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CONTRAPODER EDICIÓN 1677

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CMAN

DOXA

EDITORIAL

De impunidad y complicidades

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Chiapas tiene los niveles de impunidad más altos de las entidades federativas del país, pero eso no lo sabe todavía el fiscal general del. Junto a esa impunidad se fortalece una práctica policíaca del uso de la tortura para encontrar chivos expiatorios

En Chiapas tres funcionarios se disputan el honor por decir las mayores tonterías. Ayer al fiscal la ganó con méritos propios pero hoy el gobernador la ganó de calle. Señaló que su gobierno investiga y sanciona actos de corrupción de servidores públicos. Si así fuera el secretario de hacienda y el director ICOSO estarían vinculados a proceso.

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EN CHIAPAS

Viernes 5 de Julio de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1677

SOLICITUD

Alertan por brote de varicela en estación migratoria de Comitán, Chiapas

Castro Molina dijo que, en caso necesario, se considere realizar jornada de vacunación contra varicela por parte de autoridades sanitarias, tanto a los migrantes como al personal del Instituto Nacional de Migración INM por su salud y a fin de evitar contagio en sus familias.

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Negativa la desaparición de Secretaría de Asuntos Religiosos

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CONFERENCIA

AMLO “da vuelta a la página” sobre contaminación de Río Sonora por Grupo México

PAG. 3 PAG. 8

El Tren Maya es un “proyecto de muerte”, acusan representantes indígenas

DENUNCIA

Funcionarios de Educación, defraudan a maestros beneficiados de programas federales

CRÍTICA

HOY ESCRIBEN CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

ÍNDICE...

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Ruperto Portela Alvarado PAG. 14

AYOTZINAPA: CÓMO NO FALLARLE DE NUEVO A LAS VÍCTIMAS Chrístel Rosales

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LA GUARDIA NACIONAL Y LA GUERRA AL NARCO José Gil Olmos

UN FISCAL DESAPARECIDO

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Jorge Carrasco Araizaga

LOS GAZAPOS DE BARTLETT

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Arturo Rodríguez García PAG. 4

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CONTRAPODER EN CHIAPAS

Viernes 5 de Julio de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL De impunidad y complicidades

C

hiapas tiene los niveles de impunidad más altos de las entidades federativas del país, pero eso no lo sabe todavía el fiscal general del. Junto a esa impunidad se fortalece una práctica policíaca del uso de la tortura para encontrar chivos expiatorios y con ello encubrir a los verdaderos culpables de los delitos, sobre la tortura y la fabricación de pruebas la fiscalía sabe mucho y en todo momento lo aplica. No es fortuito que en la nueva administración se presuma como importante logro, que los delitos, los resuelven están y los responsables se encuentran en prisión. Pero después de confirmar cómo la fiscalía siembra pruebas para culpabilizar a personas inocentes, queda la duda de la efectividad de los operativos y entra la sospecha sobre cuántos de los detenidos son en realidad culpables, porque en Chiapas los inocentes son vinculados a proceso y los culpables son liberados. Hay antecedentes de sobra de cómo los tribunales federales revierten las sentencias, en donde los jueces federales suelen ordenar la liberación de

los detenidos, en virtud de que las pruebas presentadas por la fiscalía son insostenibles. En Chiapas hay una larga historia de prácticas y pautas culturales de impunidad y corrupción, lo que genera que esta situación difícilmente vaya a cambiar sólo con el discurso del gobernante o con las declaraciones de la fiscalía. La postura de aplicación de la ley sin restricciones resulta una falsedad, debido a las condiciones de impunidad que imperan, donde el castigo significa acabar con los privilegios de la clase política y la sanción a una serie de funcionarios que se enriquecieron en el desempeño de sus funciones. En la población se empieza a decir que la delincuencia desbordó a las instituciones y cada vez se hace más complicado garantizar condiciones mínimas de seguridad. Los homicidios violentos se han incrementado, el secuestro se hizo presente, los feminicidios llevan un ritmo de uno cada cinco días, los asaltos bancarios que eran parte del pasado, resurgieron en esta administración, los asaltos a transeúntes y negocios están a la orden del día, los asesinatos a lucha-

dores sociales vuelven a surgir como en los viejos tiempos, las ejecuciones callejeras se transformaron en ataques armados. Todo ello sucede en Chiapas en la impunidad total. Desafortunadamente la impunidad es muy superior a la eficacia, en el que de cada cien delitos que se cometen, sólo uno se sanciona. Son estas estadísticas lo que debiera hacer que se mejore todo el sistema de impartición y procuración de justicia, pues se corre el riesgo de haya un incremento de homicidios violentos así como de feminicidios, en el que el primer paso que debiera darse es la autonomía del poder judicial y acabar con los jueces de consigna. De igual manera, la ausencia de autoridad ha mellado considerablemente el orden público y ha generado una degradación del Estado en Chiapas. Es importante aclarar, que el desorden social que se vive en la entidad no es un asunto reciente, pero con la administración de Rutilio Escandón se ha acentuado, a punto tal, que la delincuencia actúa a plena luz del día y en las narices de la fiscalía, ya sea en total impunidad o bajo la sospecha de la complicidad.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Viernes 5 de Julio de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Alertan por brote de varicela en estación migratoria de Comitán, Chiapas Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

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l consulado guatemalteco en Comitán solicitó a las autoridades estatales de salud pública intervenir de forma inmediata o urgente en la Estación Migratoria de esa ciudad fronteriza, para verificar y evitar un posible contagio masivo de varicela. Fernando Castro Molina, vicecónsul de Guatemala en Comitán de Domínguez dijo hoy que solicitó al director del Jurisdicción Sanitaria No. III de Comitán de Domínguez, el médico Henry Hernández, que dispongan de una jornada sanitaria en la Estación Migratoria de Comitán “para verificar y evitar el contagio de las personas migrantes que se encuentran en dicha estación migratoria por brote de varicela”. Dijo que tuvo conocimiento que las personas con menores migrantes de diversas nacionalidades que se encontraban en el DIF Municipal de Comitán de Domínguez, fueron trasladadas a dicha estación migratoria, por el brote de varicela que se ha dado en dos menores migrantes. “El brote de varicela, es en dos ni-

A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

A tres meses de haber arrancado de forma oficial el programa piloto para afiliar a trabajadores y trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Chiapas únicamente el 0.03 por ciento del padrón de personas que se dedican a esta labor se han registrado a este esquema de seguridad social. Carlos Alberto González Sánchez, subdelegado del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, informó que hasta el corte del mes de junio el instituto registró la afiliación de 23 trabajadores y trabajadoras del hogar en la entidad. “Hay 23 personas que sean afiliado al programa que empezó, arrancó el 1 de abril en el estado, son muy pocas”, indicó. Expuso que de las 23 personas registradas al programa piloto del IMSS, 18 son mujeres y cinco hombres. Resaltó que la meta que solicita el director general del IMSS, Zóe Robledo, a los estados es de afiliar a con dómenos 15 mil personas, esto para el 2019. Por ello, manifestó que a pesar de la promoción y difusión de este nuevo

Fernando Castro Molina, vicecónsul de Guatemala en Comitán de Domínguez dijo hoy que solicitó al director del Jurisdicción Sanitaria No. III de Comitán de Domínguez, el médico Henry Hernández, que dispongan de una jornada sanitaria en la Estación Migratoria de Comitán “para verificar y evitar el contagio de las personas migrantes que se encuentran en dicha estación migratoria por brote de varicela”

ños que permanecen en el DIF Municipal de Comitán de Domínguez, razón por la cual he planteado la solicitud de jornada médica por jurisdicción sanitaria urgente, con el fin de realizar un control médico efectivo, para evitar un mayor contagio del virus a más personas y menores de edad, sobre todo al ser trasladados

a estación Siglo XXI o retornados a Guatemala, Honduras y El Salvador”, dijo Castro Molina. De igual forma notificó al Cónsul de Guatemala en Tapachula, Carlos Chopen, para que se tomen las medidas preventivas en el caso de migrantes trasladados. Castro Molina dijo que, en caso

necesario, se considere realizar jornada de vacunación contra varicela por parte de autoridades sanitarias, tanto a los migrantes como al personal del Instituto Nacional de Migración INM por su salud y a fin de evitar contagio en sus familias. “En visita realizada en estación migratoria de Comitán de Domínguez, se planteó al maestro Luis Villafuerte, delegado migratorio, la autorización del ingreso de médicos para realizar evaluación de los migrantes que allí se encuentran, lo cual se agradeció”, expuso el diplomático guatemalteco. El vicecónsul agradeció a los médicos, Henry Hernandez y Lizbeth Galvez de la Jurisdicción Sanitaria, por su intervención ante la población migrante, así como al personal del INM, “para evitar una propagación de varicela”.

Menos de 30 trabajadoras del hogar se han afiliado al IMSS esquema de seguridad social la participación de los trabajadores y trabajadoras del hogar en la entidad ha sido muy bajo, considerando que solo en la capital de chiapaneca hay más de 12 mil patrones que tienen la obligación de facilitar este proceso de inscripción. “Nosotros tenemos aquí en la subdelegación que maneja Tuxtla Gutiérrez, tenemos un poco más de 12 mil patrones y atendemos a 2 millones de personas aquí en el estado”, agregó. Sin embargo, González Sánchez señaló que por el momento la inscripción de las trabajadoras al IMSS es meramente voluntaria por parte de los patrones, pero con miras a que este sea obligatorio y sancionatorio. “Yo creo más adelante no sé si vaya hacer eso (sanciones a patrones), eso lo dirán los diputados, la gente del seguro social, ahorita es un tema voluntario para todos”, apuntó. Subrayó que la afiliación al IMSS es gratuita para todos los trabajado-

res y trabajadoras domésticas, pero para los patrones sí, cual depende del salario hasta 25 Unidades de Medida de Actualización (UMA´s) Cabe hacer mención, que Gerardina González Marroquín, directora de la Oficina para países México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacó que en la entidad hay más de 75 mil de trabajadoras del hogar, donde este sector representa

el 3.4 por ciento de las empleadas domésticas del país. “En Chiapas particularmente hay 75 mil 726 trabajadoras del hogar, es decir, el 3.4 por ciento de las trabajadoras del hogar de este país… hay un total de 39 mil 702 hogares chiapanecos que emplean a trabajadoras del hogar, es decir, el 2.5 por ciento del total de los empleadores del país está aquí”, aseguró.


