CONTRAPODER EDICIÓN 1638

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Los desaciertos del gobierno

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La información sobre violencia e inseguridad se apoderó de las redes sociales, donde se comparten videos e información de lo que sucede en varias comunidades de la entidad, que muestran a la vez, la descomposición política y social en la entidad

Problemas de gobernabilidad, inseguridad, pobreza, migraciones y crisis financiera.

En Chiapas no hay futuro, sólo un pasado que se repite una y otra vez.

En donde surgen políticos contaminados por la degradación y la estulticia.

Y con una población que festina los linchamientos en total impunidad.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Sábado 18 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1638

PETICIÓN

POSTURA

La ONU cuestiona designación de militar en retiro al mando de la GN

El grupo de 10 expertos urge en sus conclusiones al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “garantizar que las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo, en la mayor medida posible, de autoridades civiles y no militares”

CNTE levanta paro de 72 horas

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COMUNICADO

La CNDH exige esclarecer la muerte de niña guatemalteca bajo custodia del INM

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Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla con los índices más bajos en uso de internet: CNDH

OPERATIVO

Chiapas recupera 386 hectáreas en el Área Natural Protegida Villa de Allende

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HOY ESCRIBEN LA 4T: ESPERANZA MUNDIAL John M. Ackerman

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EL GOLFO PÉRSICO VUELVE A CALENTARSE Témoris Grecko

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ELECCIONES 2019: LAS VIEJAS FORMAS DE… MORENA Arturo Rodríguez García

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LA 4T, ACKERMAN Y LA CRUDA REALIDAD Mauro González Luna

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MACRI APUESTA AL VOTO IDEOLÓGICO Francisco Olaso PAG. 5

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Sábado 18 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

EDITORIAL Los desaciertos del gobierno

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a información sobre violencia e inseguridad se apoderó de las redes sociales, donde se comparten videos e información de lo que sucede en varias comunidades de la entidad, que muestran a la vez, la descomposición política y social en la entidad, en la que el hartazgo llega al punto de hacer justicia en mano propia, como sucedió en Tapachula, en que dos presuntas ladronas fueron vejadas y exhibidas. Esta realidad contrasta con la visión de las autoridades, que consideran que todo está bien, en el que incluso el gobernador del Estado en una reunión de seguridad, manifestó que vamos bien pero puede estar mejor.

Frente a ese señalamiento, la percepción de la gente es que no vamos bien y con lo que se viene haciendo en materia de seguridad no se puede estar mejor. El gobernador del Estado puede estar mirando su propia realidad, pero esa realidad no corresponde con la percepción generalizada de la población, en el

que se considera que la inseguridad está creciendo, y ante la ineficacia del Estado se promueve la aplicación de la ley en mano propia.

En estos momento en Chiapas no existe un programa estatal de seguridad, no existe un programa de fomento al empleo, no existe un programa de estímulos para el crecimiento económico, no existe un programa de salud, de educación y de fomento a las actividades agropecuarias. En este momento lo que hay en Chiapas es un gobernante de ocurrencias, que sólo está a la espera de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eche a andar sus acciones de política social para subirse a la campaña y promoción de estos apoyos.

En los días de la actual administración hemos sido testigos de la violencia en Amatán, la inoperancia en las acciones para prevenir el desplazamiento interno, la inacción en la atención a los maestros, los homicidios de empresarios gasolineros y de activistas y luchadores sociales,

las amenazas de linchamiento en Pueblo Nuevo y la violencia en San Cristóbal de Las Casas; hemos visto el crecimiento de los feminicidios y a la vez hay una preocupante incertidumbre sobre la detención de los presuntos responsables de delitos que la policía ha incriminado, a sabiendas de que son inocentes.

Lo extremo de esta incertidumbre generado por la inseguridad, está en la liberación de presos sentenciados como culpables y el encarcelamiento de personas en la que la fiscalía inventa pruebas.

El gobernador no está comunicando adecuadamente a la sociedad chiapaneca. Su discurso se percibe hueco, demagógico y con muchos cliché que hacen referencia al presidente de la república, pero en cinco meses lo que hay es una ausencia de gobierno y se corre el riesgo de que los 12 años de desaciertos en el ejercicio del poder en la entidad se conviertan en 18 años, si no se cambia el rumbo del quehacer político en Chiapas.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez, Chis.

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tros Mundos A.C. confirmó que como resultado del Conversatorio realizado en el presente mes donde estuvo presente Angélica Shennrock, de Agua y Vida e integrante de la Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, donde se abordaron las problemáticas socioambientales en San Cristóbal de Las Casas, se llegó a la conclusión que este municipio en los últimos tres años la escases de agua ha empeorado de manera dramática lo cual ha impactado fuertemente en su población.

Angélica Shennrock al abordar esta problemática sostuvo en dicho Conversatorio denominado: ¿Aún hay agua en San Cristóbal consideró que la carencia del vital líquido mucho tiene que ver con el enorme crecimiento de la población en los últimos años y que en la actualidad viven aproximadamente unas dos cientos cincuenta mil personas, incluyendo a las y los turistas, las que se quedan en tránsito y las que han migrado de otros países y estados, la especialista abordó la problemática en dos partes.

Voy a hablar de las problemáticas socio-ambientales desde una perspectiva activista y feminista, es la que percibimos como Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas tiene que ver con la destrucción de los cerros.

Es muy complejo el tema pero identificamos en los últimos años dos elementos claves: la deforestación; la tala ilegal de manera y todo eso que ustedes también conocen, pero también las invasiones sobre todo en la reserva Quenvo Cuxtitali y en la reserva Gertrudis Dubis, son invasiones donde no se han tomado medidas, a nivel municipal no se han atendido las

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Ambientalistas consideran que en los últimos tres años SCLC enfrenta su peor Crisis del Agua

demandas de la población con respecto a las invasiones de estas reservan, que han generado también conflictos amenazas hostigamientos e incluso el uso de armas de fuego, es algo muy grave, señaló.

Entonces la reforestación, la destrucción de los cerros por la deforestación, las invasiones y por la minas de grava y arena. Otro problema sería la destrucción de los humedales, que identificamos como 3 elementos más importantes: que es el relleno; la pavimentación; todas las construcciones que han ocurrido encima de la zona de humedales acá, no solamente María Eugenia o la Kist, si no en los demás que han existido, expuso.

Además, agregó, los drenajes clandestinos que llegan a los ríos, a los arroyos, que el agua va y la mente en medio del humedal. Y el exceso de basura, de aceites, animales muertos, todo lo que vemos en sólido y también líquido, que contribuyen con la contaminación muy grande de los humeda-

les y que afecta todo el equilibrio que sucede ahí.

El humedal no es un charco, no es un montón de agua, es un ecosistema vivo que tiene una dinámica propia, que tiene en el caso de San Cristóbal el pez endémico el Popoyote, alguna rana endémica también, las aves migratorias, es decir hay todo un sistema de vida que se altera, algunos insectos también dependen de él.

La otra problemática socio-ambiental –indicó-, son las prácticas no sustentables de ahorro y cuidado del agua. Y las percibo desde 3 ámbitos, uno los negocios (los hoteles, restaurante), las viviendas particulares y el municipio. ¿A qué me refiero con prácticas no sustentables del agua que se convierte en una problemática socio-ambiental? Pues las tuberías rotas, los goteos, el derroche, el no saber ahorrar, captar, optimizar un uso sustentable del agua en esos 3 sectores sociales.

Finalmente el saqueo y la priva-

tización del agua por el medio de la venta de agua por las pipas, que extrae el agua a veces de manera ilegal de los humedales y se vende el agua sucia, asquerosa a las personas a las viviendas por 300 hasta 500 pesos.

Asimismo el saqueo y la privatización que se realiza desde la refresquera Coca-Cola y sus concesiones de agua”. Al tiempo que explicó que en talleres y foros que se han realizado, ella percibe que es hasta cierto punto complejo entender o hacer entender a los ciudadanos por sus percepciones culturales, que el usos del agua es un derecho humano, pero que mucho tienen que ver también con la desinformación y la calumnia contra los defensores del agua y de la vida.

“Serían estas las problemáticas socio-ambientales principales que identificamos desde el activismo ambiental, ecofeminista desde el caso de Agua y Vida. Y entendemos que estas problemáticas se relacionan con una problemática mayor o tienen su causa en una problemática mayor que es la indiferencia gubernamental en los 3 niveles; en municipal, estatal y federal.

Es decir no existe un compromiso con el gua como un derecho humano, un compromiso serio; ustedes acá saben que cada sexenio se cambia todo, se muda, se hacen promesas o sea hay una total indiferencia gubernamental, una falta de compromiso en percibir el agua como un derecho humano”, concluyó.

Policías y militares desalojan a invasores de área natural protegida en municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Fernando y Berriozábal De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Policías de los tres niveles de gobierno, elementos del Ejército Mexicano y de la Marina, que superaron los mil elementos recuperaron, este viernes, 386 hectáreas invadidas por integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente-Emiliano Zapata (Mocri-EZ), que desde hace siete años, ubicadas en el Área Natural Protegida Villa de Allende, situada en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Fernando y Berriozábal, informó el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

Explico en conferencia de prensa que el operativo de desalojo se llevó a cabo la mañana del viernes en los predios Altamira, La Unión, El Carmen y El Rosario, “ubicados dentro del casco protector de Villa de Allende, Área Natural Protegida de 21 mil hectáreas que se extiende en los municipios de

San Fernando, Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez.

Llaven Abarca indicó que desde 2012 las autoridades federales no tenían acceso al área ocupada, debido a que los invasores mantenían bloqueado el ingreso.

Precisó el funcionario estatal que en el operativo participaron más de mil elementos de la FGE, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Marina-Armada de México, la Secretaría de Gobierno, Protección Civil del Estado, la Policía Municipal de San Fernando, así como brigadistas comunitarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

El funcionario sostuvo que la estrategia de restitución de predios invadidos continuará en Chiapas, a petición de la ciudadanía y de la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días

encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno.

Informó que a fecha el momento 120 personas han sido vinculadas a proceso y han sido recuperadas 2 mil 202 durante los operativos de desalojo efectuados en los meses recientes en Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Jiquipilas, Ocozocoautla y San Fernando.

Recordó que el Área Natural Protegida Villa de Allende fue instituida mediante decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río el 8 de septiembre

de 1939, con la intención de proteger la vegetación forestal como reguladora del clima y del recurso hidráulico de las corrientes que abastecen de agua a las poblaciones mencionadas, para uso doméstico, agrícola e industrial.

En la conferencia de prensa, Llaven Abarca estuvo acompañado por Gabriela del Socorro Zepeda Soto, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Jordán de Jesús Alegría Orantes, fiscal de Coordinación, y Vicente César Molina Zenteno, fiscal Ambiental,

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CNTE levanta paro de 72 horas Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

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ste viernes los miles de maestros que mantuvieron un paro de 72 horas como parte de la jornada de acciones para la abrogación de la Reforma Educativa.

Pedro Gómez Bamaca, secretario general de la Sección 7 de la CNTESNTE dio a conocer que no existe cambio alguno en lo que respecta a la modificación que se hizo a la reforma del sexenio pasado.

