CMAN
DOXA
EDITORIAL
Las responsabilidades del gobierno de Chiapas
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El gobierno de Chiapas no ha implementado los mecanismos de prevención de la violencia y asesinatos en los municipios de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán, aún y cuando existen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Hay una desatención gubernamental en los pueblos indígenas. La impunidad es un mal mayor que evidencia la ausencia de justicia. Ya son varios indígenas asesinados en este gobierno de la transformación. Sin que se tomen medidas preventivas, de investigación y de sanción a responsables.
DIARIO
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EN CHIAPAS
Martes 7 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1629
ECONOMÍA
MANIFESTACIÓN
Conflictos por políticas de AMLO podrían minar más la confianza del mercado: Moody’s Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informara que la economía se contrajo 0.2% en el primer trimestre del sexenio de AMLO, la agencia calificadora dijo que las cosas podrían complicarse aún más
Personas con discapacidad, son segregadas en Chiapas
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REPORTE
Gertz rinde informe de 100 días en FGR: aborda Odebrecht, Ayotzinapa, Tlahuelilpan, Estafa Maestra…
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Hallan muerto a alcalde indígena de Aldama, Chiapas PAG. 3
Ignacio Pérez Girón, alcalde del municipio indígena de Aldama, ubicado en los Altos de Chiapas, fue encontrado muerto este lunes en el municipio de Zinacantán
HOY ESCRIBEN ÍNDICE...
EXIGENCIAS
Aglomeración de migrantes tras reapertura de oficina del INM en Chiapas
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Ruperto Portela Alvarado
OPOSICIÓN DESCOMPUESTA
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John M. Ackerman
CÓDIGO NUCÚ
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César Trujillo
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APELLIDO PRIMERO, APELLIDO SEGUNDO Marta Lamas
PAG. 12
¿AMLO DEBE CALLARSE? Ernesto Villanueva PAG. 5
PAG. 11
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Martes 7 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER EN CHIAPAS
EDITORIAL Las responsabilidades del gobierno de Chiapas
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l gobierno de Chiapas no ha implementado los mecanismos de prevención de la violencia y asesinatos en los municipios de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán, aún y cuando existen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una recomendación de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ese efecto así como para el desarme de los grupos paramilitares. El incumplimiento de ambas resoluciones está ocasionando una responsabilidad internacional del Estado, sobre todo porque los asesinatos continúan en esa zona, como el sucedido con el síndico del municipio de Aldama, quien había sido reportado como desaparecido. En este caso, las omisiones del gobierno de Chiapas están ocasionando riesgos a la vida y a la integridad personal de los habitantes de estos municipios y más si se encuentran bajo el riesgo o amenaza de la expulsión de las comunidades. El gobierno de Chiapas incurre en responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones y deberes contempladas por el artículo 1º constitucional, que toda autoridad está obligada
a cumplir en materia de derechos humanos. Al respecto la constitución señala como obligación del Estado la de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Pero al mismo tiempo este mismo artículo establece como deberes del Estado el de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. El gobierno del Estado debió de tomar medidas para que se protegieran, respetaran y garantizaran los derechos humanos de la población y no lo hizo. A la vez, debió de haber ordenado una investigación de los sucesos y como producto de ello debió de haber aplicado las sanciones correspondientes y eso tampoco se ha realizado. La responsabilidad de esta falta grave es del gobernador Rutilio Escandón, del secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, del Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca y de la Comisaria de la policía Gabriela Zepeda Soto, pero que, en la condición en que se encuentra, de medidas cautelares por parte de la CIDH, esta responsabilidad se traslada al Estado mexicano, quien está obligado a reparar el daño de las violaciones de derechos humanos en los términos
que establece la ley. En esa región hay un grupo paramilitar identificado plenamente en el Ejido Puebla de Chenalhó, quienes fueron los responsables de la masacre de Acteal, y son los que provocaron los desplazamientos forzados tanto de comunidades de Chenalhó como de Chalchihuitán. De igual manera, existe otro grupo paramilitar en el poblado de Santa Martha, quienes han provocado las agresiones y desplazamientos en comunidades pertenecientes al municipio de Aldama. Las acciones armadas de ambos grupos han ocasionado en los últimos años más de 5 mil desplazados de los tres municipios, en el que hay niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas adultas. En los municipios de Aldama, Chenalhó y Chalchihután existe desatención, problemas de seguridad y ausencia de políticas de prevención para evitar asesinatos y enfrentamientos, que por el incumplimiento a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana y a la recomendación de la CNDH, cualquier brote de violencia, desapariciones y asesinatos deben ser imputados a funcionarios del gobierno de Chiapas.
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Trabajadores del CONAFE protestan, exigen solución a demandas Jairo Camacho. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
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rabajadores del Consejo Nacional del Fomento Educativo (CONAFE) comenzaron una huelga laboral por el despido injustificado de 67 trabajadores sin justificación alguna. Por este motivo desde las seis de la mañana tomaron el edificio y bloquearon la Calle principal del edificio ubicado en la Colonia 24 de Junio, señalando que levantarán la movilización hasta que obtengan una respuesta positiva. En este mismo sentido recordaron que fueron notificados la semana pasada que eran despedidos, no han recibido una explicación, incluso hay personal con 16 años de labores, por ello están plantados en la entrada principal exigiendo la reinstalación a sus centros de
Por este motivo desde las seis de la mañana tomaron el edificio y bloquearon la Calle principal del edificio ubicado en la Colonia 24 de Junio, señalando que levantarán la movilización hasta que obtengan una respuesta positiva
trabajo. Los inconformes, expresaron
que pese a que laboran llevando educación a los centros de trabajo
más apartados, de las zonas más marginadas del estado “por ello no entendemos, la demanda de educación para los niveles básicos es demasiada”. Lamentaron además que al menos la mitad de los despedidos llevan más de diez años de servicio “en algunos casos hay personal con 25 años, el trabajo lo realizamos con mucho cariño y entusiasmo ya que el sueldo promedio es de 4 mil 800 pesos mensuales”. En este panorama aseguran que no se levantarán hasta que las autoridades, los trabajadores y los directivos del CONAFE inicien una mesa de negociación.
Hallan muerto a alcalde indígena de Aldama, Chiapas Isaín Mandujano Tapachula, Chis. (apro)
Ignacio Pérez Girón, alcalde del municipio indígena de Aldama, ubicado en los Altos de Chiapas, fue encontrado muerto este lunes en el municipio de Zinacantán, luego de dos días de haber sido reportado como desaparecido por sus familiares. El munícipe de 45 años desapareció el pasado 4 de mayo cuando salió de la cabecera municipal de Aldama rumbo a la capital del estado, sin embargo, sus amigos y familiares perdieron contacto con él desde ese día y lo reportaron como secuestrado. La familia había evitado dar a conocer públicamente su secuestro, hasta hoy lunes que fue hallado su cuerpo en una barranca a orilla de la carretera en el municipio de Zinacantán, a pocos kilómetros de San Cristóbal de Las Casas. Pérez Girón era presidente municipal según los usos y costumbres del municipio de Aldama, aunque en realidad la alcaldesa constitucional es su esposa Verónica Ruiz Pérez, y su esposo ahora fallecido, oficialmente era el síndico. Aldama es un municipio indígena de los Altos de Chiapas que vive una situación de inseguridad y violencia desde hace algunos años por una disputa agraria con indígenas de Chenalhó. De forma particular con los habitantes de Santa Martha, municipio de Chenalhó. El pasado 23 de enero pasado, en la zona de Aldama donde operan civiles armados, se instaló un destacamen-
to de policías y militares, donde en el periodo de abril de 2018 a enero de 2019 habían sido asesinadas unas 25 personas en esa región. La presencia policiaca y militar en la zona no detuvo las agresiones. Tampoco han sido aprehendidas las personas que portan armas, algunas de uso exclusivo del Ejército. La población sigue desplazada y quienes intentan salir a trabajar sus campos de cultivo, corren el riesgo de morir a consecuencia de las agresiones. El pasado 11 de abril José Jiménez Santiz, de 35 años de edad, originario de la cabecera municipal de Aldama, salió de su domicilio hacia su terreno que está ubicado en Tabac. Cuando lo limpiaba escuchó disparos que provenían de la comunidad Saclum, del municipio de Chenalhó, colindante con Aldama, lugar donde han denunciado reiteradamente los agraviados y se encuentran algunos de los civiles armados que han agredido a la población. Uno de los disparos alcanzó a José en su hombro izquierdo. Logró protegerse y llegar a Tabac, donde con ayuda de otros pobladores, fue trasladaron al centro de salud de Aldama. Ante la gravedad de la herida, lo llevaron al Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas. En el municipio de Chenalhó, la población también denuncia la existencia de civiles armados. Esta semana señalaron que el pasado jueves, este grupo disparó contra René Gómez, agente rural auxiliar del paraje Saclum, quien fue internado en el Hospital de Las Culturas.
Disputa entre poblados El aparente origen es la disputa entre habitantes de los municipios de Aldama y Chenalhó que inició hace cuatro décadas por la posesión de 60 hectáreas de tierra. Sin embargo, desde inicio de 2018 detonó la presencia de grupos de civiles armados que mantienen sitiados no solo a habitantes de los dos municipios, particularmente de Aldama, sino a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la zona. A todos, desde barricadas hechas con costales de arena y piedras, les disparan. Hace apenas unas dos semanas, pobladores de Santa Martha, Chenalhó y las autoridades de Aldama, se reunieron con la mediación del secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, quien les propuso un acuerdo de no agresión, con la finalidad de generar un ambiente pacífico con el municipio circunvecino de Aldama. En esa reunión oficial, Ismael Brito señaló la importancia de dar pasos concretos que abonen al llamado de paz y concordia entre los municipios de Chenalhó y Aldama, y dar entrada al crecimiento social que tanto se ne-
cesita para estos lugares. “Es necesario que nos pongamos de acuerdo, porque el Estado ha hecho su mejor esfuerzo, ha tenido toda la disposición para apoyar a sus habitantes, ha empleado brigadas de salud y ayuda humanitaria, pero ahora es momento de hacer acciones más contundentes”, afirmó. El responsable de la política interna en Chiapas informó en esa reunión que ya se habían integrado los expedientes para que habitantes que han sufrido la pérdida de un familiar como consecuencia de los enfrentamientos, se conviertan en beneficiarios de los programas federales. Asimismo, insistió en que el retorno de la tranquilidad a estos municipios es urgente, porque no se puede poner en riesgo la vida de las y los habitantes por un conflicto territorial. “Quiero ver la posibilidad de que, ante agentes municipales, comisariados y el resto de las comunidades, se proponga establecer un acuerdo de no agresión, que todos adquieran el compromiso de no ejercer la violencia, con la finalidad de generar un ambiente pacífico con el municipio circunvecino de Aldama”, sostuvo.