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De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

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aestros beneficiados del Programa Estrategia de Atención Directa a las Escuelas antes conocido como Programa de la Reforma Educativa (PRE) denunciaron a una empresa de la capital chiapaneca la que en complicidad con el Coordinador de zona del Proyecto Educativo Comunitario indígena del municipio de El Porvenir vaciaron los recursos depositados en sus cuentas por parte del referido programa, lo que consideraron como fraude. Los mentores de la zona sierra madre, denunciaron al coordinador de nombre Gabriel Benjamín Nájera Román y a la empresa chiapaneca con domicilio en colonia La Moderna en Tuxtla Gutiérrez, quién los amenazó con “despedirlos” si lo denunciaban por el fraude cometido. Explican los molestos profesores que por segundo año consecutivo, sustrajeron los recursos de las tarjetas de los beneficiarios sin sus autorización mediante un sistema denominado domiciliación bancaria, pese a que ya lo habían denunciaron con anterioridad, los funcionarios siguen con las mismas prácticas fraudulentas. Por lo que los denunciantes alertan a maestros a no dejarse engañar por parte de estos sujetos, ya que son los mismos que en años anteriores falsificaron pólizas de cheque del programa escuelas de tiempo completo evitando así lleguen los recursos a las escuelas Por lo que en esta ocasión solicitan al Coordinador Estatal del Programa Estrategia de Atención Directa a las Escuelas, Emanuel López Villatoro y a la Coordinado-

Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)

La desaparición de la Secretaría de Asuntos Religiosos no demuestra voluntad para dar atención a los temas de intolerancia y conflictos que hay en Chiapas en esa materia, señaló en entrevista el líder de la congregación Alas de Aguilar “Ejercito de Dios”, Esdras Alonzo González. “Hay temas pendientes de la administración pasada que el actual gobierno no ha dado atención, del cual existen firma de minutas donde se compromete a indemnizarlos por terrenos que han perdido como Los Llanos, San Gregorio Huixtán, y actualmente el problema de Mariano Matamoros, del municipio de Venustiano Carranza, donde les quitaron terrenos a la mala”. Alonso González dijo que a la estructura del gobierno no le interesa el tema, todos los casos serán atraídos por derechos humanos y migrantes, “y con ese pretexto está

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Funcionarios de Educación, defraudan a maestros beneficiados de programas federales Los mentores de la zona sierra madre, denunciaron al coordinador de nombre Gabriel Benjamín Nájera Román y a la empresa chiapaneca con domicilio en colonia La Moderna en Tuxtla Gutiérrez, quién los amenazó con “despedirlos” si lo denunciaban por el fraude cometido

ra de los Programas Especiales y Compensatorios (COPEyCO), Guadalupe Cruz Cancino coadyuven a las investigaciones a fin de castigar estos actos delictivos que lesionan a

los más necesitados , y así se puedan recuperar estos recursos Señalan que el coordinador de la zona Sierra, es el único que tiene acceso a la información de las tarjetas

bancarias y es ahí cuando usa ilegalmente esa información proporcionándosela a la empresa acusada para hacer el cargo a través del sistema denominado domiciliación bancaria.

Negativa la desaparición de Secretaría de Asuntos Religiosos queriendo evadir un hoyo, pero está abriendo otro y más fuerte que le va generar problemas porque van a tener extranjeros ahí que piensan diferentes y no conocen el ambiente”. “Ahí hizo caso omiso el ayuntamiento de Carranza, el gobierno ha jugueteado este problema desde hace cinco años, los dejó en estado abandonados, el gobierno le puso más atención a las organizaciones sociales que siempre están presionando, tapando carreteras, es inhumano dejar a viejjitos, niños sin su comunidad”, abundó. Criticó que se le esté brindando atención y mayor importancia a los migrantes cuando hay desplazados indígenas de sus propios ejidos, violándose sus derechos constitucionales, mientras el gobierno hace

caso omiso y sin trabajar las carpetas “están los expedientes tirados en Chiapa de Corzo, no ha habido un interés, porque quitaron la secretaria de asuntos religiosos”. Por último, dejó en claro no es-

tar en contra de la llegada de los migrantes, pero supuso que traerán problemas al estado porque traen culturas diferentes, y lamentó que a los desplazados se siga dejando olvidados.


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ONG alertan despojo de tierras y desplazamiento forzado por megaproyectos en Yucatán y Q. Roo Ixtlixóchitl López Ciudad de México (apro)

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espojo de tierras, desplazamiento forzado, tensión en las comunidades y afectaciones irreversibles a la naturaleza son el resultado de la expansión de megaproyectos implementados en los estados de Yucatán y Quintana Roo, denunciaron representantes indígenas de la región maya e integrantes del colectivo Geocomunes, así como del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). Ante este fenómeno, Geocomunes y el CCMSS desarrollaron una herramienta de visualización cartográfica en línea que permite analizar el avance desproporcionado en los últimos años de los sectores inmobiliario, agroindustrial, energético y turístico que, desde su óptica, afectan a la región y la calidad de vida de sus habitantes, en su mayoría indígenas. Con diez capas de información, el mapa interactivo da cuenta de la instalación de granjas porcícolas, que contaminan los mantos acuíferos; de plantaciones de soya transgénica, sobre lo que antes era selva, así como de la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos para la producción de energías renovables que se extienden sobre los bienes comunes. En conferencia de prensa, Adrián Flores del colectivo Geocomunes expresó que esto sólo es una parte del “tsunami turístico inmobiliario” que afecta a la población, pues con la expansión hotelera –alertó– viene una

Armando Guzmán Villahermosa, Tab. (apro)

Un muerto y un herido dejó como saldo una riña entre reos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) del municipio de Huimanguillo. Se trata del segundo homicidio que ocurre en una cárcel de Tabasco en menos de diez días. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que la riña se suscitó la noche del miércoles entre dos internos y uno resultó muerto por lesiones producidas con un arma punzocortante. La víctima fue identificada como Luis Eduardo “N”, de 23 años de edad, originario del poblado C-34 del municipio de Cárdenas, quien aún con vida fue trasladado a un hospital, pero poco después falleció. Fue asesinado por Lázaro “N” y en la reyerta resultó herido Salomón

Ante este fenómeno, Geocomunes y el CCMSS desarrollaron una herramienta de visualización cartográfica en línea que permite analizar el avance desproporcionado en los últimos años de los sectores inmobiliario, agroindustrial, energético y turístico que, desde su óptica, afectan a la región y la calidad de vida de sus habitantes, en su mayoría indígenas

expansión inmobiliaria que albergar a los trabajadores necesarios para estas industrias. Este fenómeno, indicó, se da sobre tierras colectivas, pues 30% de la expansión urbana de los últimos 38 años se realizó sobre tierras ejidales, cuya extensión coincide con el crecimiento de Cancún y Playa del Carmen en Quintana Roo.

Además, en la actualidad, dijo, 7 mil 227 hectáreas del estado pertenecen al sector hotelero y 85 kilómetros de litoral entre Cancún y Tulum se encuentran urbanizados, mientras que 59% del agua en la región está concesionada a hoteles, como el Grupo Meliá que disponen nada menos que de 36.3 millones de metros cúbicos del líquido.

El mapa diseñado a partir de la información facilitada por las comunidades, dijo, incluye también la red de gasoductos, líneas de trasmisión eléctrica, transporte y uno de los proyectos emblemáticos de la actual administración, el Tren Maya. Desde el CCMSS, confiaron en que este mapa interactivo contribuya a difundir la situación

Riña al interior del Cereso de Huimanguillo deja un muerto y un herido “N”, originario del municipio de Macuspana. Elementos del Ejército y de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el operativo “cárcel segura” dentro del penal. El pasado 25 de junio otra riña en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset), provocó la muerte de un interno y dos lesionados. Los reos Erick y Mauricio “N” mataron a Fernando “N”, lo que provocó que otros internos agredieran y lesionaran a los agresores. La víctima estaba recluida desde hace 24 años por los delitos de homicidio y robo e ingresó al Creset el 5 de agosto de 1995.


