CONTRAPODER EDICIÓN 1706

CMAN

DOXA

EDITORIAL

La caravana de desplazados indígenas

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El fin de semana un grupo de desplazados indígenas inició una caravana hacia la Ciudad de México, como una muestra de protesta a que no hay avances en la entidad en la búsqueda de soluciones a las violaciones múltiples

En los ocho meses que van del gobierno de la 4T han sido asesinados 11 periodistas.

Este gobierno ha satirizado a la prensa como fifí, chayotera, conservadora y como hampa.

Lastimosamente México se convirtió en el país más peligroso para ejercer el periodismo.

Por eso resulta significativo el grito de justicia de periodistas en varios puntos del país.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Jueves 8 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1706

DECLARACIÓN

EDUCACIÓN

No vemos a los zapatistas como adversarios, mucho menos como enemigos: AMLO “Vamos a actuar con mucha prudencia y vamos a convencer, no a imponer nada. No vemos a los zapatistas ni siquiera como adversarios, mucho menos como enemigos.

Pensamos que no tienen la información completa”, destacó este miércoles en conferencia de prensa

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Se aplica exámenes a pesar de intento de boicot de la CNTE

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REPORTE

Cae economía en Chiapas

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Alertan sobre paro nacional promovido por organizaciones campesinas

HOY ESCRIBEN ÍNDICE...

Ruperto Portela Alvarado PAG. 15

TRATADAS: SOBREVIVIENTES QUE NOS COMPARTEN SUS HISTORIAS (PARTE I) Teresa C. Ulloa Ziáurriz

ACUERDO

FNLS libera a cinco policías tras 20 días retenidos en Chiapas

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LA PERSPECTIVA MISÓGINA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Argentina Casanova

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RESCATAR AL PRI, MISIÓN IMPOSIBLE José Gil Olmos

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LA ÉTICA DEL ABOGADO: ¿CONTRADICCIÓN O SUEÑO ALCANZABLE? PAG. 5

Laurence Pantin y Diana Mejía PAG. 11

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EDITORIAL La caravana de desplazados indígenas

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l fin de semana un grupo de desplazados indígenas inició una caravana hacia la Ciudad de México, como una muestra de protesta a que no hay avances en la entidad en la búsqueda de soluciones a las violaciones múltiples de derechos humanos que padecen todos los días.

Son varias las reuniones que este grupo de desplazados han tenido con autoridades del actual gobierno sin que haya avances. El principal problema en esas reuniones es el desconocimiento de la autoridad de las causas y consecuencias que originan los desplazamientos, así como la ausencia de información sobre las responsabilidades internacionales contraídas por el Estado en el que se establecen obligaciones que se deben a atender para resolver esta condición de desplazamiento.

Los desplazamientos indígenas en Chiapas viene de varias décadas atrás, sin que haya la intención de los gobiernos por resolver esta situación. Lo grave de este problema es que a partir del año

de 1994, con la rebelión indígena zapatista, se diseñó una política de Estado para crear, adiestrar y financiar grupos paramilitares con la finalidad de enfrentar a los pueblos indígenas y a partir de allí generar un discurso que señalara la existencia de conflictos intercomunitarios.

En los desplazamientos indígenas son muchos los sucesos de violencia los que se han presentado y el Estado, a la fecha, continúa desestimando el clima de agravios, conflicto y de tensión social que prevalece en las comunidades, en el que la autoridad gubernamental ha sido omisa y ahora es directamente responsable de cualquier hecho de sangre que se presente en los municipios de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán, así como en otros municipios susceptibles a desplazamientos forzados.

En los municipios indígenas existe una profunda polarización social, que no está siendo entendida ni aquilatada por el gobierno de Chiapas, en donde los diferentes grupos paramilitares impusieron condiciones en la región y la reincidencia de enfrentamientos y

muertos están llegando a un nivel en el que se puede desencadenar un conflicto mayor que va a poner en riesgo la seguridad nacional del país.

Sobre los desplazados de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han emitido medidas cautelares y recomendaciones al Estado mexicano y al gobierno de Chiapas para que atienda esta situación para que prevea medidas que eviten daños mayores o violaciones graves a los derechos de esta población, y ha recomendado al gobierno de Chiapas el desarme de los grupos paramilitares. Hasta ahora el gobierno chiapaneco ha sido omiso a esta recomendación y se ha dedicado a promover reuniones con presidentes municipales para la firma de acuerdo de no agresión, que en nada satisface a la búsqueda de la paz y la justicia.

La caravana de desplazados a la ciudad de México es una muestra clara que en Chiapas no se tiene la intención de resolver esta problemática y se busca la interven-

ción de autoridades del gobierno federal, pues finalmente la responsabilidad internacional es del Estado mexicano.

La solución al desplazamiento en Chiapas no están en la realización de reuniones que solo prolongan los problemas. El punto de partida de la solución está en la desparamilitarización y en un proyecto de construcción de paz, que sancione a los responsables de los desplazamientos indígenas, que establezca criterios transparentes para la reparación integral del daño y que se establezcan mecanismos de no repetición de hechos que genere los desplazamientos. Esta propuesta de solución implican decisiones en tres vertientes del mismo problema: intervención con medidas preventivas para evitar se continúen con las prácticas de desplazamiento; proporcionar la atención de oportunidades en educación y trabajo así como garantizar el acceso a la alimentación, vestido, refugio y salud; y, realizar acciones políticas que posibiliten el regreso y la reintegración a la vida comunitaria.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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No vemos a los zapatistas como adversarios, mucho menos como enemigos: AMLO Neldy San Martín Ciudad de México (apro)

T

ras destacar que no ve como adversario al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el rechazo de los zapatistas al proyecto del Tren Maya es porque les falta información.

“Vamos a actuar con mucha prudencia y vamos a convencer, no a imponer nada. No vemos a los zapatistas ni siquiera como adversarios, mucho menos como enemigos. Pensamos que no tienen la información completa”, destacó este miércoles en conferencia de prensa.

Y aseguró que, de un total de mil 300 kilómetros de vía, en Chiapas sólo se va a utilizar un tramo de 100 kilómetros. “Cuando mucho, tiene que ver con el territorio de Chiapas de Boca del Cerro Tenosique a Palenque”.

Añadió: “A lo mejor no conocen bien esa zona. Esos 100 kilómetros ya están utilizados, porque des-

“Vamos a actuar con mucha prudencia y vamos a convencer, no a imponer nada. No vemos a los zapatistas ni siquiera como adversarios, mucho menos como enemigos. Pensamos que no tienen la información completa”, destacó este miércoles en conferencia de prensa

de los años 50 del siglo pasado se construyó el ferrocarril del sureste.

La vía está hecha desde entonces,

es decir hace 70 años”.

En distintos momentos el EZLN ha rechazado la construcción del

Tren Maya por considerar que se trata de uno más de los megaproyectos neoliberales con los que empresas turísticas trasnacionales despojan a comunidades, invaden sitios sagrados y destruyen el ambiente.

“No es tumbar árboles, no es destruir nada, ya pasa por ahí un tren de carga, antes era el tren de pasajeros. Hasta antes de que se privatizaran los ferrocarriles, había el tren de pasajeros de la Ciudad de México hasta Yucatán, incluso hasta Valladolid, y la vía del ferrocarril del sureste se inauguró en los años 50, fue inaugurada por el presidente (Miguel) Alemán”, recalcó el Ejecutivo.

“Entonces, es falta de información, pero de todas maneras nosotros vamos a actuar de forma respetuosa y no vamos a caer en ninguna provocación”, finalizó.

Caen tres por crimen de pareja de investigadores en Chiapas Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la captura de tres presuntos responsables del crimen de la pareja de investigadores, empresarios y activistas de San Cristóbal de Las Casas, acribillados a tiros el pasado 26 de julio, en una brecha de la autopista Tuxtla-San Cristóbal.

La FGE dijo que través de la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, en coordinación con las fiscalías de Justicia Indígena y de Distrito Centro, se logró la detención de tres personas del sexo masculino que, de acuerdo con los datos de prueba en la carpeta de investigación, son presuntamente responsables de las muertes de Renato José Zárate Castañeda y Lauren Green Faunt.

La pareja fue asesinada para poder robarle la camioneta en la que se trasladaban en una brecha ubicada a la altura del kilómetro 26 de la carretera de cuota Tuxtla-San Cristóbal de Las Casas.

La Fiscalía dijo que de inmediato

dio inicio a las investigaciones correspondientes por el delito de homicidio calificado, asignando personal especializado en la materia, realizando indagatorias científicas, tecnológicas y de campo.

Además, solicitó a las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno se avocaran a la búsqueda y localización del vehículo marca Toyota, tipo Matrix, modelo 2007, con placas del estado de Chiapas, propiedad de las víctimas.

Derivado de estas diligencias se logró la detención de Raúl “N”, Eduardo “N” y Benito “N”, quienes de acuerdo con los datos de prueba obtenidos son las personas que con el objetivo de despojar de sus pertenencias a las víctimas las privaron de la vida.

Elementos de la Policía Ministerial de esta fiscalía realizaron operativos en la zona donde se suscitó el homicidio, conociendo la ruta de escape y la ubicación de los responsables; además, del resultado del dictamen de balística forense se estableció que los casquillos localizados en el lugar de los hechos corresponden a

un arma calibre .22 y fueron percutidos por una misma arma de fuego.

Por otro lado, con los resultados de las investigaciones por parte de la Policía Ministerial de esta fiscalía, se amplió el rango de búsqueda en el lugar del hallazgo, logrando localizar una lámpara propiedad de las víctimas, en la cual peritos encontraron huellas latentes de susceptibles de confrontación de uno de los detenidos.

Como resultado del trabajo coordinado de las fiscalías de Homicidio y Feminicidio, Justicia Indígena y Distrito Centro, se logró el aseguramiento de Eduardo “N”, Raúl “N” y Benito “N” en la localidad “La Traya” del municipio de Ixtapa.

Asimismo, se determinó que los inculpados vieron estacionado el vehículo propiedad de las víctimas a un costado del camino, se bajaron y se dirigieron hacia donde se encontraban los hoy occisos, quienes se resistieron al robo; fue que comenzaron a golpearlos con tubos.

