CONTRAPODER EDICIÓN 1755

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Violencia y complicidades en Chiapas

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El tráfico de armas en Chiapas es una realidad que viene ocasionando que muchos protestas sociales terminen en enfrentamientos armados

Tuxtla Gutiérrez tiene de nuevo problemas de abastecimiento de agua.

SMAPA señala que se debe a problemas de turbiedad.

Y cómo no va a ser así si Tuxtla ha padecido de la turbiedad de los gobiernos municipales de Sabines, Yassir, Toledo, Castellanos y Morales.

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EN CHIAPAS

Jueves 17 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1755

SOLICITUD

ESTUDIO

Indígenas desplazados exigen desarticular a grupos armados en Chenalhó

A dos días de que se cumplan dos años del crimen del indígena tzotzil Samuel Luna Girón, luego de un ataque armado contra los pobladores de Chalchihuitán, su viuda, familiares, amigos y compañeros demandaron justicia y castigo para los asesinos

Chiapas, primer lugar nacional y mundial en el consumo de Coca Cola: CIMSUR

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PROTESTA

En huelga de hambre se pronunció el FAC en la Secretaría de Gobernación

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AMLO presentará nuevo registro de personas desaparecidas, confirma México en la ONU

COMENTANDO LA NOTICIA

Alfonso Carbonell Chávez PAG. 15

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

EXIGENCIA

Se amotinan migrantes en las instalaciones de “La Mosca”

HOY ESCRIBEN

SIGNOS

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Salvador Ruíz Zambrano

EL DIVÁN Sergio Stahl

PAG. 13 PAG. 12

MORENA, EL TALÓN DE AQUILES DE AMLO José Gil Olmos

PAG. 12

JUECES EN LA LÍNEA DE FUEGO Laurence Pantin Y Alejandra Quezada PAG. 5

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EN CHIAPAS

EDITORIAL Violencia y complicidades en Chiapas

E

l tráfico de armas en Chiapas es una realidad que viene ocasionando que muchos protestas sociales terminen en enfrentamientos armados, sin que a la fecha la fiscalía tanto del Estado como el de la república inicien una carpeta de investigación sobre la procedencia de las mismas.

Es un secreto a voces que en San Cristóbal de Las Casas se venden todo tipo de armas y municiones sin que ninguna autoridad intervenga para poner un alto a este tráfico, aún y cuando existen múltiples retenes policíacos y militares. Por ello no es gratuito que las organizaciones en las comunidades indígenas se encuentren fuertemente armadas y que existan grupos paramilitares, lo que genera un riesgo permanente de estallidos de violencia con pérdidas de vida humana.

En esta administración, que se suponía era de orígenes distintos, se continúa con la política de tolerancia, indiferencia, complici-

dad, valores entendidos y permisibilidad a los grupos armados en la entidad; signo inequívoco que indican los graves problemas de gobernabilidad que se viven en el Estado, originado, fundamentalmente, por el desconocimiento que tienen los funcionarios públicos de la realidad chiapaneca.

Muestra de esto se percibe es el excesivo operativo policíaco que se montó desde el palacio de gobierno para acompañar y restituir al presidente municipal de San Juan Chamula, quien fuera destituido en una asamblea comunitaria y que presenta graves problemas de legitimidad y donde se evidencia una confusa negociación de la secretaría de gobierno con el grupo opositor del presidente para restablecer el orden, en el que se requirió un fuerte operativo militar para ocupar el edificio de la presidencia municipal.

En reiteradas ocasiones se ha señalado que no existe gabinete ni plan de gobierno ni agenda política en la entidad. No hay una

fuerte inversión pública en obras, no existe un programa de reactivación de la economía y de la producción agrícola y ni siquiera hay un plan estratégico de seguridad ni indicadores ni metas que nos puedan orientar en qué consiste la transformación que vienen realizando.

Pese a esto, el gobernador tiene reuniones quincenales de evaluación con sus colaboradores, en donde se escucha la voz de la complacencia del gobierno, en donde el propio gobernador suele afirmar de que vamos bien, pese a que los resultados y el sentir popular lo desdicen. Esas reuniones no están sirviendo de ayuda para mejorar las condiciones de Chiapas. El hecho es que no se viene gobernando, lo que se viene realizando es mal administrando, en donde la austeridad se ha convertido en una política de no gasto y de no inversión, lo que tiene prácticamente colapsada la economía del Estado, que requiere de la inversión gubernamental.

El turismo, que representa una

fuente importante de ingresos para Chiapas, tiene su principal problema en la inseguridad y en la violencia que se vive en las carreteras, en donde se volvió parte de la vida cotidiana que grupos pongan retenes y ejerzan un cobro ilegal por el derecho del tránsito vehicular.

Los últimos acontecimientos de violencia en Chenalhó, Oxchuc, Bochil San Juan Chamula y Simojovel van a quedar impunes, en virtud de la prevalencia de una intervención facciosa de la fiscalía, que instrumenta órdenes arbitrarias de aprehensión, que no investiga las acciones de omisión de las autoridades municipales y estatales, que no abre carpeta de investigación por los delitos del uso de armas para uso exclusivo del ejército ni solicita la atracción de la fiscalía general de la república, que fundamenta sus detenciones hacia los pobladores, muchos de ellos inocentes y en donde su accionar no busca romper los cacicazgos locales quienes patrocinan la violencia.

DIRECTOR GENERAL

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Isaín Mandujano Chalchihuitán, Chis. (apro)

I

ndígenas de una decena de comunidades que vivieron un desplazamiento masivo en 2017 pidieron a los gobiernos estatal y federal desarticular a los grupos civiles armados que operan en el municipio de Chenalhó, que durante dos años los han mantenido aterrorizados con sus armas y patrullajes en la región.

A dos días de que se cumplan dos años del crimen del indígena tzotzil Samuel Luna Girón, luego de un ataque armado contra los pobladores de Chalchihuitán, su viuda, familiares, amigos y compañeros demandaron justicia y castigo para los asesinos.

Asimismo, que el gobierno cumpla con las indemnizaciones correspondientes por todos los daños que les ocasionaron, al no haber garantizado la seguridad de quienes sufrieron desplazamiento forzado.

Elicia Gómez García, la viuda de Samuel Luna Girón, recordó que el 18 de octubre de 2017 un grupo de hombres armados asesinó a su esposo frente a ella y sus hijos, luego de lo cual los desalojaron y quemaron su casa, así como las de otros vecinos y familiares.

Ello derivó de la disputa por límites territoriales entre los municipios de Chenalhó y Chalchiuitán, donde los comuneros de ambos lugares se pelean algunas tierras en las que comuneros tzotziles de ambas localidades siembran cafetales y maíz.

Se trata de un conflicto agrario que tiene ya varias décadas.

En octubre de 2017, más de cinco mil pobladores de 11 comunidades colindantes con Chalchiuitán y Chenalhó fueron obligados a dejar sus casas y refugiarse en las montañas, pero algunos pudieron llegar a otras comunidades o la cabecera municipal.

Los desplazados dejaron sus casas en Pom, Chen´Mut, Tzomolton, Canalumtic, Bejeltón, Tulantic, Bololchojon, Cruz Kakanam, Jolcántetic, Xiximtontik y Cruztón.

Desde finales de octubre y hasta

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

A bordo de una motocicleta, dos sujetos armados ingresaron esta mañana a la Escuela Preparatoria “Jaime Sabines Gutiérrez”, en la cabecera municipal de Cacahoatán, muy cerca de Tapachula, donde robaron celulares, carteras, una laptop y una Tablet.

Los ladrones ingresaron por el estacionamiento de la escuela, ubicada sobre la 25 avenida Sur esquina con 14 calle Oriente, del barrio Álvaro Obregón, y se dirigieron al salón del tercer semestre grupo C, donde sorprendieron al maestro y sus alumnos en plena clase, y los despojaron de sus pertenencias. Concluido el robo, los

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Indígenas desplazados exigen desarticular a grupos armados en Chenalhó A dos días de que se cumplan dos años del crimen del indígena tzotzil Samuel Luna Girón, luego de un ataque armado contra los pobladores de Chalchihuitán, su viuda, familiares, amigos y compañeros demandaron justicia y castigo para los asesinos

diciembre de aquel año, los 5 mil 23 indígenas –hombres, ancianos, mujeres, niños y niñas– sobrevivieron en condiciones de hacinamiento, pasando hambre y frío. Unas 12 personas fallecieron de enfermedades, o por no tener comida para darles a sus hijos. Los muertos fueron los más débiles: los recién nacidos y ancianos.

María Pérez Paciencia, habitante de una de las nueve comunidades abandonadas, recordó las condiciones de miseria que tuvieron que pasar durante dos meses ante la indiferencia de los gobiernos de Manuel Velasco y Enrique Peña Nieto.

Y, aunque no había las condi-

ciones para regresar, poco a poco fueron retornando a sus hogares, con la amenaza permanente de ser atacados.

De acuerdo con Javier Luna Girón, en la región siguen operando impunemente los grupos civiles armados que los obligaron a dejar sus casas, y sus muertos siguen sin tener justicia.

Ausencio Pérez Paciencia expuso que han pasado ya dos años y siguen esperando el pago que les prometieron a los cinco mil desplazados por lo que perdieron: cosechas, animales de traspatio y del campo, enseres y casas quemadas que no han sido re-

construidas.

A su vez, Marcos Pérez Gómez lamentó que los gobiernos estatal y federal sólo han engañado a la población y siguen aterrorizados por los grupos civiles armados que continúan patrullando los caminos e incursionan en las milpas para intimidar a los campesinos de Chalchiuitán.

El gobierno no los ha desmantelado y operan desde 1997, cuando se organizaron como grupo paramilitar para perpetrar la masacre de 45 campesinos en diciembre de 1997 en el paraje de Acteal, Chenalhó, concluyó.

Sujetos armados roban celulares, carteras, laptop y tablet en preparatoria de Chiapas agresores huyeron.

Minutos después, a la escuela preparatoria –turno matutino, con una matrícula de 420 alumnos y una plantilla de 26 docentes– arribaron elementos de la policía municipal y del Ejército Mexicano, así como personal de la Fiscalía General del estado (FGE), para atender la primera línea de investigación.

Directivos y padres de familia hicieron un llamado a la FGE para agilizar las investigaciones del hecho y que no quede impune.

