CMAN
DOXA
EDITORIAL
El problema de la migración en Chiapas
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Los municipios fronterizos de Chiapas están sufriendo las consecuencias de la indefinición de políticas del Estado mexicano en el trato a los migrantes.
Los incendios en el territorio Chiapaneco alcanzaron un grado mayúsculo. Pero de todo desastre ambiental siempre suele haber beneficiados. Y éste se puede conocer cuando inicie el programa de reforestación. Pues el Estado tendrá que comprar a alguien millones de árboles.
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Lunes 22 de Abril de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1617
LLAMADO
DISCURSO
CNDH exhorta al INM a realizar conteo adecuado de migrantes albergados en estaciones de Chiapas La CNDH realizó un conteo preliminar en la que reveló que al menos mil 676 niños y adolescentes y 87 mujeres embarazadas se encuentran en centros del INM en Chiapas
Ante hechos ocurridos en Minatitlán, urge garantizar la seguridad pública: AMLO
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INFORME
Vive México trimestre muy violento
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Contra la Corrupción Podemos, un libro de Rodolfo Ramos Palacios
REPORTE
Conapred esquiva discriminación de género en el entorno virtual
HOY ESCRIBEN HOJAS LIBRES
Roberto Domínguez Cortés PAG. 15
LA COMEDIA DE LAS EQUIVOCACIONES
Guillermo J. R. Garduño Valero PAG. 14
CÓDIGO NUCÚ César Trujillo
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CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
EN LA MIRA
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Héctor Estrada
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ESCARNIO PÚBLICO SIN SANCIONES Ernesto Villanueva
PAG. 11
GOBERNAR AL AVENTÓN Denise Dresser PAG. 9
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Lunes 22 de Abril de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EDITORIAL El problema de la migración en Chiapas
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os municipios fronterizos de Chiapas están sufriendo las consecuencias de la indefinición de políticas del Estado mexicano en el trato a los migrantes. Desde el mes de octubre, con la primer caravana de migrantes hondureños, México tuvo pleno conocimiento del fenómeno migratorio y no previó las medidas de atención y apoyo humanitario que se requiere, y con ello ha venido incumpliendo con los compromisos internacionales firmados a través del Pacto Global de Migraciones, que establece como criterio central una migración segura, ordenada y regular. El Estado mexicano no posee datos exactos y desglosados de las caravanas de migrantes que permita definir políticas, aún y cuando las embajadas mexicanas en los países centroamericanos han estado proporcionando a la cancillería información al respecto, situación que ha vuelto inoperante la entrega de permisos de internación. Esta ausencia de políticas de atención al migrante está acompañada por el silencio del gobernador del Estado a esta problemática, que no ha elevado la voz para exigir al Estado mexicano el cumplimiento de los compromisos internacio-
nales. Este silencio de Rutilio Escandón sobre las consecuencias migratorias en la población de los municipios fronterizos ha generado un sentimiento de indefensión y con ello se ha multiplicado el malestar de los diferentes sectores de la sociedad fronteriza, que ante los problemas de inseguridad y de invasión de los espacios públicos municipales, ha estimulado los sentimientos xenofóbicos y de criminalización de los migrantes y en algunos espacios de las redes sociales se pueden leer comentarios que llaman a la violencia y agresión en contra de los migrantes. El silencio de Rutilio Escandón a esta problemática produjo el comunicado de la COPARMEX Costa de Chiapas, que tiene rasgos de discriminación y criminalización a los migrantes y en lugar de exigir la atención del Estado y el cumplimiento de la responsabilidad internacional del Estado, termina rechazando la migración. Estas declaraciones del sector empresarial, que se circunscribe a problemas reales de inseguridad y violencia en la región, deja de lado los beneficios económicos que genera la migración y pierde de vista que el cumplimiento de la responsabilidad del Estado implica recursos e inversión
en la localidad, con lo que fomenta el mismo discurso que tanto daño ha hecho a los connacionales en la frontera norteamericana, que alimenta la formación de organizaciones racistas tipo kukluxklán, que persigue, violenta y pone riesgo la vida de los migrantes. La ausencia del involucramiento del gobierno chiapaneco, termina fortaleciendo los discursos xenofóbicos en la población de la franja fronteriza y eso puede llegar a producir enfrentamientos hacia grupos que por su condición de vulnerabilidad ya perdieron todo, lo que los vuelve peligrosos, como ya se vio cuando enfrentan a la policía y a los agentes de la migración. En esta ausencia de políticas del Estado mexicano se descuidaron los matices que existen en la migración: Hay grupos de migrantes legales, como pueden ser los cubanos, indebidamente varados en Tapachula, que requieren de la autorización migratoria y que la ineficiencia y corrupción en el Instituto Nacional de Migración ha generado que muchos de ellos se queden hasta más de 90 días esperando un trámite que debiera de durar horas; Hay migrantes que tienen la categoría de refugiados, que nuevamente la ineficiencia y
la corrupción que hay en México pone en riesgo a este sector de población, que huyen del conflicto y la violencia generalizada en su país de origen, en el que muchos de ellos requieren del asilo político; y por último están los migrantes ilegales, que se internan a un país sin cubrir los requisitos legales. La COPARMEX y algunos otros personajes exigen la cancelación del Pacto Global de las Migraciones recientemente firmado por México. Esa petición no tiene sustento en virtud de que este instrumento lo que busca en una migración segura, ordenada y regulada, es decir, no fomenta la migración irregular que se torna caótica y peligrosa tal y como se está viviendo en los municipios fronterizos de Chiapas. Tapachula y toda la zona cafetalera del Soconusco, desde finales del siglo XIX ha necesitado de la mano de obra de los migrantes, por eso resulta contradictorio los comunicados como el de la COPARMEX, que debe de entenderse como un grito desesperado de la ausencia del Estado en Chiapas, que abandonó a la población ante un problema de migración, en el que existe claramente un problema de la responsabilidad internacional del Estado mexicano.
DIRECTOR GENERAL
José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL
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CNDH exhorta al INM a realizar conteo adecuado de migrantes albergados en estaciones de Chiapas De la redacción Ciudad de México (apro)
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a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hizo un exhorto al Instituto Nacional de Migración (INM) a realizar un censo de los migrantes que se encuentran albergados en Chiapas y están en situación de vulnerabilidad. La Comisión expuso que el INM no cuenta con un registro adecuado de los migrantes, en particular de los menores de edad. La CNDH realizó un conteo preliminar en la que reveló que al menos mil 676 niños y adolescentes y 87 mujeres embarazadas se encuentran en centros del INM en Chiapas. “Exhorta al INM a llevar a cabo un registro adecuado de personas migrantes menores de edad en recintos migratorios ante el riesgo que enfrentan de vulneración a sus derechos fundamentales”, urgió. “El no contar con un censo de grupos en situación de vulnerabilidad impide tomar en cuenta sus necesidades para la entrega de sus satisfactores básicos”. De igual forma, explicó que la estación Siglo 21 en Tapachula, Chiapas, no pudo determinar cuántos
Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
El Arzobispo de Tuxtla, Fabio Martínez Castilla lamentó que se estén dando brotes de violencia en contra de los grupos de migrantes que han ingresado a territorio nacional. Tal como ha ocurrido en algunos estados del Norte del país, concretamente en Tijuana, donde han perseguido y golpeado a los indocumentados a su paso por estas zonas, por ello destacó la importancia de tener al frente a funcionarios que tomen en serio el problema. En este escenario expuso que los funcionarios han provocado a la población para que tenga una mentalidad de rechazo hacia estos grupos, incluso en las redes sociales se han dado muestras de xenofobia, a pesar de que Chiapas se ha caracterizado por ser un pueblo solidario. Pese a ello la actitud es de hartazgo, algo que “por su puesto es compresible, ante la llegada de tantos indocumentados existe un panorama de hartazgo, ya que son números
La CNDH realizó un conteo preliminar en la que reveló que al menos mil 676 niños y adolescentes y 87 mujeres embarazadas se encuentran en centros del INM en Chiapas
menores se encuentran ahí. La Comisión advirtió que esa estación también tiene sobrepobla-
ción, ya que alberga a mil 709 personas y tiene capacidad sólo para 960, por lo que dará seguimiento a
las medidas cautelares ya emitidas por hacinamiento para evitar que esa situación se prolongue.
Autoridades deben controlar entrada de migrantes o se desatará la violencia: Obispo muy grandes, nunca antes vistos”. “Parece que las autoridades locales y del país todavía no dimensionan lo que está pasando, las autoridades buscan confrontar no resolver y eso se puede salir de control, eso es lo que no debe ocurrir. Lo que nos preocupa de los migrantes es que el gobierno no tiene leyes claras, al ingresar no saben cuáles son sus oportunidades, qué es lo que el gobierno les ofrece, no se trata únicamente de dejarlos entrar para regresarlos, se trata de ver quiénes pueden pasar, en qué condiciones. También se está olvidando a los migrantes locales que buscan mejores condiciones de vida, los que no tienen trabajo”, expuso. En este grave panorama llamó a las autoridades a realizar un trabajo eficiente en lo que respecta al trámite administrativo para que los migrantes puedan seguir su viaje. “No se puede abrir la puerta, de-
tenerlos y deportarlos, no tiene caso, por eso las leyes de México deben
ser claras respecto a la migración”, recalcó.