Posteriormente, avanzaron sobre la carretera de cuota con dirección a San Cristóbal, donde dispararon a las

víctimas, huyendo con dirección hacia Zinacantán, para posteriormente arribar a la comunidad “La Traya” (Ixtapa), mientras que el vehículo robado fue llevado a la comunidad Mumuntik (San Juan Chamula), mismo que fue recuperado por la Policía Ministerial y trasladado a San Cristóbal de Las Casas para continuar con las diligencias de investigación.

Los detenidos ya fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 14 El Amate, donde enfrentarán el proceso penal en su contra.

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Cae economía en Chiapas A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

E

l estado de Chiapas suma 10 trimestres consecutivos sin crecimiento económico, reportando una dura recesión económica para el 2019.

Oscar Barajas, docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial en Chiapas (EBC), expuso que con base al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la economía chiapaneca atraviesa una dura recesión, debido a que el estado cerró el 2018 con crecimiento negativo del 1.4 por ciento, mientras que el primer trimestre del año en curso cayó casi a 3 por ciento.

En analista explicó que entre 2014 y 2018 la actividad económica en Chiapas ha caído 7.5 por ciento, acumulando 10 trimestres en números negativos; propiciados principalmente por la disminución de las actividades industriales, es decir, el sector secundario de la economía, donde sólo en este rubro, la economía se contrajo un 33.7 por ciento entre 2014 y 2018, y sólo el año pasado, la disminución fue del 8.3 por ciento Apuntó que el único que registró un incremento es el sector primario, las actividades agrícolas, con un crecimiento del 11.4 por ciento en el acu-

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

Organizaciones defensoras de los derechos de migrantes dieron a conocer que, por falta de atención médica, un ciudadano haitiano falleció la madrugada del martes 6 en el interior de la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula.

En una misiva publicada este miércoles, el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, junto con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, denunciaron que en ese centro de detención los migrantes son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con testimonios de personas ingresadas en ese lugar, la madrugada de ayer falleció un hombre de nacionalidad haitiana, identificado con las iniciales M. A., quien llevaba más de 15 días enfermo y sometido a un régimen de aislamiento en una celda.

Pese a los gritos y llantos de la persona, señalaron, los guardias lo mantuvieron bajo candado, como al resto de hombres en sus celdas, sin ningún tipo de asistencia y sin opor-

Oscar Barajas, docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial en Chiapas (EBC), expuso que con base al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la economía chiapaneca atraviesa una dura recesión, debido a que el estado cerró el 2018 con crecimiento negativo del 1.4 por ciento, mientras que el primer trimestre del año en curso cayó casi a 3 por ciento

mulado de 2014 a 2018, sin embargo, hace varios años que este sector no aporta más del 20 por ciento del valor del PIB estatal, aunque muchos sigamos creyendo que Chiapas es un estado rural y agrícola.

Precisó que, aunque la entidad se mantenga a la baja, más del 72 por ciento del PIB se genera por actividades relacionadas con el sector servicios, como lo es el turismo, esto a pesar de que poco más del 50 por ciento de la población sigue viviendo

en zonas rurales.

Indicó que impulsar al campo o fortalecer el sector agrícola poco va a servir a Chiapas para el futuro, ya que, aún si se invierte en el campo y se logra hacerlo crecer, dada su escasa participación, no va a alcanzar para revertir la tendencia a la recesión.

Definió que Chiapas, debe apostar por actividades de alto valor agregado (intensivas en conocimiento o experiencias únicas) que fortalezcan efectos de derrama en el Sector

Servicios, cómo: Servicios turísticos de alta especialidad con impacto ambiental controlado y servicios al comercio exterior.

Señaló que, según estudios de Deloitte, en México el gas natural es el combustible más demandado por el sector industrial, y se espera que crezca a un ritmo del 5 por ciento anual hasta 2022. Chiapas, con más de 70 mil pies cúbicos diarios de gas natural, ubicado a nivel nacional sólo detrás de Tabasco y Veracruz, tiene un enorme potencial como productor asociado en esta rama.

Por lo que propuso impulsar esta industria en el estado, además de las cuantiosas inversiones que se necesitarían para activarlo, incrementaría la disponibilidad de empleos y de fuentes de combustible de bajo costo relativo para otros sectores, significando que promover el Sector Energético mejoraría el empleo y la industria en Chiapas, mejorando así, las condiciones para todos los chiapanecos.

ONG denuncian la muerte de un haitiano en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula tunidad de acompañarlo. Avanzada la madrugada, sus gritos dejaron de escucharse.

Hacia las 6 de la mañana, policías federales y otras personas con uniformes oficiales acudieron al sitio y tomaron fotografías. Luego se llevaron el cuerpo sin dar explicaciones.

Los testimonios refieren que la persona fallecida llegó en buen estado de salud, pero desde hace 15 días hablaban con él y les manifestaba que sufría mucho dolor de cabeza y en el pecho, además de fiebre y agitaciones. Sin embargo, la autoridad responsable en ningún momento le ofreció atención médica.

Los guardias “lo dejaron agonizar hasta morir, por los gritos que escuchamos durante casi toda la noche”.

Otros haitianos detenidos en esa Estación Migratoria han denunciado actitudes racistas y xenófobas por parte de agentes del INM, quienes, subrayaron, los han llamado “perros”, “pendejos” y otras manifestaciones de desprecio, además de que les ofrecen alimentos en mal estado y les limitan deliberadamente el acceso al lavabo e higiene.

También hay personas en situaciones graves de salud física y mental, incluidos niñas y niños pequeños, a quienes se les niega atención médica adecuada. Hay casos de fiebre, dolores cardíacos, parálisis de extremidades, sangrado intestinal, problemas respiratorios y epidémicos, vómitos y deshidratación, entre otros cuadros, además de angustia, estrés, depresión y pensamientos de suicidio, de acuerdo con la carta difundida por las organizaciones civiles.

Y, por si fuera poco, decenas de personas solicitantes de asilo se encuentran en situación de detención indefinida y prolongada, sin infor-

mación sobre su caso ni concesión de alternativas a la detención.

De igual manera, se identificó a dos familias haitianas que han sido separadas de manera forzosa. En ambos casos la madre e hija fueron deportadas y el padre continúa en el centro de detención.

Tras destacar que la situación de la Estación Migratoria Siglo XXI es “inaceptable e insostenible”, las organizaciones no gubernamentales exigieron una investigación sobre la muerte del migrante haitiano, con el objeto de practicar las debidas diligencias, verificar los hechos y determinar responsabilidades.

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FNLS libera a cinco policías tras 20 días retenidos en Chiapas Isaín Mandujano Río Florido, Ocosingo, Chis. (apro)

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l Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) liberó y entregó hoy a sus familiares, a los cinco policías estatales retenidos desde el pasado 18 de julio, en el marco de acciones de protesta y bloqueos carreteros para exigir la liberación del activista y miembro de esa organización, Javier González Díaz.

Como un gesto “humanitario y de buena voluntad”, los miembros del FNLS, señalaron que acordaron entregar a sus familias a los cinco uniformados estatales, aun cuando estos intentaron disparar sus armas en contra de los miembros de esa organización el jueves 18 de julio.

José Luis Tondopó Medina, Fernando Tondopó Medina, Carlos Enrique Gordillo Aguilar, Fredy Sánchez García y Bernal Hernández Altúzar, son los cinco elementos del grupo de seguridad del párroco de Petalcingo, municipio de Tila, que fueron detenidos y desarmados en el bloqueo que mantenían los campesinos del FNLS. Tras fracasar el diálogo con el gobierno estatal, en el que mediaron maestros de las Secciones 7 y 40, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezados por los líderes magisteriales Armando Falconi y Manuel Mendoza, los familiares de los policías y los miembros del FNLS empezaron un

Como un gesto “humanitario y de buena voluntad”, los miembros del FNLS, señalaron que acordaron entregar a sus familias a los cinco uniformados estatales, aun cuando estos intentaron disparar sus armas en contra de los miembros de esa organización el jueves 18 de julio

proceso de diálogo y negociación para liberar a los uniformados.

Después de 20 días retenidos en esta comunidad, este miércoles fueron entregados a sus familiares en la cancha ubicada del poblado rural, habitado por indígenas tseltales desde 1982.

Los miembros del FNLS, algunos de ellos encapuchados y con palos en mano, desplegaron un operativo en la comunidad para garantizar, dijeron, la seguridad de los familiares de los detenidos, los activistas defensores de derechos humanos que estuvieron presentes, docentes que mediaron en este proceso, y los periodistas que llegaron hasta esta comunidad ubicada

entre Oxchuc y Ocosingo.

Al interior de la comunidad había hasta hoy varios camiones y tráileres de empresas como Bimbo, DHL, otro de una empresa de traslado de valores y otros tres quemados a la orilla de la carretera, uno de ellos perteneciente a una empresa cervecera.

Los líderes del FNLS negaron que los cinco policías hayan estado secuestrados, y que más bien estaban “retenidos”, para exigir así la libertad de uno de sus compañeros detenido por policías ministeriales el pasado 17 de julio en el municipio de Las Rosas y posteriormente recluido en un penal estatal por el delito de robo con violencia.

Denunciaron que lo que hay es una

prefabricación de delitos en contra del campesino preso, en el marco de las acciones de represión en contra de la organización que se mantiene en resistencia civil.

Expresaron que como “una muestra de voluntad política y un acto de humanismo proletario”, decidieron liberar a los cinco policías retenidos.

Exigieron justicia por sus compañeros Fidencio Gómez Sántiz, detenido y desaparecido, el niño Humberto Morales Sántiz ejecutado extrajudicialmente, Mario Moreno López ejecutado extrajudicialmente, Víctor Alfonso Pérez López y Héctor Sántiz López víctimas de asesinato político.

“No nos confundan, no somos criminales, ladrones, somos pueblo consciente, organizado de manera independiente dispuestos a defender nuestro derecho a la vida, a luchar por superar las calamidades materiales de pobreza y miseria que nos quiere condenar el Estado y la oligarquía”, agregaron.

En el acto estuvo también el padre Gonzalo Ituarte, Vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, así como organismos de derechos humanos como el Comité Cerezo México.