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En huelga de hambre se pronunció el FAC en la Secretaría de Gobernación Beristáin Javier Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

A

nte la cerrazón de los funcionarios federales, el recorte presupuestal para el campo y la defensa de la soberanía del pueblo, líderes integrantes del Frente Auténtico para el Campo, (FAC), se declararon en huelga de hambre, al interior de la Secretaría de Gobernación, en la ciudad de México.

Carlos Humberto Luna López, líder de la Unión de Trabajadores Agrícolas en Chiapas, precisó que les falta capacidad de diálogo y atención hacia la sociedad a los funcionarios que se encuentran incrustados al interior de la cuarta transformación, agregando que todo es una perfecta simulación en donde prevalece el

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

Chiapas ocupa el primer lugar nacional y mundial en el consumo de Coca Cola, principalmente en las comunidades indígenas de los Altos, donde en la última década se han incrementado los casos de personas con diabetes mellitus.

Lo anterior se desprende de un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR), dado a conocer en la página oficial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En el estudio “Somos lo que bebemos: impacto de las bebidas azucaradas en los pueblos originarios de Chiapas”, investigadores del CIMSUR precisan que Chiapas es la región del mundo donde más se consume CocaCola. En promedio, cada persona de la entidad bebe 821.25 litros por año.

Esta situación se relaciona con la alta prevalencia de diabetes mellitus en la región, que en la última década ha sido la principal causa de muerte.

La información está contenida en la investigación realizada por Jaime Page Pliego, doctor en antropología por el CIMSUR, quien revela que el aumento en el consumo de refrescos en la región sur del país fue ocasionado en parte por una modificación de la vida social y religiosa de sus habitantes.

Debido a los efectos nocivos que el consumo excesivo de alcohol provocó en la comunidad, los líderes religiosos tradicionales comenzaron a sustituir el aguardiente de caña (pox) por refrescos, estableciendo concesiones con la compañía Coca-Cola o PepsiCo, que estaban incursionando en los mercados indígenas en la década de 1980, explica June Nash en un artículo publicado en Cultural Anthropology, en 2008.

autoritarismo.

Los programas que anuncian con platillos y pompas, no es más que una simulación, la realidad es que todo se encuentra desierto, se está retrocediendo empantanando más a los sectores que claman que aterricen los programas sin más engaños, porque

el campo de por sí no aguanta más.

Por ello hace una hora, bajo el lema de “ Patria o muerte, no al autoritarismo que llevará a México a hundirse más en la miseria” hace una hora al interior de la secretaria de gobernación en la ciudad de México, integrantes del Frente Auténtico para

el Campo, conformado por la Comisión Política Nacional de la UNTA, Álvaro López Ríos, Carlos Humberto Luna López, José Luis Zepeda López, Ricardo González Fragoso; de la CIOAC Federico. Ovalle Vaquera, del MST, Francisco Cheo Placencia, de la CODUC, Marcos Ortiz Salas ,se declararon en huelga de hambre.

No es un capricho de las bases campesinas, sino más bien es la tozudez de los funcionarios federales en turno, que en lugar de abonar a la paz y apostarle a la productividad del campo, realizan el recorte presupuestal a este importante sector.

Puntualizan que se pronuncian por la defensa de la soberanía del pueblo mexicano y que se acabe con la simulación de los programas falta de capacidad de dialogo y brinden una mejor atención.

Chiapas, primer lugar nacional y mundial en el consumo de Coca Cola: CIMSUR En el reporte oficial del investigador del CIMSUR se señala que los datos de campo recabados por Page Pliego coinciden con los de Nash respecto a ese cambio.

Durante sus prácticas rituales los j-iloletik (en tsotsil), que significa quienes pueden ver y escuchar, utilizaban el olor dulce del pox como elemento importante para “nutrir” a sus deidades.

Hoy en día, apunta el estudio, el pox es utilizado exclusivamente para confundir al demonio, mientras que el refresco se incorporó como “nutrimento de la deidad celestial” y se ha convertido en uno de los elementos centrales de los rituales u ofrendas realizadas por la población tzotzil en el templo de San Juan Chamula.

Otras de las razones de la prevalencia del consumo de las bebidas carbonatadas y azucaradas, puntualiza el artículo publicado en la Revista Medicina Social, en 2019, son: una laxa legislación hacia las empresas refresqueras, campañas de mercadotecnia en lenguas locales y la poca accesibilidad de agua potable de calidad y en cantidad suficiente para los habitantes.

Esto ha provocado que las familias chiapanecas “destinen el mayor porcentaje de su ingreso en alimentos y bebidas no alcohólicas (38.4%), de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Gasto (Engasto) 2012”, declaró Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor.

“La primera vez que sintió sed en exceso, como síntoma inicial de la enfermedad (diabetes), ingirió cuatro cocas”, comentó Kay, originario de San Juan Chamula, respecto de su hermana,

que al igual que él y sus dos hermanos fueron diagnosticados con el mismo padecimiento.

En el documento se señala que cada vez que una persona adulta bebe cuatro botellas de 600 mililitros de este refresco, está ingiriendo una cantidad que equivale a 50 cucharadas cafeteras de azúcar de cinco gramos cada una, es decir, consume más del 500% de la ingesta diaria de azúcares recomendada, según estimaciones de la organización civil El Poder del Consumidor.

Este cálculo fue realizado en 2013 por la nutrióloga Xaviera Cabada, coordinadora de Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor.

El informe destaca que el mal sabor de boca que ha dejado este escenario para los pueblos de la región sur del país se refleja en los problemas de salud que les ocasionan.

Ahora se presentan casos en los que las personas cuentan con una situación de “doble carga de malnutrición”, definida por la Organización Mundial de la Salud como el aumento de la obesidad sin haber controlado por completo las enfermedades crónicas ni la desnutrición.

Directivos de grupo FEMSA argumentaron en entrevista con The New York Times, en 2018, que una de las razones del aumento de la diabetes tipo II es que los mexicanos tienen una proclividad genética a desarrollar diabetes.

Sin embargo, se ha documentado el impacto del cambio drástico de las comidas tradicionales de las poblaciones rurales, las cuales, por ejemplo, han sustituido el agua y el pozol por refresco y cerveza.

Un análisis de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y alimentos, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, concluye que el pozol, bebida que contiene una gran cantidad de microrganismos benéficos, cuenta con un alto porcentaje de proteína, grasa vegetal y carbohidratos, considerándose un producto de alta calidad nutricional, en comparación con otras bebidas industrializadas.

Y los refrescos empiezan a provocar efectos adversos a la salud desde las dos primeras semanas de tomarlos diariamente en una cantidad de 355 mililitros en tres comidas, según reporta un estudio clínico encabezado por la doctora Kimber Stanhope, de la Universidad de California Davis, publicado en American Journal of Clinical Nutrition en 2015.

En el estudio del investigador del CIMSUR se plantea la urgencia de asegurar el agua de buena calidad para todas las comunidades, pues es vital para contrarrestar esta situación.

Otras de las alternativas que sugieren diversas organizaciones son aumentar el gravamen a las bebidas azucaradas, regular las campañas de comercialización y un etiquetado adecuado.

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Se amotinan migrantes en las instalaciones de “La Mosca” Jairo Camacho.

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

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ste miércoles por la noche los migrantes centroamericanos que permanecen resguardados en las Instalaciones de “La Mosca” en el municipio de Chiapa de Corzo se amotinaron, resultando un indocumentado lesionado.

Cabe recordar que desde el pasado mes de mayo este lugar se habilitó como albergue para resguardar a los viajeros en espera de arreglar su situación migratoria o para ser deportados, además de que este espacio anteriormente había sido espacio para alojar a los elementos de la Policía Federal.

Fue cerca de las 19:30 horas cuando de acuerdo a los reportes oficiales los migrantes se amotinaron, todo comenzó cuando uno de ellos cayó a la altura de un escritorio y quedó inconsciente dentro de una bodega.

El lesionado tardó varios minutos en ser atendidos debido a que este lugar se ubica en la carretera Chiapa de Corzo-La Angostura.

Fue en este momento en que comenzaron a lanzar cosas y a romper los colchones, así como la ropa que usaban en ese momento.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Fuerza Ciudadana, Policía Estatal Preventiva, Policía Federal

Cabe recordar que desde el pasado mes de mayo este lugar se habilitó como albergue para resguardar a los viajeros en espera de arreglar su situación migratoria o para ser deportados, además de que este espacio anteriormente había sido espacio para alojar a los elementos de la Policía Federal

y Guardia Nacional.

Luego de contener la situación el lesionado fue trasladado al hos-

pital Gilberto Gómez Maza para que fuera atendido. Durante este motín algunos migrantes huyeron

con rumbo desconocido, hasta el momento no existe versión oficial del tema.

Grupo interinstitucional libera vía bloqueada por normalistas De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Elementos del Grupo Interinstitucional, integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Policía Municipal, hicieron valer el Estado de derecho. Con apego al protocolo, se liberó pacíficamente la vía que permanecía obstruida por manifestantes. No hubo detenidos.

Atendiendo a la orden de restablecer el libre tránsito, elementos del Grupo Interinstitucional desalojaron a un grupo de normalistas que mantenían bloqueado el tramo acostumbrado, sobre el Libramiento Norte y Bulevar Vicente Fox de la capital chiapaneca.

Ahí, los manifestantes retuvieron unidades de empresas refresqueras y de Pemex, a las que posteriormente condujeron a su escuela Normal Rural Mactumactzá, ubicada en la zona aledaña.

A causa del bloqueo a la vía de

comunicación referida, hubo afectación al tránsito de autos particulares y de transporte público, así como a camiones de pasaje y turismo, principalmente al comercio, pues camiones cargados con mercancía regresaban para no ser vandalizados.

Por ello, elementos antimotines de la SSyPC y de la FGE, con apego total a los derechos humanos y sin uso de violencia, desplegaron el operativo que se realizó bajo los protocolos de desalojo que marca la ley. Antes, se agotaron los medios de conciliación necesarios para evitar esta acción.

Al ver la presencia policíaca, los normalistas se replegaron y liberaron las unidades retenidas.

Cabe resaltar que, con base en la ley, se castiga con prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes. Esta vez no hubo detenidos, pues los manifestantes se retiraron a la llegada de los policías.

El artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga el derecho a reunirse y protestar de manera pacífica, siempre que no sea de manera violenta y que no se afecten los derechos de terceros; en este caso se violentó el derecho de terceras

personas a transitar libremente.

