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CONTRAPODER EDICIÓN 1689

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CMAN

DOXA

EDITORIAL

Se requiere que haya gobierno

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La información sobre violencia e inseguridad se apoderó de las redes sociales, donde se comparten fotos, videos e información de lo que sucede en varias comunidades, que muestran a la vez, la descomposición política y social en la entidad

En Chiapas inexplicablemente no está integrado el Consejo Estatal Agropecuario. Esto es importante para articular los distintos sistemas producto que andan sueltos. Algunos de ellos con problemas de corrupción como el sistema producto del café. El Consejo Estatal Agropecuario podría aportar los proyectos que no tiene el gobierno.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Viernes 19 de Julio de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1689

PRONUNCIAMIENTO

PROGRAMA

Inician el rescate de humedales en San Cristóbal

CNDH recibe apoyo internacional ante “lamentables descalificaciones” del gobierno mexicano Refuerzan campaña

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ACCIONES

En la primera carta, el presidente de la GANHRI reconoció que la recomendación 29/2019 detonó la andanada de descalificaciones del gobierno mexicano hacia la CNDH, integrante de la Alianza Global.

“Y si no me acuerdo, si pasó” en Tuxtla Gutiérrez

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Envían de Nuevo León a Chiapas a 100 migrantes PAG. 3

Un grupo de 100 indocumentados centroamericanos que se encontraban albergados en un campamento del municipio de Guadalupe fueron enviados hoy a Chiapas para que de ahí regresen a sus países de origen

DENUNCIA

Activista del FNLS acusa que policías lo detuvieron, torturaron y amenazaron

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HOY ESCRIBEN CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

ÍNDICE...

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Ruperto Portela Alvarado

CÓDIGO NUCÚ

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César Trujillo

EN LA MIRA

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Héctor Estrada

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LA DEFENSA PROPIA Dr. Hernán León Velasco

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CRÍTICA A LA FÓRMULA AMLO PARA CRECER Ricardo Raphael PAG. 5

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CONTRAPODER EN CHIAPAS

Viernes 19 de Julio de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL Se requiere que haya gobierno

L

a información sobre violencia e inseguridad se apoderó de las redes sociales, donde se comparten fotos, videos e información de lo que sucede en varias comunidades, que muestran a la vez, la descomposición política y social en la entidad, en la que el hartazgo y malestar de esta situación se dirige a los presidentes municipales, en el que incluso se convoca para la próxima semana a una marcha en Tuxtla Gutiérrez para exigir mayor seguridad, pero que a la vez se plantea la salida del presidente. Esta realidad contrasta con la visión de las autoridades, que consideran que todo está bien, en el que incluso el gobernador del Estado, en una reunión de evaluación de la mesa de seguridad, manifestó que vamos bien pero que se puede estar mejor. Frente a ese señalamiento, la percepción de la gente es que no vamos bien y con lo que se viene haciendo en materia de seguridad, aun y con la presencia de la Guardia Nacional, no se puede estar mejor. El gobernador del Estado tiene el derecho de mirar y expresar su propia realidad, pero

esa realidad no corresponde con la percepción generalizada de la población, en el que se considera que la inseguridad está creciendo, y con ello se acentúa la impunidad porque el sistema de justicia no funciona. Cómo mejorar las condiciones sociales de Chiapas, si en estos momento en no existe un programa estatal de seguridad, no existe un programa de fomento al empleo, no existe un programa de estímulos para el crecimiento económico y de fomento a las actividades agropecuarias, no existe un programa de salud ni de educación. En este momento lo que hay en Chiapas es un gobernante que replica lo que hace el presidente y que su apuesta es que funcionen las acciones que está emprendiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la entidad, pero esto resulta insuficiente para disminuir los problemas de gobernabilidad y de inseguridad en el Estado. El gobernador no está comunicando adecuadamente con la sociedad chiapaneca. Su discurso se percibe vacío, demagógico y con muchos clichés que hacen referencia al

presidente de la república, pero no propone soluciones. No muestra que tiene conocimiento de la problemática del Estado ni oferta acciones de gobierno. En su mensaje no habla de los problemas de la cafeticultura ni de los problemas de la ganadería, no hace referencia a las necesidades de los productores de leche o de quesos, no habla de los problemas de la autosuficiencia alimentaria del maíz, no hay una propuesta para fomentar el turismo, no hace referencia a los problemas de la contaminación del agua en los ríos y las cuencas. En reiteradas ocasiones se ha señalado que no hay una agenda política de gobierno, lo que genera improvisación y realización de actos que demeritan la figura del gobernante al exponerlo a la ridiculez de entregar tinas de baño a mujeres o constancias de cursos del ICATECH. A la administración de Rutilio Escandón le urge cambiar el rumbo del quehacer político, sobre todo porque los problemas de gobernabilidad y de inseguridad no se van a resolver si se continúa con las inercias y los desaciertos de los gobiernos anteriores.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

Diario ContraPoder en Chiapas

www.diariocontrapoderenchiapas.com. Correo electrónico: contrapoderenchiapas@gmail.com Certificado de licitud de Contenido y de Reserva de Derechos al uso Exclusivo, y Derecho de Autor en Trámite

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Familiares de presos en huelga de hambre demandan liberación Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

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l cumplirse ciento veintiséis días de ayuno, familiares de presos indígenas en huelga de hambre, denunciaron desde las afueras del palacio de gobierno, las dificultades que enfrentan los internos, cuya salud es precaria y pone en riesgo su vida, mientras que la demanda de justicia y libertad de los internos pareciera permanecer en el olvido. Por lo que dijeron que la vida de sus compañeros recluidos en el penal de San Cristóbal de Las Casas, así como en el Amate está en riesgo y que solicitan del gobierno del estado mayor voluntad para que sus familiares sean liberados. Susana, mujer tzotzil quien habló a nombre de los inconforme dijo: “el pasado quince de marzo del año en curso compañeros y familiares de recluidos en el penal número cinco de San Cristobal y Diez de Comitán emprendieron una huelga de hambre en demanda de la libertad absolutoria e incondicional, como garantías adecuadas a las condiciones de salud y denuncias sobre la tortura. Y evidentemente no hay la preocupación ni el humanismo del gobierno ni el interés, puesto que a la fecha no tenemos nada concreto, no tenemos respuestas claras y seguras a las demandas y exigimos al gobierno que dé solución inmediata a esta situación y otorgue la libertad inmediata de nuestros familiares.

Susana, mujer tzotzil quien habló a nombre de los inconforme dijo: “el pasado quince de marzo del año en curso compañeros y familiares de recluidos en el penal número cinco de San Cristobal y Diez de Comitán emprendieron una huelga de hambre en demanda de la libertad absolutoria e incondicional, como garantías adecuadas a las condiciones de salud y denuncias sobre la tortura

Por lo que dijo que, al cumplirse los ciento veintiséis días de ayuno, ellos exigen la liberación de Abraham y Germán López Montejo, Juan de la Cruz Ruiz, Adrián Gómez Jiménez, Marcelino Ruiz Gómez y Valdemar Gómez Hernández e Hipólito, pero que lamentable-

mente a la fecha no tienen respuestas concretas. “A ciento veinticinco días nuestros familiares se han visto muy delicados y con la necesidad de ser trasladados con urgencia al hospital por problemas de infección, salmonelosis, deshidratación, ca-

lambres, dolores de cabeza, debilidad, dolores de estómago y hasta inflamaciones en los riñones, anemia y el daño es irreversible y sus organismos están más vulnerables, sus cuerpos están más cansados y débiles y sus defensas están cada vez más bajas”.

Envían de Nuevo León a Chiapas a 100 migrantes Luciano Campos Monterrey, N.L., (apro)

Un grupo de 100 indocumentados centroamericanos que se encontraban albergados en un campamento del municipio de Guadalupe fueron enviados hoy a Chiapas para que de ahí regresen a sus países de origen. Los repatriados de Honduras, Guatemala y El Salvador, principalmente, fueron conducidos a tres autobuses comerciales rentados por el Instituto Nacional de Migración (INM) y partieron a las 15 horas, bajo la supervisión de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo león (CEDHNL). Extraoficialmente, se informó que la caravana llegará el viernes por la mañana a Acayucan, Veracruz, donde descansarán algunas horas, para continuar hasta el municipio chiapaneco

de Tapachula, a donde llegarían mañana por la noche. Desde el jueves, más de 400 migrantes fueron trasladados de las instalaciones del INM, al sur de la ciudad, hacia el centro de espectáculos denominado Domo Care, ubicado en terrenos de la Expo Feria de Guadalupe, municipio vecino de Monterrey al oriente. Esta reubicación ocurrió luego de una serie de incidentes que ocurrieron en el albergue migratorio oficial, pues el jueves por la mañana ahí falleció un salvadoreño por un paro cardiaco. Por la tarde, varias personas que se encontraban en el lugar se amotinaron, a causa del hacinamiento, e intentaron escapar, sin conseguirlo. Actualmente la delegación estatal del INM se encuentra acéfala, luego de que el miércoles por la noche renunciara su titular, Gabriela Zamora.


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Inician el rescate de humedales en San Cristóbal Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

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anuel Lemus Kourchenko, Director de Medio Ambiente y Recursos Naturales en esta ciudad ha emprendido el Programa para la Recuperación y Conservación de los Humedales, que se busca fusionar de manera disyuntiva con la conservación de las Áreas Naturales Protegidas. En entrevista recordó que durante años los humedales de la ciudad han sido destruidos paulatinamente, por lo que es necesario ejecutar acciones de protección y una de ellas es la denuncia a las invasiones. “Hemos estado pendientes del cuidado de estas áreas naturales tan importantes de nuestra ciudad, también estamos buscando las mejores alternativas para solucionar esta problemática, a estas invasiones que se originaron durante administraciones pasadas, no se les dio la importancia que requerían”, recalcó en entrevista. Lemus Kourchenko aseguró haber actuado conforme a la ley, en cuanto a la cancelación de obras en las áreas protegidas, pero lamentablemente la gente reincide en las invasiones de humedales, así también se ha solicitado el apoyo del Minis-

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Con el objetivo de prevenir el acoso, hostigamiento y el abuso sexual contra mujeres en bares y antros de la ciudad, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, inició la campaña “Y si no me acuerdo, si pasó” en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). En este sentido, Gely Pacheco, titular de la dependencia municipal, resaltó que, las acciones emergentes que se realizan con la campaña, son capacitación a trabajadores de bares, restaurantes y antros de la capital chiapaneca, difusión de números de emergencias en caso de sufrir acoso, infografías, emisión de trípticos y pegado calcomanías en transportes públicos. Asimismo, detalló que, la campaña se compone de dos fases, la primera es la de capacitar y difundir información oportuna en los establecimientos y la segunda, garantizar la seguridad de las mujeres en el transporte público.

