CMAN
DOXA
EDITORIAL
Impunidad y complicidades
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Hoy los maestros se movilizan de nuevo en Tuxtla Gutiérrez.
Chiapas tiene los niveles de impunidad más altos de las entidades federativas del país, pero eso no lo sabe todavía el fiscal general del Estado, a quien le fascina hablar de la cero tolerancia.
La inoperancia política y la soberbia jugaron a favor del conflicto. Lo extraordinario de la irracionalidad y la soberbia es que funcionarios sueñan con acabar con la CNTE y llevan a Chiapas al caos extremo.
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EN CHIAPAS
Viernes 6 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1727
EXIGENCIA
DECLARACIÓN
Migrantes africanos se enfrentan nuevamente contra la GN y policías en Tapachula Los migrantes extracontinentales que mantienen un campamento afuera de la Estación Migratoria Siglo XXI se amotinaron y tiraron vallas metálicas, lanzaron palos y piedras contra los uniformados federales quienes repelieron el ataque con sus escudos antimotines y sus toletes
No estamos escondidos: Gómez Bámaca
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GASTOS
Presidente de Tuxtla ejerce 100 mil pesos diarios en comunicación
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HOY ESCRIBEN
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ONU-DH pide una búsqueda “exhaustiva” para encontrar a defensores del albergue Casa AMAR
PRONUNCIAMIENTO
No al cierre de la Normal Indígena “Jacinto Canek”: senadora Blanca Piña
CÓDIGO NUCÚ César Trujillo
ÍNDICE...
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Ruperto Portela Alvarado PAG. 14
LA PLURALIDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN MANOS DEL SENADO
Laurence Pantin, Ariadna Uriona y Diana Mejia PAG. 13
EN LA MIRA Héctor Estrada
TEPALCATEPEC, LA NARCOGUERRA
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José Gil Olmos
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RETROPOPULISMO Y EXTRAVAGANCIA CON AMLO Roger Bartra PAG. 5
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Viernes 6 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EDITORIAL Impunidad y complicidades
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hiapas tiene los niveles de impunidad más altos de las entidades federativas del país, pero eso no lo sabe todavía el fiscal general del Estado, a quien le fascina hablar de la cero tolerancia. Junto a esta impunidad se fortalece una práctica policíaca del uso de la tortura para encontrar chivos expiatorios y con ello encubrir a los verdaderos culpables de los delitos, sobre la tortura y la fabricación de pruebas, la fiscalía sabe mucho y en todo momento lo aplica. No es fortuito que en la nueva administración se presuma como importante logro, que los delitos los resuelven de un día para otro, y los responsables se encuentran en prisión. Sin embargo, después de confirmar cómo la fiscalía siembra pruebas para culpabilizar a personas inocentes, queda la duda de la efectividad de los operativos y la sospecha abre paso por saber cuántos de los detenidos son en realidad culpables, porque en Chiapas los inocentes son vinculados a proceso y los culpables son liberados por la mesa de reconciliación. Hay antecedentes de sobra de cómo los tribunales federales revierten
las sentencias, en donde los jueces federales suelen ordenar la liberación de los detenidos, en virtud de que las pruebas presentadas por la fiscalía son insostenibles. En Chiapas hay una larga historia de prácticas y pautas culturales de impunidad y corrupción, lo que genera que esta situación difícilmente vaya a cambiar sólo con el discurso del gobernante o con las declaraciones de la fiscalía. La postura de aplicación de la ley sin restricciones resulta una falsedad, debido a las condiciones de impunidad que imperan, donde el castigo significa acabar con los privilegios de la clase política y la sanción a una serie de funcionarios que se enriquecieron en el desempeño de sus funciones. En la población se empieza a decir que la delincuencia desbordó a las instituciones y cada vez se hace más complicado garantizar condiciones mínimas de seguridad. Los homicidios violentos se han incrementado, el secuestro se hizo presente, los feminicidios llevan un ritmo de uno cada cinco días, los asaltos bancarios que eran parte del pasado, resurgieron en esta administración, los asaltos a transeúntes y negocios están
a la orden del día, los asesinatos a luchadores sociales vuelven a surgir como en los viejos tiempos, las ejecuciones callejeras se transformaron en ataques armados. Todo ello sucede en Chiapas en la impunidad total. Desafortunadamente la impunidad es muy superior a la eficacia, en el que de cada cien delitos que se cometen, sólo uno se sanciona. Son estas estadísticas lo que debiera hacer que se mejore todo el sistema de impartición y procuración de justicia, pues se corre el riesgo de haya un incremento de homicidios violentos así como de feminicidios, en el que el primer paso que debiera darse es la autonomía del poder judicial y acabar con los jueces de consigna. De igual manera, la ausencia de autoridad ha mellado considerablemente el orden público y ha generado una degradación del Estado en Chiapas. Es importante aclarar, que el desorden social que se vive en la entidad no es un asunto reciente, pero con la administración de Rutilio Escandón se ha acentuado, a punto tal, que la delincuencia actúa a plena luz del día y en las narices de la fiscalía, ya sea en total impunidad o bajo la sospecha de la complicidad.
DIRECTOR GENERAL
José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL
Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24
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Migrantes africanos se enfrentan nuevamente contra la GN y policías en Tapachula Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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ientos de migrantes africanos chocaron una vez más este jueves en Tapachula con miembros de la Guardia Nacional, Policía Federal y Policías Militares, para exigir ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración (INM). Los migrantes extracontinentales que mantienen un campamento afuera de la Estación Migratoria Siglo XXI se amotinaron y tiraron vallas metálicas, lanzaron palos y piedras contra los uniformados federales quienes repelieron el ataque con sus escudos antimotines y sus toletes. Los migrantes africanos, haitianos y de otros países asiáticos, que exigen sus oficios de salida del país, forcejearon contra los elementos de la Guardia Nacional, Policía Militar y Policía Federal que mantiene un cerco de protección alrededor de la estación. El INM suspendió el martes sus servicios de atención a los migrantes por las acciones de protesta al señalar que ponen en riesgo a sus empleados, lo que ha molestado a los migrantes africanos.
Los migrantes extracontinentales que mantienen un campamento afuera de la Estación Migratoria Siglo XXI se amotinaron y tiraron vallas metálicas, lanzaron palos y piedras contra los uniformados federales quienes repelieron el ataque con sus escudos antimotines y sus toletes
Denuncian venta de oficios de salida El activista y miembro del organismo civil defensor de los migrantes, Irineo Mujica, dijo que el INM “miente y está jugando con la necesidad de los migrantes, pues primero les prometió agilizar el trámite de
sus documentos, pero jamás lo hizo”. Añadió que el gobierno les ha prometido una atención personalizada, sin embargo, esta es para ofrecerles visa de trabajo en esta región del país, cuando lo que ellos exigen es su oficio de salida para seguir su camino hacia la frontera norte.
Afirmó que “es un secreto a voces que el INM y sus empleados están bajo investigación por corrupción de vender los oficios de salida en 1500 dólares y los 800 migrantes africanos representan una fuga de capital de 1 millón 200 mil dólares digan me si no es una gran suma para este Instituto”.
Denuncian irregularidades en el CERSS 5 Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)
Nueve presos quienes permanecen en plantón, y pertenecen a la organización Solidarios de la Voz del Amate, denunciaron amenazas y actos de discriminación al director del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5, José Javier Sánchez Ríos y a la jueza María Guadalupe Flores, esto en una carta enviada a la opinión pública y a diversos medios de comunicación. En la misiva relatan que alrededor de la una de la tarde del cuatro de septiembre, José Javier Sánchez Ríos, llegó acompañado por otras autoridades, para notificarles que no podían permanecer en el lugar donde realizan su plantón y que serían reubicados con el resto de la población de reos. “Sí no lo hacemos a nuestra pro-
pia voluntad, tomarán otras medidas y vendrá el Grupo Lobo, para reubicarnos en diferentes penales, también nos están obligando a firmar dicho documento con nombre de otra organización, al no firmar el director, se retiró muy molesto”. Asimismo, mencionan que el día jueves 29 de agosto, entre las 10 y 11 de la mañana, fueron amenazados por la jueza María Guadalupe Flores Roche, “quien llegó a nuestro campamento prepotente y con gritos nos dijo: que si no renunciamos nuestra lucha, que no alcanzaremos ningún beneficio”. “Que no le importa si morimos en este lugar haciendo huelga de hambre, que estamos en su mano y con un gran desprecio nos manifestó que no hablemos nuestro dialecto en su presencia, también comento que ni Frayba u otra organización internacional podrá ayudarnos, ya que ella es quien nos tiene en su mano”.
Por lo anterior, hacen responsable a estas dos personas de cualquier daño físico o agresión verbal que puedan sufrir, ya que son varias veces que los han intentado intimidar, ya que se encuentran violando sus derechos a la libre expresión, ya que su manifestación ha sido pacífica y sin violencia”. “Seguiremos denunciado ante cualquier acto de injusticia, y no permitiremos que ninguna “disque”
autoridad nos sigan hostigando; exigimos al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas nuestra inmediata libertad, ya que estamos pagando delitos que no cometimos”. Quienes firman la carta son: Mariano Pérez Velasco, Martín Gómez López, Marcos Gómez López, Mario Gómez López, Mariano Gómez López, Felipe Díaz Méndez, Mario Díaz Rodríguez, Juan Castellanos Gómez y Roberto Martínez Pérez.