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A 6 meses de operar sin recursos, Refugios recibirán presupuesto Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

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uego de seis meses de espera, protestas, presión de organizaciones civiles y discusiones sobre si el subsidio federal debía continuar para los Refugios para mujeres víctimas de violencia y sus Centros de Atención Externa (CAER), este día, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) liberó los recursos para estos espacios. De acuerdo con información de la Red Nacional de Refugios (RNR) son 45 refugios y 24 CAER los que fueron aprobados para recibir el fondo de 346 millones 482 mil 708 pesos por medio de la administración del CNEGySR. Los fondos que se invierten para que mujeres y sus hijos e hijas se salvaguarden en casas refugio, comenzaron a entregarse este jueves. Cabe recordar que al inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó dejar de entregar recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil, lo que puso en riesgo el financiamiento que reciben los Refugios pues varios de ellos son operados por éstas. Los últimos datos recolectados en 2015 por Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, señalan que hasta entonces operaban en el país 72 refugios: 34 pertenecen a organizaciones civiles, cuatro a instituciones de asistencia privada y 34 son instituciones públicas. En tanto, la información que dio a conocer el equipo de López Obrador es de 70 refugios, de los cuales, según ellos, sólo 20 tienen las condiciones para operar. Aunque la presión de la sociedad civil y feministas fue clave para continuar con el apoyo económico a estos espacios que previenen casos de feminicidio, la falta de transparencia y reglas claras en el proceso de entrega de los recursos, los ha colocado en riesgo de no continuar recibiendo financiamiento federal para los próximos años. Desde 2004, el CNEGySR es el responsable de emitir la convocatoria pública para canalizar los recursos federales a los Refugios, pero no se ha logrado garantizar la entrega oportuna y transparente de los fondos.

LUCHA POR RECURSOS Los Refugios para mujeres víctimas de violencia surgieron en la década de los 90 frente a la necesidad de atender la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, la iniciativa fue de organizaciones

Cabe recordar que al inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó dejar de entregar recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil, lo que puso en riesgo el financiamiento que reciben los Refugios pues varios de ellos son operados por éstas

civiles de mujeres ante la falta de un Estado que mirara y atendiera el problema. Fue en 2004 cuando la Secretaría de Salud definió seis grandes programas en el CNEGySR, entre ellos el de “Prevención y Atención de la Violencia”, que contempló subsidiar a los Refugios especializados en la atención de mujeres víctimas de violencia extrema pertenecientes a la sociedad civil e instancias gubernamentales, pero no tenía recursos, por lo que éstos se tomaron del Programa para la prevención, detección y atención temprana del cáncer cérvico uterino y de mama, que también coordina el Centro. En 2007 con la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se mandata al Estado asegurar recursos etiquetados para su funcionamiento. En 2014, se contemplaron 350 millones de pesos para la operación de los Refugios y CAER, pero el CNEGySR regresó 100 mdp bajo el argumento de que los refugios tuvieron “imposibilidad administrativa, legal y económica para cumplir con las disposiciones fiscales administrativas y por lo tanto se vieron en la imposibilidad de participar en la convocatoria”. En ese momento se documentó que diversos montos solicitados por las organizaciones civiles e instancias públicas no se autorizaron, quedándose sin cubrir las necesidades de las víctimas que potencialmente pueden ser asesinadas.

Ante la falta de reglas claras sobre el proceso de los recursos, en 2015 la Cámara de Diputados definió en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) la partida presupuestal “43401 Convocatoria Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros de Atención Externa”. A pesar de la asignación, continuó sin haber reglas claras y transparentes en las distintas fases y procesos de la convocatoria dirigida a los Refugios, por lo menos así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la evaluación de la gestión financiera hecha al Centro Nacional de Equidad de Género en 2015. En el análisis de la Cuenta Pública 2015 la ASF destacó que el CNEGySR no contaba con criterios específicos para demostrar que las personas funcionarias públicas que participaban en el proceso de evaluación de los proyectos de financiamiento para los Refugios, tenían la experiencia y conocimientos requeridos, así como la objetividad, transparencia e imparcialidad. En su informe, la Auditoría también consideró que era necesario incluir mecanismos que permitieran garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación de los apoyos económicos otorgados, tanto en los casos de Refugios que ya habían presentado proyectos como en los que participaban por primera vez en la convocatoria,

pues encontró que dos instancias gubernamentales con comprobantes fiscales cancelados fueron indebidamente consideradas como procedentes para recibir recursos por parte del CNEGySR, así como otros gastos de organizaciones civiles que no contaban con la documentación comprobatoria que cumpliera con los requisitos fiscales. A pesar de estas observaciones, las irregularidades continuaron. En 2016, de los más de 286 millones de pesos que recibió el CNEGySR para los Refugios, sólo aplicó 274 millones, no obstante, la Cámara de Diputados nunca lo llamó a rendir cuentas.

SIN CERTEZA Este 2019 la Cámara de Diputados dispuso en el PEF más de 346 millones de pesos para los Refugios. Las legisladoras de la Comisión de Igualdad de Género han asegurado a organizaciones civiles que el Estado vigilará el funcionamiento de los Refugios y el ejercicio de los recursos. En diversos pronunciamientos, las integrantes de distintos Refugios de la RNR, han propuesto a la nueva administración generar mecanismos más eficientes para la gestión y transparencia de estos recursos, sin embargo, el gobierno ha manifestado su intención de generar un nuevo modelo de atención y la posibilidad de que sea el Estado quien los rija con el fin de evitar intermediarios y falta de transparencia.


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Slim, sobre el arbitraje: “hay un contrato claro, hay pláticas; cuando concluyan, comentaremos” De la redacción Ciudad de México (apro)

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l magnate Carlos Slim Helú se pronunció sobre los procesos de arbitraje iniciados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al señalar que “hay un contrato claro, hay pláticas y cuando se concluya lo comentaremos”. Luego de su participación en la conmemoración del Día del Ingeniero, el hombre más rico del país dejó claro que la relación del gobierno y de los empresarios es muy importante para la inversión, así como para lograr el impulso de la actividad económica y la creación de empleos, la cual consideró “una de las urgencias que tenemos en el país”. En ese contexto, el pasado miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se puede llegar a un acuerdo sobre los gasoductos para evitar tarifas altas para la CFE. Grupo Carso informó en un comunicado emitido al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores que el 23 de septiembre del 2015, la CFE y Carso Gasoductos celebraron el contrato de prestación de servicio de transporte de gas natural por gasoducto, hasta por una cantidad de 472 millones de pies cúbicos diarios en el trayecto comprendido de Samalayuca a Sásabe, en los estados de Chihuahua y Sonora, por un periodo de 25 años.

Patricia Davila Ciudad de México (apro)

Este jueves, el abogado de los Policías Federales, presentarán un amparo colectivo con el fin de que un juez de distrito decida si los agentes tiene la razón al reclamar que se respeten los derechos laborales obtenidos dentro de esta corporación, al ser trasladados a la Guardia Nacional. El abogado Iván Chávez aseguró que es mentira que detrás de los elementos de la Policía Federal que reclaman respeto a sus derechos al pasar a la Guardia Nacional, haya “mano negra” como aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto el amparo va firmado por 720 elementos que se encontraban presentes, sin embargo, explicó que es en representación de todos los elementos que integran la

Luego de su participación en la conmemoración del Día del Ingeniero, el hombre más rico del país dejó claro que la relación del gobierno y de los empresarios es muy importante para la inversión, así como para lograr el impulso de la actividad económica y la creación de empleos, la cual consideró “una de las urgencias que tenemos en el país”

Según Grupo Carso, el contrato fue firmado tras haber presentado la mejor opción técnica y económica para la CFE, de acuerdo con la Licitación Pública Internacional LPSTGN.002/15. La obra se encuentra en proceso de construcción. Agregó que Carso Gasoducto Norte (antes Carso Gasoductos) se encuentra analizando el contenido de la solicitud de arbitraje recibida

y su fundamento legal. El proceso de arbitraje por parte de la CFE contra Carso y contra IEnova-Transcanadá llegó a tal nivel que el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, y el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena, tuvieron que acudir a Palacio Nacional para pedir la creación de una mesa de

diálogo sobre el tema. “Concluimos que vamos a privilegiar el diálogo, que se va a estar hablando y que se va a formar una mesa de conciliación, tratando de separarnos del problema legal y tratando de llegar a una solución que beneficie a todos, ésa es básicamente la noticia que les queremos compartir, por eso nos sentimos muy satisfechos”, señaló Salazar.

Policías federales preparan amparo colectivo para proteger sus derechos laborales Policía Federal. “No estamos siendo manipulados por ningún grupo político ni organización que tenga como fin distinto lo que buscan los policías federales. Los compañeros buscan un fin legítimo que es mantener sus prestaciones. La lucha es legítima”, afirmó. Lo que sucede, explicó, es que, con sus declaraciones, el presidente López Obrador busca desacreditar a los agentes. Conminó a los agentes federales desplegados en los estados a que no se desanimen. “Estamos dando la cara por los que están arriesgando su vida en los estados y mañana presentaremos el amparo con 720 elementos que firmaron”, recalcó.