En entrevista recordó que durante años los humedales de la ciudad han sido destruidos paulatinamente, por lo que es necesario ejecutar acciones de protección y una de ellas es la denuncia a las invasiones

terio Público Estatal y a la Fiscalía General de la República para que se actúen y se logre la conservación de estas áreas. Finalmente, el funcionario municipal agradeció la preocupación

de las y los ciudadanos sancristobalenses por fomentar la cultura de la denuncia “gracias a las denuncias que ciudadanos, ambientalistas y habitantes que residen cerca de estas áreas naturales, se ha logrado

defender en medida de lo posible para evitar su destrucción, sin embargo se espera que las autoridades correspondientes actúen lo más pronto posible para la solución de esta problemática”.

Refuerzan campaña “Y si no me acuerdo, si pasó” en Tuxtla Gutiérrez Gely Pacheco, resaltó que son 18 establecimientos que se han sumado a la campaña y los cuales conforme vayan realizando las capacitaciones requeridas irán ganando una placa donde se establezca que el establecimiento es de cero tolerancia de violencia contra la mujer. Cabe destacar que, la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, realizará capacitación a choferes de taxis para la no violencia contra las mujeres, y además, mediante una aplicación móvil, se establecerá una estrategia que les garantice seguridad al viajar en taxi para un destino y traslado seguro. La estrategia que se busca añadir a los restaurantes, bares y antros es la de poner infografías en los baños de hombres con un medidor de violencia, para concientizar, y en el baño de mujeres otra infografía para denunciar cualquier tipo de violencia que sufran en el establecimiento

en cuestión. Finalmente, Gely Pacheco explicó que el objetivo es capacitar a los trabajadores de estos negocios, para aprender conceptos generales

y pedagogía de la violencia de género, así como la ruta crítica a seguir para auxiliar a las clientas que sean víctimas de acoso, hostigamiento o abuso sexual.


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Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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l Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció la detención arbitraria y desaparición por más de 24 horas de un campesino militante de esa organización social, en el municipio de Venustiano Carranza. El miércoles 17 por la mañana, Javier González Díaz, de 45 años, y Pedro Leonel Solano, de 16, salieron en una motocicleta de sus domicilios ubicados en la comunidad 20 de Junio del municipio antes mencionado con dirección a Teopisca. Sin embargo, el Frente relató que en su regreso fueron detenidos de forma arbitraria por un grupo de hombres civiles armados en el municipio de Villa Las Rosas. Tres hombres armados y vestidos de civil, a bordo de una camioneta, les marcaron el alto a ambos, y de inmediato empezaron a golpear a Javier González Díaz, en tanto que su joven acompañante logró escapar. El adolescente -identificado como el sobrino de González Díaz-, dio aviso a los miembros de la organización que su tío había sido capturado. Por varias horas fue buscado, pero fue hasta la tarde de este jueves que apareció en la agencia del Ministerio Público de Teopisca, con evidentes huellas de tortura en todo el cuerpo. El Comité Cerezo México reprodujo declaraciones del propio Javier: “Desde el momento que me detuvieron el día de ayer en Villa Las Rosas hasta el día de hoy me han estado torturando, fue la policía municipal la que me trasladó hasta aquí, en este cuarto, no me han dicho porque me detuvieron, fue hasta el día de hoy que me dieron la oportunidad de comunicarme por teléfono. “Estoy seguro que me dejaron hablar por teléfono por todo lo que está haciendo la organización de denuncia, porque agentes del Estado que han venido me dijeron ‘ya te cargo la chingada’ ‘vamos a llamar a Jesús

A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

A pesar del periodo vacacional, el Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas (INE), informó que seguirán atendiendo a la ciudadanía en sus diversos módulos para hacer el trámite de la credencial de elector, pero las labores administrativas se verán pausadas hasta el 2 de agosto. “(Se) informa que el personal de la rama administrativa tanto de la Junta Local como de las 13 juntas distritales, gozarán de periodo vacacional comprendido del 22 de julio al 2 de agosto próximo”, dijo. En cuanto a la credencialización, destacó que la campaña dio inicio el 16 de diciembre de 2018 a la fecha, donde se han atendido a 777 mil 55 ciudadanos; campaña

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Activista del FNLS acusa que policías lo detuvieron, torturaron y amenazaron El miércoles 17 por la mañana, Javier González Díaz, de 45 años, y Pedro Leonel Solano, de 16, salieron en una motocicleta de sus domicilios ubicados en la comunidad 20 de Junio del municipio antes mencionado con dirección a Teopisca de sus integrantes #Chiapas

Javier contra el “terrorismo de Estado”

Alejo Orantes, para que te identifique y si lo hace ya valiste verga’, yo pensé que me iban a matar. “También me amenazaron que si no doy información sobre la organización me van meter mi cabeza en una bolsa con agua, me queda claro que esto es un intentó para golpear y acabar con la organización”. El Comité exigió a las autoridades realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos descritos, y que los resultados de la investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos

comparezcan ante la justicia. En repudio, integrantes del FNLS incendiaron al menos dos vehículos: un tráiler en el tramo carretero de Venustiano Carranza-Pujiltic, y un camión repartidor a la altura de Río Blanco. Alerta Chiapas ⚡ @AlertaChiapas Integrantes del FNLS (Frente Nacional de Lucha por el Socialismo) incendian vehículos y retiran bloqueo en tramo carretero Pujiltic - Venustiano Carranza a altura del Cascajal, exigen la liberación de uno

“Nuestro compañero Javier ha participado activamente en las diversas jornadas de lucha por la exigencia de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, esta violación a sus derechos humanos del cual hoy es víctima tiene la intención de silenciar y detener su voz. “Es la cuota de sangre a pagar en este sexenio por no estar de acuerdo con la política del perdón y la reconciliación, la cual pretende perpetuar la impunidad”, dijo el FNLS en una misiva. “La ofensiva represiva en contra nuestra deja en claro que el gobierno de Chiapas y el gobierno federal mantienen una política represiva contra el movimiento popular, y éstos ejecutan la represión selectiva en contra del FNLS”, señalaron. El Frente recordó que la ejecución extrajudicial del pasado 18 de junio en contra de Mario Moreno de la misma comunidad 20 de Junio es el hecho concreto de que el gobierno mexicano ejecuta una política de “terrorismo de Estado” hacia esas comunidades y sus habitantes. Exigieron la inmediata libertad de Javier González Díaz y que no se le prefabriquen delitos.

Se han entregado más de 700 mil credenciales en Chiapas: INE que culmina el 30 de agosto. Por lo anterior, el INE invitó a la ciudadanía a visitar los módulos de atención ciudadana, puedes ubicar tu módulo en http://ubicatumodulo.ife.org.mx/ y acudir directamente; o bien, realizar una cita mediante www.ine.mx o marcar al 018004332000. La delegación del INE, recordó que para realizar cualquiera de estos trámites, deberá presentarse, en original, el acta de nacimiento, una identificación oficial con fotografía actual y un comprobante de domicilio vigente.


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Javier Cruz Aguirre Ensenada, B.C. (apro)

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l menos cinco organizaciones de la sociedad civil (ONG) buscarán la anulación de la reforma constitucional que amplió de dos a cinco años el próximo periodo de gobierno que encabezará Jaime Bonilla Valdez, a partir del próximo 1 de noviembre. El Comité Defensa del Agua, Comunidad BC Resiste, Plebiscito en Defensa del Agua, Diálogo entre Jóvenes, y Trabajadores y Resistencia Civil de BC, presentarán mañana una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), por el presunto delito de soborno, en contra de los 21 diputados locales que aprobaron la reforma. La querella se formalizará mañana, un día después de que el gobernador electo respondió al pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que incluyó un exhorto al Congreso local y a los ayuntamientos de Baja California para dejar sin efecto la norma aprobada el pasado lunes 8, por 21 legisladores. Bonilla dijo que el Congreso de Baja California es la máxima autoridad de la entidad y los legisladores federales “no me asustan con el petate del muerto”. El morenista soltó: “Los reto a que si pueden desaparecer los poderes en Baja California, si en verdad, como dicen, tienen facultades para esto, lo hagan, y si no… calladitos se ven más bonitos”. Declaró lo anterior a la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) en Tijuana, luego de que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que el Congreso de la Unión puede desaparecer los

Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

Ante las nuevas incursiones de grupos armados de Tamazulapam del Espíritu Santo, “que preparan nuevos despojos en nuestro territorio”, indígenas mixes de San Pedro y San Pablo Ayutla advirtieron al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa: “Nuestra paciencia se agotó”. “No toleraremos acuerdos encubiertos entre la Secretaría General de Gobierno y autoridades de Tamazulapam en perjuicio de nuestro territorio y posesiones, así como de la integridad de nuestra comunidad”, resaltaron las autoridades municipales y comunales. Por su lado, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), hicieron un llamado al gobierno para atender “este conflicto agrario no resuelto y que amenaza con nuevos estallidos de violencia ante el actuar unilateral y omisiones de las autoridades estatales”. Los habitantes de Ayutla dijeron a la Secretaría General de Gobierno que su insistencia “en pretender orillarnos a aceptar a ceder más tierras a los grupos armados y a nuestros agresores es injusta y violenta con nuestra comunidad,