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Viernes 6 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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No estamos escondidos: Gómez Bámaca A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas. com)
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24 horas de que la titular de la Secretaría de Educación Pública Estatal (SE), diera a conocer que el dirigente de la Sección VII de la SNTE en Chiapas acumula más de seis carpetas de investigación por diferentes delitos, Pedro Gómez Bámaca contestó que durante el año no ha sido notificado de alguna investigación en su contra, por lo que consideró que las amenazas del Estado no es más que una política represora. Por lo anterior, el también dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado (CNTE), reiteró que los miembros del Magisterio no se esconden de la autoridad, y si este los consideran unos delincuentes que se vayan por ellos. “Que aunque con estas amenazas que están llegando de que nos van a detener, que pronto estaremos en la cárcel... aquí estamos, no nos hemos escondido lo dijimos ayer”. “Si considera el gobierno que soy un delincuente pues que vengan por mí, aquí estamos pues”, declaró. Luego de que Rosa Aidé Domínguez Ochoa, confirmara que la actual administración inició dos nuevas indagatoria por usurpación de funciones en contra de la Secretaría General de la Sección VII, el docente subrayó que la organización lo intuía, considerando que el Estado siempre ha buscado la destrucción
Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
Una avioneta fumigadora se desplomó este jueves en un rancho ubicado en Mazatán, muy cerca de Tapachula. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana, cuando el capitán Rogelio C., de la empresa grupo ALTDI, realizaba trabajos de fumigación en la zona, a bordo de la avioneta Cessna con matrícula XBLED, número 05. Tras una falla mecánica en el motor de la aeronave, tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en el rancho Las Palmas, localizado en Mazatán. Personal del Ejército Mexicano y elementos de las diferentes corporaciones policíacas se trasladaron al lugar y acordonaron el área, mientras personal de Protección Civil atendió al piloto, quien sólo resultó con lesiones leves.
Por lo anterior, el también dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado (CNTE), reiteró que los miembros del Magisterio no se esconden de la autoridad, y si este los consideran unos delincuentes que se vayan por ellos
del Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas. “Sabemos perfectamente que es un plan perfecto que tienen para destruir lo que nosotros hemos construido en 39 años que es la Coordinadora Nacional, que nació acá en Chiapas”, dijo, Resaltó que los militantes del sindicato y coordinadora seguirán actuando bajo la legalidad, y en caso de alguna sanción administrativa o
judicial, la Sección VII se encuentra recepcionando los amparos. “No vamos nosotros a intimidarnos ante esto hecho, si en las próximas horas llegarán a realizar las amenazas… estamos en esta etapa hoy precisamente de recepción de amparos que es una ruta que la sección así lo decidió”, apuntó. Con base a lo posterior, puntualizó que en la convocatoria de la SNTE y
CNTE para el proceso de Cadena de Cambios y Ascensos participaron 4 mil 300 maestros, mismos que serán amparados si así lo deciden. Gómez Bámaca recordó que el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas cumplió con todos los acuerdos con la SE, sin embargo, la autoridad fue deslegitimando su propio acuerdo, cual fuera rubricado en enero de este año.
Avioneta fumigadora cae en un rancho de Mazatán, Chiapas
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Viernes 6 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Presidente de Tuxtla ejerce 100 mil pesos diarios en comunicación A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
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l ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a cargo de Carlos Orsoé Morales Vázquez, aumenta día con día su gasto por el concepto de comunicación social y publicidad diario a cargo del erario tuxtleco, sin que esos onerosos gastos se reflejen en beneficio de todos los que viven en la capital chiapaneca, al grado que en el mes de julio supero los 100 mil pesos diarios. De acuerdo a la Cuenta Pública del mes de julio del 2019, el municipio de Tuxtla Gutiérrez pasó de gastar 85 mil 596 pesos con 31 centavos diarios en junio, para llegar a los 100 mil 433 pesos con 40 centavos al día en el séptimo mes. El Estado de Actividades al 31 de julio, señala que durante ese mes el ayuntamiento capitalino erogó 3 millones 113 mil 435 pesos con 42 centavos, aumentando el gasto por 545 mil 545 pesos con 96 centavos respecto al mes de junio. Con estos datos, el edil coiteco pasó de gastar 2 millones 567 mil 889 pesos con 46 centavos para el mes de junio a los 3 millones 113 mil 435 pesos con 42 centavos para julio, es decir, un incremento de 17.52 por ciento. Por lo anterior, el municipio capitalino sigue reflejando incrementos mensuales por la divulgación de información, ya que en el mes de mayo la partida presupuestal diaria de este servicio era 56 mil 530 pesos con 46 centavos diarios, pero para
La senadora Blanca Piña Gudiño, del grupo parlamentario de Morena, presentará un punto de acuerdo respecto a la situación que vive la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”. La Normal Indígena “Jacinto Canek” es una de las tres normales indígenas del país, y la única en el estado de Chiapas, cuya particularidad nacional es que, al mismo tiempo de ser indígena, es también intercultural y bilingüe Desde hace algunos años, la Normal ha enfrentado al igual que otras, un acoso permanente que ha mermado seriamente su funcionamiento debido a la visión neoliberal impuesta en la educación, tan sólo el año pasado se mantuvo cerrada por siete meses, desde el 27 de septiembre hasta el 11 de abril del año en curso, mencionó la senadora. Aunque se logró su reapertura, los recursos no fueron suficientes para su funcionamiento, además de la insuficiente plantilla docente que han denunciado los estudiantes, así como la falta de comprobación de 1.5
De acuerdo a la Cuenta Pública del mes de julio del 2019, el municipio de Tuxtla Gutiérrez pasó de gastar 85 mil 596 pesos con 31 centavos diarios en junio, para llegar a los 100 mil 433 pesos con 40 centavos al día en el séptimo mes
junio este se disparó a 85 mil 596 pesos con 31 centavos. Respecto a estos aumentos –sin justificarse–, Morales Vázquez no ha cumplido con su palabra a pesar de haberla enarbolado y compro-
metido al gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas. “Privilegiaremos la austeridad, la eficiencia y el combate a la corrupción, compromiso para tener un mejor gobierno en Chiapas. Gracias
por el respaldo, nos compromete a seguir trabajando por el Tuxtla digno que todos anhelamos” dijo el presidente municipal en diciembre del 2018, tras rendir un informe de las finanzas de Tuxtla.
No al cierre de la Normal Indígena “Jacinto Canek”: senadora Blanca Piña millones de pesos que se destinaron a la Normal y no se han visto reflejados en las becas y mantenimiento de la escuela, por ello, el pasado 26 de agosto la Normal “Jacinto Canek” fue nuevamente cerrada. El cierre definitivo de la escuela es una clara violación al derecho constitucional de los jóvenes a recibir educación, comentó la legisladora. Un conflicto local no puede estar por encima de lo que aprobamos hace unos meses en la reforma al artículo 3° de la Constitución, donde se impulsa la atención prioritaria a escuelas normales y la impartición de educación plurilingüe e intercultural en pueblos y comunidades indígenas. Hay salidas a este conflicto, explicó la senadora Blanca Piña, que se reabra la Normal en Zinacantán o que se reubique en San Cristóbal de
las Casas, lugar donde se encontraba desde el principio. La legisladora michoacana, anunció que en su momento presentará un exhorto con dos puntos de acuerdo, uno al presidente municipal de Zinacantán, Chiapas, al Gobernador de Chiapas y a la Secretaría de Educación Pública para resolver las demandas de la comunidad normalista
y garantizar el derecho constitucional de los normalistas a la educación. Y el segundo, a la Secretaría de Educación en el Estado de Chiapas y a la Secretaría de Educación Pública, para que realicen la auditoría sobre los recursos destinados en 2018 y 2019 a la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”, concluyó la senadora.
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Viernes 6 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
José Raúl Linares Ciudad de México (apro)
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l pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la reducción del presupuesto a partidos políticos en Tabasco, aprobada en septiembre pasado por el Congreso de la entidad. El máximo tribunal del país canceló la reforma al artículo 9 de la Constitución de Tabasco, impulsada por Morena, con la que se pretendía reducir hasta en 50% las prerrogativas a partidos políticos, sin importar si su registro era local o federal. El proyecto fue presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, basado en las acciones de inconstitucionalidad 100/2018 y acumuladas 102/2018, 103/2018 y 104/2018, promovidas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM). “El problema radica en que erróneamente, sin tomar en cuenta las reglas previstas explícitamente al respecto, la norma impugnada reduce a la mitad el financiamiento a los partidos políticos, para sus actividades ordinarias permanentes”, señaló el ministro.
Noé Zavaleta Xalapa, Ver. (apro)
Un juez federal del Juzgado Segundo de Distrito en Veracruz desechó el amparo que promovió el fiscal removido, Jorge Winckler Ortiz, contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso local para separarlo temporalmente del cargo. Por su lado, la jueza federal Karina Juárez Benavides, del Juzgado Primero de Distrito en Veracruz, dio tres días al Congreso local para que “justifique” la remoción de Jorge Winckler Ortiz al frente de la Fiscalía General de Veracruz. “Requiérase a las autoridades responsables para que en el término de tres días, contados a partir de que les sea notificado el presente proveído, informen y justifiquen a este Juzgado sobre el cumplimiento dado a la suspensión concedida en los presentes cuadernillos, esto es, deberán acreditar con los medios de pruebas procedentes, si emitieron o no el acto que se les atribuye y con el que supuestamente trasgredieron la suspensión otorgada al quejoso y remitan las constancias que acrediten su dicho, apercibidos que de no hacerlo así, se procederá en términos del artículo 208, fracción II, última parte, de la ley de la materia”, expone el acuerdo de la jueza. Tras la polémica separación del fiscal, el pasado martes 3, el gobierno de Cuitláhuac García envió a abogados afines para declarar ante la prensa que la “remoción del fiscal” fue adecuada y se hizo conforme a
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Inconstitucional, reforma que reduce presupuesto a partidos políticos en Tabasco: SCJN El máximo tribunal del país canceló la reforma al artículo 9 de la Constitución de Tabasco, impulsada por Morena, con la que se pretendía reducir hasta en 50% las prerrogativas a partidos políticos, sin importar si su registro era local o federal
Sobre este aspecto, añadió, la Constitución y la ley prevén factores de determinación del financiamien-
to púbico que no pueden ser modificadas por las entidades federativas. De manera unánime, los minis-
tros de la SCJN coincidieron con Gutiérrez Ortiz Mena en que los estados no tienen libertad configurativa absoluta para reglamentar el financiamiento público que les corresponde a los partidos políticos locales. La Corte recordó que, si bien los estados tienen cierta libertad configurativa para regular el financiamiento público estatal para los partidos políticos nacionales, en el caso del financiamiento de partidos locales, relativo al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, deben someterse a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, que establece detalladamente la forma de calcular dicho financiamiento.
