CONTRAPODER EDICIÓN 1705

CMAN

DOXA

EDITORIAL

En la UNACH la disputa por la legalidad

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La UNACH vive hoy una disputa sindical que pone en riesgo la frágil viabilidad financiera y de proyecto académico que tiene la institución.

Los asaltos y homicidios se convirtieron en notas recurrentes en Chiapas.

Qué desafortunado que Chiapas sea nota nacional solo por cosas desagradables.

Ayer fue por el primer lugar nacional en pobreza reportado por CONEVAL Hoy por el asalto a un camión de turistas cerca de las Cascadas de Agua Azul.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Miércoles 7 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1705

ACUERDO

DECLARACIÓN

Pobladores de Ocosingo entregarán hoy a policías retenidos hace tres semanas Los cinco policías estatales daban seguridad a José Herrera, párroco de Petalcingo, Tila, quien vive en situación de riesgo permanente en esa localidad asentada en la región norte del estado

Reos no deben tener privilegios, considera activista

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CURSO

Comunidad Japonesa Impulsa la Agricultura Urbana en Tapachula

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AMLO sentará a dialogar a empresarios, ambientalistas y afectados por la minería

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

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CÓMO (NO) CRECER AL 4% ANUAL Rafael Croda

EN LA MIRA

ACCIONES

Anuncian marcha habitantes de Pantheló demandan liberación de Austreberto Herrera

HOY ESCRIBEN

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Héctor Estrada

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LEY BONILLA, PRUEBA PARA LA CORTE DE ZALDÍVAR ANTE LA 4T Jorge Carrasco Araizaga

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VULNERABILIDAD CRECIENTE FRENTE A ESTADOS UNIDOS Olga Pellicer

UN GOLPE SUAVE

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Fabrizio Mejía Madrid PAG. 5

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Miércoles 7 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EDITORIAL En la UNACH la disputa por la legalidad

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a UNACH vive hoy una disputa sindical que pone en riesgo la frágil viabilidad financiera y de proyecto académico que tiene la institución. La universidad arrastra una deuda superior a los 2 mil 300 millones de pesos, en donde grueso de la deuda la tiene con el ISSSTE, el FOVISSSTE y con el SAT, en el que la universidad dejó de cubrir los pagos correspondientes a la seguridad social, los préstamos hipotecarios y al pago de los impuesto.

Los orígenes del conflicto que se vive entre la Rectoría de la universidad y el anterior comité ejecutivo sindical del personal académico se debe a que la Junta de Conciliación y Arbitraje rechaza la toma de nota del comité ejecutivo debido a que en el período de elecciones se presentaron violaciones al debido proceso. En concreto, se violaron disposiciones internas del propio sindicato relacionadas a la no reelección, que hace inelegible a la planilla

supuestamente ganadora, en una contienda que ya había sido observada y sancionada por la junta de conciliación como improcedente y ordenó la reposición del procedimiento. Pero además, se incurrió en otra ilegalidad, de manera irregular el comité electoral, al servicio de la dirigencia sindical, rechazó el registro de dos planillas con el fin de evitar la competencia política, situación que violenta derechos políticos y se contraponen a disposiciones laborales.

Frente a estas ilegalidades las dos planillas que no se les permitió participar acudieron ante la autoridad laboral para hacer valer sus derechos y la junta de conciliación ordenó la reposición de procedimiento, algo que se incumplió y el comité electoral realizó las elecciones, frente a este desacato, la autoridad laboral, en el marco de sus atribuciones legales rechazó otorgar la toma de nota, lo que significa que no hay representación sindical del personal académico.

Esta disposición totalmente previsible, llevó al comité sindical a convocar a una asamblea días antes de que concluyera sus funciones, en el que se acordó nombrar a la misma representación sindical como comité encargado, algo que no existe en la figura de los estatutos del sindicato de personal académico, lo que orilló a la junta de conciliación a no otorgar toma de nota de ese “comité encargado”.

Resulta más que obvio el manejo ilegal con el que un grupo de personas pretenden apropiarse del sindicato de personal académico de la UNACH, en la que paradójicamente viene arrastrando ocho años de ilegalidades e imposiciones orquestada por funcionarios del gobierno, en el que se incurrió en presiones, chantajes, componendas y amenazas a docentes, para que los dos últimos comités sindicales se constituyeran sin competencia sindical.

El conflicto que se vive en la UNACH ha llegado a un punto de querer presionar a la autoridad

con paros y tomas de instalaciones, con el fin de que se reconozca una representación sindical espuria, producto de unas elecciones en la que se violó el principio del debido proceso y que la autoridad laboral había ordenado la reposición del procedimiento, por claras violaciones a los derechos de los trabajadores académicos afiliados al sindicato.

En la actual disputa entre la dirigencia sindical y la rectoría de la UNACH la razón jurídica le corresponde a la autoridad universitaria, que, ante la estrategia de lucha sindical, de organizar paros laborales a todas luces ilegales, que entorpecen el funcionamiento de la universidad y las actividades académicas, va a terminar siendo favorecida, pues la espuria dirigencia sindical estará simplificando las cosas a la rectoría, quien, ante ese escenario, buscará aplicar la normatividad en materia de abandono de trabajo, y con ello terminará socavando al sindicato del personal académico.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

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Pobladores de Ocosingo entregarán hoy a policías retenidos hace tres semanas Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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l Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) informó que, luego de dialogar de manera directa con los familiares, hoy liberará a los cinco policías estatales que desde hace tres semanas mantiene retenidos en la comunidad Río Florido, municipio de Ocosingo.

Sin la intervención del gobierno estatal, el FNLS y los familiares tuvieron un acercamiento a través del vicario de justicia y paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Gonzalo Ituarte, para alcanzar un acuerdo que permitiera la libertad de los agentes, retenidos por integrantes de esa organización el pasado 18 de julio, un día después de la captura de Javier González Díaz, integrante de la organización.

Los cinco policías estatales daban seguridad a José Herrera, párroco de Petalcingo, Tila, quien vive en situación de riesgo permanente en esa localidad asentada en la región norte del estado.

“El inicio de un diálogo directo con las familias de los policías que se encuentran en una de las comunidades organizadas en el FNLS tiene punto de partida ante la cerrazón del gobierno chiapaneco de atender una problemática social generada por su vocación pro-fascista y naturaleza represiva. Es una muestra más de nuestra voluntad para resolver esta situación. La razón está de nuestro lado, no así de quienes dicen abanderar la ‘Cuarta Transformación’ en el estado de Chiapas”, destacó el FNLS en una misiva.

Indicó que es una organización po-

Los cinco policías estatales daban seguridad a José Herrera, párroco de Petalcingo, Tila, quien vive en situación de riesgo permanente en esa localidad asentada en la región norte del estado

lítica con presencia en varios estados del país y “no un amontonamiento de egos e individualidades como de manera insistente se pretende hacer creer al pueblo. Ante ello, la acción política de retener a los agentes del estado fue en un acto de salvaguardar la integridad de las colectividades que se encontraban en ese volanteo carretero (el 17 de julio) donde uno de los agentes policíacos intentó accionar su arma”.

Tras acusar al gobierno chiapaneco de iniciar ese clima de inestabilidad, abundó: “Retener a los policías que no objetivaron sus órdenes criminales no es un acto de resentimiento social o personal, sino político. Estaba en manos del gobierno dar solución, pero se dejó obcecar por la naturaleza reaccionaria de los principales funcionarios públicos, que hoy parece no importarles ni la integridad de sus propios agentes con tal de ver coronadas sus ambiciones fascistoides”.

De igual manera, rechazó que el FNLS esté integrado por “delincuentes” o “vándalos”, como insistente-

mente lo menciona el encargado de la política interna del estado, y adelantó que mañana se hará la entrega de los elementos policíacos a sus familiares, a pesar de que atacaron a sus compañeros.

“En política nada es personal, son agentes de Estado, por lo tanto, su actuar se circunscribe en la política represiva del gobierno mexicano. No somos de la calaña de quienes gobiernan y se enquistan en las administraciones con actitudes camaleónicas”, agregó.

Señaló que las imágenes de sus terrenos difundidas por el gobierno estatal “son la prueba irrefutable de que el espionaje con medios tecnológicos de contrainsurgencia es una realidad en Chiapas”. Y las acciones que realizan –apuntó– son una medida de protección para detener la avanzada represiva.

Según el FNLS, el fiscal José Luis Abarca Llaven; el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, son “una tercia de elemen-

tos que hicieron su carrera política al amparo de administraciones anteriores, por eso es una burda maniobra que hoy se presenten con el rostro que representa la Cuarta Transformación, que hoy digan que respetan los derechos humanos, cuando es una palabra que no existe en su acervo institucional, sólo conocen el vocablo represión y autoritarismo”.

Finalmente, destacó que las más 113 carpetas de investigación que tienen integradas es síntoma de que no hay voluntad del gobierno para resolver el conflicto de otra manera más que la represión.

“No es el punto si están o no agentes policíacos en calidad de garantía para evitar una salida violenta, se trata del intento gubernamental de dar un escarmiento a todo el pueblo que se organiza fuera de todo marco corporativizante”.

Es un absurdo, dijo, sostener que el marco legal es la garantía para hacer la defensa de su compañero detenido injustamente, porque es precisamente este marco jurídico el que no fue respetado por las instancias policíacas, recalcó.

El FNLS retuvo a los agentes estatales para exigir la liberación de Javier González Días, a quien el gobierno estatal acusó de pertenecer a un grupo dedicado al robo de motocicletas.

Los policías ministeriales retenidos por los pobladores de Río Florido son: José Luis Tondopó Medina y Fernando Tondopó Medina, Carlos Enrique Gordillo Aguilar, Fredy Sánchez García y Bernal Hernández Altunar.

Reos no deben tener privilegios, considera activista Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Luego de que se diera a conocer un video donde se expone una serie de privilegios a reos de un módulo del Penal El “Amate”, activistas consideran que este tipo de situaciones no deben prevalecer en los centros de reinserción social.

En este sentido Dianne Padilla integrante de la agrupación Iniciativas Feministas aseguró que ha causado indignación la fiesta organizada al interior del Penal ya que el organizador es el asesino de una mujer.

Esta fiesta ya se investiga por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, y aunque han sido separados del cargo el director Pascual Mar-

tínez Cervantes y el sub director Obdelí Meza de los Santos.

Sin embargo señaló que “es evidente que estos sujetos continúan con privilegios y en contacto con el exterior, lo que deja en indefensión a los hijos de la víctima”.