El líder expuso que la postura del estado ha sido de desprestigiar el movimiento magisterial no tiene razón y que es el capricho de unos cuantos, sin embargo la realidad es otra, la continuidad del sexenio de Peña Nieto está vigente.

Recordó que son ya seis años de lucha, en los que les ha costado sangre, sudor y lágrimas para el gremio magisterial.

Puntualizó que el alcance del movimiento magisterial ha logrado que las tarifas para las escuelas hayan bajado, los uniformes y calzado para los niños del estado, a pesar de que también estuvo presenta una campaña de desprestigio.

Remarcó que la postura de la CNTE continuará con la lucha en contra del sistema que pretenden

Pedro Gómez Bamaca, secretario general de la Sección 7 de la CNTESNTE dio a conocer que no existe cambio alguno en lo que respecta a la modificación que se hizo a la reforma del sexenio pasado

imponer en un estado donde prevalece la pobreza y marginación, por lo que también es necesario pensar en un modelo educativo acorde a las condiciones de Chiapas.

Consideró que en la Secretaría de Educación únicamente ha sido

una cueva de delincuentes por ello, es necesario una renovación de los funcionarios.

“No vamos a permitir que ningún gobierno nos someta, vamos a seguir con la lucha, y estamos seguros que el tiempo nos dará la razón. Por

ello hacemos un llamado para que el pueblo y los diferentes sectores se sumen”, manifestó.

Cerca de las 13:00 horas los docentes comenzaron a retirarse, no sin antes precisar que se irán a paro indefinido de labores próximamente.

Acuerdan UNACH e INIFAP desarrollar acciones conjuntas vinculadas con la investigación y la academia De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Con miras a conjuntar esfuerzos y recursos para realizar proyectos de investigación científica y tecnológica en las materias agropecuaria y forestal, la Universidad Autónoma de Chiapas y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), suscribieron un convenio de colaboración.

De esta manera, en el acto que se realizó en la Colina Universitaria, se dio a conocer que el convenio contempla brindarse recíprocamente apoyo técnico y académico en actividades de investigación, docencia, desarrollo profesional y tecnológico en las materias citadas.

Dicho acuerdo fue firmado por el rector de la UNACH, Carlos F. Natarén Nandayapa y el director General del INIFAP, Fernando de la Torre Sánchez, teniendo como testigos a secretario Administrativo, Roberto Cárdenas de León; la directora General de Investigación y Posgrado, María Guadalupe Rodríguez Galván; el secretario Técnico de Rectoría, Marco Antonio Besares Escobar

y el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Alfonso Ruiz Moreno.

Al hacer uso de la palabra, el rector de la UNACH, Carlos F. Natarén Nandayapa subrayó que para la institución esta vinculación es de relevancia, dado que fortalece los trabajos que en la materia llevan a cabo las distintas unidades académicas relacionadas con el sector pecuario y forestal.

Matizó que en la etapa coyuntural que vive la Universidad, se reafirma el compromiso de formar no solo profesionistas, sino mejores ciudadanos comprometidos con el bienestar y desarrollo del estado.

Agregó que el área de Veterinaria y Zootecnia es trascendente para la Universidad, por lo que consideró importante que este convenio se extienda a las distintas unidades académicas relacionadas con el tema, y que se encuentran en diferentes regiones del estado.

Apuntó que “la Universidad se está repensando para ofrecer más valor a la educación que ofrece, vamos apostar por el campo y por vincularnos con las áreas rurales,

por lo que la colaboración con el INIFAP será un plus que nos ayudara a crecer de una manera sólida y sustentable”.

Por su parte, el director General del INIFAP, Fernando de la Torre Sánchez, señaló que este convenio permite que alumnos y docentes de la Universidad se sumen a distintas acciones y proyectos de investigación, lo que fortalece la formación

profesional y estrecha los vínculos institucionales.

Es importante mencionar que por primera vez, la UNACH será sede en el mes de octubre de 2019, de todas las reuniones nacionales que el INIFAP celebra cada año, para dar a conocer los avances en el sector agropecuario, en la que se espera una asistencia de más de mil 800 personas.

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Chiapas recupera 386 hectáreas en el Área Natural Protegida Villa de Allende De la Redacción Ciudad de México (apro)

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a Fiscalía General de Chiapas informó que fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal desalojaron a un grupo de personas que desde 2012 invadieron 386 hectáreas en el Área Natural Protegida Villa de Allende, en el municipio de San Fernando.

En conferencia de prensa, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca destalló que se trata de los predios Altamira, La Unión, El Carmen y El Rosario, ubicados dentro del casco protector de Villa de Allende, Área Natural Protegida de 21 mil hectáreas que se extiende en los municipios de San Fernando, Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez.

El funcionario estatal resaltó que el Área Natural Protegida fue instituida como tal mediante decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río el 8 de septiembre de 1939, con la intención de proteger la vegetación forestal como reguladora del clima y del recurso hidráulico de las corrientes que abastecen de agua a las poblaciones mencionadas, tanto para uso doméstico como agrícola e industrial.

Detalló que hasta el momento se ha vinculado a proceso a 120 perso-

Gloria Leticia Díaz Ciudad de México, (apro).

En el contexto del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (TIC), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades a “fortalecer sus acciones para reducir la brecha digital, favorecer el desarrollo de competencias y habilidades tecnológicas” a fin de “garantizar una sociedad de la información particularmente incluyente de los grupos de atención prioritaria”.

El organismo resaltó que la persistencia de la brecha digital se aprecia en que el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) se concentra en las zonas urbanas, de manera que los estados con los porcentajes más bajos de usuarios de internet son Chiapas (57.6%), Oaxaca (62.9%), Tlaxcala (64.2%) y Puebla (65.6%).

La CNDH reconoció el compromiso expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “para que toda la población tenga acceso a Internet”, como lo enunció el sábado 11 en Nayarit.

En un comunicado, el organismo consideró “muy alentador para el desarrollo del país y de la sociedad mexicana en su conjunto” el anuncio presidencial, además de que “re-

En conferencia de prensa, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca destalló que se trata de los predios Altamira, La Unión, El Carmen y El Rosario, ubicados dentro del casco protector de Villa de Allende, Área Natural Protegida de 21 mil hectáreas que se extiende en los municipios de San Fernando, Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez

nas y se han recuperado 2 mil 202 hectáreas en operativos de desalojo en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Jiquipilas, Ocozo-

coautla y San Fernando.

Con ese operativo también se recuperaron de manera indirecta las 21 mil hectáreas de Villa de Allende, al

que desde 2012 las autoridades federales no tenían acceso, debido a que los invasores mantenían bloqueado el ingreso, abundó.

De acuerdo con el fiscal, la estrategia de restitución de predios invadidos continuará en Chiapas, a petición de la ciudadanía y de la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en palacio de gobierno.

“El gobierno del estado y la Fiscalía General del estado son garantes de la paz y el respeto al orden jurídico, lo que permite la convivencia y el desarrollo de la sociedad; en este contexto, en cumplimiento y observancia de la ley, mediante el diálogo y la concertación, se ha procurado evitar las invasiones de tierras en cualquiera de sus formas, y cuando no es posible en estas vías se procede al uso legítimo de la fuerza del Estado para restituir a los propietarios el goce de sus derechos”, concluyó.

Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla con los índices más bajos en uso de internet: CNDH presenta la oportunidad para que los sectores privado y social apoyen tal propuesta del gobierno federal, desde su respectivo ámbito de competencias”.

Apuntó que las medidas que se tomen deberán encaminarse a “incrementar la cobertura y disponibilidad de las TIC, además de impulsar acciones que permitan un mayor uso de las mismas al reconocerles como fuente de desarrollo y medio para que las personas adquieran conocimientos y ejerzan sus derechos”.

Retomó cifras de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), elaborada por el INEGI en 2018, en la que se establece que 52.9% de los hogares mexicanos cuentan con internet y 65.8% de población mayor a los seis años la usa.

En tanto la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) informó que a finales de 2018, TRES mil 900 millones de personas en el Mundo, es decir 51.2%, utilizaban internet, pero que en los países con menor desarrollo el porcentaje es de 45%.

La CNDH recordó que el artículo sexto constitucional obliga al Estado a garantizar el acceso a las TIC, de la misma manera que a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha de internet.

El organismo sugirió atender las recomendaciones de la UIT que, si bien no son vinculantes, “permiten la interoperatividad de las TIC, posibilitan las comunicaciones globales

de los distintos países al utilizar un mismo lenguaje; instauran igualdad de condiciones en el acceso a nuevos mercados emergentes; favorecen la creación de infraestructura de los países en desarrollo, y reducen los costes para fabricantes, operadores y consumidores”, además de que contribuyen a alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

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Sábado 18 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

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ace 38 días el Congreso local aprobó las reformas a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, pero el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se ha negado a publicarla en el Diario Oficial, además de que violó la Constitución oaxaqueña al no pronunciarse al respecto.

Al menos 40 organizaciones ambientalistas, instituciones académicas y de derechos humanos reprocharon al gobernador que no publicara esas reformas o, en su defecto, que las vetara como lo establece el artículo 53 fracción III de la Constitución del estado, que da un tiempo máximo de 15 días para pronunciarse al respecto.

En una carta abierta dirigida al gobernador, al Congreso local y a las autoridades municipales, los inconformes, entre ellos Greenpeace México, Oxfam México, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, CIIDIR Unidad Oaxaca, la Universidad de la Tierra y el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO), exigieron la inmediata publicación de la norma.

Con ello, subrayaron, Oaxaca se colocaría entre los estados pioneros en la disminución de la generación de residuos sólidos y el cuidado del ambiente.

En las reformas a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, aprobadas por el

Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

Las autoridades municipales y comunales de San Pedro y San Pablo Ayutla desmintieron al gobernador Alejandro Murat Hinojosa sobre el supuesto “acuerdo histórico” con sus vecinos de Tamazulapam del Espíritu Santo en torno del conflicto por el agua que mantienen desde hace casi dos años.

“Desmentimos categóricamente ese comunicado oficial y aclaramos que las autoridades de nuestro municipio no firmaron ninguna minuta de acuerdo con el gobernador ni con el municipio de Tamazulapam”, se lee en un documento firmado por el presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla, Rubén Olivares Martínez, y el representante de Bienes Comunales, Alejandro Martínez Ramírez.

Aclararon que el pasado lunes 13 asistieron a una reunión con Murat Hinojosa, donde se trató el tema de la reconexión del agua hacia su comunidad, pero nunca firmaron acuerdo alguno, como lo difundió el gobierno estatal.

Dos días después la Secretaría General de Gobierno difundió otro comunicado donde sostuvo que atestiguó el cumplimiento de acuerdos entre Tamazulapam del Espíritu Santo

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Exigen a Murat Hinojosa la inmediata publicación de la nueva Ley de Residuos Sólidos

Congreso local el pasado 10 de abril, se prohíbe en todo el estado la venta, distribución o uso de botellas PET, así como de envases y embalajes desechables de unicel, con el fin de prevenir la contaminación ambiental.