Se aplica exámenes a pesar de intento de boicot de la CNTE Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Este miércoles se registró un connato de violencia durante la aplicación de los exámenes de ascenso de los niveles de Secundarias Técnicas y Generales por parte de la Secretaría de Educación en dos sedes de Tuxtla.

Desde muy temprano de este 7 de agosto, los seguidores del líder de la Sección 7 del SNTE, se concentraron en los accesos de la Escuela Secundaria Técnica Número 2 mejor conocida como La Prevo el lugar establecido para la aplicación del examen.

Sin embargo para no caer en confrontaciones entre la CNTE y los del SNTE, las autoridades del nivel cambiaron los lugares de la aplicación de la prueba ya que por un momento en este lugar las cosas se salieron de control cuando los disidentes lanzaron algunos proyectiles contra la escuela.

Por esta razón elementos de la SSyPC arribaron al lugar para calmar la situación, y prevenir un en-

frentamiento.

Por su parte la Secretaría de Educación dio a conocer que pese al intento de boicot que realizaron los maestro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a las sedes de la aplicación de los exámenes para los procesos de ascensos en el nivel de Secundarias Técnicas y Generales, la Secretaría de Educación implemento estrategias y cambió de lugar para realizar esta actividad donde un aproximado del 80 por ciento de maestros lograron participar.

“Para este actividad, hubo la necesidad de solicitar la presencia de la fuerza pública, pues los militantes de la CNTE intentaron confrontarse para evitar que sus compañeros trabajadores no presentar el examen de ascenso de los niveles de secundarias técnicas y generales, situación que logro controlarse y en el transcurso del día los integrantes de la CNTE apoyado por estudiantes normalistas se concentraron fuera de las instalaciones de la secundaria Joaquín Miguel

Gutiérrez”, indicó.

Algunos de los docentes que decidieron participar expresaron que si existe contemplaciones de la parte del gobernó con este grupo que manipula las bases, se corre el riesgo de que no inicié el próximo ciclo escolar como lo marca el calendario escolar de la SEP. “Además, es precisó una profunda investigación contra el dirigente sindical Pedro Gómez Bahamaca, pues solo busca su interés personal y sigue utilizando la mal llamada Reforma

Educativa como bandera política, cuando ellos mismos ya aceptaron e incluso organizan foros para la discusión de la leyes secundarias”.

Momentos más tarde también en la Prepa 7 de la capital chiapaneca otra de las sedes para estas pruebas arribaron los maestros de la CNTE para intentar frenar se llevara a cabo, sin embargo en este punto no hubo presencia policial, desconociéndose si se concluyó con éxito el proceso o no.

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La SCJN aprueba el aborto en BC en casos de violación Javier Cruz Aguirre Ensenada, BC (apro)

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as mujeres y niñas de Baja California que resulten embarazadas tras sufrir una violación, podrán abortar sin necesidad de pedir permiso al gobierno estatal.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al desechar una controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo de la entidad, que demandó la invalidez de diversas disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2016.

El voto a favor de la negativa fue unánime en la sesión del pasado lunes 5 de agosto, y dejó a salvo las modificaciones más relevantes de la Norma. Una de ellas, que la mujer o niña que resulte embarazada tras sufrir una violación, acceda a la interrupción voluntaria con sólo presentar por escrito la solicitud bajo

Rosa Santana Mérida, Yuc. (apro)

En el Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) inició este miércoles el juicio contra Martín Alberto Medina Sonda por el crimen de su exesposa Emma Gabriela Molina Canto, quien se convirtió en emblema de la lucha contra el feminicidio en Yucatán.

La diligencia –a más de dos años de la ejecución de Ema Gabriela, debido a que la defensa del imputado promovió un amparo– se realizó a través de un videoenlace, en virtud de que Medina Sonda purga una sentencia por lavado de dinero en un penal de Tabasco.

El otrora influyente empresario y su presunto cómplice, Juan Ramón Moreno Hernández, serán enjuiciados por el Tribunal Primero de Juicio Oral, integrado por los jueces Fabiola Rodríguez Zurita, Nidia Celis Fuentes y Niger Pool Cab. Durante el proceso, la defensa de Medina Sonda desahogará 165 pruebas, y la de Moreno Hernández, “El Cachorro”, 161.

En contraparte, la Fiscalía General del estado (FGE) presentará 69 pruebas documentales, 46 testimoniales, 16 periciales, 33 materiales y una prueba anticipada. Además, pidió la pena máxima para los acusados, así como sanción máxima pecuniaria, reparación del daño, amonestación pública, suspensión de sus derechos políticos y la negación de beneficios.

También demandó 8 millones 586 mil pesos como reparación del daño a las víctimas y 25 mil 758 pesos por concepto de gastos funerarios.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al desechar una controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo de la entidad, que demandó la invalidez de diversas disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2016

protesta de decir verdad.

En el caso de niñas menores de 12 años, la solicitud se realizará por conducto de su padre y/o madre, o de su tutor, a falta de éstos.

De acuerdo con la sentencia, el personal de salud que participe en el procedimiento de aborto voluntario no estará obligado a verificar el dicho

de la solicitante. Y también se eliminó el requisito de la autorización previa de la autoridad competente.

“No se cumplieron los requisitos previstos en la Ley Federal de Metrología y Normalización, para modificar una norma de este tipo, pues no se pretendió crear nuevos requisitos o procedimientos, sino únicamente ajustarla

a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, facilitando el acceso de mujeres y niñas a la interrupción voluntaria del embarazo cuando hayan sido víctimas de violación”, estableció la SCJN. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 Baja California ocupó el tercer lugar nacional en número de carpetas de investigación iniciadas por aborto, con 63. Sólo estuvieron por encima la Ciudad de México, con 109 expedientes, y el Estado de México, con 79.

Pero, si se toma en cuenta el factor población, Baja California ocupó el segundo lugar con una tasa de incidencia anual de 1.73 casos por cien mil habitantes, sólo debajo de Baja California Sur, que reportó 1.92 casos por cada 100 mil personas.

Dos años después, inicia juicio por el feminicidio de Ema Gabriela en Yucatán El 27 de marzo de 2017, Ema Gabriela fue asesinada de 17 puñaladas a las puertas de su casa, en el fraccionamiento San Luis de esta ciudad, por dos sicarios tabasqueños que recibirían un pago de 60 mil pesos al consumar el “trabajo” para el que fueron “reclutados”, presuntamente por encargo de Medina Sonda.

Molina Canto estuvo casada con Medina Sonda, socio a su vez de José Manuel Saiz Pineda, extesorero del gobierno de Tabasco en el sexenio de Andrés Granier Melo.

En medio de una disputa legal que comenzó desde 2010 por la custodia de los tres hijos que ambos procrearon, Medina Sonda raptó a los menores y, valiéndose de sus influencias políticas, desató un acoso judicial contra Emma Gabriela y su madre, Ligia Canto Lugo, quienes fueron encarceladas en diferentes circunstancias.

Ema Gabriela fue detenida en dos ocasiones por presuntos delitos fiscales y trasladada judicialmente a diferentes entidades del país, aparentemente para impedir que pudiera quedarse con la custodia de los niños.

La víctima fue detenida por primera vez el 25 de mayo de 2012, acusada del delito de retención ilegal de bienes, debido a que usó un vehículo que Medina Sonda le obsequió cuando estaban casados, pero no lo puso a su

nombre.

El momento de la captura fue aprovechado por aquel para raptar a los niños, quienes en ese momento viajaban con su madre.

Molina Canto inició una tortuosa lucha contra el sistema para recuperar a sus hijos. El tiempo que Emma estuvo presa, su madre continuó el peregrinar legal. Incluso ambas encararon al entonces presidente Enrique Peña Nieto para exigir justicia.

Presa su hija en un penal de Tabasco, Ligia denunció ante la Procuraduría del Menor, tanto en Mérida como en aquella entidad, la desaparición de sus nietos, pero fue hasta el 21 de agosto de 2014 cuando la Fiscalía General de Yucatán accedió a emitir una “prealerta” para la búsqueda y presentación de los niños –entonces de 10, siete y seis años de edad– en todo el país.

Días antes la abuela fue detenida y trasladada por la Procuraduría General de la República a Guadalajara, Jalisco, acusada de falsificar tarjetas de crédito en esa entidad, lo que provocó movilizaciones de activistas de derechos humanos por la fabricación de delitos en contra de la mujer.

Medina Sonda cayó en desgracia por el caso Granier. Fue detenido en Cancún, Quintana Roo, y recluido en una cárcel de Tabasco, donde fue condenado a 12 años y seis meses de

prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El 24 de abril de 2017, el juez de Control en Yucatán, Luis Edwin Mugarte Guerrero, lo vinculo a proceso por el delito de feminicidio agravado, luego de que se le acusó como presunto autor intelectual del asesinato de su exesposa. El juzgador yucateco le dictó la medida cautelar de prisión, que cumple en la cárcel tabasqueña donde está confinado.

Por este crimen fueron detenidos los cinco involucrados. Hasta el momento sólo han sido sentenciados los dos sicarios, quienes se dieron a conocer mediante el video que ellos mismos grabaron en la alberca del hotel donde se hospedaron en Mérida, horas antes de perpetrar el asesinato.

El otro implicado es el mexiquense Rogelio César Reyes Barrueta, “Güero”, quien por su participación en el crimen recibió 70 mil pesos.

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ONU-DH pide a México investigar desaparición forzada a manos de policías en Veracruz Gabriela Sotomayor Ginebra (apro).

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l Comité de Derechos Humanos de la ONU, determinó que el Estado mexicano es responsable del caso de desaparición forzada de Christian Téllez Padilla en Veracruz en 2010 en el que participaron autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos del crimen organizado.

“México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de una desaparición forzada en Veracruz en 2010”, dijo el Comité de Derechos Humanos de la ONU en un dictamen publicado hoy en Ginebra.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, un grupo de 18 expertos internacionales, emitió su dictamen basado en el derecho internacional de los derechos humanos después de recibir una denuncia de familiares de una víctima de desaparición forzada.

Según el dictamen “el 20 de octubre de 2010, el Sr. Christian Téllez Padilla (quien tenía 30 años y estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad del Golfo de México, Campus Poza Rica, Veracruz, en el momento de los hechos) conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica, con destino a un taller automóvil”.