CONTRAPODER EN CHIAPAS

ONG buscan anular “ley Bonilla”; denunciarán a diputados que la aprobaron

poderes en la entidad, por las alcances antidemocráticos y anticonstitucionales de la reforma. “Vale más que lo entiendan en el centro. Pido respeto total a la soberanía de mi estado. Siempre han hecho lo que han querido hacer con nosotros (…) Nos imponen impuestos, nos cancelaron la zona libre, nos implementan aranceles (…) El único que conoce y entiende a Baja California es Andrés Manuel López Obrador (…) ¡Ya basta! No más abusos. ¡No los necesitamos!”, sostuvo Bonilla previamente, en declaraciones al diario digital Periodismo Negro, de Mexicali. Por otra parte, Araceli Piña, vocera de las organizaciones que presentarán la denuncia penal contra los diputados reformistas, actualmente en periodo de vacaciones, confirmó a Apro que este viernes 19 presentarán el recurso jurí-

dico ante la Agencia del Ministerio Público Investigador de Delitos Contra el Patrimonio, la Sociedad, el Estado y la Justicia, de la PGJ. “Queremos que se haga la investigación científicamente soportada, indispensable para determinar, sin margen de duda, si fueron sobornados o no los 21 diputados del Congreso de Baja California, que la noche del 8 de julio actual votaron la reforma al artículo 8 transitorio del Decreto de Reformas a la Constitución estatal publicado en el Periódico Oficial del Estado de 17 de octubre de 2014”, explicó. De igual manera, adelantó que pedirán a la PGJ que solicite el auxilio de la Fiscalía General de la República (FGN) y de la Unidad de Investigación de Recursos Financieros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lograr el soporte científico de la investigación y

el esclarecimiento de los hechos. Basaron su petición en las declaraciones públicas que el 31 de mayo hizo el presidente del Congreso local, Edgar Benjamín Gómez Macías, en el sentido de que el actual subsecretario de Gobernación y extitular de la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda, Ricardo Peralta Saucedo, y el administrador de la Aduana en Mexicali, Alejandro Viramontes Armenta, le ofrecieron un millón de dólares a cambio de promover y convocar la reforma entre sus colegas, quienes recibirían una cantidad similar si aceptaban. Viramontes era administrador de la Aduana en Juárez, Chihuahua, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) abrió –en agosto de 2018– el expediente SZC/0011495/2018, que contenía diversas denuncias por supuestos ilícitos en la importación de autos usados, cometidos en aduanas de Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Sonora. Organizaciones como la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem) habían denunciado que en Juárez y Mexicali se daban los principales actos de corrupción con esos vehículos, y que Viramontes podría estar inmiscuido en el delito.

“Nuestra paciencia se agotó”, advierten indígenas mixes al gobierno de Murat y sólo es prueba de que el gobierno no garantiza nuestros derechos básicos, sino que protege los intereses de quienes eligen la violencia para despojar, de quienes han cometido delitos, de quienes son los responsables de todas las agresiones que hemos sufrido”. Subrayaron: “En caso de insistir en incursiones arbitrarias a nuestro territorio, nuestra comunidad ha comenzado a organizarse para la defensa de nuestras tierras. Como comunidad hemos evitado a toda costa salidas fuera de la ley, para restablecer nuestros derechos, pero tenemos claro que, a su vez, la ley contempla también el uso de la legítima defensa”. Por lo pronto, recalcaron, las mujeres de la comunidad se organizan para conformar un bloque pacífico de defensa del territorio ante cualquier nueva incursión de parte de los grupos armados y autoridades de Tamazulapam o de gobiernos que pretendan materializar el nuevo despojo de tierras. Mencionaron que la alerta es porque recientemente se percataron “de varias incursiones nocturnas en nuestro territorio de parte de autoridades y el grupo armado de Tamazulapam. Durante estas

incursiones han hecho trabajos en nuestras tierras marcando árboles y haciendo señalizaciones sobre ellos”. Lo peor es que estas incursiones se han realizado incluso con personal del gobierno del estado, “lo que es una total invasión y agresión a nuestra soberanía e integridad comunitaria, así como a nuestros posesionarios. Se está preparando el escenario de un nuevo despojo violento”. La comunidad rechazó que se les pretenda condicionar la reconexión al manantial, en poder de los contrarios, “a cambio de que entreguemos más tierras para la instalación de una infraestructura para nuestros agresores, aparte de las que ya nos fueron despojadas”. Y sostuvieron que la verdadera intención “es consumar un nuevo despojo hacia nuestra comunidad, bajo el pretexto de que nuestros agresores necesitan agua, lo que está desmentido por los estudios técnicos realizados y publicados incluso por el mismo municipio de Tamazulapam, que enumera la cantidad impresionante de manantiales de agua de aprovechamiento y sin aprovechar dentro de su territorio”. En un comunicado, 87 organiza-

ciones civiles y de derechos humanos recordaron que el 5 de junio de 2017 se perpetró un ataque armado contra pobladores de San Pedro y San Pablo Ayutla, donde perdió la vida Luis Juan Guadalupe, y otras seis personas resultaron heridas con impactos de arma de fuego, mientras que cuatro mujeres fueron retenidas y torturadas por autoridades de Tamazulapam. “A dos años del ataque armado para despojar a Ayutla de su manantial (Jënanyëëj) y de desalojar a 27 familias de sus casas y terrenos por una invasión agraria de más de 200 hectáreas, es la fecha que no hay castigo para los agresores, en franca violación al debido proceso y el derecho a la justicia, a pesar de haber sido denunciados ante las autoridades competentes”.


CONTRAPODER EN CHIAPAS

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Como ministra en retiro, Sánchez Cordero califica de inconstitucional la “ley Bonilla” Alvaro Delgado Ciudad de México (apro)

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iez días después de que el Congreso de Baja California aprobó ampliar de dos a cinco años el periodo del próximo gobernador, el morenista Jaime Bonilla, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, opinó como ministra en retiro que la reforma es inconstitucional. “En mi opinión, pero ya no como secretaria de Gobernación, en mi opinión como ministra en retiro, por supuesto que es una reforma inconstitucional, en mi opinión, pero yo como secretaria de Gobernación tengo que ser absolutamente respetuosa del Congreso local, de los partidos políticos que van a interponer las acciones de inconstitucionalidad y, por supuesto, de lo que resuelva en su momento la Suprema Corte en relación con esta reforma”, declaró en entrevista. “No estamos acostumbrados a respetar el Estado de derecho y yo lo estoy respetando a cabalidad, porque un Congreso local de un estado de la República expide una reforma constitucional prácticamente en forma unánime, en ejer-

De la redacción Ciudad de México (apro)

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, aseguró a elementos de la Policía Federal (PF) que en todo momento estará abierto al diálogo para concertar las mejores soluciones, con el fin de que todos se sientan reconocidos en su situación laboral y en su dignidad personal. Este jueves, durante la mesa de diálogo con un grupo de policías federales, derivado del proceso de transferencia de la PF a la Guardia Nacional (GN), Durazo reiteró a los asistentes que la prioridad del gobierno de México es que cuenten con las mejores condiciones, y subrayó que se garantizará su sueldo y prestaciones en cualquier institución donde deseen brindar sus servicios, incluida la GN. “En la Guardia Nacional tienen la oportunidad de hacer una auténtica carrera policial con mejores prestaciones y un sueldo digno. Queremos resolver el problema de seguridad pública y para dar resul-

“En mi opinión, pero ya no como secretaria de Gobernación, en mi opinión como ministra en retiro, por supuesto que es una reforma inconstitucional, en mi opinión, pero yo como secretaria de Gobernación tengo que ser absolutamente respetuosa del Congreso local, de los partidos políticos que van a interponer las acciones de inconstitucionalidad y, por supuesto, de lo que resuelva en su momento la Suprema Corte en relación con esta reforma”, declaró en entrevista

cicio de las atribuciones que tiene. Si esta reforma es o no constitucional, o es inconstitucional, ya se han acercado a mí varios partidos

políticos para informarme que van a interponer los recursos de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte”, añadió.

Entrevistada tras participar en la conmemoración del 147 aniversario luctuoso de Benito Juárez, en Palacio Nacional, la funcionaria rechazó que deban desaparecerse los Poderes de Baja California, como propuso el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. “Yo creo que lo conveniente y lo política y jurídicamente correcto es la interposición de las acciones de inconstitucionalidad y de los medios de impugnación que se tienen al alcance a través de las instituciones de los estados y a través de los poderes públicos. Creo que tenemos que avanzar en construir un Estado de Derecho, empezando por lo que yo estoy en este momento haciendo, es decir, respetando a todas las instancias y a los poderes públicos”, finalizó.

Durazo ratifica su compromiso de garantizar sueldos y prestaciones a elementos de la PF tados necesitamos a los mejores hombres y mujeres, necesitamos a profesionales como ustedes, comprometidos con su país”, dijo. El funcionario federal sostuvo que se ha implementado una serie de acciones que han permitido atender a 10 mil 685 policías federales para aclarar dudas y brindar información sobre las distintas opciones laborales dentro y fuera de la Guardia Nacional. Finalmente destacó que, desde la creación de la Policía Federal hasta la fecha, se han notado cambios importantes. “Inició con un escuadrón de apenas 50 integrantes, por ello ahora seguimos en un proceso de evolución para consolidar un nuevo cuerpo policial, más grande, más nutrido, que sea motivo de paz y tranquilidad para todo un país”. En la mesa de diálogo estuvieron presentes el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja; la titular de la División

Científica e integrante de la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia Nacional, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel; el Comisionado General Interino de la Policía Federal, José Sigifredo

Valencia Rodríguez, y los titulares de las divisiones de Gendarmería, Benjamín Grajeda Regalado; de Fuerzas Federales, Raúl Ávila Ibarra, y de Seguridad Regional, Ángel González Ramírez.