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AMLO “da vuelta a la página” sobre contaminación de Río Sonora por Grupo México Milton Martínez Ciudad de México (Apro)

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pesar de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó reiniciar el juicio por daños al medio ambiente y a la salud de pobladores contra Grupo México, propiedad del magnate German Larrea, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió darle la vuelta a la página. En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario desestimó la posibilidad de un desencuentro con Grupo México por el caso de la contaminación en el río Sonora en 2014, bajo la premisa que no pretende “anclarse” al pasado, sino que desea “inaugurar una etapa nueva” en el país. En su lugar, se comprometió a instruir al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, a que visite y haga un análisis de la zona afectada, además de que ofrezca una solución con respecto a la extracción de agua contaminada en pozos, la opacidad en el ejercicio del fideicomiso de los 2 mil millones de pesos, el cierre de la Unidad Médica de Vigilancia Epidemiológica y los motivos del por qué no están en operación la treintena de plantas potabilizadoras con capacidad para separar metales pesados. “Voy a pedirle a Víctor Manuel To-

De la redacción Ciudad de México (apro)

Molestos por las aseveraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que hubo “mano negra” en las protestas contra la Guardia Nacional, elementos de la Policía Federal que mantienen tomadas las instalaciones del Centro de Mando en Iztapalapa, afirmaron que son policías en activo y mostraron sus credenciales. Esta mañana, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que “los que estaban dirigiendo ayer el movimiento no trabajan en la Policía Federal, los principales dirigentes pertenecen a organizaciones de otro tipo”, aunque no especificó a cuáles. Apenas había hecho esas declaraciones el mandatario, los policías convocaron a los periodistas que se encontraban en el Centro de Mando de Iztapalapa y rechazaron que haya “mano negra” en su movimiento co-

En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario desestimó la posibilidad de un desencuentro con Grupo México por el caso de la contaminación en el río Sonora en 2014, bajo la premisa que no pretende “anclarse” al pasado, sino que desea “inaugurar una etapa nueva” en el país

ledo que vea lo del Río Sonora, lo de la contaminación, se crea un fideicomiso, se alega que la empresa aportó esa cantidad, pero no hay claridad”, dijo. Y abundó: “es notorio de que no se terminó de resolver las demandas de la gente en plantas de tratamiento, lo del hospital, voy a pedirle a Víctor Manuel Toledo que vaya allá, a ver este tema y lo de los trabajadores (los mineros de la sección 65) y ver que existen las denuncias y actuar legal-

mente sobre este tema. El periodista sonorense Cayetano Lucero expuso al primer mandatario las injusticias que experimentan los pobladores ribereños tras la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi registrada el 6 de agosto de 2014, por irresponsabilidad de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México. También le hizo notar las acciones emprendidas por el gobierno federal

para castigar a Grupo México y resarcir el ecocidio que afectó a más de 22 mil ribereños y cerca de 800 mil personas en esta capital debido a que se está extrayendo agua de los pozos contaminados y se le está dotando a la población en general. Con respecto a un eventual desencuentro con el gigante de la minería en México, el presidente profundizó: “Qué hacer con el saqueo, qué hacer con todas las injusticias, sólo teníamos dos opciones: meternos a juzgar a los responsables o decir punto final y vamos a inaugurar una etapa nueva”. Enseguida puntualizó: “Decidimos por lo segundo, no dejar de condenar el modelo neoliberal, el modelo de pillaje, no quedarnos callados en eso, pero no apostar nuestra suerte sólo a la venganza, a la persecución, porque sentimos cuando tomamos esta decisión que nos íbamos a quedar anclados en el pasado, que nos iba quitar mucho tiempo, y que no íbamos a poder sentar las bases para una patria nueva, que nos iba a desgastar mucho, por eso optamos por ir hacia adelante”.

Credencial en mano, policías federales rechazan “mano negra” en su protesta mo acusó el presidente. Credenciales en mano, los uniformados aseveraron que son elementos en activo, y reiteraron su demanda de que sean respetados sus derechos laborales. Comentaron que están a la espera de la llegada del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, o del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, quien encabeza desde ayer una mesa de diálogo permanente con los inconformes. Según los policías el diálogo se cerró ayer con Mejía Berdeja porque no quería la presencia de medios de comunicación. Los policías federales mantienen tomadas las instalaciones del Centro de Mando y los bloqueos en el Eje 5 y Eje 6, aledaños al inmueble. Sus

familiares los apoyan con pancartas contra el presidente. En un momento se generó tensión cuando los policías confundieron al reportero de Reforma, Jorge Ricar-

do, con un militar. Lo empujaron, lo sacaron y los querían despojar de sus cosas, pero reporteros presentes intervinieron y confirmaron que se trataba de un reportero.


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Ixtlixóchitl López Ciudad de México (Apro)

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epresentantes de las comunidades indígenas mayas de Quintana Roo y Yucatán, así como del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) manifestaron su abierta oposición a la construcción del Tren Maya y aseguraron que buscarán los recursos legales necesarios para frenar ese “proyecto de muerte”. Durante su participación en la presentación de una herramienta de visualización cartográfica en línea que permite analizar el impacto de los megaproyectos en la zona, desarrollada por Geocomunes y el CCMSS, los integrantes de las comunidades mayas denunciaron el despojo y la división de la que son objeto con este proyecto de desarrollo. Pedro Uc, de la localidad de Buctzotz e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, aseguró que con el cambio de administración esperaban una mejora en las condiciones de los habitantes de la región, prometidas en dos o tres campañas anteriores, sin embargo, se encontraron con la noticia de un Tren Maya. “Nunca las comunidades pedimos, de tantas solicitudes que hacemos al estado, un Tren Maya, y además deciden ponerle este apellido”, cuestionó. Además, denunció que por años la palabra maya se ha convertido en una “divisa importante” hasta en los periódicos, pero manifestó que ello sólo se traduce en la devastación del territorio, la naturaleza y del tejido comunitario, “que está rasgado herido”. Como defensor del territorio, Pedro exigió respeto a los pueblos originarios y a sus formas de vida, así como al derecho a una consulta en la que verdaderamente se tome en cuenta su opinión, pues históricamente, acusó, estas sólo han servido para cumplir un requisito y legitimar los megaproyectos. Denunció que derivado de la compra de terrenos para la construcción

Sara Pantoja Ciudad de México (apro)

Los nuevos integrantes de la Guardia Nacional que ayer desistieron y se unieron a las protestas de la Policía Federal ya no serán recibidos en la nueva corporación, por indisciplina, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia, dijo que ayer algunos nuevos elementos de la Guardia Nacional que ya estaban inscritos “decidieron salirse. No van a perder su trabajo, pero ya no van a regresar a la Guardia Nacional porque esas indisciplinas no se pueden tolerar”. El presidente dijo que, pese a esas bajas, el gobierno ha recibido más solicitudes para ingresar a la

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El Tren Maya es un “proyecto de muerte”, acusan representantes indígenas Durante su participación en la presentación de una herramienta de visualización cartográfica en línea que permite analizar el impacto de los megaproyectos en la zona, desarrollada por Geocomunes y el CCMSS, los integrantes de las comunidades mayas denunciaron el despojo y la división de la que son objeto con este proyecto de desarrollo

del Tren Maya realizada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la especulación inmobiliaria ha aumentado y se prevé que los centros urbanos, que actualmente albergan a 12 mil habitantes, se expandan a unos 50 mil. Asimismo, dijo que empleados de gobierno de diversas dependencias, en especial de la Secretaría de Energía (Sener), están presionando a las comunidades para que cedan sus tierras y acepten los proyectos energéticos. El dirigente indígena refirió que para el despojo de tierras las autoridades federales se valen de “coyotes” que ofrecen dinero por sentarse a escuchar las características del proyecto y luego los hace firmar una lista de asistencia que después, sin que los

pobladores se enteren, se convierte en un contrato de la compra venta de las propiedades. Asimismo, indicó que dichos “coyotes” abusan de la buena fe de las comunidades porque la mayoría de las personas de esa región no hablan español. Wilma Esquivel, vicepresidenta del Centro comunitario U Kuuchil K Chibalom, habitante de Carrillo Puerto y miembro del Concejo Indígena de Gobierno, lamentó también el desprecio oficial a su cultura. “Nos preocupa esta idea de desarrollo que viene de fuera, nos han dicho que el campo no sirve, que el campo no da y que nuestra forma de ser, vivir y ver el mundo no es válida”, dijo y alertó que gran parte de su

cultura está siendo arrasada por la lógica económica que demanda a los dueños de la tierra, territorio maya, como empleados del sector turístico e industrial, “¿en qué momento nos escupieron de ahí?” Con el desarrollo, prosiguió, llega también otros problemas: feminicidios, crimen, violencia y miedo. Las ciudades, apuntó, no están hechas para nosotros, están diseñadas para aquellos que tienen dinero para gastarlo. “A nosotros nos discriminan”, subrayó. Wilma expresó su absoluto rechazo a convertir su tierra en otro Cancún al que calificó como símbolo de la destrucción. “Tenemos mucho que decir como pueblos, pero no nos preguntan. Siguen pensando que somos ignorantes”, lamentó. A pesar del oscuro panorama, Wilma hizo un llamado a las comunidades para sumar esfuerzos y detener el proyecto del Tren Maya y hacer frente a los proyectos de muerte. “Aunque para muchos la cultura maya ya colapsó, nosotros estamos vivos; somos una cultura maya viva y no podemos permitir que acaben con nosotros”, sentenció. Los voceros de las comunidades mayas, expresaron que ya se encuentran analizando una serie de amparos y medidas legales para frenar el Tren Maya.

Algunos elementos dejaron la GN para apoyar protesta de la PF, admite AMLO nueva corporación. Y reiteró que quienes quieran pasar de otras corporaciones a la Guardia Nacional, ingresarán de manera voluntaria, “no van a ser despedidos ni se les quitan prestaciones, antigüedad, derechos de jubilación ni atención médica”. Por lo pronto, López Obrador dijo que de las 150 regiones en donde iniciará operaciones la Guardia Nacional, solo faltan 18 por cubrir, particularmente en Baja California. “Pero van en camino las caravanas de la Guardia Nacional, sobre todo hacia el norte”, dijo.