Con acciones como éstas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, refrenda el compromiso del Gobierno del Estado de seguir garantizando la seguridad, el libre tránsito y la atención de la denuncia ciudadana.

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Periodistas, académicos y ONG exigen a Barbosa cesar agresiones contra portal e-consulta Gabriela Hernández Puebla, Pue., (apro)

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eriodistas, académicos, legisladores y representantes de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, emitieron un desplegado en el que exigen al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta respetar a medios críticos a su gobierno como el portal e-consulta, el cual ha sido objeto de intimidaciones a causa de su labor informativa.

Cuando aún no se cumplen 100 días del gobierno de morenista, en el desplegado publicado en diversos medios se resume una serie de agresiones y actos intimidatorios que han sido dirigidos por el propio Barbosa Huerta, por funcionarios de su gobierno o políticos ligados al gobernador, en contra de e-consulta y sus reporteros.

“Quienes firmamos este pronunciamiento brindamos nuestro apoyo y solidaridad al director del portal e-consulta, Rodolfo Ruiz Rodríguez, y su equipo de trabajo en el estado de Puebla por las agresiones de las que han sido objeto en fechas recientes”, señala el escrito dirigido al propio mandatario, así como a las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos.

El texto es firmado por periodistas como Álvaro Delgado, Roberto Rock L., Raymundo Rivapalacio, Fátima Monterrosa y Marco Lara Klahr, así como por organizaciones como Article 19, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección

Patricia Davila Ciudad de México (apro)

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Miguel Mora Olvera, exagente de la Policía Judicial del estado de Quintana Roo, por su probable participación en el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

En el año 2005, época en que ocurrieron los hechos, Mora Olvera ocupaba el cargo de agente de esa corporación policiaca, adscrito a la entonces Procuraduría General de Justicia del estado.

La comunicadora fue detenida y torturada en 2005 por la supuesta comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por José Kamel Nacif Borge, conocido como “El Rey de la mezclilla”, a causa de la publicación del libro, “Los Demonios del Edén”, en el que la escritora descri-

para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y la Red de Periodistas de Puebla.

Por parte de académicos: Juan Luis Hernández Avendaño, Ernesto Villanueva, Enrique Cárdenas Sánchez, Julio Eutiquio Sarabia, Ignacio Arbesú Verduzco, Miguel Ángel Pérez Maldonado, Lilia Vélez Iglesias, Israel Arroyo García, Martín López Calva, Matías Rivero Marines, entre otros.

En apoyo a e-consulta también signan el desplegado los legisladores: Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandro Rojas Díaz Durán, Verónica Juárez Piña, José Juan Espinosa Torres y Rocío García Olmedo.

Hacen referencia a la serie de agresiones que ya han sido documentadas por Artículo 19 y la Red Puebla de Periodistas en contra de este medio, que tiene más de 17 años de labor informativa en Puebla, las cuales incluyen bloqueo informativo, descalificaciones, campaña de

desprestigio, amenazas de acciones legales y ataques cibernéticos.

En el desplegado se enumeran algunas de ellas ocurridas desde septiembre a la fecha, como cartas firmadas por Verónica Vélez Macuil, coordinadora de Comunicación Social y Agenda Digital, donde acusa a Rodolfo Ruiz de escribir columnas “maliciosas e incluso llenas de intriga”.

También se mencionan dos ataques cibernéticos contra el portal, donde se borraron dos notas del servidor referentes al despido de trabajadores sindicalizados por parte de Barbosa Huerta y sobre una solicitud de que se investiguen bases irregulares en la Secretaría de Salud.

Entre otros puntos, también refieren que un medio de comunicación local publicó unas supuestas capturas de pantalla de mensajes entre Ruiz y Pedro Gómez, entonces director de Puebla Comunicaciones, donde se adjudican una supuesta campaña negra en redes sociales contra Vélez Macuil.

A partir de esto, señala que co-

menzaron a circular en grupos de mensajería instantánea GIFs “humillantes”, en los cuales se utilizó el rostro de Rodolfo Ruiz y se hace referencia a que solicita dinero público.

También refiere la suspensión de la cuenta de Twitter del reportero Héctor Llorame, después de la publicación de un reportaje sobre las Casas de Gestión de legisladores locales, así como las amenazas del coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, de demandar al portal por la publicación de irregularidades que presuntamente cometió para obtener su candidatura.

“Asimismo, Patricia Méndez y Héctor Llorame, ambos colaboradores de e-consulta, fueron descalificados por el gobernador de Puebla, quien los acusó de ser panistas y “amarra navajas”, durante eventos públicos”, detalla el desplegado.

Incluso, el escrito recuerda que igual este medio informativo fue objeto de acoso y agresiones durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, cuando sufrió dos robos en sus oficinas, el allanamiento al domicilio del director, la intervención de sus comunicaciones, campañas de desprestigio y descalificaciones.

“Ante esta situación exigimos al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, al diputado Gabriel Biestro Medinilla y a la coordinadora de Comunicación social, Verónica Vélez Macuil, respeto a la libertad de expresión y medios de comunicación en Puebla, en especial para quienes son críticos de la actual administración”, reclaman los firmantes.

Detienen en Cancún a exjudicial implicado en el caso de Lydia Cacho be fiestas en las cuales supuestamente se pervertía a menores de edad.

La orden de detención se efectuó en Cancún, Quintana Roo. Lo anterior luego que el agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, solicitó y obtuvo el mandamiento judicial llevado a cabo por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM).

De acuerdo con la FGR, Miguel Mora, quien fue detenido sin uso de violencia ni afectación a terceros, quedó interno en el Centro de Reinserción Social Cancún, Quintana Roo, a disposición de la autoridad judicial que

lo requirió.

Su detención se suma a la captura de otros tres probables responsables de los hechos: José Montaño Quiroz, Alejandro Rocha Laureano y Juan Sánchez Moreno.

José Montaño Quiroz, excomandante de la Policía Estatal de Puebla, fue detenido en 2014 y sentenciado en octubre de 2017 a cinco años y tres meses de prisión.

Alejandro Rocha Laureano, al momento de su detención, en diciembre de 2018, era elemento activo de la Fiscalía del Estado de Puebla; fue aprehendido en un domicilio ubicado en la avenida Puebla.

Y, Juan Sánchez Moreno, quien en

diciembre de 2005 ocupaba el cargo de comandante de la Unidad Especializada en Cumplimiento a Mandamientos Judiciales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Fue detenido en abril de 2019 en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

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Inegi: 71.3% de mexicanos se siente inseguro en su ciudad Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)

E

n el país, siete de cada 10 mexicanos consideran que vivir en su ciudad es inseguro, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al dar a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el organismo de estadística precisó que en septiembre el 71.3% de los mexicanos consultados se siente inseguro, sin embargo, dicho porcentaje es menor respecto a junio de 2019 y a septiembre de 2018, en donde se registraron porcentajes de 73.9% y 74.9%, respectivamente.

Julio A. Santaella @SantaellaJulio #ENSU durante 2019-T3 el 71.3% de la población 18+ consideró que vivir en su ciudad es inseguro, lo que implica una disminución vs el 73.9% del trimestre anterior.

Eso sí, la violencia contra las mujeres es más marcada, ya que la ENSU arroja que la percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 75.9%, mientras que para los hombres fue de 65.8 por ciento.

Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Coatzacoalcos, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Acapulco de Juárez, Villahermosa y Uruapan, donde prácticamente nueve de cada 10 habitantes las ven como violentas.

En contraste, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, Mérida,

Eso sí, la violencia contra las mujeres es más marcada, ya que la ENSU arroja que la percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 75.9%, mientras que para los hombres fue de 65.8 por ciento

San Nicolás de los Garza, Saltillo, Los Cabos y Puerto Vallarta. En dichos lugares hasta tres de cada 10 personas consideran que son inseguras.

Julio A. Santaella @SantaellaJulio #ENSU las ciudades con mayores percepciones de inseguridad en 2019-T3 fueron #Coatzacoalcos (94.5%),#Ecatepec (92.5%) y #Naucalpan (90.1%); las de menor percepción #SanPedroGG (20.5%), #Mérida (22.8%) y #SanNicolás (27.9%).

Los lugares comunes donde la gente se siente más insegura son los cajeros automáticos, el transporte público, el banco, las calles donde camina, el mercado, la carretera, el parque recreativo o centro recreativo, el centro comercial y el automóvil.

De acuerdo con el Inegi, la sen-

sación de inseguridad por temor al delito y las expectativas que tiene la población sobre la seguridad pública se generan por la influencia de diversos factores, como la atestiguación de conductas delictivas o antisociales que ocurren en el entorno donde se desenvuelve la población.

Asimismo, el temor al delito puede hacer cambiar las rutinas o hábitos de la población, así como la percepción que se tiene sobre el desempeño de la policía.

Durante el tercer trimestre de 2019, el porcentaje de la población que refirió haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fue: Consumo de alcohol en las calles (63.5%), robos o asaltos (60.8%), vandalismo en las viviendas o nego-

cios (46.3%), venta o consumo de drogas (43.5%), disparos frecuentes con armas (41.4%), bandas violentas o pandillerismo (31.9 por ciento) y robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol) con el 4.6 por ciento.

Por otra parte, en el trimestre referido, el 59.7% de la población de 18 años y más, residente en las ciudades objeto de estudio, manifestó que durante el tercer trimestre de 2019 modificó sus hábitos respecto a “llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito” por temor a sufrir algún delito.

En ese sentido, el 53.6% reconoció haber cambiado hábitos respecto a “permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda”; 49.9% cambió rutinas en cuanto a “caminar por los alrededores de su vivienda, pasadas las ocho de la noche” y 34.9% cambió rutinas relacionadas con “visitar parientes o amigos”.

La ENSU incorpora por primera vez la percepción de los mexicanos sobre la Guardia Nacional. De forma que el 45.9% de la población de 18 años y más la identifica; mientras que el 67.7% la considera “muy o algo efectiva”.

Por su parte, ven como “muy o algo efectivo” en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia a la Marina (86.1%), Ejército (83.2%), Policía Federal (63.6%), Policía Estatal (50.6%), y Policía Preventiva Municipal (41.7%).