En ese sentido, la disposición obliga a las empresas de refrescos a hacer un replanteamiento: dejar de generar residuos y utilizar sólo envases de vidrio o de plástico retornables. En respuesta, aquellas se inconformaron y amenazaron con ampararse.

Organizaciones como el Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (Pro Oax) –fundado por el pintor

Francisco Toledo--, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, el Foro Oaxaqueño del Agua, Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca (SURCO) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, consideraron que debido a esas presiones la nueva norma aún no se encuentra vigente, pues no ha sido publicada en el Diario Oficial ni vetada para su revisión por parte del gobernador.

Tras explicar que el PET es un material que no se degrada, señalaron que permanece eternamente en océanos y ríos, ingresando en la cadena

alimenticia y causando graves problemas ambientales y de salud.

“Vivir en un medio ambiente sano es un derecho reconocido y garantizado por la Constitución Federal y por el artículo 12 de la Constitución del Estado de Oaxaca. El gobierno del estado debe garantizar este derecho humano de las y los habitantes de Oaxaca antes que proteger las ganancias de las empresas que soslayan su responsabilidad social, nos contaminan y nos enferman”, puntualizaron.

Y subrayaron que el silencio del gobernador da a entender que existe cierta complicidad con las empresas.

La carta también está firmada por el Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales, Solidaridad Internacional Kanda (SiKanda), Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca, Frente Ciudadano Juntos Rescatando el Río Atoyac, Red de Humedales de la Costa de Oaxaca, Comisión de Cuenca de los Ríos Atoyac y Salado, y los comités de Cuenca de los Ríos Copalita y Tonameca, de Ecología de San Sebastián Etla, de Recursos Naturales de la Chinantla Alta, e Iniciativa Huaxyacac, Grupo Mesófilo, Tequio Jurídico y Red de Mujeres de la Costa Chica de Oaxaca.

Desmienten “acuerdo histórico” para solucionar conflicto por el agua en municipios mixes de Oaxaca y San Pedro y San Pablo Ayutla “con la instalación de la tubería de agua potable que distribuirá el vital líquido a ambos municipios mixes”.

Añadió: “Este miércoles (15), personal de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y en presencia de representantes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, se inició la instalación de una red de seis pulgadas que dotará del servicio de manera simultánea a las comunidades”.

Esa obra hidráulica, abundó, “se realiza en el Paraje El Manantial, con el apoyo de elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), como parte del compromiso del gobierno del estado para brindar confianza y seguridad en la zona”.

Sin embargo, las autoridades municipales y agrarias de Ayutla desmintieron tal acuerdo histórico, mientras que la lingüista Yásnaya Elena tuiteo: “A ver @alejandromurat –Es falso que se haya firmado un acuerdo para solucionar #AguaParaayutla. Lo simulaste –Hoy se cumplen 710 días sin agua potable para Ayutla”.

El caso de San Pedro y San Pablo

Ayutla llegó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al Congreso de la Unión, y también se difundió en las redes sociales con el hashtag #AguaParaAyutlaYa, donde artistas, intelectuales y académicos convirtieron en Trending Topic la crisis por el agua en la que viven los indígenas mixes.

El pasado lunes 13 el gobernador Alejandro Murat sostuvo que atestiguó el “acuerdo que permitirá que estos municipios mixes cuenten con el servicio básico (y) el gobierno de Oaxaca dará seguimiento a otras peticiones del ámbito social en beneficio de sus habitantes.

“Con la intermediación del gobierno del estado, ambas comunidades acordaron una solución integral al conflicto, en el que el primer paso es la conexión de forma inmediata para conducir el agua a sus respectivas cabeceras municipales, simultáneamente y por gravedad”, puntualizó.

Además, agregó que en materia de seguridad se acordó la instalación de una Base de Operaciones Mixtas (BOM), con el propósito de brindar confianza y seguridad para quienes habitan en la zona.

Las autoridades municipales y agrarias de San Pedro y San Pablo Ayutla lo desmintieron.

El 5 de junio de 20 un grupo armado, presuntamente vinculado con funcionarios del municipio Tamazulapam, atacó a comuneros de Ayutla Mixe y mató a Luis Juan Guadalupe.

También hirió con armas de fuego a otras siete personas, entre ellos un policía estatal y una señora de la tercera de edad, y secuestró a cinco mujeres por más de ocho meses.

Aunado a ello, ese mismo grupo tomó el manantial de San Pedro y San Pablo Ayutla, cortó el suministro de agua potable y destruyó la infraestructura hidráulica de la comunidad, consistente en dos tanques de agua y tuberías que conectaban al 70% de la población indígena.

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“Sal y da la cara”, exigen familiares de desaparecidos al gobernador Enrique Alfaro afuera de Casa Jalisco Gloria Reza Guadalajara, Jal. (apro)

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amiliares de personas desaparecidas en la entidad rompieron una parte de la puerta de Casa Jalisco, donde vive el gobernador Enrique Alfaro, y en una de las paredes pintaron las frases: “No más desaparecidos” y “Y si fueran tus hijas, Alfaro”.

Al llegar al lugar, cientos de manifestantes que exigían la aparición de sus familiares, en especial de Sandra Nayeli Herrera Fernández, comenzaron a gritar: “abran, abran”. Y, mientras golpeaba la puerta, una mujer soltó: “Señor Alfaro, no hay timbre, tendremos que derrumbar la puerta para que salga usted”.

Y con la foto de Nayeli levantada, lanzó: “No vinimos a pedir, vinimos a exigir. Dónde está Nayeli, ¡carajo! ¿Y dónde está Erika? ¿Dónde están todas las personas que han desaparecido? (...) Tú no desapareciste a Nayeli, pero es tu obligación encontrarla (...) Sal y da la cara”.

Después, varios de los manifestantes empezaron a patear la puerta de Casa Jalisco, cayeron algunos trozos rectangulares de madera y por los huecos varias mujeres gritaban que les abrieran, mientras otra exigía que los familiares aparecieran vivos, no muertos.

Otra más advirtió que si no le abrían se pasaría por uno de los huecos rectangulares, y siguieron cayendo más trozos

Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

Ante la exigencia de la implementación puntual de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx) puso en marcha su página de internet para asesorar a familiares de víctimas.

Con la participación de 64 colectivos distribuidos en 22 estados del país y tres países de Centroamérica, este vienes se lanzó el sitio web htpps:// movndmx.org, con un directorio de los integrantes del MovNDmx, datos y cifras de la desaparición de personas y el monitoreo de la implementación de la Ley General.

En la presentación, María Elena Larios, representante de familiares de víctimas de El Salvador, destacó que México “es un país de fosas, un país donde se han encontrado más de 2 mil fosas clandestinas, con alrededor de 2mil 884 restos, un país donde en los servicios forenses tienen 26 mil cuerpos sin identificar y donde la Co-

de madera. Un hombre pateó la puerta con fuerza y varios más gritaron: “abran la puerta, abran la puerta”.

Previamente pegaron en la fachada y en la misma puerta fichas informativas de los desaparecidos.

Nayeli desapareció junto con su amiga Karla Janeth Vázquez Covarrubias, de 28 años, a dos cuadras de la Antigua Central Camionera.

Una tía de Karla mencionó que a las 4 de la mañana las chicas recibieron la llamada de unos amigos que las invitaron a salir. Es el último dato que tienen de ambas.

Nayeli, quien laboraba como recepcionista de un hotel, tiene dos hijos de ocho y siete años, mientras que Karla es madre de seis menores cuyas edades oscilan entre los cuatro y los 13 años.

Víctimas, el centro de la atención: gobernador Tras la manifestación afuera de Casa

Jalisco, el gobierno del estado difundió un comunicado donde subrayó que entre sus tres principales prioridades está la de encontrar a los desaparecidos y que siempre ha estado abierto al diálogo.

“Hasta el momento, tan sólo la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas ha tenido 51 reuniones con colectivos, 93 reuniones con víctimas indirectas, mil 52 reuniones para explicar el Plan de Investigación de las carpetas correspondientes y 161 reuniones para explicar análisis y contexto de los casos que los familiares han solicitado”, puntualizó.

Asimismo, recordó que los colectivos pusieron las bases para elegir a la Fiscal Especializada en Personas Desaparecidos, y que por unanimidad de “todos los involucrados” se eligió a finales de enero pasado a Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas.

En febrero, refirió, se instaló el comi-

té de inhumaciones en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde participan cada semana los colectivos de desaparecidos y dependencias de gobierno.

En marzo, agregó, se presentó la primera etapa de la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición, en la que participaron los tres niveles de gobierno.

La “premisa de la estrategia es que las víctimas sean el centro de la atención en casos de desaparición”, abundó, y aseguró que aumentaron los presupuestos anuales de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de 17.2 a 70 millones de pesos; de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, de 5 millones a 30 millones; de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, de 26.4 millones a 33.3 millones, y del IJCF, de 178.8 millones a 213.8 millones de pesos.

De igual manera, adelantó que se firmará un convenio con todas las instituciones involucradas en el tema de desaparecidos: la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, el IJCF, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención de Víctimas.

De acuerdo con el documento, el gobernador Enrique Alfaro respeta la libre manifestación, “pero siempre que sea con respeto”. Y remató: “El gobierno comparte con toda la sociedad la indignación por el grave problema de desaparecidos en la entidad y en todo el país”.

El MovNDmx pone en marcha su página de internet para asesorar a familiares de víctimas misión Nacional de Búsqueda no tiene un registro confiable sobre personas desaparecidas”.

Tras resaltar que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), heredado del sexenio anterior, tenía registrados a sólo 384 extranjeros desaparecidos, Larios puntualizó que las registros oficiales están muy lejos de la realidad.

Agregó que, si bien el registro oficial es de más de 40 mil personas desaparecidas, es una cifra que “no nos representa”, toda vez que “de cada 10 desapariciones sólo se denuncian cuatro”.

Para la salvadoreña, es fundamental el tema de las cifras para “empezar a entender el tamaño de la barbarie, para entender cuándo, dónde y por qué fueron desaparecidos”, y poder implementar “políticas eficaces que no permitan que una persona más desaparezca”.

Guadalupe Aguilar, de Jalisco, externó que una de las demandas fun-

damentales del Movimiento es una reunión con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, antes de que nombre al próximo titular de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Destacó que sigue vigente el reto de la armonización y operación de la Ley General en varios estados, y manifestó que a la fecha sólo hay 18 comisiones locales de búsqueda y 19 fiscalías especializadas, en tanto que siguen pendientes las convocatorias para la creación de consejos ciudadanos que deberán contar con “la participación de las familias”.

Aguilar recordó que en la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en septiembre estarían instaladas todas las comisiones y fiscalías, para lo que no habría límites presupuestarios.

“A nosotros no se nos olvida el compromiso, y nos encargaremos de que no se les olvide a los funcionarios”,

señaló la activista tras agregar que las exigencias de las familias siguen vigentes.

“La ley es un logro del movimiento y seguiremos vigilando su correcta implementación”, en la que tendrá que considerarse la participación de las familias en cada uno de sus componentes, recalcó.

