CMAN EDITORIAL
DOXA
La disputa en la UNACH
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La terna de aspirantes a Ministra de la Corte deja un mal sabor de boca.
El conflicto que se vive en la UNACH ha llegado a un punto en donde las descalificaciones personales entre los principales actores dificultan el diálogo y polarizan la universidad.
En la comparecencia en el senado mostraron desafecto a los derecho humanos. Y no son personas progresistas que fortalezcan la justicia en un gobierno de izquierda. Más bien parecen activistas de provida con muchos prejuicios a la libertad sexual.
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EN CHIAPAS
Martes 5 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1583
EXIGENCIA
SOLICITUD
“Para las familias de víctimas de desaparición forzada ni perdón ni olvido”
“¿Cuál justicia en México? Para las familias de víctimas de desaparición forzada ni perdón ni olvido, exigimos que se juzgue a los culpables, se les tiene que condenar a los 21 detenidos y que estén bien los procesos, pero que también se investigue a la cadena de mando y a los que encubrieron”
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OMISIÓN
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Mueren ametrallados cuatro hombres en municipio fronterizo de Chiapas
Caso Rosendo Radilla, atorado también en el nuevo gobierno
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HOY ESCRIBEN COMENTANDO LA NOTICIA
APOYO
Piden pago a maestros; 15 meses sin sueldo, marchan padres y estudiantes
Piden empresarios chiapanecos aplicar la ley contra invasiones
Alfonso Carbonell Chávez
ÍNDICE...
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Ruperto Portela Alvarado PAG. 14
EL PRI NONAGENARIO Arturo Rodríguez García
EL DESEO DE LA OMNIPOTENCIA
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Javier Sicilia
CASTIGAR
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Fabrizio Mejía Madrid PAG. 5
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Martes 5 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CONTRAPODER EN CHIAPAS
EDITORIAL La disputa en la UNACH
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l conflicto que se vive en la UNACH ha llegado a un punto en donde las descalificaciones personales entre los principales actores dificultan el diálogo y polarizan la universidad. Por un lado, el sindicato del personal académico invadió la esfera de la administración universitaria y por el otro, la universidad perdió parte de la rectoría académica al ceder una atribución que le confiere el artículo 3º de la Constitución para determinar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico. Los orígenes del problema que atraviesa la universidad se encuentra en el momento en que la autoridad universitaria acepta la firma de un contrato colectivo de trabajo que contiene disposiciones inconstitucionales, pues permite la intervención del sindicato en la asignación de plazas y promociones. Pero el cúmulo de errores se encuentra también en la junta de conciliación y arbitraje, que tiene como una de sus obligaciones revisar la firma de contratos colectivos y condiciones generales de trabajo, para que en éstos no se presente ninguna violación a lo que establece la ley de la materia y no realizó esa responsabilidad. Sobre esa violación al artículo 3º de la Constitución, la dirigencia sindical construyó un discurso de engaño, al hacer que esa prestación es legal y va más allá, denostar y desprestigiar a todo aquel que intente aclarar y o
explicar a los profesores sobre la ilegalidad del acuerdo de promociones a través del sindicato. La dirigencia sindical pretende hacer valer un derecho a través de dos argumentos falaces: Sostiene que existe un derecho adquirido cuando la ley no reconoce ningún derecho adquirido que se obtiene a través de la ilegalidad; de igual manera considera que la existencia de la cláusula 23 en el contrato colectivo de trabajo los faculta para participar en la promoción del personal académico y pasan por alto que ningún contrato ni ninguna norma pueden estar por encima de la Constitución. Al respecto la Suprema Corte de Justicia tiene una veintena de sentencias que aclaran el procedimiento de ingreso y promoción del personal académico en las universidades. En este sentido la Tesis 2ª. III/2014 (10ª) de la 2ª Sala “considera razonable el ingreso por medio de un concurso de oposición, toda vez que ese método de evaluación resulta acorde para el cumplimiento de sus fines, consistentes en educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios del artículo 3º constitucional […]”. De
igual forma en la Tesis III. 4º.T.9 L (10ª) se colige que para que los miembros de su personal académico alcancen su definitividad y sean considerados como trabajadores de tiempo indeterminado, deben sujetarse a una evaluación académica, de la que deben resultar vencedores del concurso de oposición que al efecto celebre la universidad, […]”. En la actual disputa entre la dirigencia sindical y la rectoría de la UNACH la razón jurídica le corresponde a la autoridad universitaria, que en cualquier momento puede solicitar un laudo a la junta de conciliación para que se revise la validez del contrato colectivo de trabajo, situación que puede presentarse si el sindicato decide acudir a la huelga, lo que obligaría a la junta de conciliación declarar como ilegal a esa huelga. Frente a esta posibilidad, la dirigencia sindical busca tensar la relación laboral recabando firmas entre el personal académico para solicitar la renuncia del rector, decisión que en las condiciones políticas de Chiapas resulta extrauniversitaria e incongruente, en virtud de que existe una decisión presidencial de López Obrador de socavar
los sindicatos y acabar con la corrupción que beneficia a líderes venales como los que usurpan la dirigencia del sindicato de personal académico de la UNACH. La usurpación de ese liderazgo se dio en el momento en que desde las oficinas del palacio de gobierno operaron para que Indra Toledo Coutiño ganara las elecciones del comité sindical. La intervención gubernamental fue acompañada de amenazas en contra de aspirantes con mayor legitimidad y trayectoria de la actual líder sindical y luego se hicieron llamadas telefónicas para amedrentar a docentes que se oponían a la continuidad de un comité que se caracterizó por la corrupción y por el enriquecimiento inexplicable de su líder, quien tras bambalinas continúa manejando al comité sindical y en el que espera reelegirse en las próximas elecciones. La designación de Indra Toledo fue impugnada en tribunales en virtud de que ella era inelegible para ocupar el cargo de secretaria general del sindicato, y existen pruebas de que el propio exgobernador Manuel Velasco intervino para que se diera una resolución favorable que torciera la impartición de justicia. El fallo del tribunal terminó favoreciendo a los docentes que acudieron al amparo, que obligaba a la reposición del procedimiento de la elección del comité, fallo que la Junta debió de haber instrumentado en diciembre del 2017 y que a la fecha, por instrucciones del palacio de gobierno, continúa sin dar cumplimiento a esa resolución judicial.
