmo que ordene el PES. Terrible resulta la situación en donde son algunas legisladoras las que se oponen a que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Terrible que el enemigo se encuentre en casa. Terrible que se abanderan prácticas antiprogresistas y que son las que vejan el Estado laico. #YaNoMeAyudesComadre // “Dad todo el poder al hombre más virtuoso que exista, pronto le veréis cambiar de actitud.” Heródoto. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro Cristo con un fusil al hombro de Ryszard Kapuściśski y el disco de Ajuste de cuentas de Quique González. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer. * Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos. * Delegado en Chiapas del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.


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Lunes 28 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

A

ndrés Manuel López Obrador desde su aparición en el escena política nacional –hace mucho años-, se hizo famoso y a la vez que recibió en repudio de la sociedad por bloquear pozos petroleros en Tabasco e incitando a miles de usuarios del servicio de energía eléctrica a no pagar, el bloqueo de Reforma, como medida de chantaje para obtener prebendas de los gobiernos en turno, su desprecio por la ley y la institucionalidad, el intento de agandallarse una elección de la cual fue derrotado no obstante que sus seguidores insisten en el fraude del 2006, sin poderlo probarlo. Hoy no es la excepción y López se presenta ante el pueblo tal cual es, no hay engaño, esto que ha montado es una escenografía para dar la impresión que es un demócrata, de estar preocupado por los que menos tienen, pero no es así, es todo lo contrario. López Obrador además de soberbio, su odio a los periodistas y a todos lo que no piensan como él, presenta una incapacidad intelectual, caduca, que nos traslada a los años 30´s del siglo pasado, pero muchos piensan que es un desequilibrado mental y hace necesario realizarse un examen psiquiátrico. El comportamiento de los últimos meses asumida por el Jefe de Estado es como de un señor feudal, pero menos de lo que es, mitómano, cínico, hipócrita y sinvergüenza, en manos de quien estamos, de alguien que nos llevará al abismo de lo impensable. Por ejemplo, los sucesos de Culiacán no son un hecho aislado sino la consecuencia de una visión de lo que debe ser el Estado en un país cualquiera, es lamentable que López Obrador no alcanza asimilar, y si lo entiende, no quiere actuar como Jefe de Estado, tiene miedo porque piensa que va perder una “popularidad” ficticia, efímera que solo está en su mente calenturienta. Podemos asegurar que la hora de votar en el 2021, podrá presentarse una realidad que para él puede ser dolorosa, para su movimiento de Morena y sus paniaguados y obsesionados seguidores y cómplices. Lo del jueves 17 en Culiacán rebasó todos los años de vida pública del tabasqueño, quien no tiene un cejo de cambiar, ni variará su pésima forma de gobernar, por lo que ni Durazo, ni Bartlett ni ninguno de los funcionarios caducos y corruptos se irán del gabinete no obstante la demostración de que son totalmente corruptos, eso de echarle la culpa a los neoliberales, conservadores o a los fifís, ya no le san resultado, la gente ha abierto los ojos. Por ello, el 2020 será de mucho riesgo por la caída del ingreso del erario, la falsedad de ese pronóstico del crecimiento del PIB del 2.0 por ciento, la falsedad del volumen de extracción del crudo de un promedio diario de un millón 951 mil barriles. No se atrevieron a cambiar porque de haberse atrevido, todo se

CONTRAPODER EN CHIAPAS

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• Los que menos tienen un potencial de votos que interesan a AMLO • El fraude anunciado en Morena • Denuncian a energúmeno vocero del edil de Jiquipilas

les venía abajo como el de realizar recortes importantes en algo que es intocable para López Obrador, como los programas del bienestar, en donde 406 mil millones de pesos no tienen reglas de operación, no se pueden evaluar porque no hay forma de hacerlo, de tal suerte que en esas condiciones lejos de mejorar la situación de los que menos tienen, se va a empeorar. Para el 2020 se auguran tiempos difíciles por la incapacidad para entender lo que debe de hacerse en este momento en el país que se deben tomarse son todas e impopulares y dolorosas en el país, y también por la incapacidad para entender las condiciones que privan en este momento. Para López Obrador lo importante son los votos y las elecciones para perpetuarse en el poder, por ello, el reto ciudadano para reducir los efectos negativos o el peligro que sigue representante el tabasqueño para los mexicanos, frente a la incapacidad, irresponsabilidad y servilismo, entreguismo, adicción de los legisladores que reposan en el Congreso de la Unión. Con todo esto quiero recordar que el 2021 va ver un número importante de elecciones a los gobiernos de los estados, y ahí es donde Morena quiere llevarse todo el pastel, este no reparte, tienen ambición por los cargos públicos, de ahí el desastre presupuestal que están proponiendo para el 2020 y 2021 con el objeto de obtener votos. Aquí si le importan a López Obrador los que menos tienen, o no.