Gehú Ruiz Rincón y René Ruiz Rincón cuñado y esposo respectivamente de la víctima, llevan un proceso de cinco años, sin que avancen las investigaciones en contra suya por el feminicidio de Sandra Luz. Por ello consideran que es necesario que estos reos no cuenten con este tipo de privilegios, cuando están pagando una condena por feminicidio ya que contraviene todos los ideales de justicia, por el contrario pareciera que existe impunidad.

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Comunidad Japonesa Impulsa la Agricultura Urbana en Tapachula Tere Morales.

Tapachula, Chis; (interMEDIOS)

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a Asociación México Japonesa de Chiapas A.C. preocupados por brindar una mejor calidad en educación ambiental y agricultura urbana, llevó a cabo un curso practico de cultivos de vegetales.

El director de ecología de esta asociación, Jorge Luis Itmazú Mendoza dio a conocer que los interesados aprendieron a plantar verduras en ciertos espacios de sus hogares y utilizar materiales reciclables, mediante el taller “Huertos urbanos, cultivos orgánicos y cultivos hidropónicos”.

Itmazú Mendoza dijo que en los últimos 50 años se ha desatado una serie de enfermedades degenerativas provocadas por la agricultura industrial, ya que en su práctica utiliza herbicidas, insecticidas y sustancias tóxicas para el organismo, por lo que es necesario promover mejores há-

El director de ecología de esta asociación, Jorge Luis Itmazú Mendoza dio a conocer que los interesados aprendieron a plantar verduras en ciertos espacios de sus hogares y utilizar materiales reciclables, mediante el taller “Huertos urbanos, cultivos orgánicos y cultivos hidropónicos”

bitos alimenticios a través de los huertos urbanos.

En un recorrido por la asociación, Itmazú Mendoza dijo que

en este espacio se cultiva desde rábano, cebollín, cilantro, zanahoria, calabaza, pepinos, orégano, hierbabuena, perejil, tomate, chile, frijol, lechuga, entre otros.

Mencionó que la cosecha se da en un tiempo activo; esto se debe a que solo se utiliza materia orgánica, la cual enriquece el suelo y hace que los vegetales se produzcan con mayor rapidez que normalmente en un sistema industrial.

Finalmente, pidió a la población inculcar a sus hijos consumir alimentos saludables y disminuir el consumo de productos chatarras, sobre todo en este regreso a clases en donde a veces se le ve a un niño ingerir un refresco en lata, en lugar de un agua de frutas naturales.

Fortalece UNACH su presencia en las comunidades indígenas mediante el Sistema de Educación a Distancia De la Redacción San Andrés Larráínzar, Chis. (Tribuna)

“La Universidad Autónoma de Chiapas quiere ser la universidad de Mitontic, de Tenejapa, de San Andrés Larráinzar y muchas comunidades más, para dar oportunidad a una mayor cantidad de jóvenes para formarse profesionalmente”, afirmó el rector Carlos F. Natarén Nandayapa, durante el acto de bienvenida al ciclo escolar agosto – diciembre 2019, de las sedes de Universidad Virtual.

Ante las autoridades de estos municipios, aseveró que este esfuerzo compartido con el Colegio de Bachilleres de Chiapas y la fundación Kyani, Caring Hands, tiene como objetivo abrir las puertas de la Universidad a jóvenes de que otra forma no hubieran podido acceder a la educación superior, ya sea por lo complicado de la geografía del estado o por complicaciones económicas.

“Queremos que sean profesionales, pero sobre todo queremos que sean líderes en sus comunidades, agentes de cambio para la sociedad y una inspiración para las futuras generaciones”, acotó.

En este marco, el presidente Municipal de San Andrés Larráinzar, Teodulfo Pérez Hernández, agra-

deció el esfuerzo de cada una de las instituciones convocadas a hacer posible el establecimiento de las sedes virtuales en algunos de los municipios más marginados del estado, “ya que solamente la educación puede vencer a la pobreza”.

Asimismo, la directora General del COBACH, Nancy Leticia Hernández Reyes, afirmó que cada uno de sus egresados representa un orgullo para esta institución, pues son la muestra de que el trabajo realizado por el Colegio de Bachilleres ha rendido frutos y aún más de saber que esto los ha impulsado a continuar sus estudios en esta modalidad a distancia.

En su oportunidad, el director General de la Fundación Kyani en México, Reich Diestel Reyes, informó que este esfuerzo compartido que permite acceder a condiciones de igualdad, diversidad e inclusión educativa, es una muestra de cómo impactar de forma importante en nuestra sociedad.

Finalmente, al inaugurar el ciclo escolar, el director de Educación Media Superior, Rafael Ovilla Álvarez, aseveró que la educación hace una diferencia en las sociedades, por lo que invitó a todos a continuar formándose y actualizándose para beneficio de nuestro estado y

nuestro país.

La UNACH, en el marco de las políticas educativas nacionales de diversificación y ampliación de la oferta educativa y matrícula y el Proyecto “Universidad Solidaria: Inclusión de Grupos Vulnerables a la Educación en la Modalidad a Distancia”, actualmente atiende a 170 estudiantes en esta región; 59 alumnos en la sede Larráinzar, 49 en la sede Pocolum, municipio de Tenejapa y 62 en Chalam, municipio de Mitontic.

Los alumnos inician el primer semestre en las licenciaturas en Derechos Humanos, Tecnologías

de la Información y Comunicación Aplicadas a la Educación, Gobernabilidad y MIPyMES a través de la plataforma de la Universidad Virtual de la UNACH. En este evento estuvieron presentes también la presidenta Municipal de Mitontic, Manuela Martínez Ico, el presidente Tradicional de Mitontic, Erasto Ordóñez Rodríguez; el presidente Municipal de Tenejapa, Alfonso Intzin Girón; la directora Académica del COBACH, Ana María Ruíz Flores; así como el coordinador General de Universidad Virtual, César Augusto Coutiño Gómez.

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Estudiantes de la Escuela Normal rural Mactumactzá marchan en Chiapas contra el sistema educativo De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

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studiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá con el apoyo de otras escuelas normalistas del país marcharon en esta capital del estado contra el sistema educativo y para recordar los 16 años de la represión estudiantil sufrida durante la administración del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.

La manifestación inició en las instalaciones de la escuela Mactumatza, localizado en el lado poniente-norte de esta ciudad, y terminó con un mitin frente al palacio de gobierno, donde quemaron una cabeza de cartón de Salazar Mendiguchía en repudio por la “agresión policíaca” del 6 de agosto de 2003.

Uno de los alumnos que tomó la palabra manifestó que al igual que 16 años los normalistas siguen protestando en contra del régimen, pero conscientes de su capacidad para propiciar cambios y asumir responsabilidades sociales.

A su paso hacia el centro de la ciudad, los manifestantes realizaron pintas en algunos edificios públicos y del comercio los alumnos de la escuela normal Manuel Larrainzar y de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, así como de normales de Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua, Campeche, Estado de México y Coahuila.

En conferencia de prensa, los normalistas señalaron que a pesar de los años y de la importancia de las normales rurales para la educación

Beristáin Javier Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Luego de condenar enérgicamente la captura de Austreberto Herrera Abarca, habitantes del municipio de Pantelhó anuncian una movilización para exigir su pronta liberación.

En un documento enviado a esta casa editorial, la ciudadanía, repudia el actuar de la justicia en contra de Herrera Abarca, mismo que consideran como una estrategia de persecución y represión política.

Puntualizan que el pasado 30 de julio, se violentaron los derechos de justicia en que se encuentran comprometidas las luchas de los pueblos indígenas y el futuro del pueblo, añadiendo que son testigos del sentido humanitario del hoy privado de su libertad.

Los normalistas conmemoraron con una protesta los seis años de la represión estudiantil sufrida durante la administración del ex gobernador Pablo Salazar

de los jóvenes de las comunidades vulnerables, no reciban el apoyo adecuado y se trate de criminalizar a los estudiantes que lo único que buscan son mejores condiciones para su futuro y para el futuro de los niños que viven en pobreza y pobreza extrema.

Las reminiscencias de la administración de Salazar Mendiguchía (2000-2006) fue la suspensión del sistema de internado de la Mactumactzá, el cual facilitaba la estancia a los estudiantes que provenían de las zonas más alejadas de la entidad, ya que recibían alimentación y un lugar

para vivir, temas que en la actualidad tienen que solventar con los recursos que muchos carecen y por lo cual tienen que abandonar sus estudios.

Durante la marcha gritaron consignas, portaron pancartas con la frase “6 de agosto no se olvida” y reclamos en contra de las autoridades gubernamentales, quienes en la actualidad no han mostrado flexibilidad para resolver las demandas de los estudiantes, entre ellas, la reinstalación del sistema de internado.

Durante la rueda de prensa, los

normalistas enfatizaron que esta marcha es símbolo de su lucha, la cuan no se detendrá hasta que las autoridades de los tres niveles comprendan la importancia de las normales rurales, se solidarizaron con todas las instituciones de este tipo en el país, por las represiones y persecuciones de los políticos gobernantes, y repudiaron la violencia contra los estudiantes como los 43 desaparecidos, el 26 de septiembre del 2014, de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero.

Anuncian marcha habitantes de Pantheló demandan liberación de Austreberto Herrera Al contrario de lo que se sindica, Austreberto Herrera, siempre vela por el bienestar y defiende las causas justas de las comunidades indígenas vulneradas.

Por ello califican como un atropello por parte de las autoridades que se dedican a la impartición de justicia la captura de Herrera Abarca, y se le acuse de homicidio.

Ante este abuso, piden la intervención del gobernador del estado y de las propias autoridades para la pronta liberación de Austreberto Herrera, quien ha sido perseguido y reprimido políticamente por personas que ven afectados sus intereses.

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Mujeres apresadas en comunidad mixe acusan que director del INPI manipula a autoridades Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

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as mujeres que fueron privadas de su libertad durante más de siete horas en la cárcel municipal de Santa María Alotepec, en la Sierra Mixe de Oaxaca, denunciaron al director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes del maltrato que recibieron porque, afirman, es el que “manipula” a las autoridades municipales.

En una carta enviada al presidente, Andrés Manuel López Obrador, las autodenominadas “víctimas de la autoridad municipal y de Adelfo Regino Montes” hicieron responsable al servidor público federal.

Reiteraron que “fuimos encarceladas injustamente por las autoridades de Santa María Alotepec, Mixes, Oaxaca, por órdenes de Adelfo Regino Montes”, al tiempo que los responsabilizaron de lo que nos pueda suceder en el futuro.