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FGR investiga quiénes “incitan” a caravanas de migrantes Isaín Mandujano Tapachula, Chis., (apro)
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l delegado federal de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Vila Chávez, dio a conocer que se investiga quienes incitan a la caravana de migrantes, y que pronto habrán resultados específicos, pues hay implicados tanto mexicanos como extranjeros. En una reunión con periodistas, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Vila Chávez dijo este lunes que hay una investigación en el ámbito federal, pero que no puede dar más detalles al respecto, pero que eso sí, “dentro de muy poco va a haber resultados específicos. Hay tanto mexicanos como extranjeros. Porque para que salgan de su país necesitan que alguien les incite, les diga y los convenza”. “Es investigación federal e implica muchos aspectos, indiscutiblemente tiene su parte internacional, estamos intercambiando información con las autoridades competentes en los respectivos países. Y créanme que va a dar buenos resultados. Lo único que les puedo adelantar es que es una investigación muy profesional, objetiva, y con pruebas plenas de que las personas que sean llevadas ante la acción de la justicia han obtenido lucro, incitando a migrantes a dejar su país de
Domingo 5 de mayo, lamentable día… Te vamos a extrañar y recordar siempre… Ruperto Portela Alvarado. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Lunes 06 de Mayo de 2019.Anoche me sorprendieron con la lamentable noticia de que te habías ido definitivamente; que ya estabas rindiendo cuentas al Señor Todopoderoso de las Galaxias. Lo siento mucho, me lastima por tu amistad y tus pláticas deportivas. Nos vemos tarde o temprano en el infinito de la eternidad. Amigo, hermano de la vida, mi estimado RIGOBERTO LEÓN CERPA, el buen “Matador”, te fuiste sin avisar, aunque tuviste la amabilidad de informarnos que andabas mal de tu corazón que nunca creí que fuera tan grave. Nos quedó pendiente un café en el estacionamiento de los vagos de la “Torta Vaquera”, pero nos volveremos a encontrar, sin lugar a dudas. Hoy todo mundo te llevará flores a tu funeral o a tu última morada
En una reunión con periodistas, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Vila Chávez dijo este lunes que hay una investigación en el ámbito federal, pero que no puede dar más detalles al respecto, pero que eso sí, “dentro de muy poco va a haber resultados específicos. Hay tanto mexicanos como extranjeros. Porque para que salgan de su país necesitan que alguien les incite, les diga y los convenza”
origen, unirse a una aventura en la cual los ponen en alto riesgo”, expuso Vila Chávez. Dijo que como autoridad inves-
tigadora están atentos a todos los flujos migratorios e intervienen cuando así está dentro de su competencia actuar, como el “rescate”
de migrantes que han hecho en diversas regiones de la entidad chiapaneca. “Nosotros estamos atentos, alertas y observando el comportamiento del flujo de migrantes para detectar a aquellas personas que estén lucrando con ellas”, indicó. Aclaró que la única autoridad autorizada para los aseguramientos es el Instituto Nacional de Migración (INM). Y que los últimos aseguramientos se hicieron el viernes pasado en la carretera de Palenque -Catazajá, de un autobús donde iban 18 pasajeros centroamericanos. Hay dos detenidos pero uno de ellos es el que compró todo el boletaje para llevarlos. “Hace un mes rescatamos 338 migrantes en la carretera a Las Choapas. Aquí lo trascendental es que logramos la detención de 15 personas. Tenía más de 10 años que no había un aseguramiento de esa magnitud. Fueron seis autobuses de turismo”, agregó.
Eterno adiós al amigo “el matador” del panteón; pero nunca fuimos solidarios contigo para con tu enfermedad, en lo que yo me apunto, porque a pesar de que había dicho que hablaría con mi hijo Vinicio para hacer gestiones ante del delegado del IMSS y pudiera apoyarte con el tratamiento, no lo hice. Me ganó el tiempo y otros menesteres que quizá no eran tan relevantes como tu salud. Los amigos son para apoyarnos y yo no lo hice, ni tampoco los demás; pero ya es en vano lamentarnos porque ahora no lo necesitas. Vas al mundo de lo desconocido “para bien o para mal”, pero descansarás de las peripecias de la vida. Supiste ser amigo leal e incondicional. Dejaste pendiente la celebración del aniversario de la Asociación de Cronistas Deportivos que tú presidías. Los toros, mí ponderado “Matador” JUAN JOSÉ LEÓN, como te llamabas en la fiesta de la tauromaquia los verás desde lo alto del ruedo. Dejaste espada, capote y banderillas en el baúl, y te vas vestido de luces; con la frente en alto y
presumiendo rabo y orejas que ganaste en la corrida más importante de la vida que fue tu familia, tus amigos y tu capacidad de cronista deportivo. Te pido disculpa por lo que pude hacer por ti y no hice. Deseo que mi oración por tu eterno descanso sea también de resignación para tu familia y todos los que siempre te hemos querido y que te extra-
ñaremos en las pláticas del café, con tus anécdotas deportivas y tu capacidad de análisis político. Descansa en paz mi querido amigo RIGOBERTO LEÓN CERPA en el encuentro con tus hermanos que se nos adelantaron en el camino; también tus padres y demás seres queridos… Réquiem Eterno. Mi sentidas condolencias a la familia, esposa e hijos…
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Aglomeración de migrantes tras reapertura de oficina del INM en Chiapas Isaín Mandujano Tapachula, Chis. (apro)
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l Instituto Nacional de Migración (INM) reabrió este lunes sus oficinas de regularización migratoria en esta ciudad fronteriza, por lo que unos dos mil cubanos y unos 500 centroamericanos llegaron desde muy temprano para iniciar sus trámites. Luego de que el pasado 15 de marzo el INM decidiera cerrar sus oficinas, los cubanos se aglutinaron esta mañana en las oficinas y a gritos exigían que fueran atendidos conforme a una lista que habían elaborado previamente desde ayer domingo. La lista era de unos dos mil cubanos, sin embargo, unos 500 centroamericanos que se sintieron rebasados por los cubanos exigieron también ser atendidos, bajo el argumento de que habían dormido en las banquetas del INM esperando la reapertura de las oficinas. Varias patrullas con elementos federales arribaron a las instalaciones del INM y se coordinaron con los agentes migratorios para reforzar la seguridad y poner orden al ingreso de los extranjeros. Poco después de las 9 de la mañana, Carmen Yadira de los Santos Robledo, delegada en Chiapas del
Luego de que el pasado 15 de marzo el INM decidiera cerrar sus oficinas, los cubanos se aglutinaron esta mañana en las oficinas y a gritos exigían que fueran atendidos conforme a una lista que habían elaborado previamente desde ayer domingo En un comunicado, el Instituto aseguró que, mientras estuvo cerrada su oficina de Tapachula, las otras representaciones en el estado no interrumpieron sus servicios. Agregó que “se aprovechó (el cierre) para el reordenamiento de archivos, la revisión de procesos pendientes y la evaluación operativa de los servicios”.
Se fugan de estación migratoria
INM, pidió a los migrantes que se organizaran para ingresar en grupos de 25 personas. Les aseguró que todos y cada uno de los extranjeros serán atendidos a partir de hoy, pero les pidió que colaboren con las autoridades migratorias para facilitar el registro. Sin embargo, los migrantes pidieron garantías de que no serán deportados, como ha pasado ya con unos 500 cubanos que han sido deportados aún con un recurso de amparo en mano.
Se acumularon los migrantes Luis Rey García Villagrán, un activista defensor de los derechos humanos, criticó el cierre de las oficinas del INM de forma arbitraria, lo que provocó la acumulación de miles de migrantes que buscan su ingreso ordenado y regulado. García Villagrán, dijo que el gobierno ha hecho deportaciones ilegales masivas de forma arbitraria, violando los derechos que todos los migrantes tienen para cruzar por territorio nacional.
La noche del domingo lograron fugarse alrededor de 90 cubanos de la Estación Migratoria Siglo XXI, donde eran retenidos para ser deportados. La noche del sábado fueron repatriados a Cuba 58 migrantes ilegales en un avión de la Policía Federal. El viernes repatriaron a otros 77 cubanos y un día antes, el jueves 2, se hizo lo mismo con 93 cubanos. La mayoría de los cubanos en Tapachula tienen entre 20 y 35 años de edad y algunos viajan con parejas e hijos. Dicen tener una carrera profesional, aunque eso no basa en Cuba y por ello deben salir del país.
Personas con discapacidad, son segregadas en Chiapas Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Este lunes integrantes de la Asociación “Manos que Expresan” de las regiones de Comitán, Tzimol y las Margaritas arribaron a la capital chiapaneca para exigir que sean tomados en cuenta, inclusión y salarios dignos. Cintia Guadalupe Molina Figueroa dio a conocer que en lo que respecta a los espacios públicos y dependencias no existen espacios recreativos para esta población; lo mismo ocurre en otros espacios, lo que dificulta la realización de todo trámite administrativo. “Los sordomudos nadie los ve, hay muchos que no saben leer ni escribir nadie les brinda apoyo institucional, por ello requieren el mismo apoyo que las personas que presentan otro
tipo de discapacidad”, precisó. La intérprete del grupo dijo que con estas limitantes de oído y habla principalmente, cuando acuden a los hospitales cuesta demasiado para que les comprendan en este tipo de emergencias, lo que demuestra la necesidad de una verdadera inclusión. “Esta población difícilmente tienen acceso a la educación, un empleo, un buen sueldo, cuando logran colocarse no les pagan lo mismo que el resto de la población, pese a que desempeñan las mismas tareas”, expresó. Por su parte Candelaria Cruz Gumeta, madre de dos hijas sordomudas manifestó que pese a que desde hace cerca de 12 años se ha hablado mucho del tema de la inclusión, sin embargo la realidad es otra ya que las oportunidades son aún limitadas.
“Los empleos para este sector mal pagados, y la discriminación por parte de la población todos los días se hace presente. Desde niños deben estudiar en escuelas especiales porque los maestros pocas veces cuentan
con la capacidad para atenderlos, son objeto de burlas por los otros niños por eso pedimos que el gobierno ponga las manos en el corazón, ello saben trabajar, sólo necesitan una oportunidad”, remarcó.