Morena ganará en 2021, 9 gubernaturas, vaticinan

Ayer domingo se dio seguimiento al proceso que habrá de culminar con la renovación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en noviembre próximo, sin embargo, ayer 15 de las 62 asambleas distritales fueron suspendidas para elegir consejeros de Morena, pero llamó la atención

la inesperada participación de Yeidckol Polevnsky quien pugnaba por la suspensión de los procedimientos de elección. No obstante, y solo recordar que desde el inicio de este proceso han surgido una serie de conflictos, intereses que ha hecho imposible se llegue a un acuerdo. De ahí que los mismos militante, en su inmensa mayoría “chapulines provenientes de los partido PRI, PAN, PRD, PVEM y de más aseguran que el fantasma del fraude está presente. El fraude electoral se hace presente en Morena, solo no lo ven los que no lo quieren ver o aquellos que están de acuerdo en que las cosas deben de ser como las plantea el dueño del partido, Adrés Manuel. De tal suerte, el fraude se encuentra a la vista de propios y extraños pero para nadie es ajeno que al interior del partido lo hay todo menos democracia. Todos y lo dicen sus propios dirigentes y militantes. Es un escándalo porque se trata del partido gobernante. Incluso aseguran los mismos militantes que el propio presidente López Obrador, quien desde Palacio nacional maneja las piezas a su antojo y a su conveniencia. Ya no hay respeto entre los militantes, las patadas bajo la mesa están duras, lo que es imperdonable, pues si se roban entre ellos, que serán en las elecciones del 2020 y 2021, simplemente la aplanadora electoral del Estado van a hacer añicos a los partidos de oposición en las próximas contiendas electorales. Lo anterior queda de manifiesto por una casa encuestadora que asegura que Morena arrasaría en 2021 y con abrumadoras ventajas. De acuerdo con una encuesta realizada recientemente por por Massive Caller para La Razón, se reveló que Morena ganaría 9 gubernaturas para las elecciones de 2021 arrasando con abrumadoras ventajas. Será

posible? Mejor decirle a la oposición que se retire para no dar lástima.

Alberto Cruz, empleado de Manuel Calvo, humilla a reportero

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Walter Rincón Rovelo, Alberto Cruz Ruiz, empleado y golpeador del edil de Jiquipilas, Manuel Calvo le propino tremenda golpiza, al periodista Alberto Hernández en una acción por demás cobarde e irracional de violencia, atentando contra de la libertad de expresión, de mdicha victima. Según versión de Esmeralda Vázquez, esposa del reportero Alberto Hernández; el pasado 25 de octubre, este fue atacado de manera cobarde y a mansalva y por el servidor público de Jiquipilas, por Cruz Ruiz, quien cobra en el ayuntamiento como funcionario. Al agresor no le gustó que haya compartido una nota periodística que hace alusión a su estulta forma de proceder, quien no conforme con la tranquiza que propinó al reportero; este cobarde animal llamó a unos policías municipales para que humillara la dignidad de Alberto Hernández. Dicho animal con cerebro de guajolote ordenó que ataran a su víctima, le quitaran los zapatos y ponerlo de rodillas frente a él, para dejar claro el mensaje de quién manda en Jiquipilas. Pedimos justicia a las autoridades no de Jiquipilas porque sabemos que un ex policía tiene la misma mentalidad de marrano que su empleado, que no deja de ser solo un gato, servil y lamehuevos del alcalde que debe ser castigado por su osadía de atentar contra los derechos civiles de un ciudadano. Alcalde en una relación sana con la prensa), debe merecer un castigo ejemplar, precisamente del presidente municipal Calvo Martínez, amén de que el reportero agredido presente su denuncia formal ante la Fiscalía de Periodistas. De antemano, toda mi solidaridad al compañero Alberto Hernández.