Juez desecha amparo para restituir a Winckler en la Fiscalía de Veracruz derecho. A su vez, diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) y el propio Winckler Ortiz contrataron a representantes jurídicos para que visitaran radiodifusoras y dieran ruedas de prensas, con el objetivo de acusar a los diputados morenistas y al gobierno estatal de “violar la Constitución” y “atentar contra el estado de derecho” por haber removido a un fiscal cuyo cargo, aprobado por la pasada Legislatura, le garantizaba nueve años en funciones. La jueza Karina Juárez abrió a trámite un incidente de violación a la suspensión definitiva, que ella misma otorgó a Winckler el pasado 18 de enero, bajo el amparo 1266/2018, para frenar los intentos del Congreso local para removerlo. Y en el expediente 822/2019, el juez federal concluyó que la parte quejosa carece de legitimación para promover la demanda de amparo. Con su equipo de voceros, Jorge Winckler aseguró que él y su familia ya no se encuentran en la ciudad de Xalapa, pues tuvieron que buscar un “lugar seguro”, porque la nueva administración de la Fiscalía y el gobierno de Cuitláhuac García decidieron quitarle el personal de custodia. “Estamos en un lugar seguro, estamos esperando a ver qué pasa con las decisiones jurisdiccionales, pero, sí,
la situación es bastante complicada y de riesgo”, puntualizó. Ayer, nueve diputados locales del PAN arribaron a palacio de gobierno, en esta ciudad, para exigir una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y exigirle que deje de “meter la mano” para apoderarse de la Fiscalía General del estado (FGE). Y acusaron que la remoción del fiscal ocurre a cinco días de que se programara una “audiencia vital” para mostrar pruebas contra el desfalco al erario público del exgobernador priista Javier Duarte. Incluso la diputada panista Maryjose Gamboa mencionó que casi a la media noche el gobernador acudió a la Fiscalía, en aras de “llevarse” información y “diligencias” que comprometen al priista. En Veracruz sólo existía un antecedente de la unción de un fiscal, cargada de inconsistencias, como ocurrió ayer con Verónica Hernández. Fue en julio de 2018, cuando Miguel Ángel Yunes era gobernador de Veracruz. En ese entonces se nombró a Marcos Even Torres --cercano a Jorge Winckler-- como fiscal Anticorrupción, mediante la votación de mayoría calificada con sólo los diputados asistentes y no contemplando a la bancada de Morena, que rompió el quórum. A esta argucia jurídica se le definió como “fiscal carnal”.
La tarde del pasado martes 3, la bancada de Morena, con un dictamen no contemplado en la ley, aplicó –a través de la Diputación Permanente, sin pasar por el pleno de 50 diputados-- la remoción temporal de Jorge Winckler. De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Manuel Pozos Castro, la separación derivó de que el panista incumplió con el mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro para la permanencia en el cargo, además de no cumplir sus funciones a cabalidad. Desde que arrancó su gobierno, Cuitláhuac García mantiene una confrontación con Jorge Winckler. Ambos políticos han utilizado espacios en medios locales y nacionales para desprestigiarse mutuamente y lanzar recriminaciones por la ola de violencia e impunidad que se vive en el estado.
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PAN se queda con Mesa Directiva de San Lázaro; ofrece retirar acciones de inconstitucionalidad Jesusa Cervantes Ciudad de México (apro)
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l Partido Acción Nacional (PAN), que finalmente logró los votos de Morena y ganó la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ofreció el retiro de procesos judiciales contra leyes promovidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Después de cuatro intentos y tener al Congreso de la Unión al filo de una crisis constitucional, Morena aceptó que la presidencia para el siguiente año legislativo quede en manos de Laura Rojas Hernández, mexiquense ubicada como parte del grupo político de Felipe Bravo Mena y vinculada por algunos medios con la agrupación derechista El Yunque. A las 19 horas con 24 minutos, Porfirio Muñoz Ledo se levantó de la silla de la presidencia y la cedió a la panista, quien obtuvo 349 votos a favor, 42 en contra y 37 abstenciones. La coalición Juntos Haremos Historia --Morena-PT-PES y su aliado el PVEM-- votó a favor, pero a cambio recibió la promesa del retiro de algunos de los amparos que el PAN ha promovido en contra de las políticas del gobierno de la 4T. Luego de leerse la planilla propuesta por el PAN --con Laura Rojas como presidenta, Marco Adame como vicepresidente y Lisbeth Mata Lozano como secretaria--, pero antes de que se votara, la mexiquense pidió la palabra y desde su curul anunció el retiro de todos los procesos judiciales en contra de actos del gobierno
De la redacción Ciudad de México (apro)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un caso para analizar si la llamada violencia obstétrica es una forma de violencia de género relacionada con el derecho a la salud de la mujer, en particular con la prohibición de discriminación y subordinación en la prestación de servicios de salud. “En el asunto se plantea la posibilidad de continuar la línea jurisprudencial de la Primera Sala en relación con la obtención adecuada del consentimiento informado para la realización de tratamientos médicos invasivos e irreversibles, lo que podría llevar a determinar si existe responsabilidad solidaria entre médicos e instituciones por mala práctica de alguno de ellos”, puntualizó en un
Después de cuatro intentos y tener al Congreso de la Unión al filo de una crisis constitucional, Morena aceptó que la presidencia para el siguiente año legislativo quede en manos de Laura Rojas Hernández, mexiquense ubicada como parte del grupo político de Felipe Bravo Mena y vinculada por algunos medios con la agrupación derechista El Yunque
promovidos a través de leyes en el Congreso de la Unión. “…Quiero compartirles que en caso de resultar electa me desistiré de las acciones de inconstitucionalidad y de los amparos en los que he participado, esto en cumplimiento a la obligación que tiene el presidente o la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de conducirse en todo momento con imparcialidad y con institucionalidad”, dijo. Aún desde la silla de la presidencia, Muñoz Ledo recordó que existen más de 30 amparos promovidos por distintos militantes panistas, lo que
dio pie para que la petista Hildeliza González exigiera el retiro total de los amparos. Y, ya encarrilada, demandó un alto a los insultos contra Morena y sus aliados, “ni continuar vituperando a los integrantes de la coalición. Si quiere presidir, que sea congruente y retire su fracción parlamentaria todos los amparos… y se lo pido con el corazón en la mano”. Pero no hubo más panistas que se sumaran al ofrecimiento de la nueva presidenta de San Lázaro, Laura Rojas. Al asumir el cargo, la mexiquense
mencionó que el acuerdo logrado dio paso a la institucionalidad y permitió la unidad, por lo que ofreció: institucionalidad, imparcialidad, respeto, diálogo y ser garante. En México, subrayó, hay un parlamento vivo y corresponde velar por la paz, porque es el reclamo de todos. Luego de seis días de tensión legislativa, al borde de una crisis, el PAN pasó de los gritos e injurias hacia la oposición, a una actitud institucional, y para llegar a la máxima posición del pleno hubo de retirar sus reclamos contra el gobierno de la 4T. Del otro lado, la coalición, que evidenció falta de operación política durante el tránsito en la renovación de la presidencia, acabó reivindicándose al dejar de manifiesto la fuerza del voto mayoritario, vetando y condicionando al nuevo presidente de la Mesa Directiva. Luego de que se trasladó a una de las curules del ala izquierda de la bancada de Morena, Muñoz Ledo fue vitoreado por sus compañeros de partido, y en entrevista comentó: “Vivimos lo que espero que sea la última decisión de la partidocracia... una bancada que estuvo injuriándome todos los días, y ya que llegaron a un arreglo está muy mansita”.
La SCJN analiza si la violencia obstétrica podría considerarse violencia de género comunicado. Además, abundó, esta atracción podría constituir una oportunidad para definir el concepto de la esterilización forzada como una violación a la integridad personal y al derecho a la autonomía reproductiva, derivado de la imposición de un determinado método anticonceptivo por el personal de una institución pública o como elemento de una política pública implícita. De igual manera, permitirá continuar en la construcción de la doctrina en torno al derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva, así como al libre desarrollo de la personalidad, abundó.
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Fiscalía acepta medidas solicitadas por la CNDH tras masacre en “El Caballo Blanco” Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno y a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz otorgar medidas cautelares en favor de víctimas del ataque al centro nocturno “El Caballo Blanco”, ocurrido el 27 de agosto, y en el que fallecieron 30 personas. El organismo informó que, tras presentar la solicitud al secretario general de gobierno del estado, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y a la encargada de la fiscalía, Verónica Hernández Giadans, ésta aceptó la petición, por lo que las medidas cautelares “deberán implementarse por el tiempo que se requieran”. En un comunicado, la CNDH resaltó que las medidas solicitadas “tienen el propósito de evitar la consumación irreparable de violación a derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación en agravio de las personas afectadas por los hechos ocurridos” la noche del 27 de agosto en la ciudad de Coatzacoalcos. Agregó que las medidas consisten en “implementar las acciones necesarias para garantizar y salvaguardar la integridad física de las víctimas sobrevivientes de esos hechos violentos y sus familias mediante la protección oportuna y eficaz que requieran”.