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Ezequiel Flores Chilpancingo, Gro. (apro)
U
n grupo armado ejecutó a los activistas indígenas José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián en el poblado de Chilapa, ubicado en la región Centro de la entidad. Las víctimas, integrantes del Consejo Indígena y Popular de GuerreroEmiliano Zapata (CIPOG-EZ), habían sido reportadas como desaparecidas desde ayer cuando salieron Chilpancingo, donde participaron en un encuentro con miembros de otras organizaciones sociales. A través de un comunicado, el Congreso Nacional Indígena denunció la desaparición de ambos activistas donde señalaron de forma escueta que “de regreso a su comunidad” habrían sido emboscados y desconocían su paradero, sin especificar el punto exacto de la agresión. También, alertaron que el auto de las víctimas fue localizado, tampoco informaron dónde, “con disparos de arma de fuego” y anunciaron “brigadas de búsqueda”. Luego, las autoridades estatales reportaron ayer por la noche el hallazgo de dos personas ejecutadas al interior de un auto compacto que dejaron abandonado en Chilapa, ubicado a una hora de la capital de la entidad sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa y que conecta la región Centro con la Montaña guerrerense. Hoy por la mañana, los dos hombres ejecutados en Chilapa fueron identificados como los dirigentes del CIPOGEZ, que estaban desaparecidos.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
Emboscan y asesinan a dos activistas en Guerrero; CNDH solicita medidas cautelares También, alertaron que el auto de las víctimas fue localizado, tampoco informaron dónde, “con disparos de arma de fuego” y anunciaron “brigadas de búsqueda”
Al respecto, el movimiento social exigió al gobierno estatal una investigación para evitar que este crimen como cientos que se han registrado en la entidad, queden impunes. Además, exigieron el desarme de grupos criminales que operan en Chilapa y que las autoridades garanticen el derecho de las comunidades a la autodeterminación y disposición de sus tierras y territorios. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó los homicidios de los líderes comunitarios José Lucio Bartolo Faustino (Concejal nahua del Concejo Indígena de Go-
bierno) y Modesto Verales Sebastián (Delegado del Congreso Nacional Indígena), a cuyos familiares, compañeros y amistades expresa sus condolencias. Solicitó al gobierno de Guerrero la implementación de medidas cautelares para salvaguardar la protección de los derechos a la vida, integridad personal y seguridad en favor de los familiares de las víctimas, así como evitar hechos de similar naturaleza y que este caso quede en la impunidad. Este organismo pidió extender dichas medidas a los pobladores de Chilapa de Álvarez y a los integrantes activos del Consejo Indígena y Po-
pular de Guerrero-Emiliano Zapata, con quienes el Organismo Nacional se solidariza, al tiempo que demanda a las autoridades correspondientes la indagación amplia, exhaustiva y profesional de dichos homicidios, sin omitir líneas de investigación. La solicitud de medidas cautelares se dirigió al secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame; secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, y fiscal general, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, todos del estado de Guerrero, y que fue firmada por la cuarta visitadora general de la CNDH, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes. De acuerdo con versiones de los medios de comunicación, los hechos ocurrieron aproximadamente las 16:00 horas del pasado 4 de mayo año, cuando los agraviados regresaban a sus comunidades después de participar en una reunión con miembros del mencionado Concejo Indígena y Popular, cuando fueron interceptados por grupos armados que los persiguieron y ejecutaron en la ciudad de Chilapa.
Artistas y escritores apoyan demanda de agua de Ayutla, Oaxaca Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)
Con el hashtag #AguaParaAyutlaYa, artistas, intelectuales y académicos convirtieron en Trending Topic la crisis por el agua en la que viven los indígenas mixes de San Pedro y San Pablo Ayutla desde hace casi dos años por la “negligencia y contubernio” del gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa. Artistas como Gael García Bernal, Diego Luna y José María Yazpik, así como la cantante Julieta Venegas, los escritores Juan Villoro y Gabriela Jáuregui, la académica Denise Dresser, los periodistas Lydia Cacho y Jorge Ramos, son algunas de las personalidades que se han unido a la denuncia emprendida por la comunidad indígena de San Pedro y San Pablo Ayutla. La escritora Lydia Cacho cuestionó en su cuenta de Twitter @lydiacachosi: “#BuenLunes gobernador @alejandromurat ¿tiene agua en casa? ¿Sabe que el manantial de Ayutla fue tomado por grupos armados? ¿Sabe que es su obligación proveer agua para la comunidad y protegerla? #AguaParaAyutlaYa #Oaxaca #MéxicoConAyutla #alejandromurat” . Y es que aunque este caso ha sido
expuesto en el Congreso de la Unión y la Organización de las Naciones Unidos, el gobierno de Alejandro Murat y especialmente el secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, han reducido la problemática y su actuación a un conflicto social agrario, lo que ha llevado a trivializar todas las agresiones que ha vivido la comunidad. Además, han reducido su participación a implementar mesas de diálogo con los agresores, con los que se han realizado acuerdos para restablecer su servicio de agua potable, que al momento de ejecutarse, son incumplidos por los funcionarios del municipio de Tamazulapam Mixe, comunidad con fuerte presencia de cosechas de narcotráfico, resalta un comunicado. La negligencia y contubernio, dice la comunidad de Ayutla Mixe, inicia porque Héctor Anuar Mafud ha sometido el acceso al agua a negociación con los agresores, lo que desde ahí ya es una violación clara al derecho humano de acceso al agua y a la vida, “puesto que el agua no puede ser sujeto de negociación alguna, mucho menos con agresores”. Aunado a ello, “los agresores han violentado todos los acuerdos para restablecer el servicio de agua pota-
ble incumpliendo, sin que el gobierno del estado haga más al respecto. Finalmente, porque la Secretaría General de Gobierno ha orillado a las autoridades comunitarias de Ayutla Mixe a ceder sus tierras a los grupos criminales a cambio de volver a tener acceso al agua”. Con esta campaña a través de las redes sociales se busca ejercer presión institucional para restablecer inmediatamente el servicio de agua en la comunidad, ya que, afirman, ni en las guerras está permitido quitarle el agua al enemigo. No dudan en llamar su caso: “un crimen de lesa humanidad”. La lingüista mixe Yásnaya Elena publicó en su cuenta de Twitter @yasnayae: “El acceso al agua es un derecho humano. Debe garantizarse inmediatamente que la comunidad de Ayutla Mixe se reconecte a su manantial y tenga agua potable #AguaParaAytlaYa @ alejandromurat @HectorA_Mafud @ FISCALIA_GobOax @conagua_mx”. A su vez, el escritor Emiliano Monge en su cuenta @MongeEmiliano publicó: “La comunidad mixe de Ayutla lleva casi dos años sin agua potable por ataque armado e inoperancia de la autoridad –como menos-. ¡Urge que se garantice el derecho humano al agua!”. San Pedro y San Pablo Ayutla está
próximo a cumplir dos años sin agua potable debido a que el 5 de junio del 2017 irrumpió un grupo armado ligado a funcionarios del municipio Tamazulapam Mixe, también ligado a la siembra de amapola y mariguana en la zona, lo que ha llevado a las comunidades a subsistir por medio de pequeños arroyos y las captaciones de agua por lluvia. Recordaron que cuando la comunidad fue despojada de su manantial, también fue despojada de tierras y durante el ataque armado fue asesinado el comunero de Ayutla, Luis Juan Guadalupe y secuestraron a cuatro mujeres. Aunado a ello, ese grupo armado de Tamazulapam Mixe tomó el manantial de San Pedro y San Pablo Ayutla, cortó el suministro de agua potable y posteriormente destruyó la infraestructura hidráulica de la comunidad consistente en dos tanques de agua y tuberías que conectaban al 70% de la población indígena”.
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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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l representante de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, exhortó al Senado de la República a debatir las leyes secundarias de la Guardia Nacional “bajo los principios de parlamento abierto”, en el que participen autoridades, organizaciones de la sociedad civil, académicos, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales. A través de una carta en la que Jarab remite a los legisladores insumos en materia de derechos humanos para diseñar las iniciativas de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenidos, solicitó una reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para presentar personalmente los documentos técnicos. “Los documentos que se entregan tienen la finalidad de contribuir a la discusión y aprobación de dos de las leyes secundarias que derivan de la reforma constitucional publicada el 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, mediante la exposición de estándares internacionales de derechos humanos relacionados con las temáticas a ser abordadas en dichas legislaciones”, explicó Jarab en su misiva. La carta de presentación de los documentos técnicos está dirigida a los integrantes de la Jucopo en el Senado, los legisladores Ricardo Monreal Ávila, Mauricio Kuri González, Miguel
Neldy San Martín Ciudad de México (apro)
Con 30 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones, la Comisión Permanente aprobó convocar a un periodo extraordinario, a partir del 8 de mayo, para discutir la reforma educativa. El miércoles, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores abordarán el dictamen de la reforma educativa. Cámara de Diputados @Mx_Diputados #ÚltimaHora El periodo extraordinario para la discusión de la #ReformaEducativa tendrá lugar este miércoles 8 de mayo. La sesión de Congreso General está citada a las 10:00 horas. Sin embargo, mientras que los diputados acordaron que será el único tema en agenda, el Senado continuará con los pendientes para aprobarlos en este periodo de sesiones extraordinario. Se trata de las cuatro leyes secundarias de la Guardia Nacional, como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley Orgánica de la Guardia Nacional, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Además, también discutirán la legislación reglamentaria en materia de extinción de dominio, la reforma
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Que leyes secundarias de GN se debatan en “parlamento abierto” en Senado: ONU-DH A través de una carta en la que Jarab remite a los legisladores insumos en materia de derechos humanos para diseñar las iniciativas de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenidos, solicitó una reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
Ángel Osorio Chong, Dante Delgado Rannauro, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Geovanna del Carmen Banuelos de la Torre, Sasil de León Villard, Raúl Bolaños-Cacho Cué, Freyda Maribel Villegas Canché, Higinio Martínez Miranda y Josefina Vázquez Mota. El representante diplomático emplazó a los senadores a que “toda legislación secundaria a ser adoptada con motivo de la reforma constitucional
reconozca los más altos estándares internacionales, las mejores prácticas existentes y retome los contenidos que se albergan en los documentos técnicos, más otros que puedan enriquecer la normatividad venidera en una perspectiva de seguridad ciudadana”. Al insistir en abrir la discusión de las leyes secundarias, para empezar las del Uso y Regulación de la Fuerza y del Registro Nacional de Detenciones, sin
hacer mención de otras dos, la Ley de la Guardia Nacional y la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jarab recordó que las aportaciones técnicas se apegan al acuerdo entre el gobierno mexicano y la ONU-DH. “La ONU-DH reitera su plena disponibilidad para brindar la asesoría y cooperación técnicas que precise el Senado de la República, dentro del marco del más amplio respeto a los procedimientos parlamentarios y en los términos que más convengan”, a la legislatura, remarcó Jarab en su misiva. Cabe recordar que durante la visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con el organismo un acuerdo de asesoría y cooperación técnica para capacitar en materia de derechos humanos en el proceso de implementación de la Guardia Nacional.