Jan Jarab, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), celebró la puesta en marca de la página web del Movimiento, que se ha convertido en “un espacio de articulación construido desde las familias con una basta presencia en el país”.

El diplomático consideró que el esfuerzo “puede fortalecer la capacidad de interlocución con las autoridades”, sin dejar de lado que “sigue siendo la obligación del Estado la investigación, procuración de justicia, búsqueda e identificación de miles de cuerpos no identificados”.

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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió el esclarecimiento de la muerte de una niña originaria de Guatemala, quien se encontraba asegurada en la Estación Migratoria “Las Agujas” en Iztapalapa, a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), dependencia a la que instruyó a otorgarles una estancia regular a los familiares.

En un comunicado en el que se informó de la emisión de medidas cautelares a favor de la familia de la menor fallecida para que realicen los trámites que requieran por el acontecimiento, el organismo destacó que independientemente de la investigación que realiza por violaciones a derechos humanos, la CNDH pidió que se realice “una indagación exhaustiva para determinar si la persona menor de edad recibió la atención requerida y oportuna por el personal médico y operativo de esa estación migratoria, a fin de deslindar responsabilidades correspondientes”.

Apuntó que, en caso de hallar responsabilidades, las autoridades deberán dar “vista a las instancias de investigación administrativa del INM y de procuración de justicia respectivas”, por lo que pide que “se resguarden las videograbaciones de las áreas relacionas con la atención otorgada y la totalidad de constancias relativas a la atención médica proporcionada”.

Personal de la CNDH recibió la queja sobre la muerte de la menor el jueves 16 de voz de un familiar, quien señaló que “la niña y su madre se sentían mal de salud días antes, y que el médico que presta sus servicios en ese recinto les indicó que presentaban infecciones en garganta, oídos y pulmones, y que su tratamiento duraría cuatro días”.

Al destacar que el organismo cuen-

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La CNDH exige esclarecer la muerte de niña guatemalteca bajo custodia del INM La CNDH pidió que se realice “una indagación exhaustiva para determinar si la persona menor de edad recibió la atención requerida y oportuna por el personal médico y operativo de esa estación migratoria, a fin de deslindar responsabilidades correspondientes”

ta con testimonios de mujeres adultas que se encontraban en la misma área en que estaban la niña y su madre, el organismo destacó que un tío de la víctima sostuvo que su hermana y su sobrina llevaban tres días aseguradas en la estación migratoria y que el 15 se le informó de la muerte de la menor, por lo que solicitó la investigación del fallecimiento.

Ante los acontecimientos, la CNDH emitió medidas cautelares al INM para que se den facilidades a los familiares de la menor de edad fallecida, a fin de que se les permita “tener acceso oportuno a la condición de estancia regular en territorio nacional y a los diversos trámites que tienen que realizar por el fallecimiento, además de garantizarles ayuda, atención, asistencia, acceso a la justicia y a la verdad”.

Había alertado por sobrepoblación El organismo recordó que el mismo 15 de mayo, antes de recibir la denuncia por el fallecimiento de la menor, había emitido medidas cautelares al INM “para que diera solución a la sobrepoblación en ese recinto con la finalidad de reducir el número de personas alojadas y proporcionarles los servicios básicos, de manera particular a quienes están alojados en carpas; canalización de personas a otros recintos; agilización de procedimientos migratorios”.

La CNDH había pedido al comisionado del INM, Tonatiuh Guillén López, que se recurriera a la “exploración de alternativas a la detención y la realización de acciones para garantizar que la niñez migrante no permanezca

en la estación migratoria y sea trasladada a un Centro de Asistencia Social, privilegiando el respeto a los derechos humanos, el principio de unidad familia y el interés superior de la niñez”.

Al titular del INM también se le “requirió realizar acciones para que la población alojada en ese recinto cuente con acceso efectivo a los servicios básicos, de manera particular de atención médica a niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas mayores”.

De acuerdo al organismo, visitadores adjuntos y un psicólogo se trasladaron este viernes al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, para dar asistencia y acompañamiento a la madre de la menor y a personal del consulado de Guatemala.

Sobre la muerte de la menor, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que la causa del fallecimiento fue “un accidente dentro del dormitorio en el que estaba con su mamá al caerse de una litera”.

En la conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador por la mañana, Encinas sostuvo que estaba abierta una investigación interna en el INM.

El general León Trauwitz, implicado en huachicoleo, no se presentó a audiencia; lo multan con 8 mil 499 pesos Patricia Dávila Ciudad de México (apro)

El general Enrique León Trauwitz no se presentó a la segunda audiencia, convocada para este 17 de mayo, por el presunto delito de sustracción ilegal de hidrocarburos durante su paso por Pemex como subdirector de Salvaguarda Estratégica, por lo que se hizo acreedor a una multa por la cantidad de 8 mil 499 pesos.

A la audiencia, de la causa penal 83/2018, a la que sólo fueron convocados siete altos mandos de la Sedena, tampoco se presentaron los imputados Sócrates Herrera Pegueros y Emilio Cosgaya, debido a “la presión mediática”, lo cual derivó en malestares físicos.

Además, a través de sus abogados, el primero presentó un certificado médico particular y el segundo notificó oralmente que la escuela militar a la

que acude no le dio permiso para ausentarse de sus clases.

A su vez, Wenceslao Cárdenas charló el jueves con su abogado –según reveló éste último– para decirle que se presentaría a la citación. Pero al final no llegó y su defensa desconoce la razón.

Los que sí asistieron fueron los militares imputados Oziel Aldana, Arturo Villa Adame y Ramón Márquez Ledesma.

Por lo tanto, la juez de Control de Justicia Penal, María Elena Cardona, determinó, a solicitud de la Fiscalía, aplazar la audiencia para el próximo 31 de mayo, solicitando al Centro de Justicia Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal que todos los imputados sean apercibidos con una sanción de 8 mil 449 pesos de no acudir a la audiencia.

Momentos antes la juez, a solicitud

de los abogados defensores, acordó llevar a cabo la audiencia a pesar de la ausencia de algunos de los imputados, incluso de León Trauwitz no acudió ni su abogado.

Integrantes del Ministerio Público, así como representantes legales de Pemex, solicitaron a la juez revocar el acuerdo y diferir la audiencia hasta que todos los acusados estén presentes físicamente, o a través de algún medio tecnológico, petición que fue acordada por la juez.

En esta semana, a solicitud del Ministerio Público, la juez acordó dividir en segmentos las audiencias de los 21 imputados en este caso, tomando en cuenta la coautoría.

Por su parte, José Mauricio Ocampo, abogado de Oziel Aldana Castilla, por segunda ocasión, demandó abrir una investigación en contra de Moises Ángel Merlin Sivaca, por violación a

la presunción de inocencia de todos los presuntos implicados en este caso, debido a que dio una declaración a Carmen Aristegui en la que menciona los nombres de algunos implicados.

Sobre este punto, indicó que valorarán si interpone una queja en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde enero pasado, durante una conferencia de prensa mañanera, mencionó los nombres de algunos de los militares implicados.

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La ONU cuestiona designación de militar en retiro al mando de la GN Gabriela Sotomayor Ginebra (apro)

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l Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) pidió a México garantizar el mando civil de la Guardia Nacional y que las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo de autoridades civiles y no militares.

“Se deberá garantizar el mando civil de la Guardia Nacional, a fin de preservar su independencia”, remarca el CAT al presentar las conclusiones en rueda de prensa en Ginebra, Suiza.

Asimismo, el relator para México Diego Rodríguez Pinzón afirmó de manera categórica que la situación con respecto a la Tortura continúa “alarmante”.

El grupo de 10 expertos urge en sus conclusiones al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “garantizar que las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo, en la mayor medida posible, de autoridades civiles y no militares”.

En este sentido el CAT expresó preocupación por “el reciente nombramiento de un militar en proceso de retiro como jefe operativo de esta institución.

“Por otra parte, es también motivo de preocupación la falta de claridad acerca de la normativa aplicable en cuanto al uso de la fuerza y en relación a la identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad y sus vehículos”.

El CAT le llama a “velar por que se investigue de manera pronta e imparcial todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza, especialmente la fuerza letal, por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad y el personal militar, asegurarse de que se enjuicie a los presuntos autores, y que, de ser declarados culpables, se les im-

De la redacción Ciudad de México (apro)

El expresidente español Felipe González recomendó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no centrarse sólo en combatir la corrupción, sino en “mejorar el funcionamiento de las instituciones” y “escuchar a los sectores sociales”.

Afirmó que lo que México necesita son “acuerdos, pactos y proyectos de desarrollo”.

Y luego soltó una broma que arrancó sonrisas a más de uno de los invitados: “Tengo una mala relación con México porque creo mucho más en México que los mexicanos, y eso me perturba”.

González habló así durante la clausura de la XXV Reunión Plenaria de la Fundación Círculo Montevideo, que reunió a líderes políticos e intelectuales en esta capital y que encabezó el mag-

pongan penas acordes con la gravedad de sus actos y se repare plenamente a las víctimas o sus familiares”.

Ley sobre uso de la fuerza Además, le invita a adoptar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza prevista en el artículo 73 XXIII de la Constitución, conforme al contenido de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, así como adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad en todo momento durante el ejercicio de sus funciones.

El CAT observó que conforme a las explicaciones ofrecidas por la delegación sobre la participación de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad contra el crimen organizado, por el momento el Estado parte no considera posible relevar al ejército de su labor actual en materia de seguridad.

En este sentido, “el Comité expresa su preocupación al respecto, así como por las informaciones que denuncian graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, cometidas por militares en el marco de este tipo de operativos”.

En sus conclusiones luego de la revisión del informe de México llevado

a cabo el 25 y 26 de abril en la sede del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos el CAT insta a México “hacer públicas las cifras de personas muertas, heridas y detenidas durante los operativos de seguridad”, El CAT reitera al gobierno del presidente López Obrador eliminar la figura penal del arraigo de su ordenamiento jurídico, tal como lo hizo con gobiernos anteriores.

Le invita a continuar sus esfuerzos orientados a eliminar la sobreocupación en todos centros de detención, en particular los estatales y municipales, principalmente mediante el recurso a las medidas alternativas a las penas privativas de libertad.

Asimismo, le urge asegurar que en la práctica la prisión preventiva no se aplique o prolongue en exceso y lamenta no haber recibido información sobre decisiones de los tribunales en las que hayan desestimado como pruebas confesiones obtenidas mediante tortura o malos tratos.

De ahí que mantenga su preocupación por los informes concordantes según los cuales los tribunales no investigan este tipo de denuncias, trasladando la carga de la prueba a las presuntas víctimas.

La tortura, una preocupación También preocupan al Comité las informaciones que señalan que “el uso de la tortura para obtener confesiones

es habitual y que las confesiones obtenidas mediante tortura se utilizan contra los acusados como prueba de culpabilidad ante los tribunales”.