El organismo informó que, tras presentar la solicitud al secretario general de gobierno del estado, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y a la encargada de la fiscalía, Verónica Hernández Giadans, ésta aceptó la petición, por lo que las medidas cautelares “deberán implementarse por el tiempo que se requieran”
El organismo exhortó a las autoridades que en las actuaciones que realicen, “se respete el derecho al debido proceso legal de las personas afectadas, y se les brinde la asesoría jurídica que requieran en la investigación de los hechos, incluida la
información adecuada para el ejercicio de su coadyuvancia”. Al señalar que las medidas cautelares fueron solicitadas por el primer visitador general, Ismael Eslava Pérez, la CNDH informó que la aceptación de las mismas fue firma-
da por el fiscal visitador encargado de la Atención a Quejas de Derechos Humanos, Rodrigo Elizondo Guzmán, quien destacó que se instruyó al fiscal Regional de Justicia zona Sur, Coatzacoalcos que se encargue de su implementación.
FGR abrió investigación contra funcionarios que podrían haber favorecido impunidad en caso Ayotzinapa: AMLO Sara Pantoja Ciudad de México (apro)
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra servidores públicos que podrían haber favorecido la impunidad en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Les informo que lo de ayer que se comentó, de la persona que se liberó porque así lo decidió un juez, nos informaron que se abrió una investigación en contra de funcionarios públicos, por parte de la FGR, ya se abrió una investigación por este
asunto”, explicó el presidente. El pasado sábado 31, Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, uno de los presuntos líderes que habría ordenado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, recuperó su libertad, luego de que un juez federal desestimó un tercio que las pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Ayer, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que se abrirá una investigación contra el juez Samuel Ventura Ramos, quien determinó con una “laxa interpretación de la ley” la liberación de López Astudillo.
Además, López Obrador advirtió que podría “ventilar” con nombre y
apellido a todos los jueces que liberen a presuntos delincuentes.
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ONU-DH pide una búsqueda “exhaustiva” para encontrar a defensores del albergue Casa AMAR Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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un mes de la desaparición del director del albergue para migrantes Casa AMAR, Aarón Méndez Ruiz, y su colaborador Alfredo Castillo, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, urgió a autoridades federales y estatales a dar con el paradero de los defensores. En un comunicado, la ONU-DH recordó que Méndez y Castillo fueron vistos por última vez el pasado 3 de agosto, en la puerta de acceso del albergue ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de donde fueron tomados por desconocidos para ser privados de la libertad, “en el contexto de su labor de asistencia humanitaria y defensa de los derechos humanos de los migrantes”. La desaparición de los defensores ocurre “en un contexto de creciente vulnerabilidad para las personas migrantes y quienes defienden sus derechos”, consideró Jarab. Para el representante de la ONU-DH es indispensable que autoridades federales y estatales realicen una búsqueda “exhaustiva que tenga en cuenta la labor de defensa que ambos realizaban y agote todas las posibles fuentes de información para dar con su
Sara Pantoja Ciudad de México (apro)
“La mejor reforma, la mejor renovación debe de surgir al interior del Poder Judicial”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador y confió en que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tome esa iniciativa. En su conferencia matutina, descartó el envío de una iniciativa a Congreso de la Unión para ese propósito y dijo que son los propios ciudadanos, el “pueblo soberano”, quienes deberían participar en ello. “Creo que la reforma a los poderes tiene que darse por iniciativa propia, eso fue lo que planteamos. Es un tema que debe tratarse y creo que lo que más ayuda para que se tengan mejores poderes, honestos, justos y eficientes, es la participación de los ciudadanos”, comentó. López Obrador aclaró que no en-
En un comunicado, la ONU-DH recordó que Méndez y Castillo fueron vistos por última vez el pasado 3 de agosto, en la puerta de acceso del albergue ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de donde fueron tomados por desconocidos para ser privados de la libertad, “en el contexto de su labor de asistencia humanitaria y defensa de los derechos humanos de los migrantes”
paradero”. De igual manera, consideró indispensable que las autoridades “adopten medidas integrales que garanticen la seguridad de los al-
bergues de migrantes y quienes colaboran con ellos”. Finalmente, en nombre de la ONU-DH expresó su solidaridad con las familias de Méndez y Casti-
llo y el personal de la Casa AMAR, y resaltó que no están solos ante la incertidumbre que se acrecienta cada día por no saber dónde se encuentran aquellos.
La mejor renovación debe de surgir al interior del Poder Judicial: AMLO viará ninguna propuesta de reforma desde el Poder Ejecutivo porque “no soy partidario de tomar una iniciativa de reforma Constitucional para renovar el Poder Judicial desde afuera. Esto se hizo cuando el presidente Zedillo. Yo no voy a proceder de esta manera, no voy a enviar alguna iniciativa, o porque tengamos la mayoría de los legisladores, no vamos a actuar de esa forma, porque considero que la mejor renovación debe surgir al interior del Poder Judicial”. No obstante, aclaró que cuando deba proponer ternas para elegir a ministros de la Corte, cuidará que sea gente “honorable y honesta”, igual que hará en el Consejo de la Judicatura Federal y con el fin de que
“no suceda lo que pasaba en otros tiempos que eran recomendados por
cuestiones políticas o para cuidar intereses”.
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Sin enfoque de género procesos judiciales en México Sonia Gerth Ciudad de México. (Cimacnoticias)
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ese al reconocimiento internacional que se ha hecho al Estado mexicano por el cambio de justicia de penal inquisitivo a acusatorio, aún quedan muchos retos por afrontar, consideraron juristas feministas reunidas en el foro “Los feminismos ante el Derecho Penal”, celebrado los días 4 y 5 de septiembre, en el Museo Nacional de Antropología. La directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, Ana Dulce Aguilar García, señaló que en “el sistema anterior se violaban garantías sistemáticamente”. En eso coincidieron las ponentes de la mesa sobre el debido proceso penal, la abogada defensora Sayuri Herrera Román, y la integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, Yuteita Valeria Hoyos Ramos, quienes expusieron que el enfoque de género queda fuera de los procesos y pone en desventaja a las mujeres. Herrera Román mencionó un caso en el que trabaja actualmente de 12 mujeres que denunciaron violencia por un violador serial. Dos de ellas, menores de edad, no se sintieron psicológicamente dispuestas a declarar ante el Tribunal, el cual decidió reponer las audiencias. “Pero el Tribunal dice que se repone para todas las víctimas, de modo que no sólo se tendrían que presentar las dos menores de edad, sino las otras diez que sí se presentaron, que sí expusieron los daños que habían causado estos hechos, lo que resulta del todo victimizante”, narró la abogada. Al interponer un amparo contra esta decisión, continuó, en el Tribunal le
De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
Mujeres defensoras de Derechos Humanos llamaron al Gobierno de la Ciudad de México a decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG), rechazada en junio pasado, y diseñar un plan de acción para cada alcaldía así como un mecanismo de rendición de cuentas. Las mujeres que participaron el diálogo ciudadano que se realizó el 31 de agosto en el Colegio de San Ildefonso publicaron la agenda acordada en el encuentro, donde exigen que la AVG sea considerada una herramienta de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones encargadas de atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En el pronunciamiento avalado por defensoras, académicas y feministas, también se pide a las autoridades
dijeron: “¿Sabe usted que si promueve el amparo se va a dilatar el proceso tres meses? ¿No sería mejor que comparecieran ellas de nuevo y se resuelve rápido?”. Herrera se negó a asumir la responsabilidad, ya que argumentó que es el Tribunal quien tiene que garantizar un proceso con perspectiva de género según los estándares nacionales. En opinión de Yuteita Hoyos, “el nuevo sistema carece de una perspectiva de género en cada una de sus etapas. Son los prejuicios, la misoginia que persiste en los Ministerios Públicos, dijo y recordó que la mayoría de las víctimas no llega a un proceso, sino que su caso queda atrancado en la investigación inicial. Desde su experiencia, “son tan mermadas psicológicamente en las entrevistas, que se desaniman.” Relató que el debido proceso se creó para limitar el poder del Estado y darles garantías a todas las personas implicadas, tanto imputadas como denunciantes. Sin embargo, la abogada identificó varios problemas que afectan seriamente los derechos de la víctima. Por ejemplo, en muchos casos, las mujeres no tendrían una asistencia jurídica antes de declarar. En cambio, el inculpado al tener acceso y leer la declaración, “el sí va tener las herramientas, y la asesoría previa para defenderse.” Hoyos siguió con su
crítica de la primera etapa judicial y cuestionó: “¿qué integra una carpeta de investigación? dictámenes periciales, médicos, psicológicos… seguimos aplicando pruebas que no están orientadas a víctimas de violencia”, dijo. Según su experiencia, en las Fiscalías “se sigue utilizando la misma metodología en piscología que se usaba en el sistema inquisitivo.” Hoyos observó que en muchos exámenes se constató que la víctima no tenía afectación psicológica, cuando la abogada considera lógico que una mujer que ha sido violentada durante años, necesita acumular alguna fuerza para denunciar. Este fortalecimiento o empoderamiento, se volvería una desventaja: “mujer con carácter agresivo”, diría el examen psicológico al final, concluyó la abogada. Por lo tanto, consideró necesario que otras áreas académicas se involucren en la etapa de investigación, como la victimología o la psicología con perspectiva de género. Hoyos consideró que los avances que se dieron en el derecho se lograron a través de movilizaciones de feministas, y que ese sería el camino a seguir. Para ella es importante que se apliquen las normas que ya se lograron, por ejemplo, que se implementara el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en todas las materias. Sin embargo, dijo que el debido proceso sigue siendo necesario. Mencionó los casos de mujeres privadas de libertad que no pudieron defenderse en el pasado, por ejemplo, acusadas de abandono de menor de edad, por salir a trabajar. Ana Aguilar agregó que en el caso de ser acusadas, las mujeres siguen enfrentando violencia estructural. “Normalmente, las sanciones que reciben tienen en su base estereotipos como ‘no es una buena madre’”, dijo. Sayuri Herrera insistió en que habría que refundar el derecho, desde la teoría, hasta la enseñanza en las facultades, y la presencia de mujeres en posiciones de decisión. Un aumento de penas, en cambio, sólo sería una propuesta populista y no una solución dada la cifra de 99.3 por ciento de impunidad. Agregó que la reparación integral del daño que se está implementando cada vez más, no debe de concentrarse en el inculpado, sino también en sanciones a instancias y funcionarias omisas. Un ejemplo de eso serían las disculpas públicas de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y del servicio forense en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio. Sin embargo, “la sanción a servidores públicos, siempre nos falta”, opinó. Puede haber muchas capacitaciones a operadoras y operadores del sistema judicial, dijo, pero sin sanciones sería difícil saber cómo tratar a personas funcionarias que actúan de manera indebida. Ana Aguilar concluyó: “No podemos aspirar a que los funcionarios del sistema judicial sean mejores personas. Pero sí podemos aspirar a que cumplan con sus obligaciones, y entre esas está aplicar la perspectiva de género.”