Congreso va a periodo extraordinario para discutir reforma educativa; PAN ve “madruguete” constitucional en materia de paridad de género y la reforma en materia de personas trabajadoras del hogar. Senado de México @senadomexicano · 7h Sesión de la Comisión Permanente del 6 de mayo de 2019 https:// www.pscp.tv/w/b6B0UTFsWktwWEpEd3lLbm18MWVhS2J2WnpObUJLWIlhXr2Qr8hfzbY3YtGd1ezo73gJXFdOEB21vfUK0ouD … Senado de México @senadomexicano La #ComisiónPermanente aprobó convocar a #PeriodoExtraordinario, en el 2do receso de la #LXIVLegislatura, a partir del 8 de mayo a las 10 hrs. Se abordarán temas relativos a: #ReformaEducativa, #GuardiaNacional, Extinción de Dominio, Paridad de Género y Trabajadoras del hogar. pic. twitter.com/GHuyYD63MW “Deberían de hacer no sólo la reflexión, sino detenidamente el análisis de incluir, al menos, la Cámara de Diputados, el tema relativo a la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo”, dijo Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario
de Morena en el Senado. “Porque está encima, los tiempos son fatales, no tiene remedio, nosotros tenemos tiempos fatales para el tema de las leyes reglamentarias de Guardia Nacional y Extinción de Dominio, y tenemos hasta el 25 de mayo”, añadió. Martí Batres @martibatres En la sesión de la Comisión Permanente se acordó convocar a Periodo Extraordinario a partir del 8 de mayo. Ambas Cámaras abordarán el tema de la reforma educativa. El Senado tratará adicionalmente otros temas. El diputado Mario Delgado, líder de la bancada de Morena en la San Lázaro, dijo que solicitarán otro periodo extraordinario para sacar adelante la agenda una vez que el Senado desahogue los temas pendientes. “Nosotros vendremos a solicitar un periodo que permita sacar adelante el tema de paridad de género, Guardia Nacional y extinción de dominio”, dijo Delgado. “No ignoramos la obligación que tenemos con el Plan Nacional de Desarrollo, ya tenemos un acuerdo aprobado por el pleno de la cámara”, explicó.
El PAN votó en contra del periodo extraordinario. Durante su participación en el pleno, el senador panista Damián Zepeda criticó que se apresure el debate de la reforma educativa cuando todavía no hay un dictamen. “Citemos a comisiones de inmediato para que se haga el trabajo político y se consensen las modificaciones y que, previo a citar al periodo extraordinario, se den los cambios al proyecto de dictamen para garantizar que la reforma que va ser puesta al pleno, no va a venir aquí a un duelo de posturas”, dijo Zepeda. “No continuemos por este camino del disenso, privilegiemos mejor el consenso. Por eso hoy decimos no a este periodo extraordinario que quiere dar un madruguete educativo”, apuntó el legislador panista.
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Gertz rinde informe de 100 días en FGR: aborda Odebrecht, Ayotzinapa, Tlahuelilpan, Estafa Maestra… Patricia Dávila Ciudad de México (apro)
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l anunciar que se está llevando a cabo un proyecto legislativo con objeto de reformar el Código Único de Procedimientos Penales para que se termine en forma definitiva con el fenómeno criminal, así como con el monopolio de la acción penal del Ministerio Público, Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR), anunció que en el caso conocido como la Estafa Maestra se restructurará la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, para enfocarlo como un posible delito de estado. Anunció que en un plazo que no debe pasar de 60 días se empezará a judicializar el caso Odebrecht bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada, y que en el caso Tlahuelilpan, la fiscalía sabe quiénes convocaron a la población al sitio del siniestro y quienes provocaron el incendio del ducto que ocasionó la muerte de 135 personas. En el informe que rindió sobre los primeros cien días de gestión frente a la FGR, Gertz Manero dio a conocer “dentro de las acciones emprendidas a futuro” que se debe generar una nueva y sólida normatividad en materia de justicia inmediata, a través de la Nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, fundamentalmente con un proyecto de una nueva Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica inmediata de carácter nacional y de aplicación local. La iniciativa al respecto está prácticamente terminada y se está poniendo a prueba, en simulaciones y prácticas diversas, con objeto de poder resolver más del 70% de la crisis de injusticia cotidiana que se padece en todo el país. Se está trabajando en un nuevo Código Penal que contenga todos los delitos y
Arturo Rodríguez Ciudad de México (apro)
Las marchas celebradas ayer en la Ciudad de México y diferentes ciudades del país exigiendo su renuncia, fueron saludadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien cifró la motivación de esas convocatorias en la inconformidad de quienes se oponen a que se privilegie a los pobres. “Yo creo que tienen todo su derecho a manifestarse, tenemos que ser muy respetuosos del derecho a la manifestación. Yo hasta celebro que se organizara esta manifestación y ojalá se sigan manifestando con libertad quienes no están a favor del gobierno, es lógico, es natural”, dijo. En su conferencia de prensa matutina, el presidente sostuvo que desde su triunfo
agravantes ya incluidos en diversas leyes, priorizando la reparación del daño; y en la imprescriptibilidad de todos los delitos graves, para que con ello se termine en forma definitiva con el fenómeno criminal que estamos padeciendo y acabando también con el monopolio de la acción penal del Ministerio Público, en los delitos que afecten directamente a la población. Asimismo, se está llevando a cabo un proyecto legislativo con objeto de reformar el Código Único de Procedimientos Penales, fortaleciendo los derechos de las víctimas, combatiendo la reincidencia y compactando efectivamente los tiempos procesales. Sobre los casos relevantes, en primer término se refirió a Ayotzinapa: “la Fiscalía propuso al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) apoyarse en su investigación sobre el caso, de manera conjunta con la Comisión de la Verdad, los padres y familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esta Fiscalía General de la República; reponiendo el procedimiento en todo lo que sea necesario para así recuperar la credibilidad y la justicia en este caso emblemático de corrupción y encubrimiento”, sostuvo Gertz Manero. Sobre el caso Odebrecht, que catalogó como un “caso tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza”, recordó que lo inició la Procuraduría General de la República, desde enero de 2017 sin resultado alguno. Por tal razón, la cual la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente; y en un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada. En lo que se refiere al caso Tlahuelilpan, la FGR ha realizado, junto con
la Fiscalía del Estado de Hidalgo, 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y se han recibido 84 informes y documentos de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, estableciendo la secuencia cronológica de los hechos, lo que permitió identificar, a través de testimonios de los vecinos y otras pruebas, a quienes convocaron a la población al sitio del siniestro, y a quienes, en forma irresponsable, provocaron el incendio correspondiente. En este asunto existe todavía un proceso de investigación respecto a los posibles atrasos por parte del personal de Pemex en la atención a la fuga de combustible, ya que hay una discrepancia notable entre los protocolos de esa empresa, frente a una situación tan grave como la que se vivió; por lo que se ha solicitado y se ha obtenido la próxima presencia de peritos especiales en siniestros petroleros del FBI, quienes dictaminarán sobre el particular; y, una vez que se cuente ya con toda la base pericial, se darán a conocer, de inmediato, los resultados. Y adelantó que la audiencia correspondiente a la Subdirección de Protección y Seguridad de Pemex, en que el general Eduardo León Trawitz es uno de los probables indiciados, se llevará a cabo el día 17 de mayo. Sobre la Estafa Maestra”, con base en dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, este caso se inició en la entonces Procuraduría General de la República, en octubre de 2015, acumulando 21 procedimientos independientes unos de otros, relacionados con funcionarios
de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y dos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de dirigentes de diversas universidades públicas del país, dentro de las cuales se han obtenido cinco vinculaciones a proceso. Se encuentran pendientes de celebrar audiencias iniciales en dos de esas cinco carpetas de investigación, respecto a cinco ex servidores públicos de ambas Secretarías. Bajo ese mismo esquema, en 2017 y 2018, la PGR inició dos carpetas de investigación adicionales; una relacionada con ex servidores públicos de Sagarpa y otras instituciones públicas de educación superior, en las que se obtuvieron 10 vinculaciones a proceso. En una de ellas, existe sentencia condenatoria en contra de un particular, mediante procedimiento abreviado. En relación con este tema, explicó que la FGR está restructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de sólo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros; por lo cual debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público. Ello, ya que los elementos aportados así lo indican; razón por la cual es necesario restructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible delito de Estado, encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más; razón por la cual se procederá de inmediato a investigar esta hipótesis criminal, mientras se continúan los procesos ya iniciados.
“No aspiramos a ser moneditas de oro” dice López Obrador sobre marchas en su contra planteó que iniciaba un cambio de régimen que acabaría con la corrupción, los privilegios, los lujos del gobierno y que, si bien respetaría a todos los sectores, daría preferencia a los más desfavorecidos. “Esto desde luego no gusta, molesta a quienes tienen todo su derecho a manifestarse. Cuando nosotros estábamos en la oposición, hicimos cientos, miles, de marchas de protesta. Nos costó quitar del gobierno a los conservadores, tardamos 36 años y por poco y se destruye nuestro país (…) Y como se comprenderá no llegamos para ser floreros, para estar de adornos ni aspiramos a ser monedita de
oro, queremos la transformación”, dijo. López Obrador expuso que cuando estaba en la oposición su movimiento fue reprimido, por lo que aseguró respetará el derecho a la manifestación pues de lo contrario, sería incongruente. “Por eso celebro que exista esta oposición y los respeto mucho”, agregó. Además, dijo que hacía mucho que no se convocaba una marcha como la de ayer y en su oportunidad se refirió a la escasa cobertura que tenían sus movilizaciones frente a la cobertura que se desplegó el domingo 5 de mayo. Finalmente, insistió en que no fallará
a quienes le otorgaron su voto y concluyó: “Estoy consciente de mi responsabilidad y se van a quedar con las ganas. No va a avanzar el conservadurismo corrupto, no se va a retrogradar el país. Y avanzaremos respetando las libertades”, concluyó.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)
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as preocupaciones sobre conflictos potenciales de las prioridades políticas de Andrés Manuel López Obrador podrían minar la confianza del mercado, en un contexto donde hay signos de desaceleración económica en México, estimó Moody’s. Ello podría deprimir, aún más, la inversión hacia México, al igual que deteriorar la imagen del país. Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informara que la economía se contrajo 0.2% en el primer trimestre del sexenio de AMLO, la agencia calificadora dijo que las cosas podrían complicarse aún más. “Un menor crecimiento resultó en ingresos tributarios menores a los esperados en enero y febrero, y como respuesta el gobierno recortó el gasto (…) pues mantienen su meta de déficit
Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
A un mes de la visita a México de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, organizaciones sociales, activistas y académicos solicitaron la participación de su oficina en México para extender su asistencia técnica para esclarecer y sancionar crímenes de lesa humanidad así como para “construir una verdad real que permita dignificar a las víctimas”. En una carta fechada este lunes, unas 50 organizaciones y colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, 55 defensores de derechos humanos y activistas, respaldados por una docena de organizaciones internacionales, advirtieron de su preocupación por que hasta ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no “ha presentado con claridad alguna política integral” para investigar y sancionar los delitos y reparar a las víctimas en México de “violaciones graves a derechos humanos y crímenes atroces”, y que, por el contrario, “la situación de violencia e inseguridad se sigue agravando en el país”. Los firmantes reprocharon a la alta comisionada de la ONU no considerar su opinión en el diseño del acuerdo entre el gobierno de López Obrador y su oficina en México, ONU-DH para brindar asesoría y asistencia técnica en materia de derechos humanos a los integrantes de la Guardia Nacional, sobre todo cuando existe un “rechazo a la participación de militares en la conformación de dicha guardia” por parte de organismos públicos y civiles de derechos humanos, y especialistas, siendo el aspecto castrense “uno de los más controversiales de la agenda de derechos humanos” en México. En espera de que la ONU-DH mantenga informada a la ciudadanía “con indicadores claros y medibles sobres esas actividades de asesoría y asistencia técnica”, las organizaciones y activistas firmantes llamaron a Bachelet a preparar y presentar “un informe de hallazgos de su reciente visita a México”, con recomendaciones puntuales para “revertir los pro-
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Conflictos por políticas de AMLO podrían minar más la confianza del mercado: Moody’s
fiscal del 2.1% con respecto al PIB”, explicó la agencia. “Además, en una actualización del presupuesto presentada en abril, las
autoridades dijeron que un menor crecimiento de la economía, reduciría los ingresos del gobierno en 0.5% del PIB, por lo que el gasto del gobierno
se reduciría en la misma proporción, para evitar un nuevo endeudamiento”. La economía mexicana ha mostrado ha venido de crecer 0.61% y 0.25% en los dos últimos trimestres de 2018 a contraerse 0.2% en el primero de 2019. Y, debido a que el gobierno se comprometió a no aumentar ni crear impuestos, el panorama recaudatorio no es favorable para el país. En dicho contexto, las medidas procíclicas de las autoridades, muy probablemente podrían exacerbar el lento crecimiento y minar el sentimiento de negocios e inversión, complementaron los analistas.