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Contra la Corrupción Podemos, un libro de Rodolfo Ramos Palacios De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
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randes sectores de la población en Chiapas enfrentan una pobreza extrema que lastima a todos y a nuestra economía, porque en 12 años no ha tenido crecimiento. Hemos vivido durante ese tiempo una situación de saqueo al patrimonio del estado por parte de algunos políticos ambiciosos y lo peor es que como ciudadanos lo hemos permitido, expuso el Doctor Rodolfo Ramos Palacios. Al comentar su más reciente obra, “Contra La Corrupción Podemos”, el también investigador Ramos Palacios aseguró que Chiapas no todo está perdido, pues en 12 años de estancamiento en Chiapas por gobernadores ambiciosos, y citó el caso más burdo de Juan Sabines Guerrero que nunca vivió en Chiapas, pero que se benefició durante su gobierno, pero con la alianza de los chiapanecos podemos salir al rescate del estado. Con esta acción, detalló Ramos Palacios, que proponemos en el libro busca de manera clara despertar el interés por una identidad de los chiapanecos. Sostuvo que los chiapanecos no tenemos identidad los chiapanecos, entonces necesitamos recuperar nuestra identidad que nos identifique por nuestros grandes problemas y la naturaleza de Chiapas y se trabaja en unidad, pues esos problemas tienen solución. El problema dijo, es que los últimos dos gobernadores se han presentado como seres superiores a los chiapanecos, como gente que tiene demasiado poder y ese egoísmo ha dado al traste con el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y con la economía y por la carencia de una identidad, creemos en esa superioridad como si fueran dioses que debiéramos hincarnos ante ellos para recibir sus favores. Esto desde luego son primitivismos que tenemos que terminar y salir a la vida normal para vivir con dignidad y
Con esta acción, detalló Ramos Palacios, que proponemos en el libro busca de manera clara despertar el interés por una identidad de los chiapanecos
esa condición significa también tener la humildad de aceptar que no hemos elegido a gobernadores que realmente sean chiapanecos, que hayan vivido en Chiapas, que conozcan sus problemas que nos conozcan a todos. No obstante hay esperanza a través de una alianza entre los chiapanecos para combatir la corrupción y para aprovechar nuestros recursos naturales, el chiapaneco es gente humilde, trabajadora y necesitamos esa voluntad política para que el gobernador, un chiapaneco, nacido en Carranza y que ha luchado mucho y entender que debe de estar de lado de los chiapanecos no del lado de los que le cedieron el poder. Ramos Palacios aseguró que están dadas las bases constitucionales, las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado y creo que debemos seguir adelante, va costar muchísimo poder convencer y poder asistir al gobierno con la participación ciudadana porque hay quienes se oponen a nuestro desarrollo, que también hay mucha ambición y mucha necesidad que están dentro y fuera del gobierno que quieren seguir aprovechando de los dineros públicos beneficio personal. Añadió, tenemos un presidente que dice estar comprometido con las causas del pueblo y con el sistema anticorrupción. No vemos a nadie en este momento que haya sido juzgado por esos delitos, no se habla de investigaciones, pero creo que ya se debe concretizar algunos
actos para poder regresar la confianza ciudadana las instituciones, señaló. Acerca de su libro Contra la Corrupción Podemos, Ramos Palacio aseguró que un sistema de vigilancia ciudadana como el que propongo en mi libro se basa en sentar bases en donde se tenga una participación de los ciudadanos, pero más allá de eso en el contexto de la filosofía del gobierno creo que la lucha de los chiapanecos esta por la igualdad y la justicia. Debemos participar, plantear en la vida académica y las universidades profundizar sus investigaciones que beneficien al estado y a su población tan abandonada por insensatos gobiernos, no solo deben de hablar de poesía u otros temas irrelevantes, sin dar cabida a los investigadores en esas instituciones, porque todas están avasalladas por el poder ejecutivo, por lo que es necesario tener interlocutores serios y razonables acorde a la vida del estado de Chiapas y creo que la lucha por la igualdad y la justicia reclama una gran alianza de los ciudadanos con el gobierno. Citó que en el libro hay un capítulo de la ética pública, donde creo que tienen que ver con las enseñanzas de un México transparente, que se encuentran en la educación primaria, en la educación secundaria y en la educación profesional, sin la educación no podemos tener igualdad, libertad, paz, ni fraternidad en el estado,
Creo que debemos leer bien el libro en donde planteo una alianza de los ciudadanos para que construyamos nuestro sistema de educación y reconstruyamos nuestro sistema de salud, que no está funcionando en Chiapas como los chiapanecos lo requerimos, agregó. Todo libro tiene como objetivo ilustrar temas actuales y vigentes, y ver lo que se oculta en la filosofía llegar a despertar la conciencia de que somos ciudadanos libres, iguales que necesitamos incrementar nuestra participación en la vida ciudadana, no en el servicio público, dijo. Finalmente expuso que la investigación del libro fueron tres años de investigación para conocer el porqué del deterioro de la vida, observando que la vida pública no incidía en el desarrollo del estado sino que la corrupción nos avasallaba en todas partes, desde la preparación de las elecciones, desde el abandono de la economía, de la legalidad. Señaló que el Sistema Local Anticorrupción el sistema que se encarga de la coordinación de actores que trabajarán con el fin de combatir la corrupción, dando vida al Consejo Ciudadano del sistema de rendición de cuentas y al conjunto de normas locales homologadas a nivel nacional, las cuales forman el paquete de disposiciones para la aplicación del proceso de fiscalización de los registros contables para detectar variaciones significativas en los cambios de situación patrimonial y fiscal de los funcionarios públicos, responsabilizar a los funcionarios públicos de la obligación de informar sobre el ejercicio del presupuesto autorizado en forma veraz, transparente, imparcial, objetivo y responder ante los ciudadanos de la calidad de los productos y servicios, y en su caso, sancionar a los servidores públicos por faltas cometidas en contra del patrimonio social.
Presenta ERA iniciativa en materia migratoria Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Migración, cuyo objetivo principal es que el flujo migratorio en nuestro país sea regularizado, ordenado y seguro. Esta propuesta, pretende el perfeccionamiento y las adecuaciones de los instrumentos migratorios que permitan establecer nuevos parámetros para la movilidad de las personas, provenientes de otros países, en nuestra frontera, destacó Eduardo Ramírez. Y es que las dinámicas migratorias
en México, ya son una característica cotidiana que se ha convertido en procesos de oportunidades, pero también de complejidades; por ello el aumento del flujo migratorio proveniente principalmente de países centroamericanos, ha llevado a la necesidad de hacer modificaciones a esta Ley. Eduardo Ramírez dijo que el flujo migratorio de Centroamérica, en su mayoría es para buscar el sueño americano, por las condiciones sociales que viven en sus países, por ello es necesario que los gobierno de aquellos
países asuman su responsabilidad de Gobierno y velen por el bienestar de su población. En este sentido, Ramírez Aguilar manifestó que con esta Ley se pretende proteger a la Frontera Sur, de tal manera que no quede vulnerable ante este fenómeno, pero al mismo tiempo, también establece seguir dando un trato humano a los migrantes, respetando sus derechos humanos. Finalmente Eduardo Ramírez aseguró que será la Secretaría de Gobernación, la que tendrá facultades
reglamentarias que permitan determinar los alcances y modalidades de emisión de los instrumentos para la movilidad regional fronteriza, esto en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Un infierno llamado Veracruz Noé Zavaleta Xalapa, Ver. (proceso.com.mx)
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n 130 días del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez han ocurrido más de 600 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado. Un promedio de 4.6 privaciones de la vida por día. La mayoría de los asesinatos han sido atribuidos a la guerra entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) con sus rivales de Zetas Vieja Escuela, Sangre Nueva Grupo Zeta, Grupo Sombra y una nueva organización surgida en la capital del estado, autodenominada Cártel del Siglo. Aunado a ello, el asesinato del activista y acompañante de colectivos de desaparecidos, Abiram Hernández ocurrida el 30 de marzo en el interior de su domicilio en la capital del estado, vino a recrudecer las protestas de la sociedad civil. El miércoles 10, durante la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) de la Universidad Veracruzana, medio centenar de estudiantes de Sociología y amigos de Abiram colgaron lonas en el recinto ferial con la leyenda: “Alto a la violencia. Estado fascista, que matas activistas”. En dos semanas, tanto la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como la FGE a cargo del abogado panista Jorge Winckler han guardado silencio sobre el asesinato de Hernández, de quien solo se sabe fue privado de la vida con un “objeto contundente”, sin herida de bala, ni antecedentes de amenazas de por medio. Algunos periódicos locales compararon el asesinato de Abiram Hernández con el homicidio de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, ocurrido el 28 de abril del 2012 en Xalapa, crimen que ocurrió hace casi 7 años –durante el sexenio del priista, Javier Duarte- y continua impune. Tan solo en la estadística delincuencial del 1 al 7 de abril, en Veracruz hubo 43 privaciones de la vida, siete secuestros, 112 robos de vehículos, 142 robos a comercio, entre otros delitos.
“Nos vamos a morir muchos” En enero del 2019, con apenas mes y medio en el cargo, el gobernador, Cuitláhuac García utilizó los foros de la Guardia Nacional para sincerarse con diputados federales, senadores y con representantes del Gobierno Federal para admitir que la situación de violencia y el crimen organizado rebasaban las capacidades del estado que gobernará hasta diciembre del 2024. “La realidad es que somos zona de trasiego de droga y no tenemos
La mayoría de los asesinatos han sido atribuidos a la guerra entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) con sus rivales de Zetas Vieja Escuela, Sangre Nueva Grupo Zeta, Grupo Sombra y una nueva organización surgida en la capital del estado, autodenominada Cártel del Siglo
capacidad operativa para combatir al narcotráfico”, admitió en las audiencias públicas realizadas en San Lázaro. García Jiménez desglosó que en Veracruz hay “operando” seis cárteles del narcotráfico. Aunque no los menciono por su nombre, se refería al Cártel de Jalisco Nueva Generación –que abarca el 70 por ciento del territorio veracruzano compuesto por 212 municipios-, los Zetas –que tienen su bastión en el sur de la entidad-, Sangre Nueva Grupo Zeta (comandando por Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bukanas) cuya zona de influencia abarca la región montañosa de Veracruz y algunos municipios de Puebla, Grupo Sombra –órgano delincuencial escisión del Cártel del Golfo- que tiene presencia en la Huasteca al norte de la entidad, Cártel del Noreste con pequeñas células en el norte de la entidad y el recientemente autonombrado Cártel del Siglo que opera en Xalapa y municipios conurbados. “No tenemos esa capacidad, por eso recurrimos a quienes si tienen la capacidad de combatir, disuadir e inhibir a esos grupos delictivos, Veracruz, como estado (sic), está en el paso de la droga, operan seis cárteles, todos con un poderío que superan a la policía”, declaró el gobernador. Y lo demostraron. A mediados de marzo pasado, cuando durante cuatro días el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) dio un “coletazo violento” al quemar vehículos y tráileres en la carretera Córdoba-Veracruz-, en la Cuenca del Papaloapan y en la región de Los Tuxtlas. Los actos vandálicos y que sembraron terror en la población, obedecieron –según explicó el CJNG en diversas narcomantas dejadas
en varias ciudades- a la supuesta ejecución extrajudicial de tres de sus miembros en Misantla y el decomiso de dos de sus propiedades en Veracruz. Una de ellas, el rancho y campamento “La Chincheta” ubicada en el municipio de Tierra Blanca. El operativo –con selfies y sesión de fotos incluidas- estuvo encabezado por el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez, y el director general de la Fuerza Civil (FC), Jorge Luis Pescador Tirado. El golpe de autoridad del gobierno morenista fue tomado como afrenta por la organización delincuencial quien procedió a atacar las comandancias policíacas de Tierra Blanca y de Jaltipán. En las mantas que colocó en puntos céntricos del puerto de Veracruz y Boca del Río –entre otros puntos- el mensaje de la organización delincuencial fue elocuente: “Pónganse bien vergas, porque nos vamos a morir muchos”. En su extenso mensaje, distribuido en lonas, el CJNG acusa a la Secretaría de Seguridad Pública de haberles “matado de forma cobarde” a tres de sus integrantes quienes -según la organización delictiva- se habrían entregado a las fuerzas policiacas en el municipio de Misantla en el transcurso de la semana. Para este reportaje sobre la violencia en Veracruz y el flagelo de la delincuencia organizada se buscó en cinco ocasiones al titular de la SSP, Gutiérrez Maldonado a través de su vocero, Fernando Javier Contreras –exfuncionario de la Comisión Nacional Forestal- sin embargo, durante tres semanas, este prometía “agendarla la semana entrante”. Al cierre de esta edición, ya ni siquiera contestaba el teléfono. En el caso de Winckler Ortiz, este agarró de tradición tener rueda de prensa los lunes con reporteros
en sus oficinas, en donde solo responde cuestionamientos a modo, o que le sirvan para “golpetear políticamente” la imagen del gobierno morenista. En varias ocasiones ha evadido los cuestionamientos de Proceso y en el mejor de los casos pide al reportero solicitar la información vía transparencia. “Las cárceles están llenas de jóvenes”: López Obrador En su visita a Veracruz realizada el pasado 29 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la violencia en la entidad y en el país se “desató” por la “desintegraron las familias”. “Los jóvenes se fueron criando sin tutela. Vamos a atender las causas que originaron la violencia”, dijo en Tuxpán. Un día antes, en Poza Rica, López Obrador lamentó que las cárceles del país “estén llenas de jóvenes”. Para combatir la violencia y el reclutamiento de jóvenes en el sicariato, López Obrador comprometió la entrega de becas de capacitación para jóvenes sin empleo de 3 mil 500 mensuales, pero también las becas para estudiantes de universidad y preparatoria. En esa misma tesitura, el gobernador, Cuitláhuac García se “congratuló” que las becas Benito Juárez van a alejar a los jóvenes de “la inseguridad” –dijo- y a “mantenerlos cerca de las aulas”. Para el “blindaje” de Veracruz y la contención de la delincuencia organizada y las bandas del fueron común, la Federación estaría por enviar tres mil elementos para cuidar puntos estratégicos del norte y sur de la entidad, confió Hugo Gutiérrez a secretarios de despacho y a dirigentes de cámaras empresariales: “Él está consciente de lo que pasa en el estado, de tropa nos va a mandar a tres mil elementos. Amlo quiere mucho a Veracruz”, dijo.