Piden decretar AVG, planes de acción para Alcaldías y rendición de cuentas que expliquen con claridad cuáles son los plazos de la AVG, incluyendo la fecha en que se levanta, que otorguen presupuesto para acciones de urgencia y que en estos procesos incluyan a las organizaciones de la sociedad civil. Otra de las conclusiones de este diálogo, que se convocó tras las protestas del 12 y 16 de agosto cuando las ciudadanas se manifestaron por al menos tres casos de violación sexual cometidos por policías capitalinos, fue incluir mecanismos de sanción a los funcionarios y funcionarias públicos que no cumplan con las obligaciones de la Alerta de Violencia de Género. Aunque el 28 de agosto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que a partir de diciembre y durante los próximos cuatro meses implementará acciones urgentes para atender la violencia hacia las mujeres, las asistentes del diálogo ciudadano propusieron otras estrategias. Entre las propuestas de las mujeres esta la conformación de observatorios ciudadanos locales en materia de igualdad de género, que la Secretaría de Educación Pública incluya en sus contenidos la igualdad de género y las dimensiones de la violencia de género, lo que implica la formación al profesorado en perspectiva de género. Otros temas planteados en este encuentro fueron exigir un sistema de procuración de justicia con perspec-
tiva de género; promover medios de comunicación, digitales y publicidad que aborde la igualdad y no discriminación; hacer frente a la criminalización de las protestas protagonizadas por mujeres y promover acciones culturales y artísticas para transformar la cultura de la violación sexual y el feminicidio.
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RETROPOPULISMO Y EXTRAVAGANCIA CON AMLO Roger Bartra
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ndrés Manuel López Obrador me ha parecido, desde que emergió en la escena mexicana, como un ejemplo de líder populista sacado de un manual de ciencia política. Su nacionalismo autoritario y su infatuación como representante de todo el pueblo no dejan lugar a dudas sobre su talante populista. Pero cabe preguntarse: ¿qué clase de populista es hoy el presidente López Obrador? ¿Qué estilo personal le imprime a su gobierno? ¿Qué lo distingue de los ejemplos de dirigentes populistas latinoamericanos clásicos como Perón o de versiones posteriores encarnadas en personajes como Hugo Chávez? ¿Qué lo hace diferente del gran fundador del populismo mexicano, Lázaro Cárdenas? Quiero explorar respuestas a estas preguntas. Una primera peculiaridad que salta a la vista es la actitud restauradora de López Obrador, que mira más hacia el pasado que hacia el futuro. Estamos ante un peculiar retropopulismo. Quiere renovar un antiguo régimen. Quiere regenerar supuestas bondades de un orden previo al pecado neoliberal. Su proyecto no fue viable hasta que el partido del antiguo régimen, el PRI, le abrió el camino hacia la Presidencia, en un curioso acto suicida. El viejo partido del nacionalismo revolucionario institucional dirigió flujos de votantes hacia López Obrador y con una maniobra corrupta, usando a la Procuraduría General de la República, debilitó a su rival, Ricardo Anaya. López Obrador ganó gracias al defectuoso y corrupto gobierno del PRI y a la inducción de votos priistas hacia Morena. El PRI logró derrotar ampliamente a López Obrador en las elecciones presidenciales de 2012, pero convirtió su triunfo en una alternativa fallida que acabó inclinándose por abrirle las compuertas al populismo. Para llegar a la Presidencia, López Obrador, que ya era un populista conservador desde hacía años, dio un giro espectacular más a la derecha para que no quedaran dudas sobre su decisión de abandonar los terrenos de la izquierda. Hizo evidentes sus intenciones restauradoras y su inclinación por la austeridad y los recortes. A varias medidas francamente reaccionarias de su programa, una vez que llegó a la Presidencia agregó sorpresivamente las decisiones de legalizar las funciones policiacas del Ejér-
cito, creando la Guardia Nacional, y de perseguir a los migrantes centroamericanos, al aceptar vergonzosamente las órdenes del otro populista reaccionario que gobierna al otro lado de la frontera. Todo ello acompañado de la resurrección de una política populista de subsidios y subvenciones como hacía el viejo PRI. En resumen: retropopulismo. Cualquier economista sensato de izquierda sabe, como lo ha mostrado Thomas Piketty, que, tanto en términos de justicia como de eficacia, la peor manera de reducir la deuda pública consiste en una prolongada austeridad. Esta opción es la que ha escogido López Obrador, con su obsesión por los recortes. Es la señal inequívoca de una política económica de derecha neoliberal. Pero el suyo es un neoliberalismo raro, alérgico al capitalismo moderno que prefiere formas de acumulación de capital primitivas. Los populistas de izquierda en Europa, como Syriza y Podemos, ven con horror la política de austeridad de Angela Merkel. La izquierda, en sus diversas variedades, suele mirar hacia el futuro. El estilo político de López Obrador, en contraste, se basa en una verdadera manía por mirar hacia atrás. Incluso el pretencioso lema que anuncia una “cuarta transformación” parte de la ilusión por emular los logros de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Los delirios por repetir hazañas del pasado suelen fracasar y producir estancamiento. Como es bien sabido por los historiadores, una verdadera restauración es algo imposible que no ha ocurrido nunca. Señalar que hay tendencias restauradoras es importante para entender las intenciones de
los políticos, pero no para suponer que será posible restablecer el pasado añorado. Es obvio que el nuevo partido gobernante, Morena, no es ni será similar al viejo PRI. Pero son significativos sus impulsos retrógrados. Hay una segunda dimensión inquietante en la actividad política del presidente López Obrador. Me refiero a su extravagancia. El conjunto de decisiones que ha adoptado, además de mostrar una inclinación reaccionaria, es un batiburrillo incoherente y errático. Ha provocado alarma por sus posibles consecuencias desastrosas y, de momento, ha auspiciado una parálisis económica. En su monomanía ahorrativa el presidente ha decidido canalizar los recursos al tren turístico maya, a la refinería de Dos Bocas y al opaco flujo destinado, entre otras cosas, al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Otra idea disparatada al parecer ha sido frenada: la dispersión de las secretarías de gobierno por diferentes regiones. Además, lo positivo de la reforma educativa ha sido cancelado y la educación básica no dará el salto cualitativo necesario para formar una masa civil moderna preparada para el trabajo eficiente y productivo. El pesimismo fue estimulado por la estrafalaria cancelación del aeropuerto nuevo en Texcoco y el desorden ha cundido en las dependencias del gobierno, que han despedido a miles de empleados y no reciben recursos financieros suficientes. El escándalo estalló en los espacios de la salud pública cuando se recortaron los recursos y escasearon los medicamentos. El estrambótico conjunto de decisiones se ha topado con la realidad: la violencia crece, aumenta
el número de homicidios y mucha gente tiene la impresión de que las fuerzas castrenses, en su nuevo uniforme, son impotentes para garantizar la seguridad. El colmo del extravagante simulacro con que se inauguró el sexenio fue la tragicomedia huachicolera, en la que los errores del gobierno fueron cubiertos por una lucha rocambolesca por controlar la corrupción en Pemex y frenar el robo de gasolina. Cundió la escasez de combustible durante algunas semanas y no queda claro si la corrupción fue controlada. Por supuesto las extravagancias son un espectáculo divertido que hace reír a muchos que no se dan cuenta de su dimensión amarga. Las “mañaneras” del presidente son una exhibición matutina de disparates y ocurrencias que mantienen a muchos atrapados en el insólito teatro de la nueva política. Parece muy difícil pensar que las decisiones que ha tomado y las que ha anunciado el presidente López Obrador sean un equivalente en el siglo XXI de la independencia que liberó a México del dominio español, o de la transformación reformista de Benito Juárez o del derrumbe de la dictadura de Porfirio Díaz que abrió paso a un nuevo régimen. No hay síntomas de que estemos a punto de vivir cambios tan profundos. Tengo la impresión de que, por suerte, hoy no estamos tampoco presenciando un proceso de tan graves consecuencias como fueron el peronismo en Argentina y el chavismo en Venezuela, para mencionar casos espectaculares de populismo en América Latina. Aparentemente tampoco estamos presenciando la cristalización de cambios como los que impulsó Lázaro Cárdenas, el gran arquitecto del sistema político que duró más de 60 años. Me temo que el desorden que podrían generar las extravagancias retropopulistas podrían dejar cicatrices en la vida política. El peligro es que el gobierno de López Obrador infiera heridas profundas en el sistema democrático que apenas tiene poco más de 20 años de existencia. No sabemos cómo reaccionará el presidente si dentro de algún tiempo su gobierno no logra llegar al paraíso de bienestar, seguridad, honradez y crecimiento económico que ha prometido. Si se llega a ese punto crítico me temo que las pocas luces que iluminan la actividad del presidente lo lleven a dar palos de ciego que arruinen la civilidad y la democracia.