Activistas alertan a Bachelet: AMLO, sin política contra violadores de derechos humanos blemas estructurales (que) promueven la repetición de violaciones a derechos humanos”. Al recordar que siguen vigentes y sin atenderse buena parte de las recomendaciones que formuló el antecesor de Bachelet, tras su visita a México en 2015, los remitentes de la carta solicitaron a Bachelet que en su próximo informe de país tome en cuenta algunas consideraciones de la sociedad civil. Sugirieron que a través de la ONUDH se extienda el acompañamiento y cooperación técnica con el Estado mexicano para “esclarecer y reconocer graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, empresas privadas, organizaciones del crimen organizado y otros grupos armados, ya sea de manera independiente o en colusión”. Pidieron la colaboración del organismo internacional para “construir una verdad real que permita dignificar a las víctimas”, así como para “perseguir penalmente a los perpetradores a través de una Comisión de la Verdad y el establecimiento de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad en México con la participación de la sociedad civil”. Urgieron a Bachelet a “asumir una posición proactiva en el monitoreo de las violaciones de derechos humanos en integralidad e interdependencia y en el señalamiento público de las obligaciones del Estado en la materia –incluyendo la obligación de proteger a nivel nacional y extraterritorial frente a acciones y omisiones de empresas públicas y privadas que vulneran los derechos humanos y proporcionar justicia por las afectaciones– y elabore un informe público sobre la situación de los derechos humanos en México, para ser presentado ante los poderes del Estado, así como ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de forma anual”. Sobre dicho informe, los firmantes con-
sideran que “debiera contener mecanismos adecuados para evaluar, entre otros, los avances y retrocesos en las medidas implementadas por el Estado mexicano en cuanto a la investigación, procesamiento, sanción y reparación de violaciones a derechos humanos en el país”. Los remitentes sugirieron a Bachelet que recomiende al Estado mexicano, “la necesidad de adoptar medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a fin de propiciar un ambiente favorable que les permita llevar a cabo su labor libre de todo tipo de intimidación, amenazas y represalias”. Al aceptar que no confían en el sistema de justicia, y que coinciden con Bachelet en que la “impunidad crónica y generalizada no puede seguir siendo una opción”, los firmantes resaltaron que en el último mes han sido asesinados cinco defensores, uno de ellos, Telésforo Santiago, además fundador de una radio comunitaria en Oaxaca. Lamentaron que “han persistido mensajes provenientes del presidente de la República en franco retroceso con el ejercicio periodístico y la libertad de expresión”, de ahí que celebra la decisión de que la oficina de Bachelet en México, ONU-DH, tenga entre sus proyectos presentar propuestas para fortalecer el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Tras manifestar estar de acuerdo con la expresidenta chilena de que la Guardia Nacional “debe asegurar su carácter civil y regir su actuación” bajo estándares internacionales, los activistas, manifestaron su preocupación por “cada vez más contundentes intentos del Ejecutivo por integrar y subordinar a nueva institución encargada de la seguridad pública del país a las fuerzas castrenses”. Lamentaron que al intento de militarizar la seguridad se sume “la inaceptable
práctica del presidente de la República de atacar a las organizaciones de la sociedad civil mediante descalificaciones, lo cual se ha traducido en cerrar los espacios de diálogo sociedad civil-gobierno, así como negar el derecho de la ciudadanía de participar en la construcción de políticas públicas, incluidas y principalmente las de seguridad”. Entre las organizaciones que firman al misiva destacan Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comisión e Información de la Mujer, Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Oficina por los Derechos de la Infancia (ODI) y Sabuesos Guerreras, entre otras. Entre los defensores signan Alberto Athié, Daniel Vázquez, Eliana García Laguna, Jacobo Dayán, Javier Sicilia, Humberto Zazueta, José Antonio Guevara Bermúdez, María Elena Morera, Mariclaire Acosta Urquidi, Raúl Ramírez Baena, Luis González Placencia y Tita Radilla Martínez. Acompañan la iniciativa de emplazar a Michelle Bachelet, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” de Colombia, entre otras organizaciones.
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Periodistas de la RIPVG llaman a gobiernos a proteger su trabajo De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
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ntegrantes de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) llamó a los gobiernos de México, Argentina, Chile, Cataluña (en España), Brasil, Paraguay, Uruguay y Colombia, a proteger a las periodistas e investigar con perspectiva de género los crímenes de los que son víctimas a fin de acabar con la impunidad. Al finalizar su séptimo encuentro, que se realizó en Montevideo, Uruguay, los días 3 y 4 de mayo de 2019, las integrantes de la Red emitieron la “Declaración Montevideo”, donde también exhortaron a los medios de comunicación a tener contenidos con lenguaje incluyente y no discriminatorio y usar imágenes que respeten la dignidad de las mujeres. En el documento consensado por alrededor de cien periodistas que asistieron a este encuentro, se señaló que los Estados no se han esforzado en impulsar mecanismos institucionales que aseguren el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Capítulo J de la Plataforma de Beijing, un plan firmado por los países en 1995 para promover los derechos de las mujeres. El Capítulo J de esta plataforma establece el papel transformador de los medios de comunicación a favor de los derechos de las mujeres; sin embargo, la Red Internacional aseguró que no tomar en cuenta este documento de carácter internacional ha afectado negativamente el ejercicio de la libertad
Al finalizar su séptimo encuentro, que se realizó en Montevideo, Uruguay, los días 3 y 4 de mayo de 2019, las integrantes de la Red emitieron la “Declaración Montevideo”, donde también exhortaron a los medios de comunicación a tener contenidos con lenguaje incluyente y no discriminatorio y usar imágenes que respeten la dignidad de las mujeres
de expresión. En la “Declaración Montevideo” también se hizo énfasis en la violencia contra mujeres periodistas, en particular, en zonas de guerra y silenciadas por conflictos armados y delincuencia organizada coludida con agentes del Estado, como son los casos de México, Colombia, Honduras, Nicaragua y Venezuela. De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2012 y 2018 se registró el asesinato de siete mujeres periodistas, comunicadoras y trabajadoras de los medios de comunicación en México (cinco crímenes) y en Colombia (dos crímenes). Sin embargo, en el mismo periodo el Programa de Libertad de Expre-
sión y Género de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), organización que forma parte de la Red Internacional y que participó en el encuentro, documentó 422 casos de violencia contra periodistas de 2012 a 2018, entre ellos seis asesinatos. En este contexto, durante el séptimo encuentro también se declaró que la reproducción de la violencia de género en los contenidos de los medios de comunicación y las redes sociales, vulneran los derechos de las mujeres y las identidades disidentes; y que el recrudecimiento de la violencia digital afecta su seguridad y las autocensura. Las participantes además señalaron que la violencia sexual en las salas de redacción y ejercida durante coberturas vulnera el ejercicio de su profesión. En el caso de México, en
marzo pasado el movimiento #MeTooMx sacó a la luz testimonios confidenciales que demostraron que el acoso y hostigamiento sexual contra comunicadoras es una práctica común que afecta el periodismo. Por otra parte, en el documento también se mencionó que el cierre de medios de comunicación y los despidos masivos por ajustes de empresas mediáticas, vinculados a la concentración, promueve la construcción de un relato homogeneizador que discrimina y violenta a mujeres e identidades disidentes y merma las posibilidades de crear una opinión crítica. En el terreno laboral señalaron que el aumento de la brecha salarial entre varones y mujeres profesionales de la comunicación conduce a la mayor precarización laboral de las periodistas. En el encuentro, que se dio en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, las participantes también debatieron sobre los retos de las periodistas en países donde imperan discursos antiderechos y en contextos de desinformación; y reflexionaron sobre las mejores estrategias de protección y de seguridad jurídica que pueden adoptar.
Indiferencia de autoridades antes denuncias del MeToo De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
Luego de que el movimiento #MeeToo evidenció en marzo pasado la violencia sexual que enfrentan las mujeres en los espacios laborales en diversos ámbitos y vencido el plazo que las impulsoras de este movimiento dieron a las autoridades encargadas de atender esta violencia, informaron que la respuesta de éstas fue nula, únicamente respondió la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF). En un comunicado, informaron que la PGJDF solamente les respondió que investigará las agresiones en su contra y garantizará el anonimato de quienes gestionan y denuncian estos actos de violencia en las más de 40 cuentas del #MeToo que existen hasta ahora. Asimismo, reportaron sin dar mayores detalles, que la Secretaría de la Mujer, el Consejo para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación, la Comisión de Derechos Humanos, todas de la Ciudad de México, “se acercaron para dialogar sobre las acciones a mejorar y coordinarnos en torno a los casos de acoso, hostigamiento y otras formas de violencia sexual denunciados en estas cuentas”. Ante la indiferencia de las instancias de gobierno, volvieron a exigir información sobre cómo actuaran ante el acoso y hostigamiento sexual contra las mujeres instituciones como la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Indicaron que también desean saber la cantidad de casos en los que cada institución ha impuesto sanciones por violencia sexual contra mujeres, qué tipo de sanciones y reparaciones del daño han emitido.