Su compañera, Aidée Galindres Basave, le seguía en su camioneta.

Aproximadamente a las 3:30 pm, a la altura del Puente Hueleque sobre el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, dos patrullas de la Policía Intermunicipal de Poza RicaTihuatlán-Coatzintla, compuestas por ocho policías, interceptaron al Téllez Padilla, lo apuntaron con sus armas mientras lo bajaron de su automóvil y lo subieron a una de sus patrullas. Las patrullas se fueron y uno de los policías se llevó el automóvil de Téllez Padilla.

Su compañera intentó seguirlos, pero cuando las patrullas se pararon para preguntarle lo que buscaba, llegaron dos policías en motocicletas que se colocaron frente a ella, impidiéndole el paso.

Galindres acudió inmediatamente a las instalaciones de la Policía Intermunicipal, donde las autoridades le informaron que Téllez Padilla “no se encontraba allí”.

El dictamen del Comité describe que Galindres acudió entonces a la Agencia Veracruzana de Investigación y a la Agencia Federal

“México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de una desaparición forzada en Veracruz en 2010”, dijo el Comité de Derechos Humanos de la ONU en un dictamen publicado hoy en Ginebra Todos los derechos vulnerados

de Investigación, donde obtuvo la misma respuesta. Acudió a la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, para denunciar la desaparición, pero no se aceptó su denuncia por no haber transcurrido 48 horas desde la desaparición.

Detalla que llamó entonces al número telefónico de emergencias para reportar la desaparición, y se le indicó que tenía que acudir nuevamente a las instalaciones de la Policía Intermunicipal. Cuando acudió, se le informó nuevamente que la persona que buscaba no se encontraba allí.

Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo en ninguna comisaría; ella y familiares de la víctima directa presentaron denuncias e identificó a tres policías entre los responsables de la desaparición: Pablo García García (de quien se había realizado un retrato hablado) y a otros dos policías (Marco Alfredo Castellanos López y Carlos Vicencio Santiago) como los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus supervisores jerárquicos, los cuales fueron posteriormente arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado “Los Zetas”.

“El Comité toma nota de las alegaciones de los autores de la denuncia según las cuales Téllez Padilla fue detenido sin orden judicial y sin que compareciera ante

una autoridad judicial para poder impugnar la legalidad de su privación de libertad’’.

Como las autoridades mexicanas hicieron muy poco en términos de investigación, la familia de la víctima directa llevó el caso al Comité de Derechos Humanos, que tiene el mandato de examinar violaciones de derechos humanos en países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos junto con el Protocolo Facultativo gracias al cual se pueden presentar ante dicho comité casos individuales.

México ratificó el Pacto el 23 de marzo de 1981 y el Protocolo Facultativo el 15 de marzo de 2002.

Además, sostiene que, dado que el Estado parte no ha aportado ninguna información al respecto, el Comité declara “que la privación de libertad de Téllez Padilla vulneró los derechos que le asisten en virtud del artículo 9 del Pacto”.

El Comité observa “que el Estado parte no ha proporcionado ninguna explicación convincente sobre la suerte que ha corrido el Sr. Téllez Padilla ni sobre su paradero, y de que estaba en manos de las autoridades del Estado la última vez que fue visto. Por consiguiente, el Comité llega a la conclusión de que la desaparición forzada del Sr. Téllez Padilla lo sustrajo del amparo de la ley y lo privó de su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, en violación del artículo 16 del Pacto”.

El Comité de Derechos Humanos remarcó que la investigación de un caso de desaparición forzada no puede basarse en la confesión de los posibles responsables o autoridades involucradas. Además, añadió que los centros de detención clandestinos son, per se, una violación de los derechos a la libertad personal.

Las personas tienen derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y a recursos judiciales efectivos, señalaron los expertos.

Y denuncian que “todos esos derechos humanos han sido violados por México en el presente caso”.

No se practicaron a tiempo diligencias oportunas, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes; las investigaciones no fueron independientes e imparciales; y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables, afirma el Comité en su dictamen.

El Comité de la ONU afirma que la desaparición de Christian Téllez Padilla se produjo en un contexto de graves violaciones a derechos humanos con evidente vínculo entre autoridades estatales y crimen organizado, citando informes de diversas instancias internacionales y regionales.

“Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado parte”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos.

En opinión del Comité este vínculo entre policía y crimen organizado incrementó el número de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en todo el país, así como las denuncias por la impunidad estructural en la cual los hechos permanecen; situación que se ve reflejada en Veracruz e influenciada por la presencia de grupos de delincuencia organizada como “Los Zetas”, el “Cártel del Golfo” y el “Cártel de Jalisco Nueva Generación”.

El Comité solicitó a México que informara, dentro de 180 días, sobre las medidas que tome para implementar el dictamen.

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Nadie se debe salvar de la austeridad republicana, incluidos los partidos políticos: Delgado Jesusa Cervantes Ciudad de México (apro)

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n septiembre próximo, Morena pretende discutir y aprobar la disminución de 50% a las prerrogativas de los partidos políticos, que forma parte de la iniciativa de ley que el pasado 5 de marzo presentaron los diputados Mario Delgado y Tatiana Clouthier.

Este miércoles, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los líderes de partidos “progresistas” que redujeran 50% los recursos que reciben del Estado, y después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó a siete fuerzas políticas un presupuesto de más de 5 mil millones de pesos para 2020, el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Mario Delgado, anunció que el tema se discutirá y aprobará al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones.

“Es absolutamente viable. Su servidor y la diputada Tatiana Clouthier presentamos una iniciativa para hacer esta reforma constitucional… Vamos a impulsarla a partir de septiembre para tratar de que se apruebe antes de aprobar el Presupuesto de Egresos, para que podamos tener un ahorro significativo en el presupuesto de 2020. Que ya se vea reflejado en 2020 este ahorro de 50%”, puntualizó en una entrevista en la Cámara de Diputados.

Delgado dijo que Morena siempre ha sostenido que “nadie se debe salvar de la austeridad republicana, incluidos los partidos. Hay que disminuir el costo de la política, la iniciativa es disminuir al 50% el financiamiento público a los partidos”, insistió.

El pasado 5 de marzo, durante el segundo periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura, los morenistas presentaron la reforma al artículo 41 de la Constitución, que fija la manera en que deben distribuirse los recursos

De la redacción Ciudad de México (apro)

Catorce oficinas -delegaciones, subdelegaciones y unidades de servicio- de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el país cerraron desde el 31 de julio, para dar cumplimiento a las medidas de austeridad dictadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Apenas en mayo pasado, la Profeco anunció un ajuste en la forma de atención a los consumidores: suplió las delegaciones y subdelegaciones por 35 “Oficinas de Defensa del Consumidor”, cambio que representaría un ahorro del 31.8%.

a los partidos políticos.

La propuesta establece: “El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”.

Lo anterior da como resultado una reducción de 50 % del dinero que el Estado entrega a los partidos políticos.

Actualmente el mismo artículo establece que el recurso se fija multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón por el 65% del valor diario de la UMA. De la cifra que resulte, el 30% se distribuye de manera equitativa entre los partidos y el 70% se reparte de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados más cercana.

Con base en la Constitución, el INE precisó la fórmula y la distribución de recursos para 2020. Y ahora Morena pretende que la reforma presentada en marzo se discuta la primera semana de septiembre en comisiones, se suba al pleno y se apruebe, para que así, de los 5 mil millones de pesos, el INE sólo entreguen 2 mil 500 millones.

Por tratarse de una reforma consti-

tucional se requieren las dos terceras partes de los votos, y Morena y sus aliados rebasan con dos diputados dicha suma, es decir, tiene 336 votos, por lo que la modificación puede realizarse si realmente lo desean.

Cuando se le preguntó a Delgado si impulsaría la reforma en caso de convertirse en presidente de Morena, aclaró que lo hará como diputado federal “para que se dictamine y se apruebe”.

En Morena, añadió, “estamos convencidos de que esto debe ocurrir y la vamos a impulsar. Vamos a ver los otros partidos qué hacen, porque es una reforma constitucional, es una mayoría calificada”.

El razonamiento de Delgado tiene lógica, dado que la votación de la reforma se haría en septiembre, ya que en octubre podría solicitar licencia para ausentarse y competir por la dirigencia nacional de Morena, cuya elección se realizaría en noviembre próximo.

Y dado que ninguno de los otros partidos alcanzará los mil millones de pesos, debido a que obtuvieron un reducido número de votos en la elección federal pasada, el coordinador de la bancada de Morena comentó: “La política en México cambió a partir del surgimiento de Morena. Morena es un partido que hace política sin dinero, y ha resultado que el hablarle directo a la población y representar las causas que verdaderamente le importan a la gente es lo que te da éxito en las urnas y los principios, los valores de los partidos, ya no el dinero”.

Añadió: “En México tenemos una ciudadanía muy politizada, muy informada, que ya es muy difícil que se vaya por una propuesta que derroche recursos públicos, derroche dinero, despilfarre en campañas. La política en México debe hacerse ya con menos recursos, sin despilfarros”.

Y recalcó que quien puede garantizar que pase la reforma para que los partidos políticos reciban menos dinero es la coalición Juntos Haremos Historia. “Yo puedo hablar por el grupo parlamentario de Morena: hay una gran aceptación de que modifiquemos la Constitución para reducir al 50% las prerrogativas”.

Sobre el cambio en la presidencia de la Mesa Directiva, Delgado aclaró que él nunca acordó cederla a algún partido político. “No, no hay ningún acuerdo de ceder nada, eso es absolutamente falso”. Y lo que a él corresponde, dijo, es respetar la ley.

“Respetar la ley no es ceder. Yo me he pronunciado por respetar la ley. La ley claramente señala una rotación en la presidencia de la Mesa Directiva”, comentó.

Pero la ley también establece que la propuesta debe ser votada por dos terceras partes de la Cámara, y esa sola cantidad de diputados la tienen Morena y sus aliados, de manera que si no quiere soltar la presidencia al Partido Acción Nacional (PAN), no lo hará, y es un tema legal.