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Pedro Matías Oaxaca, Oax. (Cimacnoticias/pagina3.mx)
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as guardianas de los saberes de las mujeres y de la naturaleza, de los ciclos de la luna y la tierra, de lo sagrado del embarazo, el parto y la cuarentena, de la sexualidad y el cuidado del cuerpo, de las ancestras que siempre guían con su espíritu, piden que se reconozca su labor de parteras y se les dé validez en los sistemas comunitarios de salud donde con autonomía puedan recibir a los suyos dentro de su cultura y con seguridad, así como defender el Derecho Humano a la identidad de los bebés que reciben o que nacen fuera del sistema de salud y por lo tanto a su acceso total al certificado de nacimiento. En un pronunciamiento emitido por las parteras tradicionales provenientes de la Sierra Norte, Mixteca, Sierra Mixe, Valles Centrales, Istmo y Costa, piden garantizar que los avisos de alumbramiento expedidos por las parteras sean suficientes para que las familias tramiten el certificado evitando que las mujeres que paren en casa se vean forzadas a ir a los Centros de Salud a hacer el trámite, pues consideran que el tema de los Certificados de Nacimiento es uno de los principales obstáculos para la atención de parto por parteras. En el encuentro de parteras “Fortaleciendo Nuestro Camino” que se realizó en esta capital demandaron “parar la expropiación de conocimientos y la exigencia de encasillar en modelos académicos institucionales saberes ancestrales basados en la espiritualidad y ritualidad”. Pidieron “suspender inmediatamente los condicionamientos y presiones, por medio de los programas sociales hacia las mujeres que quieren atenderse con una partera; no tratarnos como subordinadas y parar la presión para entregar informes a la Secretaría
De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Consami) atenderá las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para fijar el salario mínimo que deben percibir las trabajadoras del hogar. Para ello la Comisión ha convocado el próximo 25 de abril a sindicatos y organizaciones civiles a un foro consultivo en el que se analizarán cuatro propuestas para asegurar un salario mínimo que cubra las necesidades económicas de las trabajadoras del hogar y la capacidad de pago de las personas empleadoras. La primera propuesta de la Conasami, explica en un comunicado, es que el salario mínimo de las trabajadoras del hogar sea mayor al mínimo general y tengan como referencia el salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte, por lo tanto, estaría en un rango de 102.68 a 176.72 pesos. El segundo escenario es que el salario mínimo profesional de las trabajadoras del hogar sea al menos la mitad
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Parteras luchan por su reconocimiento en sistemas de salud
de Salud sobre nuestra labor”. Pidieron garantizar “el derecho de las mujeres a parir en su hogar porque trabajar en el espacio hospitalario desarraiga y desvirtúa nuestra labor”. También exigieron “se elimine el proceso de certificación y capacitación basado en el modelo médico institucional y se modifiquen las leyes para el reconocimiento de las parteras tradicionales”. Así mismo “se diseñe una estrategia nacional para proteger, fortalecer y revitalizar a la partería tradicional y en la tradición como un derecho cultural establecido en el artículo segundo constitucional; y se generen las condiciones para su existencia legal, práctica, abierta y autónoma”. Finalmente, pidieron que a nivel legal y normativo se retomen las recomendaciones específicas 22 y 24 del documento del 17º periodo de sesiones del Foro Permanente de la ONU sobre las Cuestiones Indígenas y la legitimación
de las parteras indígenas; se aplique el artículo 7 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales; y se modifiquen los artículos 64 y 64 bis de la Ley general de salud que impone un sistema de capacitación medicalizado. Además de que se eliminen los artículos 102 y 103 del reglamento de la Ley en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; se modifiquen la NOM 007 sobre la atención del parto y la NOM 035 sobre los certificados de nacimiento; se incluya la Violencia Obstétrica en las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Oaxaca y Federal; se reconozca que negar el acceso de las mujeres al servicio de las parteras es una forma de violencia obstétrica y de violación a los derechos humanos y se aplique plenamente la Ley de Medicina Tradicional del Estado de Oaxaca de 2001. Mientras que a las comunidades les solicitaron “reconocer el lugar de la partera como autoridad ancestral
en nuestros propios sistemas de salud comunitarios; y que las autoridades locales respalden y faciliten el acceso de los certificados de nacimiento a los bebés nacidos con partera. Las parteras hicieron hincapié que “nuestra labor se relaciona con dos derechos fundamentales: el derecho humano de las mujeres a elegir dónde y con quién parir y el derecho cultural de cada grupo humano a elegir la forma de recibir a sus nuevos integrantes. Destacaron que “buscamos recuperar y fortalecer nuestra autonomía como parteras y ayudar a las mujeres a recuperar la autonomía sobre su cuerpo y su salud (porque) nos debemos a nuestra comunidad y a la defensa de la autodeterminación de los pueblos, nuestra lucha por la permanencia y continuidad de la partería es parte de una lucha más amplia por las aguas, los bosques, las montañas, los territorios y por el cuidado de la vida toda”. Lamentaron que el parto y nacimiento, pasó de ser entendido como un momento saludable regido por la naturaleza a ser visto y tratado como una enfermedad con la creencia de que tenía que ser controlada por el sistema médico y “la desaparición intencionada de la partería forma parte del despojo de la naturaleza y de los territorios; entonces, las mujeres empezaron a ser acostadas para parir y las parteras tradicionales a ser perseguidas”.
Conasami convoca a foro para fijar salario mínimo de trabajadoras del hogar del salario mínimo promedio, el cual se ubica en 373.60 pesos. Por ende, sería de entre 176.72 y 186.8 pesos. O bien, dado que la mediana del salario por hora de las trabajadoras del hogar es igual a 25 pesos -según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018- la tercera propuesta un pago de 200 pesos por una jornada laboral completa. La última propuesta que plantea la Conasami es que el salario mínimo de las trabajadoras del hogar sea entre 200 y 300 pesos respondiendo a las propuestas de diversos sindicatos y organizaciones civiles. En la reforma laboral de 2012 se estableció como responsable de fijar el salario mínimo de esta ocupación a la Conasami, sin embargo no la había realizado hasta esta nueva administración. Las remuneraciones a las trabajadoras del hogar tienden a estar entre las
más bajas del mercado laboral, en parte, se debe a la falta de reconocimiento del trabajo doméstico. De acuerdo con la Conasami entre 2005 y 2018 en promedio 32 por ciento de las trabajadoras del hogar en México percibieron menos de un salario mínimo. Además, indica la Comisión, de las 879 mil 897 trabajadoras del hogar que actualmente ganan menos de un salario mínimo, la mayoría tienen al menos un hijo, siendo el promedio 2.5 hijos por trabajadora. En contraste un reciente estudio de la OIT con el Nacional Monte de Piedad señala que quienes contratan servicios domésticos en el país tienen un ingreso corriente total del hogar en promedio de 39 mil 789 pesos mensuales. Es por ello que la OIT en su Convenio 189 (el cual obliga a los Estados que lo firman a generar condiciones dignas de trabajo para las empleadas
del hogar) indica que el establecimiento de un salario mínimo es una forma de reconocimiento de la contribución económica y social de las personas trabajadoras del hogar. Este salario, indica la OIT, debe tener en cuenta el tiempo de trabajo de las empleadas del hogar, el predominio de las modalidades de trabajo, de planta o de entrada por salida. También se deben poner límites a los pagos en especie que en México se consideran excesivos, la Ley Federal del Trabajo permite hasta 50 por ciento el pago en especie (alimento y alojamiento).
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Lunes 22 de Abril de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Entre descalificaciones a la prensa, AMLO lanza sus lineamientos publicitarios Rodrigo Vera Ciudad de México (proceso)
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n medio de una confrontación con algunos medios de comunicación y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado miércoles 17 los lineamientos de su política de comunicación social, a partir de los cuales –prometió– se dejarán de utilizar los recursos públicos para “premiar o castigar” a los medios. En su conferencia de prensa de ese día, el presidente de la República anunció: “Vamos a que haya equidad. Que se distribuya este gasto, esta inversión, de manera horizontal, que no se concentre; que alcance a todos y que actuemos en función de criterios transparentes”. Y prometió “no utilizar los recursos públicos para premiar o castigar a ningún medio, que no sea un mecanismo de coerción, de castigo. Al final de cuentas, nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo”. Señaló también que el presupuesto destinado a la publicidad gubernamental se reducirá en 50% respecto al aprobado para 2018. Cinco días antes de este anuncio, el viernes 12, en su conferencia matutina, el mandatario sostuvo una polémica con el periodista de Univisión Jorge Ramos, quien entre otros temas lo confrontó por su actitud hacia los medios, concretamente por haber pedido al diario Reforma que revelara quién le filtró el borrador de la carta privada en la que el propio López Obrador solicita al rey de España que se disculpe por los abusos cometidos durante la Conquista. Ramos le dijo que desacredita a los periodistas al pedirles que revelen sus fuentes. “No ayuda que usted desacredite a los periodistas. Eso es un ataque a la libertad de prensa”, le dijo. López Obrador le respondió que su administración respetará la libertad de expresión. Pero arremetió contra Reforma, tachándolo de ser un periódico “conservador” y aliado en un tiempo al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Dijo el tabasqueño: “En cuanto al Reforma, yo creo que garantizando la libertad de expresión y no como hacía antes, que protegía a Salinas y a todos. Incluso tengo pruebas que ayudó a legitimar el fraude electoral de 2006. Y apoyó mi desafuero porque es un periódico conservador.
En su conferencia de prensa de ese día, el presidente de la República anunció: “Vamos a que haya equidad. Que se distribuya este gasto, esta inversión, de manera horizontal, que no se concentre; que alcance a todos y que actuemos en función de criterios transparentes”
Pero nunca se les va a atentar su libertad”. Tres días después, el lunes 15, otra vez en su conferencia matutina, el mandatario recordó su discusión con Ramos: “El otro día vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No. Yo, con todo respeto, discrepo. Creo que ustedes no sólo son buenos periodistas; son prudentes porque aquí lo están viendo, y si ustedes se pasan, pues ya saben lo que sucede”. Indicó que no sería él, sino los ciudadanos, quienes censurarían su trabajo periodístico. “Pero no soy yo, sino la gente”, advirtió.
Polémicas declaraciones Las afirmaciones del presidente López Obrador motivaron protestas de periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Reporteros Sin Fronteras, que señaló: “En uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo como México, cualquier expresión que descalifique la labor de los periodistas puede agudizar las agresiones y la censura”. Por cierto, esta organización internacional ha venido alertando sobre el peligro de ejercer el periodismo en México, donde existe 99% de impunidad en las muertes y ataques a comunicadores. También Artículo 19 criticó los dichos del mandatario a través del encargado de su Programa de Defensa de Periodistas, Sebastián Salamanca, quien declaró: “El mensaje que está dando el presidente es una autorización y una instigación para realizar
cualquier ataque u hostigamiento contra los periodistas”. El mismo Jorge Ramos pidió a sus colegas mexicanos ser “imprudentes y desobedientes con el poder”, porque a “nosotros nos corresponde ser contrapoder y hacer preguntas difíciles”. Pero eso, puntualizó, “no lo parece tener muy claro el presidente mexicano”. “Sería gravísimo que México resucitara algunas de las prácticas de la época –de 1929 a 2000– en que los presidentes dictaban qué publicar y qué no. Y la única manera de evitarlo es siendo imprudentes y desobedientes con el poder.” Así, en este contexto de confrontación, López Obrador dio a conocer los “lineamientos” de su política de comunicación, contenidos en un “acuerdo” de 21 artículos publicado en el Diario Oficial de la Federación el mismo miércoles 17. Ahí se estipula que la estrategia de comunicación social “deberá estar alineada con los tres principios básicos del actual gobierno: austeridad, honestidad y combate a la corrupción”. Igualmente señala que la Presidencia de la República, a través de su Coordinación General de Comunicación Social, validará las “estrategias y campañas” de las dependencias federales, mientras que la Secretaría de Gobernación se encargará “de regular el gasto en materia de Comunicación Social”. Y este gasto en publicidad institucional –prosigue– no debe rebasar “en ningún ejercicio fiscal el 0.1% del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el Poder Legislativo”. El artículo 7 señala: “Queda pro-
hibido para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal hacer uso de propaganda gubernamental cuando tenga como fin: “Presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a los comunicadores o a los medios de comunicación; “Realizar erogaciones por concepto de notas, entrevistas o imágenes con fines periodísticos; “Otorgar recursos públicos encubiertos que beneficien, directa o indirectamente, a los medios de comunicación; “Recibir algún pago, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás relativos a las actividades de comunicación social, salvo lo previsto en la Ley General de Comunicación Social, y difundir publicidad con contenidos y demás fines prohibidos por las disposiciones jurídicas aplicables.”