DIRECTOR GENERAL
José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL
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Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez implementará reloj checador para un orden administrativo De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
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on el objetivo de tener un mejor orden administrativo, garantizar el horario de atención al público, así como no permitir la existencia de posibles aviadores o personal que solo llegaba a firmar las listas de asistencia de forma semanal, sin devengar su sueldo tal como lo marca la ley, se implementará el uso y la aplicación del reloj checador, afirmó el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Rafael Franco Gurría. El director de Recursos Humanos subrayó que la acción responde al adecuado control de registro de asistencia y puntualidad del personal, el cual se sustenta en el capítulo VII, articulo 23 de las Condiciones Generales de Trabajo vigente, y además brinda continuidad al registro de asistencia a través de los dispositivos electrónicos, colocados desde hace más de dos años en las instalaciones del Ayuntamiento. La diferencia con los dispositivos electrónicos es que la persona responsable tiene que checar personalmente, en cambio con las listas de asistencia se daban casos en que se firmaba por otros y esto es lo que se pretende evitar.
Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
Sicarios armados que iban en una motocicleta dispararon y ejecutaron esta tarde a cuatro personas supuestamente de origen guatemalteco, en la zona céntrica del municipio fronterizo de Suchiate. Los hechos ocurrieron poco después de las 18 horas, cuando cuatro hombres, de unos 40 años, acudieron al local de un restaurante de cocteles y mariscos ubicado en la 2ª Norte entre Calle Central y la Primera Poniente, en plena zona centro y comercial de Ciudad Hidalgo, la cabecera municipal de Suchiate. Pocos minutos después de que los cuatro hombres arribaron, llegó un par de hombres a bordo de una motocicleta y, mientras uno se quedó en el vehículo, el otro bajó y con una ametralladora disparó en contra de los cuatro comensales. Al instante quedaron abatidos tres de ellos, y uno más fue llevado mal herido al hospital, pero perdió la vida después.
El director de Recursos Humanos subrayó que la acción responde al adecuado control de registro de asistencia y puntualidad del personal, el cual se sustenta en el capítulo VII, articulo 23 de las Condiciones Generales de Trabajo vigente, y además brinda continuidad al registro de asistencia a través de los dispositivos electrónicos, colocados desde hace más de dos años en las instalaciones del Ayuntamiento
Por último se señaló que la implementación de este dispositivo se complementa con los lineamientos generales para la administración de
los recursos humanos, con la finalidad de cumplir con el reglamento de asistencia, puntualidad y permanencia de los trabajadores, a quie-
nes también beneficia porque tienen una constancia de que se encuentran activos dentro de sus espacios laborales.
Mueren ametrallados cuatro hombres en municipio fronterizo de Chiapas Tras la ejecución, los sicarios huyeron hacia el Río Suchiate, en el paso conocido como El Palenque, donde dejaron abandonada la motocicleta, sin placas, y regresaron a bordo de balsas hacia el lado guatemalteco, el poblado de Tecún Umán. Aunque los lugareños y testigos del múltiple crimen aseguraron que los cuatro hombres son originarios de Guatemala, de una comunidad llamada El Laurel o Los Laureles, hasta esta noche, la Fiscalía General del Estado no ha confirmado la identidad de las víctimas. Efectivos del Ejército, la Policía Federal y las policías estatales se movilizaron tras la cuádruple ejecución, en una región donde desde la semana pasada se anunció un operativo de seguridad para evitar las “delincuencia centroamericana”.