En un comunicado resaltaron que “responsabilizamos al señor Adelfo Regino Montes, de lo que nos pueda

Jaime Luis Brito Cuernavaca, Mor. (apro)

Teresa Castellanos y Jaime Domínguez, opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM), fueron citados a comparecer ante el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a una nueva demanda por daño moral que presentó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La denuncia de la empresa productiva del Estado en contra de los activistas se interpuso después de que el pasado 10 de abril, en el marco del Congreso Nacional Indígena en Amilcingo y Anenecuilco, los participantes protestaron en las instalaciones de la termoeléctrica de ciclo combinado en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla.

En esa ocasión, los opositores --provenientes de distintas partes del país-- realizaron pintas en las instalaciones señaladas, lo que la CFE tomó como base para presentar la demanda por daño moral, dado que –subrayó– los manifestantes “espantaron a los trabajadores”, y exigió el pago de 69 mil pesos.

En entrevista, Jaime Domínguez dijo que detrás de esa nueva denuncia está la férrea oposición al PIM, ya que en los últimos meses han conseguido

En una carta enviada al presidente, Andrés Manuel López Obrador, las autodenominadas “víctimas de la autoridad municipal y de Adelfo Regino Montes” hicieron responsable al servidor público federal

suceder en el futuro, porque él no solamente se siente autoridad en la comunidad, si no es una persona que siente con poder total, no respeta los derechos de las mujeres de su comunidad, ahora como se dice, es una persona machista, así las que lo conocemos en la comunidad él no es una persona de fiar, porque maneja

doble discurso”.

Agregaron: “afuera dice estar a favor de nuestros pueblos indígenas y tradiciones, pero adentro de nuestra comunidad viola los derechos que afuera dice proteger”.

Añadieron que “su hermano Francisco Regino Montes nos anda amenazando a cada rato, porque

es como el que cumple lo que su hermano Adelfo le dice que haga, sus amenazas no solamente son hacia las mujeres, sino también hacia los hombres que no están de acuerdo con lo que están haciendo en nuestro pueblo”.

Mencionaron que el señor Adelfo Regino Montes nunca da la cara, solo habla y manda, pero él es quien maneja las cosas y los comunicados de las autoridades de la comunidad (de ahí que) exigimos respeto a las mujeres de nuestro pueblo, queremos libertad, basta ya de sometimiento a la mujer mixe en Santa María Alotepec, Oaxaca”.

Finalmente agradecieron la solidaridad de organizaciones protectoras de los derechos humanos y de las mujeres, y a las autoridades estatales, porque “realmente fuimos humilladas y ultrajadas por la autoridad, a pesar de que nos encontramos ya en libertad, tememos por nuestra integridad”.

CFE demanda “por daño moral” a opositores al Proyecto Integral Morelos detener de manera legal el funcionamiento del gasoducto y de la propia central eléctrica.

Port su lado, Teresa Castellanos aseguró que ni ella ni Domínguez participaron en la protesta. “Nosotros no pintamos”, afirmó.

“En el fondo, ella y yo somos los más visibles, por eso nos acusan, pero no existen pruebas del supuesto daño moral, por lo menos nosotros dos no estuvimos en esa protesta. No tienen cómo demostrarlo”, secundó su compañero.

“Les pregunté cuántas cubetas de pintura necesitan para reparar el daño que dicen que causamos. Nos dijeron que teníamos que pagar 69 mil pesos. ¡No! Nosotros no vamos a pagar eso, están mal. Eso no cuesta pintar las paredes de la termoeléctrica. Así que tuvimos una discusión muy fuerte”, soltó Domínguez.

Añadió: “Ahorita lo que quieren ellos es echar a funcionar la termoeléctrica. Por eso quieren amedrentarnos, acusándonos de cualquier delito.

Ellos dicen que nosotros somos los líderes. Nosotros no somos los líderes.

Somos muchos los que no queremos la termo”.

Luego cuestionó: “Ellos quieren que les paguemos el daño moral. Nosotros les preguntamos: ¿y todo el daño que ha hecho la CFE a las comunidades, a los pueblos? ¿Cómo nos van a resarcir el daño a la gente que han detenido por oponerse? ¿A la gente que han torturado? ¿Cómo nos van a reponer a nuestro hermano Samir?”.

Finalmente, ambos activistas coincidieron en que el gobierno federal los está “criminalizando” para que

acepten el funcionamiento de la termoeléctrica, así como el gasoducto, uno de cuyos tramos --en los límites entre Morelos y Puebla-- ha sido legalmente suspendido, hasta que se repongan los mecanismos de consulta entre las comunidades.

Samir Flores Cervantes, uno de los principales opositores al PIM, fue asesinado el pasado 20 de febrero, días antes de que se llevara a cabo una consulta para decidir sobre el funcionamiento de la termoeléctrica. Hasta el momento no ha habido avances en las investigaciones.

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Interjet viola ley y nos obliga a volar de más: pilotos y sobrecargos De la redacción Ciudad de México (apro)

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nterjet viola el Artículo 82 de la Ley de Aviación Civil, que establece que la tripulación no puede volar más de 90 horas durante 30 días consecutivos, aseguraron en una carta un grupo de pilotos y sobrecargos pertenecientes a ABC Aerolíneas S.A de C.V. A una semana que la aerolínea propiedad de Miguel Alemán Magnani viviera una crisis de al menos cuatro días (155 vuelos y más de 21 mil pasajeros afectados, según Profeco), la tripulación inconforme sostuvo que la empresa articula una “presión constante y sistemática” en su contra.

No obstante la promesa de Interjet de contratar a 63 nuevos pilotos y más sobrecargos, los empleados firmantes del escrito solicitaron la intervención de la Dirección General de Aeronáutica CIVIL (DGAC), el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).

De acuerdo con la denuncia de pilotos y sobrecargos, el gerente de Administración de Tripulaciones, Adán Antonio Solares, asegura tener una autorización por parte de la DGAC para “violar” dicho artículo.

Sin embargo, directivos de la aerolínea nunca les han mostrado dicho “permiso” y, por el contrario, les piden “colaborar” colaborar con la empresa para sacar adelante las

A una semana que la aerolínea propiedad de Miguel Alemán Magnani viviera una crisis de al menos cuatro días (155 vuelos y más de 21 mil pasajeros afectados, según Profeco), la tripulación inconforme sostuvo que la empresa articula una “presión constante y sistemática” en su contra

operaciones.

El grupo de empleados asegura que solo reciben un “gracias” cuando superan el tiempo de vuelo, incluso algunos han recibido multas por parte de la DGAC. “La empresa no se ha hecho responsable ni da la cara por ellos.

Otros no reciben el pago corres-

pondiente por el tiempo extra y quincena tras quincena ven que ese pago no llegará”, sostienen pilotos y sobrecargos.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades y a sus compañeros para detener esta práctica de la aerolínea.

Ante el caso relatado, la tripu-

lación pidió a la DGAC mostrar el supuesto permiso para exceder las horas de vuelo, o, en caso contrario, intervenga y realice las sanciones correspondientes.

Además, que Aeronáutica Civil evalúe los conocimientos de Adán Antonio Solares respecto a la NOM de Fatiga 117-SCT3-2016.

5 mil 240 mdp a partidos para 2020, avala comisión del INE De la redacción Ciudad de México (apro)

Un monto total de 5 mil 239 millones mil 651 pesos, relativo al financiamiento público para 2020, será distribuido entre los siete partidos políticos nacionales con registro, acordó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE).

El secretario técnico de la Comisión, Patricio Ballados, explicó que el financiamiento que se otorga a los partidos políticos está basado en la fórmula que establece la Constitución Mexicana y el mismo se divide en cuatro rubros: actividades ordinarias, actividades específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas.

En el rubro de actividades ordinarias, cuyos montos son los más significativos, Morena ($1,653,944,795) tendrá casi el doble de recursos que sus oponentes: PAN ($908,790,729)

y PRI ($856,063,024). Incluso, sumados, ambos partidos apenas superan en poco más de 100 millones de pesos al partido que llevó a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador.

Los cuatro partidos restantes que tendrán montos de mayor a menor son: PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano y PT. En el desglose de la Comisión del INE aparece un rubro denominado “Monto por destinar para el liderazgo político de las mujeres”, que en total suma 149 millones 665 mil 947 pesos.

“El Consejo General calculará la bolsa de financiamiento anual tanto para la prerrogativa postal como telegráfica y las distribuirá inicialmente entre los siete partidos políticos nacionales y, de forma previsora, se reservará para el segundo semestre, un importe a fin de hacer frente a la atribución que tiene la autoridad electoral de garantizar la franquicia

telegráfica y la franquicia postal a los nuevos partidos políticos que, en su caso, lleguen a obtener el registro”.

La Comisión detalló que, en el supuesto de que se otorgue el registro a nuevos partidos políticos nacionales y una vez que se tenga certeza de su número, el Consejo General deberá

redistribuir la cifra reservada para el segundo semestre a todos los partidos políticos nacionales a partir del mes de julio y hasta diciembre de 2020.

“En caso de que no se otorgue el registro a partido político alguno, se mantienen los montos indicados”, indicó el INE en un comunicado.

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ONU-DH descarta participación de agentes federales en la muerte de migrante en Coahuila Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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a Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) descartó que integrantes de cuerpos de seguridad federal hubieran participado en el operativo realizado en Saltillo, Coahuila, donde el pasado 31 de julio cayó abatido un migrante centroamericano, frente a su hija de ocho años.

En un comunicado de prensa, la ONU-DH desestimó la versión inicial del director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl, quien sostuvo que la tragedia ocurrió durante un operativo para detener a migrantes, instrumentado por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y elementos de la Fiscalía General de Justicia de Coahuila.

De acuerdo con la representación de la ONU, el pasado viernes 2, personal de su oficina se trasladó a Saltillo para “documentar las circunstancias de la muerte del señor Marco Tulio Perdomo Guzmán, migrante de nacionalidad hondureña”, de quien en un principio la Casa del Migrante

Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

A dos meses de haber entrado en vigor la Guardia Nacional, el general Francisco Gallardo alertó sobre una “espiral de violencia” más grave de la que se hubiera desatado sin la creación de ese organismo de seguridad.

Además, dijo, su existencia violenta la Constitución y el Estado de Derecho.