Las acotaciones Para evitar la enorme concentración de recursos destinados a unos pocos medios, el artículo 12 estipula: “Queda prohibido que un medio de comunicación concentre un porcentaje mayor al 25% de la totalidad de la pauta publicitaria que se encuentre en una campaña particular a cargo de una dependencia o entidad de la administración pública federal, salvo que se trate de la producción de los materiales a divulgar o, en su caso, se justifique la imposibilidad de distribuir esa pauta en atención al objetivo previsto en la campaña específica”. Y con objeto de transparentar los recursos destinados a los medios, señala el artículo 20: “Las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán publicar en sus portales de Transparencia la información relativa al gasto de campañas de comunicación social, misma que deberá contemplar la información por campaña, proveedor, tipo de medio o servicio, contrato, factura, entidad o dependencia y estar disponible en formatos abiertos para su utilización, conforme a las disposiciones en materia de datos abiertos aplicables al gobierno federal”.
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Lunes 22 de Abril de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Noé Zavaleta Alvarado, Ver. (proceso.com.mx)
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l presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador admitió en gira por Veracruz que “urge” garantizar la seguridad pública en el pais y afirmó que con la Guardia Nacional se va a “serenar” a la nación. Durante la jura de cadetes de la Heroica Escuela Naval-Militar, ubicada en la zona costera de Antón Lizardo en Alvarado, Veracruz, López Obrador soslayó que con 230 mil elementos del Ejército y 70 mil elementos de la Secretaría de Marina, más el apoyo de la Policía Federal, los ciudadanos van a estar protegidos. El ejecutivo federal tuvo que dedicar unos segundos de su discurso para referirse a la multiejecucion de 14 personas en un salón de fiestas en Minatitlán, al sur de Veracruz. “Con la Guardia Nacional vamos a serenar al país, duele mucho enterarse, enterarse de los asesinatos de Minatitlán, todo esto que se heredó de la aplicación de una política económica antipopular y entreguista, pero con la guardia vamos a cubrir todo el territorio, los ciudadanos van a estar protegidos… Nos dejaron un cochinero”, dijo. Un par de horas antes, esquivó este mismo tema con reporteros veracruza-
Ante hechos ocurridos en Minatitlán, urge garantizar la seguridad pública: AMLO
nos que lo esperaban en el aeropuerto, Heriberto Jara Corona. Ante la lluvia de cuestionamientos, López Obrador optó por el silencio. En una gira de dos días por territorio veracruzano, Andrés Manuel López expuso que en las dos instituciones “más acreditadas” del país, como son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) descansarán los trabajos de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad interior.
“Va a haber justicia , me canso ganso”, expuso en la explanada principal de la Heroica Escuela Naval Antón Lizardo. Ante las críticas de inseguridad en Veracruz, López Obrador mostró su respaldo total a Cuitláhuac García. “Hay un gobernador honesto, ya no es como antes… en Cuitláhuac tenemos a un hombre honrado, inteligente y que va a hacer las cosas bien”, expuso. En la entrega de espadines a cadetes de excelencia y buena conducta, los graduados de la Heroica Escuela
Naval realizaron la jura de bandera correspondiente, una salva de fusilería y un desfile por el inmueble principal ya envestidos como oficiales de la Armada de Mexico. Maria Hernandez, cadete graduada habló a nombre de sus compañeros, explicó que jurar bandera significa “garantizar” que velarán por la paz y la seguridad de los ciudadanos. En el acto protocolario también se entregaron insignia de grado inmediato superior a 17 integrantes de la Semar, varios de ellos, ya en el retiro. Mañana, López Obrador ofrecerá su tradicional rueda de prensa en el Museo Naval, su arribo a esta ciudad coincide con la celebración municipal de los 500 años del Puerto de Veracruz, celebración que el mismo ejecutivo federal desdeñó, pues antepuso exigir a España y a la Iglesia Católica una disculpa pública por las atrocidades cometidas en la conquista.
Elba Esther Gordillo logra otra victoria: la FGR le devuelve bienes confiscados en 2013 Mathieu Tourliere Ciudad de México (proceso.com.mx)
En pleno ascenso después de pasar cinco años en la cárcel, Elba Esther Gordillo, la exdirigente histórica del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) obtuvo otra victoria: la Fiscalía General de la República (FGR) le devolvió los bienes que le había confiscado en 2013, en el marco de la investigación que llevaba en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. De acuerdo con la versión pública de la sentencia del juicio de amparo 858/2018, consultada por Proceso, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) tomó decisión de “levantar los aseguramientos precautorios” sobre los bienes confiscados a Gordillo en plena transición entre las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Según el acta jurídica, “se advierte que la agente del Ministerio Público responsable, por acuerdos de 30 de noviembre y 3 de diciembre, todos de 2018 (…) determinó levantar los aseguramientos precautorios (…) los cuales fueron realizados sobre los bienes antes precisados. El 30 de noviembre, la PGR estaba bajo el control de Arturo Elías Beltrán; el 3 de diciembre, ya tenía como titular a Alejandro Gertz Manero, el fiscal general actual. De acuerdo con el acta de la senten-
cia, la FGR restituyó a la líderesa sus siete cuentas bancarias congeladas – cuatro en BBVA Bancomer, dos en Banamex y una en Santander–, así como tres inmuebles: uno ubicado en calle Galileo número 7, en Polanco, otro en el lote 29 del predio Prados de la Montaña del desarrollo inmobiliario Bosques de Santa Fé, en Cuajimlpa, y el tercero en General Riquelme 42, en la alcaldía Gustavo A. Madero–. Las autoridades también le devolvieron un Chrystler Desoto modelo de 1936, un Jeep Grand Limite de 2005 y un Ford Mustang modelo 1981, así como libros y sus colecciones de obras de arte. Según el abogado de Gordillo, citado hoy en el periódico Reforma, “actualmente no existe ningún asunto activo en contra de la maestra ni posibilidad del ejercicio de la acción penal, razón por la cual se trata de un asunto totalmente concluido y, por tanto, la maestra ya no enfrenta ninguna acusación penal”. En agosto pasado, Gordillo fue absuelta de los delitos que le imputaba la entonces PGR durante el sexenio de Peña Nieto, y recuperó su libertad, después de más de cinco años en la cárcel. Desde su liberación, la “Maestra” multiplica las apariciones en público , y el pasado 7 de abril anunció que buscará recuperar la presidencia del SNTE. Consulta aquí el acta jurídica del caso: 0763000023625574018AST(1)
Vive México trimestre muy violento De la redacción Ciudad de México (apro)
La violencia en el país está desatada en lo que va del año. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre del año fue el más violento con un incremento del 9.7% en las averiguaciones previas respecto al mismo periodo de 2018. Durante el primer trimestre de 2018, se contabilizaron 6 mil 598 carpetas de investigación mientras que para los tres meses iniciales de 2019 las indagatorias por homicidios dolosos aumentaron a 7 mil 242 casos. La implementación de la Guardia
Nacional y el despliegue de operativos militares para contener la violencia en algunos estados, no pudo reducir la escalada de homicidios en el país, ya que durante marzo se contabilizaron 2 mil 410 homicidios dolosos, 1.39% más que febrero donde se registraron 2 mil 377 carpetas. Baja California, Chihuahua, la Ciudad de México, Guanajuato, Edomex, SLP, Sonora, Veracruz y Morelos reportaron alzas de homicidio doloso en marzo. Apenas en Veracruz un comando atacó una fiesta en Minatitlán con saldo de 14 muertos, mientras que Morelos registra ocho ataques a bares con saldo de más de 20 personas asesinadas.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
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Conapred esquiva discriminación de género en el entorno virtual Emilio Godoy Ciudad de México (proceso.com.mx)
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pesar de la virulencia que pulula por las redes sociales, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) apenas ha efectuado una docena de investigaciones sobre ese tipo de conductas entre 2013 y 2018. Datos obtenidos vía transparencia por el reportero indican que la Dirección General Adjunta de Quejas de esa dependencia abrió un expediente por quejas atribuidas a personas particulares en 2013, tres en 2014, ninguna en 2015, cinco al año siguiente, ninguna en 2017 y tres el año pasado. Además, procedió con una investigación en 2015 por reclamaciones imputadas a funcionarios públicos. Al respecto, dos se encuentran en trámite, por lo cual Conapred no entregó información de su conclusión por estar en proceso. Dos de las 13 quejas recibidas se refieren a casos ocurridos en Twitter por discriminación por género, cometido por la revista Chilango, y por condición de salud, incurrido por la Secretaría de Salud. En el primer caso, el organismo concluyó en que se trató de un caso de discriminación –el único que derivó en ese señalamiento–, pero no aclaró el destino de esa conclusión. Mientras, Facebook fue la plataforma citada en 11 expedientes y YouTube, propiedad de Google, la restante. Del total de casos, cerró seis durante el trámite de procedimiento y en otros dos decidió que no se trataron de actos de discriminación. En otro más, no pudo identificar la persona a la que se atribuyó la conducta discriminatoria y en otro más dio orientación jurídica a la agraviada. La Dirección General Adjunta de Quejas “no cuenta con información referente a si se interpuso o no una denuncia ante el Ministerio Público de las 13 quejas calificadas como presuntos actos de discriminación relacionados con redes sociales”. Conapred no monitorea las redes sociales, muestra de la debilidad institucional para supervisar ese espacio virtual, cuando el movimiento #MeTooMx, que ha desembocado en el surgimiento de 10 cuentas digitales para denunciar violencia de género en medios, universidades, escuelas preparatorias, círculos de escritores, artistas, músicos y agencias de publicidad, ha irrumpido en la conversación virtual y ha sufrido agresiones. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003 considera que los actos de discriminación buscan “obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades” y entre los cuales menciona como mo-
Además, procedió con una investigación en 2015 por reclamaciones imputadas a funcionarios públicos
tivo el sexo, el género, las opiniones y las preferencias sexuales. Entre sus manifestaciones incluye a la homofobia y la misoginia. Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de 2007 abarca “otras formas análogas” a las violencias psicológica, física, patrimonial, económica y sexual que “lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”. Empero, ninguno de esos marcos legales aluden al comportamiento online.