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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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nte el vencimiento del plazo para que la Fiscalía General de la República (FGR) designe al responsable de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, el colectivo #FiscalíaQueSirva expresó su preocupación dado que no se ha publicado “el perfil de quien asumirá esta enorme e importante responsabilidad, así como que no se haya emitido una convocatoria pública que dé certeza y confianza de este proceso de designación”. En una carta dirigida al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, el colectivo recordó que en apego a la Ley Orgánica de la FGR y “dada la gravedad de la situación de violencia e impunidad en el país, es fundamental que se designe a una persona con una trayectoria intachable y con una experiencia relevante en derechos humanos, con trabajo previo con víctimas y sus familiares, y con antecedentes de que su desempeño se ha caracterizado por la objetividad y autonomía de sus acciones”. Las organizaciones, académicos y activistas que integran #FiscalíaQueSirva alertaron que un escenario con “más de 40 mil personas desaparecidas, los 26 mil cuerpos sin identificar y al menos 10 feminicidios por día, exigen un perfil a la altura de estos retos y que abone a la apuesta de transformación de paradigma que se dio con la nueva Ley de la Fiscalía de la FGR”. Tras alentar a Gertz Manero a no desaprovechar “esta oportunidad histórica”, el colectivo exigió que “se defina y publique el perfil buscado para la persona titular de esta nueva Fiscalía, que apunte a

Javier Cruz Aguirre Ciudad de México (apro)

El analista de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la agencia Moody’s Investors Service, Peter Speer, señaló que el Plan de Negocios de la petrolera “no cambia nuestra expectativa sobre su desempeño financiero y operativo, pero sí da mayor claridad sobre el apoyo del gobierno en 2020”. De acuerdo con el analista, conforme se genere información, “continuaremos evaluando los resultados operativos y financieros que reporte Pemex en relación a nuestros estimados”. Eso sí, la firma advirtió que, si el desempeño de la compañía resulta muy por debajo de lo esperado, bajaría la calificación de “Baa3” en 2019. En contraste, si su desempeño se mantiene básicamente en línea o incluso por arriba de las expectativas, “entonces evaluaríamos la

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ONG pide presentar convocatoria y perfil del fiscal de Derechos Humanos

Las organizaciones, académicos y activistas que integran #FiscalíaQueSirva alertaron que un escenario con “más de 40 mil personas desaparecidas, los 26 mil cuerpos sin identificar y al menos 10 feminicidios por día, exigen un perfil a la altura de estos retos y que abone a la apuesta de transformación de paradigma que se dio con la nueva Ley de la Fiscalía de la FGR”

criterios de idoneidad que permitan atender las grandes proble-

máticas que se viven en México en materia de derechos humanos”.

En la misiva, los integrantes del colectivo consideraron fundamental que “se establezca un proceso abierto que tenga centralidad en las víctimas de violaciones a derechos humanos”, así como que se garantice que “el proceso de designación cumpla con estándares de transparencia, participación y rendición de cuentas”. La inquietud por el vencimiento de plazos para la designación del responsable de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, fue también expuesta el lunes 15 por el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, que en una carta dirigida a Gertz Manero le solicitaron un encuentro para participar en el proceso de selección, como lo contempla la Ley Orgánica de la FGR.

Plan de Negocios de Pemex no cambia nuestra expectativa: Moody’s perspectiva negativa hacia 2020. De manera consistente con el horizonte de tiempo en el que se evaluará la perspectiva negativa de la calificación soberana de México de ‘A3’”. Un día antes, Moody’s adelantó que la administración federal tendrá que aumentar significativamente su apoyo financiero a la petrolera para que la compañía aumente su inversión de capital a los niveles necesarios para reemplazar completamente sus reservas. “Creemos que la inversión de capital de Pemex para exploración y producción será insuficiente para reemplazar las reservas. Sobre la base de un supuesto de 15 dólares por barril de petróleo equivalente (boe) de hallazgo y desarrollo,

pronosticamos que la sustitución de reservas mejorará, pero aun así

solo alcanzará el 48% en 2019 y el 54% en 2020”, explicó.


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CNDH recibe apoyo internacional ante “lamentables descalificaciones” del gobierno mexicano Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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a Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) y el Instituto Internacional del Ombudsman (IIO) se solidarizaron con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante “las lamentables descalificaciones y comentarios perjudiciales pronunciados por el gobierno mexicano contra el organismo constitucional autónomo”, luego de que la Secretaría de Bienestar se negó a aceptar la recomendación 29/2019 relacionada con la suspensión del programa de Estancias Infantiles. La CNDH divulgó los pronunciamientos de los organismos, suscritos por Alfonso Negret Mosquera --Defensor del Pueblo en Colombia y presidente de la GANHRI, creada a instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-- y Peter Tyndall, presidente del IIO, así como por el secretario general Werner Amon y la presidenta de la Región Caribe y América Latina del organismo, Victoria Pearman. En la primera carta, el presidente de la GANHRI reconoció que la recomendación 29/2019 detonó la andanada de descalificaciones del gobierno mexicano hacia la CNDH, integrante de la Alianza Global. Negret Mosquera admitió que “si bien en los escenarios democráticos es natural este tipo de diferencias entre funcionarios, es importante que el Poder Ejecutivo promueva los espacios de diálogo e interlocución para el manejo de dichas diferencias”, y que se continúe con la realización de actos, como la entrega del Informe Anual de labores de la CNDH, y “sean asumidos por la máxima autoridad del Estado, como lo es el presidente de la República, tal como se ha llevado a cabo históricamente”. El pasado 3 de junio, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a recibir el informe de labores correspondiente al año 2018, y el documento fue entregado a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El presidente de la GANHRI hizo votos para que el gobierno de López Obrador reafirme “el compromiso con los derechos humanos, que es prioridad para

La CNDH divulgó los pronunciamientos de los organismos, suscritos por Alfonso Negret Mosquera --Defensor del Pueblo en Colombia y presidente de la GANHRI, creada a instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-- y Peter Tyndall, presidente del IIO, así como por el secretario general Werner Amon y la presidenta de la Región Caribe y América Latina del organismo, Victoria Pearman

el gobierno mexicano”, y dijo que “habrá una sincronía institucional de la mejor manera” con la CNDH. En cuanto a la carta firmada por representantes del IIO, que incluye a 200 instituciones independientes de más de 100 países de África, Asia, Europa y América, se advirtió la “gran preocupación” por “las descalificaciones y observaciones negativas realizadas por el titular de la Presidencia de la República Mexicana” hacia la CNDH. En la misiva, el IIO expresó “su profunda preocupación por los acontecimientos recientes y condena enérgicamente cualquier ataque al Defensor del Pueblo o la institución de la CNDH”, y manifestó su “apoyo total” al organismo y a su presidente, Luis Raúl González Pérez. Para los integrantes del IIO, presididos por Peter Tyndall, “es inevitable que, en el desempeño del trabajo del Defensor del Pueblo, se produzcan recomendaciones que sean críticas de las acciones de los órganos gubernamentales”. Añadieron: “En una democracia existe la expectativa de que tales críticas sean consideradas y puestas en práctica”, de ahí que “desprestigiar la tarea de la CNDH”, organismo ampliamente reconocido, “se percibe internacionalmente no sólo como falta de respeto hacia la institución, sino también a los derechos de los mexicanos, a quienes protege”.

Los ombudsperson que integran el IIO recordaron que, como parte de los tratados internacionales, el Estado mexicano está obligado “a respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos que ellos contienen y que comprometen a impedir y prevenir violaciones a éstos, así como a investigar y proveer a las víctimas de recursos para resarcir los abusos”. Los firmantes pidieron al gobierno de López Obrador “acatar los compromisos internacionales asumidos, con el fin de proteger y reconocer la función, atribuciones y mandato constitucional de la CNDH”, así como emprender “un diálogo razonado y profesional” con el organismo y sus funcionarios”. De igual manera, recordaron que en la Declaración de Bangkok --adoptada por los miembros de la IIO en 2016-- se determinó que “el Defensor del Pueblo no estará sujeto a ninguna forma de intimidación o amenaza que limite su independencia o restrinja su capacidad de proteger los derechos fundamentales de todas las personas”. Los pronunciamientos de la GANHRI y del IIO se suman al que hizo, el pasado jueves 11, la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), que representa a 103 ombudsperson de 22 países iberoamericanos. La FIO consideró que “las descalificaciones desde altas instancias gubernamentales”, promovi-

das para desacreditar la labor de la CNDH, “derivan en vulneraciones al Estado de Democrático de Derecho, dejan en condiciones de indefensión a la población más desprotegida y ponen en riesgo todo el sistema de libertades ganado a tan alto precio por la comunidad internacional”. En el documento, difundido por la CNDH el 14 de julio, los integrantes de la FIO solicitaron a las autoridades mexicana a asumir sus compromisos internacionales, “a fin de proteger y reconocer la función, atribuciones y mandato constitucional de la CNDH, toda vez que resulta palpable y evidente el beneficio que brinda para la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como para la vida democrática en México”. El documento está firmado por la presidenta de la FIO y Procuradora del Ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Iris Miriam Ruiz Class; el vicepresidente del organismo por la Región Centroamericana, Defensor del Pueblo de Panamá, Alfredo Castillero; la vicepresidenta por el Cono Sur, Procuradora de los Derechos Humanos de la República de Brasil, Deborah Duprah; el vicepresidente por la región Europa, Defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, y el vicepresidente por las Instituciones Regionales y Locales de Derechos Humanos, Defensor de Pueblo de Santa Fe, Argentina, Raúl Alberto Lamberto.