En conferencia de prensa para anunciar la próxima resolución de un amparo contra las modificaciones constitucionales para crear la Guardia Nacional, Gallardo Rodríguez sostuvo que los cambios legislativos “rompen la estructura de defensa nacional y de seguridad del Estado mexicano”.

En ese sentido, lanzó un cuestionamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión y a los congresos de los estados: “¿Cómo pueden encaminarse a resolver los temas de seguridad o inseguridad que vive el país, violando la Constitución y el Estado de Derecho?”.

Miembro de la asociación civil Mexicanos Unidos, el general Gallardo agregó que, “lejos de resolver un asunto de seguridad, el actual gobierno, que llega con una fuerza legítima a

reservó su nombre y únicamente lo identificó como originario de El Salvador.

El organismo internacional precisó que recabó información de “diversas fuentes” para documentar el caso, y obtuvo testimonios de “las personas migrantes que se encontraban con el señor Perdomo Guzmán, otros testigos presenciales, defensores de derechos humanos que acompañaron a la víctima, la Policía Federal y autoridades estatales, incluyendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General del estado de Coahuila”.

Tras señalar que su personal visitó el lugar de los hechos, la ONU-DH

concluyó que la muerte del migrante hondureño “habría sido consecuencia del uso de la fuerza letal por parte de personal de la Fiscalía General del estado de Coahuila, que realizaba un operativo” que “no tenía por objeto la realización del control migratorio y las personas migrantes no serían personas de interés en el mismo”.

Según la información recabada, “pudo comprobar que no hubo participación de autoridades federales en la zona durante el momento de los hechos”.

Y recomendó a las autoridades de Coahuila “conducir la investigación de conformidad con el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de

Muertes Potencialmente Ilícitas”, ante los indicios de que el fallecimiento del migrante derivó del “uso de fuerza letal por parte de funcionarios públicos”.

Asimismo, recomendó que las indagatorias sean conducidas “a la luz de la nueva Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, particularmente en lo referente a la aplicación de los principios de uso de la fuerza y planeación de operativos”.

La ONU-DH anunció que continuará con su labor de documentación en este caso “con miras a contribuir a los esfuerzos de las autoridades para esclarecer las circunstancias en las que tuvo lugar la muerte del señor Perdomo Guzmán”.

La versión de la ONU-DH coincide con la que dio a conocer el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, el domingo 4, al notificar la detención del agente Juan Carlos “N”, quien formaba parte de la Agencia de Investigación Criminal y el 31 de julio participó “en un operativo relacionado con la localización de personas dedicadas a la venta narcóticos y en la que (…) no hubo participación de elementos de ninguna corporación federal”. El funcionario reconoció que el migrante hondureño era inocente.

La “espiral de violencia” se agravará con la Guardia Nacional: general Francisco Gallardo través de las urnas, va a provocar una espiral mucho más grave de violencia que la que trata de resolver. Tan es así que en los primeros seis meses de este gobierno se reporta una estadística de más de 17 mil muertes”.

De igual manera, reprochó que durante la campaña presidencial, López Obrador se comprometiera a desmilitarizar al país, pero una vez que asumió el poder, dijo, impulsó la creación de “una institución netamente militar, adiestrada, capacitada por militares”.

Prosiguió: “Lo que la mafia del poder no le pudo dar al Ejército, desde 1929 a la fecha, la Cuarta Transformación se lo dio a través de esta reforma constitucional. Tenemos una militarización constitucional”.

Considerando que un Estado democrático “tiene que ser civil, no militar”, Gallardo Rodríguez calificó como “grave” la reforma constitucional que dio lugar a la creación de la Guardia Nacional, y de ahí la relevancia de la respuesta que dé el Poder Judicial de la Federación a la demanda de amparo

interpuesta por Mexicanos Unidos.

Luego de que el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa desechó un juicio de amparo promovido por esa organización contra la Guardia Nacional, por considerar que “los legisladores violentaron los principios de integración civil, municipalidad y el carácter voluntario y no profesional” del nuevo organismo, los activistas promovieron una queja ante el Poder Judicial de la Federación, que fue turnada al Vigésimo Tribuna Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

De acuerdo con Porfirio Martínez González, en primera instancia el juez de Distrito desechó la demanda con el argumento de que “el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución de la República”.

Sin embargo, agregó, para Mexicanos Unidos “el fondo del asunto es precisamente analizar si un cambio específico y determinado al texto constitucional es o no una adición o

una reforma, (…) pero en ninguno de los casos esos cambios pueden significar un cambio sustancial o de fondo, pues no puede alterarse el sentido ontológico o finalidad de la norma”.

El activista destacó que corresponderá al Vigésimo Tribunal Colegiado esclarecer el debate de si los cambios realizados para la creación del órgano de seguridad “contravienen los principios de la Constitución de la República”.

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AMLO sentará a dialogar a empresarios, ambientalistas y afectados por la minería José Gil Olmos Ciudad de México (apro)

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l presidente Andrés Manuel López Obrador, informó sobre la instalación de una mesa de negociación para lograr un acuerdo entre empresas mineras, trabajadores, ambientalistas y pobladores afectados por la minería.

“Ya estamos hablando con todos y pronto se va a instalar esta mesa para atender todos los temas, y buscar un acuerdo en general entre todos, porque se requiere de la conciliación, ya he tenido acuerdos por separado con empresarios, con dirigentes, y estamos avanzando en ese propósito”, dijo el mandatario.

En la conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el tabasqueño se refirió en específico al caso del derrame de la mina Buenavista del Cobre en el Río Sonora que hoy cumple cinco años.

El mandatario comentó que su gobierno está trabajando en este caso, en el de Cananea y los que están pendientes.

En el caso de Sonora, detalló que se revisa qué sucedió con el Fideicomiso, si se hicieron las plantas potabilizadoras para el tratamiento de agua, cuál es el estado del agua del río, qué efectos han tenido los pobladores y cómo se ha afectado la salud.

“Esto de Guaymas, lo que tiene que ver con minas que están paradas desde hace mucho tiempo, Taxco y otras

De la redacción Ciudad de México (apro)

Las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador tienen como finalidad, entre otras, dar a conocer logros, programas, acciones y obras de gobierno, respecto de temas y cuestiones de distinta índole, por lo que no es procedente cancelarlas.

Así lo determinó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), en respuesta a la solicitud de una ciudadana, quien consideró que tales conferencias implican promoción personalizada, actos anticipados de campaña y un informe de labores fuera de los plazos previstos para ello.

En sesión extraordinaria urgente, con el voto unánime de los consejeros Claudia Zavala, Adriana Favela y Benito Nacif, la Comisión determinó no ordenar la cancelación de las con-

En la conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el tabasqueño se refirió en específico al caso del derrame de la mina Buenavista del Cobre en el Río Sonora que hoy cumple cinco años

minas, queremos llegar a un acuerdo en general. Y desde luego el acuerdo tiene que ser a partir del respeto del medio ambiente, un equilibrio, hablar de desarrollo sustentable, que no se cierre las fuentes de trabajo; hacen falta las empresas, pero que al mismo tiempo no se destruya el territorio. No es un asunto fácil, pero podemos llegar a acuerdos” confió.

López Obrador insistió que es mejor negociar y llegar a acuerdos que la confrontación.

“Si nos vamos a pasar la vida peleándonos, no resolvemos los problemas de los trabajadores, hay muchos trabajadores que están esperando liquidaciones, muchos trabajadores que están en huelga desde hace muchos años, hay minas paradas, detenidas, que significan en el caso que se reinicien los trabajos; por ejemplo, en el caso de

Taxco, significa ayudar a esa región a que se reactive la economía”, explicó.

La mesa de negociación, abundó el presidente, también incluye el rescate de los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos.

Es “todo un plan, una mesa donde queremos que estén los empresarios, que estén los trabajadores, que estén ambientalistas y desde luego todas las instituciones del gobierno federal, todas las dependencias”, subrayó el jefe del ejecutivo.

En su conferencia López Obrador, volvió a acusar al exresidente Felipe Calderón de haber entregado 26 millones de hectáreas para la explotación minera a empresas particulares, nacionales y extranjeras, las cuales son usadas para negociar en el mercado financiero más que para la explotación.

“Yo les comentaba que el general

(Lázaro) Cárdenas le entregó 18 millones de hectáreas a un millón de familias campesinas, 18 millones de hectáreas fue el reparto agrario del Cardenismo en aquel entonces para el beneficio de un millón de familias campesinas; Felipe Calderón entregó 26 millones de hectáreas para la explotación minera a empresas particulares, nacionales y extranjeras.

–¿Y cuánto de esa superficie?— se le preguntó.

–Estoy hablando de un sexenio nada más. En total, entregaron como 40 millones de hectáreas del territorio nacional.

— Pero ¿cuánto en realidad están explotando?

–Nada, muy poco, 40 millones de hectáreas para la explotación minera no se las acaban ni en mil generaciones.

— ¿Por qué tanto?

— Por la especulación, por tener los títulos y negociar en el mercado financiero. Es un poco lo que sucedía a mediados del siglo XIX con las tierras de manos muertas, porque además los derechos que pagan son muy pocos.

López Obrador destacó que durante varios años las empresas mineras no pagaron impuestos por lo extraído pero que su partido Morena logró un cambio y desde hace cuatro años ya lo hacen.

Improcedente, cancelar conferencia matutina de AMLO: INE ferencias matutinas.

Los integrantes de la Comisión concluyeron que actualmente no está en desarrollo ningún proceso electoral local o federal que pudiera verse vulnerado con la realización o difusión de las conferencias matutinas.

Por ello y tomando en consideración el formato y finalidad de las conferencias matutinas, se consideró que corresponderá a la Sala Regional Especializada pronunciarse sobre la legalidad en el modelo de comunicación utilizado por la Presidencia de la República y si esto implica una contratación y/o adquisición indebida de tiempos de televisión, puntualizó el INE en un comunicado.

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Organización llama a crear una Ley de Amnistía para mujeres De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

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a organización AsiLEGAL llamó al Ejecutivo federal a elaborar una Ley de Amnistía que beneficie a mujeres procesadas y sentenciadas por ser dependientes del consumo de drogas o acusadas de homicidio en razón de parentesco, delito que en muchas ocasiones se refiere al aborto.

En un posicionamiento público, la organización señaló que México es un país donde las mujeres pagan con cárcel el haber sufrido partos o abortos fortuitos. Como ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que de enero a junio de este año se registraron 320 carpetas de investigación por el delito de aborto.