Como lo adelantó Proceso, Dolores Padierna presentó una iniciativa de reforma para que la presidencia de la Mesa Directiva sea rotativa entre la segunda y la tercera fuerza, “salvo cuando un partido cuente con mayoría absoluta”. De avalarse dicha propuesta y no llegar a un acuerdo antes del 5 de septiembre para presidir la Mesa –actualmente a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo–, Morena podrá mantenerse al frente.

Austeridad 4T pega a Profeco: cierra 14 oficinas y unidades de servicio en el país Este miércoles, la procuraduría informó el cierre de una delegación en la Ciudad de México y otra en el Estado de México, así como ocho subdelegaciones en el país; además de cuatro unidades de servicio.

En la capital se cerró la oficina Sur, cuyos servicios fueron trasladados a la Oriente (Azafrán #18, 1er piso, Col. Granjas México Centro, Alcaldía Iztacalco) y Poniente (Toltecas #23, esq. calle 10, col. San Pedro de los Pinos, Alcaldía Álvaro Obregón).

En el caso de Naucalpan, la población será atendida en la oficina ubicada en Tlalnepantla (Mario Colín #56, Col. Centro, Estado de México) y en Toluca (Calle Santos Degollado #103, Colonia Centro, Estado De México).

Los ocho subdelegaciones que cerraron son: Ecatepec, Ciudad Obregón, Tapachula, Iguala, Manzanillo, Xalapa, Mexicali y Playa del Carmen.

Y las unidades de servicio afectadas son: San Juan del Río, que se traslada a Querétaro; Coatzacoalcos

a Veracruz; Matamoros a Ciudad Victoria, y Chetumal a Cancún.

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Alertan sobre paro nacional promovido por organizaciones campesinas Sara Pantoja Ciudad de México (apro)

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l gobierno de la Ciudad de México llamó a los capitalinos a estar atentos y tomar sus previsiones ante el paro nacional anunciado para este jueves por diversas organizaciones, principalmente campesinas.

En un comunicado, Arturo Medina, subsecretario de Gobierno, dijo que en el contexto del 140 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC), el Congreso Agrario Permanente (CAP) y el Movimiento El Campo es de Todos tienen considerado el bloqueo de accesos carreteros a la Ciudad de México.

Además, realizarán protestas en distintas instituciones, entre ellas, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Bolsa Mexicana de Valores.

El funcionario añadió que se prevén marchas del Auditorio Nacional o del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución e incluso al Zócalo capitalino.

Por ello, solicitó a la población tomar sus previsiones para evitar contratiempos en sus distintos traslados.

Rodrigo Vera Ciudad de México (apro)

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una bolsa de 5 mil millones de pesos para los siete partidos políticos con registro nacional.

En 2020, Morena –primera fuerza– recibirá mil 710 millones de pesos, seguido del Partido Acción Nacional (PAN), con 943 millones, mientras que la bolsa de recursos para el Revolucionario Institucional será de 888 millones de pesos, y de 438 millones para el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se le entregarán 419 millones de pesos, a Movimiento Ciudadano (MC) 403 millones, y el Partido del Trabajo (PT) recibirá 384 millones de pesos.

“El cálculo del financiamiento público a los partidos políticos no es una decisión del INE, sino una asignación que se hace conforme a una fórmula establecida en la Constitución. Revi-

En un comunicado, Arturo Medina, subsecretario de Gobierno, dijo que en el contexto del 140 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC), el Congreso Agrario Permanente (CAP) y el Movimiento El Campo es de Todos tienen considerado el bloqueo de accesos carreteros a la Ciudad de México

El INE aprueba 5 mil mdp para partidos… y AMLO les pide reducir gastos en 50% sar y discutir esa fórmula es decisión de los propios partidos”, señaló este miércoles el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Según el órgano electoral, la cantidad de recursos que recibe cada partido político nacional se define multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Y se establece que el reparto de esta bolsa entre los partidos con presencia nacional será 30% de forma igualitaria y 70% se dividirá de acuerdo con la votación obtenida en la elección inmediata anterior de los diputados de mayoría relativa.

En su conferencia mañanera, este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los partidos políticos reducir sus gastos en al menos 50% para evitar el derroche y

los gastos superfluos.

“Hago un llamado respetuoso a los dirigentes de los partidos políticos para que actúen de manera consecuente. No pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos, tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas. Es un llamado respetuoso, no es una orden, es un llamado a que

actúen de manera consecuente. Ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos”, soltó.

Y en el mismo sentido va una iniciativa presentada por diputados de Morena, en marzo pasado, cuyo objetivo es precisamente reducir hasta 50% los recursos públicos que reciben los partidos. Sin embargo, hasta ahora dicha propuesta no ha avanzado.

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Conavim comienza a definir programa contra la violencia de género Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

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l Gobierno federal comenzará a definir el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) 2019-2024, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los distintos órdenes de gobierno.

El programa que tiene el propósito de definir los objetivos, estrategias y líneas de acción orientadas a atender la violencia que viven las mexicanas comenzará a construirse a lo largo de tres foros de consulta regionales y uno nacional, encabezados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

La Conavim, dependencia de la Secretaría de Gobernación, anunció que los foros se realizarán del 16 de agosto al 9 de septiembre del 2019, para escuchar y tomar propuestas de la sociedad civil e instituciones gubernamentales respecto a la violencia feminicida, violencia familiar, violencia laboral y docente, violencia comunitaria e institucional.

El Programa de gobierno frente a la violencia de género se deriva del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y está mandatado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), promulgada en 2007.

La comisionada Nacional, la docto-

El Programa de gobierno frente a la violencia de género se deriva del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y está mandatado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), promulgada en 2007

ra María Candelaria Ochoa Ávalos, ha adelantado algunos ejes que incluirá el programa tras presentar en abril pasado el “Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de las Mujeres” a la Cámara de Diputados y el Senado, y en el cual define las prioridades de la Conavim bajo su administración.

Con el Programa Integral sexenal la Conavim busca “identificar las dimensiones, expresiones y evoluciones de las violencias contra las mujeres a lo largo de su ciclo de vida” y promover en los congresos estatales reformas para homologar los derechos de las mujeres.

También se pretende impulsar un acuerdo a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)

en el que se establezca la atención a la violencia contra las mujeres como una prioridad para el Gobierno federal, los estados y municipios y los poderes Ejecutivo, Legislativo y el Judicial.

De la misma manera se plantea que la Conavim participe en las conferencias nacionales de procuración de justicia, de secretarios de seguridad pública y de seguridad pública municipal, para concretar el diseño de una política integral de procuración de justicia, seguridad pública y ciudadana con perspectiva de género.

Los foros regionales para crear el PIPASEVM tendrán lugar en los estados de Oaxaca, Colima y Sinaloa, mientras el foro nacional se realizará en el municipio Naucalpan, Estado de

México, entidad caracterizada por los altos niveles de feminicidio y desapariciones de mujeres.

La actual administración de la Conavim reconoce en su plan de trabajo que México atraviesa una de las peores crisis de violencia contra las mujeres, se estima que nueve mujeres son asesinadas a diario y sólo en tres años se han incrementado los delitos de feminicidio de 407 en 2015 a 845 en 2018, según los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.

El PIPASEVM no es única estrategia que ha anunciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a la violencia contra las mujeres. En marzo la secretaria de Gobierno, Olga Sanchéz Cordero, presentó el Plan de Acciones Emergentes para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y las Niñas en México”.

Asimismo, el gobierno mexicano se unió a la iniciativa “Spotlight” de Naciones Unidas y la Unión Europea, por medio de la cual los organismos internaciones invertirán recursos en los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Chilpancingo, Naucalpan y Ecatepec, para erradicar el feminicidio.

Mujeres hablantes de lengua indígena, las más discriminadas Berenice Chavarría Tenorio Ciudad de México. (Cimacnoticias)

Ser hablante de lengua indígena y tener un tono de piel oscura continúan siendo las causas principales de discriminación laboral y educativa que enfrentan las mujeres, evidenció el informe “Por mi raza hablará la desigualdad” coordinado por Oxfam México.

En este informe realizado por la socióloga egresada de El Colegio de México (Colmex), Virginia Lorenzo Holm; por el sociólogo de la Universidad de Texas, Patricio Solís; y el pasante de sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Braulio Güémez Graniel, se destacan los efectos de las características étnico-raciales en la desigualdad de oportunidades en México.

En la investigación se detalla que el trato social que reciben las mujeres depende de características como es su forma de hablar o la apariencia física.

Debido a los prejuicios racistas, el tono de piel marca una diferencia

al momento de conseguir empleo, las mujeres que tienen rasgos físicos indígenas tienden a ser menos aceptadas por las empresas. “La discriminación cromática sólo se hace efectiva cuando se combina con el género como eje adicional de desigualdad”, detalla el informe.

En suma, las mujeres indígenas que mantienen el uso de su lengua materna enfrentan mayores condiciones de discriminación laboral que los hombres de su mismo grupo.

En el ámbito educativo el panorama de discriminación no es mejor, de acuerdo con el informe existe una asociación entre las características étnico-raciales y las condiciones socioeconómicas de la familia de origen para que las mujeres continúen sus estudios.

Por ejemplo, aquellas mujeres no hablantes de una lengua indígena pero que sus padres la hablan, tienen un riesgo de 70 por ciento de no concluir la educación primaria. Mientras que en las mujeres hablantes, el riesgo incrementa a 370 por ciento.

En cuanto a la educación superior, el informe revela que las personas hablantes de lengua indígena, o con padres hablantes, tienen desventajas de acceso a la educación superior con respecto a las personas no hablantes.

Lo anterior refuerza la hipótesis de la investigación, que indica que las personas hablantes de lenguas indígenas tienen mayores desventajas en general.

Con relación a los tonos de piel, el estudio indica que las personas indígenas tienen un riesgo de 88 por ciento de no concluir la escuela primaria.

En el caso de las mujeres indígenas, tienen un riesgo estimado de no ter-

minar la escuela primaria de 54 por ciento más que las mujeres mestizas y blancas; y en las mujeres negras o mulatas incrementa a 128 por ciento.

En ese sentido, los creadores del informe indicaron que la desigualdad de oportunidades, así como la desigualdad de ingreso, y de riqueza, son resultado de decisiones de políticas públicas y pueden ser revertidas con las acciones adecuadas.