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LOS GAZAPOS DE BARTLETT Arturo Rodríguez García

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n medio del diferendo con las trasnacionales energéticas contratadas para construir y operar siete gasoductos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Poder Judicial dio un revés a esa empresa productiva del Estado en su pretensión de obligar la entrada en operación del Gasoducto Morelos –el octavo conflictuado—y con eso la termoeléctrica en Huexca. Parte vital del Proyecto Integral Morelos (PIM), el gasoducto mencionado seguirá inoperante y con ello, mantendrá la parálisis de todo el conflictivo megaproyecto que, herencia de pasadas administraciones, desnuda la negligencia en la gestión de Manuel Bartlett como ocurre también con los siete gasoductos que intenta, a fuerza de declaraciones, renegociar. Los siete gasoductos de la polémica de esta semana, tienen en común con el Gasoducto Morelos (que atraviesa municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos), la arbitrariedad de origen, la imposición de las obras planeadas sobre comunidades que, siendo sujetas a derechos, no fueron tomadas en cuenta para su invasión y, cuando se atrevieron a protestar, se enfrentaron a un proceso represivo brutal. El caso del PIM, como el de los siete gasoductos, tiene cierta complejidad, pero en cualquier caso las dificultades que los mantienen fuera de operación son imputables al Estado. Fue el pasado fin de semana cuando el juez noveno de distrito en Morelos, otorgó la suspensión sobre el Gasoducto Morelos al ejido Amilcingo que, siendo una de las comunidades más activas en la oposición al

megaproyecto desde 2012, se volvió emblemática tras el asesinato del dirigente indígena Samir Flores Soberanes, perpetrado el 20 de febrero pasado. Como muchos asuntos en el arranque de la administración, el PIM se colocó en la agenda presidencial con la información surgida de la CFE de Bartlett, funcionario que ha insistido en justificar toda acción en la idea de “soberanía energética”, expresión esta que sonaría muy bien, excepto porque el proyecto está concesionado a puras trasnacionales como lo son Abengoa, Bonatti, Elecnor y Enagás. Con prisa, de manera atropellada, Bartlett y Rocío Nahle, pusieron las condiciones para que la naciente administración obradorista quedara en entredicho, primero con la declaración del presidente en su arenga contra los opositores el 10 de febrero, cuando los calificó “radicales de izquierda” ergo “conservadores”, provocando que inclusive dentro de su base de apoyo, así como de los izquierdistas que le son cercanos desde los tempranos dosmiles, quedaran en un predicamento. El momento político empeoró por las consideraciones que apenas días antes le había dispensado a la familia Zapata, descendiente del caudillo, que terminaría distanciándose acusando al mandatario de violar acuerdos, particularmente, en relación con la consulta sin asideros legales que impuso. Tras el asesinato de Samir el momento político se complicó más con la torpe intervención de Hugo Eric Flores Cervantes, el virrey de Morelos, que terminó por distanciar al movimiento opositor al PIM de la llamada “Cuarta Transformación”.

Quizás la peor parte de todo es que López Obrador y sus colaboradores no tenían responsabilidad política ni legal respecto al PIM, que fue planeado durante la gestión de Alfredo Elías Ayub, e iniciado por Antonio Vivanco, en su respectivo paso por la CFE en tiempos de Felipe Calderón. Por lo tanto, ellos, sus equipos y quienes les sucedieron, tendrían que responder por la falta de deber de cuidado, la negligencia y el daño patrimonial a la hacienda pública derivado de no haber considerado litigios ni conciliaciones necesarias antes de arrancar la obra lo mismo que ocurre con los otros siete gasoductos conflictuados. Hasta donde se sabe, la secretaría de la Función Pública no tiene abiertos expedientes, ninguno de los involucrados ha sido expuesto por López Obrador ni sus colaboradores que, en su afán de agilizarlo todo, terminaron asumiendo los costos políticos propiciando lo que simple y llanamente es impunidad para “el antiguo régimen”. López Obrador fue más cuidadoso el 1 de julio al referirse al asunto cuando prometió no imponer el PIM en su mensaje en el Zócalo. La declaración expresa en general la idea de respetar los 15 amparos existentes contra la obra, la mayoría obtenidos el sexenio pasado. Se trata pues de una aparente rectificación, dado el rumbo de tomó el asunto, después de ser arrastrado por los gazapos bartlianos. La dupla Nahle-Bartlett va de mal en peor, en el caso de ella por la impericia, de él por sus formas en desuso frente a nuevas realidades. En ambos, un talante autoritario que para concretar decisiones dejan muchas lesiones al paso.


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UN FISCAL DESAPARECIDO Jorge Carrasco Araizaga

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l próximo 18 de julio, México deberá tener su primer fiscal especial para derechos humanos. Es una designación que está en manos del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. La ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) le impone a su titular hacer público el perfil del fiscal especial que deberá atender la crisis humanitaria con sus más de 40 mil desaparecidos y el número indeterminado de migrantes secuestrados y asesinados en territorio mexicano, como la vergüenza internacional que significaron las masacres de San Fernando. El fiscal también tendrá que hacerse cargo de investigar las violaciones que ocurran -como ya se están viendo- tras el acuerdo migratorio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el de Donald Trump. La tarea del nuevo fiscal será la de investigar y procurar justicia en los casos de graves violaciones a derechos humanos, por lo que también deberá responder ante los numerosas situaciones de tortura que están documentadas, los ataques sufridos por periodistas y defensores de derechos humanos, la trata de personas, incluidos niños, y feminicidios, así como los crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones de civiles a manos de agentes del Estado (militares o policías) o cometidas por particulares con la connivencia de representantes del Estado. Por ley, el fiscal general debe también emitir una convocatoria

para escuchar a las víctimas y a la sociedad respecto a la idoneidad del fiscal. Pero hasta ahora, los familiares de las víctimas están en espera de ser recibidos por Gertz Manero. Han recurrido al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que el gobierno federal también se pronuncie. El Senado tampoco ha propiciado que se aborde el tema del próximo fiscal especial, a pesar de la facultad que le da voz para participar en la discusión pública. El temor de los familiares es que llegado el plazo, el régimen morenista designe a un fiscal que no esté a la altura del enorme reto. El Movimiento por nuestros desaparecidos en México, que aglutina a más de 70 colectivos y organizaciones de familiares en todo el país, en el reclamo de su legítimo derecho a ser parte del proceso para encontrar a sus desaparecidos, se pronunció el martes para exigir un perfil adecuado, un procedimiento transparente y participar en la designación del fiscal especial. file:///Users/jorgecarrasco/Downloads/FDH%20 MOVNDmx%20(1).pdf No solo se trata de que el fiscal tenga gran conocimiento técnico y trayectoria en el campo de los derechos humanos, sino que sea alguien carente de vínculos políticos o de grupo y comprometido con la procuración de justicia. El fiscal especial de derechos humanos será punta de lanza para resolver el tema de los desaparecidos. Se deberá coordinar con la Comisión Nacional de Búsqueda, que preside Karla Quintana, (@

kiquinta), para dar con los desaparecidos o sus cuerpos y tener la certeza de lo que ocurrió con ellos. Fijará, por tanto, la pauta para las fiscalías locales. Lo que haga o deje de hacer el fiscal especial definirá a la administración de López Obrador en materia de derechos humanos. Más que ningún otro gobierno, tiene el imperativo moral de cumplirles a los familiares y a la sociedad mexicana. Los desaparecidos no han tenido justicia y sus familiares no tienen paz. Gertz Manero tiene en sus manos la oportunidad de contribuir para saldar la deuda histórica los familiares. “Es una deuda pendiente que tiene Estado mexicano para dar con el paradero de nuestros familiares, conocer la verdad y hacer justicia sancionando a los responsables”, dice Diana Iris García, quien busca a su hijo Daniel desde hace 12 años, y que forma parte Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), que es parte del Movimiento nacional por los desparecidos. Hace casi 20 años, el gobierno de Vicente Fox tuvo esa misma deuda con las víctimas de la guerra sucia de los años sesenta y hasta entrados los ochenta del siglo pasado. Nunca se interesó ni le importó realmente el tema. Su fiscalía especial fue un fracaso por falta del compromiso presidencial. Lo que hizo el fiscal especial, Ignacio Carrillo, quedó muy lejos de lo que la sociedad demandaba. La exigencia es ahora para el presidente López Obrador y el fiscal general Gertz Manero.

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LA GUARDIA NACIONAL Y LA GUERRA AL NARCO José Gil Olmos

Columna91 #MemoriaPública

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penas entró en funciones y de inmediato en Tabasco el crimen organizado le mandó un mensaje de guerra: habrá muertos de ambos lados. Esto es una muestra del escenario para la Guardia Nacional, un panorama más que complicado porque las expectativas de que abatan los índices de violencia, los homicidios, secuestros y extorsiones difícilmente las va a cumplir como se espera pues forman parte de un problema muy complejo que requiere de una estrategia integral y de largo aliento donde la investigación es fundamental, sobre todo en la parte financiera. Este lunes 1 de julio empezó el despliegue de 7 mil elementos de la Guardia Nacional en 150 regiones del país para atacar de manera frontal a los grupos delincuenciales que se han entronizado como el poder real en cada una de ellas. Se prevé que estarán en otras 80 zonas más en las cuales también tendrán que enfrentar a las bandas criminales que ponen en entredicho el estado de derecho. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya precisó que la llegada de la Guardia Nacional es parte de una estrategia integral de combate al crinen organizado y la concomitante violencia, su creación y puesta en marcha creó muy altas expectativas, del mismo tamaño que tiene la mayoría de la población de poner fin a la inseguridad que se ha disparado en todo el país este año.