Otras de sus demandas es revelar el presupuesto que invierten anualmente las instituciones en programas y capacitación de personal para la prevención, atención y sanción de estos casos. Cabe recordar que a partir del 23 de marzo de 2019 en Twitter se difundieron diversas etiquetas de #MeToo donde mujeres narraron de forma pública y confidencial hechos de acoso, hostigamiento sexual y otras violencias que viven en los centros donde laboran. Semanas después, el 11 de abril, activistas, académicas, abogadas, expertas en Derechos Humanos y temas laborales, se reunieron en el “Foro MeTooMx” en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF). De este encuentro se deprendió un pronunciamiento en el que emplazaron a las autoridades de gobierno y empresas privadas a informar a más tardar el 6 de mayo de este año las ac-
ciones que realizarían ante estas denuncias, como parte de su obligación en garantizar una vida libre de violencia a las mujeres. Vencido el plazo y ante la falta de respuesta de las autoridades emplazadas, las integrantes del movimiento volvieron a dar un tiempo de un mes para que los organismos del Estado entreguen esta información, también exhortaron a las empresas privadas a pronunciarse “con el fin de mantener un diálogo público y franco sobre el problema del acoso, el hostigamiento y otras formas de violencia sexual contra las mujeres en México”, señalaron.
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¿AMLO DEBE CALLARSE? Ernesto Villanueva
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l presidente Andrés Manuel López Obrador conduce su administración en los umbrales de la tolerancia de diversos actores sociales, entre ellos los representantes de algunos medios informativos. Primero, esos actores han cuestionado mucho el tema relativo a los límites que a su juicio debería observar el ejercicio de la libertad de expresión por parte del titular del Poder Ejecutivo federal a propósito de los juicios de valor que éste viene formulando respecto de algunos medios, entre ellos el diario Reforma. El caso es que representantes de medios y comentaristas se duelen porque el presidente de la República practica su libertad de expresión aun cuando esté claro que lo hace dentro de los márgenes previstos en los artículos sexto y séptimo constitucionales. Así pues, se impone una pregunta: ¿El presidente de la República, por el hecho de serlo, debe abstenerse de ejercer sus derechos fundamentales? La respuesta es que no hay ningún artículo constitucional que establezca semejante disposición. El hecho de que antes los mandatarios tuvieran por costumbre una política de comunicación distinta, dinero de por medio, a la de Andrés Manuel López Obrador, no significa que el estilo personal del actual presidente deba seguir las políticas de sus antecesores. En suma, la Carta Magna no prevé ninguna limitante o disposición expresa
que establezca que el titular del Poder Ejecutivo federal tenga restricciones adicionales a las del resto de los ciudadanos. Es menester dejar sentado que los dichos e imputaciones presidenciales se han hecho al amparo de lo previsto en el articulado de la Constitución, y ni por asomo actualizan los límites contenidos en ella en relación con las libertades de opinión e información. Segundo. Algunos medios se duelen de que el presidente de la República emita opinión sobre ellos. ¿Hay alguna disposición constitucional que lo límite en tal sentido? La respuesta es: ninguna. Tan es así que quienes en teoría pudieran presumirse como afectados no han activado su derecho ante un órgano jurisdiccional competente. En última instancia el modelo apelaría a la sanción moral, pública, lo que carece de asidero constitucional. Otro problema para los detractores de AMLO reside en que la inmensa mayoría de los mexicanos coinciden con los dichos del presidente, e incluso celebran que no guarde silencio ante la crítica, con razón o sin ella. AMLO asimila sus dichos, como un conspicuo derecho de réplica, haciendo ajustes al modelo constitucional que había subvertido el papel presidencial a fuerza de la costumbre y de la subcultura del poder. En suma, en ningún tratado, convención o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contemplan excepciones en cuanto al ejercicio de la libertad
de los gobernantes para discernir y hacer públicos sus puntos de vista. Así que este ejercicio de la libertad no encuentra ataduras o límites en el derecho positivo o convencional. Tercero. Ciertamente, en el ámbito jurídico hay quienes se han manifestado sobre la emisión del memorándum presidencial relativo a la reforma educativa. Pero por lo visto nadie en ese mismo ámbito, con interés legítimo, ha hecho valer sus inconformidades ante la inédita decisión de AMLO. Si bien es preciso puntualizar que el memorándum tiene debilidades jurídicas y puede ser recurrido ante el órgano jurisdiccional competente, nadie que se sepa, insisto, lo ha controvertido. Mi comentario al respecto es que el memorándum afectado de inconstitucionalidad emitido por el titular del Ejecutivo federal posee validez (vida jurídica) y eficacia (es decir, que va a tener efectos jurídicos) para los titulares de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública y para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Ante las dudas, queda claro que la resolución presidencial tendrá validez y eficacia hasta que la autoridad judicial competente decida en tal sentido. La inconstitucionalidad no es una disposición que nazca muerta; para que eso ocurra se precisa que las dependencias y el organismo constitucional autónomo hagan valer sus acciones ante el Poder Judicial de la Federación. l
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APELLIDO PRIMERO, APELLIDO SEGUNDO Marta Lamas
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na de las tradiciones más sólidas de la antropología es la de estudiar los sistemas de parentesco tan diferentes que existen en el mundo. Las reglas simbólicas que definen los vínculos familiares son fundamentales para definir otras cuestiones y es apasionante ver cómo hoy se han ido transformando obligaciones y prohibiciones que conllevan las relaciones de parentesco. En este proceso han jugado un papel primordial las nuevas técnicas de reproducción asistida, las adopciones internacionales, y los desplazamientos provocados por las migraciones y las guerras. En la reconfiguración de los sistemas de parentesco se han ido articulando nuevas creencias y nuevas prácticas de paternaje y maternaje, lo que ha requerido que se reformulen ciertas leyes y se cree un nuevo vocabulario para referirse a los nuevos vínculos. Este proceso no ha estado exento de disputas, pues ha quebrado elementos tradicionales del orden simbólico. Un caso paradigmático es la legalización de las relaciones de personas del mismo sexo. En la Ciudad de México el reconocimiento de las parejas del mismo sexo fue emblema de una aspiración democrática y expresó tanto la fuerza de los grupos lésbico-gays que impulsaron esa decisión como el talante más liberal de los chilangos. En marzo de 2010 entró en vigor una enmienda simbólica que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hizo para que en el acto de matrimonio se evitara mencionar el sexo de los contrayentes, y en lugar de hablar de “mujer y hombre” se hablara de personas. El matrimonio igualitario, que el 19 de junio de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció jurídicamente y que hoy ya cuenta con todos los derechos del matrimonio tradicional, sigue siendo un tema de disputa en otras entidades federativas,
donde las parejas del mismo sexo se topan con los prejuicios religiosos de los funcionarios públicos y tienen que poner un amparo. Las parejas tanto heterosexuales como homosexuales han recurrido a las tecnologías de reproducción asistida para formar sus familias. Estas técnicas incluyen cualquier procedimiento médico que cumpla con la función de asistir a una persona en el proceso reproductivo manipulando los gametos (óvulos y espermatozoides). Incluso se llega a procrear a un ser humano en un laboratorio y luego, ya embrión, es implantado en el útero de una mujer. Estas técnicas, que se usan en personas heterosexuales con dificultades para fecundar o concebir, también han servido para cumplir el deseo de las lesbianas de ser madres y de los gays de ser padres. Vía la inseminación artificial y la subrogación materna se ha podido cumplir el anhelo de criar a un ser humano. Hoy es común ver a dos mamás, incluso a dos papás, llevar de la mano a sus criaturas. Sin embargo, cuando dos lesbianas o dos gays tienen que registrar a su criatura, el formulario dice “apellido paterno y apellido materno”. En estos casos hay dos madres o dos padres, y la criatura llevará los apellidos de las dos. ¿Por qué una de esas madres tiene que poner su apellido bajo la clasificación de “paterno” y por qué un gay debe incluirse bajo el rubro “materno”? En otros países ya se ha quitado el término “paterno” o “materno” y se pone solamente “primer apellido” y “segundo apellido”. En México, no obstante que ha habido iniciativas muy progresistas de reconocimiento de la diversidad familiar, todavía en muchos documentos “oficiales” se pide el “apellido paterno” y el “apellido materno”. Pero además esta forma tradicional de registrar no sólo afecta a lesbianas y gays, sino tam-
bién a parejas heterosexuales que preferirían poner primero el apellido de la madre. Suelen ser razones simbólicas y afectivas las que llevan a una pareja heterosexual a querer que su criatura lleve antes el apellido materno. Un hombre que tuvo cuatro hijas mujeres lamentaba de que “su apellido” se iba a perder, y una de las hijas le propuso a su marido cambiar el orden, y éste gentilmente aceptó. Hoy hay un abuelo orgulloso de dos nietos que llevan su apellido y que, si éstos a su vez deciden tener hijos, lo pasarán a la siguiente generación. La felicidad que este cambio produjo en esa familia no la han logrado otras parejas que enfrentan el problema al tener que llenar un formato que dice “apellido paterno” antes del “apellido materno”. Cada vez hay más matrimonios igualitarios, y cada vez hay más parejas dispuestas a poner antes el apellido de la madre que el del padre. Sus razones tendrán, y está claro que aunque el orden de los factores no altera el producto, sí altera el orden simbólico patriarcal. No voy a enrollarme con una disquisición histórica acerca de por qué nuestro sistema de parentesco es patriarcal. Solamente me interesa plantear la necesidad de que se sustituya esa manera de solicitar datos personales con la instauración de “primer apellido” y “segundo apellido”. Es una manera más correcta, que reconoce implícitamente la igualdad de las mujeres y los hombres, y de las parejas homo y heterosexuales. En el mundo actual, elegir qué apellido va primero es asunto de cada pareja. El Registro Civil está para eso, para registrar, pero no para imponer el orden de prelación tradicional. Los tiempos cambian, las actas también deben cambiar. Este análisis se publicó el 28 de abril de 2019 en la edición 2217 de la revista Proceso
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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo
El juego de Antorcha
L