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eniendo como sede la Sala de Bellas Artes, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, este lunes inició el foro: Balances y desafíos de la representación política indígena en Chiapas, en el marco de los Procesos Electorales. Evento organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Instituto Nacional Electoral (INE), Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la Red Estatal Indígena y la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena y Facultad de Derecho, Campus III, de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). El acto inaugural, estuvo a cargo de Arturo de León Loredo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE; Guillermo Asseburg Archila, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado; Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC; Sofía Margarita Sánchez Domínguez, consejera electoral del IEPC; Marcos Shilón Gómez, Coordinador General de la Red Estatal Indígena; Julio César Pascacio Pérez, Magistrado Presidente de la Sala Regional Colegiada Mixta en San Cristóbal de Las Casas; Iván Camacho Morales, Secretario Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales de la UNACH; Janeth Cruz, representante de la Red Estatal Indígena; Abigail de Jesús Juárez Cruz, Asesor de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas y Miguel Ángel de Los Santos Cruz, Síndico Municipal de San Cristóbal de Las Casas. El objetivo del foro, es evaluar el contexto de las elecciones 2018, respecto a la representación política indígena en Chiapas, teniendo como propósito final, la de generar propuestas hacia una acción afirmativa. Además, establecer diálogos de debate institucional sobre el futuro de la representación política de los pueblos indígenas de Chiapas instituyendo criterios de acción afirmativa en el ejercicio de los derechos políticos electorales, replantear criterios de acreditación sobre la calidad indígena en Chiapas e identificar criterios de Distritación Electoral Indígena en Chiapas y los criterios de acción afirmativa para la representación de los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas. Busca también analizar las sentencias de los Tribunales Electorales en la materia y fortalecer las buenas prácticas sobre Justicia Electoral.
Soel Gómez. San Cristóbal de Las Casas. (Reporte Ciudadano)
Mediante una carta dirigida a medios de comunicación y a la opinión pública, Diego López Méndez, pidió a las autoridades estatales volteen a ver su caso, ya que se encuentra en la cárcel de forma injusta. La carta fue difundida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, donde se asegura Diego López es un preso indígena de los solidarios de la Voz del Amate,
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Inicia foro: Balances y desafíos de la representación política indígena en Chiapas, en el marco de los Procesos Electorales El objetivo es evaluar el contexto de las elecciones 2018. Continuará los días 5 y 6 de marzo en San Cristóbal de las Casas
En su intervención, Arturo de León Loredo, resaltó que como se acredita en la normatividad que rige al INE y las actividades que realiza, el tema de la representación política indígena ha merecido especial atención, garantizando la incorporación al padrón de Electores, en las distritaciones, en la capacitación electoral, en el registro de candidatos, entre otros. “Damos la bienvenida a este ejercicio de discutir en público los asuntos comunes, de dialogar, de entendernos, porque son rasgos de la democracia que hacemos cada día”. Guillermo Asseburg Archila, expresó que, se pretende generar condiciones que permitan replantear criterios de acreditación de los pueblos indígenas en Chiapas, e identificar los criterios existentes respecto de su Distritación Electoral en la entidad. “Que sea este Foro un espacio propicio para el reconocimiento de la condición jurídica de los pueblos indígenas, que conlleve a generar un nuevo pacto social entre el Estado y los pueblos indígenas, en torno al reconocimiento de los derechos colectivos, al respeto por la autonomía en sus formas de gobierno, y a la inclusión de las demandas de este sector en la agenda política estatal y nacional”. Durante su participación, Abigail de Jesús Juárez Cruz, Asesor de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de los
Pueblos Indígenas, en representación de Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, manifestó que este foro que hoy convoca a expertos en el tema, es de gran relevancia para los pueblos indígenas. Exhortó dar validez e importancia a la voz de las mujeres indígenas en las elecciones populares. Recordó que de las 124 Presidencias Municipales, 17 Alcaldías la ocupan indígenas, de ellos, 7 son mujeres. En este día, Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC, dictó la Conferencia Magistral: “Derecho de representación política indígena a la luz de la teoría democrática”, quien destacó que en Chiapas, hay un déficit de representación política indígena de manera importante, sólo uno de 40 Diputados Locales que integra el Congreso del Estado, es indígena. “Este foro nos va a ayudar a visualizar la problemática, a reflexionarla con distintos actores y encontrar soluciones de cara a las elecciones del año 2021. El tema de la representación política indígena está vinculado a cualquier proyecto democrático”. Durante la ponencia fungió como moderadora Elizabeth Consuelo Ruiz Sánchez, investigadora y catedrática de la Facultad de Derecho. También, se desarrolló el Panel: “La nueva conformación de los distritos electorales indígenas de Chiapas”, con la participación de Santiago Franco
Cruz, Vocal de Registro Federal de Electores de la 05 Junta Distrital del INE San Cristóbal Las Casas; Blanca Parra Chávez, consejera electoral del IEPC y Edward Rodríguez Ortiz, Integrante de la Red Estatal Indígena. Blanca Parra Chávez, aseveró que existe un paraguas muy importante en términos de lo que dice la Constitución Política Mexicana, pero al revisar el Código de Elecciones Local, lo constituyen 524 artículos y 12 transitorios, de los cuáles solo el 7 y el 423 se refieren a la participación política de indígenas. “Esto significa que nosotros como órgano electoral no tenemos un cuerpo legal que nos permita obligar a los partidos políticos para que estos definan sus candidaturas a partir de adscripciones indígenas”. Si para el próximo Proceso Electoral no se ha legislado al respecto, el IEPC ya está preparando una acción afirmativa para poder avanzar, aunque lo ideal, sería una reforma al Código Electoral. Durante los días 5 y 6 de marzo, la sede será el teatro Daniel Zebadúa, donde se dictarán las Conferencias Magistrales: “La acción afirmativa como criterio de garantía de los derechos políticos electorales de los pueblos indígenas de México”, a cargo del doctor Adín Antonio de León Gálvez; “La efectiva tutela de los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas”, a cargo de la maestra Marina Martha López Santiago; “La necesaria reforma constitucional para la efectiva garantía de los derechos políticos electorales de los pueblos indígenas”, a cargo del doctor Flavio Galván Rivera y “Agenda pendiente en materia de representación política para los pueblos y comunidades indígenas” a cargo de la maestra Mónica Macisse Duayhe.