El CAT asimismo hizo eco de las conclusiones del informe de la investigación “Doble Injusticia” de la OACNUDH en México, de 15 de marzo de 2018, en el que se documenta de manera pormenorizada la comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos contra las personas procesadas en el marco de la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Por otra parte, el CAT pide al gobierno de Palacio Nacional “pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos y anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la ley, estará sujeto a enjuiciamiento penal y a las sanciones apropiadas”.

El Comité alienta al Estado parte a concluir la elaboración y aprobación del Programa Nacional para prevenir y sancionar la tortura y los malos tratos, así como de las partidas presupuestarias correspondientes, garantizando la participación de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la documentación de casos de tortura y/o acompañamiento de víctimas Entre otras recomendaciones el CAT insta a implementar “medidas eficaces” para garantizar que las personas detenidas gocen en la práctica de todas las salvaguardias fundamentales desde el inicio de su privación de libertad de conformidad con las normas internacionales, en particular: el derecho a ser asistidos sin demora por un abogado y a recibir asistencia letrada gratuita en caso de necesidad.

Gobierno de AMLO también debe ver por las instituciones y oír a sectores sociales: Felipe González nate mexicano Carlos Slim.

En su discurso, el exmandatario español alertó también sobre los populismos que, en Estados Unidos, América Latina y Europa, ofrecen “respuestas simples a problemas complejos”.

González recordó cuando el estadunidense Donald Trump propuso el uso de hidroaviones para apagar el incendio de Notre Dame.

“Esa es una respuesta simple y es una característica del populismo“, dijo González, quien explicó que si la catedral parisina hubiese sido bombardeada con agua se habría convertido en “un solar”.

El exmandatario español, quien bromeó con que no le tiene manía a Trump,

le tiene una “horrorosa manía”, criticó que el populismo siempre se dedica a “aprovechar el miedo y a buscar un culpable”.

A pesar de las incertidumbres que han provocado el auge de partidos populistas en Europa y América, González sostuvo que “tenemos un mundo mejor que el de hace un siglo” y explicó que todas las transformaciones en la historia han generado algún tipo de incertidumbre.

“La revolución tecnológica avanza a una enorme velocidad de crucero y abre inmensas oportunidades, también riesgos naturalmente”, explicó el político, quien sostuvo que hay que “maximizar las oportunidades que ofrece y minimi-

zar los riesgos que acompaña”.

Por su parte, el exministro de Justicia de España, Alberto Ruiz-Gallardón, sostuvo que sin México “no se entiende América Latina”, pero advirtió que los países solos son “muy pequeños” y que se deben unir para competir con los “países continente” como Estados Unidos y China.

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Incifo ofrecerá disculpa por negligencias en el feminicidio de Lesvy Berlín Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

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l Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México ofrecerá el próximo 22 de mayo una disculpa pública a la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio por las irregularidades que cometió en la necropsia al cuerpo de la joven, quien fue asfixiada con el cable de un teléfono público el 3 de mayo de 2017 en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Será esta la primera disculpa que ofrece la dependencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) a víctimas por sus malas prácticas. Ello, como parte de la Recomendación 1/2018 que emitió la Comisión de Derechos Humanos local, por las violaciones en el caso de Levy Berlín.

En la Recomendación se asienta que el 4 de mayo de 2017 el perito médico forense adscrito al Instituto, Jaime Cruz Huerta, cometió irregularidades en el dictamen de necropsia que realizó al cuerpo de Lesvy Berlín; no precisó el tiempo aproximado de la muerte; ni la mecánica de producción ni temporalidad de cada una de las lesiones; tampoco mencionó las cicatrices no recientes; no tomó fotografías a todas las lesiones externas e internas descritas, y por lo que hace a las fotografías de lesiones que sí tomó no son nítidas.

Luego, el 19 de mayo de 2017, el propio perito Cruz Huerta amplió el

dictamen de necropsia y reconoció diversas omisiones y errores. Señaló cuatro lesiones en la cabeza, cara y el tobillo que omitió. Respecto al surco en el cuello de Lesvy Berlín causado por la asfixia, indicó que por “errores mecanográficos” se había asentado que era de seis milímetros en lugar de 40 milímetros. Nuevamente no indicó la hora aproximada del fallecimiento de Lesvy.

Las omisiones del personal del Incifo abonaron a que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) mantuviera la teoría de que Lesvy cometió suicidio y no esclarecieran los hechos. De acuerdo con lo documentado por la CDHDF, en el dictamen de genética forense se señaló que a partir del análisis de las muestras recabas en el cable, bocina y micrófono del auricular del teléfono público se encontró que pertenecían a un hombre, no obstante, no contaban con la muestra de referencia del imputado.

A falta de estos dictámenes periciales, indica la CDHDF, el 8 de mayo de 2017 el perito el criminalística de la PGJDF, Ulises Meneses, rindió un dictamen en el que se señaló que la muerte de Lesvy fue un suicidio.

Por estas omisiones en la debida diligencia que cometió el personal pericial del Incifo, el órgano de Derechos Humanos local determinó que la dependencia violó el derecho al debido proceso y además omitió brindar un trato respetuoso al cuerpo de Lesvy pues al no aplicar el protocolo específico de investigación en casos de feminicidio, no hizo una exploración profesional, con instrumentación adecuada.

La recomendación exige como parte del resarcimiento a las víctimas una disculpa pública del Incifo a la madre, padre y abuelos maternos de Lesvy. La medida se cumplirá el próximo martes 22 de mayo en las instalaciones del Instituto en honra a la memoria de la

joven a dos años de su asesinato.

Otra de las medidas que debe cumplir el Incifo es actualizar la Guía Técnica para la Realización de Necropsias en casos de Feminicidio conforme a los estándares internacionales y que se prevean las diligencias necesarias para la investigación de feminicidios, sin acortarse a cuestiones de violencia sexual.

Las otras instituciones responsables en la violación de Derechos Humanos en el feminicidio de Lesvy son la Secretaría de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia, quien es la única que ha ofrecido la disculpa pública el pasado 2 de mayo.

Cabe recordar que el 3 de mayo de 2019 cuando se halló el cuerpo de Lesvy Berlín en una caseta telefónica cercana al Instituto de Ingeniería de la UNAM, se aseguró que la joven se había suicidado.

Sin embargo, después de conocer los videos de las cámaras de vigilancia se evidenció que la entonces pareja de Lesvy estuvo con ella y mantuvieron un discusión. Jorge Luis González fue detenido y acusado de homicidio por “no haber impedido el suicidio de Lesvy”.

Tras la lucha en tribunales de la familia de Lesvy el caso fue reclasificado por orden la Quinta Sala del TSJ capitalino a feminicidio, posteriormente la PGJDF cambió la teoría de los hechos y acusó a Jorge Luis por haber estrangulado a Lesvy con el cable del teléfono. Se espera que las audiencias del caso comiencen en junio.

Muere niña migrante en estación migratoria de Iztapalapa De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

Defensoras de personas migrantes protestaron hoy enfrente del Palacio Nacional, a la misma hora que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su conferencia matutina, para exigir el esclarecimiento del fallecimiento de una niña guatemalteca en la noche del miércoles 15 de mayo, que se encontraba bajo custodia del Instituto Nacional de Migración (INM).

El INM había informado ayer que la niña, de 10 años de edad, arribó el día 14 de mayo a la estación migratoria de Iztapalapa en un autobús proveniente de Chihuahua, junto con su madre. Las autoridades indicaron que “al momento de su llegada, fue atendida por el médico de guardia debido a molestias en la garganta.

Estuvo en revisión a partir de este momento y hasta su traslado al Hospital Pediátrico.”

El INM afirmó que ya se informó a las autoridades consulares de Guate-

mala y que “se están haciendo las investigaciones que corresponden para determinar las causas que provocaron el deceso.”

Las y los activistas enfrente del Palacio Nacional responsabilizaron a las autoridades de Migración de la muerte y demandaron un alto a la detención de menores de edad. El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) comunicó: No basta con lamentarse con la muerte de la niña (…) Les recordamos que su muerte es una violación a la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas Adolescentes, ya que ninguna niña o niño, acompañado o no acompañado, debe ser detenido en estaciones migratorias.

La directora del Imumi, Gretchen Kuhner, aseguró en entrevista con Aristegui Noticias que Estados Unidos y México, están con una política de detención, “cuando estamos frente a una situación de familias que huyen de sus países por violencia extrema y pobreza y sólo encuentran la detención.”

Informaciones de la organización,

revelan que han muerto cinco niñas y niños migrantes en detención entre México y Estados Unidos, en los últimos cinco meses.

Desde el año pasado, la política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la frontera con México, ha causado indignación entre personas defensoras de Derechos Humanos. Circularon fotos y videos de menores de edad, encerrados en jaulas. Además, la migración estadounidense separaba a personas migrantes de sus hijos o hijas y deportaba a los adultos, mientras que las y los menores de edad permane-

cían recluidos en territorio estadounidense. La política del gobierno en Washington busca lograr que las y los migrantes no lleguen a su territorio, y que México adapte una política rígida de deportación.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), fueron “devueltas” entre enero y marzo de 2019, 22 mil 614 personas extranjeras, 3 mil 196 de ellas entre 0 hasta 11 años de edad, y 2 mil 801 entre 12 y 17 años.

La mayoría tenía nacionalidad hondureña o guatemalteca. Para el año 2018, reportó 25 mil 965 casos de “retorno asistido de menores de edad”.

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MACRI APUESTA AL VOTO IDEOLÓGICO Francisco Olaso

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l presidente Mauricio Macri aspira a ser reelecto para un segundo mandato el próximo 27 de octubre. La campaña electoral sorprende a la alianza oficialista Cambiemos en su peor momento. El balance económico y social de estos tres años y medio de gobierno es lapidario. La tasa de inflación promedio es la más alta de los últimos 25 años. Desde diciembre de 2015, el PBI se redujo el 1.4 por ciento y el salario real, medido en dólares, se contrajo a la mitad. La imagen de Mauricio Macri, así como la de su gestión, recogen índices de rechazo superiores al 60 por ciento. A pesar de esta coyuntura, y aunque resulte sorprendente, Macri mantiene una intención de voto que le permite alimentar su deseo. Diferentes encuestas lo ven perdiendo un balotaje con Cristina Kirchner por un margen de entre 7 y 9 puntos, pero con un tercio del electorado que aún no ha decidido el voto.

El vertiginoso endeudamiento externo asumido por el gobierno, récord entre los países emergentes, lo obligó a pedir 57 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional en mayo de 2018. El préstamo sirve para retardar la cesación de pagos hasta después de las elecciones, puesto que la economía, que ya suma cuatro trimestres de recesión consecutivos, no genera los recursos necesarios. El FMI conduce la política económica argentina. Su programa de ajuste fiscal y monetario impone tasas de interés exorbitantes, que aniquilan el crédito y la producción.

Según datos de la Unión Industrial Argentina, en 2018 la actividad industrial se contrajo un 3.4 por ciento. En el mismo lapso, de acuerdo a datos oficiales, se perdieron 250 mil empleos registrados. En 2018, 2.7 millones de argentinos cayeron en la pobreza. La población sufre incrementos siderales en las tarifas de servicios públicos y recortes drásticos en las prestaciones estatales.