De antemano es evidente y claro que la violencia y el poder del crimen organizado no se va a terminar con la sola presencia de la Guardia Nacional. Quien afirme que el gobierno de López Obrador está planeando hacer de esta agrupación la panacea milagrosa que nos cure de este mal se autoengaña y, en el peor de los casos, quiere engañar a los demás cayendo en el sofismo más puro y cínico. La Guardia Nacional por si misma esta limitada para cubrir las necesidades de seguridad en todo el país. Ni un ejército completo lo ha podido hacer desde el 2006 a la fecha. De ahí que su presencia y acción tendrá un carácter disuasivo en muchas de las regiones donde el enemigo no se muestra públicamente porque forma parte de la misma sociedad, una “sociedad narca” como la definió en uno de sus libros Julio Scherer fundador de Proceso. Los índices de homicidios dolosos se han disparado en algunos estados del país. El dato más reciente y preocupante de los índices de violencia es que este mes de junio se registraron dos mil 543 homicidios dolosos, 84 asesinatos diarios, la cifra más alta en lo que va del año. El caso más emblemático es, sin duda, Michoacán donde ha habido un incremento del doble con respecto a 1999 cuando se registró la tasa más alta. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que va de este año ha habido 538 casos de homicidios dolosos y hace diez años la cifra fue de 256. Michoacán es paradigmático porque es ahí donde en 2006 el

presidente Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado enviando a miles de soldados y policías federales sin tener éxito, lo mismo que Enrique Peña Nieto, quien desplegó también a las tropas militares y equipos policiacos para arrebatarle el dominio al crimen organizado igualmente con saldos negativos pues hoy en día la entidad es controlada por 15 grupos de los cuales cuatro son los más fuertes: el Cartel de Jalisco Nueva Generación, los remanentes de la Familia Michoacana y Caballeros Templarios, y los Viagras. La apuesta de acabar con el crimen organizado y abatir los índices de violencia a través de la Guardia Nacional como lo planteó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, es algo muy peligroso porque establece una meta muy alta imposible de lograr. Es mejor reconocer, como lo hizo López Obrador, que no se ha avanzado en el tema de la seguridad y esperar que funcione la estrategia que, como siguiente paso, después del arranque de la Guardia Nacional, es la aprobación del consumo de algunas drogas con fines medicinales y lúdicos. Por cierto… ¿De verdad el presidente Andrés Manuel López Obrador necesita reafirmarse con un evento magno en el zócalo donde el acarreo y el espectáculo fueron la antesala de su mensaje? ¿Y la austeridad republicana? No hay que olvidar que unas de las acciones que la ciudadanía ha rechazado del pasado fueron precisamente el acarreo y el uso de los recursos públicos para engrandecer la imagen del presidente en turno.


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AYOTZINAPA: CÓMO NO FALLARLE DE NUEVO A LAS VÍCTIMAS

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l tiempo pasa y todavía no tenemos certidumbre sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Padres, familiares y compañeros continúan de pie, marchando y exigiendo respuestas al Estado mexicano, como lo han hecho desde el 26 de septiembre de 2014. Nadie como ellos sabe lo que representa cada día y cada noche de estos 57 meses transcurridos. Sólo ellos y las organizaciones que los acompañan conocen lo que ha costado recorrer el camino hacia la verdad y la justicia. Hoy asistimos a una vuelta de tuerca en la historia que puede resultar sustancial para la causa. Al día de hoy se ha caído a pedazos la supuesta verdad histórica de Jesús Murillo Karam, continuada por Arely Gómez. Aquella fabricada a partir de versiones sin sustento, siembra de evidencia por parte de la propia AIC y práctica de tortura, según lo documentaron los Informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todos los esfuerzos y el tiempo invertidos para simular, engañar y obstruir el acceso a la justicia, desvirtuados de origen. Gracias a la participación del GIEI -de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- se fueron encontrando varias de las piezas faltantes del rompecabezas. Sólo a través de su trabajo fue posible conocer, por ejemplo, la imposibilidad del incendio ocurrido en el basurero de Cocula, la siembra de evidencia por parte de la entonces PGR, la existencia de un quinto autobús y la participación activa de autoridades federales y estatales en los hechos. El GIEI se constituyó como un mecanismo extraordinario de investigación, que con la venia del Estado mexicano logró avanzar sobre varias líneas de investigación y construir la teoría del caso. Contó con el apoyo de expertos forenses, quienes facilitaron las labores de análisis científico. Sin embargo, el alcance de sus hallazgos y su trabajo técnico resultaron incómodos al Estado. En su informe final, presentado en abril del 2016, el GIEI señaló dilaciones, obstrucciones y bloqueos por parte del Gobierno mexicano. Sus integrantes, incluso, formaron parte de la lista de víctimas del malware Pegasus, en el caso denominado #GobiernoEspía. Con todo y estos escollos, el caso de los estudiantes desaparecidos se ha convertido en algo más grande: en un símbolo de la violencia de Estado, pero también en un punto de quiebre en la defensa de los derechos. Hay un antes y un después de los eventos en Iguala, la movilización de diversos colectivos y organizaciones, el apoyo y participación de agencias internacionales y la empatía de muchos otros grupos que igualmente exigen respuestas al Esta-

Chrístel Rosales do y justicia a los responsables. No es un asunto menor que gracias a la fuerza del movimiento, el Ejecutivo Federal se comprometiera a darle la atención debida. Desde diciembre pasado, ya con la entrada del nuevo sexenio, se anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. Su creación significó al menos un respiro, un gesto de esperanza, la posibilidad de construir un espacio de diálogo, renovar las investigaciones, buscar asistencia técnica internacional y brindar apoyo a las víctimas. La Comisión quedó instalada en enero de este año, conformada por funcionarios del Gobierno Federal, madres y padres de los jóvenes desaparecidos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Es tanta la desconfianza hacia las autoridades sembrada en estos años, que sólo con avances concretos se podrá hacer un balance.

La Unidad puede transformar algo más que el caso Ayotzinapa El 26 de junio pasado se dieron a conocer dos noticias relevantes. Por un lado, la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, como una célula especializada para conocer, investigar y perseguir los delitos relacionados con el caso. Por el otro, ese mismo día se dio a conocer la designación de Omar Gómez Trejo como su titular. Ambos hechos merecen análisis. Recordemos que en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) se estableció un modelo flexible, en el cual a partir de prioridades o necesidades particulares es posible crear unidades de investigación y litigación para fenómenos criminales o casos específicos. Estas unidades pueden crearse dentro de las fiscalías especializadas previstas en la ley, o bien depender directamente del fiscal general. En principio se aprecia positivo que esta unidad responda directamente al fiscal, ya que éste deberá asegurar que goce de todos los recursos necesarios para el desempeño de su trabajo. Esto abre una ventana de oportunidad y renovación para la FGR, ya que a través de la unidad podrá mostrar una operación estratégica, con investigación rigurosa y coordinación con los servicios periciales y de inteligencia necesarios. Por otro lado, la designación como titular del que fuera secretario técnico del GIEI –y quien conoce ampliamente el caso– nos parece, de entrada, acertado, pues Gómez Trejo no requerirá una curva de aprendizaje: ha acompañado las investigaciones desde un principio. Tampoco será necesario construir un puente de comunicación con las víctimas para asegurar su participación en las investigaciones, pues que éste existe ya.

Sin embargo, esto no basta. Gómez Trejo deberá planificar una estrategia de investigación e integrar un equipo multidisciplinario sumamente profesional y competente. La unidad para la investigación y litigación del caso deberá realizar un análisis minucioso de todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas, así como definir o continuar determinadas líneas de investigación. La planificación deberá comprender tanto las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos esa noche, como aquéllas derivadas de la participación, alteración u ocultamiento de evidencias; entre ellas las relacionadas también con la práctica de tortura y fabricación de culpables. Igualmente, la unidad deberá establecer un plan de búsqueda de los estudiantes, que puede enriquecerse con el desarrollo de las investigaciones, pero que a su vez deberá tener su propia definición y avance. Tal como lo establece el libro Delitos de Estado, la investigación penal –en casos de macrocriminalidad como lo ocurrido en Ayotzinapa, en los que existe participación por parte de instituciones públicas–, requiere de un análisis que trascienda lo individual para integrar coherentemente el análisis de contexto. Este análisis será de igual o mayor importancia para comprender los aspectos que dieron lugar o que permitieron los hechos, tales como las relaciones que el delito investigado mantiene con otros, la participación de los responsables en ése y otros hechos, su relación con las personas implicadas en otros delitos, las conductas que –a través de la irregularidad institucional– permitieron la ejecución del delito, la utilización de estructuras, recursos y relaciones institucionales utilizadas para el funcionamiento del sistema delictivo, así como la sistematicidad y reiteración de los hechos. Esta nueva unidad tendrá una agenda investigativa mucho más amplia y compleja, por lo que el análisis de contexto comprenderá también el estudio de patrones, entendidos como series de eventos que implican algún grado de planificación y control, con el objetivo de identificar redes y modos de operación que posteriormente permitan constituir garantías de no repetición. Cabe recordar que la creación de esta unidad se da en medio de un proceso de transición hacia una institución de carácter autónomo, profesional y es-

tratégico. Tal como en México Evalúa lo establecimos en el reporte De PGR a FGR: Lineamientos para la transición, el nuevo diseño de la Fiscalía deberá priorizar las funciones sustantivas y garantizar una transición ordenada. La definición del modelo de investigación será crucial y determinará el punto de partida para la construcción de un modelo de gestión y de atención a víctimas que garantice un verdadero acceso a la justicia. En este sentido, la Fiscalía deberá asegurar condiciones de independencia técnica para los operadores, facilitarles los recursos tecnológicos y de inteligencia necesarios, así como la definición de un modelo de investigación que atienda a la planificación y a políticas de priorización en la persecución delictiva. Bajo tales consideraciones, la unidad para la investigación del caso Ayotzinapa podrá representar un botón de muestra respecto de la transformación institucional y del sistema de justicia, tanto en el ámbito organizacional como en el desarrollo de sus funciones.