Exigen liberación de indígena preso adherido a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) 5 de San Cristóbal de Las Casas. En la carta se informa que su sentencia está próxima a declararse y será una injusticia si deciden dejarlo en la cárcel, “solo para sus conocimientos que ya se aproxima mi sentencia, llevo
6 años 7 meses de estar privado de mi libertad de manera injusta. Los años que llevo ni una sentencia me han dado”. Al concluir la carta, López Méndez pidió estar pendientes de su caso, además que traten de solidarizarse para exigir su libertad. “Exijo a juez César Rodríguez Robles, que valore las pruebas proporcionados y también la tortura que me hicieron cuando me detuvieron, ya que esta es su mano mis expediente el día 8 de marzo cumple
los 15 días hábiles que me dieron es por ello exijo que me liberen lo más pronto posible”.
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Piden pago a maestros; 15 meses sin sueldo, marchan padres y estudiantes A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
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adres de familia y estudiantes de la Escuela Secundaria “José Manuel Velasco Siles”, –ubicada a un costado de la VII Región Militar– marcharon este lunes 4 de marzo en apoyo a su base docente interina, quienes desde hace 14 meses no reciben el pago de sueldos por la Secretaría de Educación Pública del Estado. En entrevista, Bernardo Miguel Garza Ruiz, maestro interino en la Secundaria José Manuel Velasco Siles, informó que alrededor de 15 docentes de este plantel se han visto afectados económicamente ya que la SEP dejó de hacer efectivo el pago de sueldos desde diciembre del 2017; situación que pone en riesgo la seguridad de una educación para los alumnos que asisten a este centro educativo. “Aproximadamente 15 compañeros interinos en esta misma situación por más de un ciclo escolar (adeudo). Acciones que pensamos tomar, ya tomamos acciones de forma administrativa”, dijo. Indicó que derivado de dicha problemática han recurrido a la Secretaría de Educación estatal, Subsecretaría de Planeación Educativa, Secretaría de hacienda, coordinación de asesores de Palacio de Gobierno donde no han tenido solución a sus demandas, cuáles son: basificación,
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)
Ante la nueva invasión cometida por presuntos miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI-EZ) en Tuxtla Gutiérrez, el Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas pidió a las autoridades aplicar el Estado de Derecho contra este nuevo despojo cometido por esta organización. Sin citar el nombre de la organización, pero cuya autoría se hizo púbica por redes sociales este domingo, el organismo que aglutina a 15 colegios y cámaras empresariales lamentó que en un acto desafiante se cometan estos atropellos. El CCE sostuvo que no es posible aspirar a la reactivación económica y a la consecuente generación de empleos sino se garantiza la aplicación de las leyes que procu-
En entrevista, Bernardo Miguel Garza Ruiz, maestro interino en la Secundaria José Manuel Velasco Siles, informó que alrededor de 15 docentes de este plantel se han visto afectados económicamente ya que la SEP dejó de hacer efectivo el pago de sueldos desde diciembre del 2017; situación que pone en riesgo la seguridad de una educación para los alumnos que asisten a este centro educativo
regularización de los segundos y terceros grados, y pago de salarios adeudados a maestros interinos desde el mes de enero de 2018 a la fecha. “Manifestamos nuestro más enérgico descontento con la situación que se vive actualmente dentro de la institución, ya que denigran, laceran y ponen en riesgo la estabilidad económica y educativa de nuestras familias, toda vez que desde el mes de
enero de 2018 hasta la fecha ningún docente interino apercibido de los salarios devengados, poniendo en riesgo la seguridad de una educación continua para los alumnos que asisten a la institución”, puntualizó. Ante todo esta situación, solicitó al gobierno del estado, para que la Secretaría Educación, Subsecretaría de Planeación Educativa y Secretaría de Hacienda realicen los trámites ne-
cesarios, así como el pago adeudado a los maestros interinos, toda vez que es un derecho de trabajador cobrar lo trabajado. Por su parte, estudiantes de primero y tercer grado de este centro de estudios llamaron al gobernador que les otorgue el pago de sueldos a este grupo de docentes, ya que durante tres años han recibido clases de forma continua.