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odavía falta alrededor de un año para el cambio de dirigencia sindical, y el “enquistado” secretario general del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), Víctor Manuel Pinot Juárez, prepara ya su principal jugada de salida que podría implicar su ascenso a la nueva Federación Nacional de Sindicatos de los Colegios de Bachilleres (FNSCB). La maniobra de Pinot Juárez, que tiene bastante inconforme a la base sindical, se intentó consumar el pasado 20 de agosto cuando en una reunión de trabajo, sin aviso previo, el Secretario General decidió someter a votación a mano alzada –en asuntos generales- la participación del Suicobach en el evento donde se constituirá el FNSCB a realizarse el próximo 21 de septiembre en la ciudad de Puebla. El proceso de votación, que fue alterada por la participación de personas afines al líder sindical, terminó en duros desencuentros con algunos de los delegados que evidenciaron las artimañas de Pinot. Y es que, el interés de Víctor Manuel en la Federación Nacional de Sindicatos no es gratuita. Desde hace varios meses Víctor Manuel Pinot se ha mantenido cercano a la conformación de la nueva organización nacional. Está consciente que Chiapas es la entidad que mayor cantidad de planteles
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EN LA MIRA Héctor Estrada
Suicobach secuestrado por las ambiciones de Pinot
tiene en todo el país y eso es, sin duda, un botín bastante jugoso para negociar una posición dentro del nuevo Frente Nacional. Más planteles significan más delegados en la asamblea, más agremiados, mayor aportación de cuotas sindicales y, por lo tanto, mayor cantidad de votos efectivos bajo su supuesto control. Es el argumento que ha vendido a los fundadores
del FNSCB y así es como planea ascender a un nuevo espacio de representatividad nacional. Por eso su interés desbordado en aprobar, a como diera lugar, la participación del Suicobach en el evento nacional. Ha prometido llevar una comisión de 400 personas a Puebla y para ello ha autorizado medidas extremas como la aplicación de descuentos (de tres días
de salario) a los delegados que no asistan. La determinación de Pinot para “engordar” el evento de la Federación Nacional de Sindicatos de los Colegios de Bachilleres el próximo 21 de septiembre ha provocado ya sublevación de algunos planteles en Chiapas que, de manera tajante, han denunciado las nuevas arbitrariedades del líder sindical y le han dado la espalda a sus aspiraciones nacionales. Los delegados sindicales han expresado además su fuerte preocupación ante las posibles consecuencias que tendría el adherirse a la nueva agrupación nacional y disolver, según algunos, la autonomía jurídica del Suicobach, cambiando de figuras responsables para las prestaciones laborales como los servicios médicos, que pasarían a jurisdicción del ISSSTE y ya no del IMSS; además de afectaciones directas al contrato colectivo de trabajo con 30 años de conquistas sindicales. Víctor Manuel Pinot sabe perfectamente que su era, con más de 15 años en la dirigencia sindical, está a punto de caducar. Por eso sus intenciones desesperadas para buscar nuevos espacios de poder a costa del Suicobach, arrastrando varios pendientes de complicidad y corrupción como el fraude cometido ante el SAT sobre las “prejubilaciones pagadas en parcialidades” que todavía siguen sin ser aclaradas y resueltas en su totalidad… así las cosas.
TEPALCATEPEC, LA NARCOGUERRA
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n días pasados, mientras se alistaba el primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el pueblo de Tepalcatepec, ubicado en la región de Tierra Caliente en Michoacán, se libraba una batalla entre pobladores y enviados del cartel Jalisco Nueva Generación que, al final del día, dio como resultado 9 muertos y 11 heridos. Este pueblo conocido como Tepeque fue, junto con la Ruana, donde surgieron las autodefensas en febrero del 2013 como una respuesta de la población en contra del yugo del cartel de Los Caballeros Templarios que tenían controlado el 70 por ciento de Michoacán. Ubicado en los linderos de Michoacán con Jalisco y Colima, esta población ha sido un territorio cotizado por el crimen organizado por su situación geográfica y la producción de las drogas sintéticas que son exportadas hacia los Estados Unidos vía terrestre y marítima desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Cuando surgieron las autodefensas, el expresidente municipal
José Gil Olmos Guillermo Valencia dio a conocer que los habitantes del lugar fueron armados por el ejército con rifles de alto poder y bajo el auspicio del general de Colombia, Oscar Naranjo -contratado por el presidente Enrique Peña Nieto como su asesor en seguridad nacional- se formaron estas milicias armadas. Naranjo fue el creador en Colombia de las autodefensas, un grupo cuya meta esencial era acabar con Pablo Escobar, pero que a la postre se transformó en un nuevo cártel de la droga en ese país. Un fenómeno similar a lo que ocurrió en la región michoacana de tierra caliente, donde algunos de los integrantes de las autodefensas fueron convertidos en policías rurales por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y más tarde integraron los grupos delincuenciales que en los últimos cinco años se apoderaron de la región. Así, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador preparaba su primer informe dándole un espacio especial a la lucha contra el crimen organizado y la violencia, en Tepalcatepec volvía a
manifestarse esa guerra del narco que parece no tener un fin. Días previos a los enfrentamientos en este pueblo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló que se estaban reuniendo con representantes de grupos armados de Michoacán, Tamaulipas y Guerrero, interesados en la pacificación en regiones de esas entidades. El subsecretario Ricardo Peralta fue hasta la Huacana, Michoacán, para hablar con habitantes que se encuentran armados, a quienes propuso que depusieran sus rifles y pistolas por empleos seguros. Informó que había un plan de paci-
ficación del gobierno en el cual se incluía la creación de 100 mil empleos con la instalación de agroindustrias en estas zonas conflictivas. Ante el escándalo que se generó por la estrategia de Gobernación de hablar con grupos armados, algunos vinculados con el crimen organizado, se canceló dicho programa bajo la consigna del presidente López Obrador de no tener tratos con ninguno de estos grupos. Sin una estrategia para desarmar a los grupos de autodefensas, el mensaje hacia estos grupos fue de luz verde para apropiarse de otras zonas estratégicas como lo es Tepalcatepec donde la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado es en pan de todos los días. Por cierto… De Tepalcatepec es el doctor José Manuel Mireles, quien al parecer era el engarce de la Secretaría de Gobernación con los grupos de autodefensas quien a principio del año presumió tener contacto con agrupaciones de este tipo en 28 estados de la República, muchos de los cuales votaron a favor de Andrés Manuel López Obrador y “nunca lo van a dejar solo”.
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LA PLURALIDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN MANOS DEL SENADO
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l próximo 8 de septiembre concluirán su encargo dos consejeros de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada y Alfonso Pérez Daza. Le tocará al Senado designar a los que ocuparían los lugares 46 y 47 en la lista histórica de los miembros de un órgano que se creó en 1995. Mientras se suele prestar mucha atención a la designación de los ministros de la Suprema Corte, los procesos de nombramiento de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están lejos de generar el mismo interés, debido a que sus funciones suelen ser desconocidas. Lo anterior, pese a que tienen una gran responsabilidad en la mejora de la impartición de justicia en nuestro país y, en consecuencia, en el nivel de confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones encargadas de ella. Esta falta de interés, sospechamos, parece extenderse a los mismos legisladores responsables de nombrar a los consejeros. Es inevitable formarse esa idea si consideramos que a 15 días de la fecha límite, el Senado todavía no había publicado la convocatoria para designar a los sucesores de los consejeros salientes[1]. O al menos no lo había hecho con transparencia plena, llana y ciudadana. Esta desatención no es nueva, pues en septiembre de 2014 el Consejo de la Judicatura Federal tuvo que hacer un llamado a la Cámara Alta para que ejerciera “las facultades que la Constitución le otorga para la designación respectiva de las dos vacantes a consejero de la Judicatura Federal –desde noviembre de 2012 y marzo de 2014–”. Más allá de este tradicional desinterés, la razón por la cual los legisladores no han lanzado aún la convocatoria quizás tenga que ver con unas reveladoras declaraciones de Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, en el sentido de que propondría una iniciativa legislativa para suprimir el Consejo de la Judicatura Federal. Tal intención se alinea perfectamente con la reforma constitucional que sí presentó para suprimir tales instituciones a nivel estatal. En todo caso, esa corriente de modificaciones al marco legal es preocupante. ¿Por qué? Recordemos la razón de ser de los Consejos de la Judicatura, instituciones que se encargan de designar, vigilar, promover y sancionar a los jueces y otros funcionarios del Poder Judicial, así como de administrar sus recursos materiales y económicos[2]. En todo el mundo, antes de que surgieran los consejos, tales tareas podían ser de la competencia de los tribunales supremos, lo que suponía, en ocasiones, una carga de trabajo excesiva en labores de corte administrativo, poco afines con la formación de los funcionarios especializados en la impartición de justicia. En otros casos, el Ejecutivo llegaba a asumir
Laurence Pantin, Ariadna Uriona y Diana Mejia estas funciones, poniendo en riesgo la independencia judicial. Para remediar esto nacieron estas instituciones.
Fortalecer los consejos, no eliminarlos Si bien es cierto que el desempeño de los Consejos de la Judicatura –como en muchas otras partes del mundo– es muy mejorable, suprimirlos no es la opción si lo que queremos es fortalecer la profesionalización e independencia de los impartidores de justicia. Ciertamente, todavía se cuentan demasiados casos de funcionarios judiciales nombrados por sus vínculos familiares o de amistad con el titular de un juzgado o una sala, como lo demostró el estudio que realizó a nivel federal el consejero Borrego. Sin embargo, si uno presta atención y da crédito a la opinión de los propios jueces y magistrados, tanto a nivel local como federal, concluye que volver al sistema anterior no representaría un avance sino un retroceso en la materia, pues mal que bien los consejos han reglamentado y procurado la formalización de los procesos de selección de los empleados judiciales. Entonces, si algo se tiene que hacer con los Consejos de la Judicatura es fortalecerlos, y esto pasa primero por seleccionar a las personas idóneas para integrarlos. ¿Cómo hacerlo?