Entorno violento Organizaciones de defensa de derechos de las mujeres y digitales coinciden en que la violencia física ha saltado a las esferas virtuales y regresa al entorno material, para retroalimentar ese ciclo de irrespeto a derechos, en uno de los países con peores estadísticas de feminicidios y otras agresiones de género. La experta en derechos de las mujeres Patricia Olamendi atribuye ese estado de cosas a un Estado omiso que no comprende la violencia de género. “Se ha minimizado a Conapred y se ha enfocado en los casos entre privados. Si no puede atender los casos entre particulares, menos lo hará en el sector público. Es muy importante que el Estado asuma su responsabilidad. El Estado tiene muchas posibilidades de investigar esa violencia”, señala la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos durante el gobierno del panista Vicente Fox a apro. El informe de 2017 La violencia en línea contra las mujeres en México, coordinado por Luchadoras y con la participación de 11 organizaciones de derechos humanos, concluye en que el patrón de violencia sistemática se trasladó a internet y al uso de las tecnologías. “Al mismo tiempo que incrementa el uso que le damos al internet en nuestras vidas, se amplían y extienden las formas de violencia en línea contra las mujeres, sin que ello implique que se
reconozca que este tipo de violencia es real y tiene impactos en nuestros cuerpos y vidas”, cita el reporte, entregado a la relatora especial sobre Violencia contra las Mujeres de Naciones Unidas, la croata Dubrawka Simonovic. La denuncia en redes desata una ola de violencia en línea, expulsión y derribo de espacios de expresión; campañas de ataques organizados; extorsión bajo amenaza de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento; espionaje de Estado y campañas de desprestigio fueron las tendencias que las organizaciones identificaron y que se repiten en contra del movimiento #MeTooMx. Desde 2015, después de momentos que han resultado críticos para la denuncia de agresiones, como violencia sexual, se registraron ataques organizados contra páginas de Facebook o sitios web de activistas, colectivas y medios de comunicación feminista que pusieron fuera de línea sus contenidos temporal o permanentemente, limitando así su libertad de expresión y alejándolas de la tecnología. “Tanto en Facebook como en Twitter se han identificado grupos de cuentas que se organizan para agredir de manera coordinada a una defensora, activista o periodista que hace uso de las redes sociales para visibilizar algún tema o dar su punto de vista sobre algo. Este ciclo de agresiones es difícil de detener, pues las cuentas que llegan a ser suspendidas, vuelven a aparecer con otro nombre”, señala el documento. Ese punto ilustra la inviabilidad de la política de redes como Twitter y Facebook de detectar cuentas agresoras y su cierre, pues éstas reaparecen bajo otra identidad, como hongos después de un chaparrón. El tercer Módulo sobre Ciberacoso 2017, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía levantó entre mayo y julio de ese año para medir la prevalencia del acoso mediante algún dispositivo electrónico conectado a internet, indica que casi uno de cada cinco usuarios de la red entre 12 y 59 años de edad ha sufrido hostigamiento cibernético, en su mayoría mujeres.
La recepción de mensajes ofensivos, el contacto mediante identidades falsas y las llamadas agresivas fueron las formas más frecuentes de acoso, según la dependencia. Casi 31 por ciento de las mujeres fueron blanco de insinuaciones o propuestas sexuales, mientras son 13 por ciento de los hombres reconoció ese tipo de importunaciones. Además, casi una cuarta parte de la muestra femenina contestó que recibió fotos o videos de índole sexual, en comparación con 14.7 por ciento de la población masculina. Para Rosalinda Pimentel, integrante del Frente Nacional por la Sororidad, preocupa que Conapred no vigile adecuadamente el medio digital. “Las expresiones de violencia caen dentro de la discriminación, entonces no sabemos qué necesita Conapred para actuar”, cuestiona Pimentel ante apro. La Red ha interpuesto 250 denuncias de violencia digital desde 2016 en el ramo civil, aunque con resultados magros. Para prevenir y perseguir esos delitos, ha logrado la aprobación de leyes contra la violencia digital en Chiapas, Puebla y Zacatecas. El informe de Luchadoras denuncia que ante estos tipos de violencia han existido pocas respuestas, “algunas de ellas ponen el dedo en las víctimas y no en los agresores, responsabilizándolas de las formas de agresión; otras pretender llevar la respuesta al ámbito penal y legislativo, sin que se haya analizado si esa es la ruta más adecuada, al mismo tiempo que las plataformas e intermediarios se han quedado limitados o al margen de las estrategias que puedan desarrollarse”. A su término, el Foro #MeTooMx, escenificado el 11 de abril y al que asistieron feministas, académicas, artistas, periodistas y expertas en derechos humanos, puso de plazo, en su declaratoria final, el 6 de mayo a organismos públicos de derechos humanos y a entes federales y estatales, entre ellos el Conapred, para que informen sobre las medidas a adoptar en su ámbito ante la violencia de género. “La discriminación está tipificada. Si se incurre en ella en redes sociales, se comete un delito y la Policía Cibernética debe investigarlo”, plantea Olamendi, quien fue experta de México ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de la Organización de los Estados Americanos. Para Pimentel, se requiere de homologación legal federal y estatal para tipificar la violencia digital en los códigos penales, para que las distintas dependencias puedan actuar.
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
GOBERNAR AL AVENTÓN Denise Dresser
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n elefante reumático. Así describe AMLO al Estado. Pesado, aletargado, difícil de empujar, difícil de mover. Ese Estado con sus mañas y sus modos, sus costumbres y sus constantes. Ese Estado obeso al que el nuevo gobierno quiere adelgazar. Transformar al mamut en gacela, obligar al mamífero lento a moverse a pasos más veloces. Eso explica la velocidad con que el gobierno anuncia medidas y las implementa. La prisa por cambiar, la prisa por enmendar. El problema es que el objetivo loable está produciendo resultados que distan de serlo. Hay buenas intenciones y malos métodos. Hay política pública que no está basada en los datos o la evidencia, sino en la improvisación y la ocurrencia. Produciendo caos y desorden y desconcierto. La Cuarta Transformación está gobernando al aventón. Cada mañana el presidente anuncia o desmiente o amenaza, suponiendo que su palabra podrá traducirse en acción. Y muchas veces habla desde el desconocimiento, no después de la deliberación. Habla desde la anécdota, no luego de la auscultación. Habla desde la convicción, no como resultado de la constatación. Como lo hizo apenas hace unos días sobre el tema de la gasolina y sus precios, las gasolineras y sus abusos. Ahí, en la conferencia mañanera argumentó que el combustible no baja de precio por los márgenes de ganancia de quienes la despachan. Acusó a las gasolineras de cochupo y colusión. Amenazó con exhibir públicamente una lista de los peores infractores. Anunció la creación de una red de gasolineras públicas que vendieran debajo del costo. Y así demostró cómo mal entiende el poder del presidente y cómo lo usa equivocadamente. Sin duda hay gasolineras que hacen trampa, que cobran más de lo que deberían o se quedan con lo que no deberían quedarse. Pero el precio de la gasolina no sólo depende de la voluntad del dueño o concesionario; opera también en función del tipo de cambio, los costos de
transporte, los costos de distribución, el impuesto que el propio gobierno le coloca. Culpar a las gasolineras es no comprender la complejidad del problema. Y amenazar con exhibirlas es convertir la conferencia mañanera en un “Tribunal de la Virtud” al estilo de Robespierre donde se exhibe, se culpa, y se guillotina pero no se resuelve el problema. AMLO no debería arrogarse una autoridad que no tiene ni interferir en el mandato de quien deberían ejercerla. Para los temas de colusión o prácticas anticompetitivas está la Comisión Federal de Competencia. Para eso existen los órganos reguladores autónomos y con esta intención fueron creados. Para señalar fallas del mercado, para investigar a quienes atentan contra la competencia, para sancionar a quienes lo manipulan. No le corresponde al presidente apuntar con dedo flamígero a las gasolineras que considera culpables; le corresponde a la Cofece demostrarlo y actuar en consecuencia. El mismo problema ocurre con la idea presidencial de crear una red de gasolineras gubernamentales. Ya existe y Pemex la concesiona. Crear una nueva no sólo sería carísimo, también sería ilegal. Si ahí se decidiera vender gasolina por debajo del costo, el gobierno tendría que subsidiarla y los contribuyentes acabaríamos financiando gasolina barata vía nuestros impuestos. Además constituiría un acto de competencia desleal, violatorio de las leyes de competencia, y seguramente produciría el éxodo inmediato de inversionistas nacionales y extranjeros que le han apostado al sector. La respuesta real no es una intervención presidencial con efectos intimidatorios o publicitarios. La solución radica en la promoción de la competencia vía las instituciones existentes, con la sanción correspondiente a quienes la obstaculicen. México no necesita más Estado y menos mercado, sino el fortalecimiento de ambos. El primero para regular, y el segundo para competir. El primero para impulsar la competencia, el segundo para traducir sus beneficios a
los consumidores. Pero AMLO, en sus ansias por demostrar cuán diferente es, anuncia antes de entender, proclama antes de estudiar, condena antes de escuchar. Y parece demostrar una profunda aversión a la regulación. Sólo así se explica el nombramiento de incondicionales incompetentes a la Comisión Reguladora de Energía. Sólo así se entiende el perfil de quienes quisiera colocar en el Consejo de Administración de Pemex, con la intención de que Pemex se autorregule o Manuel Bartlett, Rocío Nahle u Octavio Ramírez Oropeza lo hagan. Sólo así se entiende que en la Convención Nacional Bancaria haya anunciado que habría menos regulación y la forma de promover la competencia sería entregándole un “premio” al banco que bajara más las comisiones. En pocas palabras, el presidente piensa que en vez de regular el Estado debe exhortar. En vez de fortalecer las condiciones legal y normativas para la competencia, el Estado debe dejarla en manos del mercado. En vez de intervenir para asegurar un terreno nivelado de juego, el Estado debe ser reemplazado por la decisión discrecional del Ejecutivo. Si el presidente sigue traduciendo sus ideas fijas en acciones que se anuncian desde el púlpito tempranero, el resultado no será bueno para el país. Si el presidente sigue gobernando en función de sus creencias y no en relación a las reglas que explican cómo funciona toda economía, el impacto no será el que anticipa. Porque gobernar con “otros datos” lo llevará a pelearse con ellos y perder. Gobernar sin entender qué es la competencia y qué tipo de regulación existe para fomentarla reinstalará lo que necesitamos superar. El capitalismo de Estado donde el gobierno controla y el capitalismo oligárquico donde los “campeones nacionales” exprimen; donde los ganadores son determinados por el presidente y los perdedores también. Colocará el futuro de la 4T en manos de un buen político y un mal gobernante. Alguien montado sobre el elefante que lo maneja al aventón.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
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a falta de conciencia entre la población y eficientes medidas de prevención por parte de las autoridades han colocado a Chiapas en un complejo escenario entorno a la incidencia de incendios forestales durante el 2019. Más de ocho mil hectáreas han sido consumidas por el fuego, afectando a importantes zonas naturales protegidas como la reserva del “El Triunfo”, donde más de 130 hectáreas resultaron devastadas en medio de un incendio difícil de contener. De acuerdo al último informe del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales (CECIF), durante la actual temporada de estiaje en Chiapas se han registrado -hasta el 18 de abril- 994 incendios que han dañado más de 8 mil 164 hectáreas en distintos puntos de la geografía chiapaneca. En las últimas semanas se han reportado un promedio de hasta 20 incendios por día en la entidad. Son los municipios de Cintalapa, Mazatán, Jiquipilas, La Trinitaria, Mapastepec, Villaflores, Chiapa de Corzo, Ixtapa, Arriaga y Tonalá los que mayores afectaciones han tenido en cuestión de hectáreas siniestradas. Sin embargo, los daños por incendios forestales han perjudicado fuertemente al menos a 35 munici-
Lunes 22 de Abril de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EN LA MIRA Héctor Estrada
Inconciencia humana e ineficacia preventiva devoran a Chiapas con incendios forestales pios de Chiapas donde el fuego se ha salido de control. Y no se trata de un problema menor. El asunto ha comenzado a rebasar la capacidad de maniobra de las autoridades estatales que han requerido de ayuda extraordinaria para hacer frente a la situación. Apenas el pasado 13 de abril fue necesaria la intervención de elementos de la Secretaría de Marina para ayudar a sofocar un fuerte incendio forestal que devoraba varias hectáreas dentro del municipio de Jiquipilas. Se trata pues de un problema que tiene origen en la inconciencia social y la falta de medidas eficaces que permitan reducir la incidencia. Y es que, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), más del 90 por ciento de los incendios forestales han sido ocasionados por actividades humanas; de estos, el 80 por ciento son provocados para actividades agrícolas como la prepara-
ción de los terrenos para la siembra y las áreas colindantes con los bosques para el alimento del ganado. Desde septiembre de 2002 la Comisión Nacional Forestal es la institución federal encargada de operar el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales en México, que tiene como objetivo proteger los recursos forestales de la presencia de incendios y atacar las causas que los originan. Son alrededor de 300 millones de pesos que se destinan anualmente para este rubro que con el paso de los años se ha agravado
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aceleradamente. En Chiapas las condenas judiciales para castigar las quemas provocadas parecen no ser suficientes. Siguen siendo una práctica recurrente entre agricultores y comuneros. Los artículos 457 y 458 del Código Penal para el Estado de Chiapas sanciona este ecocidio con penas que podrían alcanzar hasta 12 años de prisión, sin derecho a libertad condicionada. Tan sólo en Tuxtla Gutiérrez se han realizado cuatro denuncias penales ante la Fiscalía Especial para Delitos Ambientales, con alrededor de 13 arrestos administrativos instrumentados por autoridades municipales, debido a incendios forestales provocados. Pero la incendios no se han detenido. Las viejas prácticas siguen ganando a la lucha de las autoridades y organizaciones ambientalistas que buscan generar conciencia entre quienes realmente originan el problema. Se trate de campañas más agresivas de concientización o el incremento de condenas panales resulta evidente que los esfuerzos aún son insuficientes. Se requiere de un replanteamiento urgente de estrategias que reduzcan la incidencia y, sobre todo, las afectaciones de un problema cuyas facturas resultarán cada vez más costosas con el paso de los años… así las cosas.