Piden empresarios chiapanecos aplicar la ley contra invasiones ren siempre el estado de derecho y certeza jurídica en el Estado de Chiapas. Sin embargo el organismo empresarial confió en la pronta atención de las autoridades para solucionar este y otros problemas de invasiones y con ello enviar el mensaje correcto de que nada ni nadie está por encima de la ley. Cabe recordar que el MOCRI EZ se ha caracterizado por actuar de forma violenta, golpeando, invadiendo, despojando y actuando al margen de la ley, sin que hasta el momento se le haya aplicado la ley por lo que sus acciones quedan en la impunidad.
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Gobierno de Morelos propone conectar cámaras de vigilancia privadas al C5 Jaime Luis Brito Cuernavaca, Mor. (apro)
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l jefe de la oficina de gobierno del estado de Morelos, José Manuel Sanz Rivera, dijo que existen condiciones para que las cámaras de vigilancia ubicadas en bares y restaurantes de la entidad se conecten directamente a la tecnología del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), para así ampliar las posibilidades de acción frente a la delincuencia. Y es que el C5 cuenta con un buen número de cámaras de vigilancia en la entidad, pero según lo dicho por las propias autoridades el gobierno anterior dejó inservibles algunas de ellas. El funcionario dejó abierta la puerta para que los prestadores de servicios que así lo deseen, sólo tienen que solicitarlo a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y de esta manera se podrá realizar el enlace, lo que duplicaría la vigilancia en sus negocios, con el fin de ofrecer mayor seguridad a sus clientes y comensales. Recordó que se ha hablado con los propietarios de bares y centros nocturnos en la entidad para que incrementen sus medidas de seguridad, como la utilización de sus propias cámaras, los botones de pánico y la revisión a los clientes. También solicitó a los empresarios que en caso
Jaime Luis Brito Cuernavaca, Mor. (apro)
Jorge Zapata, nieto del caudillo revolucionario Emiliano Zapata, interpuso una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la consulta ciudadana para decidir el funcionamiento de la termoeléctrica de Huexca y la totalidad del Proyecto Integral Morelos (PIM). Uno de los más visibles opositores a este proyecto –que incluye además un gasoducto que atraviesa toda la zona volcánica de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y un acueducto que pone en riesgo la sobrevivencia de seis mil ejidatarios– interpuso un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ante la Sala Superior y en contra de la actuación del gobierno federal.
El funcionario dejó abierta la puerta para que los prestadores de servicios que así lo deseen, sólo tienen que solicitarlo a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y de esta manera se podrá realizar el enlace, lo que duplicaría la vigilancia en sus negocios, con el fin de ofrecer mayor seguridad a sus clientes y comensales
de recibir amenazas de extorsión o cualquier otra causa realicen la denuncia correspondiente. Informó que en las últimas horas se han reforzado los patrullajes y operativos de revisión en dichos sitios, sin embargo esta estrategia requiere de la colaboración ciudadana y de los propios empresarios, a fin de regresarle a Morelos la tranquilidad que la ciudadanía solicita. Sanz Rivera aseguró que se trabaja para que la Fiscalía General del Estado esclarezca los hechos ocurridos
en días pasados en dos bares: Sophia ubicado en Cuernavaca y La Palma en Yautepec, así como en los hechos que privaron de la vida al líder social Samir Flores Soberanes. En tanto que el secretario de gobierno, Pablo Ojeda, informó que en los próximos días se instalará una mesa de trabajo con empresarios para buscar mecanismos de colaboración para mejorar la seguridad en restaurantes, bares y discotecas en la entidad. Por su parte, la Comisión Estatal
de Seguridad Pública (CES) realizó un operativo de “supervisión y vigilancia” en zonas de bares y centros nocturnos en Cuernavaca y la zona conurbada, luego de los hechos violentos de los últimos dos fines de semana que dejaron al menos ocho personas muertas. José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la CES, aseguró que durante el operativo hubo algunos dueños de bares que se resistieron, pero la mayoría “agradecieron la supervisión y mostraron amplia cooperación”.