Se aplicarán más de 32 millones de vacunas contra la influenza Rosalía Vergara Ciudad de México (apro)

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell Ramírez, anunció que se aplicarán 32 millones 42 mil dosis durante la Campaña Nacional de Vacunación Anti-influenza 2019-2020 que inició hoy.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, indicó que dicha campaña está enfocada a niños de seis meses hasta cinco años y a personas de 60 años o más, las que viven con VIH, cáncer, diabetes, sobrepeso y obesidad, principalmente.

SALUD México @SSalud_mx En Palacio Nacional, anunciamos el arranque de la Campaña Nacional

de Vacunación anti influenza, en la que se aplicarán más de 32 millones de dosis.

Acompañados por funcionarios del Consejo de Salubridad General del IMSS y del ISSSTE, así como de Pemex, el funcionario añadió que también deben vacunarse las mujeres embarazadas sin importar la edad, estado de salud o etapa de gestación.

Asimismo, añadió que la campaña va dirigida a personas que padecen enfermedades respiratorias crónicas como enfisema pulmonar, bronquitis, asma o que usan medicamentos antidepresivos.

“Un adulto joven hombre o mujer no necesita vacunarse contra la influenza, ya que no le ofrece una ventaja o protección”, indicó el subsecretario, al aclarar que no es necesario

que se vacunen las personas que no pertenezcan a estos grupos.

SALUD México @SSalud_mx La Campaña Nacional de Vacunación Anti-influenza se enfoca en: Niñas y niños de 6 meses a menores de 5 años, de personas de 60 o más años, personas que viven con VIH, tienen diabetes, sobrepeso, obesidad o cáncer, entre otros. #TodosContralaInfluenza López Gatell Ramírez anunció, además, que la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) analizan la posibilidad de que México se adhiera al Fondo Rotatorio de Vacunas, mediante esta agrupación internacional integra la demanda de los países de la región para realizar compras centralizadas,

con procesos transparentes y de competitividad.

Lo anterior, dijo, actualmente no es posible en México por las restricciones de la Ley de Adquisiciones.

Por su parte, la directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), Miriam Veras Godoy, informó que se invirtieron mil 800 millones en las vacunas y señaló que su aplicación es gratuita.

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Revocan la última suspensión contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía José Raúl Linares Ciudad de México (apro)

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a última suspensión que frenaba la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía, fue revocada esta mañana por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Con esta determinación judicial, se abre espacio para que el gobierno federal inicie la construcción de la obra.

La suspensión fue interpuesta por el colectivo #NoMásDerroches, a quien le queda el recurso de insistir en la facultad de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), radicada bajo el expediente 654/2019.

Al resolver el recurso de revisión planteado interpuesto por el gobierno federal, los magistrados Oscar Fernando Hernández Bautista y Alfredo Enríquez Báez López determinaron desechar las suspensiones definitivas que ganó #NoMásDerroches ante el Juez Quinto de Distrito.

La resolución llega seis días después de que el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, anunciara la destitución del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, inscrito al

José Raúl Linares Ciudad de México (apro)

Horas después del enfrentamiento entre presuntos miembros del crimen organizado y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la institución castrense dio a conocer el saldo: 14 presuntos agresores y un soldado muertos.

Según el vocero de Seguridad en el estado de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, la tarde de ayer, tras recibir reportes ciudadanos denunciando la presencia de hombres armados en la comunidad de Tepochica, municipio de Iguala, personal policiaco del estado y militares hicieron presencia en el lugar para asegurar la zona.

En un comunicado oficial difundido por la institución castrense la tarde de este miércoles, la Sedena confirmó que personal militar adscrito a la 35/a.

Zona Militar (Chilpancingo, Guerrero), acudió al sitio de la denuncia y fue repelido por los presuntos miembros de la delincuencia organizada.

En consecuencia, “los elementos aplicaron la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza” según se lee en el informe.

El tiroteo se produjo alrededor de las 16:45 horas de este martes, a

Con esta determinación judicial, se abre espacio para que el gobierno federal inicie la construcción de la obra

Décimo Tribunal Colegiado, quien se había negado a levantar las suspensiones que pesaban contra la obra.

Según el ministro Zaldívar, a Camero Ocampo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) le encontró “inconsistencias graves en su situación financiera”.

En mayo pasado, el colectivo #NoMásDerroches, integrado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Coparmex, Causa en Común, entre otras organizaciones, presentó un aluvión de 147 amparos que impedían la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y la destrucción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

De ellos, al menos nueve ganaron suspensiones definitivas, lo que judicialmente mantenía suspendidas el inicio de las obras; pero en el proceso posterior a la impugnación, dos fueron sentencias revocadas bajo el argumento de que se afectaba “instalaciones estratégicas” y se impedía el desarrollo de actividades militares.

El pasado 8 de octubre, tras la solicitud para revocar la suspensión presentada por el Ejecutivo y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, según el expediente 1233/2019, declaró fundado el recurso en el que considera de “interés nacional” a las

instalaciones de la base aérea.

Dicho amparo presentado por el abogado Gerardo Carrasco, integrante del despacho de litigio estratégico de MCCI, mantenía detenido el inicio de las obras que aún carece de diversos estudios de viabilidad.

Con ello, el juez Juan Carlos Guzmán Rosas dio luz verde a que otras siete suspensiones fueran revocadas al considerar a Santa Lucía como “instalaciones estratégicas” de la nación, a pesar de que en dicho lugar no ha arrancado el inicio de las obras ni tampoco se ha detenido las actividades militares que ahí se desarrollan, según ha argumentado el colectivo.

Pese a la determinación, aún falta que Guzmán Rosas resuelva de fondo si otorga o no los amparos que presentó el colectivo.

Tras el fallo judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunión de inmediato en Palacio Nacional con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; el subsecretario de Transportes, Carlos Morán; y Gerardo Ferrando, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

Militares agredidos en Iguala aplicaron la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza: Sedena decir de dicho documento, cuando en las inmediaciones de la población Tepochica, los soldados de infantería encontraron de frente a un convoy de civiles armados, quienes al detectar su presencia iniciaron la agresión con disparos de arma de fuego.

“Es importante señalar que el personal militar, para su protección y seguridad, aplicó su disciplina y adiestramiento especializado para reaccionar ante agresiones de este tipo, de manera oportuna y contundente, empleando su equipamiento y material con que están dotados”, detalló la institución.

En el lugar se localizaron a 14 “presuntos delincuentes armados fallecidos, quienes se encuentran en calidad de desconocidos”; también un militar más resultó lesionado y trasladado al Hospital General “Jorge Soberón Acevedo”, donde horas más tarde murió.

“Cabe mencionar, que el militar fallecido se desempeñaba como tirador y elemento de seguridad del primer vehículo, su función principal era la de

proteger a sus compañeros de armas y permitir que adoptaran un dispositivo de seguridad”, resaltó la Sedena.

El documento asegura que en el lugar fueron aseguradas 13 armas largas (seis fusiles AK-47, seis fusiles AR-15 y un fusil Galil) y seis armas cortas (cinco pistolas y un revolver); una granada de mano y diversas municiones y cargadores; tres vehículos (dos con reporte de robo), así como equipo táctico, de radiocomunicación y teléfonos celulares.

Sin embargo, en las fotografías tomadas por reporteros locales que llegaron al lugar sólo aparece una de las 13 armas largas supuestamente aseguradas: un fusil de asalto AR-15 y un cargador.

En una de las fotografías se observan los cadáveres de cuatro personas arriba de la batea de una camioneta tipo Pick Up, color negra, entre cuyas pertenencias se observa diversos objetos entre los que sobresale el arma de asalto.

En una fotografía posterior, otros

cinco sujetos permanecen en el suelo sin armas que justifiquen la aplicación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza citados por el comunicado.

Sin precisar el número, la Sedena informó que, en medio del enfrentamiento, “un número indeterminado de agresores armados logró huir a pie del lugar de los hechos, con rumbo desconocido”.

“De manera inmediata, se llevó a cabo el despliegue de tropas adicionales al lugar, con el fin de apoyar al personal militar involucrado, así como establecer coordinación con las autoridades correspondientes, para realizar las diligencias debidas y el esclarecimiento de los hechos” finalizó el comunicado.

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AMLO presentará nuevo registro de personas desaparecidas, confirma México en la ONU Gabriela Sotomayor Ginebra (apro)

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a titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Irasema Quintana Osuna, confirmó que en menos de dos semanas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentará el nuevo programa de registro de personas desparecidas.

“En próximos días, no pasará de dos semanas, el presidente de la República estará haciendo público el nuevo registro de personas desaparecidas’’, dijo Quintana durante la sustentación del informe de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que se lleva a cabo en la sede del ACNUDH en Ginebra, Suiza.

Al responder a c uestionamientos de los expertos del Comité sobre las cifras de personas desaparecidas, Quintana detalló que el nuevo registro “contempla las mejores prácticas a nivel internacional para tener la mayor información posible de personas desaparecidas”.

“Aquí quiero subrayar una particularidad que tendrá este registro”, remarcó Quintana, “no sólo las autoridades, es decir, las fiscalías o las comisiones de búsqueda o cualquier otra autoridad podrá alimentar este registro, sino también las propias familias o cualquier persona desde cualquier parte del mundo independientemente de que no tenga una denuncia penal”.

“Es decir, lo que nos interesa es saber qué persona está desa-

Sara Pantoja Ciudad de México (apro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene dos denuncias contra el líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, relacionadas con ingresos y obtención de recursos y derivadas de avisos de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En su conferencia matutina, aclaró que al líder sindical no se le han congelado sus cuentas bancarias, pero que el gobierno sí envió dos informes sobre ello a la FGR. Además, López Obrador dijo que no se ha reunido en privado en ninguna ocasión con Romero Deschamps y que éste no le ha solicitado

“En próximos días, no pasará de dos semanas, el presidente de la República estará haciendo público el nuevo registro de personas desaparecidas’’, dijo Quintana durante la sustentación del informe de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que se lleva a cabo en la sede del ACNUDH en Ginebra, Suiza

parecida y con esta información vamos a tener una mayor certeza de a quién estamos buscando para poder tomar las medidas de búsqueda inmediata que corresponden”, agregó.

Quintana explicó a los 18 expertos independientes del Comité que este nuevo sistema permitirá tener mayor información contextual de la persona desaparecida para poder hacer la búsqueda con enfoque diferenciado.