ESCARNIO PÚBLICO SIN SANCIONES
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iversos movimientos que han usado la red de redes para presentar acusaciones al margen del debido proceso representan sólo uno de los problemas, quizá el menor, que hay en internet. Día con día en diferentes plataformas se insertan datos presentados como veraces sin serlo, o que en algunos casos lo son, como el cuerpo desnudo de una persona contra su voluntad que va a parar a empresas de pornografía. Las víctimas en casos como éste pueden ser niños, niñas, mujeres y hombres. No es una cuestión de género; es un tema de afectación del derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen, en los términos y alcances previstos en la Constitución. No propongo en modo alguno que se limite el ejercicio de la libertad de expresión hasta el punto que la ley permite. Hay casos, empero, que rebasan esos límites, y cualquier persona con dos dedos de frente estaría de acuerdo en ello. Algunos ejemplos: Imágenes de personas (hombres y mujeres) “acusadas” de formar parte de liderazgos del crimen organizado y que son sujetas a extorsiones de tracto sucesivo; es decir, que no terminan y generan un peligro grave de afectación a su integridad personal y a la de sus familias, así como a su salud mental y sus relaciones en so-
Ernesto Villanueva ciedad; fotos o grabaciones de niñas y niños realizadas en los baños de escuelas públicas y privadas en contubernio con trabajadores y que van a parar a sitios de internet gratuitos o pagados; imágenes y grabaciones de personas de la tercera edad acusadas de cometer delitos y/o dar muerte a animales sin prueba legal alguna, y quienes en la vida real son acosadas en sus hogares, en algunos casos con finales trágicos… Y así se podría enumerar un sinfín de casos, en los que el género es lo de menos. Aquí lo más importante es que internet no sea una tierra de nadie en la que domine la ley del más fuerte, como en el estado de naturaleza de Hobbes, en donde todo mundo podía hacer lo que quería y el resultado era la anarquía. Por eso se creó el Estado en sus diversas formas y con progresos significativos, desde el autoritarismo a los Estados democráticos de derecho. La idea de legislar al respecto no es inédita; se ha desarrollado en varios países europeos, así como en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda y en otros más. Se trata, en efecto, de un tema de la mayor importancia. Actualmente se han logrado avances al reconocerse en una ejecutoria del Poder Judicial de la Federación que la justicia mexicana tiene competencia para conocer sobre presumibles violaciones a los derechos de
la personalidad en los más distintos instrumentos de internet, tengan o no domicilio oficial en México; basta con que se adviertan en México para que los juzgadores federales puedan impartir justicia en esos casos. El avance en cuestión se le debe al jurista mexicano Ulrich Richter, quien ha sentado un importantísimo precedente. No obstante, la lentitud de los plazos legales –se prolongan de dos a cuatro años al menos– derivan en injusticias hacia quienes menos tienen. Por lo anterior, sería un gran salto a la ponderación de derechos la elaboración y aprobación de una ley que resuelva de manera sumaria y con plazos mínimos esos casos que lastiman a la sociedad mexicana; que se dé vida a la figura de una fiscalía de ciberdelitos y que se provea de herramientas a los juzgadores federales para que sus resoluciones se cumplan, entre éstas la congelación de las cuentas en México de empresas digitales (desde Google, Twitter y Facebook, entre otras) que hacen negocios con el gobierno o
con el sector privado, y en su caso ordenar a sus clientes terminar de forma anticipada sus contratos con esas empresas que, en nombre de la libertad de expresión, promueven muchos delitos sin que pase nada, considerando a esos clientes, llegado el caso, como cómplices. Medidas como éstas serían verdaderos disuasivos para acabar con la parte más oscura de las violaciones del derecho a la propia imagen, al honor y a la vida privada. Repito: esto no tiene nada que ver con los juicios de valor negativos que forman parte de la libre deliberación pública y son muy distintos a los casos que he señalado. Sé que hay resistencias a que se genere una normativa de esa naturaleza, pese al innegable interés público que la anima. De no proceder en esa dirección, los abogados que llevan esos casos (me incluyo) y que tienen acuerdos con despachos internacionales seguirán siendo los únicos beneficiarios del vacío normativo existente, pero sólo en favor de un pequeñísimo sector: el que tiene los recursos suficientes para sufragar los gastos a fin de resolver su problema específico en un breve lapso. La inmensa mayoría de los ciudadanos quedará subordinada a vivir bajo estigmas y escarnios públicos que laceran la calidad de su vida diaria. El sentido común debe prevalecer por el bien de la sociedad.
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Lunes 22 de Abril de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
l pasado 13 de abril, 11 mil 921 ciudadanos de un total de 120 localidades del municipio se reunieron en la plaza central del municipio celebró la Asamblea General Comunitaria única, sus habitantes optó elegir a sus autoridades comunitarias para el periodo 2019-2021, en votación a “Mano Alzada” bajo el marco normativo de usos y costumbres. Y mientras autoridades estatales, diputados, y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), festejaban, celebraban y regocijaban por las elecciones por usos y costumbres en el municipio de Oxchuc y calificaban la elección como un ejemplo de gobernabilidad y civilidad política donde se fomentó la participación democrática, en donde el principal ganón fue Alfredo Santiz Gómez como presidente Municipal y Rufina Gómez López como sindica, un par de la fiesta fue opacada por 84 de las 120 comunidades, repudiaban el show en las que las mismas autoridades estatales se prestaron a este juego electoral. Lo anticipamos y señalamos que tarde o temprano saldrán a relucir los trapitos, pues son muchos intereses que existen en el municipio y la violencia regresará a la localidad cuando cada grupo de poder exija sus canonjías. A grupos de poder que operan en la clandestinidad no quieren que en Chiapas que haya paz y tranquilidad, en particular en las zonas indígenas, que desde dentro y fuera del estado, políticos de la pasada administración le mueven el tapete a Rutilio Escandón Cadenas para que este no pueda gobernar con tranquilidad, sino pregúntele al senador verde con camiseta de MORENA, Eduardo Ramírez Aguilar, trabaja desde el senado con miras al 2024, pues no hay que olvidar su obsesión por llegar a sentarse en la silla gubernamental. Pero no solo es Eduardo Ramírez, existen en el gobierno actual, que ya se miran en la boleta electoral del 2024, como es el caso del secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, quien ya dio muestras de querer competir y para ello, ya adquirió al partido morado, es decir, Mover a Chiapas, de donde empezará a manipular las huestes que antes estaban al servicio de Enoc Hernández Cruz, el famoso “flaco de oro”, hoy convertido en empresario limonero. Además son un sinnúmero de grupos locales como los externos los buscan cotos de poder, por ello, no ven más allá de sus narices, de hecho la tensión regresó más temprano que tarde y por qué conocemos a los grupos de caciques de la región, la tensión n o disminuirá, esta irá en aumento, y no dejará que las autoridades elegidas a “mano alzada”, ni el mismo gobierno estatal tengan paz en los próximos días. De tal suerte, esos grupos caciquiles arraigados, para no perder su dominio, son capaces de enfrentar al gobierno mismo, por ello, no hay que
CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
• Oxchuc, la democracia fingida • Todo pacto de pacto de civilidad en Oxchuc, no es respetado • Imparable la violencia en México adelantar vísperas ni cantar victoria, porque sabemos que la zona es bastante conflictiva que en unos meses más le quitarán el sueño al mismo gobernador.
Regresa la tensión a Oxchuc
La verdad las comunidades indígenas son un desmadre. Cuando éstos ven en riesgo sus intereses, pues sencillamente se hacen que la virgen les habla, y cuando el gobierno va, ellos vienen. Lo digo porque días después de la “fiesta cívica” que armaron el gobierno estatal, el Congreso estatal y el instituto electoral, ahora un total de 84 comunidades de Oxchuc, ya se echaron para atrás en lo que fue la elección a mano alzada. En la protesta hubo de todo, golpes, lesionados, gritos y mentadas contra el nuevo gobierno municipal, que pasó ahí, no hay operadores políticos y si los hay como si no existieran, porque el pueblo se volvió a convulsionar y la paz chicha que prevaleció por un par de días, ahora la violencia y posiblemente la ingobernabilidad del municipio se convierta en un dolor de cabeza para el nuevo gobierno. Los inconformes se quejan por el hecho que el gobierno hizo un pacto de civilidad con que grupos corruptos del presidente consejal Oscar Gómez López, Juan encinos López, Juan Gabriel Méndez, Javier Santiz Chit y Miguel Santiz Kaal, que desde 2015 son responsables no vemos la paz social en nuestro municipio venimos a pedir ante mano que apliquen la ley con los grupos de corruptos desde 2015 fueron culpables de los muertos, lesionados, quemas de casas, desplazados. Los representantes señalan que el día 13 del presente nombraron a Alfredo Santiz Gómez cuñado de Óscar Gómez López. Ellos aseguran ser respetuosos de los usos y costumbres y de los sistemas normativos, pero fueron ignorados con las 122 localidades, por lo que violaron sus derechos colectivos como ciudadanos. Asimismo dicen ser mayoría con voz y votos en las localidades pero no fueron respetados sus derechos civiles, recurriendo a los viejos vicios de corrupción con la compra de votos con Alfredo Santiz Gómez, cuñado de Óscar Gómez López expresidente consejal. Por lo anterior exigen al gobernador Rutilio Escandón Cadenas respeto a sus derechos y a tomar carta en el asunto en contra de los corruptos que lamentablemente fueron invitados primer día a los comités agentes que
son autoridades en las comunidades con Alfredo Santiz Gómez Lek. Debido a que no fue una elección democrática, hoy la violencia regresó a Oxchuc, hubieron golpeados, lastimados, amenazas en su contra, hay inconformidad total en contra de las nuevas autoridades por lo que advertimos que si no hay justicia, la tensión y violencia tiende a recrudecerse en los próximos días. La tregua fue durante la Semana Santa, pero ahora que la vida vuelve a la normalidad, el gobernador debe intervenir para que no se desate la violencia, porque de acuerdo al manifiesto de los indígenas de Oxchuc, lo que quieren las 122 localidades es la paz social en el municipio, con unidad no colores, no amenazas, sin violar sus derechos colectivos y parar la corrupción de los grupos de caciques, que no quieren soltar el poder.