Del Montón

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este domingo que la Presidencia de la República vaya a pagar los traslados de los reporteros que acompañan sus giras por el país y sugirió que los medios cubran mediante corresponsales o a través de los medios oficiales. López Obrador, pidió a los medios de comunicación, que cubren la fuente presidencial, que busquen sus recursos y organicen mejor su logística. Creo que esta fue otra forma del peje para despreciar a la prensa, habla mal hasta de los que lo apoya. No se si sea mucha necesidad de acompañar a las giras al presidente, lo mejor fuera que nadie asista, que lo dejen solo incluso en las mañanera, al fin y al cabo que puras pendejadas dice. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.


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Lunes 28 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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HOJAS LIBRES Impacto/Diario Contrapoder Roberto Domínguez Cortés

• Guerra contra el narco, tres presidentes derrotados • El día que capituló el Estado mexicano

L

o ocurrido el 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, es el mensaje funesto de que nada ni nadie podrá ya parar el poder nacional –y transnacionalde la delincuencia organizada. El cártel de Sinaloa dio la primera muestra de que ni el Ejercito, la Guardia Nacional ni la Policía Federal tienen la capacidad de reacción inmediata, movilización y logística del personal al servicio de Joaquín Guzmán Loera. Lo más relevante es que “El Chapo” se encuentra preso y sentenciado a cadena perpetua, más 30 años de prisión. Ello demuestra una gran capacidad de organización y que, aun desde la cárcel, el control sobre sus subalternos y una perfecta estructura militar les permite enfrentar, con éxito, el poder del Estado mexicano. Cuando, en diciembre del 2006, Felipe Calderón decidió declarar la guerra al narcotráfico, lo hizo desde la perspectiva de que con el uso de las Fuerzas Armadas era suficiente para vencer a los cárteles asentados en territorio mexicano. Grave equivocación al haber pretendido legitimar su espuria presidencia, lograda desde el fraude electoral, con una guerra, innecesaria, que costó al país 128 mil muertos. No sin razón se bautizó ese exabrupto como la guerra de Calderón. Algo así como una guerra personal, y no de seguridad nacional. El gobierno de Enrique Peña Nieto también fue un rotundo fracaso ante la fuerza operativa, geopolítica y económica del narcotráfico. Para desafiar el poder presidencial, cuatro cárteles se asentaron en territorio mexiquense: Los Caballeros Templarios, Los Zetas, La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los datos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) eran preocupantes y terroríficos. En los gobiernos de Peña Nieto y Eruviel Ávila se documentaron 4 mil asesinatos entre las bandas del narcotráfico y los cuatro cárteles se disputaban 54 de los 125 municipios ante unos

ediles y policías municipales con pistolitas de juguete comparadas con el sofisticado armamento de la bien organizada delincuencia organizada. El reto y el mensaje de las cuatro organizaciones fueron formidables. Como gobernador, Enrique Peña Nieto no pudo terminar con la presencia de quienes se disputaban el territorio del Estado de México. Había que demostrar después que tampoco desde la Presidencia de la República se tenía forma de parar el narcotráfico y las otras actividades ilícitas que se realizan paralelamente. El resultado, 110 mil muertes durante el peñanietismo. La semana que va del 13 al 20 de octubre fue de proporciones nunca vistas y de desafío a las instituciones encargadas de la seguridad pública y nacional sin capacidad de respuesta. Primero fue Aguililla, Michoacán, en donde murieron (o más bien asesinaron) 14 policías en una emboscada, cuando se encontraban en un recorrido, aunque informaciones extraoficiales documentan 27 muertos. Siguió después Acámbaro, Guanajuato, en donde cuatro civiles resultaron muertos y un oficial de la Policía Federal herido. El estado de Guerrero ha sido, tradicionalmente, un espacio geográfico violento y asentamiento de grupos guerrilleros. El día 16 de octubre murieron, en una emboscada, 14 civiles y un militar en la comunidad de Tepochica, Iguala, de donde 43 normalistas desaparecieron desde el 26 de septiembre de 2014, sin rastro hasta la fecha. La estridencia de los acontecimientos es palpable y la distancia geográfica entre las entidades