Elementos decisivos para una nueva etapa Este entramado de señales y oportunidades puede significar ciertamente un giro en la investigación de un caso que ejemplifica las graves violaciones a derechos humanos que son cometidas y auspiciadas por el propio Estado. Sin embargo, en este momento no puede darse por sentado nada. Las condiciones están dadas, pero el trabajo de la Unidad de Investigación y Litigación de la FGR, así como el de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso, deberá ser de estrecha coordinación y colaboración. Ahora es cuando puede hablarse de un parteaguas institucional, pero éste requerirá de todo el apoyo por parte del Ejecutivo Federal y del titular de la Fiscalía General de la República, cuestiones que podrán evaluarse sólo con el tiempo. El acceso a la información y a todos los recursos necesarios será una condición necesaria para el proceso, al igual que la interlocución permanente con las víctimas y sus representantes, a quienes se deberá permitir la participación activa en todo el proceso. Otra condición necesaria tiene que ver con el apoyo y asistencia técnica internacional que deberá asegurarse en el marco de los trabajos, tanto por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya labor ha sido clave para el avance de las investigaciones y el respeto de los derechos. Finalmente, con esta nueva conformación están dadas las condiciones para que las decisiones tengan como centro a las víctimas y logre romperse con los pactos de impunidad.


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LA CORRUPCIÓN QUE NO SE PUEDE OCULTAR…

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n secreto a voces que ya no se puede ocultar, es la complicidad que el gobierno moreno y el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR manifiestan al proveer de protección al ex Gobernador de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO. La cadena de complicidades del gobierno federal y sus presidentes de la república en tiempos recientes de este siglo empezó cuando VICENTE FOX QUESADA se confabuló con PABLO ABNER SALAZAR MENDIGICHÍA para hacer negocios con la obra pública a quien protegió “hasta que pudo”. JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO se alió primero con FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA para defraudar las arcas públicas estatales de Chiapas y luego “aportó” –según la información filtrada—más de 5 mil millones de pesos a la campaña presidencial de ENRIQUE PEÑA NIETO que le valió blindarse de cualquier proceso judicial y ser Cónsul de México en Orlando, Florida en los Estados Unidos de Norteamérica que le reiteró ahora LÓPEZ OBRADOR. Los ÍNDICES… de corrupción se fueron incrementando de una administración a otra a partir del año 2000 y fue con MANUEL VELASCO COELLO que se potenció el derroche, la rapiña y los actos maquinados de fraude que se fueron sucediendo en todo el sexenio 2012-2018. Igual que los anteriores gobernadores, el GÜERO VELASCO se refugió en brazos del poder detentado entonces por ENRIQUE PEÑA NIETO que dejaron saldos deprimentes con más del 20% de incremento en los índices de pobreza y pobreza extrema (hoy en 78 por ciento); 18 por ciento más en deuda pública, e infinidad de actos de corrupción que hoy le está protegiendo el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Solo en el primer año de gobierno (2013), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le detectó al gobierno de MANUEL VELASCO una desviación e irregularidades en el uso y abuso del presupuesto de 2 mil millones de pesos que para el 2016 fue de 4 mil millones, más los que se acumularon por extinción de fideicomisos, malversación de fondos del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Trabajadores del Estado, fraude a la Secretaría de Salud y nuevos préstamos bancarios. A eso hay que sumar lo que defraudaron en la Secretaría de Educación que supone una estafa por más de 300 millones de pesos por el entonces titular RICARDO AARÓN AGUILAR y otros 400 millones de pesos en la Secretaría del Campo a cargo de JULIÁN NAZAR MORALES con el supuesto de que cada una de esas dependencias proveía de un millón de pesos mensuales a la mamá del gobernador LETICIA

ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado

• CHIAPAS, DELINCUENCIA VERDE-IMBERBE. • AMLO, protector y cómplice del GÜERO VELASCO… • Otro daño patrimonial ahora por 687 millones… • Comentarios al Margen…

COELLO GARRIDO, “por eso no los corrieron en su tiempo ni los han llamado a cuenta”. El asunto de la complicidad y protección que el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le propicia al ex Gobernador de Chiapas es grave, como lo apunta el sitio de información “ANIMAL POLÍTICO” en su extenso artículo de investigación sobre el asunto de un fraude maquinado por 685 millones de pesos del programas “De Corazón a Corazón” de la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres a cargo de las hermanas SASIL DORA LUZ e ITZEL FRANCISCA DE LEÓN VILLARD, así como su cuñada NANCY LÓPEZ RUIZ, quienes estuvieron encargadas de esa dependencia. Este tema de la corrupción del gobierno verde imberbe, de MANUEL VELASCO, ya lo he comentado en diversas ocasiones y desde sus inicios de esa administración estatal. “El Cártel de GÜERO VELASCO y sus secuaces” (ÍNDICE… 11 de abril de 2019) y subsecuentes con los títulos: “Adiós al cártel del Güero Velasco” (05-dic-2018) y “Delincuencia Organizada en Chiapas” (26-Enero 2015), han sido algunas de las denuncias mediáticas que he señalado. El asalto a la Secretaria de Desarrollo y Empoderamiento a las Mujeres (SEDEM) en Chiapas y el daño patrimonial que denuncia “Animal Político” con respecto al perdón que hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ex Gobernador MANUEL VELASCO COELLO sobre el presunto fraude por más de 685 millones de pesos, y por consiguientes a las titulares de esa instancia estatal que resulta ser la familia DE LEÓN VILLARD (SASIL, ITZEL y su cuñada NANCY LÓPEZ RUIZ) es una flagrante protección a la corrupción e impunidad, de los implicados. Los datos que publica “Animal

Político” son tajantes en la sindicación al GÜERO VELASCO, pero también a ITZEL FRANCISCA DE LEÓN VILLARD (ex diputada local y titular de la SDEM), sin excluir de la transa a la actual Senadora de la República por Morena, SASIL DORA LUZ DE LÉON VILLARD y su cuñada NANCY LÓPEZ RUIZ, que regentearon la dependencia y los millonarios presupuestos durante todo el sexenio. DE LEÓN VILLARD, una familia fraudulenta con el aval del Gobernador MANUEL VELASCO COELLO que puso a disposición de ellas la SDEM y su presupuesto como sucedió en otras dependencias del Estado donde “dejó arcas abiertas” a sus incondicionales como al “Farandulero”, ENOC HERNÁNDEZ CRUZ en el ICATECH, el Partido Podemos Mover a Chiapas, la Secretaría de Desarrollo y Participación Social, como en la Secretaria de Educación a RICARDO AARÓN AGUILAR GORDILLO. Con esos informes del portal “Animal Político”, se confirma la protección y complicidad del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR con el ex Gobernador de Chiapas y Senador con licencia, MANUEL VELASCO COELLO, misma que deja en entredicho la máxima del “Pastor Moreno”, de no mentir, no robar y no traicionar, cuando a los chiapanecos les ha demostrado su desprecio y colusión con las bandas de la delincuencia organizada que han gobernado a esta empobrecida entidad del sureste…

COMENTARIOS AL MARGEN… “SEMBRANDO VIDA”, OTRA FALACIA…

Me quedo con la idea de que el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR “es un hombre de buena fe” y que sus programas

sociales tienen muy buenas intenciones. “Pero hasta ahí”. Porque ese programa de “Sembrando Vida” es una copia de muchos otros que se han dado en diversos gobiernos priístas panistas, en los que han derrochado inmensidad de dinero… sin ningún resultado. Digo, pues si fueran ciertos esos programas, se les diera seguimiento y pudieran ser medibles en el gasto y resultados tangibles, otra cosa fuera. Los programas de reforestación desde que gobiernos del ámbito federal, estatales o municipales los anunciaron con miles de pesos destinados para ese fin, “ya tuviéramos árboles hasta en la sala de las casas”. “Sembrando Vida” que echó a andar el Presidente LÓPEZ OBRADOR precisamente en la Selva Lacandona, con el proyecto de reforestar más de 200 mil hectáreas creando más 80 mil empleos, “es una falacia”. Me parece que el “Mesías del Trópico” es mucho “jarabe de pico”, porque en todas sus promesas conjuga reiteradamente el verbo “vamos hacer” y todo los resume al futuro. En su gobierno, CARLOS SALINAS DE GORTARI implementó un programa integral de ecología que contemplaba la conservación del medio ambiente y la reforestación de miles de hectáreas dentro de su “Pronasol” (Programa Nacional de Solidaridad) que constituyó también en dotar de piso firme, apoyos a comunidades y un amplio proyecto de siembra de árboles. Hoy todavía seguimos con el mismo sonsonete de reforestación, mientras el “cambio climático” sigue su curso de daños al planeta. En Chiapas, el entonces Gobernador ROBERTO ALBORES GUILLÉN invirtió millones de pesos en la conservación del medio ambiente y la reforestación que hoy parece fue solo una visión sin resultados. Claro, no está de más que el gobierno guinda y el Presidente LÓPEZ OBRADOR invite e invierta en un programa tan ambicioso como el de “Sembrando Vida” que esperamos sea congruente entre el decir y el hacer con los resultados. El Cambio Climático es uno de los problemas ambientales más graves o, quizá el más grave, al que nos enfrentamos en la actualidad porque: + Afecta a todo el planeta. La atmósfera no tiene fronteras. + Tiene una enorme inercia, por lo tanto no puede detenerse “a voluntad”, de repente. + El clima determina las condiciones de vida: las posibilidades de alimentación, la actividad económica en general y la seguridad de las poblaciones. En definitiva determina cómo son los ecosistemas, incluido los nuestros. Por eso la educación es la parte importante para la concientización de los habitantes del planeta tierra para llegar a un medio siglo o final del presente, a un ambiente limpio y sano con mejores estadios de vida y el cambio climático… Se acabó el mecate… Y ES TODO…