Las mujeres que abortan también son condenadas por el delito de homicidio, y enfrentan penas excesivas de hasta 40 años de prisión. En opinión de AsiLEGAL, el Estado no cumple su papel de garante en materia de salud sexual y reproductiva, por el contrario, criminaliza a las mujeres que sufren emergencias obstétricas o que han sido víctimas de actos u omisiones que se traducen en violencia obstétrica por parte del personal de salud.

Los procesos penales de estas mujeres reflejan las excesivas y desproporcionadas cargas que la sociedad, y los operadores del sistema de justicia imponen sobre ellas. Los reproches de fiscales, jueces y defensores por no

De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó el derecho de las mujeres y niñas víctimas de violación sexual a interrumpir un embarazo sin necesidad de interponer una denuncia penal o tener autorización judicial para realizar el procedimiento; basta con presentar una solicitud por escrito en los servicios de salud públicos, bajo protesta de decir verdad.

En sesión en el pleno este 5 de agosto, con ocho votos a favor y tres en contra, las y los ministros desecharon dos controversias constitucionales (53/2016 y 45/2016) promovidas contra la NOM046-SSA2-2005 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres” (NOM 046), que en 2016 entró en vigor en todo el país para eliminar el requisito de presentar una denuncia penal en casos de violación para acceder al aborto.

Las controversias promovidas por el Ejecutivo del estado de Baja California y el Legislativo de Aguascalientes alegaban que las modificaciones a la NOM-190-SSA1-1999 para crear la NOM 046, no cumplieron con los requisitos previstos en la Ley Federal

haber otorgado el cuidado “debido”, por no haber llevado su embarazo a término, o por falta de conocimiento de sus propios estados de embarazo, son argumentos comunes en los procesos llevados en su contra.

Para la agrupación la normalización de la violencia estructural e institucional contra las mujeres agrava su situación, ya que socialmente persiste la visión naturalizada de la maternidad. La concepción de la maternidad como “deber natural” ha implicado que su “incumplimiento” sea una fuente de criminalización que al trascender al ámbito jurisdiccional se ha proyectado en el hecho de la imposición de penalidades severas, como las previstas para el homicidio.

El pasado 31 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pidió a la ministra en retiro y actual secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero y al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, analizar la posibilidad de presentar una iniciativa para crear

una ley de amnistía durante el próximo periodo de sesiones del Congreso, que comienza en septiembre.

La idea de crear una ley de amnistía surgió en la campaña presidencial de Obrador, enfocada en presos políticos, pero el mandatario ha reconocido la necesidad de ampliar a personas en contextos de pobreza, de la tercera edad, enfermas o mujeres presas por delitos menores. “Me hicieron llegar un expediente de más de tres mil mujeres presas que no tienen por qué estar en la cárcel”, explicó la semana pasada.

En el Senado, por otra parte, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Zepeda Hernández, presentó una propuesta de Ley de Amnistía en favor de las mujeres presas por el delito de aborto.

CRIMINALIZACIÓN DE LAS ADICCIONES AsiLEGAL explicó que la mayoría de los casos que acompaña son de mujeres que enfrentan severos pro-

blemas de adicciones y que se encuentran en contextos graves de violencia.

El problema comienza desde que las autoridades estatales no conciben a la adicción como una enfermedad, a pesar de que ya es reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La situación empeora si se considera la falta de políticas públicas en materia de salud que reconozcan esta situación como un problema de salud pública, pues en lugar de otorgar la atención para enfrentar este tipo de enfermedades, se implementa una política punitiva de encarcelamiento masivo.

Lo anterior, añadió la organización, se agrava cuando se trata de mujeres.

Esto en virtud de que ellas deben enfrentar estigmas por tener problemas de adicciones, rompiendo con la concepción social imperante de que las mujeres son “buenas” y “puras”. Todo esto crea las condiciones idóneas para crear un sistema de justicia que criminaliza de forma sistemática y generalizada a estas mujeres.

En el marco del programa Juntos por la Paz, anunciado el 2 de agosto por el presidente López Obrador, que pretende desde la Subsecretaría de Salud la resignificación de las adicciones como un tema de salud pública en aras de acabar con la criminalización de la drogodependencia, AsiLEGAL consideró pertinente una Ley de Amnistía que contemple devolver la justicia a las mujeres que ya están privadas de libertad criminalizadas por enfrentar esta enfermedad.

Suprema Corte confirma derecho al aborto sin denuncia en casos de violación de Metrología y Normalización para modificar una norma de este tipo.

Además, argumentaron que la Secretaría de Salud (Ss) invadió competencias de los gobiernos estatales porque sólo las entidades pueden legislar en materia de aborto.

Las y los ministros determinaron que con la modificación en 2016 a dicha Norma Oficial no se pretendió crear nuevos requisitos o procedimientos, sino únicamente se buscó ajustar la normativa con la Ley General de Víctimas, publicada tres años antes y que facilitaba el acceso de las mujeres y niñas al aborto cuando hayan sido víctimas de violación sin autorización del Ministerio Público.

Con ello la Suprema Corte ratificó los derechos de las mujeres y la atención integral que los servicios de salud pública deben garantizar a las víctimas de violación sexual de acuerdo con la NOM 046: para acceder a la interrupción del embarazo sólo será necesaria la previa solicitud por escrito bajo pro-

testa de decir verdad; y en el caso de niñas menores de 12 años, la solicitud se realizará con el acompañamiento de su padre y/o madre, o a falta de estos, de un tutor; y el personal de salud que participe en el procedimiento de aborto no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante.

El proyecto, a cargo del ministro Mario Pardo Rebolledo, planteó invalidar la NOM 046, por lo que el asunto tuvo que returnarse a uno de los ministros de la mayoría, quien deberá hacer otro, en el sentido de avalar la norma impugnada.

La NOM 046 tiene origen en el caso de Paulina, una niña de 13 años de edad, de Baja California, quien en el año 2000 fue víctima de violación sexual, pidió abortar y se le negó este derecho.

Dos años más tarde el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno mexicano firmó un acuerdo en el que se comprometió a actualizar la entonces NOM-190-SSA1-1999.

Con las modificaciones hechas en 2016 la NOM-190-SSA1-1999 quedó como la NOM 046, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de ese año.

Sin embargo, la negación al derecho a interrumpir un embarazo producto de una violación como le ocurrió a Paulina sigue siendo documentado por las organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) entre 2009 y 2016 se interpusieron 111 mil 413 denuncias por violación en México; en contraste, en el mismo periodo el sistema de salud sólo reportó haber realizado 63 abortos legales por la causal de violación.

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UN GOLPE SUAVE Fabrizio Mejía Madrid

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l debate público mexicano ha caído en el uso de ciertas palabras que sirven de tapadera de nuestras verdaderas contradicciones. El “estado de derecho” oculta las injusticias con su sola mención. La “democracia”, las desigualdades y los niveles de violencia que viven sus ciudadanos. La “tolerancia” aparece como indiferencia funcional. Son el barril sin fondo de lo insustancial, de la retórica del opinionismo que se escuda en otra palabra –“libertad”– para hacer pasar como juicio lo que, la mayoría de las veces, es sólo una simple reacción, cuando no un desahogo. Este abuso de palabras sin sustancia ni intensidad encubre una violencia de intenciones que la semana pasada se dejaron sentir.

Pongo un ejemplo entre muchos: un exfuncionario anticorrupción del gobierno fallido de Felipe Calderón escribió que su “esperanza” es que los malos resultados del lopezobradorismo lleven al caos y que de ese desorden emerja una “restauración” del antiguo régimen. En el vacío, esa “esperanza” proyecta terrores más propios de un personaje de Los demonios de Dostoievski, que de un autonombrado “asesor anticorrupción”.

El miedo detrás de los llamados al caos –donde las mentiras, las exageraciones, los insultos forman parte de la party del apocalipsis– es hacia un país que es mucho más que las bodas y las inauguraciones de los hoteles boutique de la revista Quién. Los mexicanos ahora son morenos, son pobres, son “ninis”, pero también académicos de las universidades públicas. Ese país merece ser destruido, así sea mediante la mala leche encubierta en palabras insustanciales. Ya no hay porqués; el absurdo es el punto de partida: ¿por qué no? La nueva oposición de derecha nos había mostrado su ideario con el fallido gobierno de Felipe Calderón: se puede aniquilar todo sin defender nada; el crimen no es un “efecto colateral” sino su propuesta de sociabilidad. Se encubre en la palabra “estado de derecho” pero se expresa como golpe de Estado. Como decía la canción, “en el caos no hay error”.

En el nuevo documental de Carlos Mendoza y Canal 6 de julio En nombre de la libertad se habla de esta crítica –que en realidad es la difuminación de rumores con tintes de paranoia– como desestabilización de las sociedades que optaron por cambio de régimen en América Latina: Brasil, Honduras, Argentina, Venezuela. De acuerdo con la investigación, primero se corren rumores usando las redes, después se crea la idea de una carestía, se responsabiliza al gobierno

por incompetente y, finalmente, se judicializan casos en contra de los gobernantes para que caigan.

Se usan, entonces, las palabras insustanciales que encubren el golpe de Estado blando: el gobierno es antidemocrático, no hay estado de derecho, es intolerante, incompetente y corrupto. Hay en marcha una estrategia de desestabilización basada en la desinformación, pero será tan exitosa como la Operación Berlín y su ridícula frase “ahí vienen los rusos”, mientras continúe la aprobación hacia el cambio de régimen que ha sido, según mi perspectiva, una inclusión de más personas en la modernización.

Pero todo esto tiene que ver con el uso que le damos a las palabras, de recuperar su capacidad de sentido y de sentir. Si la nueva estrategia de la oposición de derecha es que su fuerza ya no es construir una propuesta alternativa a la de la izquierda, sino sólo dañarla, la acompañarán de la exaltación de un tipo de ciudadano que le tiene miedo a cualquier cambio, así sea sólo en el discurso. A una oposición que ya no le importa dañar todo, le corresponde su perfecto doble que tiene miedo al cambio y que prefiere esperar que “ojalá no pase nada”; que “no sabe qué pensar” pero se adelanta a sospechar.