“México debe detener, a través de políticas públicas, las prácticas discriminatorias actuales, pero también debe resarcir las desventajas creadas históricamente por siglos de procesos discriminatorios”, concluyeron.

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LA ÉTICA DEL ABOGADO: ¿CONTRADICCIÓN O SUEÑO ALCANZABLE?

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l recién propuesto Estándar Ético para Ejercer la Abogacía es aplaudible, pero mucho tiene que cambiar estructural y legalmente en este país para transformar una profesión muy desprestigiada.

El presidente, un gobernador y algunos legisladores han sido muy enfáticos al respecto de los jueces corruptos, pero, como reza el dicho, “para bailar tango se necesitan dos”. Si algunos funcionarios judiciales aceptan (o piden) dinero o favores a cambio de un trámite o una sentencia, sin duda es porque algunos abogados están dispuestos a ofrecerlos.

En el imaginario o la experiencia de muchas personas en nuestro país, la figura del abogado no siempre es objeto de respeto y admiración, como puede ser el caso en otras latitudes. Es común, más bien, el menosprecio y la desconfianza, pues al evocar esta profesión vienen a la mente relatos de corrupción o falta de ética.

Quien ha caminado por los pasillos de un juzgado habrá atestiguado o escuchado de la propina que el abogado deja al archivista para obtener más rápidamente el expediente que busca, así como del monto —establecido de acuerdo a un tabulador invisible pero conocido por todos— que da al oficial de partes para que su asunto llegue a un juzgado en particular. También se habrá enterado de despachos que, independientemente de si tienen o no asuntos en curso con ellos, “prestan” dinero a empleados judiciales cuando éstos no pueden pagar la hipoteca de la casa, los invitan a fiestas o viajes al Superbowl, o les pagan cirugías para ellos o sus familiares. O de algunos litigantes que, en contubernio con el Ministerio Público y/o el juez y aprovechándose del deconocimiento de sus clientes, les piden dinero para obtener la admisión de un mecanismo alternativo de solución de controversias, como si fuera una especie de favor y no un derecho. Éstos son solamente algunos ejemplos de prácticas indebidas en las que incurren abogados y despachos. Si bien rara vez aparecen en las páginas de los periódicos, recientemente han merecido atención particular dos casos que involucraron a los abogados Juan Collado y Javier Coello.

El primero, quien apenas en mayo pasado salía en las revistas sociales por la boda de su hija, a la cual acudieron tres ministros de la Suprema Corte, un expresidente y numerosos políticos —lo que podría sugerir posibles conflictos de

Laurence Pantin y Diana Mejía interés—, fue detenido el pasado 9 de julio por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada.

El segundo fue objeto de señalamientos cuando se conoció la noticia, hace poco más de un mes, de que, además de representar a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex acusado de recibir sobornos por parte de la empresa Odebrecht y que se encuentra prófugo, era apoderado legal del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, la parte acusadora, se puede decir.

Lo llamativo (o irónico) es que estos casos salieron a la luz justo cuando el Consejo General de la Abogacía Mexicana y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción lanzaron una interesante inciativa, que consiste en fomentar que los abogados del país suscriban, de manera voluntaria, un Estándar Ético para Ejercer la Abogacía.

Ahora bien, que asociaciones, barras o colegios de abogados se doten de códigos de ética no es nuevo. Por tomar solamente algunos ejemplos, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México tiene un código de ética, el cual fue aprobado en 1997; la Barra Mexicana, Colegio de Abogados actualizó el suyo (originalmente emitido en 1948) en 2017 y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. también cuenta con uno, aunque no precisa en qué fecha fue elaborado o actualizado.

La innovación con este nuevo Estándar Ético[1] es que, gracias al uso de internet, se busca que abogados y despachos en todo el país lo firmen y se comprometan a seguirlo, mientras las personas o empresas que necesitan a un litigante averiguen en esta plataforma[2], antes de contratar al despacho o abogado, si éste ya suscribió el documento.

Sin sanción ni certificaciones

Por supuesto, el principal problema con el Estándar Ético propuesto, así como con los códigos de ética promovidos por las diferentes barras de abogados existentes, es que no existen mecanismos sólidos para sancionar su incumplimiento.

Si bien las barras y colegios suelen contar con juntas de honor o comisiones de vigilancia, su alcance es muy limitado dado que la máxima sanción que pueden dictar es la expulsión de sus filas al abogado acusado de mala conducta.

De hecho, más allá de unos

cuantos delitos[3] señalados en los artículos 231 y 232 del Código Penal Federal, y que justifican una inhabilitación temporal para ejercer la profesión además de penas de cárcel, en México no se prevé que, por faltas éticas, las mismas barras, algún organo independendiente o el propio gobierno puedan suspender o quitarle el derecho a ejercer la profesión a un abogado, como sucede en otros países.

Como lo señala Juan Jesús Garza Onofre, este problema deriva en parte de que, para litigar en este país, basta con contar con una licenciatura en Derecho, ‘trámite’ que sucede en un contexto particular: la Secretaría de Educación Pública, quien tiene la responsabilidad de determinar qué instituciones educativas otorgan una formación de nivel suficiente para que puedan ofrecer este título, ha dejado que las escuelas de derecho se multipliquen sin control en detrimento de la calidad de su enseñanza.

En 2015, cabe destacar, se plantearon reformas constitucionales y legales para implementar la certificación y colegiación obligatoria de los litigantes, las cuales no prosperaron, en gran parte por la oposición de muchos abogados, quienes suelen ver en la colegiación obligatoria una limitación a su independencia y/o desconfian en las autoridades o en una universidad en particular para organizar un examen que les daría derecho a litigar.

Si bien se pueden entender algunas de estas resistencias, los casos recientes subrayan la importancia de establecer mecanismos de control de competencias y de vigilancia ética de los abogados. En este contexto, iniciativas como las del Estándar Ético para Ejercer la Abogacía se deben saludar, aunque sin lugar a duda, como lo mencionó el mismo presidente del Consejo General de la Abogacía Méxicana, José Mario de la Garza, al presentarlo, todavía falta un largo camino por recorrer para transformar la abogacía en México.

Laurence Pantin (@lpantin)

es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. La autora agradece la revisión de Pablo García y la colaboración de Diana Mejía, Francisco Monroy y Ariadna García.

[1] Es importante resaltar que el Consejo General de la Abogacía Mexicana, el cual promueve este Estándar Ético, se define como un “órgano representativo, coordinador y ejecutivo de los colegios de abogadas y abogados de México” y agrupa en la actualidad a los tres principales asociaciones de abogados de México (el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C.).

[2] Al respecto, vale la pena señalar que el buscador de la plataforma no es el más amigable y que valdría la pena que, además del buscador, presente la lista completa de los abogados y despachos que suscribieron el estándar.

[3] Los delitos señalados en el art. 231 son: “I.- Alegar a sabiendas hechos falsos, o leyes inexistentes o derogadas; y II.- Pedir términos para probar lo que notoriamente no puede probarse o no ha de aprovechar su parte; promover artículos o incidentes que motiven la suspensión del juicio o recursos manifiestamente improcedentes o de cualquiera otra manera procurar dilaciones que sean notoriamente ilegales.

III.- A sabiendas y fundándose en documentos falsos o sin valor o en testigos falsos ejercite acción u oponga excepciones en contra de otro, ante las autoridades judiciales o administrativas; y IV.- Simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los presente en juicio, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.”

Los delitos señalados en el art.

232 son: “I.- Por patrocinar o ayudar a diversos contendientes o partes con intereses opuestos, en un mismo negocio o en negocios conexos, o cuando se acepta el patrocinio de alguno y se admite después el de la parte contraria; II.- Por abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando daño, y III.- Al defensor de un reo, sea particular o de oficio, que sólo se concrete a aceptar el cargo y a solicitar la libertad caucional que menciona la fracción I del artículo 20 de la Constitución, sin promover más pruebas ni dirigirlo en su defensa.”

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RESCATAR AL PRI, MISIÓN IMPOSIBLE José Gil Olmos

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l próximo domingo, el PRI elegirá a su dirigencia nacional que habrá de conducir al partido los próximos cuatro años en medio de una sus peores crisis que lo tiene postrado en el tercer lugar como fuerza política nacional.

Para cualquiera que llegue a ocupar la presidencia del partido habrá de manejar un instituto casi en cascarón, sin fuerza para ser el fiel de la balanza en los contrapesos políticos, y con una falta de credibilidad interna que amenaza con generar profundas fracturas y divisiones de grupos, muy parecidas a las sufridas en 1987 con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muños Ledo e Ifigenia Martínez a la cabeza de un numeroso grupo de militantes.

Las cosas pintan mal para el PRI en este periodo de transición de su dirigencia. Ninguno de los aspirantes –Ivonne Ortega, Alejandro Moreno y Lorena Piñón–, han logrado encender el ánimo de los militantes para participar en la votación que se realizará el próximo domingo.

Una muestra de esta desmoralización en el PRI es que después de dos procesos de auscultación, no logró cubrir las 6 mil 156 casillas que se prevén instalar en todo el país para la elección interna de su nueva dirigencia. Sólo tienen el 10 por ciento de cobertura con presi-

dente y secretario de casilla y el temor entre algunos de los contrincantes es que Alejandro Moreno imponga a sus seguidores, lo que amenaza con un fraude.

La contienda interna ya está manchada por todos los escándalos que se han presentado desde antes del inicio. Los aspirantes se confrontaron con quien consideran el “candidato de la cúpula”, Alejandro Moreno, quien recibió el apoyo de 11 de los 12 gobernadores que tiene el PRI actualmente y a quien acusaron de usar los recursos del gobierno de Campeche para su campaña de imagen e inflar el padrón con nuevos militantes.

Fue tan fuerte la diferencia entre los contendientes, que el exrector de la UNAM, José Narro, renunció al acusar que se estaba gestando una simulación para imponer al exgobernador de Campeche, a quien llaman “Amlito” por su supuesta cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ulises Ruiz, a pesar de su mala fama, fue uno de los más críticos de la organización del proceso, acusando que Enrique Peña Nieto está detrás de Alejandro Moreno. Esto le provocó que fuera rechazado de la inscripción bajo el pretexto de que no cumplió con los requisitos estatutarios de apoyo de los sectores partidistas.