La mezcla más equilibrada Los Consejos de la Judicatura, en todos los países que cuentan con ellos, son órganos colegiados conformados por integrantes del mismo Poder Judicial, pero también por personas designadas por el Ejecutivo y el Legislativo y, en ocasiones, por abogados, notarios, académicos y/o representantes de la sociedad civil. Detrás de esta composición mixta está la hipótesis de que el gobierno del Poder Judicial no puede quedar sólo entre sus manos, sino que debe contar con contrapesos internos. En otras palabras, los perfiles de los Consejos de la Judicatura deben ser diversos, para permitir el equilibrio entre independencia y rendición de cuentas[3]. En México, a nivel federal, el Consejo comprende siete miembros designados para durar en su cargo cinco años, con excepción de su presidente, quien también preside la Suprema Corte y es elegido por el pleno de la misma cada cuatro años. Los otros seis integrantes son designados de la siguiente manera: tres por la Suprema Corte de entre jueces y magistrados; dos por el Senado y uno por el presidente. Esto implica que una mayoría de integrantes del Consejo de la Judicatura Federal emanan del Poder Judicial[4]. En aras de mantener este delicado equilibrio entre miembros del Poder Judicial y externos, se espera que el Ejecutivo y el Legislativo nombren a externos[5]. De acuerdo con el exconsejero César Esquinca Muñoz, “es importante
que en el Consejo de la Judicatura Federal participen juristas ajenos al Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando sean seleccionados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo en función de méritos, no de intereses políticos ni de cuotas partidistas”[6]. Sin embargo, no siempre ha sido el caso: en dos ocasiones el Senado nombró como consejeros a magistrados y los presidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto designaron a personas con carrera judicial[7]. La pregunta es: ¿por qué el Ejecutivo y el Senado nombrarían como consejeros a integrantes del Poder Judicial cuando tienen la oportunidad de designar a personas con otro perfil y experiencias que pueden abonar a la diversidad del mismo? Lo anterior no debe interpretarse como una objeción a que el Consejo esté compuesto por integrantes del Poder Judicial –son ellos, a fin de cuentas, quienes mejor conocen el funcionamiento, la carga de trabajo y las necesidades de los juzgados y salas[8]–. Pero si el Senado busca fortalecer al Poder Judicial Federal y optimizar el ejercicio de sus recursos –como lo ha manifestado en fechas recientes–, y evitar que se repitan casos de corrupción, como el que involucró a un exdirector general de inmuebles y mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, podría ser útil nombrar a consejeros con formación y experiencia probadas en temas de administración, contraloría o combate a la corrupción[9]. En el contexto actual de fuertes críticas al Poder Judicial Federal, tenemos que estar más atentos que nunca a las próximas designaciones de consejeros por parte del Senado, las cuales nos revelarán si los senadores se toman en serio o no la mejora de la impartición de justicia. Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, del cual Ariadna Uriona y Diana Mejía son investigadoras. Las autoras agradecen la revisión de Pablo García y la colaboración de Gustavo Marín y Adriana Aguilar. [1] Esto es todavía más preocupante si se considera que en noviembre concluirán su encargo las consejeras Martha María del Carmen Hernández Álvarez (designada por el Ejecutivo) y Rosa Elena González Tirado (designada por la Suprema Corte), por lo que la institución podría rápidamente encontrarse sin el quorum necesario para tomar decisiones. [2] Con excepción de los de la Suprema Corte a nivel federal y de los del Tribunal Superior de Justicia en algunos
estados. [3] De acuerdo con Nuno Garoupa y Tom Ginsburg, una mayoría de jueces en el Consejo de la Judicatura buscará beneficiar la independencia del Poder Judicial (poder al que pertenecen), reduciendo los incentivos para una mayor transparencia, imparcialidad y balance entre poderes (Garoupa N. y Ginsburg, T. (2008). “Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence”. John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper No. 444.) [4] Es importante precisar que cuando decimos que una mayoría de integrantes del Consejo de la Judicatura Federal es emanado del Poder Judicial, consideramos que el Presidente de la Suprema Corte es parte del Poder Judicial, aunque éste, como es el caso ahora por ejemplo, puede no ser de carrera judicial. Esta mayoría de integrantes emanados del Poder Judicial es una condición para preservar su independencia, de acuerdo con el pleno de la Suprema Corte, en el debate que sostuvo en el marco de la discusión sobre la constitucionalidad de la Constitución de la Ciudad de México, pues consideró inconstitucional que dicho ordenamiento previera una minoría de miembros del Poder Judicial en el Consejo de la Judicatura de la Ciudad. [5] “Una composición mixta presenta la ventaja, por un lado, de evitar la percepción de corporativismo, autoprotección y favoritismo y, por otro lado, de reflejar las distintas corrientes de opinión de la sociedad, por lo que constituye otra fuente de legitimación del poder judicial. Reduce el riesgo de incurrir en una especie de espíritu corporativo que pueda afectar a su proceso de adopción de decisiones.” (ONU (2018). Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. A/HRC/38/38, Párr. 67). [6] Esquinca, C. (2010). Consejo de la Judicatura. Experiencia mexicana. México: Editorial Porrúa. [7] En 2004 y 2007 respectivamente, el Senado designó a los magistrados Constancio Carrasco Daza e Indalfer Infante Gonzáles como consejeros de la Judicatura Federal. En el año 2005, el presidente Vicente Fox designó como consejera de la Judicatura a María Teresa Herrera Tello, cuya trayectoria como Secretaria Fedataria de Amparos, jueza, magistrada y presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León la coloca dentro de la categoría de consejera con carrera judicial. Asimismo, en 2013, Enrique Peña Nieto designó a Martha María del Carmen Hernández Álvarez, con perfil de carrera judicial. Esto no desmerita el papel que estos consejeros han jugado en la mejora de la impartición de justicia, como lo demuestra la gran contribución del magistrado Carrasco Daza que sigue aportando, ahora como titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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Viernes 6 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
RUTILIO, OBLIGADO A IMPONER LA LEY…
P
ara nadie es un secreto que los gobiernos de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y MANUEL VELASCO COELLO mantuvieron una relación perversa con los dirigentes de la Sección VII del SNTE cuando era oficialista y en esta última administración con los dos Secretarios Generales del sistema federalizado, ADELFO ALEJANDRO GÓMEZ ÁLVAREZ y PEDRO GÓMEZ BÁHAMACA, de la CNTE. Pero fue el GÜERO VELASCO el que se pasó de alcahuete con los dirigentes-delincuentes (MOCRI y CNTE) dejándolos que hicieran lo que les viniera en ganas en aras de obtener con ellos un voto cautivo para su partido el Verde Ecologista y sus candidatos que luego se pasaron a Morena en las elecciones del 2018. En ese sentido, es el ex Gobernador Verde-imberbe el que tiene la culpa de que las cosas con el magisterio disidente estén en crisis al punto de la quiebra educativa. MANUEL VELASCO COELLO prohijó a ADELFO ALEJANDRO GÓMEZ ÁLVAREZ primero y luego a PEDRO GÓMEZ BÁHAMACA. Les llenó los bolsillos de dinero para calmarlos, pero eso solo sirvió de incentivo para que continúen con sus movilizaciones y daño patrimonial a los derechos de los niños a la educación y los ciudadanos al derecho de tránsito. Eso ya se ha dicho muchas veces y no hay porque seguir repitiéndolo cuando las autoridades saben de la magnitud del peligro que estas huestes del pseudo magisterio revisten para la sociedad. Luego entonces, si la autoridad educativa, la Fiscalía, la Secretaría General de Gobierno y el mismo Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS no actúan en consecuencia, se asumen como cómplices, alcahuetes o simplemente una autoridad endeble en el ejercicio del poder y la ley. A simple vista y sin ser jurisconsulto, se observa que los dirigentes de la CNTE-Chiapas se han tomado atribuciones que corresponden solo a la autoridad educativa y que es la Secretaria de Educación ROSA AIDÉ DOMÍNGUEZ OCHOA, la que tiene que poner orden, recurriendo, de ser posible a las instancias de procuración y administración de justicia. Digo lo anterior porque nada se hace si no es con la autorización del Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS o el Secretario General de Gobierno, ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, responsable de la seguridad estatal, que dicho de paso se han tardado para hacer uso del “imperio de la ley” y llevar a los tribunales a PEDRO GÓMEZ BÁHAMACA y su camarilla que se han convertido en millonarios con el negocio de las movilizaciones, marchas, mítines,
CONTRAPODER EN CHIAPAS
ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado
• EL GOBIERNO ALCAHUETE CON LA CNTE. • 800 denuncias y la autoridad no actúa… • Fraude de 400 millones y todo sigue igual… • Comentarios al Margen…
toma de calles, casetas de cobro, carreteras, intimidación a las autoridades y a la ciudadanía. Por eso me pregunto el por qué “si hay 800 denuncias en contra de los dirigentes magisteriales encabezados por GÓMEZ BÁHAMACA, la Fiscalía General de Justicia y su titular, JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, no actúan en consecuencia”. Me parece sospechoso, máxime cuando y la titular de la SE, ROSA AIDÉ DOMÍNGUEZ OCHOA, ha hecho público estos delitos. La CNTE se ha caracterizado por ser una organización violenta muy alejada de los principios del magisterio. Se parecen mucho a la delincuencia organizada, que de hecho –hasta donde lo he observado—lo son. Imponer su fuerza para que se derogara una Reforma Educativa y que cumplido el punto, no estén de acuerdo con la reforma a la reforma, es una forma de seguir en las calles antes que las aulas y de esa manera negociar prebendas y dineros con un gobierno que no demuestra capacidad para poner orden con la ley en la mano. Solo con el dicho de que la Sección VII SNTE-CNTE se atrae el derecho de la cadena de cambios, usurpando funciones oficiales, ya es una justificación para llamarlos a cuentas y suspenderles el pago a quienes no hayan pasado por el filtro oficial de la Secretaría de Educación. Pero más grave es la denuncia que hace la titular de la SE, ROSA AIDÉ DOMÍNGUEZ OCHOA por cuanto a un fraude de 400 millones de pesos ejercidos o desaparecidos directamente por el dirigente, PEDRO GÓMEZ BÁHAMACA, que merece el ejercicio judicial de manera inmediata.