La despolitización que nos acarreó el Partido Único y la ideología neoliberal también está en el ciudadano que, hasta por una moda llamada “neutralidad”, está predispuesto a la sospecha más que a la crítica, que implica recabar información, desmenuzar los procedimientos por los cuales se establece una verdad. La sospecha se vendió como una marca de la inteligencia más ramplona: si no sospechas, apoyas. Entre las patas se queda la crítica, como ejercicio iluminador, no destructor. Y el apoyo se asimila a simple obe-

diencia. Por eso, publicar que un presidente electo es un “dictador” puede parecer muy crítico, cuando, en realidad, es sólo una forma de plegarse al escepticismo de la élite, que sí tendría razones monetarias y culturales para ir en contra de la transformación. La sospecha siempre es negativa, por supuesto, pero, a diferencia de la crítica, su interés es punitivo: castigar el pensamiento, no hacerlo más rico y complejo. Por eso, la idea de la oposición de derecha es decir que todos son igual de corruptos, mentirosos, demagogos. Eso reduce la complejidad, propia de la crítica, y hace de la sospecha lo que no requiere demasiada información –tan sólo un indicio– para ser justificada. La predisposición de la derecha a la desconfianza está sustentada en sus propios gobiernos fallidos. ¿Por qué ahora debería ser distinto? Confiar es de tontos.

Los 30 millones de electores se han equivocado o se autoengañan porque son ignorantes, ha sido hasta ahora el lema de los perdedores comiciales. La sospecha sobre sus connacionales funciona –al contrario de la crítica que busca cavar en las profundidades de un hecho– como un distanciamiento. No se dedica a profundizar sino a distanciarse por medio de la banalidad; hasta los zapatos sin bolear o el botón mal puesto han sido motivo de “crítica”. La superficialidad es un arma del golpismo desde siempre: el llamado a un linchamiento empieza por señalar la “anormalidad” del otro. Se le reduce a una característica que casi siempre lo deshumaniza. “Es un Mesías”, dijo el vocero, “crucifíquenlo”. Está loco, enfermo, los ha engañado y ustedes son estúpidos por no sumarse a la desconfianza, que es patrimonio de los inteligentes.

“Nos han quitado la libertad”, sostiene una señora de Las Lomas

en el documental de Canal 6 de julio. ¿A qué libertad se refiere, si los siete meses de la 4T no han sido sino una ampliación de los métodos más simples de supervivencia hacia los sectores violentamente excluidos en los últimos 36 años?

El poder no es algo, sino una relación con ciertas formas de visibilizar, enunciar y, finalmente, de construirnos en sujetos-sujetados. ¿Qué de lo hecho en medio año por el nuevo gobierno ha implicado un nuevo dispositivo de control? Sólo el de la corrupción. La señora sólo puede referirse a la libertad de hacer negocios ilegales, evadir impuestos, moverse en los circuitos familiares donde las leyes se les aplican sólo a los que no tienen dinero para pagar un abogado influyente, a un juez permisivo. Este poder no es el mismo del de Salinas o Calderón, emanados de un fraude electoral y cuyas medidas de fuerza sólo se pueden explicar por la falta de su legitimidad. En ausencia de soberanía, sólo hay disciplina. Por eso, “estar contra el poder” es tan insustancial como “estado de derecho”. ¿Qué poder? ¿Qué relación de servidumbre se enfrenta? ¿Qué libertad de hacer es la que le quitaron a la señora de Las Lomas? No lo sabemos porque sus palabras no hacen resonar ninguna realidad.

Al usar la sospecha y la banalidad, la oposición de derecha ha dejado de usar el lenguaje como expresión del intelecto y de la verdad. En la superficie, todo es insustancial: la libertad ahora puede ser cualquier cosa, sin significar nada. La “realidad” de algunos opinólogos sólo es interpretación, de igual forma que es, para los economistas neoliberales, algo dentro de un sistema axiomático cerrado, sin que guarde relación con datos de la experiencia, es “calificación económica”. El lenguaje ha perdido en el debate público actual su capacidad de ser un camino a una verdad demostrable. La suma de complejidades, contradicciones, profundidades que puede explicarse con palabras ha disminuido notablemente a favor de lo reducido, lo superficial, la reacción inmediata sin más información que el puro gusto/disgusto. En su célebre ensayo sobre el abandono de la palabra, George Steiner escribe: “La bestialidad y la mentira hacen estragos en la lengua cuando ésta se separa de las raíces de la vida moral y emocional, cuando se ha osificado con los tópicos, las definiciones acríticas y las palabras inútiles; el abandono de la vitalidad y la precisión es su muerte”.

Y, como él mismo advertía en el no lejano 1961, se nos dice que, en un principio fue la Palabra, pero no sabemos qué fue de ella al final.

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VULNERABILIDAD CRECIENTE FRENTE A ESTADOS UNIDOS Olga Pellicer

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a visita del canciller Pompeo a México, de camino hacia otros países de América Latina, se esperaba con inquietud.

Se cumplían los famosos 45 días fijados para evaluar el resultado de los compromisos asumidos por México en Washington el pasado 7 de junio en materia de migración.

No fue sorpresivo que el canciller de Trump se declarara satisfecho con los esfuerzos mexicanos en ese ámbito. Tampoco fue sorpresivo que fuera evidente su indiferencia para tratar otros temas, de interés para México, que Ebrard quiso introducir en la conversación.

No hubo un comunicado conjunto. Lo que pasó, aparte de declaraciones generales de Pompeo sobre los buenos vecinos que somos, se deduce de declaraciones de Ebrard. En ellas dio a conocer los puntos que México introdujo en las pláticas: conveniencia de abordar conjuntamente el problema del tráfico de armas hacia México que tiene como principal destinatario al crimen organizado; necesidad de revisar medidas que entorpecen las exportaciones de productos perecederos mexicanos, en particular el jitomate; el destino de los bienes incautados al narcotraficante Chapo Guzmán.

Sin embargo, una cosa es colocar un tema en la conversación y otra, muy distinta, que el interlocutor se entusiasme y asuma compromisos al respecto. Pompeo no hizo ningun pronunciamiento sobre los temas colocados por Ebrard.

El único resultado concreto fue que México mantenga sus actividades para contener a los migrantes que buscan llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

Las acciones de la Guardia Nacional, persiguiendo y deteniendo

migrantes en las fronteras norte y sur, han dado resultados en el número de deportaciones desde México (50% más) y disminución de los centroamericanos detenidos por las autoridades estadunidenses (36% menos). Pero el capítulo no se ha cerrado. Pompeo simplemente postergó por otros 45 días la evaluación de la estrategia mexicana.

La amenaza de aplicar aranceles generalizados y progresivos o exigir la firma de un acuerdo para ser tercer país seguro sigue presente.

Por lo que toca al apoyo para el desarrollo integral de Centroamérica, respecto a lo cual se tenían ciertas esperanzas según declaraciones de Ebrard unos días antes, el tema fue ignorado. También lo fue en el encuentro que tuvo Pompeo al día siguiente con el presidente de El Salvador. Es muy evidente que Estados Unidos bajo el gobierno de Trump no colaborará en el proyecto elaborado por la Cepal.

Así, transcurrido un primer tramo de relaciones del gobierno de AMLO con Estados Unidos, se puede advertir que México se encuentra con posibilidades escasas para resistir presiones que, seguramente, cobrarán mayor fuerza en los próximos meses. Está pendiente la ratificación del T-MEC, hay amenazas constantes sobre deportaciones masivas de mexicanos que trabajan sin documentos en Estados Unidos; es imposible pensar que Trump ha cambiado y no golpeará a México si esto le es útil para mantener y ampliar su base electoral.

Para nuestro país, contener las migraciones que atraviesan el territorio para llegar a Estados Unidos será cada vez más difícil y doloroso.

Afecta la política interna por los sentimientos xenófobos que despierta entre la población (imposi-

ble evitarlo cuando las carencias de la mayoría dejan poco margen para la generosidad); provoca fisuras entre los militantes de Morena, como se advierte en las posiciones de miembros tan importantes en el Congreso como Porfirio Muñoz Ledo, y obliga a tomar responsabilidades financieras e institucionales que México no está en condiciones de enfrentar, pues no existen ni las capacidades ni el contexto político para manejar exitosamente el fenómeno, menos aún dentro de los tiempos y bajo las presiones que coloca el gobierno de Estados Unidos.

Durante los últimos 45 días, paralelamente a los esfuerzos de la Guardia Nacional, han empeorado las condiciones para contener a los migrantes. Su número aumentará por dos motivos: En primer lugar porque Trump ha decidido de manera unilateral, y contrariamente a lo que dictan las leyes en Estados Unidos, negar atención a quienes solicitan asilo si han atravesado por un tercer país (por ejemplo México) donde deberán solicitarlo.

En segundo lugar, porque el número de migrantes que esperan en México la respuesta de un juez estadunidense a su solicitud de asilo crece de manera exponencial en las ciudades fronterizas como Tijuana, Reynosa, Piedras Negras y Ciudad Juárez. Finalmente, conocedores del tema migratorio han señalado que tal fenómeno no se detiene abruptamente. Puede haber un descenso momentaneo debido a medidas disuasorias como la presencia de la Guardia Nacional, pero si los motivos por los que huyen los migrantes no se reducen, el movimiento recobrará su vigor por divesos caminos.

La única manera de incidir a largo plazo sobre el número de

migrantes que desean llegar a Estados Unidos es reducir los factores de expulsión que operan desde los países mismos. En el caso del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) se trata de la violencia y falta de oportunidades económicas.

No es imposible integrar un grupo amplio de países donantes, organismos internacionales y asociaciones civiles que cooperen en una gran cruzada para romper el círculo de pobreza, violencia y consecuente deseperación y deseos de huir que hoy reina en esos países de Centroamérica. Asimismo, es posible imaginar un programa de integración de un porcentaje significativo de migrantes en actividades productivas en México.

Ahora bien, uno u otro propósito requieren tiempo, estrategias muy bien pensadas, grupos interdisciplinarios de expertos estudiando con gran cuidado las medidas a tomar, las evaluaciones a llevar a cabo, el cabildeo para asegurar ayudas financieras y compromisos con grupos de la sociedad civil.

Entre otras cosas, es urgente aumentar los recursos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Extender apresuradamente a El Salvador un programa de reforestación agrícola, cuyo éxito todavía está a prueba, haciendo caso omiso de programas que ya existían coordinados desde la Agencia Mexicana de Cooperación, es una acción de costos muy altos y efectos inciertos.

El clima político en México no da espacio para acciones menos atropelladas. A su vez, la política interna de Estados Unidos incita a Trump a pedir que su vecino cumpla misiones imposibles. En ese fuego cruzado, México se encuentra cada vez más vulnerable.

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L

os operativos para desarticular o, al menos, mermar la presencia de organizaciones sociales y campesinas, caracterizadas por el uso de la violencia en Chiapas, han alcanzado finalmente al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) que durante años ha sido protagonista de innumerables denuncias por bloqueos carreteros y despojos bajo la omisión e ineficacia gubernamental.