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Registro sobre orfandad por feminicidio permitirá garantizar reparación del daño Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

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l feminicidio no sólo destruye el cuerpo de las mujeres, su impacto es extensivo especialmente a sus hijas e hijos, por ello, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ya comenzó el primer registro de datos para saber cuántas niñas, niños y adolescentes quedaron en orfandad por este crimen y poder ofrecerles alternativas para continuar sus proyectos de vida. La presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, habló en exclusiva con Cimacnoticias del registro que en julio comenzó a realizarse para conocer la cifra exacta de niñas, niños y adolescentes que en el último año quedaron en situación de orfandad por el asesinato de sus madres y que se presume podría ser de alrededor de 3 mil 400 menores de edad. Contar con este padrón, aseguró la funcionaria, permitiría dimensionar la profundidad del daño que ha causado el feminicidio no sólo a las mujeres víctimas directas, también a quienes viven y experimentan esta violencia como las hijas e hijos y otros familiares, indicó la doctora Nadine Gasman. De fondo, añadió, visibilizar a la orfandad por feminicidio obliga al Estado a responsabilizarse de repararles el daño y podría ser una ruta más compleja para la reconstrucción de un tejido social mermado entre muchas otras violencias. Hasta ahora se conoce poco sobre el impacto generacional de los asesinatos violentos de mujeres que comenzaron a documentase en los años noventa en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Las cifras de este delito, aunque poco confiables, sólo han permitido dibujar el estremecedor panorama de 9 asesinatos de mujeres día tras día. Sin sumar siquiera a las mujeres que fueron desaparecidas. En búsqueda de conocer las marcas que deja el feminicidio, en 2017 Cimacnoticias llevó a cabo una investigación periodística en la que se recopilaron testimonios de abuelas y tías quienes no sólo cargan con el dolor del asesinato de sus hijas o hermanas, pues en su búsqueda de verdad y justicia también crían a cuestas a niños y niñas que quedaron en el desamparo. Esas mujeres contaron fragmentos de sus historias de vida a esta agencia y compartieron cómo la niñez vive la ausencia, el miedo,

La presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, habló en exclusiva con Cimacnoticias del registro que en julio comenzó a realizarse para conocer la cifra exacta de niñas, niños y adolescentes que en el último año quedaron en situación de orfandad por el asesinato de sus madres y que se presume podría ser de alrededor de 3 mil 400 menores de edad

la angustia y problemas psicológicos que se manifiestan a lo largo de su crecimiento después de que sus madres fueron asesinadas, muchas veces por sus parejas y en presencia de hijas e hijos. En muchas ocasiones las niñas y niños experimentan una doble pérdida, la de su madre y la de su padre si él fue el feminicida. A la par se rompen los vínculos familiares y sociales, son estigmatizados por estar en un contexto de criminalidad, y la fragilidad de los núcleos familiares se incrementa cuando las instituciones gubernamentales están ausentes. La presidenta del Inmujeres reconoció que las víctimas indirectas por el feminicidio han estado en la sombra y el Estado ha sido ineficiente en adoptar medidas de reparación integral. Es tiempo que se les dé respuesta, aseveró. “Tenemos que asegurar que podemos garantizarles los derechos con una perspectiva de Derechos Humanos, garantizarles el acceso a la salud, salud mental, alimentación, a la protección, a la educación y la capacidad de desarrollarse en su potencial”. Como punto de partida, explicó Gasman Zylbermann, en marzo pasado la administración de Andrés Manuel López Obrador anunció el “Plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México”. El Inmujeres, como encargado de regir la política de género, está a cargo de este proyecto, por lo que personal de la institución ya comenzó a visitar las 32 entidades federativas para revisar por lo menos un puñado de expedientes de feminicidio y homicidio doloso de mujeres perpetrados de diciembre 2018 a abril 2019.

Parte de esta revisión incluye instalar mesas de trabajo con gobiernos estatales y Fiscalías para analizar un total de mil 564 carpetas de investigación abiertas en dicho periodo; paralelamente, de este estudio esperan identifica si las mujeres asesinadas eran madres y cuántos niños, niñas y adolescentes quedaron en la orfandad. Gasman, quien ha trabajado en organismos internacional como ONU Mujeres, indicó que el impacto del feminicidio en la niñez y adolescencia siempre es individual y dependen del territorio donde vivan, su género y edad. Es por esto que, aseveró, será necesario revisar caso por caso, a fin de generar una estrategia que les garantice y les dé los mejores servicios de acuerdo al contexto y necesidades individuales. Por ahora, las autoridades del Inmujeres hicieron una proyección de cuántas niñas, niños y adolescentes se cree estarían en desamparo por el asesinato de sus progenitoras: 3 mil 400 niñas y niños en orfandad, de diciembre de 2018 a abril de 2019. Este dato, explicó la doctora, lo obtuvieron al multiplicar el número de mujeres víctimas, mil 564, con el número de hijas e hijos que en promedio tiene una mujer según las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), 2.2 descendientes. “El registro no va permitir ver si son menos o si son más, pero lo que creemos que es importante es que hay que identificarlas para darles y tener las políticas de atención”, dijo la doctora. No obstante, el registro sobre orfandad por feminicidio no quedaría a cargo del Inmujeres pues no está

dentro de sus atribuciones. La titular de la instancia dijo que se están definiendo si las fiscalías de los estados podrían continuar con la documentación de los casos. En tanto, mecanismos como el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), las comisiones de atención a víctimas e institutos de las mujeres locales deben enviar la información que tienen sobre este tema. Reparar el daño a las víctimas indirectas está establecido en la Ley General de Víctimas y es parte de las obligaciones del Estado mexicano, como quedó asentado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México por tres crímenes de feminicidio perpetrados en Ciudad Juárez, en 2001, caso mejor conocido como “Campo Algodonero”. En la sentencia, dictada en 2009, la Corte manifestó que México debía adoptar medidas de rehabilitación para los familiares de las víctimas, especialmente incluir medidas de rehabilitación psicológica y médica, aunque el organismo consideró que no podía indicar al Estado mexicano cómo regular los apoyos que brinde a las personas. En el mismo sentido, en 2005 la Cámara de Diputados aprobó para el ejercicio fiscal del siguiente año, 31 millones de pesos asignados a la Procuraduría General de la República (PGR) para el “Fideicomiso para la reparación del daño a familiares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”. Sin embargo, por la manera en que se ejercía el recurso, las legisladoras denunciaron que el Fondo de Auxilio no cumplía con las obligaciones mínimas de la reparación del daño que México tiene con las víctimas y sus familiares, y que promovía políticas asistenciales que no cumplían con los lineamientos mínimos de los Derechos Humanos. Por ahora los apoyos que se otorgan a las víctimas indirectas del feminicidio son similares a los promovidos hace más de una década, otorgar recursos económicos que apenas alcanzan para cubrir necesidades de alimentación y educación.


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CRÍTICA A LA FÓRMULA AMLO PARA CRECER Ricardo Raphael

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a renuncia de Carlos Urzúa Macías como secretario de Hacienda sirvió para que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistiera en la premisa principal de su filosofía económica: “va a haber crecimiento… sólo combatiendo la corrupción y no permitiendo los lujos, con una política de austeridad.” Según sus propias palabras, la fórmula AMLO para el crecimiento se compone de tres partes: 1) acabar con la corrupción; 2) hacer valer la austeridad republicana, y 3) no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. De acuerdo con la versión presidencial, Urzúa no estuvo conforme con estas premisas y por ello renunció. La explicación es simplista y sin embargo era difícil pedirle al secretario de Hacienda que coincidiera con preceptos que provienen de la filosofía moral y no de la economía moderna. A la hora de abordar el primer componente de la fórmula AMLO es necesario decir que no hay evidencia científica que lleve a concluir que la corrupción es una variable influyente, para bien o para mal, en el crecimiento de la economía nacional. Al contrario, si algún hallazgo pudiese encontrarse es en el sentido de que la corrupción tiende a multiplicarse cuando la economía crece a tasas elevadas. Hay que observar el comportamiento que tuvo la corrupción en países como Brasil, Rusia, Turquía, China o la India, durante los primeros años del presente siglo. Cifras a doble dígito de crecimiento y expedientes abultados de corrupción correlacionan ahí de manera bastante consistente. La historia mexicana sirve también como argumento: los años de mejor crecimiento económico –relativos a los milagros industrial, petrolero o exportador– dieron origen a las fortunas más corruptas de la sociedad mexicana. Contrario a lo que promueve la filosofía moral de Andrés Manuel López Obrador, corrupción y crecimiento son hechos que

suelen coexistir en el tiempo. No hay demostración científica concluyente que lleve a suponer que disminuir la corrupción promueva el crecimiento. En cambio, sí podría encontrarse evidencia que relaciona a la corrupción con la desigualdad. En una sociedad basada en relaciones corruptas, las oportunidades dependen del vínculo arbitrario que las personas tengan con el poder. Una sociedad corrupta desiguala por razones injustas basadas en la asimetría de oportunidades. Una sociedad corrupta no trata por igual a las personas iguales, sino en función de la riqueza que posea cada cual para poder pagar por los derechos, los servicios, la justicia, la educación o la salud. Vale la pena combatir la corrupción porque al hacerlo se distribuyen con mejor equidad los frutos del crecimiento: al erradicar los privilegios que entrega la corrupción se edifican sociedades más cohesionadas y democráticas. Pero, hay que decirlo también: erradicar la corrupción no tiene que ver con sostener altas tasas de crecimiento. La segunda premisa de la fórmula López Obrador tampoco encuentra asidero firme respecto a la evidencia: es falso que una política rigurosa de austeridad lleve a reducir la corrupción. La realidad de lo humano exhibe resultados que corren más bien en sentido contrario. La precariedad igualmente tiende a potenciar la corrupción. Ante la disputa por los bienes escasos, las sociedades desarrollan mecanismos arbitrarios para su distribución. En efecto, las carencias económicas suelen envilecer a los seres humanos. Como ejemplo cabe remitirse a la historia de las grandes hambrunas, las depresiones económicas o a la experiencia de las comunidades forzadas a la migración masiva. En todos estos casos extremos, la corrupción marca con acritud el conjunto de las relaciones humanas: todo se vende, todo se compra –desde la sexualidad has-

ta un pedazo de pan. No hay evidencia, pues, de que la austeridad traiga como beneficio disminuir la corrupción, sino más bien lo contrario. En sentido inverso, sí hay prueba científica de que una política de austeridad aplicada a destiempo provoca desaceleración en la economía y puede conducir, inclusive, hacia la recesión. Desde el primer tercio del siglo XX las sociedades modernas confirmaron que el gasto del gobierno –en épocas de bajo crecimiento– puede servir para echar a andar la economía. Funciona como una especie de desfibrilador para que los motores del crecimiento remonten. Sólo cuando la economía se sobrecalienta es justificable promover una política de austeridad, para sacarle vapor a la máquina y así evitar que explote. En el actual ciclo económico, tanto de México como del mundo, no se antoja recomendable aplicar una política de austeridad, sobre todo si lo que se pretende es obtener tasas de crecimiento superiores a las observadas durante los últimos treinta y cinco años en nuestro país. Por último, cabe cuestionar la tercera premisa de la fórmula López Obrador preguntándose si un gobierno pobre podría sacar adelante a un pueblo pobre. Tratándose de las instituciones, una cosa es la moderación republicana y otra muy distinta es la pobreza franciscana. Este tema merece un mejor desarrollo que, por el espacio, es imposible abordar aquí. Lo haré en una futura entrega. Mientras tanto, vale concluir con una idea final a propósito de la corrupción: si lo que se pretende es combatirla –porque lo relevante es terminar con los privilegios y las oportunidades desiguales– es fundamental contar con un Estado capaz de oponerse con todo el peso de la ley y la autoridad a las distintas expresiones de la impunidad. Y para eso se requieren un Estado y un gobierno robustos, fuertes y suficientes, y no un remedo suyo, empequeñecido por la mezquindad presupuestal.