Nieto de Emiliano Zapata impugna consulta sobre Huexca ante el Tribunal Electoral El recurso presentado por el nieto del líder del Ejército Libertador del Sur reclama a la autoridad jurisdiccional electoral las irregularidades que fueron registradas por los opositores durante la consulta que se llevó a cabo los días 23 y 24 de febrero pasados. Y señala como responsables directos de ellas a la Secretaría de Gobernación y al delegado federal Hugo Eric Flores Cervantes, entre otras autoridades. L a impugnación fue registrada en el e xpediente SUPJDC-40/2019 y fue turnada a la mesa de la magistrada Mónica Soto, para que presente el proyecto de resolución ante el pleno de la sala superior del tribunal federal.
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Opinión de la IATA sobre Santa Lucía es escuchada, pero ya se tomó la decisión: AMLO Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)
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na abierta descalificación a organismos internacionales especializados fue proferida hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien, ante la recomendación de que las operaciones aeroportuarias de Santa Lucía sean conferidas a personal civil, sugirió poco profesionalismo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés). “Se toma en cuenta, se escucha, se analiza, pero ya se tomó la decisión de que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía lleve el nombre del general Felipe Ángeles”, expresó López Obrador para añadir que será operado por militares. El mandatario consideró que los organismos como IATA no siempre son profesionales, al recordar que fue una de esas “organizaciones” la que concluyó que no se podía volar en el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la base aérea de Santa Lucía, poco antes de la consulta
Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)
La agencia calificadora Standard & Poor’s revisó la perspectiva de calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) de “estable” a “negativa”. De acuerdo con un reporte publicado este lunes, la firma señaló que dicha modificación se debe al continuo deterioro de los perfiles de riesgo de negocio y financiero de la empresa que ha comprometido la recuperación de sus principales líneas de negocio. “Además, consideramos que el plan financiero para restaurar los fundamentos crediticios de la petrolera es insuficiente respecto de las necesidades multianuales de inversión de capital”, advirtió la agencia calificadora. Según S&P la confirmación de las calificaciones de Pemex y sus subsidiarias refleja la expectativa de una probabilidad casi cierta de apoyo extraordinario de parte del gobierno a la empresa, ante un escenario de estrés financiero. “Esto se basa en nuestra evaluación del rol crítico que tiene Pemex para el gobierno mexicano, tanto desde el punto de vista económico
“Se toma en cuenta, se escucha, se analiza, pero ya se tomó la decisión de que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía lleve el nombre del general Felipe Ángeles”, expresó López Obrador para añadir que será operado por militares
que convocó para cancelar el proyecto aeroportuario ideado en la pasada administración, “porque les interesaba se mantuviera el ae-
ropuerto de Texcoco”.
Luego agregó: “Entonces no actúan con la se-
riedad suficiente, con el profesionalismo suficiente, pero son muy afamados. Están como los tecnócratas que todavía no pierden su respetabilidad y se les considera importantes técnicos, o son técnicos que se consideran científicos, y miren como dejaron al país”. Entre otros episodios, el pasado 30 de enero, López Obrador arremetió contra la calificadora Fitch Ratings, y llamó a “esos organismos” hipócritas por “haber permitido el saqueo” y por “avalar la reforma energética”, cuando sabían que no iba a haber inversión extranjera. Y luego de que Standard & Poor´s rebajara el viernes su calificación de deuda para el país, López Obrador se limitó a responder el sábado desde Chihuahua: “Vamos muy bien, si está creciendo el país, estamos bien y de buenas, como México no hay dos”.
Standard & Poor’s cambia ahora su perspectiva para Pemex de estable a negativa como para la ejecución de la política energética del país”, explicó la calificadora. Agregó que “nuestra evaluación también captura el vínculo integral entre Pemex y el gobierno que detenta la propiedad total de la empresa, y que considera la elevada participación gubernamental en todas las decisiones estratégicas”. Standard & Poor’s agregó que la evaluación se refuerza por el respaldo público que expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 14 de febrero de 2019 para asegurar que PEMEX se beneficia del apoyo federal, y que la empresa cumplirá en tiempo y forma con todas sus obligaciones financieras. “El respaldo federal también es evidente a través de asignaciones incrementales aprobadas para Pemex en el presupuesto federal de 2019, que incluyen una inyección de capital por 25 mil millones de pesos mexicanos, así como el plan de monetizar anticipadamente pagarés federales relacionados con pasivos
laborales de la empresa”, señaló el reporte. S&P dejó claro que estas acciones son insuficientes para atender completamente las necesidades de fondeo de la petrolera, pero “sin duda contribuyen al historial de respaldo
gubernamental para la empresa”. Hacia adelante, la agencia calificadora asume que la empresa lograría contener el descenso en la producción de petróleo crudo y que esta se estabilizara en poco menos de 1.90 millones de barriles diarios (mbd).