Aunque en la zona centro de la entidad el FNLS no es tan popular como el Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), en las regiones Altos, Sierra y Selva de Chiapas es un viejo conocido.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo cuenta con presencia efectiva en al menos seis entidades del país y varios años de actividad en Chiapas.

La formación de comunidades afines en municipios como Ocosingo y Venustiano Carranza han hecho de dicha organización un movimiento de permanente resistencia en la entidad. Su presencia en bloqueos y retenes carreteros dentro de sus zonas de injerencia, así como las denuncias por despojo o apropiación ilegal de tierras, se han convertido en una constante durante los últimos años.

A decir de la propia organización,

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EN LA MIRA Héctor Estrada

EL FNLS y la aplicación del Estado de Derecho en Chiapas

la mesa de diálogo con el Estado se rompió de manera abrupta desde 2008, durante el gobierno estatal de Juan Sabines Guerrero y la administración federal de Felipe Calderón Hinojosa. Desde entonces los episodios de protestas y enfrentamientos se volvieron un persistente “dolor de cabeza” para los gobiernos subsecuentes, que dejaron crecer el problema y complicaron las cosas.

Aunque los desencuentros con las nuevas autoridades han sido reiterativos, fue el asesinato de unos

de sus líderes, Mario Moreno López, ocurrida el pasado 18 de junio en el municipio de Venustiano Carranza, la gota que aparentemente “derramó el vaso”. El incremento de las acciones de protesta sobre tramos carreteros y el despliegue de la Guardia Nacional para desarticular el conflicto terminaron por estallar un problema a mayor escala.

La tensión en las inmediaciones de la comunidad Río Florido, del municipio de Ocosingo, desembocaron en el “secuestro” de cinco po-

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licías y varias unidades de empresas privadas, algunas de ellas incendiadas a mitad de carretera para evitar el avance de operativo. Desde entonces la situación se ha vuelto aún más tensa, con una mesa de diálogo que no termina de consolidarse y elementos de seguridad que todavía no han podido regresar a casa.

Si bien los principios que dan origen y sustento al movimiento resultan legítimos (en exigencia de justicia social), de manera similar a lo sucedido con otras organizaciones afines, han sido las formas y procedimientos del FNLS los que han mermado su credibilidad y empatía social. Se trata de una organización socialista, que ha decidido conducirse al margen de la ley, cargada ya de bastante rechazo social fuera de sus militancias.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo se encuentra hoy en una de sus mayores encrucijadas dentro de Chiapas. Se enfrenta con un gobierno dispuesto a aplicar el Estado de Derecho sin miramientos, con ejemplos recientes como lo sucedido con el MOCRI, los estudiantes de la Escuela Rural Mactumactzá y la CNTE, que han enfrentado el final de las “complacencias gubernamentales”. Habrá que estar atentos a este caso cuya ruta de salida parece bastante adivinable… así las cosas.

LEY BONILLA, PRUEBA PARA LA CORTE DE ZALDÍVAR ANTE LA 4T

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a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su presidente, Arturo Zaldívar, tendrán antes de que acabe el año su verdadera prueba ante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y la división de Poderes.

La decisión del Congreso de Baja California de ampliar de dos a cinco años el periodo de del gobernador electo Jaime Bonilla, del oficialista Morena, será la piedra de toque para saber de que está hecho el grupo que actualmente controla a la Suprema Corte, con Zaldívar a la cabeza.

Llamó la atención que el ministro presidente eludiera el tema el 1 de agosto, cuando inauguró el segundo periodo judicial y dio a conocer la agenda del máximo tribunal para lo que queda del 2019.

Zaldívar evitó el tema a pesar de que, durante el periodo de receso, los dos ministros designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Yasmín Esquivel y Juan Luis González, desecharon dos controversias constitucionales interpuestas por los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali contra la

Jorge Carrasco Araizaga

llamada Ley Bonilla aprobada por los congresistas bajacalifornianos.

El argumento fue que el acto legislativo aún no estaba concluido, pues la ley no ha sido sancionada por el ejecutivo. El gobernador saliente, el panista Francisco Vega, anunció que publicará la ley “bajo protesta” sólo para allanar la procedencia de las controversias y acciones constitucionales en contra de la ampliación del mandato del morenista.

Aunque se esperan impugnaciones de otras legislaciones de interés para Morena como la llamada Ley Garrote, aprobada en Tabasco, por donde pasará el Tren Maya y se construirá la refinería Dos Bocas, la de Baja California pondrá a prueba

el equilibrio de poderes en México bajo la llamada 4T. La controversia no solo tiene que ver con la transgresión a la soberanía de los ciudadanos que votaron a un gobernador para dos años, sino con el freno que el Poder Judicial de la Federación, desde el máximo tribunal, puede poner a actos contrarios a la Constitución por parte del partido oficial y que implican directamente al ejercicio del poder por parte del Ejecutivo, en este caso estatal.

En 2017, la SCJN estableció un precedente que puede ser utilizado por quienes en el máximo tribunal le quieran dar la razón al partido en el poder.

En junio de ese año, avaló la am-

pliación del mandato a cuatro de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ese beneficio había sido aprobado en octubre de 2016 por una mayoría en el Senado del PRI y el PAN, y en diciembre siguiente por la Cámara de Diputados.

Los legisladores de Morena y del PRD perdieron entonces la votación, pero el caso llegó a la Corte por acciones de inconstitucionalidad promovidas por esos partidos.

Ahí, por apenas un voto, el máximo tribunal le dio validez constitucional al aumento del periodo de los magistrados.

Entre quienes votaron en contra estuvo el ahora presidente de la Corte. El argumento de quienes pretendieron la anulación fue que el Congreso estaba violando la independencia del Poder Judicial.

Si Zaldívar mantiene su criterio, podría votar en congruencia ante una situación similar que ahora beneficia a Morena. Por ser colegiadas, las votaciones no dependen solo del presidente de la Corte, pero en este caso el ministro presidente dejará en claro, ante la opinión pública, su posición ante la 4T.

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Miércoles 7 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER

EN CHIAPAS

CÓMO (NO) CRECER AL 4% ANUAL Rafael Croda

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o primero que habría que decir sobre las políticas económicas que desarrollaron los gobiernos mexicanos que, entre 1982 y 2018, se alinearon con el Consenso de Washington –un eufemismo que hace referencia al modelo de mercado y apertura comercial indiscriminada— es que, por más que se esmeraron en aplicar el recetario neoliberal, no produjeron crecimiento.

Los 36 años que abarcaron los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, la economía mexicana creció a una tasa promedio anual de 2.4% y el ingreso per cápita apenas lo hizo a un ritmo de 0.8% cada año, cifras raquíticas para el tamaño de los desafíos sociales del país.

Tanto los mandatarios priistas como los panistas aplicaron el modelo abalado por el Consenso de Washington al pie de la letra. Unos y otros se esmeraron en crear “confianza, certidumbre y reglas claras” para los inversionistas; privatizaron todo lo que pudieron y desmontaron gran parte del sistema de subsidios de los gobiernos que los antecedieron.

También apostaron por una apertura comercial a fondo que quebró a varios miles de productores agrícolas y a pequeñas y medianas empresas.

Y no sólo el saldo económico fue decepcionante. El saldo social fue vergonzoso: en 1981, año en el que de la Madrid asumió como presidente, el 48.5% de la población vivía en la pobreza. Dos décadas después, en 2001, el primer año del gobierno de Fox, el porcentaje de mexicanos pobres era similar (48.8%). Fueron dos décadas perdidas en materia social.

El sexenio de Calderón, que fue el de peor desempeño económico en la historia moderna de México después del de De la Madrid, con un crecimiento anual promedio de 2.16%, comenzó con un índice de pobreza de 37.3% y acabó con un 44.4%.

Además, durante el gobierno de Calderón los homicidios aumentaron en 102% con relación al de su predecesor, Vicente Fox. Su fallida guerra contra el narcotráfico dejó 121 mil 613 asesinatos y 24 mil 956 desaparecidos, según datos del Inegi y del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).

Peña logró lo que parecía imposible: superar el saldo en víctimas de su antecesor panista. También dejó tres millones de pobres más y un crecimiento económico de apenas 2.4% anual en promedio.

Es evidente que durante los 36 años de los gobiernos que se plegaron al Consenso de Washington México captó inversiones, se convirtió en una potencia exportadora, hizo lo posible por satisfacer las expectativas de los empresarios –hasta reformas estructurales que se presentaron como un salto al futuro–, y que nada de eso produjo crecimiento económico y desarrollo social.

Fox prometió que su sexenio crecería 7% al año y se quedó en la tercera parte de esa cifra (2.3%). Peña prometió una expansión entre 5% y 6 % anual y no llegó ni a la mitad.

Parece claro que si alguna enseñanza dejó el modelo de desarrollo económico que priistas y panistas aplicaron durante más de tres décadas es que no funciona para crecer a las tasas que requiere México para abatir los altos niveles de inequidad social que arrastra el país como un lastre.

Es apenas natural que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya propuesto cambiar ese modelo ineficiente, al que responsabiliza, además, de alentar la corrupción públicoprivada y la violencia.

Junto con su propuesta de cambio, el presidente prometió que la economía mexicana crecería 4% cada año, en promedio, durante su sexenio.

En este primer año no lo va a lograr.

Todas las proyecciones de organis-

mos multilaterales y de especialistas coinciden en que el Producto Interno Bruto (PIB) de México registrará un crecimiento de apenas 1% este año, menos de la mitad del promedio de los gobiernos del Consenso de Washington y tres puntos por abajo de la promesa del presidente.

Hay factores internos –como la cancelación de las obras del aeropuerto de Texcoco, el plan de austeridad y el subejercicio presupuestal– y externos –como la incertidumbre que genera la guerra comercial entre Estados Unidos y China y las represalias comerciales que Donald Trump amaga imponer a México si no coopera como él quiere en el tema migratorio– que inciden en la desaceleración de la economía mexicana.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mexicana Alicia Bárcena, una funcionaria que goza de credibilidad y respeto en la región, considera que la agenda de transformaciones de López Obrador requiere tiempo para comenzar a producir resultados y hace notar que el presidente apenas lleva ocho meses de gobierno (Proceso 2231).