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unque la mayo ría de los casos quedan entre el anonimato, la indiferencia y la casi “normalidad” que provoca su alta incidencia, la trata de personas es un delito que sigue atormentando la vida de miles de personas a lo largo del territorio mexicano con más de cinco mil 200 casos entre 2012 y 2017, dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Y la cifra puede resultar realmente conservadora, tomando en cuenta que se trata sólo de los casos denunciados ante las procuradurías estatales, por lo que la realidad seguramente está muy por encima de las estadísticas. Y es que los números oficiales, según los expertos, sólo representan un 30 o 40 por ciento de las víctimas reales. En esta problemática Chiapas no ofrece buenos escenarios. La entidad esta ubicada como el segundo estado del país con mayor incidencia de casos denunciados, sólo por debajo de Baja California que se ubica a la cabeza nacional con el mayor número de averiguaciones previas iniciadas por los delitos de explotación sexual, tráfico de mujeres y niños. La entidad chiapaneca se encuentra entre las cinco entidades que concentran el 70 por ciento de las denuncias por dicho delito en todo el país. En la “lista roja” se ubican Baja California, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca. Las condiciones fronte-

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EN LA MIRA Héctor Estrada

Alarmante incidencia de trata de personas en Chiapas

rizas y el vacío de seguridad en zonas de alta incidencia dentro de Chiapas se han convertido en tierra fértil para la explotación sexual sin controles y diagnósticos verdaderos sobre la situación. La CNDH detalló que 85 porciento de las posibles víctimas

son niñas, adolescentes y mujeres, siendo la explotación sexual el principal fin. En Chiapas sucede un situación particular, el número de extranjeras sometidas a ese trabajo sexual se ha disparado drásticamente durante los últimos años, alcanzando casi el 50 por ciento de la incidencia

estatal. Integrantes de organizaciones como “Mujeres por la Superación de Tapachula” se han manifestado una y otra vez en esa misma ciudad para exigir a las autoridades “visibilizar la problemática” y crear programas integrales que verdaderamente combatan dicho delito. Además han denunciado hasta el cansancio la falta indicadores medibles y un diagnóstico real del problema, pero nada parece haber cambiado durante el pasado sexenio. De acuerdo con el Informe de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el país entero no muestra avances significativos por lo menos desde 2011, año a partir del cual se cuenta con información relativa a la actuación que las autoridades federales y estatales ha tenido en la materia. Frente a este lamentable panorama no queda más que exigir menos discursos y más acciones contundentes. De nada les sirve a las miles de personas explotadas las buenas intenciones gubernamentales si no se hace un trabajo verdaderamente comprometido para desarticular a las bandas delincuenciales y mejorar los procesos jurídicos y de investigación; pero, sobre todo, combatir la corrupción judicial que se sustenta como principal cómplice de este y muchos delitos más… así las cosas

LA DEFENSA PROPIA

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n este país, donde el tráfico de drogas, el secuestro y los asesinatos se multiplican conforme pasan los días, la única posibilidad que nos queda es la defensa propia. Es compleja la situación. Y más en México, en donde desarman a la sociedad civil, mientras los criminales andan armados hasta los dientes y están fuera de la cárcel, muchas veces por complicidad con quienes se encargan de aplicar la justicia. Para cambiar este acontecer fatídico, lo primero que se debe hacer es generar condiciones igualitarias de seguridad. ¿Por qué no armar a la ciudadanía como otros países lo hacen? Por lo menos la sociedad tendría cómo responder en defensa propia ante una agresión que ponga en peligro su vida y la de sus familiares. Si se cumpliera con la ley y no hubiese impunidad, los presidios serían insuficientes. Porque aho-

Dr. Hernán León Velasco

ra no hay forma de cómo contener a la horda de los delincuentes, sino se insta a que la sociedad civil aprenda a defenderse. La respuesta sería inmediata al bajar las estadísticas de los delitos que

a diario se cometen. Entonces, ¿cuál es la razón fundamental de la ley de actuar sin lógica y fuera de tiempo, ante la devastadora violencia que arrasa con la población que no cuenta con

la seguridad suficiente del Estado? Porque las noticias representan un aviso de alarma para todos, en virtud de las acciones funestas de los delincuentes. ¿Quién o quiénes caerán bajo el fuego en las siguientes horas? Las cosas son simples: o se arma a la población para defenderse o las autoridades perderán la poca confianza que ahora tienen de su gobierno. Tal vez esperan que haya una mayor violencia para que actúen de forma urgente. Pero ya no queda mucho tiempo para que la ciudadanía se desborde por la inconformidad y salga a las calles dispuesta a enfrentar a los maleantes. El destino de un pueblo no se detiene ante la avalancha de la violencia, porque sin, o con el apoyo de las autoridades, en última instancia la población se verá forzada a tomar las armas en contra de los criminales para defender, con justa razón, la tranquilidad de su hogar.


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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

El que se mueve no sale en la foto

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ecía Winston Churchill que un político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. A México, bajo esa perspectiva, lo que le sobran son aspirantes a puestos de elección popular y nada más. Basta ver cómo todos cuidan las formas (aunque carezcan de fondo) y se autocensuran “para salir en la foto”. Esa frase era muy usada por don Fidel Velázquez (retomada de Alfonso Guerra) como una sentencia que servía para advertir, en aquel tiempo, que aquellos que no se cuadraban, que no acataban órdenes, que no silenciaban sus dichos, no podían aspirar a más. Triste, pero así era. Y es. Quizá, aunque muchos afirman que esa máxima está sepultada y forma parte de un pasado que parece levantar la mano a cada rato, ello explica el silencio de los políticos referente a la violencia en la capital de Chiapas o de la forma en que se comporta la economía en el país, por mencionar algo. Incluso, en las pinzas que emplean en el tema, aquellos que sin querer opinan, parece divisarse algo de esos códigos no escritos que usan para encajar en “lo políticamente correcto” y no raspar ningún interés que les cobre facturas más adelante. Todo parece, pues, moverse dentro del mismo limbo y un exceso de diplomacia arropa y obliga a la mayoría a mirar hacia otro rumbo. Es lo que se ve. Y es simple: si usted los cues-

tiona no tienen los datos a la mano (o traen otros), o bien es un asunto que le compete a alguien más o simplemente sonríen y se apartan de los micrófonos y teléfonos móviles que buscan captar una respuesta real, sin cortapisas. Es por eso, pienso, que parece que la mayoría quiere salir en la foto: buscan mostrarse alineados, dentro de la misma sintonía, en el mismo tenor y sin desencajar en nada. Porque de lo contrario su participación “en lo que viene” podría verse afectada. Y eso, guste o no, es lo que a ellos importa. Lo grave es que bajo ese tenor, bajo ese comportamiento unilateral, se comete uno de los crímenes más atroces: la omisión. Mi abuelo lo reducía a un simple dicho: “tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata”. Hacer como que no saben no los exime de culpabilidad alguna. Sin embargo, los políticos que deciden deambular por ese sendero buscan, a su modo y teñidos de la vieja usanza, salir en la foto: estar en el palomeo y seguir enquistados en la búsqueda del poder por el poder es su objetivo. Lo demás es transitorio. El encargo que desempeñan es el de la simulación y el de apegarse a cumplir con una norma que les permita “salir” airosos del compromiso como funcionarios y tejer el camino para lo nuevo a lo que aspiran. He ahí la cuestión: no les importa el bien común, ni la paz social, ni la gobernabilidad ni el Estado de derecho. No les importa nada ni nadie más que ellos mismos, más que el siguiente

puesto de elección popular al que aspiran llegar y para ello juegan a la diplomacia: al silencio y al hacerse de la vista gorda. Es más importante estar inmersos dentro del poder, formar parte de esa esfera donde los dejan creer que toman decisiones y que son poderosos, a buscar dejar un legado para las generaciones venideras, un cambio que los guarde en la historia como artífices de la transformación y no hablo aquí de posturas politiqueras. Es más importante que puedan colocar a las esposas o amantes, a la parentela pues, a jugar al nepotismo, al tráfico de influencias, a lo mismo de siempre, que tomar un poquito de conciencia y buscar señalar lo que no está bien. Y ojo, señores, que no se trata de atacar al sistema o de fijar posturas radicales contra quienes gobiernan, no se trata de formar cuadros de rebeldía y quemarlo todo, sino de empezar por un principio básico: reconocer que no todo está marchando bien y que se requieren ajustes que permitan retomar el timón del barco y enderezar la ruta, como ahora sucede en Tuxtla Gutiérrez. México merece más que esa clase política arribista que la ha sangrado por años; más que esos que creen que deben quedarse sin chistar, como adoctrinados, sólo para salir en la foto: un lema que es más profundo de lo que se cree y que cimienta las bases desde donde las cúpulas del poder siguen generando canonjías y riquezas a costa de los demás y de ese silencio cómplice. Ojalá y algún día los políticos

entiendan que “salir en la foto” tiene un costo muy alto y que lo pagamos entre todos. #MANJAR.- En un comunicado difundido en redes sociales, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Luz Espinosa Morales, se deslindó de esa intentona de algunos por involucrarla en el conflicto que traen el sindicato del Cecyte Chiapas con la dirección general. Y es que si algo es cierto, es que ni ella ni el PRD tienen vela en ese entierro. Me parece bien que la legisladora aclare paradas y les corte la inspiración a quienes son amantes de amarrar navajas y que buscan confrontar. Mejor aprendan a cargar sus propios problemas, échense al hombro sus broncas y enfréntelos solos, mijos. No hay necesidad de inculpar. Aguas con eso de tirar piedras y esconder las manos, en una de esas rebotan y los dejan sangrando. #ParFavar // “A menudo, sólo es posible llegar a un conocimiento correcto después de muchas repeticiones del proceso que conduce de la materia a la conciencia y de la conciencia a la materia, es decir, de la práctica al conocimiento y del conocimiento a la práctica. Esta es la teoría marxista del conocimiento, la teoría materialista dialéctica del conocimiento”. Mao Tse Tung. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald y el disco Secret of the Runes de Therion. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer. * Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.