Al quedarse marginado, el

exgobernador de Oaxaca unió sus fuerzas a Ivonne Ortega y José Alfaro, que tienen más posibilidades de pelear la dirigencia, ya que desde hace un año la exgobernadora de Yucatán viene formando una corriente interna desde que el año pasado quiso ser candidata presidencial.

Tomar las riendas del PRI y sacarlo del atolladero en el que se encuentra estancado parece una misión imposible si tomamos en cuenta que de los 6 millones 605 mil 740 militantes que tenía inscritos ante el INE, más de 5 millones sufren de inconsistencias e irregularidades.

Además, tiene una complicación económica que lo obligó a hipotecar por 100 millones de pesos uno de sus edificios, ubicado en José María Lafragua número 3, en la colonia Tabacalera, para organizar su elección interna.

Quien se quede al frente del PRI tiene ante sí recuperar la credibilidad, fortalecer la unidad y generar confianza para que sea nuevamente una opción en las próximas elecciones.

Por cierto… así como están las condiciones en el PRI, no se descarta que su elección interna se vaya a tribunales. Las acusaciones de que se está fraguando un fraude con robo de urnas, relleno de casillas y la compra de votos ya se han denunciado por algunos de los candidatos.

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LA PERSPECTIVA MISÓGINA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Argentina Casanova

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n pleno Siglo XXI, justo cuando más sólido parece estar el andamiaje de protección a los Derechos Humanos, los de las mujeres, en la lógica conservadora no existen.

Recientemente en Nuevo León se aprobó la modificación a la Constitución local para considerar el derecho a la vida “desde la concepción”, posteriormente la reforma se ha intentado en otras entidades, como ocurre actualmente en Campeche, donde el legislador de un partido conservador, y que históricamente ha votado en contra de los derechos de las mujeres, presentó la propuesta.

En todo el país, la constante es, como sabiamente escuché, decir a una persona defensora de Derechos Humanos, estar pendiente de que no haya retrocesos, especialmente cuando se trata de los derechos de las mujeres, por la sencilla razón de que en el imaginario colectivo -especialmente de los partidos políticos misóginos- para las mujeres no hay derechos.

Pero, ¿quiénes son los responsables de estos sesgos que parte de la idea de absoluto fundamentalista? Usualmente son las Legislaturas, donde personajes conservadores que, en aras de ganar popularidad electoral, presentan la propuesta para generar polémica y presentarse como defensores de la vida.

Sí, defensoras o defensores de

la vida, personas que usualmente no son conocidas ni por su solidaridad ni por su altruismo, y que usualmente nunca se han interesado ni por estadísticas de violencia contra las mujeres y mucho menos contra las niñas y niños.

Personas que poco han intervenido en procesos de legislación para la garantía de protección de las niñas y niños, esas que de la noche a la mañana se interesan y promueven que las mujeres no aborten y que en vez de ello opten por la adopción.

El colmo de ese escenario es cuando las Comisiones de Derechos Humanos adoptan una postura cómplice y silenciosa, cuando a pesar de conocer el marco normativo nacional e internacional de protección a la vida de las mujeres deciden apoyar esa postura o simplemente se quedan en silencio para no comprometerse y quedar -según ellos- bien con la autoridad y con la sociedad.

Lo cierto, es que eso es solo la punta del iceberg, en el sentido de que tanto los organismos de Derechos Humanos, que son designados con votos de los legisladores, se sienten en deuda con este organismo y lo último que harán será contradecirlo o confrontarse, incluso para tratar de hacerlos entrar en razón.

Ahí tenemos pocos estados donde los organismos de Derechos Humanos realmente adoptan una postura de defensa de los derechos de las mujeres, porque

al final -como siempre- son los menos redituables en términos políticos.

Todo esto revela que prevalece una perspectiva misógina sobre los Derechos Humanos de las mujeres. (Ellas) ya pueden elegir qué estudiar, ya pueden pararse a jugar fútbol. Se aplaude que tomen iniciativas, pero hay resistencias claves en su participación política, y en creer que pueden decidir sobre sí mismas.

Entonces, eso nos recuerda que todo lo demás pueden ser medidas paliativas frente al avance y empuje diario por nuestros derechos en los que, definitivamente pocas instituciones son aliadas.

Casos como el de Campeche, en donde el uso partidista vuelve a tomar por asalto los Derechos Humanos de las mujeres, nos recuerdan que todos los días tenemos que empujar por ellos, por ejercerlos y defenderlos, pero sobre todo que tenemos que reiterar que no vamos a dar un paso atrás frente a minadas fuerzas políticas cuyo único fin es recuperar algo de credibilidad o apoyo social.

Estos son otros tiempos y vamos a poner resistencia inteligente, amparadas en el derecho y la razón, pero sobre todo exhibiendo sus complicidades y veleidades cuando no sepan salir a reclamar un mundo justo y de Derechos Humanos para todas las personas. *Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche.

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TRATADAS: SOBREVIVIENTES QUE NOS COMPARTEN SUS HISTORIAS (PARTE I) Teresa C. Ulloa Ziáurriz

P

or primera vez, desde su creación, ONU Mujeres comparte testimonios de tres sobrevivientes de trata en su portal oficial, con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Trata de Personas, el pasado 30 de julio, con una historia que fue originalmente publicada en Medium. com/@UN_Women.

Sin embargo, nos vimos en la necesidad de modificar algunos conceptos, ya que violan los acuerdos internacionales de mantenerse neutral en la discusión del movimiento feminista entre prostitución y “trabajo sexual”.

En su artículo reconoce que, a nivel mundial, millones de mujeres y niñas viven en las profundas sombras de la trata humana. Ya sea reclutadas por la fuerza, la coerción o el engaño, viven en el limbo, en el miedo y el dolor.

Y agrega, porque la trata humana opera en la obscuridad, es muy difícil obtener estadísticas precisas de víctimas. Sin embargo, la gran mayoría de las víctimas detectadas son mujeres y niñas, y tres de cada cuatro son víctimas de trata para la explotación sexual.

Además, menciona que, en cualquier parte donde hay pobreza, conflicto o desigualdad entre mujeres y hombres, las vidas de las mujeres y las niñas están en riesgo de explotación. La trata de seres humanos es un crimen atroz que rompe vidas, familias y sueños.

Y, dice, en el Día Internacional contra la Trata de Personas, tres mujeres sobrevivientes nos cuentan sus historias. Sus voces son testimonio de su increíble resiliencia y apuntan hacia la urgencia de acciones para castigar a los culpables y apoyar a las sobrevivientes para restituir su dignidad, salud y esperanza.

KARIMOVA VIVE EL CICLO COMPLETO

La primera historia que incluye, nos cuenta que cuando tenía 22 años, Luiza Karimova dejó su casa en Uzbekistán y viajó a Osh, Kirguizistán, con la esperanza de encontrar un trabajo. Sin embargo, sin una Cédula de Identidad Kirguiz o un título universitario, Karimova lucho por encontrar un empleo. Cuando una mujer le ofreció un trabajo como mesera en Bishkek, la ciudad capital en el norte de Kirguizistán, ella agradeció la oportunidad.

Pero las cosas dieron un terrible vuelco después de su llegada a Bishkek. Karimova recuerda que, “Nos mantenían encerradas en un departamento y nos quitaron nuestros pasaportes. Nos dijeron que nos tenían que volver a retratar para los documentos de nuestro nuevo empleo, para ser registradas como meseras.

Me pareció extraño, pero les creí”.

Y continua su relato, diciendo que Karimova y las otras mujeres fueron puestas en un avión con rumbo a Dubái, con pasaportes falsos, en lugar de sus pasaportes reales, y llevadas a un departamento, tan pronto como aterrizaron. “Íbamos a ser esclavas sexuales y tendríamos que hacer los que los consumidores de sexo de paga quieran. Al día siguiente, me enviaron a un club nocturno y me dijeron que tenía que ganar diez mil dólares para el fin de mes,” dijo Karimova.

Durante 18 meses, su vida se consumió en el club nocturno. Cuando dejó el club, una noche, Karimova vió una patrulla que se aproximaba, y en lugar de escaparse, ella se quedó para propiciar que la policía la arrestara.

“Me deportaron a Osh, y como mi identificación era falsa, pasé un año en la cárcel. Hice una denuncia y tres de los tratantes fueron capturados”.

Sin embargo, cuando salió de la

cárcel, Karimova fue dejada a su suerte y tuvo que vivir en las calles, avergonzada y desempleada. Para sobrevivir, no tuvo otro remedio que regresar a la Explotación de la industria sexual, hasta que entró en contacto con Podruga, una organización que asiste a mujeres víctimas de trata con propósitos sexuales y tráfico de drogas. “Ellas me ofrecieron trabajo. Yo no estaba muy segura de que encajaría en su propuesta, sin embargo, poco a poco empecé a confiar en ellas”, dijo.

Ahora, Karimova trabaja para prevenir la situación exacta por la que ella pasó. Como una promotora de Produga, visita salones de masaje, saunas y otros lugares donde las víctimas de trata y explotación sexual pueden estar. “Yo encuentro a menudo chicas que sueñan con ir a Turquía o Dubái para ganar más.

Y yo les digo, ‘por favor, no vayas’ …

Ahí no hay nada bueno para ti”.

Para prevenir que sus futuros tengan el mismo fin que tuvo el de ella, Karimova proporciona a las mujeres recursos para su salud y su seguridad e información sobre ayuda legal. “Para detener la trata de mujeres y niñas, tenemos que informar a las personas sobre todas las consecuencias de la trata humana y las señales que nos permiten detectarla. Es crítico empezar a elevar la conciencia pública sobre esto en las escuelas, empezando desde los primeros niveles, para que no lleguen a ser víctimas.

LA VIDA EN EL LIMBO

“Lo que estoy pasando ahora es muy grave, muy serio, me veo a mí misma como una adulta”, dice Mary, una jovencita nigeriana que fue llevada a Italia por unos tratantes y proxenetas. “Extraño ser una niña”.

En el Lago Chad de la región de África Occidental, la insurgencia de Boko Haram ha provocado una

huida desesperada de millones de familias. Miles de personas dejan sus casas cada día, poniendo sus vidas en manos de traficantes de migrantes, buscando una vida mejor.