Los estados más violentos, Veracruz y Guanajuato
Ejecutan a 14 personas en un salón de fiestas en Minatitlán, entre ellas a un bebé. Es aterradora la nota, pero esa es la realidad que se vive en México, pero en Veracruz en tan solo 130 días del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez han ocurrido más de 600 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado. Un promedio de 4.6 privaciones de la vida por día. La mayoría de los asesinatos han sido atribuidos a la guerra entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) con sus rivales de Zetas Vieja Escuela, Sangre Nueva Grupo Zeta, Grupo Sombra y una nueva organización surgida en la capital del estado, autodenominada Cártel del Siglo. Ante estos hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió precisamente en Veracruz que “urge” garantizar la seguridad pública en el país y afirmó que con la Guardia Nacional se va a “serenar” a la nación. Palabras y más palabras, discursos y más discursos, la violencia nadie la frena, el presidente solo declara que la situación cambiará, pero hecho que dudamos mucho porque de los peses gordos, políticos corruptos de la pasada administración responsables de fraudes, traiciones y demás, capos de la droga, delincuentes del crimen organizado, ninguno ha sido encarcelado, y todos siguen operando desde sus bases, sin que nadie les diga nada, actuando con toda impunidad. López Obrador soslayó que con 230 mil elementos del Ejército y 70 mil elementos de la Secretaría de
Marina, más el apoyo de la Policía Federal, los ciudadanos van a estar protegidos, pero ni con todos esos le darán seguridad a la ciudadanía, pues el presidente no impone la ley, no actúa con mano firme y dura y titubea cuando asegura que combatirá a los políticos corruptos, muchos de los cuales están en su gobierno. Ese titubeo presidencial ha provocado que la violencia en el país este fuera de control en todo lo que va del año. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre del año fue el más violento con un incremento del 9.7% en las averiguaciones previas respecto al mismo periodo de 2018. Durante el primer trimestre de 2018, se contabilizaron 6 mil 598 carpetas de investigación mientras que para los tres meses iniciales de 2019 las indagatorias por homicidios dolosos aumentaron a 7 mil 242 casos. La implementación de la Guardia Nacional y el despliegue de operativos militares para contener la violencia en algunos estados, no pudo reducir la escalada de homicidios en el país, ya que durante marzo se contabilizaron 2 mil 410 homicidios dolosos, 1.39% más que febrero donde se registraron 2 mil 377 carpetas. Baja California, Chihuahua, la Ciudad de México, Guanajuato, Edomex, SLP, Sonora, Veracruz y Morelos reportaron alzas de homicidio doloso en marzo. Apenas en Veracruz un comando atacó una fiesta en Minatitlán con saldo de 14 muertos, mientras que Morelos registra ocho ataques a bares con saldo de más de 20 personas asesinadas. La nueva guerra no declarada al crimen organizado por López Obrador, será combatida con la Guardia Nacional, sin embargo, todo tiende al fracaso mientras no se actué con severidad y se encarcele a los verdaderos capos, que el mismo gobierno sabe en donde están pero que no quiere proceder en contra de ellos, de ahí que la violencia continuará, pero le daremos al presidente el beneficio de la duda.
Del Montón
En el acompañamiento y atención a las cerca de tres mil personas migrantes que conforman la caravana localizada en el municipio de Escuintla, Chiapas, de las cuales casi 800 son acompañados, sin que se descarte que entre ellos algunos se encuentren no acompañados, se detectó la presencia de aproximadamente 50 mujeres embarazadas, que requieren un seguimiento a su estado de salud y constató que personal de la Policía Federal, Protección Civil, INM, Policía Estatal de Chiapas, y Sistema Municipal del Protección Civil de Escuintla, brindaron servicios y asistencia a los integrantes de ese flujo migratorio. * * * Ismael Brito Mazariegos presume su nuevo juguetito, el Partido Mover a Chiapas, el cual será su plataforma de lanzamiento a su nueva aventura electoral con miras al 2024. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.
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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo
Disputa por el morado
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n política, como expuso el maestro Jesús Reyes Heroles, las formas son el fondo. Muchos en esta aldea llamada Chiapas se resisten a entenderlo y mueven piezas buscando torcer la jugada a su favor. Quizá por ello la renuncia de 15 mil militantes y de 25 presidentes de los comités municipales del Partido Mover a Chiapas no sorprenda en nada y, por el contrario, lleve marca personal. Un secreto a voces es que al exlíder moral del Partido Mover a Chiapas, Enoc Hernández Cruz, no le hizo mucha gracia que quitaran a su hermano de la dirigencia y que en su lugar pusieran, sin avisarle, a Miguel Ángel Ramírez López, quien, cabe señalar, ha usado las banderas del PRI, PAN y del PRD para llegar a puestos de elección popular. Pero esa será historia para después. Regresando al tema, el “comunicado” mismo que circula en redes, y que da voz a Carlos Soto, es la línea que muestra el gran descontento y malestar que pone en entredicho la decisión de remover a William Hernández Cruz, quien tenía el relevo y a quien sacaron de la jugada sin que pudiese hacer nada. Los argumentos que siguen, aunque válidos, están de sobra. Porque los mismos líderes del morado saben que en política las convocatorias y los movimientos no se dan democráticamente. Eso sirve para el discurso y para mostrar que el fair play existe en la teoría, pues en la práctica las cosas son diferentes. Es más, ellos mismos han hecho uso de esas estrategias y lo saben, aunque nunca lo acepten. Sin embargo, el asunto acá es más complejo aún. Porque pareciera que se siguen defendiendo los intereses del exgobernador Manuel Velasco Coello (aunque muestren que hay un distanciamiento con el tucán), esos que Mover a Chiapas resguardó a capa y espada
el sexenio pasado y que permitirán, a quien los tenga, ojo, ser cotos de poder para el 2021. Ahí está la verdadera pelea, ¿quién manejará y a quién servirán realmente los votos de este instituto? Porque a fin de cuentas las estructuras y la gente que en ellas se mueve tiene costos y genera canonjías que hoy están en juego y que han logrado hacer que se cometan errores que podrían terminar con algunos elementos vestidos de naranja en El Amate (los historiales son largos y los expedientes, se dice, bastante gruesos). La desbandada lleva tufo electoral, pese a que muchos digan que no es así. Es buscar “mostrar” el control de la estructura en la antesala del arranque del año electoral que será en febrero del 2020. Y la pregunta acá es, ¿a qué costo? Los políticos, que desde los estados sirven a otros intereses aviesos, no han logrado entender que son, y seguirán siendo, simples fichas de cambio. Y como tal requieren de estrategias para moverse pues “hay un tiempo para todo” y cuando el suyo llegue les espera, por un tiempo al menos, el limbo. Deberían recordar a Sun Tzu y su manual que reza que “el que sabe cuándo puede volar y cuándo no, será victorioso” y no pasar por alto que afanarse tiene resultados inesperados, y hasta catastróficos. SORDO, CIEGO Y MUDO.- Quienes sean los encargados de hablarle al oído al presidente municipal de Ocozocoautla, Alfonso Estrada, se están equivocando en la forma. Pasan por alto que le hablan a una estatua y no a un estratega. No tratan con un político que sepa de la administración pública o que tenga tablas en la materia. Menos aun con quien entienda el significado de lo que Gramsci llama Elementos de la política. Porque desde su arribo al poder, Estrada no comprende que existe el binomio gobernante-gobernados o dirigen-
te-dirigidos. Las constantes denuncias de falta de agua potable, de los abusos de poder sus policías, de la prepotencia de sus compañeros en el gabinete, del incremento de la violencia, entre otros, hablan por sí solas. Si como dicen, Alfonso Estrada ha visto una mina de oro en la política y ya planea dar un salto a otro puesto de elección, buscando dejar impuesto a su cuñado, entonces sus estrategas están equivocando el rumbo y sembrando en tierra infértil porque los errores se pagan caros. Es de sabios equivocarse, ¿no? Lo que no se vale es creerse lo que no se es. Basta leer la fábula El burro flautista de Iriarte para ver lo que les digo. MANJAR.- Marchas, viajes a la playa, plantones, ferias, desfiles, viacrucis, llámese cómo se llame, el problema somos nosotros. Es nuestra falta de cultura. Es nuestra falta de compromiso de ver normal el tirar la basura en las calles, de arrojar lo que tenemos en las manos porque no hay a nuestro alcance un cesto de basura. Cuando las lluvias llegan y nos inundamos, luego echamos la culpa al gobierno. Con este ritmo acelerado y el valemadrismo que nos caracteriza, merecido tenemos el exterminio. #NoEntendemos // “Las revoluciones del siglo XX fueron y son, justamente, el semillero de las democracias. Han sido una cruel respuesta de la historia de las predicciones de Marx: la revolución que acabaría con el Estado no sólo lo ha fortalecido sino que ha creado un grupo social que es, a un tiempo, su criatura y su propietario”. Octavio Paz. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro El lecho de Procusto de Nassim Taleb y el disco Midnight Blue de Kenny Burrell. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer. * Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.