Este “remanente” se destina al pago de los intereses de la deuda externa.

El gobierno tiene claro que no puede satisfacer a su electorado en el plano de las expectativas materiales. Por eso centra la campaña en el plano ideológico, inflamando ánimos, con marcado éxito en el caso de su núcleo duro, pero también ante sectores empobrecidos por el ajuste, que requieren de un estímulo para mantener su apoyo.

“Los componentes ideológicos (del gobierno) no pueden explicitarse porque son inaceptables: nadie acepta decir ‘No tengo derecho a tener luz, porque soy pobre, o por lo que sea’”, explica a Apro Carlos de Angelis, coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. “Por

eso estos temas se plantean en otros términos, hablando de la seguridad, de la corrupción, de algunos componentes culturales de la sociedad argentina, diciendo por ejemplo que nos gustan los atajos”, sostiene.

El sociólogo considera que Cambiemos ostenta el “discurso legítimo” de esta época. “Hay un discurso que se vuelve dominante a partir del triunfo de 2015, y que dice que hay gente que se ha aprovechado del Estado, a través de planes sociales, o jubilados que se jubilaron sin haber aportado, o migrantes que ‘usan nuestros hospitales’, un discurso construido por el poder, que se vuelve legítimo”, explica. “Este discurso del gobierno, por más que se lo plantee como postideológico, es el discurso liberal de toda la vida, con un Estado reducido a un mínimo”.

De Angelis advierte que “un discurso hegemónico, desvinculado de logros económicos, es difícil de sostener en el tiempo”.

Punitivismo

“El que las hace las paga”. Esta es una de las frases preferidas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la hora de celebrar la detención de un delincuente en su cuenta en Twitter. El gobierno transita la campaña electoral publicitando sus políticas de mano dura. En lo que va del año, aprobó un nuevo reglamento que habilita a las fuerzas federales a usar armas letales sin necesidad de dar la voz de alto, ha equipado a diferentes policías con pistolas Taser de descarga eléctrica, insiste con un proyecto parlamentario para bajar a 15 años la edad de imputabilidad penal.

“El punitivismo tiene que ver con una rejerarquización”, sostiene Carlos de Angelis. “Hay etapas de la sociedad en las que hay nuevos derechos, y hoy los derechos están en discusión. ¿Tengo derecho a tener luz? ¿O si no la pago me la cortan?”, plantea. “El peronismo clásico exacerbó siempre el rol del trabajador, mientras que Cristina Kirchner decía ‘Vamos a incluir a los que están afuera’. Esta inclusión acorta las distancias de la jerarquía social. El punitivismo vendría a ser de alguna forma un disciplinamiento social”, sostiene.

Las propuestas de mano dura del gobierno no solo apuntan a correr de la agenda pública los resultados de

su gestión económica. Le hablan al corazón de ese 30 por ciento de adherentes fieles, el tercio conservador liberal de la sociedad argentina, que históricamente ha estigmatizado y criminalizado el conflicto social.

“Hay una pequeña distancia entre lo que es legítimo y lo que es legal. El ‘discurso legítimo’ pone al otro como ilegitímo. Lo que es ilegítimo está a un paso de ser ilegal”, explica Carlos de Angelis. Pone como ejemplo una frase que desnuda la mirada de las clases medias y altas sobre las mujeres de las clases populares: ‘Se embarazan para cobrar la Asignación Universal por Hijo’. Esta conducta implicaría una estafa al Estado. “Si se tiene en cuenta, además, que la Policía muchas veces no actúa contra el delincuente, por desidia o porque está en otros negocios, eso causa frustración y un sentimiento que se resume en la frase de que al delincuente hay que matarlo”, grafica el sociólogo.

En medio de las penurias económicas que atraviesa la inmensa mayoría de la población, el gobierno de Mauricio Macri se vale de propuestas polémicas, que apelan a lo emocional, para mantener una centralidad en la agenda. Su votante respalda el enfoque punitivista sobre la seguridad, pese a su comprobada falta de eficacia para reducir el delito.

Funcionarios y empresarios vinculados con el anterior gobierno sufren prisión preventiva, sin haber sido sometidos a juicio ni haber recibido condena.

“Hay una clara connivencia entre el gobierno y el Poder Judicial a la hora de desacreditar opositores, incluyendo casos de presos políticos, como (la dirigente social) Milagro Sala”, dice a Apro el sociólogo Nahuel Sosa, director del Centro de Formación y Pensamiento Gènera. “También se judicializa la protesta, porque el modelo económico del Gobierno conlleva a un crecimiento del conflicto social.

Surge esta idea de buscar un otro, un adversario, un enemigo interno, y ese enemigo es el piquetero (participante en bloqueos), el mapuche, el extranjero, es aquel que hace huelga, por ejemplo los docentes, que cobran por debajo de la inflación acumulada.

Cada vez que hay un foco de conflicto genuino, el Gobierno estigmatiza la protesta”, explica.

La estrategia oficialista de equiparar los doce años de kirchnerismo

con la corrupción pierde peso, sin embargo, debido al enorme desprestigio de los funcionarios judiciales que llevan adelante los expedientes.

Por otra parte, las imputaciones judiciales contra el presidente y varios de sus funcionarios incluyen el favorecimiento deliberado de sus propias empresas, el armado de una organización de espionaje paraoficial, la utilización de aportantes falsos para ocultar su financiamiento partidario.

Aspiraciones

La pregunta de la hora es cómo logra el gobierno que sectores empobrecidos, perjudicados por el desempleo y los tarifazos, voten a las élites.

Los sociólogos buscan la respuesta en otro componente clave del discurso oficialista, el factor aspiracional, que opera a la perfección en la hiperfragmentada sociedad actual, en la que cada estrato tiende a admirar a aquellos estratos que percibe como superiores y a despreciar a los que supone inferiores.

“Creo que hoy el voto ya no es solo económico, ya no se vota solo con el bolsillo, sino que el voto es cultural, es sentimental y se vota por deseos”, explica Nahuel Sosa. “Los gobiernos populares o progresistas del Siglo XXI en Latinoamérica lograron, mediante políticas públicas, que muchos sectores asciendan socialmente, y sin embargo esto no necesariamente implicó un cambio en las conciencias, una revolución cultural”, sostiene: “Muchos sectores que ascendieron socialmente adoptaron el viejo sentido común conservador de las élites y han votado opciones que van en contra de sus propios intereses.”

Nahuel Sosa cree que Cambiemos tuvo la virtud de interpretar que aquellos que habían ascendido socialmente ahora buscaban satisfacer deseos que no necesariamente son materiales. “Creo sin embargo que el planteo que hace el oficialismo de progreso individual es una estafa, porque se basa en una idea de meritocracia que es falaz, porque no todos parten de la misma igualdad de oportunidades ni de patrimonio –dice–. Una virtud de la oposición sería demostrar que hay más oportunidades de desarrollarse individualmente si se lo hace en comunidad que en desmedro del otro”.

“Las sociedades van perdiendo la capacidad de asociación: en otras épocas los partidos políticos, los sindicatos e incluso los clubes eran lugares ideológicos de contención”, analiza Carlos de Angelis. “Hoy somos mucho más individualizados que hace veinte o treinta años. Esto hace que todo sea más competitivo, más jungla, y que uno pueda ver al otro como un posible enemigo. Sobre todo si la competencia es por los recursos”.

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LA 4T, ACKERMAN Y LA CRUDA REALIDAD

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a frase de Lord Acton, “el poder tiende a corromper y el poder absoluto a corromper absolutamente”, es un aforismo clásico. El aforismo y el artículo de John Ackerman publicado en Proceso, “4T, Esperanza mundial”, motivaron un diálogo imaginario entre Frido Aliotti y Thomas Merton, pensador norteamericano, contemplativo trapense. Al autor del artículo se le respeta, pero sus ideas se cuestionan.

–Frido: No sabes Thomas cómo te admiro. Todos tus libros son brillantes. Te invité porque eres la persona indicada para dialogar sobre este tema del poder.

En su artículo, el autor afirma que no se ha percibido la “enorme importancia del proceso de reconstrucción nacional en el plano internacional”, tras décadas de estar en la banca en el ámbito de los cambios mundiales, y de ser “pisoteados por Washington y amarrados por los flujos financieros internacionales”, que atrofian la imaginación y la soberanía nacional.

–Thomas: ¡Qué consideraciones!, aunque ellas no muy novedosas. Me suenan prematuras y con tintes de superioridad. Ya en el pasado, otro régimen, si mi memoria no falla, el del echeverrismo, también se afanaba mucho por ser percibido como candil de la calle en el terreno internacional. Pero Frido, por favor explícame bien qué están reconstruyendo tan trascendente y qué representa ya, según eso, en meses mágicos, una esperanza, un faro mundial.

–Frido: Te contesto con una palabra: todo. Para los de la llamada 4T, todo lo pasado es malo, y el presente de la 4T una maravilla.

–Thomas: Es difícil concebir que todo esté mal. ¿No tienen ustedes algo así como ánimo de unidad y concordia, una constitución, división de poderes, prensa libre, cuerpos intermedios, técnicos conocedores de las leyes físicas y mecánicas, leyes protectoras de la ecología, aspiración a una política fiscal que grave la inmensa riqueza de los multimillonarios, entre otras cosas?

–Frido: Sí los tenemos, aunque con imperfecciones. El problema está en que ahora con la 4T, eso que teníamos comienza a ser demolido: un recado ejecutivo con efectos jurídicos se brinca la Constitución en materia educativa; el discurso oficial provoca polarización, rivalidad de clases, descalificación de la resistencia de pueblos indígenas en peligro de perder tierra y agua por obras que en campaña se prometió cancelar.

La concentración de poder quiebra la división de poderes, con soldados vestidos de policías en las calles, un Legislativo receptor de órdenes, una Suprema Corte servicial con el alto poder, súper delegados en los estados con poder virreinal, consultas plebiscitarias, ataques a la prensa

Mauro González Luna crítica, debilitamiento de los organismos autónomos y cuerpos intermedios, pilares de libertades.

Termoeléctricas, refinerías, obras que atentan contra el medio ambiente y el sentido común; política fiscal neoliberal en tratándose de la riqueza exorbitante de los supermillonarios, contraria a lo sugerido por Piketty de que se imponga un impuesto a la misma, y en su momento por Gerardo Esquivel aquí en México.

Visible atonía económica de pronóstico reservado; desaparición de guarderías; asignación directa de contratos públicos, contra el espíritu constitucional; propaganda en medios, aturdidora, apta para neutralizar críticas…

Austeridad como fin y no como medio, provocando, por ejemplo, falta de recursos indispensables en la Secretaría federal encargada del medio ambiente, para prevenir y apagar incendios –causa principal de la muy grave contaminación citadina– y cuya titular, indiferente, en medio de la crisis ecológica, hizo turismo político en unas islas, hasta que la regresaron ayer. Tuvieron nueve meses –casi un año– para prepararse, pues desde el 2 de julio de 2018 tomaron el control de todo.