A la edad de 17 años, Mary hizo exactamente eso. Sintió que no había futuro para ella en su casa de Ciudad Benin, Nigeria, así que decidió buscar oportunidades en algún otro lugar. La pusieron en contacto con un hombre, Ben, quien le prometió pagar su viaje a Italia y usar sus contactos para encontrarle un trabajo en un restaurante.

Poco tiempo después de la reunión con Ben, Mary fue llamada a su casa, donde la hicieron jurar que no trataría de escapar. En marzo de 2016, ella, junto con un grupo de chicos y chicas, partieron para Libia, una escala forzada a lo largo de su camino hacia Europa.

En Libia, Mary se encontró en grave riesgo. “Ben nos tomó a dos chicas una noche. Él le dio a la otra chica a otro hombre, y me dijo que, si no dormía con él, él me daría a otro hombre y no me llevaría a Europa.

Me violó”, dijo Mary.

Ella quería salir, pero no tenía medios para contactar a nadie en casa. “Tuve que quedarme allí durante meses hasta que me llamaron para subirme al barco”.

Cuando, finalmente, la pusieron en un barco con rumbo a Italia, se le informó a Mary que viviría en un campamento y sería una prostituta, condiciones injustas que nunca había aceptado y de las que no podía escapar.

“No puedo pararme en la orilla de la carretera en busca de dinero”, dijo, subiendo la voz. “Tengo un futuro.

Estar ahí, vendiéndome, destruiría mi vida. Mi dignidad. Todo.” *Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).

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PERVERSAS RELACIONES OFICIALES…

E

s un secreto a voces que gobiernos sospechosos de corrupción como los de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y MANUEL VELASCO COELLO se coludieron con los dirigentes de la Sección VII del SNTE-CNTE, con los del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) y que fueron condescendientes con los alumnos de la Normal Rural Mactumatzá y cómplices de Notarios Públicos fraudulentos.

Ambos ex gobernadores no pudieron esconder esas relaciones perversas de la oficialidad con grupos de choque que les sirvieron de “brazos ejecutores” a los que les pagó con millonarios recursos del erario público estatal o favores como la entrega de permisos para que se manifestaran, violentaran el Estado, invadieran terrenos o usufructuaran sus patentes de fedatarios para hacer negocios sucios, que hoy se están descubriendo y confirmando.

Fueron hechos consumados que JUAN SABINES GUERRERO utilizó a los dirigentes y militantes del MOCRI para defenestrar a gentes de alta calidad moral como el doctor JAVIER CASTELLANOS COUTIÑO, a la postre Secretario de Salud, para que renunciara al cargo, al igual que lo hizo contra el director del Centro SCT, ERNESTO JAÚREGUI AZOMOZA. O también que se coludiera con los dirigentes de la SNTE-Sección VII, para contener sus movilizaciones a cambio de canonjías y millonadas de pesos.

Fue lo que hizo MANUEL VELASCO COELLO con el dirigente de la Sección VII-SNTE-CNTE, ADELFO ALEJANDRO GÓMEZ ÁLVAREZ, al mismo que a través del Secretario de Educación, RICARDO AARÓN AGUILAR GORDILLO apoyó para llegar a la dirigencia y levantarle la mano inclusive, con la intención de que suspendiera todo tipo de movilizaciones, otorgándole a su vez, millonarias bolsas de dinero. Esa misma estrategia empleó el GÜERO VELASCO con el sucesor de ADELFO, PEDRO GÓMEZ BAHAMACA, para saciar sus ambiciones, con resultados negativos.

Ambos personajes siniestros del sector educativo: ADELFO ALEJANDRO GÓMEZ ÁLVAREZ y el actual dirigente de la Sección VII SNTE-CNTE, PEDRO GÓMEZ BAHAMACA, se presume se hicieron millonarios con el negocio de las manifestaciones y movilizaciones, que el gobierno no ha querido escudriñar para saber el origen de esos dineros. Es el caso de los Notarios Públicos beneficiarios con las patentes otorgadas por SABINES y VELASCO que ahora son investigados al igual que se está haciendo con los dirigentes de la MOCRI y Antorcha Campesina,

Jueves 8 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ÍNDICE...

Ruperto Portela Alvarado

• LOS NEGOCIOS DE LA CNTE Y SIMILARES. • Mactumatzá y Jacinto Canek, beneficiados…

• La carga de culpa del gobierno alcahuete…

• Comentarios al Margen…

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de material didáctico 418 mil 250 pesos”. Dicho de paso: todo lo que se puede resolver con dinero, no es problema, pues para las becas de enero-mayo les fueron entregados 2 millones 400 mil pesos de aportación federal y un millón 700 mil pesos de aportación estatal. Y eso que no hay dinero.

Con respecto a la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”, dice la información oficial, este año se han entregado 943 mil 600 pesos para la beca estatal de enero-febrero y un millón 500 mil pesos para gastos de operación y mantenimiento de autobuses. Y para la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Tuxtla Gutiérrez, las autoridades han entregado en total 669 mil 390 pesos para servicios personales y gastos de operación. A la UPN de Tapachula se le han otorgado en lo que va de 2019, un total de 2 millones 754 mil 396 pesos para servicios personales y gastos de operación.

Los apoyos oficiales están fluyendo con normalidad, se dijo en el comunicado en mención.

Ahí dejo los datos para su análisis y reflexión, porque el punto de vista más importante es el de la ciudadanía y el de los lectores que tienen la última palabra…

COMENTARIOS AL MARGEN… que se dedicaron a invadir predios con la anuencia de los gobernadores que les utilizaron como “brazo ejecutor” y votos cautivos para los candidatos de sus respectivos partidos, especialmente del Verde Ecologista.

Las arcas públicas fueron las paganas de los delirios de poder de JUAN SABINES GUERRERO y MANUEL VELASCO COELLO que se coludieron con dirigentes y diversas organizaciones para mantener una gobernabilidad que no consiguieron. Así lo hicieron con los alumnos –que no estudiantes— de la “Normal Rural Mactumatzá” y la “Jacinto Canek”, que se han dedicado a exigir prebendas y recursos de la manera más violenta que se pueda esperar de un grupo estudiantil.

En relación a todos estos asuntos, el Gobierno del Estado ha empezado a actuar en consecuencia para someter al “imperio de la ley” a estos grupos “sociales-delincuenciales” que han puesto en jaque a las instituciones y el gobierno mismo.

De acuerdo con un comunicado oficial, emitido el viernes 5 de julio, las autoridades educativas informaron que han cumplido con las demandas de los alumnos de la Normal Rural Mactumatzá, “entregando más de 13.5 millones de pesos a dicha institución, tan solo en lo que va del 2019, a efecto de que los alumnos puedan realizar en forma holgada sus actividades académicas, agropecuarias, deportivas y culturales”.

Estos datos oficiales marcan la parte que le corresponde a la oficialidad y la forma como se solventan los conflictos con estos sujetos magisteriales, campesinos y estudiantiles. Dice el comunicado: “la parte oficial está cumpliendo con su compromiso de apoyar a la formación académica de los estudiantes normalistas quienes han recibido, en forma oportuna para su alimentación, dos millones 727 mil 720 pesos del gobierno federal y tres millones 636 mil 874 pesos de aportación estatal”.

“De igual manera, el gobierno les ha entregado 447 mil 67 pesos de recursos federales y 253 mil 148 pesos estatales para sus gastos de operación, en tanto que, para renta de transporte y gasolina, se les ha dado 195 mil 200 pesos. Para prácticas docentes se les ha entregado 255 mil pesos, mientras que para el proceso de selección de aspirantes recibieron cien mil pesos”. Señalan también que hasta para mantenimiento de un tractor han recibido ocho mil pesos y para otras actividades (que no se especifican) 124 mil 520 pesos, según datos retomados de la columna “Acá Entre Nos” del buen amigo ALEJANDRO MOGUEL SERRANO. Y los montos se sigue sumando como el específico para la participación de estudiantes en eventos pedagógicos del mes de febrero en que la “Escuela Normal Rural Mactumatzá recibió 525 mil pesos; para la compra de uniformes 731 mil 250 pesos; para compra

CONECULTA; EL FRACASO…

La pregunta obligada con respecto a la actividad del Consejo Estatal para las Ciencias y las Artes, CONECULTA es: ¿para qué fue creada esta instancia o si cumple con los objetivos para la que fue instituida?. No lo sé, pero creo que no cumple con las expectativas de impulsar a los talentos chiapanecos en las artes y las ciencias, porque desde siempre, se ha convertido en un “Club de Amigos” y “favoritos” a los que se les cumplen sus caprichos y son beneficiarios de los recursos que debieran estar destinados a eventos, actos y publicaciones culturales.

En CONECULTA solo cambian los titulares y nombres del enjambre; de los integrantes del “Club de Amigos”, “favoritos”, “intelectuales” o hijos, parientes, ahijados del círculo del poder, como ha sucedido desde siempre y que con JUAN CARLOS CAL Y MAYOR FRANCO, fue notorio.

“No hay dinero” y se quejan de más recortes presupuestales. A nadie –excepto algunos—se le pueden publicar más de dos libros al año porque hay un Consejo Editorial que es muy drástico en la aprobación de los que se presenta para publicar. La falta de presupuesto es el pretexto, pero hay eventos que se llevan buena cantidad de dinero porque son “oficiales” y de relevancia cultural. Así de claro…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

CMAN

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Jueves 8 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1706 RESOLUCIÓN

La SCJN aprueba el aborto en BC en casos de violación

INVESTIGACIÓN

Caen tres por crimen de pareja de investigadores en Chiapas

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PRESUPUESTO

El INE aprueba 5 mil mdp para partidos… y AMLO les pide reducir gastos en 50% PAG. 3

DEMANDA

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AFECTACIONES

Austeridad 4T pega a Profeco: cierra 14 oficinas y unidades de servicio en el país

ONG denuncian la muerte de un haitiano en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula Organizaciones defensoras de los derechos de migrantes dieron a conocer que, por falta de atención médica, un ciudadano haitiano falleció la madrugada del martes 6 en el interior de la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula.

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ONU-DH pide a México investigar desaparición forzada a manos de policías en Veracruz