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TRINQUETES MILLONARIOS ILEGALES…

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uizá no se ha entendido bien la función de las autoridades federal, estatal y municipal frente a la sociedad, misma que se reduce a la administración de recursos (económicos, humanos y de autoridad) y el manejo de la crisis y la administración de miseria en que han reducido las instancias del poder, hoy sin viabilidad de solución. En este caso habría que ir más lejos en la responsabilidad de una autoridad como la del Gobierno del Estado y Municipal, que están obligados a defender los recursos públicos que aportan los contribuyentes, frente a muchas vías de despilfarro, rapiña y corrupción. Por eso el tema estriba en ver hasta donde los convenios, tratos y contratos que hacen los Presidentes Municipales están dentro de las normas de sus respectivas leyes orgánicas (municipales y estatales) y una conducta de ética y moral para no trasgredir los límites que les permiten esas leyes. Viene a colación el comentario por las sospechas de que los Presidentes Municipales están haciendo negocios en la opacidad, para llevarse las ganancias a sus bolsas en los tres años de su administración, como el caso de la renta de 30 camiones para la recolección de basura en la ciudad de Tapachula, con un costo mensual de 3 millones de pesos que autorizó el cabildo de la otrora “Pela del Soconusco”, con la anuencia del Alcalde OSCAR GURRÍA PENAGOS. Habría que analizar bien, si es más conveniente rentar camiones para la recolección de basura que en el caso de Tapachula y el Presidente Municipal GURRÍA PENAGOS tendrá un costo de 100 mil pesos mensuales por cada uno, o ir comprando las unidades según la capacidad financiera del Ayuntamiento. Digo, creo y es preciso, que el Alcalde, el Síndico y los regidores, hayan hecho la multiplicación analítica, si eso de rentar 30 camiones por 3 millones de pesos mensuales, es lo más conveniente. Con esa pesquisa que tengo de lo hecho en Tapachula y comparado con los datos provenientes del Ayuntamiento de Villaflores que preside MARIANO ROSALES ZUARTH, quien presuntamente compró tres camiones recolectores de basura por 6 millones de pesos, hay una gran diferencia entre una transacción y otra. Conste, esta es la información que he recabado y que tendrían que confirmar los alcaldes mencionados de Tapachula y Villaflores. Porque, pagar 100 mil pesos mensuales de renta por cada camión, –sin ser especialista en finanzas— me parece muy arriesgado y tonto, porque esos mismos camiones se podrían comprar a crédito y esa cantidad de 3 millones de pesos mensuales, servirían para pagar el adeudo a plazos. Hasta donde entiendo, con la referen-

CONTRAPODER EN CHIAPAS

ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado

• LOS NEGOCIOS VELADOS DE LOS ALCALDES. • Sospechosa renta de camiones en Tapachula… • Tuxtla, millonario trato con Veolia… • Otras transas al amparo del poder… • Comentarios al Margen… cia de la compra de 3 camiones por el Ayuntamiento de Villaflores en 6 millones de pesos, nos da un parámetro de qué hacer y qué no. Quizá el alcalde de Tapachula, OSCAR GURRIA PENAGOS está pensando en deshacerse del complicado proceso de mantenimiento de esas 30 unidades recolectoras de basura y dejar a la empresa esa tarea. Por ahí se podría justificar, además de no tener un trato o convenio laboral con las cuadrillas que operarán en cada uno de los camiones para la limpieza de la ciudad, si ese es el caso.

TUXTLA, MARAÑAS Y TRANSAS…

Por lo que respecta al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, hay un señalamiento severo y grave en contra del Alcalde CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ por el “sospechoso” acuerdo, trato y contrato a que llegó con los representantes de la “Empresa Basura” PROACTIVA-VEOLIA a quien le pagan más de 8 millones de pesos mensuales (aunque dicen que son 30 y tantos) por un pésimo servicio de limpia en la ciudad capital. Hay también un acto de deshonestidad en las relaciones que tuvo la empresa que representa en México FELIPE CHICO HERNÁNDEZ –hijo del empresario FERNANDO CHICO PARDO—con el Ayuntamiento de Tuxtla y directamente con el entonces Alcalde LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, quien había demandado a PROACTIVA a través del abogado MAURICIO GÁNDARA GALLARDO, en un “Juicio de Lesividad”, que estaba literalmente ganado. Ante esa situación, FERNANDO CASTELLANOS recibió la orden del otrora Gobernador MANUEL VELASCO COELLO de “suspender el juicio”, acordar y pagar a la empresa VEOLIA los montos millonarios que exigía por contrato. Ahora el ex Presidente Municipal de Tuxtla, CASTELLANOS CAL Y MAYOR, está “desaparecido” y en un brete jurídico por haberle mentido a una autoridad sobre este asunto. Estamos hablando de que, los presidentes municipales andan en la opacidad y los negocios turbios que al final de cuentas se saben, pero en la “dualidad de corrupción impunidad”, no pasa nada; todos se tapan con la misma sábana, desde la Presidencia de la República, los gobernadores y

alcaldes, como sucede actualmente con la protección e impunidad que le prodiga el “Jefe del Poder Ejecutivo Federal”, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, al ex Gobernador de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO, considerado “el más corruptos de todos los tiempos” por encima de sus antecesores, PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA y JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO… Todo queda para la historia…

COMENTARIOS AL MARGEN… CHIAPAS SEGURO; ¿DE DÓNDE?...

En la historia de la política y la administración pública el engaño, la simulación, la mentira, el doble discurso y de moral, han sido la característica de todo gobierno, sin distinción de colores e ideologías. En el pasado reciente de PABLO SALAZAR, JUAN SABINES GUERRERO y MANUEL VELASCO COELLO, esos instintos de inmoralidad se exaltaron en su nivel más alto, cada vez. No hablemos esta vez del robo, la rapiña, dilapidación, malversación de recursos y abuso de autoridad, sino del discurso y los eslogan que proliferaron particularmente en estos dos últimos gobierno de JUAN SABINES y MANUEL VELASCO por cuanto a querer minimizar los altos grados de inseguridad que se viven en Chiapas y particularmente en la capital Tuxtla Gutiérrez. “Chiapas Seguro” y “Chiapas Aún Más seguro”, fueron los espejitos con que JUAN y MANUEL nos quisieron ver la cara. Pero la realidad los ubicó como unos mentirosos porque la inseguridad va más allá de la “burbuja de poder” en que se encuentran protegidos los gobernantes. “Tuxtla, la Cara Bonita de Chiapas” era la expresión de la entonces Alcaldesa de esta capital, la popular CHACHITA PARIENTE (MARÍA DEL ROSARIO DE FÁTIMA PARIENTE GAVITO), que

resultó otro burdo engaño. Lo cierto es que estamos metidos en un berenjenal de inseguridad: robos, asaltos, asesinatos, feminicidios que contradice lo que se dijera en el pasado reciente de JUAN SABINES y el GÜERO VELASCO; y también en este gobierno de RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS y el alcalde tuxtleco, CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ. Para ejemplificar este rubro, voy a repetir la información que publica el “Diario Contra Poder en Chiapas” (pag. 4 del jueves 18 de julio de 2019) en la que la regidora novena del Ayuntamiento de Tuxtla, ADRIANA GUILLÉN HERNÁNDEZ dice: “durante el año, la entidad ha registrado siete robos a bancos, de los cuales, seis (85.7%) se han presentado en esta capital; situación que da incertidumbre a los usuarios de servicios financieros del municipio”. También refiere la regidora plurinominal priísta y Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento capitalino, que “el número de asaltos en contra de cuentahabientes se ha disparado en los últimos días, donde hasta el momento se han registrado 17 plagios fuera de los bancos”. En las mismas páginas de “Contra Poder” se hace mención del asesinato de una profesora y directora del Instituto Hispano “Jaime Sabines”, pero ya se tienen en las estadísticas el homicidio de un capitán del Ejército Mexicano; otra persona acribillada para robarle el dinero, en las inmediaciones de la gasolinera la fuente; la muerte de una señora en su propio negocio y los asalto a casa-habitación y transeúntes, de los que no llevo registro. Creo y está a discusión mi dicho de que el Presidente Municipal de Tuxtla, CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ no es el directamente responsable de la seguridad o inseguridad que se padece en la capital chiapaneca. Tiene su parte, pero a quienes corresponde oficial y normativamente este asunto de proteger a la ciudadanía es primero al Fiscal General de Justicia en el Estado, JORGE LUIS LLAVEN ABARCA; a la Secretaria de Seguridad Pública, GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO y especialmente el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, JORGE ALEXIS ZUARTH CÓRDOVA. Por cierto, este personaje, JORGE ALEXIS ZUARTH CÓRDOVA, desconocido en el sistema de seguridad pública –o cuando menos para mí— ha demostrado que está en el cargo por una “poderosa recomendación y parentesco político”, pero hasta ahora el mencionado titular de la SSPyTM, ha demostrado que es un inútil y que “le queda grande la silla”, pues lo rebasan los problemas de inseguridad que se viven en Tuxtla Gutiérrez, “la Ciudad del Caos”. En Seguridad Pública del Ayuntamiento capitalino se necesita más que “un recomendado”, gente que sepa de la materia y no un improvisado como éste… Se acabó el mecate… Y ES TODO…