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LA COMEDIA DE LAS EQUIVOCACIONES Guillermo J. R. Garduño Valero
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hakespeare escribió una deliciosa comedia con este nombre donde a partir de dos hermanos gemelos idénticos, logra construir una trama en la que se ven involucrados cada uno por separado y la resultante es una serie de situaciones grotescas que nada tienen que ver con el final que se hubiera esperado. En efecto, la comedia de Shakespeare es ilustrativa de cuando una diversidad de actores generan cada uno para sí una serie de expectativas y de posibles ventajas que se pretenden obtener, pero jamás calculan los costos probables que hay que pagar, se desestiman los riesgos, se ignoran las amenazas y el cálculo pasa de lo racional a lo fantástico. Tal es el caso del T-MEC que involucra a toda Norteamerica. De lo anterior derivamos a cuatro sectores vitales que están directamente relacionados, aunque para cada uno de los actores tenga sobre el mismo cálculos y estimaciones diferentes, que afectan a puntos nodales de su conexión, con el mercado internacional siendo estos: el mercado laboral, el mercado energético, el mercado comercial de bienes y servicios y la exigencia de una oferta de garantía que ofrezca un marco de seguridad a los intercambios. Visto desde este ángulo pudiera parecer impecable la necesidad de un acuerdo que involucre estos temas y construya sobre las mismas intenciones el Tratado. Sin embargo es ahí donde la perspectiva y el cálculo de los participantes ofrece panoramas contradictorios, que podrían a corto plazo abrir severas cuarteaduras a estas intencionalidades y llevar a problemas que cuestionen incluso el crecimiento de nuestras economías. Comencemos por el ámbito laboral, en ella las premisas de acuerdo van en la siguiente dirección: elevación de los salarios en México hasta volverlos competitivos con respecto a Estados Unidos y
Canadá, ello qué significaría, incrementos que pudieran lograr un mínimo de 16 dólares la hora. Lo que representa disminuir la brecha salarial que la Universidad de Cornell plantea que hoy es de 1100 % entre México con respecto a Estados Unidos. Pues en caso contrario en industrias como la automotriz tendrían que asumir aranceles del 2%, puesto que a la fecha había sido más conveniente para ellas trasladar su producción a las plantas ubicadas en nuestro país, pero hoy lo que desean es que cada planta fabrique partes del proceso y ésta se integre en el mercado Norteamericano. La segunda son las características y perfiles de desempeño de los trabajadores y en ello destacan dos hechos: la primera es la alta selectividad de los trabajadores, no vistos como colectivo, sino contratados bajo las nuevas condiciones del mercado vía outsourcing, lo cual supone contratación individual, temporal y por obra determinada y lo anterior se asocia a la reducción de la demanda de trabajadores, pues estarían en áreas automatizadas que reclaman de personal experto en informática y programación, además de las competencias necesarias para la fabricación de partes de una producto cuyas características son que tienen una corta vida en el mercado por la investigación y desarrollo, que lo lleva al producto a ser desplazado del mercado y por tanto de sus procesos de elaboración, tecnologías y trabajadores. Esta propuesta se vincula a la exigencia que marca el T-MEC de actualizar el marco jurídico laboral y por tanto a la ampliación de las reformas del régimen a anterior que mantienen la congruencia y continuidad de intención, la cual es coincidente con la economía del mercado y por supuesto con el Neoliberalismo. Lo cual no sería problema pero mete ruido en la promesa presidencial. Junto con lo anterior
se debe destacar el problema del punto de partida del reclutamiento y las condiciones de trabajo las cuales tiene en al actualidad dos vías: el ingreso vía sindical controlado por las burocracias de las que mana corrupción o el sistema abierto donde el componente sindical no es el más importante, sino la vía de las competencias entendidas como habilidades, nivel educativo, conocimientos y capacidades probadas en el campo laboral. Lo que se reflejaría necesariamente en la productividad por trabajador y que conduce a la vía del reclutamiento individual. Ahora bien donde están los caballos de Troya que introduce el nuevo tratado y está nada menos en las estimaciones de la clase política y sindical que padecemos. Para comenzar, en materia salarial la política laboral del país ha multiplicado las fuentes de conflicto y el número de huelgas ha crecido fuera de toda proporción, asumiendo la convocatoria las viejas burocracias sindicales que miran en los nuevos contratos colectivos su continuidad. Ahí esta Napito y su nueva central y la resurrección de todas las entidades sindicales con sendas demandas que van por el todo o nada como en el caso del SITUAM cuyas demandas fuera de contexto las llevan a la posibilidad de extinción de su fuente de trabajo y a la pauperización extrema de sus bases. Entendamos la huelga es inconcebible en una economía de mercado, parar la producción, detener el flujo de insumos y mercancías, no disponer de modernos puertos, aeropuertos y vías de comunicación es ahogar la economía, pues en un mundo de competencias el cierre de una fuente significa una oportunidad para las ofertas alternas que de inmediato satisfacen con creces las necesidades de la demanda. Por si fuera poco, si lograran incrementos notables como fue el caso del 20 % de la franja fronteriza tamaulipeca, ésta se logró mediante
un recorte significativo de personal y nuevas condiciones de trabajo. Y si alguien tiene la peregrina idea de aumentos al sector educativo, cabe decirles que si fuera el caso que alguna lo obtuviera, al dia siguiente todo el sistema educativo se lanzaría a la huelga por el doble. En cuanto a la nueva legislación federal del trabajo ésta no podrá apartarse de las nuevas disposiciones del mercado: para la contratación colectiva se reclama poner un hasta aquí a las huelgas y contratos colectivos exclusivos del comité ejecutivo, pues reclamara de previo recuento entre las bases de su aceptación o rechazo a las propuestas; la socorrida venta de plazas tendrá que asumir su descrédito y desaparición, pues ha generado vicios que afectan el funcionamiento mismo de las instituciones y plantas productivas; tendrá que haber la posibilidad de libre afiliación o no y podrán existir varios sindicatos al interior de una empresa. A su vez el programa de ninis no muestra viabilidad pues quien contratará a alguien que viene de MORENA para que le forme un sindicato. El sindicalismo por tanto deberá asumir nuevas responsabilidades y sobre todo pasar de ser solo peticionario como demandante a negociar mediante ofertas productivistas las mejoras. Entiéndase no estoy hablando de un mundo perfecto, por lo contrario, es entender que la nueva lógica del capital en el siglo XXI, que nos está llevando por caminos opuestos a las pretendidas intenciones, de esta forma negando el modelo neoliberal estamos cayendo en sus manos y lo peor sin alternativas, pues nos negamos a reconocerlo y por tanto no tendremos la oportunidad siquiera de advertir sus ventajas. Finalmente, dejemos para las nuevas participaciones los otros tres puntos restantes: el sector de energía, el sector comercial y el ámbito de la seguridad como garante del nuevo tratado.
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HOJAS LIBRES Impacto/Diario Contrapoder Roberto Domínguez Cortés
• Perú, ex presidentes perseguidos, procesados y encarcelados • Odebrecht, corrupción transnacional solapada en México
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l pasado 17 de abril, la nota que dio la vuelta al mundo fue el hasta hoy “suicidio” del ex presidente de Perú Alan Gabriel Ludwig García Pérez, llamado simplemente Alan García. Por dos ocasiones ocupó la Presidencia de la República. La primera entre 1985 y 1990, a los 36 años, con lo que se convirtió en el presidente más joven en la historia de su país. Y la segunda entre el 2006 y el 2011, al derrotar, en segunda vuelta, al que posteriormente sería su sucesor: Ollanta Humala. Las dos presidencias de Alan García estuvieron marcadas por la persecución política y actos de corrupción no probados que lo obligaron a abandonar su fuero de senador vitalicio en 1991. Así, el ex presidente García Pérez terminó exiliado en Colombia y Francia ante las agresiones del régimen de Alberto Fujimori; posteriormente detenido y sentenciado a 25 años de prisión. Los pormenores del “suicidio” de Alan García tienen como antecedente actos de corrupción que el ministerio público peruano le fincó por su real o aparente participación como beneficiario de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Según los reportes oficiales, cuando al ex presidente García Pérez se le notificó su comparecencia ante el ministerio público pidió esperar un momento para hacer una llamada. Sin embargo, el resultado real o aparente fue que se dio un tiro en la cabeza. Con todo, el ministerio público allanó la casa del ex presidente cuando ya no había necesidad, puesto que el Código Penal peruano establece que la acción penal se extingue en el momento de la muerte del probable responsable de un delito. La república de Perú y sus gobernantes caminan entre la democracia, las casualidades y la corrupción transnacional a cargo de la empresa Odebrecht, y mantiene perseguidos, procesados o encarcelados a cuatro ex presidentes. El sucesor de Alan García en 1990 fue Alberto Fujimori, quien pretendió perpetuarse en el po-
der hasta que en el 2001, en pleno tercer periodo presidencial, tuvo que huir hacia Japón. Cometió la osadía de regresar y fue aprehendido para ser sentenciado a 25 años de prisión acusado de usurpación de funciones, peculado por 2 mil millones de dólares, secuestro y el homicidio de 15 personas, 9 estudiantes y un profesor, catalogados como delitos de lesa humanidad. Alejandro Toledo derrotó a Alan García en las elecciones presidenciales del 2001, pero Alan García sucedió a Toledo al vencer, en el 2006, a Ollanta Humala, quien en el 2011 recibió la Presidencia de la República del propio García Pérez. Lo curioso es que estos tres ex presidentes en línea resultaron unidos por la corrupción patrocinada desde las opulentas oficinas de la constructora brasileña Odebrecht. En política no existen casualidades. Durante esos tres periodos presidenciales, la transnacional obtuvo en Perú contratos irregulares por cerca de 2 mil millones de dólares y concesiones por 8 mil 700 millones más. Según la empresa Odebrecht, Toledo habría recibido 20 millones de dólares en sobornos y 700 mil dólares en apoyo para su campaña presidencial en el 2001, en tanto que Ollanta Humala se habría beneficiado con 3 millones de dólares para las elecciones del 2016, cuando resultó electo presidente del Perú. Apenas en marzo pasado, el también ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski fue separado
del cargo por actos de corrupción derivados de la presencia de Odebrecht en su campaña del 2016, de la cual recibió apoyos electorales por 500 mil dólares, según Jorge Barata, representante de Odebrecht. Se agregan a esos dineros clandestinos diversos sobornos, desde que Kuczynski era ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo, hoy prófugo en Estados Unidos y destinatario de una orden de captura internacional. La corrupción en Perú alcanzó también a la hija del ex presidente Alberto Fujimori. Keiko Fujimori, candidata, dos veces, a la presidencia por Fuerza Popular, cumple, actualmente, 36 meses de prisión preventiva al comprobarse que recibió de Odebrecht un millón 200 mil dólares durante su aspiración residencial del 2011. La acusación la realizó, otra vez, Jorge Barata, de curioso apellido después de todas las transacciones millonarias de corrupción que Odebrecht ha patrocinado en el Continente Americano, incluido México, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bajo esos señalamientos, Odebrecht es, ya, un referente obligatorio de la corrupción internacional. El ídolo -o ex ídolo- de la izquierda brasileña Luiz Inacio Lula de Silva resultó también reclutado por el capitalismo transnacional. Terminó condenado a 12 años de prisión por sobornos recibidos de su paisana Odebrecht, calculados en 2 mil 500 millones de dólares, por
contratos y favores otorgados a través de la petrolera paraestatal Petrobras. México también fue parte del remate electoral que Odebrecht institucionalizó en América Latina para patrocinar campañas presidenciales y, después, cobrar dividendos cuando sus beneficiarios asaltaran el poder. En México, la corrupción financiada por Odebrecht no proviene de un dato menor. La fuente es la Corte Federal de Nueva York, en donde se documenta que en el 2013, durante el gobierno de Peña Nieto, Odebrecht aceptó pagar un soborno de 6 millones de dólares a “un alto funcionario de una empresa paraestatal a cambio de que Odebrecht ganara un proyecto relacionado con la producción de petróleo”. Para entender la colusión entre el gobierno de México y la brasileña Odebrecht basta con ver las declaraciones de su representante en México al asegurar que en el 2012 entregó a Emilio Lozoya Austin 10 millones de dólares para la campaña de Peña Nieto. Lozoya sería después director general de Pemex; durante su gestión, Odebrecht ganaría, en 2014, la licitación del gasoducto los Ramones, que atraviesa los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El contrato fue de 935 millones de dólares y toda la información se encuentra disponible en el portal de Transparencia del gobierno mexicano. Desde luego que la connivencia entre el poder económico y el poder político en México es evidente. Las diferencias son notables entre países. En Brasil, la institución del ministerio público ha llevado a la cárcel a los poderosos propietarios de las dos empresas constructoras más grandes de América Latina, las brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez, y encarcela a su ex presidente Lula da Silva, en tanto que en Perú, un ex presidente se “suicida”, otro se encuentra prófugo de la justicia, uno más encarcelado y el último sujeto a proceso penal; en México, todos se encuentran felices y protegidos desde el poder, gozando de la riqueza, mal habida, que da la impunidad. Ampliaremos…
CMAN
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Lunes 22 de Abril de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1617 PROPUESTA
Presenta ERA iniciativa en materia migratoria
DECLARACIÓN
Autoridades deben controlar entrada de migrantes o se desatará la violencia: Obispo
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AMPARO
Elba Esther Gordillo logra otra victoria: la FGR le devuelve bienes confiscados en 2013 PAG. 3
CONFERENCIA
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REPORTE
Un infierno llamado Veracruz
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Entre descalificaciones a la prensa, AMLO lanza sus lineamientos publicitarios En medio de una confrontación con algunos medios de comunicación y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado miércoles 17 los lineamientos de su política de comunicación social, a partir de los cuales – prometió– se dejarán de utilizar los recursos públicos para “premiar o castigar” a los medios.
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Parteras luchan por su reconocimiento en sistemas de salud