Al responder a otra pregunta sobre el número de mujeres desparecidas, Quintana señaló que de las 40 mil personas en esta situa-

ción, un 26% son mujeres, pero aclaró que se está actualizando la cifra.

Tanto en hombres como en mujeres, la mayoría de las personas desparecidas en el país “son principalmente jóvenes”, recalcó Quintana durante la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que México es signatario.

Con respecto a la crisis forense con al menos 37 mil cuerpos sin identificar y a la voluntad política del actual gobierno para enfrentar este flagelo, Quintana prometió que se van a fortalecer los institu-

tos médicos forenses y que aunado a ello en estos momentos se están discutiendo detalles sobre la creación de un Mecanismo Extraordinario Forense.

“En este momento seguimos en conversaciones con las familias, autoridades federales, estatales y organizaciones como la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que están acompañando este proceso (para la creación de dicho mecanismo)”, detalló.

Quintana insistió en que “la violación grave de derechos humanos que implica la desaparición de personas ha sido reconocida por primera vez a nivel internacional por el estado mexicano’’.

Finalmente, admitió los retos que enfrenta el gobierno en esta materia e hizo notar que a partir de la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda, este año se cuenta con 400 millones de pesos “los cuales se están ejerciendo” y adelantó que está previsto para el próximo año un aumento de 200 millones de pesos más.

“La desaparición forzada es un asunto de estado y es la prioridad número uno de este gobierno”, defendió Quintana ante los expertos de la ONU.

FGR investiga ingresos de Romero Deschamps pero no se le han congelado cuentas: AMLO ninguna audiencia. “No recuerdo, pero creo que nunca lo he visto”, dijo.

Luego, justificó que por su trabajo “tengo que reunirme con dirigentes, empresarios, gente del arte, pero no se dio la oportunidad de reunirme con él”.

Y agregó: “Por lo general no me reúno con dirigentes en general. Trato de ser cuidadoso, no tengo ningún problema con nadie. Pero me gusta más reunirme con la gente, tengo esa deformación de estar saludando a la gente, me siento feliz con esa comunicación”.

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Amnistía debe considerar reinserción de mujeres que salgan de prisión Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

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a Ley de Amnistía que se debate en las Comisiones de Justicia y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados permitirá a 3 mil 18 mujeres investigadas, procesadas o sentencias por delitos contra la salud, salir de prisión, pero falta que se garantice una política de reinserción social.

De acuerdo con la organización Equis Justicia para las Mujeres, la guerra contra las drogas implementadas desde 2016 y la política punitiva favorecida por México desde hace 20 años ha afectado principalmente a las mujeres porque provocó su encarcelamiento.

Ahora, la Ley de Amnistía, anunciada el 15 de septiembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador y recibida en la Cámara de Diputados el 18 del mismo mes, propone liberar a las personas indiciadas por los delitos contra la salud estipulados en el Código Penal Federal y en la Ley General de Salud.

En este contexto, la oficial de Políticas Públicas de Equis, Justicia para las Mujeres, Ángela Guerrero, expuso en la Cámara de Diputados que esta iniciativa es el principio de un largo camino por recorrer en favor de las mujeres.

En el foro de parlamento abierto sobre esta iniciativa presidencial que se realizó este lunes 14, la defensora señaló que en esta propuesta y en las

Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que por mandato constitucional se debe garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a presidencias municipales, sindicaturas y regidurías en los ayuntamientos.

En la sesión de este martes 15 el tribunal constitucional resolvió a favor de la participación política de las mujeres al analizar la Contradicción de tesis (44/2016), suscitada entre la Suprema Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Desde hace tres años estos organismos mantenían criterios distintos sobre la obligatoriedad de los partidos políticos de cumplir con el principio de paridad de género en el registro de sus planillas de candidaturas para integrantes de ayuntamientos.

Las contradicciones surgieron cuando se revolvieron recursos relacionados con la paridad en el estado de Zacatecas.

Por un lado, el TEPJF sostenía que las candidaturas, propietarias y su-

políticas de drogas se deben considerar los supuestos de vulnerabilidad en los que viven las mujeres.

Por ejemplo, explicó que en la propuesta de ley es necesario tomar en cuenta a las mujeres que estaban embarazadas al momento de ser detenidas, a quienes son madres de menores de edad y a quienes están prisión preventiva por delitos contra la salud, personas que con la actual propuesta no podrían salir de prisión. Ángela Guerrero señaló que, aunque la ley ya es un esfuerzo, las y los diputados deben señalar cuál será la ruta de reinserción para las personas que salgan de la cárcel, una tarea que consideró debe asumir la Secretaría de Gobernación.

Otra inconsistencia, puntualizó, es que en la propuesta de López Obrador se dice que va a desaparecer la acción penal ejercida contra las personas, pero no los antecedentes penales, algo que para la defensora es un “embudo” para quienes sean beneficiadas por la amnistía.

En México, de acuerdo con datos

de Equis, Justicia para las mujeres, existen 3 mil 18 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, cifra que además indica que de 2016 a 2018 el número de mujeres en reclusión por estos delitos aumentó 103 por ciento en el fuero común.

Las mujeres que se podrían beneficiar de esta Ley de Amnistía son las que estén procesadas por: 1.- Producir, transportar, traficar, comerciar, suministrar gratuitamente o prescribir algún narcótico, sin autorización de la Ley General de Salud a) Por producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico b) Por comerciar se entiende: vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico c) Por suministrar se entiende: transmitir material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos 2.- Por introducir o extraer del país algún narcótico 3.- Por poseer narcóticos

4.- Por sembrar, cultivar o cosechar mariguana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o similares La iniciativa con carácter de preferente fue turnada a las Comisiones unidas de Justicia y de Gobernación y Población, además la Comisión de Igualdad de Género tiene la facultad de emitir una opinión debido a que la propuesta podía beneficiar a mujeres acusadas del delito de aborto o de delitos menores relacionados con drogas.

La propuesta de amnistía indica que en casos de drogas se podrá liberar a quienes hayan cometido los delitos porque se encontraban en una situación de pobreza, vulnerabilidad, al tener una discapacidad permanente, o cuando el ilícito fue cometido obligado por el cónyuge, concubino, pareja sentimental o pariente.

La amnistía también beneficiará a personas que incurrieron en estás prácticas por temor fundado, al ser obligadas por grupos de la delincuencia organizada; o bien, si se trata de personas de grupos étnicos o consumidoras de narcóticos.

Natacha Lopvet, una mujer encarcelada durante 10 años por delitos contra la salud en modalidad de introducción al país, y quien actualmente es Oficial de Proyectos en Equis, Justicia para las Mujeres, también habló ante la Cámara de Diputados, donde aseguró que esta iniciativa es parte de un proyecto de paz pero aclaró que si se garantizara el debido proceso quizás 99 por ciento de las mujeres en prisión estarían en libertad.

Suprema Corte resolvió obligatoriedad de paridad de género en ayuntamientos plentes, para ocupar una presidencia municipal, una sindicatura o una regiduría deberían estar integradas de manera paritaria y alternada entre mujeres y hombres.

Por su parte, la SCJN señalaba que cada entidad federativa tenía la libertad de legislar o no sobre la paridad, esto luego de resolver que el estado de Zacatecas no estaba obligado a incluir en su ley electoral la paridad de género en la integración de ayuntamientos.

Al tener dos lecturas distintas de la ley surgió esta contradicción.

Las y los ministros señalaron que ahora se debería tomar en cuenta que en junio pasado entró en vigor una reforma constitucional en la materia, por medio de la cual se reformaron nueve artículos para garantizar la integración de mujeres en los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos.

Al analizar el caso, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, consideró que la participación política de

las mexicanas no ha tenido el mismo avance a nivel federal que local, por ello aseguró que es necesaria la parida vertical (candidaturas a presidencias municipales) y la paridad horizontal (candidaturas a sindicaturas y regidurías).

“No es lo mismo ser presidenta municipal que regidora, sus funciones son distintas, sus sueldos también.

Para lograr una verdadera igualdad política, se debe privilegiar la incorporación de las mujeres en cada uno de los cargos al interior del ayuntamiento”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), en 2014, antes de la llamada paridad horizontal, en México las mujeres ocupaban 7 por ciento de las presidencias municipales; y en 2018 aumentó a 26 por ciento.

Por su parte la ministra Yamín Esquivel Mossa señaló que desde la reforma constitucional de junio pasado existe un mandato constitucional para

introducir la paridad en las presidencias municipales de todas las entidades federativas.

En tanto, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes en anteriores debates consideraron que la paridad horizontal no era una obligación, dijeron que ya existía un mandato constitucional que ordenaba la postulación de mujeres en cargos edilicios.

En consecuencia, las y los ministros resolvieron que el criterio que debe prevalecer es que, por mandato constitucional, los partidos políticos deben garantizar el principio de paridad de género horizontal en la conformación de los ayuntamientos.

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JUECES EN LA LÍNEA DE FUEGO Laurence Pantin Y Alejandra Quezada

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l pasado 4 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró, pues se ha vuelto una constante en sus conferencias matutinas, la necesidad de “no permitir la corrupción en jueces, en magistrados”.

Y contrastó la falta de ética de ciertos juzgadores con la entrega y compromiso de algunos elementos de las fuerzas de seguridad: “Imagínense el esfuerzo que hacen, el sacrificio. Arriesgan hasta la vida quienes detienen a delincuentes, muchos reciben amenazas; y van a la cárcel y salen porque tienen muy buenos abogados, muy buenos para sobornar (…) Muchos de ellos ni siquiera aplican la teoría del derecho, más que nada son influencias y dinero. Entonces, liberan a presuntos delincuentes”.

Este discurso se ha vuelto muy popular entre una población harta de la impunidad e indignada por los “privilegios” de los que gozan los responsables de la impartición de justicia. Sin embargo, creemos que obvia una parte de la realidad. ¿Por qué?

Partamos del hecho de que muchas veces los juzgadores acaban “soltando” a presuntos delincuentes porque su detención no cumplió con los estándares legales, porque se violó el debido proceso o porque la investigación que la respalda no es lo suficientemente sólida.

Pero, cuando no parece ser ése el caso y un juez emite una resolución que podría ser cuestionable –y no lo dudemos: todos los ciudadanos tenemos derecho a cuestionar el trabajo de un juez–, es válido preguntarse si el fallo se debe a una falta de ética y profesionalismo o a una posible amenaza en contra del juzgador o de su familia.