donde ocurren los hechos delictivos advierten que el territorio nacional tiende a quedar sometido bajo el control de los diversos cárteles. Morelos es un desastre con un gobernador, Cuauhtémoc Blanco, que es un mal chiste de la política mexicana y que ejerce un gobierno de la patada. Veracruz, con Cuitláhuac García, que no entiende ni sabe en dónde se encuentra parado. Vergonzoso que porten los nombres que dieron lustre y prestigio al imperio mexica. Bajo fuego y control se encuentran también Tamaulipas, Jalisco y Sinaloa. El corredor abarca, entonces, desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico. Además, el reto a los órganos de seguridad del Estado mexicano es evidente y abierto. Basta con ver en el estado de Michoacán que a la vista de todos circulan camionetas con el logotipo CJNG (Cártel Jalisco nueva generación) y armas más sofisticadas, en una evidente rendición de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la gran derrota y capitulación de las instituciones nacionales se dio, el 17 de octubre, con la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de “El Chapo.” De ese acontecimiento se han dado seis versiones diferentes. Ninguna creíble, y menos la última. Asegura el presidente López Obrador que no estaba enterado cuando se ufana de que todos los días tiene la radiografía del país, sobre todo en materia de seguridad. Lo cierto es que una decisión de ese tamaño sólo puede venir del Presidente de la República. Quedó en evidencia que el cártel de Sinaloa está mejor preparado, o menos improvisado, que el

Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Federal. De la liberación de Ovidio Guzmán sólo hay dos escenarios posibles. Que, con anticipación, los servicios de inteligencia del cártel de Sinaloa supieron del operativo para detener al hijo del jefe Joaquín Guzmán. El otro escenario es que aun cuando, de improviso, el equipo de seguridad de Ovidio Guzmán se enteró de que pretendían su captura, demostró una enorme capacidad de logística y movilización en apenas unos cuantos minutos para evitar su detención. Difiere de esa organización el operativo fallido que puso, innecesariamente, en peligro a la población civil cuando el tratar de detenerlo en un restaurante era de inminentes funestas consecuencias. Se habla de que el mando militar y de la Guardia Nacional era de apenas de 200 elementos, en tanto que en minutos se movilizaron 800 guardaespaldas para frustrar la detención de Ovidio Guzmán. La excusa de López Obrador es que se prefirió la entrega y capitulación sin condiciones para evitar la pérdida de vidas inocentes. En eso siempre se estará de acuerdo. En lo que sí no puede haber justificación es en la forma en que se planeó y pretendió ejecutar una orden de aprehensión con fines de extradición. Si, por petición del gobierno de Estados Unidos, los preparativos se hicieron apresurados y, desde la improvisación, el resultado ya se conoce. Ejecutar una detención de esas proporciones requiere semanas o, tal vez, meses de preparación para determinar el lugar más adecuado en dónde ejecutar la orden de aprehensión, y no en un lugar concurrido, del cual puede preverse el resultado en pérdida de vidas humanas. Así, hoy ya no hay posibilidades de detención de Ovidio Guzmán, primero, porque permanecerá oculto y, después, porque el cártel de Sinaloa ya dio una demostración de un poderío hasta el 17 de octubre desconocido. Ampliaremos…


CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Lunes 28 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1762

INVESTIGACIÓN

EXHORTO

CNDH llama al gobierno a esclarecer operativo fallido en Culiacán

Alcaldesa de Simojovel bajo la lupa de la ASE y bajo órdenes de FGE

PAG. 9

COMPROMISO

López Obrador promete atención a pueblos indígenas como en los años 70 PAG. 3

DEMANDA

Cumple 7 días de bloqueo carretero por incumplimiento de alcalde PAG. 9

RESOLUCIÓN

Absuelven a cinco acusados por el homicidio del periodista Carlos Domínguez en Tamaulipas

PAG. 6

En el Bosque, ante incumplimiento de campaña y el incumplimiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio (COPLADEM), pobladores del ejido los Plátanos, hoy cumplen siete días de que mantienen bloqueadas las vías de comunicación el Bosque- Bochil sobre la altura de dicho ejido.

PAG. 4

PAG. 6

“Culichis” salen a marchar en Culiacán para exigir paz tras operativo fallido


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