a organización Antorcha Campesina ha encontrado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cierto freno a su modus operandi. Por algo ahora se promueven como la voz de millones de mexicanos que sufren abusos del nuevo gobierno. Omiten, claro está, el enriquecimiento ilícito de algunos de sus líderes que han encontrado en la “pobreza de las masas” una oportunidad enorme. Siempre es así. Empero, si algo la hace “diferente” es el tejido con el que logró construir su modelo organizacional, mismo que la llevó a “invertir” para afrontar esto que viven con el recorte a las organizaciones que, en este caso en particular, pega a los habitantes de las zonas donde Antorcha opera, más que a la organización misma. Quizá por ello se habla de que pretende ser un partido político, otro más, pues ha sabido capitalizar no sólo los recursos de los programas clientelares y las canonjías obtenidas tras llenar estadios en periodos electorales, sino los cotos de poder y los favores que por años han hecho a políticos de todos colores: con especial afecto al tricolor (que hoy nada contra la corriente ante la infranqueable crisis que afronta el sistema de partidos en México). A la fecha, Antorcha Campesina cuenta con varias gasolineras, farmacias, tiendas de conveniencia e, incluso, se habla de que ha invertido en la agroindustria con miras a la consolidación de su economía. Por si fuera poco, en las capitales de cada estado mueve sus hilos y logra prebendas que le permiten a la larga empoderarse y
mantener a flote los gastos que se generan en la organización. Tuxtla misma en el trienio de Fernando Castellanos Cal y Mayor fue muestra de ello. Hoy cuentan que Antorcha ha visto mermadas las prebendas con la derrota priista en cientos de municipios y estados de la geografía mexicana. La reducción de las prerrogativas que recibía el PRI termina pegándoles a todos, pero ellos han logrado mantenerse a flote gracias al modelo que implementaron para tener circulante dentro de sus filas: al menos para los líderes y sus allegados será así. Lo cierto es que las masas, esas que resisten estoicas bajo la furia del sol, las que son acarreadas para llenar auditorios y escuchar discursos demagógicos que no les interesa, las que terminan liándose a golpes con otros por el comercio informal y que son azuzadas por el mismo gobierno, seguirán ahí para tener una calle arreglada, agua, luz y los beneficios de algunos programas que permiten a los líderes antorchistas venderse como los mecenas. No han entendido que los pobres seguirán ahí: portando la ropa roída y desgastada que contrasta con los trajes, camisas, zapatos y lentes de los oradores que hablan de justicia social, de malos gobiernos, de lucha de clases, de corrupción e impunidad, y de pobreza extrema, donde desconocen lo que es tener hambre porque son ellos los ungidos por el poder para ablandar al pueblo, para sembrar los sueños y esperanzas, y mantener esa vida de dispendio que hemos podido constatar. Cierto es que se equivocan quienes afirman que Antorcha es un
brazo armado del tricolor. Es, en cambio, una organización que se enquistó ahí y que ha sabido cortar los frutos del servicio al poder, y aunque hoy su historia se tuerce seguro que encontrará otra vía para no perder sus privilegios. Ya verá. #INTERESESPROPIOS.- En el jaloneo que traen los trabajadores de la Sección 50 del SNTSA parece que más allá de las diferencias y problemas heredados, es el tema de las cuotas y el monto mensual lo que mueve los malos entendidos. Les cobran de 150 pesos por trabajador y son alrededor de 26 mil los que pagan esa cantidad de forma mensual, lo que arrojaría un monto de tres millones 900 mil pesos que el Comité Ejecutivo Estatal estaría manejando y que al año representa 46 millones 800 mil pesos nada malos para quien mueva ese recurso. Durante todo este tiempo se acusó a la dirigencia pasada del despilfarro pero todo quedó en señalamientos. Sin embargo, claro quedó que la nueva mesa directiva no trae todo el respaldo de la base trabajadora que parece sigue pugnando por los intereses de los que se fueron y sindicando el comportamiento de estos que acaban de llegar. Así, los únicos afectados serán (como siempre pasa) los trabajadores, esos que cumplen con sus horarios y con las obligaciones sindicales, los que aspiran sólo a la jubilación y que terminan en medio de un jaloneo histórico, pero que ahora se viraliza en segundos por el manejo de las redes. Ya veremos cómo la dirigencia nacional logra resolver este problema. Por lo pronto sería bue-
no que exhibieran las supuestas anomalías en contra de la nueva dirigencia, digo, para ir creyendo que todo persigue un fin justo y no se trata solamente de un jaloneo de intereses y de berrinches mezquinos, como comúnmente pasa. #MANJAR.- Lo ocurrido en Aldama con la muerte del síndico Ignacio Pérez Girón, a quien habían reportado como desaparecido, prende un foco de alerta por los señalamientos de los ataques de supuestos grupos paramilitares que rondan en la zona y que la presidenta municipal, Verónica Ruiz Pérez, y el hoy occiso (su esposo) habrían señalado con antelación. Si de por sí esa zona tiene un conflicto limítrofe entre San Pedro Chenalhó y Aldama, con esto los ánimos van a caldearse. Espero equivocarme. Ya veremos qué nos indican las líneas de investigación referente al tema. Por ahora, la tensa calma en esa zona es lo que hay. #Tragedia // “No puede esperarse ventaja alguna duradera de la política moral, si ésta no se funda en los sentimientos indelebles en el hombre. Toda ley que se desvíe de éstos, encontrará siempre una resistencia contraria que al cabo vencerá, del mismo modo que una fuerza, aunque sea muy pequeña, si se aplica muy continuadamente, vence cualquier movimiento violento comunicado a un cuerpo”. Cesare Beccaria. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro Periodismo de Alfonso Reyes y el disco Bohemio de Andrés Calamaro. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer. * Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.
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OPOSICIÓN DESCOMPUESTA John M. Ackerman
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an pasado ya cinco meses desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la oposición todavía no ha sido capaz de construir una narrativa coherente o un posicionamiento claro con respecto a las fortalezas y las debilidades de la Cuarta Transformación. Al nuevo presidente de la República se le acusa de ser simultáneamente neoliberal y socialista, populachero y autoritario, nacionalista y entreguista, militarista y débil con los delincuentes, pactista con el viejo régimen e irrespetuoso con los conservadores. En general, si existiera un hilo conductor dentro de la amplia gama de críticas al nuevo gobierno, todas legítimas desde luego, sería que en algunos contextos el nuevo régimen habría retomado políticas, resucitado personajes y repetido estilos de gobiernos anteriores. Sin embargo, lo más curioso y sorprendente es que quienes más insisten en esta supuesta falta de rompimiento con el régimen anterior son precisamente los alfiles de ese mismo viejo régimen. Criticar a López Obrador por supuestamente parecerse al PRIANRD, y no a la luz de algún nuevo proyecto político o social utópico e idealista, demuestra que lo único que buscan los nuevos opositores es acabar con la esperanza del pueblo mexicano. Quieren que aceptemos la derrota de la Cuarta Transformación aun antes de que nazca. Anhelan que cada quien se regrese a su casa, que aceptemos que jamás podremos acabar con la corrupción, la impunidad, la pobreza y
la violencia, y que en consecuencia devolvamos el poder a quienes por lo menos eran “francos” con respecto a su mediocridad y falta de ética. Un botón de muestra de la falta de consistencia de algunas críticas de la oposición son los airados reclamos de personajes como Mariana Gómez del Campo y Fernando Belaunzarán, fieles representantes del sistema putrefacto derrotado en las urnas el pasado 1 de julio de 2018, por la supuesta devolución por López Obrador de los bienes de Elba Esther Gordillo. “¿A poco creen que Elba Esther lo hizo gratis?”, reclamó Belaunzarán. “La 4T pagando favores”, tuiteó Gómez del Campo. El león cree que todos son de su condición. Cualquier persona que tenga un poco de memoria histórica y una gota de sagacidad política sabría que los verdaderos aliados de Gordillo son precisamente los panistas, como Gómez del Campo, que pactaron con la dirigente magisterial el fraude de 2006 en contra de López Obrador, y los integrantes del Pacto por México, como Belaunzarán, que utilizaron el teatro de la detención y el encarcelamiento de Gordillo en 2013 para aparentar una supuesta lucha en contra de la corrupción que jamás existió. La Fiscalía General de la Nación, un órgano autónomo del Estado mexicano, fue obligado por el Poder Judicial de la Federación a retornar a Gordillo sus bienes porque las acusaciones y la investigación llevada a cabo en su contra por el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron deficientes desde un inicio. La
detención de Gordillo jamás fue para dar una lección de intolerancia a la corrupción, sino simplemente un golpe en la mesa para avisarles a todas las mafias políticas del país que ya había llegado un nuevo jefe al trono: el clan de Atlacomulco. Hoy López Obrador se niega a participar en el viejo rito del relevo de mafias. No fabricará nuevos delitos en contra de la maestra Gordillo, ni en contra de ningún “pez gordo”, con el fin de ofrecer un espectáculo mediático, sino que ha girado instrucciones muy claras a todas las secretarías de Estado para que investiguen y lleven a cuentas, de manera rigurosa y de acuerdo con la ley, cualquier irregularidad pasada o presente que encuentren en sus ámbitos respectivos. Lo que realmente irrita a los representantes del viejo régimen no es entonces que el nuevo gobierno esté actuando como los gobiernos anteriores, sino todo lo contrario. En lugar de hacer gala de su poder extralegal metiendo a la cárcel y sacando discrecionalmente de ella a diferentes personajes, y después utilizando este poder “hiperpresidencial” para chantajear y amedrentar a propios y extraños, López Obrador camina humildemente por el camino de la legalidad y la institucionalidad democráticas. Ahora bien, la fabricación del hashtag #RenunciaAMLO a raíz de la matanza en Minatitlán, Veracruz, constituye otro ejemplo de la falta de creatividad de parte de la nueva oposición. Hacen mímica de las consignas de los viejos movimientos sociales en contra del gobierno despótico
sin pararse a contemplar ni por un segundo el nuevo contexto en que se desarrolla la barbarie. Imaginan que lo que causó tanta indignación entre la población en contra de Felipe Calderón y Peña Nieto fue la mera existencia de la muerte y la violencia, cuando en realidad lo que generó el repudio tan frontal de la ciudadanía en contra de estos expresidentes fue el hecho de que estábamos convencidos de que eran líderes traidores y apátridas que generaban intencionalmente la destrucción del país. Por supuesto que todo asesinato es inaceptable y no hay vidas de primera o de segunda clase. Sin embargo, solamente tiene sentido llamar a la renuncia del presidente de la República a raíz de una masacre si es creíble que el primer mandatario haya tenido alguna responsabilidad directa por la tragedia, que de una u otra manera los grupos delincuenciales que hayan perpetrado el crimen contaran con la protección del ocupante de Palacio Nacional. Para los presidentes anteriores aquella hipótesis fue perfectamente creíble, pero para el presidente actual es simplemente absurda. Así que en lugar de mandar a López Obrador a su casa, habría que respaldar la decisión del presidente de la República de mantenerse firme en Palacio Nacional para poder hacer valer sus compromisos de campaña. En lugar de bajar nuestros estándares y aceptar que “todos son iguales”, habría que mirar hacia el horizonte y contribuir cada quien desde su rincón a la construcción de una nueva patria.