Lamentablemente tal escenario no es imaginario. Basta recordar al juez federal Vicente

Bermúdez Zacarías, asesinado el 17 de octubre de 2016 a plena luz del día con un arma de fuego en el municipio de Metepec, Estado de México, y quien manejaba varios casos contra el crimen organizado. Resolvió, por ejemplo, la medida de arraigo en contra uno de los capos del Cártel Jalisco Nueva Generación y la intervención de las conversaciones de Emma Coronel (esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera). Frenó una petición de extradición del propio Chapo y le negó un amparo, además de impedir el traslado del presunto responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Pero la amenaza no ronda sólo a nivel federal, sino también estatal y municipal. De diciembre a la fecha, fueron asesinados un juez penal de Tamaulipas, un juez calificador del municipio de Celaya en Guanajuato y otro del municipio de Huauchinango en Puebla.

También fue atacado un juez civil de Jalisco y recibieron amenazas un juez de control de Chihuahua y otro de Zacatecas.

Estos altos picos de violencia motivaron a algunos tribunales superiores de justicia a implementar protocolos de seguridad, como fue el caso en Guanajuato. Sin embargo, en la mayoría de los estados, los poderes judiciales no cuentan con los recursos suficientes para poder garantizar la seguridad de sus integrantes.

Llamada de auxilio

No es casualidad, entonces, que para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) haya solicitado 756.8 millones de pesos para “garantizar la protección y seguridad de jueces y magistrados, de modo que la impartición de justicia quede blindada a los embates de la delincuencia organizada”, y se-

ñalado este tema como uno de sus cinco grandes retos para 2020. De hecho, llama la atención que dicho Consejo no haya incluido este punto dentro de sus ejes prioritarios antes.

Ahora bien, por desgracia, el CJF no detalla de qué manera piensa reforzar la seguridad de jueces y magistrados. Por el modo en que el Poder Judicial Federal presenta su política de gasto y reporta el ejercicio de su prespuesto, tampoco es posible saber cuánto solía gastar en este rubro en años anteriores, ni mucho menos cómo.

Lo que se sabe es lo que el CJF reporta en sus informes anuales de labores. Así, en el más reciente, el último presentado por el entonces ministro presidente Luis María Aguilar, se reportó, como parte de las actividades encaminadas a salvaguardar la integridad de los funcionarios de la institución, que la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación realizó 244 evaluaciones de riesgo y gestionó la instalación de 68 servicios de protección. A su vez, la Comisión de Vigilancia determinó 30 asignaciones, 115 continuaciones y 27 conclusiones de autos blindados; así como 38 asignaciones, 110 continuaciones, 25 conclusiones, siete modificaciones y dos sustituciones de servicios de escolta, en diversos estados de la República. Estos datos, que no son muy detallados, permiten asumir que cerca de 150 de los 48 mil 775 funcionarios del Poder Judicial Federal[1] gozaron el año pasado de cierto grado de protección personalizada. Pero no queda claro si el CJF pudo atender todas las necesidades existentes o si algunos fucionarios se quedaron sin protección por falta de presupuesto.

También se sabe que existe un Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la asignación, empleo

y retiro de medidas de seguridad a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con Excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, aunque no se encuentra publicado en el apartado de normatividad de la página web del CJF, ni en su portal de transparencia, ni en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Por supuesto, se puede entender que, tratándose de cuestiones de seguridad, a lo mejor no es conveniente difundir ese tipo de información. Sin embargo, sería deseable que el CJF explicara con mayor detalle por qué incrementaron las necesidades en materia de seguridad de los jueces y magistrados y de qué manera planea ejercer el monto que está solicitando al Congreso para estos efectos, para evitar que éste le niegue los recursos por falta de una apropiada justificación.

El tema no es menor. No se puede esperar una impartición de justicia imparcial e independiente si la vida de los juzgadores y sus familiares está en la línea de fuego.

Por ello, es urgente el despliegue de una política detallada, estudiada y pública en este ámbito, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal.

––––––––– * Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, del cual Alejandra Quezada (@quezada_as) es investigadora. Las autoras agradecen la revisión de Pablo García y la colaboración de Ariadna Uriona y Adriana Aguilar.

[1] De acuerdo con el Censo Nacional de impartición de Justicia Federal 2019 publicado por el Inegi, el Poder Judicial Federal contaba a finales de 2018 con 48 mil 775 funcionarios, de los cuales mil 425 eran jueces y magistrados.

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Jueves 17 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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ara hacer frente a los retos que plantean las contingencias naturales – como por ejemplo: los sismos, los derrumbes, las inundaciones, etcétera- hoy más que nunca se requiere de la investigación científica para encontrar alternativas de protección civil para encararlos.

La investigación científica es la herramienta que podrá marcar la pauta de cómo enfrentar - con políticas públicas de largo plazo- esos fenómenos naturales que se han venido acentuando con el cambio climático en curso en todo el mundo.

En esa tesitura, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha articulado un discurso propositivo y asumido una postura visionaria ante el problema que representa para la población chiapaneca la recurrencia de fenómenos naturales catastróficos en los últimos años.

Durante la entrega de reconocimiento y medalla al mérito estatal en el campo de la investigación científica, el gobernador de Chiapas centró su discurso en la responsabilidad que tienen los investigadores en encontrar soluciones y alternativas para

CONTRAPODER

EL DIVÁN Sergio Stahl

** Fomento a la investigación científica en Chiapas **

enfrentar las contingencias ambientales.

Los investigadores en Chiapas deben asumir el compromiso de responder a los retos de la Natu-

raleza mediante la innovación y la creación de nuevas tecnologías y metodologías que ayuden a la gente a enfrentar las contingencias ambientales.

EN CHIAPAS

Por lo pronto, el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas ha instrumentado campañas de educación en materia de protección civil, a fin de enseñar a la gente a ser previsora y procurar ciudadanos resilientes ante los retos de la Naturaleza.

En fin.

BALCON. En tres meses que usurparon la propiedad y la conducción del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, los hermanos Julio y Federico Salazar Farías se sirvieron con la cuchara grande: vaciaron las cuentas bancarias de la institución –habían algo así como 5 millones de pesos en dichas cuentas-; otorgaron sueldos de más de 50 mil pesos mensuales a tres nuevos “empleados”- que son gente del golpeador de mujeres con fuero legislativo federal de nombre Noé Castañón Ramírez- y “refaccionaron” a varios familiares con autos nuevos de lujo. Por cierto, ¿será que no le remuerde la conciencia a Julio Salazar Farias el hecho de que siendo un jovenzuelo atropelló y mató a una persona cuando conducía un auto a toda velocidad por una calle de Tuxtla Gutiérrez?. Es pregunta…Eso es todo.

MORENA, EL TALÓN DE AQUILES DE AMLO

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n Morena el panorama es negro y eso preocupa en Palacio Nacional donde ven que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está contento con la violencia y las graves irregularidades ocurridas el fin de semana pasado en la elección de los comités estatales en algunos de los cuales hubo balazos con heridos graves.

Todo parece indicar que Morena cumplió su misión el año pasado con el triunfo de López Obrador y que a partir de entonces ya no tiene ese eje aglutinador y quienes se quedaron a cargo de la dirigencia nacional no han sabido conducirlo poniéndolo al filo del precipicio.

No hay nada firme en Morena a pesar de que el año pasado arrasó en las elecciones. Ni siquiera el padrón de militantes esta claro y en la página electrónica del partido aparece un aviso que es elocuente: “Todo el padrón de militantes de morena se encuentra ‘en reserva’ al estar en proceso de revisión, actualización y sistematización”.

Resulta que, en dos años, Morena aumentó 790% su padrón de militantes, ya que según el INE a enero de 2019 tenían un padrón de militantes con 317 mil 595 registros válidos. Sin embargo, el Consejo Nacional del partido informó que tenían tres millones 100 mil afilia-

José Gil Olmos

dos, de los cuales un millón laboran y un millón 300 mil participa en alguno de los 110 mil comités de Protagonistas del Cambio Verdadero constituidos en las 68 mil secciones electorales.

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, confirmó en días pasados que la elección para renovar la dirigencia nacional quedó suspendida, debido a que, por los actos violentos registrados en algunas entidades, sobre todo en Jalisco, no hay condiciones de seguridad para realizarla y aseguró que el padrón no es confiable.

“La verdad es una pena lo que está sucediendo, lo dije todo el tiempo, ese padrón no sirve, no es confiable y no debíamos usarlo, porque no

podemos arriesgar a nuestras compañeras y compañeros. Hay muchas quejas de que se está entrometiendo gente que no es de Morena y la gente de Morena se está quedando afuera, entonces tendremos que citar al Comité Ejecutivo Nacional y tomar las medidas respectivas”, señaló sin dar una fecha para la elección.

Además de esta grave irregularidad del padrón, Morena mostró una enorme fragilidad en días pasados cuando se realizaron las elecciones de los comités estatales. En Jalisco, se registraron dos ataques armados en las internas de Guadalajara y Zapopan que dejaron un saldo de seis heridos, dos de ellos graves.

En Ahome, Sinaloa, se suspendió el proceso porque el líder municipal de Morena fue amagado

con una pistola; en Gómez Palacio, Durango, la asamblea del distrito 2 tuvo que ser diferida ante quejas por boletas clonadas y tardanza en el registro de los participantes; en tanto que, en Cajeme y Navojoa, Sonora, las quejas fueron por irregularidades en las asambleas. Mientras que, en Saltillo, Coahuila, denunciaron supuestas irregularidades cometidas por el comité estatal del partido, ya que los denominados “Servidores de la Nación” invitaron a gente ajena al partido para que participara en las elecciones sin ser militantes a cambio de entrar a algún programa social.

Estas irregularidades muestran lo que en realidad es Morena: una masa política sin consistencia que arrastra los mismos vicios de los otros políticos donde no hay militantes convencidos sino asistentes con intereses particulares que buscan un trampolín para alcanzar un puesto político o de gobierno.

Por cierto…El presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó con salirse de Morena si no arreglaban las cosas para elegir a su dirigencia nacional. La amenaza no sirvió y el presidente camina con ese dolor en el tendón de Aquiles en el que se ha convertido este movimiento que no cuaja antes de su primera prueba como partido en el poder: las elecciones del 2021.