CONTRAPODER EN CHIAPAS

E

n muchas ciudades del país ya nadie camina seguro, ya no saben de quien quedarse si de su propia sombra, de los delincuentes o de la policía. En lugares como la ciudad de México la gente camina con temor porque no sabe cuándo va ser la próxima víctima de la violencia e inseguridad De acuerdo con los resultados del 23º levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de marzo de 2019, durante ese mes 74.6% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Este porcentaje no representa un cambio estadísticamente significativo1 respecto a diciembre de 2018, pero sí es estadísticamente menor al de 76.8% registrado en marzo de 2018. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 79.6%, mientras que para los hombres fue de 68.3 por ciento. Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Tapachula, Villahermosa, Cancún, Reynosa, Coatzacoalcos y Ecatepec de Morelos, con 96, 95.2, 93.3, 92.8, 92.6 y 92%, respectivamente. Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: Saltillo, San Pedro Garza García, Mérida, Los Cabos, San Nicolás de los Garza y Durango, con 26.4, 34.5, 38.5, 40.8, 41.7 y 42.9%, respectivamente. Asaltos, secuestros, violaciones, invasión del narcotráfico, cuerpos de mujeres que aparecer por todos lados, en todos los rincones del país, nadie se siente seguro porque no se sabe cuándo el crimen se hará presente. Por ello, no es gratuito que Ecatepec, municipio del Estado de México, haya sido nombrado en varias ocasiones como un cementerio de mujeres o “nido de ratas”: Ya es la entidad más insegura de todo el territorio mexicano. ¡Qué confirma la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)!, que la violencia criminal en México son de terror, la mejor prueba del fracaso del gobierno de la 4ª Transformación. Es preocupante que la frialdad de los números, porque al igual que Pitágoras, no mienten, ahí están las estadísticas, aunque López Obrador cínicamente diga: “yo tengo otros datos”. Es una realidad o una pesadilla de la cual ya queremos despertarnos, porque no queremos que un ser de nuestra familia, amistad o conocido sea la próxima víctima. Mientras tanto, son 96 vidas perdidas cada día, o si lo prefiere cuatro muertos cada hora; un mexicano muerto cada 15 minutos, es la epidemia de violencia que vivimos los mexicanos en los ya casi ocho meses de gobierno del presidente Andrés

Viernes 19 de Julio de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• De la violencia e inseguridad nadie se salva • También en Chiapas hace aire • Olga Sánchez no da su brazo a torcer López Obrador. No podemos soslayar ni voltear la vista a otro lado o echarle la culpa a otro, pero lo que si es cierto es que el presidente Obrador no hace nada para poner en marcha una verdadera política de Estado, contra la violencia, mientras crece la impunidad de matarifes y sicarios, en todos los rincones del país. Todo lo contrario, candil de la calle y oscuridad de su casa, y también feliz como el presidente Trump por proteger su frontera de tanto delincuente, violadores, drogadictos, rateros y demás malvivientes, pues felicita la gran labor del gobierno mexicano y de su homólogo, López Obrador, por hacer un “gran trabajo” al desplegar “21 mil soldados” a lo largo de la línea divisoria: “¡No esperábamos tantos!”, espetó contento, mientras que a los mexicanos nos esté llevando la chingada y no precisamente al rancho de Palenque.

Sociedad Tuxtleca alcanzada por inseguridad y violencia

Los presidentes municipales en cada trienio, además de robarse el presupuesto público, se encargaban de engañar a la ciudadanía maquillando cifras. Esto es desde la administración municipal de Juan Sabines Guerrero 2004-2006, periodo en donde el cáncer de la corrupción llegó para quedarse. Luego lo sucedieron: María del Rosario Pariente Gavito (2006.2007); Jaime Valls Esponda (2007-2010); Flor de María Coello Trejo (2010); Seth Yassir Vázquez Hernández (2010-2012); Felipe de Jesús Granda Pastrana (2012); Samuel Toledo Córdova Toledo –corrupto entre los corruptos- 20122015) y Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor (2015-2018), todos impuestos para taparles el “cochinero” que dejaron, pero que lo ocultaron con el maquillaje de cifras y la danza de los números. Ellos de vanagloriaron de ser Tuxtla Gutiérrez el único municipio que tiene el certificado como Ciudad Segura, título que les fue ofertado por organismos internacionales, como es el Instituto Karolinska, así como la Asociación Nacional de Consejeros de Participación Social, por mecnioanr algunos. Sin embargo, asaltos, robos a mano armada, secuestros, violaciones estaban a la orden del día, resultado del abandono de los cuerpos policiacos y de investigación que nunca hi-

cieron su trabajo, todo lo contrario se corrompieron siendo una amenaza seria para la sociedad que ya no sabía de quien cuidarse, de los policías o delincuentes. Resultado de esos años gloriosos de corrupción e impunidad, el actual ayuntamiento que preside Carlos Morales Vázquez parece estar con las manos atadas, pues el derroche, el desvió de recursos para las campañas electorales dejaron en el desamparo al municipio. Hoy trabaja con lo que se tiene, porque también a este gobierno municipal aplica la austeridad republicana, y por más que se estira el presupuesto, no alcanza, por lo que se tiene que ir programando las obras y servi8cios. También Tuxtla Gutiérrez como la capital del estado, la sede de los tres poderes e importante por su actividad economía ya sufre las consecuencias de la presencia de los grupos delincuenciales, que ha venido a sembrar el terror entre la ciudadanía. Por ello, hoy enfrenta, asaltos con violencia, robo a cuentahabientes, ejecuciones en la entidad, entre otros delitos que han encendido los focos rojos para poner a las autoridades correspondientes en guardia, porque la inseguridad y violencia se ha desbordado. Dice Paco Rojas, regidor del actual ayuntamiento que existe un gran temor en la capital del estado por la violencia e inseguridad que se vive, que se reflejan en las estadísticas del INEGI y en redes sociales. Rojas Toledo dijo que si el 69 por ciento de la población de la capital ha sentido o a tenido actos de corrupción de parte de las autoridades y si estas no están funcionando es urgente hacer cambios en la estrategia de seguridad. Por lo anterior, dijo que pedirá al presidente municipal Carlos Morales la comparecencia del secretario de seguridad para que informe al Cabildo las medidas que se están tomando para salvaguardar la integridad física de los tuxtlecos y de lo dejarlos convencidos, pedirán su renuncia.

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Algo anda mal o quienes dicen gobernar no se ponen de acuerdo, peor cuando ya están pensando en un próximo cargo público o en las próximas elecciones, eso los distrae y los hace cometer una serie de barbaridades. No se puede gobernar desde el escritorio redactando pésimos boletines, os funcionarios de Chiapas no terminan de aprender que ya no se puede gobernar con mentiras difundidas por boletines que nadie lee ni se puede, es el momento de actuar porque al estado se lo está cargando el payaso, aun con las famosas mesas madrugadoras de seguridad, que lo único que han demostrado que son ineficientes. La mesa de seguridad que sesiona en palacio de gobierno sólo funciona para que un grupo de funcionarios se reúnan a tomar café y a gozar del clima artificial del aire acondicionado, que hace presuponer a estos funcionarios que toda la población chiapaneca tiene el mismo clima agradable que ellos. Lo criticable de todo esto, existan grupos desestabilizadores, oportunistas que quieren llevar agua a su molino y en vez de aportar soluciones convocan a protestar y marchar para ajusticiar al alcalde. Ante una sociedad apática, dudo mucho que esa convocatoria acudan los verdaderos afectados, no los oportunistas que buscan sacar provecho de un movimiento que está condenado al fracaso. Pero en fin, confiamos en que las autoridades realizarán lo conducente, pues la sociedad no puede ni debe estar secuestrada por el crimen organizado ni por autoridades inútiles que les ha quedado grade el cargo, sobre todo aquellos que llegan a calentar su silla a la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil. Como ministra en retiro, Sánchez Cordero tilda de inconstitucional la “ley Bonilla” “En mi opinión, pero ya no como secretaria de Gobernación, en mi opinión como ministra en retiro, por supuesto que es una reforma inconstitucional, en mi opinión, pero yo como secretaria de Gobernación tengo que ser absolutamente respetuosa del Congreso local, de los partidos políticos que van a interponer las acciones de inconstitucionalidad y, por supuesto, de lo que resuelva en su momento la Suprema Corte en relación con esta reforma”, declaró en entrevista. Diez días después de que el Congreso de Baja California aprobó ampliar de dos a cinco años el periodo del próximo gobernador, el morenista Jaime Bonilla, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, opinó como ministra en retiro que la reforma es inconstitucional. Al igual que su jefe López Obrador, Sánchez Cordero como Poncio Pilato se lava las manos y prefiere evadir la respuesta al cuestionamiento de los reporteros. * * * Eso es todo por hoy, hasta el lunes próximo primero Dios con más de lo mismo.


CMAN

DIARIO

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 19 de Julio de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1689 SOLICITUD

ONG pide presentar convocatoria y perfil del fiscal de Derechos Humanos

EXIGENCIA

Familiares de presos en huelga de hambre demandan liberación

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DECLARACIÓN

Plan de Negocios de Pemex no cambia nuestra expectativa: Moody’s

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DEMANDA

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INFORME

Se han entregado más de 700 mil credenciales en Chiapas: INE

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ONG buscan anular “ley Bonilla”; denunciarán a diputados que la aprobaron Al menos cinco organizaciones de la sociedad civil (ONG) buscarán la anulación de la reforma constitucional que amplió de dos a cinco años el próximo periodo de gobierno que encabezará Jaime Bonilla Valdez, a partir del próximo 1 de noviembre.

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Como ministra en retiro, Sánchez Cordero califica de inconstitucional la “ley Bonilla”


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