–Thomas: Resulta útil recordar el simbolismo enigmático de aquel país subterráneo, visitado por Alicia, el de las maravillas, donde es caótico todo, hasta la legalidad, donde en un juicio sobre el robo de tartas, la reina de corazones todopoderosa, cuando el rey pide al jurado deliberar, grita: “¡primero la sentencia y luego el veredicto!”. Y la sentencia, el rodar de la cabeza del glotón, a lo que replica la espigada Alicia, “¡qué tontería!”, viniendo meramente de la carta de una baraja.

Entonces, Frido, volviendo a México, los hechos que narras son evidencia de un proceso de demolición de instituciones imperfectas, pero útiles para el bien común, en vías de consolidación histórica, ahora truncada.

–Frido: Así de cruda la realidad, y en este contexto, te ruego abundar en lo que hace rato mencionaste sobre actitudes de superioridad en la 4T que se resumen en soberbia. ¿No es así?

–Thomas: Mira, Frido, ese hablar de trascendencia mundial de un proceso en ciernes, contradictorio, sin doctrina poderosa, sino rústica, sin una economía de vanguardia, sino ambivalente mezcla de neoliberalismo selectivo y desarrollismo primitivo, todo ese hablar hiperbólico, es común en quienes se consideran superiores a los demás para compensar debilidades propias.

Pregonan cualidades que superan en proporción geométrica a las de los demás. Son, en palabras de Hobbes en el Leviatán, los dioses

mortales. Pretenden “apoderarse de la realidad” para someterla a sus sugestiones, “seducidos por su propia propaganda y eslóganes”, como se dice en el libro “Seeds of Destruction”, al hablarse de casos parecidos.

La propaganda suple la verdad de los hechos, pero el deber del periodista es que aflore la realidad a toda costa; de otra manera, se corre el peligro de llegar al extremo de la esquizofrenia masiva que está padeciendo el país vecino del norte, con los “reality shows” del trumpismo alucinante.

Adoptan ellos “objetivos poco realistas que se manifiestan como voluntad de dominación”. Y ello es grave, y nunca exportable al mundo, y menos a las lejanas galaxias, como pronto de seguro lo intentarán, de no rectificar, de no curarse de tal padecimiento que no es grandeza, sino hinchazón.

–Frido: Así es, la soberbia lleva a la ruina, y es una forma de corrupción. La deformación de la realidad es contundente en la actitud morenista frente al gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo puede decir o dar a entender el articulista que con la 4T el país ha dejado de ser pisoteado por Washington y de estar amarrado por los flujos financieros internacionales? ¿Cómo? Cuando desde el Norte imperial se nos imponen reformas laborales como chantaje para la aprobación del T-Mec, cuando ese tratado neoliberal vulnera la autonomía nacional. Sería muy conveniente que John Ackerman leyera algunas páginas del libro del prestigiado profesor de Yale, Bruce A. Ackerman, “Justicia Social en el Estado Liberal”.

En las primeras páginas, el autor del libro retoma la frase de Lord Acton, señalando que el poder corrompe y tiende a tragarse la legitimidad, como telón de fondo a su atinada crítica al poder.

–Thomas: Dime, en materia de flujos financieros ¿dónde está, Frido, el cambio de dimensiones galácticas?

–Frido: En la imaginación de la 4T, estridente en retórica y teatralidad, pues sigue habiendo emisión de bonos del gobierno actual, que son una especie de financiamiento. Hace pocos días se anunció la firma de un refinanciamiento para Pemex por parte de banqueros internacionales que no extienden líneas de crédito, ni refinancian a nadie, sin pedir las perlas de la virgen como garantía.

Para las obras en el sureste, todo apunta a que el gobierno se pondrá en manos de los fondos de inversión más neoliberales –y depredadores– del planeta, los amos del Nuevo Orden Mundial, los titiriteros que mueven los hilos reales del poder económico y anticultural, masificador con su pensamiento único; y la CFE ya anunció que acudirá a nuevos financiamientos.

–Thomas: ¡Qué tiempos estultos, Frido!, pero volvamos ahora al núcleo del problema: es muy importante conocer la substancia que nutre al orgullo político desmesurado.

–Frido: En tu libro “The New Man”, de la editorial Farrar, Straus y Giroux, Nueva York, mencionas sabiamente que el orgullo es “una terca exigencia a los demás de que crean lo que no somos”, una ¡sed insaciable de irrealidad!”. Es la soberbia, dices, un creer ser el centro del universo, y al creerlo, considerar que todo te pertenece y que todos te deben besar lo pies.

La 4T se piensa el centro del universo, cuando en el territorio nacional apenas han cambiado para bien cosas menores o medianas, magnificándolas; demolido en mucho cosas grandes como el respeto a la Constitución y a los pueblos indígenas y mestizos que resisten con Samir Flores, humillándolas; y variado una cosa importante, la laboral, en teoría, no se sabe en la práctica, pero como fruto de imposiciones extranjeras.

“Ser y no parecer, servir y no encandilar; ser y no aparecer, servir y no brillar”: quintaesencia de buen gobierno. Hay una obsesión por aparecer en medios, un minuto sí y otro no. Pura gastada vanidad. Ese tiempo desperdiciado, aunque fuera una décima parte, si fuera dedicado a pensar en grupo, a practicar la prudencia política, sería fecundo en frutos de largo alcance, en soluciones a los grandes problemas.

–Thomas: Una pausa en el camino con miras a la rectificación, sí que sería elogiable, un modesto faro local para empezar. Pausa transfiguradora y retorno esperanzador, como aconsejara A. Toynbee en su Estudio de la Historia. Para ello se requieren: inteligencia integral y humildad. El reconocimiento y la gloria vendrían por añadidura, como recompensa del buen trabajo realizado.

–Frido: Fíjate Thomas que el pasado miércoles 15 de mayo, la lluvia del cielo, ante la ineficacia, salió al rescate de la salud pública de la Ciudad de México para mitigar un poco el colapso ecológico.

–Thomas: Ojalá que esa lluvia bienhechora, lección de la Providencia, sirva para bajar los humos y se rectifique para bien de México, pero por favor no se les ocurra decir que esa lluvia es efecto de la 4T, como esperanza mundial en tiempos de sequía. Cordura señores.

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ELECCIONES 2019: LAS VIEJAS FORMAS DE… MORENA Arturo Rodríguez García

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icho con frecuencia, has ta convertirse en lugar común, en Morena no sólo hay expriistas, sino una cultura política heredada que suele expresarse en coyunturas propicias a la polémica, sin que hasta ahora tenga mayor consecuencia, pues el partido tiene a su favor el bono electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con las elecciones que se celebrarán el próximo 2 de junio en siete entidades, entre las que destacan Baja California y Puebla (por elegir gobernador), la reedición de fórmulas de control quedó expuesta. Se trata de la simulación democrática interna –más o menos inherente a todas las fuerzas políticas– en el partido a cuya dirigencia se aferra Yeidckol Polevnsky.

Todos los estudios de opinión anticipan una victoria incuestionable para Morena en el caso de esas dos gubernaturas, además de muy buenas posibilidades en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, todas en manos del Partido Acción Nacional (PAN), que se convierte desde ya en el gran perdedor de 2019, con el PRI en franco deterioro y a punto de perder registro local en Baja California, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo perderá no ahí, pero sí en otras entidades.

Ese posicionamiento electoral no exime a Morena de sus malas prácticas, sus procesos antidemocráticos y la adopción de mecanismos que a la larga terminaron pesando en sus vapuleados opositores hasta reducirlos a su actual condición.

Un primer factor de deterioro para las primeras derrotas del PRI, por ejemplo, fue la imposición presidencial o centralista de candidatos a los gobiernos estatales, exactamente como Morena ocurrió en Baja California y Puebla con Morena.

En ambas entidades, la opacidad de su proceso de selección, la siempre desconfiable encuesta secreta que sólo Polevnsky y sus cercanos conocen, provocaron la inconformidad de Alejandro Armenta en Puebla y la primera escisión en Baja California, luego de que la propia dirigente nacional viajara el extremo noroeste del país a insultar a un inconforme Jaime Martínez Veloz, quien terminó abanderado por el PRD. Había razones para la inconformidad, más allá del procedimiento de selección de candidatos, que en Morena no fueron tomadas en cuenta más que para hacer una apología irracional de los respectivos ungidos.

Sobre Jaime Bonilla, en Baja California, pesan los señalamientos por su desempeño como funcionario en California, su filiación al Partido Republi-

cano y algunas irregularidades expuestas en Estados Unidos, donde sus registros muestran actividades hasta 2016, año para el que, ha dicho falsamente, ya había renunciado a su activismo político del otro lado de la frontera.

Respecto a Miguel Barbosa en Puebla, la incorreción política de apuntar a su estado de salud (tema que, sin embargo, debería ser objeto de transparencia en procesos electorales) fue considerada bajeza, eludiendo que fue hombre clave del Pacto por México como senador perredista, es decir, impulsor de la serie de reformas que tanto ha fustigado López Obrador. Una incongruencia resultante de las redenciones morenistas.

Ya candidatos, con Armenta conforme y Martínez Veloz excluido, las campañas transcurrieron con prácticas priistas: Barbosa y Bonilla rechazaron, respectivamente, acudir a los debates organizados por las autoridades electorales, exactamente igual que como hacían los priistas cuando se sentían en ventaja y renegando así del añejo reclamo de la oposición de antaño.

El 2 de junio Morena va a ganar desplomando al PAN y confinando al PRI a la irrelevancia, cuando no a la extinción.

Pero su futuro depende, entre otros factores, de la capacidad para representar una opción democrática y moderna.

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EL GOLFO PÉRSICO VUELVE A CALENTARSE Témoris Grecko

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as acusaciones de “sabotaje”, que Irán habría cometido contra grandes navíos de transporte de petróleo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Noruega, no han sido respaldadas con evidencias, alegaciones de motivos, ni siquiera algún detalle de cómo habrían sido realizados ni cuáles serían los daños, más allá de ser descritos como “significativos”. A lo sumo, por la mañana del martes 14, se difundió sin comentarios la imagen de la popa del navío noruego Andrea Victory, con una abolladura no muy impresionante en la línea de flotación.

Teherán niega tajantemente ser responsable. Más aún, su ministro de Exteriores, Mohammad Zarig, asegura que el incidente entra en el marco de lo previsto por su país, que había “anticipado un evento para escalar las tensiones en la región”, provocado por representantes de “la línea dura en Estados Unidos y Medio Oriente”.

Uno de ellos es John Bolton, cuya designación como consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, confirmado en abril de 2018, fue uno de los movimientos que terminaron por poner la política exterior estadunidense en manos de los “halcones”, tras la exclusión de personalidades que son más moderadas, al menos en comparación.

Igualmente, sin dar detalles o explicación de lo que decía, el domingo 5 Bolton mencionó que habían detectado “indicaciones preocupantes y en escalada” desde Irán, por lo cual Estados Unidos ordenó el despliegue de dos flotillas de buques de combate en el Golfo Pérsico, para “enviar un mensaje claro e inequívoco” de que, aunque “no buscamos una guerra”, responderá a cualquier ataque contra sus intereses “con fuerza implacable”.