CONTRAPODER

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SIGNOS Salvador Ruíz Zambrano

Oswaldo Chacón, la alquimia electoral

P

ablo Salazar Mendiguchía, el ex gobernador (2000-2006), es su padre putativo. Es una de sus grandes creaciones perversas, pues lo mismo ha sido su padrino de graduación como abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), en San Cristóbal de las Casas, que su patrocinador con dinero del erario para becarlo y enviarlo en 2003 a España, donde obtendría el grado de “doctor en Teoría Política”, por la Universidad Autónoma de Madrid, en España.

Lo interesante del asunto, es que en el curriculum de Oswaldo Chacón Rojas, en ningún momento precisa en qué tiempo obtuvo tal distinción, por lo que la duda queda acerca de la trayectoria del hoy todopoderoso responsable de las elecciones estatales a partir de mayo de 2016 en que es designado a petición del innombrable Manuel Velasco Coello, es dedignado magistrado presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas.

Hombre de mañana que perfeccionó todavía su doctorado con su maestro Amador Rodríguez Lozano, el cerebro electoral del desgobernador Manuel Velasco Coello, que se quedaría con las ganas de “pintar de verde a Chiapas”, para lo cual puso a disposición de “el cachanilla”, miles de millones de pesos para la compra de votos en toda la entidad, con valor de entre 500 y mil 500 pesos, bueno, eso es lo que le hizo creer al “güero” demagogo.

Chacón Rojas que ya operaba como magistrado del IEPC, saltaría a la presidencia, salvándose inexplicablemente del escándalo fraudulento protagonizado por el total de los siete consejeros del organismo electoral, que obligó al Instituto Nacional de Elecciones a destituirlo por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, al comprobarse que no cumplieron con el principio de hacer valer el mandato de paridad de género en los comicios celebrados en 2015, entre otras irregularidades.

“Chaconcito”, como le dicen sus cuates, cayó de abajo para arriba al ser nombrado por el INE, la máxima autoridad del Instituto, en la que se mantendrá siete años (2023), lo cual le ha llevado a operar a favor de la causa de Manuel Velasco Coello, el proceso electoral de julio de 2018, en el que ordenaría la impresión adicional de un millón de boletas a las 10 millones originales para ocuparse en el primer domingo de ese mes de la emisión de sufragios para gobernador, una vez que “el güero” impone a sus compadre Fernando Castellanos Cal y Mayor, como candidato del Partido Verde a la gubernatura.

Todos recordamos que “fernandito”, a quienes solamente conocían en Tuxtla Gutiérrez, porque fue diputado local y alcalde, sería lanzado a la contienda 23 días antes del cierre de campañas, sin qiue por lo mismo tuviera tiempo para hacer labor proselitista en los 122 municipios chiapanecos, en una geografía demasiado complicada.

Aún así obtendría una cantidad por demás sorprendente de votos, muy cercanos en número a los que obtuvo Rutilio Escandón Cadenas, del Movimiento de Regeneración Nacional, que lleva ya 10 meses en el poder y su gobierno, por cierto, pareciera ser un remedo de todo lo que diga y ordene el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No me crea, pero averigüelo, pues dicen las malas lenguas populares, que el milloncito de boletas que por consigna de Velasco Coello mandó a imprimir en Monterrey, Nuevo León, servirían para que con tal cantidad que pareciera todo un milagro, de esos que ya no se dan, “fernandito” serviría únicamente como monigote

para que en su nombre se depositaran tantos sufragios y con ello el Verde Ecologista no perdiera su registro y de paso se llevara entre las patas al “güerito”, pues hubiera quedado como un senador absurdamente sin partido.

Bastaría con abrir los paquetes de la votación de 2018, para encontrar toda esta montaña de irregularidades por demás evidente, hay que no se encuentra otra explicación de la súbita “popularidad” del ex alcalde tuxtleco, que pareciera hoy ser prófugo de la justicia, pues se mantiene escondido y a salto de mata en algún lugar del país o en el extranjero.

Generalizada entre los chiapanecos, la idea de que la institución que preside Oswaldo Chacón Rojas, ha estado y se sigue manteniendo al servicio del poder en turno, sin la menor pena como reconocen sus más allegados colaboradores.

Un segundo padrino en los días del dictadorzuelo Salazar Mendiguchía, lo fue y sigue siendo el siempre desubicado de Rubén Velázquez López, que por aquellos despachaba como secretario general de Gobierno y respaldó económicamente a este diminuto personaje en su viaje a la madre patria.

Pública y notoria fue la conducta nada ética de este discípulo de Pablo y Rubén, que no tuvo el menor empacho para someter a los caprichos de Manuel Velasco Coello al Instituto de Elecciones, al cambiar los tiempos y otorgar prorrogas a los partidos mientras Velasco Coello, por consigna de su compadre Enrique Peña Nieto y también como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, dispuso como se le dio la gana todo el proceso electoral de Chiapas, para favorecer a Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas.

Movimientos respaldados por el organismo electoral, que dieron margen total a que el “güero” , desmantelara al PRI chiapaneco, impusiera con la venia del tricolor nacional, al

incapaz de Roberto Albores Gleasons, para cerrarle el paso a José Antonio Aguilar Bodegas, quien por dignidad renunciaría a su permanencia de más de 40 años en el Revolucionario Institucional.

Comprobado, que Chacón Rojas, violó las fechas que marcaba la ley para cada fase del proceso electoral de 2018, lo cual provocaría en el caso del PRI, una terrible división sin precedente, que le llevaría a la derrota con un candidato que nunca tuvo ni tendrá tablas para ser gobernador en Chiapas.

Manuel Velasco Coello, tan desequilibrado mentalmente como sus amigos y creadores Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero, pisoteó a su antojo la legislación electoral vigente, con el contubernio de Oswaldo Chacón Rojas. No se necesita ser un erudito en la materia para encontrar todos los actos violatorios, que pudieran ser considerados ilícitos, cometidos por todo el grupo en el poder que a como diera lugar hizo posible el triunfo de Morena en Chiapas, bajo la batuta tras bambalinas de Amador Rodríguez Lozano, el alquimista electoral de los tres últimos sexenios, que con todo el dinero que nos podamos imaginar y hasta más, tiró dinero a manos llenar para llenar urnas, mientras el empobrecido y hambriento grupo de más de millón y medio de indígenas, subsisten en niveles de sobrevivencia.

Por lo mismo, aunque pareciera a destiempo, los chiapanecos deberíamos de exigir al Instituto Nacional Electoral, una investigación a fondo sobre la conducta irregular de Oswaldo Chacón Rojas, que reúne todas las agravantes para ser destituido.

La Cuarta Transformación tiene la palabra. A ver si es cierto que no se permitirá el abuso de poder, la corrupción y la impunidad en México.

SI NO QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO…

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E

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s necesario desde la organización ciudadana, desde las propuestas sociales alzar la voz para proponer, más que prebendas, propuestas, proyectos, hay que cambiar el concepto y la imagen que existe de los sindicatos, volver a creer que únicamente desde la construcción de tejido social pueden rescatarse nuestras instituciones, ojalá el rector Carlos Natarén Nandayapa voltee a ver a este sindicato y decida trabajar con ellos.

Al menos no son los mismos corruptos, gente nueva y limpia es necesaria para darle nuevos aires a la universidad, todavía hay esperanzas, por ello desde este espacio saludamos a Raúl Ríos a quien conocemos desde hace años y sabemos de su capacidad y congruencia con sus ideales.

En la UNACH las cosas están cambiando mientras en los últimos meses hemos visto que los corruptos están cayendo por el peso de sus propias acciones también vemos que la gente honesta, de abajo están dando su mejor esfuerzo para sacar de la crisis a esta máxima casa de estudios.

El comentario anterior lo escribo porque desde hace años existe en esta universidad un tercer sindicato, de trabajadores de confianza, resulta que para el proceso de selección de esta organización llamada SITRACOUNACH, se ha inscrito para ocupar la secretaria general Raúl Ríos Trujillo, a quien ubicamos desde su intensa actividad desde la docencia y el activismo en pro de los derechos del sector más desprotegido.

Es el momento de sumar esfuerzos entre los trabajadores administrativos y confianza, porque el Spaunach ha sido rebasado por la ambición y corrupción desmedida de sus dirigentes.

Ir de la mano con el Rector Carlos Natarén Nandayapa para el buen desarrollo de la institución como tal para la preparación de los futuros profesionistas que han de ser los causantes del desarrollo de la entidad, en tanto los trabajadores deberán también sumar esfuerzos para el beneficio de sus sindicatos y de sus derechos laborales, que es lo que menos importó a los sátrapas dirigentes sindicales como Indra Toledo y Ariosto de los Santos que en este momento deben maquillando sus cifras manejadas por un pequeño grupo al que beneficiaron y así evitar pagar cuentas con la justicia.

De tal suerte Raúl Ríos Trujillo despierta la confianza –válgase la redundancia- del Sindicato de Trabajadores de Confianza de la UNACH, quien hoy justamente se registró ante el comité para la elección 2019-2023 por la Planilla Sitracounach y Fuerza Unión.

En hora buena

CONTRAPODER

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• Raúl Ríos por la emancipación sindical y la defensa de los derechos laborales • La violencia e inseguridad a la alza, AMLO no puede • Jaime Bonilla gobernará dos años

ja California, dijo que, de llegar la controversia en torno a la duración de su mandato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él acatará la resolución.

“Si dice que es por dos años, cinco meses o cinco años o seis años, se va a acatar. Para nosotros el proceso ya terminó. Se publica la ley y es lo que es. Ya vendrán los opositores afectados de llevarla a esa instancia”, dijo Bonilla en una conferencia realizada en la Ciudad de México.

Sin embargo, Bonilla esta muy confiado que el presidente lo ayuda y les hará “manita de puerco” a los magistrados de la Corte para que fallen a favor de los cinco años. Así funciona la nueva mafia en el poder.

Del Montón

Ciudadano, militares, policías y la GN víctimas de la delincuencia

Al inicio de su gobierno el presidente López Obrador se comprometió acabar con la violencia e inseguridad en el país, a 10 meses de su administración –aunque a muchos no les gusta que se diga, porque es un periodo muy corto para calificar al tabasqueño-, pero hoy en día no solo los ciudadanos de todas las clases sociales están a merced del crimen organizado, sino hasta los militares, marinos, policías federales, estatales, municipales el país; incluso aquellos que forman parte de la fracasada Guardia Nacional.