En tanto todo esto se resuelve en escándalos mediáticos, los dirigentes de la CNTE anuncian una “mega-marcha” para este viernes 06 de septiembre, declarándole literalmente la guerras a las autoridades y en particular al Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, quien hoy más que nunca tiene la obligación de aplicar la ley y someter al orden a quienes vandalizan las instituciones, el proceso educativo, atentan contra los derechos de los niños a la educación y paralizan la Capital y el Estado con sus manifestaciones…
COMENTARIOS AL MARGEN… LA UNACH, ENTRE AVES CARROÑERAS…
La historia de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), desde su nacimiento en 1975, ha sido de repetidos conflictos en una lucha por el poder y el control del presupuesto, donde la rapiña ha sido el principal ingrediente con la participación de los académicos, algunas veces; los administrativos en otras, hasta contagiar en la ambición a los estudiantes. Así fue durante la rectoría del maestro LUIS FEDERICO SALAZAR NARVÁEZ y una más encarnizada en la gestión del doctor HEBERTO MORALES CONSTANTINO. Pero cuando no son los académicos, los administrativos o los alumnos, los que se “ponen la chaqueta” de filibusteros para atracar a la Universidad, han sido los mismos rectores impuestos por los ex Gobernadores, PABLO SALAZAR, JUAN SABINES y MANUEL VELASCO COELLO, que ya están
en la galería de corruptos. Quiero creer que no es el caso del actual Rector CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA, quien, hasta donde lo he observado, puede pasar por inocente en la administración de una gran institución que tiene además, todos los problemas heredados de administraciones anteriores, especialmente el asunto de la deuda por más de 2 mil 200 millones de pesos. Pero en el acontecer de la “Máxima Casa de Estudios de Chiapas”, no pueden faltar aquellos que se quieren adelantar a los tiempos o simplemente “hacer olas” para sacar provecho. Hay “conocidos personajes” nocivos que se hacen la ilusión de seguir succionando el presupuesto de la UNACH desde un sindicato como ARIOSTO DE LOS SANTOS CRUZ; pero otros ya le empiezan a poner piedritas en el camino al rector NATARÉN NANDAYAPA para agandallarse la rectoría. El período administrativo en la Rectoría de la UNACH del doctor CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA apenas inicia y ya hay golpeteo desde algún lugar del poder local y nacional para derrocarlo. Seguro a eso se presta la maestra JULIANA MATUS LÓPEZ –entre otros-- a quien alguien le “jugó su cabecita” de que puede ser la rectora de esta casa de estudios superiores. De hecho JULIANA ya intentó infructuosamente ser la dirigente del Sindicato de Personal Académico de la UNACH (SPAUNACH) y ahora en una revuelta que nadie sabe de dónde surge el patrocinio, se apunta para relevar en el cargo de rector a NATARÉN NANDAYAPA. Por eso la pregunta es: ¿de dónde parte la idea?; ¿quién la está enloqueciendo?. Mis contactos de la misma UNACH me dicen que se está apoyando en el mayor de los Morales, PLÁCIDO HUMBERTO MORALES VÁZQUEZ, flamante Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del llamado gobierno de la 4T. Bueno, cada quien con sus ilusiones y locuras. Mientras, machete estate en tu vaina y no hay que hacer más conflictos, pues como dijo el sordo: “ya con los que tenemos basta”… Se acabó el mecate… Y ES TODO…
CONTRAPODER EN CHIAPAS
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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo
Transparencia institucional
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as auditorías permiten a las instituciones públicas mantener un correcto funcionamiento de su área financiera y, sobre todo, que inicien mejoras o adecuaciones en aquellos espacios que así lo requieran. Según la normatividad establecida en materia de fiscalización y los órganos responsables de llevarlas a cabo, cada institución debe contar con un órgano de control interno representado en la figura del Comisario Público: un guardián del orden interno, si queremos verlo de ese modo. Es éste quien se encarga de la revisión permanente y constante en materia financiera, recursos humanos y materiales. Pero no todo queda ahí, incluye, en el caso de las instituciones como las universidades, los indicadores de desempeño educativo: factor que termina siendo talón de Aquiles en muchos de los casos y que les pega al momento de ser evaluadas. Por ello, y acatando las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener un orden constante, la Secretaría de Honestidad y Función Pública ha puesto en marcha el denominado “Sistema 3C”: herramienta que por normatividad deben implementar las instituciones para el seguimiento, evaluación y consolidación del Sistema de Control Interno. En la entidad, según se ha difundido en diversos medios, la Universidad Politécnica de Chiapas ha levantado la mano para ser evaluada ya bajo ese sistema y obtuvo una calificación de 89%. Comparando la información con
otras entidades, la administración se encuentra en un estándar alto, tomando en cuenta que las demás oscilan en el 60%: lo que coloca a la UPChiapas en un escenario favorable. De acuerdo a la información vertida en redes sociales, desde el año 2012, cuando el rector Navor Ballinas Morales tomó las directrices de la institución, a la fecha, la UPChiapas ha sido auditada en 14 ocasiones. Estaríamos hablando de dos auditorías por cada ejercicio fiscal. De estas auditorías, nueve las ha realizado la instancia estatal que representa en la Cuarta Transformación la Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHyFP) y las otras tres las hizo la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE). Según he leído, este 2019 son dos procesos más a los que se ha sometido la Universidad Politécnica a petición del rector: una del ASE y otra de la SHyFP, porque cabe señalar que se dio una visita de revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero ésta corresponde al proceso a la que está sometida la Secretaría de Desarrollo Social. Ya la misma universidad aclaró que no era ella el ente auditado, por aquello de los señalamientos vertidos, pero que sí está proporcionando la documentación legal requerida y brindando acceso a los trabajos para coadyuvar en dicho proceso. Bien. Y bueno, con esto de las auditorías el objetivo es mantener las finanzas sanas y seguir cumpliendo en tiempo y forma con los pagos e incrementos salariales
para el personal que labora en esa universidad, algo que es indispensable hoy en día. Asimismo, mantienen cubiertas las responsabilidades obrero-patronales y, por ende, la gobernabilidad al interior de la institución. ¿Qué garantiza eso? Sencillamente que no existan las amenazas de huelga o los señalamientos que terminan desgastando el trabajo y opacando los avances, o el jaloneo al interior en el que otras instituciones están inmersas y del que hemos sido testigos y hemos ya hablado anteriormente. Me parece adecuado que la ASF audite a las instituciones y más aún que la UPChiapas se mantenga en ese tenor de transparentar sus cuentas públicas (2016 y 2017, según sé) que han sido atendidas y de las que ya fueron enviadas las solventaciones para su análisis, y de las que el último informe emitido por el Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, con fecha 12 de agosto del 2019, en marca tres observaciones ya en seguimiento. Ya le estaré contando de las universidades de Ciencias y Artes de Chiapas e Intercultural sobre el mismo tema de sus finanzas y de su desempeño que termina siendo de suma importancia. Las universidades cuentan con ese universo de personas que el día de mañana estará tomando decisiones en la administración pública, y abonando a la vida democrática del país. Y eso, ojo, no debe tomarse a la ligera. #MANJAR.- El exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, regresó a su curul en el
Senado de la República. No me asombra para nada, era parte de los acuerdos y de las negociaciones cupulares que tiempo atrás se hicieron. Era, como lo dije hace varios meses atrás, cuestión de tiempo para que esto pasara. Quien no lo entienda así y siga creyendo que con insultos y con el desbordar la rabia contenida en redes cambiará algo, se equivoca rotundamente. Al fin y acabo, la política es eso: acuerdos y consensos que permiten a toda la clase política, en el estire y afloje que se ha dado desde siempre, obtener ciertos triunfos por sobre el sentir y el malestar de muchos de nosotros; así como para mantener, también, el equilibro que permita al Jefe del Ejecutivo y a las distintas fuerzas dentro del Legislativo ir arando el camino para las intermedias del 2021. Cada quien necesita en sus estructuras agua para sus molinos. Y ojo que no se está justificando nada, sino poniendo cada punto sobre las íes. Todos están enterados de los acuerdos. Quien quiera curarse de salud diciendo que no sabía, aludiendo a otras medidas, abandera, sí, otra mentira. De las que está llena la historia de nuestro país. #CámaraNoMeAgüito // “Los hombres construimos muchos muros pero pocos puentes”. Isaac Newton. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro Estado de sitio de Óscar Oliva y el disco de Lethal Injection de Velvet Revolver. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer. * Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.
CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Viernes 6 de Septiembre de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 7 | No. 1727 COMUNICADO
Fiscalía acepta medidas solicitadas por la CNDH tras masacre en “El Caballo Blanco”
ACUSACIÓN
Denuncian irregularidades en el CERSS 5
PAG. 8
INFORME
FGR abrió investigación contra funcionarios que podrían haber favorecido impunidad en caso Ayotzinapa: AMLO
PAG. 3
ACCIDENTE
Avioneta fumigadora cae en un rancho de Mazatán, Chiapas PAG. 8
CONFERENCIA
La mejor renovación debe de surgir al interior del Poder Judicial: AMLO
PAG. 9
Una avioneta fumigadora se desplomó este jueves en un rancho ubicado en Mazatán, muy cerca de Tapachula. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana, cuando el capitán Rogelio C., de la empresa grupo ALTDI, realizaba trabajos de fumigación en la zona, a bordo de la avioneta Cessna con matrícula XBLED, número 05.
PAG. 6
PAG. 4
Inconstitucional, reforma que reduce presupuesto a partidos políticos en Tabasco: SCJN