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CBTIS 233 EN CONFLICTO Y DETERIORO…
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uando el entonces Gobernador JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO (1988-93) imprimió la frase: “La Noche Negra de la Educación”, nunca estuvo equivocado, pero no supo decir “para cuando habría un amanecer feliz y claro panorama educativo”. Esas condiciones persisten hoy con mayor rigor y desorden. En este espacio he tratado muchas veces la confluencia de conflictos que se fraguan en el sector educativo iniciado en 1979 en la zona norte de Chiapas por simples problemas de pago y rezonificación de maestros a tabuladores de sobre sueldo al cien por ciento. Del nivel básico, los conflictos pasaron al medio superior y superior, que no se soluciona por “necedad e intereses” del magisterio (dicho mejor dirigentes) y la irresponsabilidad o negligencia de las autoridades que no han tenido la capacidad o querido afrontar las situaciones de crisis. Entiendo que los maestros tienen sus razones para exigir mejores estadios de vida y estatus laboral y por eso mantienen sus movilizaciones (marchas, mítines, plantones, cierre de carreteras y tomas de edificios públicos y casetas de cobro), pero hay casos en que la misma autoridad es la que propicia los conflictos en aras de mantener a los mexicanos en la pobreza e ignorancia.
CBETIS 233, CONFLICTO DE DINEROS?...
Pasando de los conflictos que se han tenido que soportar de la Coordinadora “Nacional de Trabajadores (¿?) de la Educación”, CNTE, las distintas universidades públicas en el Estado y las propias de falta de pago a maestros interinos y el fraude en el COBACH, hoy desgraciadamente tenemos que abordar el caso singular del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 233, que se mantiene en actividades irregulares desde el 7 de febrero del presente año. Para eso, padres de familias, docentes y trabajadores administrativos del plantel 233, dependiente de la “Unidad de Educación Media Superior, Tecnológica Industrial y de Servicios”, (UEMSTIS) mantienen obstaculizadas las actividades en demanda de la destitución del director JOSÉ CUTBERTO PARADA CORTÉS; la Subdirectora Académica, RAFAELA BENITEZ LÓPEZ y los docentes, ERADIO ZAVALA DE LOS SANTOS y JOSÉ ADELINO VÁZQUEZ VELASCO, Jefe del Departamento de Servicios Escolares. La situación es complicada cuando la contraparte al director la encabeza el Subdirector de Administración y Planeación, FERNANDO SERGIO GUZMÁN CRUZ, quien es precisamente el encargado del manejo de los recursos, acompañado del señor MANUEL MÁRQUEZ PÉREZ, Presidente del Comité de Padres de
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ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado
• Persiste la “Noche Negra de la educación”… • La autoridad responsable del desorden… • Comentarios al Margen… Familia de la carrera de Administración, quien antes era presidente de las cinco especialidades. El asunto, según lo mencionan los afectados que están fuera del plantel CBTIS 233, es por el control de los dineros que antes se manejaban en una sola cuenta y ahora están divididos en cada una de las carreras a través de los Comités de las cinco especialidades: Mecatrónica, Mantenimiento Automotriz, Laboratorio Clínico, Electricidad y Administración que es la que más alumnos tiene con un ingreso por cuotas voluntarias (¿?) que llegan a sumar solo en esa, 200 mil pesos por semestre. Según explica el ingeniero JOSÉ CUTBERTO PARADA CORTÉS y el docente, ERADIO ZAVALA DE LOS SANTOS, el conflicto es la división de los Comités de Padres de Familia y el manejo de los dineros de cada especialidad como lo promovieron el director y el ingeniero AVELINO VÁZQUEZ VELASCO, para la mejor administración de los recursos destinados a cada carrera. En ese grupo de opositores a la dirección del CBTIS 233, participan también, docentes y administrativos como: JOSÉ LUIS AGUILAR PÉREZ, BLANCA EULALIA CORONEL CORTEZ, ELENA RODRÍGUEZ CHANONA, ARACELI LÓPEZ VELÁZQUEZ, ERAY AGUILAR PÉREZ, SOEL FERNÁNDEZ LÓPEZ, JAVIER FRANCISCO ALFONSO AGUILAR, FREDY DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ y ALBERTO LAMI GUZMÁN, entre otros. Cada parte del conflicto argumenta sus razones, pero, nadie toma en cuenta la violación a los derechos humanos y daño que se hace a los estudiantes, en una entidad donde la educación es deficiente y muy por debajo de la media nacional. Por supuesto que en esto va la autoridad que irresponsablemente no cumple con su función de mediar el conflicto y someter al orden a cualquiera que atente contra la superación de los jóvenes. Me deja sorprendido la “solución salomónica” –quizá estúpida-- que la autoridad de la UEMSTIS (antes DGTIS) hace a través de la directora de Coordinación Operativa, Supervisión y Control, XÓCHILT LÓPEZ LÓPEZ, en la que ordena: “… sin menoscabo a sus derechos como trabajador de base en la Secretaría de Educación Pública, se establece como medida preventiva y urgente que a partir de la notificación de la presente, se apersone en el lugar que ocupan las Oficinas Estatales de la
UEMSTIS… con la clara finalidad de que plantee las estrategias a seguir para la solución de la problemática que nos ocupa…”. La autoridad deja al Director, Subdirectora y dos docentes a que planteen la solución antes de investigar, dirimir las razones del conflicto con la contraparte y tomar una decisión que es su responsabilidad. Además, les “propone” quedar en receso laboral con goce de sueldo y, dejar de cumplir con sus obligaciones de dirección, docentes y administrativas, violando la ley y la reglamentación educativa. Por su parte, el Director del CBTIS plantel 233, JOSÉ CUTBERTO PARADA CORTÉS interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República para que se investigue: “Con base en los protocolos establecidos por las autoridades educativas federales para proceder, cuando un grupo de personas, maestros y/o trabajadores, toman y cierran las instalaciones del plantel, impidiendo el desarrollo de las actividades ordinarias del mismo”. Los planteamientos que expone el director del plantel son los siguientes: 1.- La violenta suspensión de las clases desde el día 7 del mes en curso (febrero) es responsabilidad exclusiva de los trabajadores que decidieron tomar y cerrar el plantel, acción que lesiona el Derecho Humano de los Estudiantes a recibir Educación. 2.- La Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS), ratifica su decisión de enviar al personal necesario para realizar la Auditoria Académica, Administrativa y Financiera. 3.- La Autoridad competente, dará continuidad y seguimiento a los procesos iniciados, relativos a las denuncias presentadas a la Autoridad Educativa Federal y ante la Fiscalía General de la Republica. 4.- Para dar certeza al reinicio de labores, el plantel debe ser entregado a la Autoridad Educativa. Es prioritario extremar precauciones para salvaguardar la seguridad de los estudiantes y trabajadores. Se debe considerar que esta denuncia ante la FGR fue hecha desde el 19 de febrero de 2019 y es la fecha en que ni la autoridad de la UEMSTIS
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(antes DGTIS), ni la Fiscalía General de la República responden al llamado de la dirección del CBTIS plantel 233 para dilucidar el conflicto y dar una solución en beneficio de la educación en Chiapas y los estudiantes de este centro de estudios de nivel medio superior. Quedamos pendientes…
COMENTARIOS AL MARGEN… AQUILES ESPINOSA, GERENTE DEL TRANSPORTE…
Cada que llega un nuevo Secretario de Transporte del Gobierno del Estado el sector se convulsiona; vienen los arreglos y las simulaciones de cumplimiento de la ley y la regularización de las unidades pirata. AQUILES ESPINOSA GARCÍA no tendría por qué ser la excepción ni de otra manera, pues “la mina de oro” pervierte hasta al más santo y es una oportunidad de convertirse en rico o millonario. La última camada de titulares de la Secretaria de Transporte fue muy beneficiosa y no está lejos de pensar que en esos trinquetes estaban metidos el Secretario General de Gobierno, MARIO CARLOS CULEBRO VELASCO y el mismísimo Gobernador, MANUEL VELASCO COELLO. Es más, “El Puerquito Valiente”, CULEBRO VELASCO cuando asumió la Secretaria General y renunció a la Secretaría de Transporte dejó en su lugar –cuidándole el negocio turbio— a uno de sus testaferros que se había desempeñado como su asistente, ÁLVARO ROBLES CAMERAS. ÁLVARO ROBLES se ha caracterizado por ser un oportunista y “lamewiwis”, por eso fue director de Acción Cívica del Gobierno del Estado sin saber nada del asunto, como tampoco de transporte. Hay otros ejemplos de “testaferros” que de miserables pasaron a riquillos con departamentos de lujo, carros de colección y cartera abultada, como uno que conozco allá por la delegación Plan de Ayala. Y podría dar muchos datos de cada uno de los titulares de la Secretaria de Transporte que hicieron “negocios sucios” con las mafias de concesionarios, dirigentes de unidades piratas y otros tolerados. Puede ser que AQUILES ESPINOSA GARCÍA ya cayó en las garras del billete grande y solo esté simulando operativos en contra de más de 4 mil taxis piratas –y combis--, inclusive clonadas. El Secretario de Transporte no es un especialista en la materia; es más, se nota improvisado y por eso los “mafiosos pulpos del transporte” se lo están “comiendo vivo”, “llevando al baile” o simplemente se está dejando querer. Lo cierto es que AQUILES llegó a la Secretaria General del Ayuntamiento de Tuxtla con CARLOS MORALES con bandera de honesto, así como también en la dependencia estatal hoy a su cargo; pero la duda mata y sospecha sorprende. Estaremos para saber la calificación que obtiene al final el “Hijo Pródigo de Jiquipilas”… Se acabó el mecate… Y ES TODO…
CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Martes 7 de Mayo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1629 DECESO
Eterno adiós al amigo “el matador”
MANIFESTACIÓN
Trabajadores del CONAFE protestan, exigen solución a demandas
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PREOCUPACIÓN
Activistas alertan a Bachelet: AMLO, sin política contra violadores de derechos humanos PAG. 3
ACCIONES
FGR investiga quiénes “incitan” a caravanas de migrantes PAG. 9
VIOLENCIA
Emboscan y asesinan a dos activistas en Guerrero; CNDH solicita medidas cautelares
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El delegado federal de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Vila Chávez, dio a conocer que se investiga quienes incitan a la caravana de migrantes, y que pronto habrán resultados específicos, pues hay implicados tanto mexicanos como extranjeros.
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“No aspiramos a ser moneditas de oro” dice López Obrador sobre marchas en su contra