CONTRAPODER EN CHIAPAS

E

l Presidente Andrés Manuel López Obrador ya en Palacio Nacional es como Gabino Barrera, trepado en su caballo “no entiende razones/andando en la borrachera”, del poder –agregado nuestro-, porque sabemos que por su religión evangélica y simpatizante de la Luz del Mundo no liba, pues al menos en noviembre pasado antes de su toma de posesión más de 500 organizaciones rechazaron la creación de la Guardia Nacional, menos promover una reforma constitucional con ese fin, propuesta por AMLO, ya que advirtieron que sería una salida falsa a la crisis de inseguridad que hasta hoy en día vive en país. Organizaciones de la sociedad civil, colectivos, empresarios, entre otros coincidieron en que hacer una Guardia Nacional militarizada es un error, por atentar contra las garantía individuales, pero existen otras opciones como que sea civil o la creación de una Policía Nacional, sin embargo el señor López hizo caso omiso al llamado de la sociedad. Los cambios integrados al dictamen que reforman diversos artículos de la Constitución Mexicana para la creación de la Guardia Nacional fueron insuficientes para evitar que el Ejército encabece la estrategia para atender la crisis de inseguridad en el país. Aunque el mando de la Guardia Nacional recae en una autoridad civil, la reforma constitucional que aprobaron los diputados federales establece que la estructura jerárquica, disciplina y profesionalización está a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Reitero que integrantes de organizaciones internacionales y nacionales de protección de derechos humanos, académicos y líderes de asociaciones civiles enfocados en seguridad, advirtieron que poner a las fuerzas Armadas al frente de la estrategia de seguridad no disminuiría la crisis de criminalidad en el país, y que por el contrario representaba una amenaza para los derechos humanos. López Obrador no entendió las razones expuestas y la Guardia Nacional que creó es el Frankenstein que el mismo fabricó y que nunca pensó cuales serían las causas por las que este fallido plan, como un “Caballo de Troya” empieza a desestabilizar a su gobierno, además que la GN nunca sería la panacea para acabar de tajo la inseguridad que se vive en México. Digo Caballo de Troya, pues ya ven la rebelión de los policías federal, no quieren saber nada de la GN ni mucho menos ser ninguneados por los militares, sean éstos del ejército o la marina, mucho menos perder sus logros salariales. La gran mayoría de los policías federales -puedo asegurar-, están inconformes y desilusionados por el trato que se les están dando. No hay tal una Guardia Nacional, lo único fue el cambio de uniforme a soldados, marinos y policías federales

Viernes 5 de Julio de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• La GN el Frankensteín de AMLO • A la nueva administración del IESCH se le hace bolas el engrudo • AMLO y Durazo buscan chivo expiatorios que ya desde hace años venían realizando tareas de seguridad pública. Se puede decir aunque se hayan incorporado nuevos elementos que en realizad se trata de lo que comúnmente se dice, la “misma gata solo que revolcada” porque lo que estamos viendo es una creciente militarización del país. La GN puedo afirmar que ha sido un fracaso y un error del presidente López Obrador, solo basta ver las estadísticas sobre el aumento de muertes, el baño de sangre a diario que se da, junto con los demás delitos de alto impacto social, se debe entender que es solo una medida desesperada del gobierno por pacificar al país. El trato que están recibiendo la policía federal para ser incorporados a la GN, se puede calificar como un trato ilegal, inmoral, ingrato e inhumano, además al trato que la ley no permite siquiera para los animales y a ellos sí, hay que agregar que les han reducido las prestaciones económicas como viáticos que venían recibiendo, entre otros, todos violatorios a sus derechos humanos. Además de los calificativos de los funcionarios como policías fifís, hay que agregar que López Obrador también les falta al respeto diciéndoles que se trata de una organización corrupta Finalmente señalar como los policías aseguran que este acoso es para echarlos a la calle con una indemnización miserable, se trata de la cuarta transformación del presidente que hasta el momento esta no tiene ni pies ni cabeza, pues como siempre se trata de pasar por encima de los derechos de los mexicanos y hoy fueron los policías los primeros en reaccionar, quien o quienes seguirán.

IESCH se desmorona

Una bonita frase atribuida al acto de origen mexicano Anthony Quinn y que escuche en mi juventud, fue la que rezaba “si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Por supuesto que en aquel entonces estudiante no valora mucho las frases, pero te ayudan a ir madurando y preparándote para el futuro y como todo joven no le di la importancia de lo que significaba, aunque es aplicables cuando alguien decía que estaba batallando para conseguir algo. Una más como dice en las mañaneras López Obrador: “La bebida apaga la sed, la comida satisface el hambre, pero el oro no apaga jamás la avaricia”, Plutarco.

Lo anterior sale a colación debido a que la nueva administración a cargo de Federico Salazar se le está haciendo bolas el engrudo, pues empleados y docentes del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, se quejaron porque al día de hoy no han recibido el pago salarial correspondiente al mes de junio. Y es que no es lo mismo hacer grilla barata que trabajar como Dios manda, pues aseguran los quejosos que “con el cambio de administración han llegado situaciones que golpean la estabilidad económica y laboral, ya que para muchos trabajadores del IESCH, ésta es la única fuente de ingresos con que cuentan. Los trabajadores de la Salazar, entre los que tienen más de 20 y 30 años de servicio en la institución, aseguran que el maestro Federico Salazar Farías, ha tomado el cargo como rector, nuestro salario se ha visto amenazado. No se les ha informado nada de manera oficial, no les han extendido un oficio, circular o comunicado para ponernos al tanto de la situación administrativa real de la institución, ya que el motivo únicamente lo conocen ellos. El pago único pago recibido es al personal de nómina, pero la mayoría de empleados están bajo el rubro de pago por honorarios, por lo que se encuentran en el limbo administrativo que vulnera sus derechos laborales y pone en crisis la economía de un ciento de familias, así como la operatividad de la IESCH, denuncian los trabajadores a través de una carta abierta que circula desde ayer en redes sociales. Además como en el gobierno de López Obrador se despiden empleados al por mayor, aquí también los nuevos directivos, prometieron no afectar a ningún empleado, pero en tan solo la semana pasada ya corrieron a 35 personas, entre administrativos y personal con pago de honorarios. Finalmente lamentan que la semana que está por terminar, se registran nuevos despidos entre personal de

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seguridad, docente y administrativo. Trabajadores que llevan toda una vida laborando para el IESCH, manifiestan que les duele ver cómo la institución en la que han trabajado tantos años se desmorona.

Se aviva la rebelión de los federales

La rebelión de un grupo de unos mil 500 de la Policía Federal Preventiva se rebeló bajo el argumento de la violación de sus derechos laborales, acusación que ha sido negada tanto por el presidente López Obrador y por el secretario de Seguridad y Protección Civil, Alfonso Durazo. El movimiento policiaco federal ha trastocado los intereses tanto de la Guardia Nacional como la del presidente quien a diario es cuestionado por los reporteros que asisten a las mañaneras. No buscan quien se las hizo sino quien se las pague y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, acusó, a las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de “abandonar” a su suerte a la Policía Federal y ahora de alentar su movimiento de protesta. En tanto que Felipe Calderón asumió en los hechos la representación de los agentes de la Policía Federal (PF) en rebeldía, acusó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, de “maltrato” a los efectivos de esa corporación federal. Calderón se refirió específicamente a López Obrador y, como no lo había hecho antes, le exigió: “Le pido respetuosamente que deje de dividir a México”. Así las cosas, no sabemos en que terminará este borlote, pero las cosas han subido de tono, pues varias irregularidades en la conformación de la GN, están saliendo a flote.

Del Montón

“En Chiapas se ha mantenido un control en materia de seguridad, no son los índices que se mantienen en otros estados, pero tampoco es para alegrarnos, porque se debe seguir fortaleciendo los trabajos para disminuir aún más los índices delictivos”, afirmó el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, durante la realización del foro “Flujo Migratorio y Responsabilidad del Transporte Público”. Referente a la capital chiapaneca señaló que desde enero pasado se ha establecido una coordinación interinstitucional en donde se toman decisiones y se ejecutan acciones en materia de seguridad, conformada por 10 municipios de la Región 11 y la participación de los tres órdenes de gobierno, los cuales han dado como resultado una disminución de hechos delictivos. “Los resultados se vienen alcanzando, un hecho de alto impacto puede generar una sensación de temor, pero revisando los indicadores vemos que se ha avanzado mucho y se procura hacer acciones en conjunto para disminuir la incidencia delictiva”. * * * Eso es todo por hoy, hasta el lunes próximo primero Dios con más de lo mismo.


CMAN

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 5 de Julio de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1677 DECLARACIÓN

Algunos elementos dejaron la GN para apoyar protesta de la PF, admite AMLO

REPORTE

Menos de 30 trabajadoras del hogar se han afiliado al IMSS

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MANIFESTACIÓN

Credencial en mano, policías federales rechazan “mano negra” en su protesta PAG. 3

DENUNCIA

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PRONUNCIAMIENTO

Slim, sobre el arbitraje: “hay un contrato claro, hay pláticas; cuando concluyan, comentaremos”

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ONG alertan despojo de tierras y desplazamiento forzado por megaproyectos en Yucatán y Q. Roo Despojo de tierras, desplazamiento forzado, tensión en las comunidades y afectaciones irreversibles a la naturaleza son el resultado de la expansión de megaproyectos implementados en los estados de Yucatán y Quintana Roo, denunciaron representantes indígenas de la región maya e integrantes del colectivo Geocomunes, así como del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

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Policías federales preparan amparo colectivo para proteger sus derechos laborales


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