Sin embargo, a más de 10 meses del comienzo de la 4ª Transformación, México parece que viviera una de sus guerras más sangrientas, la paz no llega, aunque López Obrador diga y jure que tiene otros datos y que la gente está muy feliz, muy feliz.

Pero los datos reales es que hasta este 16 de octubre se contabilizan la vergonzosa cifra de más de 30 mil asesinatos, increíble pero cierto, pero se hace necesario analizar algunas decisiones presidenciales, la mayoría infaustas que todas ellas llevan a pensar que los mexicanos fuimos abandonados a nuestra suerte, pues el gobierno federal abandono su promesa de campaña de combatir al crimen Aquí surge la pregunta, cuando le dieron los carteles de la droga a López Obrador, para traicionar a los mexicanos. “Con dinero baila el perro”, y muestra este es

feliz, el pueblo sufre el desliz presidencial.

En lo que va del presente gobierno, se han registrado varias masacres, por ejemplo, Coatzacoalcos, Minatitlán, Uruapan, Aguililla, Iguala, Playa del Carmen, Reynosa, la Ciudad de México, entre otras, que han cobrado las vidas, tanto de civiles como de elementos de seguridad; lo que denota que la Guardia Nacional no fue la panacea para acabar con la inseguridad y la violencia.

Se ha podido constatar que López Obrador no ha podido cumplir la promesa de bajar los altos índices de violencia que aquejan a la nación; al grado de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Duraza, reconoció que dé un día para otro estas problemáticas sociales no se van a resolver.

Chinguese el pueblo, seguiremos sometidos al crimen y la violencia, mientras el presidente nos miente, encaña y engatusa con otros datos.

La elección en BC fue para periodo de dos años: Cordova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que la convocatoria para la elección en Baja California fue para un periodo de dos años.

De esta manera, Córdova contradijo las afirmaciones del candidato electo en esa entidad, Jaime Bonilla, quien sostuvo que nunca se publicó un aviso en tal sentido.

Mientras tanto, Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo de Ba-

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Integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC) iniciaron una huelga de hambre afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) para denunciar el trato indigno que han recibido en la dependencia, a la que acudieron para exigir soluciones para el agro. Las organizaciones que forman parte del FAC –Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Movimiento Social por la Tierra (MST) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC)– reprocharon que la Secretaría sólo administra los problemas y no atiende las demandas y conflictos. Ante la falta de respuesta a su solicitud de más recursos para el campo, Francisco Chew, Federico Ovalle, Álvaro López Ríos y Marco Antonio Ortiz Salas, iniciaron la huelga de hambre. * * * Con información de la Secretaría Ciudadana de la Ciudad de México, cuatro de las alcaldías que gobierna Morena se encuentran entre las mas inseguras de la entidad. El registro que hizo la SSC -que va del 5 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2019– da cuenta que la alcaldía Cuauhtémoc –dirigida por Néstor Núñez- es la que tiene más detenciones por la comisión de delitos de alto impacto, pues aprehendidas seis 855 personas en cinco mil 281 remisiones. * * * Las disputas entre la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, continúan, pues este miércoles, su presidente Gustavo de Hoyos se pronunció en contra de la ley que combate el “huachicoleo” de facturas. Al concluir un encuentro con representantes del PRD, De Hoyos Walther sostuvo que la Coparmex no respalda a las empresas que emiten facturas, menos si son falsas, y de paso le recordó que este organismo es apartidista. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.

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COMENTANDO LA NOTICIA Alfonso Carbonell Chávez

¡Nada les gusta!

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uando el presidente Andrés Manuel López Obrador en el aún no lejano 1 de diciembre de 2018, recordarán, invocó o se pronunció por el perdón más no olvido; es más en un llamado a la reconciliación se refirió al “punto final” sobre todo en materia de hechos de corrupción, llamado que hasta ese momento muchos mexicanos no entendían de que se trataba ni como se aplicaría.

Así y no fueron pocos quienes, desde la trinchera de la oposición mediática y por supuesto muchos de sus seguidores, pusieron el grito en el cielo y de inmediato, como en el circo romano, gritaban con el pulgar señalando al cielo (no como se ha dicho es hacia abajo pero luego se los explico), pedían sangre y muerte de los corruptos. (Cristianos y agnósticos) Pero ante esos gritos destemplados, el presidente reiteraba que sería desperdiciar tiempo y esfuerzos institucionales si, como se hizo en el pasado, se dedicaba a buscar “chivos” expiatorios mientras loa meros machuchones, es decir los expresidentes que en realidad eran los verdaderos responsables, gozaban de cabal salud. Así y desde entonces, consideró que ante las demandas urgentes del país, dedicarse a litigar casos de corrupción, sería una tarea desgastante y para botones de muestra los casos actuales que se esconden y amparan, lo más aconsejable y mejor, era concentrarse en atender la marcha del país y no anclarnos en el pasado. Sin embargo también fue claro, que en ninguno de los casos que ya se encontraban en proceso de in-

vestigación y se tratará de quién fuera, todas correrían su curso.

Ninguna investigación dijo en su momento sería cancelada desde el ejecutivo y remarcó, que no sería como en el pasado que por orden presidencial se cerraran los expedientes. Nada al margen ni nadie por encima de la ley. Insistió.

Y mientras el sexenio avanzaba y no habrían pasado ni un mes, el sector conservador y sus voceros oficiosos, le llevaban la contabilidad casi por segundos, sobre el crecimiento económico, el número de muertos, como la falta de gasolinas en momentos álgidos del combate al guachicol.

Pero igual a cada iniciativa de ley o de reforma constitucional como la educativa o la creación de la Guardia Nacional, topaban con un muro legislativo opositor; ya no se diga los centenares de amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucí o los respectivos por la cancelación del de Texcoco. Pues bien, su insistencia de castigar a los corruptos, del pasado subrayo, parecería no alcanzarían los oídos presidenciales.

Pero qué creen, que a raíz de algunas acciones que la nueva y autónoma Fiscalía General de la República del señor Gertz Manero, y menester anotar, con la estrecha colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto, poco a poco pero de forma consistente, casos tan sonados como la Estafa Maestra urdida, se acusa, a la maestra de la estafa Rosario Robles por más de 7 mil millones de pesos y los que le han seguido, ahora quiénes, voceros del pasado régimen que en plan de provocación azuzaban

al presidente de proceder contra los corruptos, sus rostros empezaron a desdibujarse a grado tal, que sobre el caso contra Rosario “N”, salieron al paso para hacer encendida defensa de la señora Robles acusando al juez que intervino para dictar prisión preventiva oficiosa o algo así contra la ex secretaria de la Sedesol y Sedatu del gobierno de Peña Nieto, lo habría hecho por venganza ya que se conoció que dicho juzgador, era sobrino de la diputada federal Dolores Padierna esposa de René Bejarano, personaje éste último evidenciado en un video recibiendo fajos de billetes que amarra con ligas.

Es más se dijo y corroborado por el mismo Ahumada en su libro, que fue doña Chayo y entonces pareja sentimental del argentino Ahumeado (¿), quien tuvo un papel central para contactar a Carlos Salinas y al jefe Diego quienes pagaron millones por el video.

Pero el quid del asunto no es la trama Ahumada-Bejarano ni siquiera que el actuar del juez haya sido una vendetta, sino la forma en que le criticaban al tabasqueño no actuar contra los corruptos y ahora lo acusaban de ser él, desde la presidencia, quien dicta consignas contra de sus adversarios. ¿Ydaiy?

Y de igual manera está pasando con el aboganster de la mafia el influyente Juan “C” o el ex director general de Pemex Emilio “L” y el empresario dueño de Altos Hornos de México el señor Alonso “A”. Y ya también salieron a defender al ex ministro de la SCJN Medina Mora, y apenas ayer ¡carajo!, los “analistas” salieron a tratar de discernir en sus influyentes espacios, el por qué

de la renuncia del hoy ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps, digo después de mamar 26 años de la paraestatal Pemex.

Aun así de resultar culpable de los hechos que se le imputan y que están en proceso de investigación como enriquecimiento ilícito y etc., nada podrán hacerle puesto que como senador de la república, mantiene fuero constitucional. Como sea y lo publicó Reforma, desde el pasado lunes 14 todas las cuentas bancarias de Romero Deschamps, de su esposa y sus tres hijos(as) les fueron bloqueadas y ya veremos, cuáles los pasos a seguir por parte de la FGR. Sobre de este tema en particular, el presidente consideró tras conocer su renuncia, que sabe tiene abiertos varios procesos o acusaciones ante la Fiscalía y que está en todo su derecho de separarse del sindicato de Pemex para, supone, hacerle frente a las investigaciones. Yo no quito dirigentes para poner a otros respondió ante una pregunta que más parecía una acusación. Ya ahora con la reforma de la ley laboral, en el tema sindical son los propios trabajadores quienes democráticamente deciden a sus representantes.

Así pues, nada parece agradarles a los de la oposición pero de lo que sí pueden estar seguros, es que la ley alcanzará a quién o quiénes hayan cometido actos de corrupción y ya se está viendo.

Y así en esa rueca perversa de acusaciones mediáticas sobre el combate o no a la corrupción, siempre se mirará a través de un poliedro que tiene muchas caras.

Así entonces, me cae: ¡nada les gusta, todo les puede, fiero su modo! Me queda claro.

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Jueves 17 de Octubre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1755

DELINCUENCIA

DICTAMEN

Revocan la última suspensión contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía

Sujetos armados roban celulares, carteras, laptop y tablet en preparatoria de Chiapas

PAG. 8

INFORME

FGR investiga ingresos de Romero Deschamps pero no se le han congelado cuentas: AMLO PAG. 3

OPERATIVO

Grupo interinstitucional libera vía bloqueada por normalistas PAG. 9

REPORTE

Militares agredidos en Iguala aplicaron la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza: Sedena

PAG. 8

Elementos del Grupo Interinstitucional, integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Policía Municipal, hicieron valer el Estado de derecho. Con apego al protocolo, se liberó pacíficamente la vía que permanecía obstruida por manifestantes. No hubo detenidos.

PAG. 6

PAG. 5

Periodistas, académicos y ONG exigen a Barbosa cesar agresiones contra portal e-consulta