También cree que las inversiones en la refinería de Dos Bocas, en el Tren Maya y en el aeropuerto de Santa Lucía comenzarán a tener un efecto positivo sobre la economía el año próximo, al igual que el paquete de estímulos por 25 mil millones de dólares que anunció la Secretaría de Hacienda el miércoles 31 de julio.

López Obrador tiene perfectamente definido, a la luz de las evidencias, que el modelo de desarrollo de sus predecesores no es el camino a seguir para el país que aspire a crecer a altas tasas y a combatir a fondo las inequidades sociales.

Lo que le falta es comenzar a demostrar, con datos duros que no admitan discrepancias, que su modelo sí sirve para cumplir esas metas.

CONTRAPODER

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Miércoles 7 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

uriosamente en la lista de varios insumos que supuestamente adquiere la Presidencia de la República no aparecen los huevos, entonces la pregunta salta aquí con qué demonios el Presidente Andrés Manuel López Obrador se come tanta longaniza, aunque afirme que “que ni al chorizo ni a la moronga azul”, le entra.

Tal parece que a Lopitos le interesa salir en las mañaneras aclarar noticias que se publican en redes sociales que a los problemas nacionales o internacionales.

De bote pronto pidió que no lo compararan con otros gobiernos, sin embargo indigna y lastima que cuando debe salir a dar la cara y protestar o mandar un mensaje de indignación como lo fue el ataque terrorista como el perpetrado en El Paso, Texas, en donde perdieron la vida ocho mexicanos, el presidente mexicano se haya quedado callado o mandar a su empleado Ebrad a hacer como siempre, el ridículo.

Es intolerable y condenable el contenido de odio que existe detrás de ese y otros actos terroristas cotidianos contra mexicanos que viven y trabajan allende la frontera norte.

Este sería el momento ideal que los mexicanos exijamos a López Obrador que se faje los pantalones y defienda a México y ponga alto al discurso amenazante y xenófobo de su homologo el presidente Trump, a quien debiera hablarle al tú por tú, no el comportamiento hasta hoy asumido de un minino, pues es sabido que todos los días alimenta el odio extremista contra migrantes latinos, y en especial, contra la comunidad mexicana. ¡Qué presidente le falta huevos”, o es usted un cobarde que no se sabe comportar a la altura de los mexicanos y como el jefe de Estado que es!

Mejor el expresidente de Estados Unidos, Barak Obama le puso el ejemplo a lopitos, luego de los dos tiroteos en Texas y Ohio que dejaron 31 muertos, al menos ocho de ellos mexicanos, al hacer un llamó a rechazar la retórica de todo líder que aliente un “clima de miedo” y normalice “sentimientos racistas”.

Ya son 22 los muertos por el ataque a tiros en un supermercado de El Paso Clarín.com Dos de los heridos de gravedad fallecieron este lunes, según informó la policía local. El asesino, que está dete...

Por ello, el presidente López debe cumplir su promesa de campaña y exigir que el presidente Trump modere su discurso y respetar a las minorías y a la ves impedir que todos los días el precandidato Trump utilice el odio racista contra los mexicanos, con fines reeleccionistas.

El presidente de México debe dejar atrás su discurso de amor y paz, ser más solidario con las causas que nos atañen, y más aún con aquellos que viven y trabajan en Estado Unidos y no solo quedarse en lamentos

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• “Lopitos” no tiene producto de gallina • La soberbia y arrogancia de Juan Sabines • Combatir la corrupción, sin simulación guajiros.

Es el momento en que Obrador se sacuda su discurso ambiguo y cobarde, que exija frenar, no sólo la venta de armas, sino el terrorismo de Estado de los racistas de Trump contra los mexicanos y que empieza por el discurso del norteamericano.

Asimismo el tabasqueño debe desprenderse de su discurso violento contra sus opositores sus críticos, a los que no se cansa de calificarlo como neoliberales, conservadores o fifis, a los que un día y el otro también los insulta, difama y calumnia.

Dice el dicho que el horno no está para bollos, pues mientras se pelea con sus opositores, muestra el pero fracaso de su gobierno, la lucha contra la violencia en México que reporta ya más de 23 mil muertes dolosas en sólo ocho meses de gobierno de Obrador.

A ello, habrá que sumarle 16 periodistas asesinados, un promedio de dos por mes, en los ocho meses del gobierno de la 4ª Transformación, de ahí que lo más aconsejable para nuestro acobardado presidente que de una vez por todas ponga freno su política de odio, de polarización y división entre los mexicanos, porque está despedazando al país.

La mafia del poder chiapaneca con Sabines

Tanto Juan Sabines Guerrero como Manuel Velasco Coello acariciaron la ambición de pretender ocupar la silla presidencial. Ambos movieron cielo y tierras para hacer posible ese sueño no solo imposible de lograr sino inalcanzable, debido a su pésima reputación y a sus graves escándalos de corrupción en impunidad durante sus administraciones, pues ambos robaron a más no poder, desfalcaron las arcas públicas y empobrecieron al estado y por ende a los chiapanecos.

Hoy escondido bajo la piedras, camuflado con las pieles de los colaboradores del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y con el suficiente poder económico, producto del saqueo al erario público durante su administración 2006-2012, con ganas de abultar su bolsillo viene por más.

Pero antes debe limpiar esa mala imagen que dejó antes de terminar su sexenio, pero aun con todo y eso, además de contar con un sinnúmero de enemigos, Sabines viene por la revancha y pretende imponer en nuevos cargos a su hijo Juan Pablo y a su esposa Isabel Aguilera.

A Sabines lo definen como un po-

lítico, arquetipo del político saltador y traidor; priista de convicción, perredista por conveniencia y panista coyuntural, a punto de subirse al partido MORENA, se refugia esa falsa y convenenciera izquierda.

Sabines ha jugado con todos y trata de engañar a todos, no tiene palabra ni da certidumbres, eso dicen sus “amigos”; un hombre de venganzas que actúa como si el dinero que repartía en medios fuera suyo.

Sabines persiguió a quien lo impulsó como gobernador, a su antecesor Pablo Salazar Mendiguchía, y lo metió a la cárcel. Salazar fue su tutor, lo impulsó y lo propuso como candidato del PRD a la gubernatura. Lo acercó al entonces líder del partido, Jesús Ortega, y lo sentó con el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador para garantizarle su respaldo. Sabines traicionó a los tres.

Luego la historia ya la sabemos, el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, estuvo preso del 7 de junio de 2011 al 12 de noviembre de 2012.

Para recuperar su libertad hubo que acceder a los caprichos de Sabines, un “pacto político” que le permitió abandonar el penal, y al menos una docena de ex colaboradores; la cancelación de órdenes de aprensión que involucraban a más de 50 personas que trabajaron en el gobierno en el periodo 2000-2006.

Hizo que Salazar se humillara, hoy pretende que se humille y le pida perdón por haber acusado a Juan Sabines de haber desfalcado al estado por más de 40 mil millones de pesos y demás delitos al activista político Horacio Culebro Borrayas, a quien a capricho de ex gobernador con la complicidad de sus ex colaboradores que están en el gabinete de Rutilio Escandón se encuentra de manera injusta en el penal de El Amate.

Por tanto, si regresa Juan Sabines a la política en Chiapas, a través de sus seres queridos, implementará una cacería de brujas y las cárceles del estado no alcanzarán, por lo que necesariamente en el 2024, volverá la política del exilio político o aplicará la frase famosa: encierro, destierro o entierro.

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Critican formas de seleccionar al comité anticorrupción

Las formas en que el Congreso de la CDME tomó decisiones fundamentales para la elección de los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción (SLA), abonan poco a la transparencia y dan espacio a la simulación, por lo cual los diputados tienen la responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad que representan, advirtió Claudia Guzmán González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de COPARMEX CDMX. “La puesta en marcha de todo el modelo operativo que permita la lucha contra la corrupción en la Ciudad debe quedar perfectamente integrado en todas sus etapas por personas con calidad humana, además de la experiencia técnica y profesional necesarias para impulsar la arquitectura institucional que cumpla con la expectativa ciudadana sobre el SLA”, opinó la empresaria.

Asimismo, recordó que desde febrero de 2017 COPARMEX, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana monitorean el avance de la reforma constitucional y de la implementación de las leyes anticorrupción. En esos indicadores, la capital muestra un avance del 85 por ciento y 75 por ciento, respectivamente.

En Chiapas la situación está peor, pues son los diputados locales quienes pretenden imponer a los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, lo cual quiere decir, que nunca funcionará.

Del Montón

Casi un cuarto de siglo de duración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue suficiente para perder la autosuficiencia alimentaria de los principales granos básicos que consume la mayoría de la población mexicana como la base de su nutrición, sostiene el investigador Saúl Martínez González, miembro del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico (CUEICP) de la Universidad de Colima (Ucol). Especialista en economía agrícola, con maestría de la Universidad Autónoma Chapingo, Martínez González dice que hasta antes del TLCAN, México era autosuficiente en maíz, frijol, trigo, arroz y otros productos básicos como oleaginosas, mientras que ahora el país es dependiente de las importaciones procedentes de Estados Unidos en trigo 85%, en arroz 73.7%, en maíz —que es el principal grano en la alimentación— en la década de los ochenta el país era autosuficiente en 91.5%, mientras que actualmente la producción nacional sólo abastece 61.8% del consumo, aumentando la dependencia hasta el 38% en la actualidad. * * * Eso es todo por hoy. Volvemos primero Dios después de unas pequeñas vacaciones.

CMAN

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Miércoles 7 de Agosto de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1705

MANIFESTACIÓN

COMUNICADO

ONU-DH descarta participación de agentes federales en la muerte de migrante en Coahuila

Estudiantes de la Escuela Normal rural Mactumactzá marchan en Chiapas contra el sistema educativo

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SESIÓN

Improcedente, cancelar conferencia matutina de AMLO: INE

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EVENTO

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DECLARACIÓN

La “espiral de violencia” se agravará con la Guardia Nacional: general Francisco Gallardo

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Fortalece UNACH su presencia en las comunidades indígenas mediante el Sistema de Educación a Distancia “La Universidad Autónoma de Chiapas quiere ser la universidad de Mitontic, de Tenejapa, de San Andrés Larráinzar y muchas comunidades más, para dar oportunidad a una mayor cantidad de jóvenes para formarse profesionalmente”, afirmó el rector Carlos F. Natarén Nandayapa, durante el acto de bienvenida al ciclo escolar agosto – diciembre 2019, de las sedes de Universidad Virtual.

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Mujeres apresadas en comunidad mixe acusan que director del INPI manipula a autoridades