“No es más que guerra psicológica”, respondieron en Teherán, el lunes 6. Pero Washington ya movilizó dos grupos de combate, encabezados por portaaviones y compuestos además por un crucero lanzamisiles, tres destructores, un submarino y un buque logístico.

El del USS Arlington, que ya ancló frente a costas iraníes, transporta una fuerza de desembarco y una batería antimisiles Patriot; el del USS Lincoln, que lleva 85 aviones, está cerca de llegar. Además, bombarderos B-52 han aterrizado en la

iniciar el proceso.

“Rechazamos cualquier ultimátum”, respondieron los europeos, advirtiendo que Irán será responsable si el Plan Conjunto se desmorona.

Capitulación

base aérea en Catar.

La presencia de portaaviones de Estados Unidos en el Golfo Pérsico “solía ser una seria amenaza para nosotros en el pasado, pero ahora es un blanco y las amenazas han pasado a ser oportunidades”, replicó Amir Ali Hajizadeh, comandante de la fuerza aérea de los Guardianes de la Revolución, la principal organización militar iraní.

El reto no convenció a muchos.

Trump está planeando –o eso quiere hacer sentir- una guerra total: el lunes 13, el New York Times publicó información filtrada desde el gobierno (una forma de enviar mensajes sin hacerse cargo oficialmente de ellos) sobre una reunión registrada el jueves 9, en la que el encargado de despacho del Departamento de Defensa, Patrick Shanahan, le habría presentado al presidente una actualización del plan militar sobre Irán, que contempla el despliegue de 120 mil soldados en el caso de que Irán atacara a fuerzas estadounidenses o acelerara su supuesto programa de armas nucleares.

Responsabilidades

Irán nunca ha aceptado que su industria atómica tenga un objetivo militar, e insiste en que sólo pretende asegurar la independencia energética del país. Ante la desconfianza de las potencias occidentales y las acusaciones de Israel, se abrió un conflicto que pudo haber tenido una salida armada, pero que tras negociaciones muy prolongadas que superaron el sabotaje de israelíes y árabes y de los republicanos estadounidenses, pareció resolverse gracias a la coincidencia de presidentes favorables al diálogo, Barack Obama, en Washington, y Hassán Rouhaní, en Teherán.

Bajo el Plan Conjunto de Acción Comprehensiva de 2015, Irán se comprometió a limitar sus actividades nucleares y aceptar una estricta supervisión extranjera, a cambio del levantamiento de las sanciones comerciales que estrangulaban su economía.

Trump hizo campaña denostando a Obama por ese acuerdo y anunciando que sacaría a su país del mismo, aunque eso significara desconocer los compromisos asumidos. Lo cumplió en mayo de 2018. Gran Bretaña, Francia y Alemania, cosignantes del documento, le pidieron a Irán que mantuviera el cumplimiento de su parte (que ha sido certificado como “completo” por los inspectores) mientras ellos creaban un sistema (llamado Instex) para que las empresas pudieran mantener sus relaciones comerciales sin sufrir las sanciones estadunidenses.

Tras un año de promesas (en que muchas compañías ya han salido del país y la economía iraní está en crisis por causa del bloqueo: se encogió 3.9% el año pasado y se espera que caiga otro 6% en 2019; la moneda perdió el 60% de su valor frente al dólar y la inflación oscila en tasas de 40% anual), Instex no tiene fecha para empezar a funcionar y Teherán está perdiendo la paciencia.

Para presionar a los europeos, el jueves anunció que dejará de cumplir algunas de sus obligaciones establecidas en el pacto al ignorar el techo límite bajo el que debe mantener sus reservas de uranio enriquecido y agua pesada. El presidente Rouhaní aclaró, sin embargo, que no abandona el acuerdo, y añadió que esperaría 60 días para ver si Berlín, Londres y París materializan sus promesas, antes de

Su posición dura pareció poca cosa, no obstante, en comparación con la de la administración Trump, frente a la cual no han encontrado una respuesta más allá de decir que no la comparten. El martes 14, España anunció que su fragata “Méndez Núñez”, que hacía ejercicios con el portaaviones USS Lincoln, abandonaría su grupo de combate y lo esperaría en el Océano Índico, suponiendo que retomará su ruta rumbo al Pacífico.

Prudencia, pidió Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la Unión Europea. “Le hemos dicho a Mike Pompeo (secretario de Defensa de EU y otro de los “halcones” del gabinete) que vivimos un momento crucial y delicado en el que la actitud más responsable es una de máxima moderación”.

A falta de ideas, sin embargo, Bruselas sólo propone diálogo: “Siempre es mejor hablar que no hacerlo”, ilustró Mogherini, “especialmente cuando surgen las tensiones”.

Mientras tanto, el precio del petróleo empezó a subir en los mercados: el 35% del comercio mundial pasa por el estrecho de Ormuz, la entrada del Golfo Pérsico. Un conflicto armado interrumpirá el flujo.

Para cambiar su actitud, Washington exige que Teherán acepte restricciones mucho mayores a su programa nuclear, así como que cese su intervención en los conflictos regionales que, a partir de la invasión estadounidense a Irak en 2003, le ha permitido extender su influencia por la llamada “media luna chií”, que corre hasta el Mar Mediterráneo a través de ese país, Siria y Líbano.

Es decir, Trump demanda la capitulación de una República Islámica que, desde el inicio mismo de la revolución que este año celebró su 40 aniversario, ha hecho de su desafío a Estados Unidos un principio vital.

El grupo de ataque del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln se despliega en el Golfo Pérsico para contrarrestar una amenaza supuesta pero aún no especificada de Irán.

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LA 4T: ESPERANZA MUNDIAL John M. Ackerman

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a intensidad del debate público nacional a veces no nos permite percibir la enorme importancia del proceso de reconstrucción nacional mexicano en el plano internacional. Tantas décadas relegadas a la banca de la historia observando de lejos las transformaciones políticas y económicas en otros países nos acostumbraron a pensar que México no es –ni puede ser– un líder en el escenario internacional; y tantos años pisoteados por Washington y amarrados por los flujos financieros internacionales nos han atrofiado la imaginación y nos han hecho pensar que la soberanía nacional es una simple ilusión.

Aún hoy, después de haber logrado lo supuestamente imposible, la expulsión pacífica del PRIANRD del poder el 1 de diciembre de 2018, muchos se niegan a abrazar la libertad y las enormes oportunidades para la pluralidad y la experimentación que se abren en el horizonte.

Prefieren la tarea fácil de la crítica superficial desde las gradas en lugar de bajar a la cancha para participar directamente en la lucha por la transformación social.

Un ejemplo de ello fueron las reacciones de algunos periodistas y comentaristas ante la visita a México la semana pasada del argentino Axel Kicillof, doctor en economía, ministro de Economía con Cristina Fernández de Kirchner y actual diputado federal en su país. Justo en los días que José Ángel Gurría, titular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), regañaba a Andrés Manuel López Obrador por la supuesta irresponsabilidad de sus

políticas económicas, Kicillof celebraba a la Cuarta Transformación como un “faro de esperanza” para el mundo.

Estas palabras de aliento prendieron las alarmas entre los comentócratas del viejo régimen, quienes se lanzaron de inmediato contra el distinguido visitante. El periodista Salvador García Soto llegó al extremo de difundir una noticia falsa con respecto a la supuesta creación, por parte de Kicillof, de una consultoría con sede en Polanco. De acuerdo con estos críticos, los únicos actores legítimamente facultados para calificar las políticas públicas de López Obrador serían las agencias calificadoras y los organismos internacionales con sede en Europa y Estados Unidos. Ellos, simplemente, no toleran otras voces internacionales con opiniones y criterios de evaluación discrepantes.

Kicillof es uno de los más exitosos políticos de la nueva izquierda latinoamericana. Durante su gestión como ministro se crearon numerosos programas sociales e iniciativas de apoyo a la economía popular.

También se aumentó significativamente la inversión pública y el crecimiento económico, y se construyó una ruta de independencia de los organismos financieros internacionales que tenían ahorcada a Argentina antes de la llegada de Néstor Kirchner al poder en 2003.

Los contundentes éxitos del periodo de los Kirchner han sido opacados tanto por las turbulencias financieras internacionales que afectaron el final del segundo mandato de Fernández de Kirchner como por los escándalos de corrupción de personajes cercanos a su gobier-

no. Sin embargo, el rotundo fracaso del neoliberal Mauricio Macri en el manejo de la economía ya ha hecho a muchos argentinos extrañar a los tiempos de los Kirchner. Desde que Macri tomó las riendas del poder en 2015, el peso argentino se ha devaluado en 400%, la inflación ha rebasado el 40% y la deuda pública se elevó 50%.

Los “kirchneristas” del Partido Justicialista no se definen de “izquierda” ni se consideran radicales y mucho menos “socialistas”. Simplemente están a favor de estrategias contundentes de desarrollo nacional que beneficien al pueblo. Su ideología entonces comparte algunos rasgos importantes con el lopezobradorismo, que rechaza tanto al marxismo como al neoliberalismo.

Tanto el kirchnerismo como el lopezobradorismo buscan construir una nueva “tercera vía” auténticamente transformadora y social, precisamente lo contrario de la vieja “tercera vía” de Tony Blair y Bill Clinton, quienes utilizaron este término como cortina de humo para hundir cualquier esperanza de verdadera justicia popular.

El nuevo gobierno mexicano haría muy mal en importar ciegamente modelos o experiencias extranjeras, del norte o del sur. Sin embargo, no hay duda alguna de que los mexicanos podemos aprender muchísimo tanto de las fortalezas como de las debilidades de experiencias previas en la región con respecto al combate al neoliberalismo. La Cuarta Transformación no debe alimentarse solamente de la historia, sino también del mundo, aunque se asusten los comentócratas del neoliberalismo trasnochado y provinciano.

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Sábado 18 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1638

PROBLEMÁTICA

DEMANDA

Exigen a Murat Hinojosa la inmediata publicación de la nueva Ley de Residuos Sólidos

Ambientalistas consideran que en los últimos tres años SCLC enfrenta su peor Crisis del Agua

PAG. 6

RECOMENDACIÓN

Gobierno de AMLO también debe ver por las instituciones y oír a sectores sociales: Felipe González

PAG. 3

OPERATIVO

Policías y militares desalojan a invasores de área natural protegida en municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Fernando y Berriozábal PAG. 9

INVESTIGACIÓN

El general León Trauwitz, implicado en huachicoleo, no se presentó a audiencia; lo multan con 8 mil 499 pesos

PAG. 8

Policías de los tres niveles de gobierno, elementos del Ejército Mexicano y de la Marina, que superaron los mil elementos recuperaron, este viernes, 386 hectáreas invadidas por integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente-Emiliano Zapata (Mocri-EZ), que desde hace siete años, ubicadas en el Área Natural Protegida Villa de Allende, situada en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Fernando y Berriozábal, informó el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

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Acuerdan UNACH e INIFAP desarrollar acciones conjuntas vinculadas con la investigación y la academia