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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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a llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República no se ha traducido en un avance en las investigaciones de crímenes de lesa humanidad ocurridas durante la llamada “guerra sucia”, desencadenada hace casi 50 años, sostiene el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara. El botón de muestra de tal aseveración es la continuación de las omisiones de las últimas dos administraciones federales para cumplir la sentencia contra México, emitida en noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974, y atribuida a miembros del Ejército mexicano, que realizaba un retén en Atoyac de Álvarez. La última vez que fue visto Rosendo Radilla, reconocido luchador social en Atoyac, fue en el cuartel militar que mantenía el Ejército mexicano en ese municipio, como parte del despliegue castrense denominado “Plan de Operaciones Telaraña”, creado para el exterminio de los movimientos subversivos que se asentaron en el estado de Guerrero, entre ellos el de Lucio Cabañas Barrientos. A poco más de tres meses de que López Obrador haya asumido la presidencia, tiempo en el que Alejandro Gertz Manero ha estado al frente, primero, como encargado de despacho en la Procuraduría General de la República (PGR), y ahora como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Guevara Bermúdez no advierte señales de que entre las prioridades de la nueva administración esté el esclarecimiento de las violaciones graves cometidas durante la “guerra sucia”. En el caso específico del caso Radilla, desde diciembre que tomó posesión la nueva administración “no hay ninguna medida, ningún gesto ni ninguna expresión en todos los niveles de que vayan a hacer algo distinto, lo que vemos es que siguen administrando la impunidad”, sostiene el defensor. Los señalamientos de Guevara Bermúdez en entrevista con Proceso se sustentan en que, en busca de la verdad sobre el paradero de Radilla Pacheco, no fue suficiente que el tribunal regional sentenciara a México precisamente a localizar a Rosendo, investigar el caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada, reformar el Código de Justicia Militar y dar garantías eficaces de no repetición. Para el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH, la organización solicitó audiencia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el pasado 2 de enero, sin que hasta el momento los representantes de la familia Radilla hayan recibido respuesta. Los abogados de Tita Radilla, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (AFADEM), hija de Rosendo, han recurrido al Poder Judicial de la Federación para que las autoridades cumplan con sus funciones, primero la PGR y ahora la FGR, en particular la Coordinación General de Investigaciones (CGI) de la Subprocura-
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Caso Rosendo Radilla, atorado también en el nuevo gobierno
duría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF). El 31 de diciembre de 2018, ya con la actual administración, Tita Radilla, con el apoyo de sus abogados, ganó un amparo dictado por la jueza Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, Karla Macías Lovera, para que las autoridades “realicen las diligencias de investigación de manera seria, imparcial, profesional, diligente, exhaustiva y efectiva” para acceder a la verdad sobre la desaparición de Rosendo Radilla. También para que se realice una diligencia de búsqueda en lo que fue el cuartel militar de Atoyac y se remitan al juzgado “copia certificada de las diligencias e investigaciones que se practiquen, lo que deberán realizarse cada quince días naturales, contados a partir de la notificación de esta resolución”. Sin embargo, alrededor del juicio de amparo persisten tres recursos interpuestos entre julio y septiembre de 2018 por personal de la PGR que se mantiene dentro la FGR, y son responsables de la averiguación previa del caso Radilla, como lo es el titular de la CGI, Alberto Manuel Alcántara Martínez, y el agente del ministerio público adscrito a esa coordinación, Carlos Puga Quiroga. “Esta administración se sigue defendiendo frente a los reclamos de justicia de las víctimas, se sigue tratando de impedir que se les ordene que hagan su trabajo que no han querido hacer en décadas. “Yo hubiera esperado que se desistieran de los recursos, y hubieran creado una nueva área o nombrado a nuevas personas, que hubieran llamado a las víctimas de la época para decirles esta es una nueva etapa, pero no hemos visto ningún tipo de movimiento en ese sentido; no forma parte de las prioridades de Gertz Manero investigar los crímenes de la ‘guerra sucia’ ni tampoco investigar los crímenes de desaparición forzada ni de tortura ni de ejecuciones extrajudiciales”, puntualiza el director ejecutivo de la CMDPDH. La situación se agrava, cuando “habiendo información para consignar a responsables en los 29 tomos de la investigación, existiendo identificados nombres de los que participaron en los hechos, no haya acción penal contra ellos por la desaparición forzada de Rosendo Radilla”, apunta Guevara. En la resolución del juicio de amparo 565/2018, la jueza Macías incorpora criterios de la reciente condena de la CoIDH a México, el de la desaparición forzada por elementos del Ejército mexicano de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel, los tres de apellido Alvarado, y las últimas observa-
ciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, ambos documentos dados a conocer en noviembre del año pasado. Del análisis de 28 tomos que comprenden la averiguación previa del caso Radilla, que fueron remitidos al juzgado a petición de la titular, la jueza señala que dichas copias “no permiten considerar que se han agotado todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y dar con el paradero del señor Rosendo Radilla Pacheco”. Entre las omisiones del ministerio público, la jueza advierte el incumplimiento de los acuerdos con representantes de las víctimas y peritos independientes para realizar acciones de búsqueda en el excuartel militar, ahora conocido como “Ciudad de los Servicios”, situación en la que la autoridad responsable, “sin justificación alguna canceló dichas diligencias” el pasado 7 de noviembre, fecha en que definió para marzo y abril la realización de las diligencias, “sin que se explique de manera suficiente esa dilación, puesto que se desconocen las razones de ‘normatividad administrativa’ por las cuales el Ministerio Público afirmó que esa diligencia no se llevaría a cabo” en noviembre del pasado. La jueza Macías reflexiona sobre la violación al derecho a la verdad como secuela de las omisiones de la autoridad en la búsqueda de Radilla Pacheco, al destacar que además de la víctima directa y las indirectas, como lo son sus familiares, también resulta afectada la sociedad, al negársele el derecho a saber “qué fue lo que ocurrió, por qué y cómo se dieron los hechos y quiénes son los responsables de los mismos, así como todas las violaciones cometidas”. La jueza advierte que en este caso se ha incurrido en “un retardo injustificado” de las autoridades para esclarecer el asunto, cuya averiguación previa data de hace más de 16 años, al iniciarse el 20 de septiembre de 2002 por la extinta Fiscalía Especial sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), sin contar que han pasado 44 años desde que Rosendo Radilla fue detenido en un retén militar. En su resolución, la jueza cita al titular de la CGI adscrita a la SEIDF, Alberto Manuel Alcántara Martínez, quien “informa que derivado del cierre de la administración pública federal (2012-2018), dentro del presupuesto de esa Subprocuraduría y de sus unidades administrativas, ya no se cuenta con recursos financieros disponibles”. Para la jueza, “el contenido de ese oficio no es apto para justificar las omisiones en que han incurrido las autoridades responsables en la investigación de la desapari-
ción forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco”. Parte de la sentencia de la jueza fue expuesta por la CMDPDH y Afadem a la CoIDH en las “Observaciones al Vigésimo Segundo Informe del Estado sobre el Cumplimiento de la Sentencia del Caso Rosendo Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos”, documento remitido en enero de este año, cuando estaba vigente la figura de la PGR. En el escrito, las organizaciones advierten que a pesar la existencia de una sentencia de la CoIDH, “la PGR (ahora FGR) no cuenta con un mecanismo especial de cumplimiento, supeditando el acceso a la justicia de las víctimas a los procesos regulares” de la dependencia, de ahí que solicitaron al tribunal regional que haga “un pronunciamiento específico sobre la demora injustificada en la búsqueda del señor Radilla Pacheco”. Además, que se llame al Estado mexicano “a tomar todas las medidas necesarias para que el acceso a la justicia al señor Radilla, no quede supeditado a la voluntad de la PGR para erogar los fondos para cumplir con esta obligación internacional”. Los representantes de la familia Radilla instan a la Corte a que pida al Estado mexicano “instrumentar una política adecuada para la búsqueda y localización de personas que fueron desaparecidas por el ejército mexicano en la época denominada de la represión de Estado de los años 70, entre las cuales se encuentra el señor Rosendo Radilla Pacheco con los más altos estándares internacionales, incluso mediante cooperación internacional”. Al respecto, Nancy López Pérez, abogada de la CMDPDH, explica que pese a los avances en materia legislativa con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, “no existe una metodología para analizar desapariciones del pasado, que tienen un componente mucho más complejo, un análisis de contexto histórico, algo que no tienen las nuevas instituciones”. Más allá de las omisiones legislativas, López Pérez resalta que a casi un año de emitirse la sentencia sobre el caso Radilla, no hay avance en las investigaciones pese a que en 2015 la PGR contrató al perito independiente Carlos Castresana para que analizara la averiguación previa y formulara recomendaciones. “Entre las recomendaciones que se le hicieron fue el análisis de las averiguaciones previas relacionadas con Atoyac y Guerrero en la época en que desapareció Rosendo, para encontrar patrones de desaparición y de quiénes pudieron ser los perpetradores, pero desde 2015 la respuesta del Estado mexicano a la CoIDH es que siguen haciendo ese análisis sin comprometerse a dar una fecha para presentarlo”, cuenta la abogada en entrevista. A las omisiones de la dependencia se suman “los obstáculos” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ayudar a localizar a los militares identificados en el expediente, como presuntos responsables o testigos de la desaparición de Rosendo.
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Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)
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uego de tres años de buscar verdad y justicia para esclarecer la desaparición y ejecución extrajudicial de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, José Benítez, padre de José Benítez de la O, tronó ante el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, y el gobernador Cuitláhuac García: “Estoy harto de mentar madres, llevo mil 158 días con el mismo pesar, pero vengo a sensibilizar a jueces y fiscales para llegar a la justicia”. La expresión espontánea de José, en el Museo de Memoria y Tolerancia, ocurrió en el contexto de la disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad por parte de representantes del Estado mexicano ante las familias de Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo, Bernardo Benítez Arroniz, y el propio José Benítez, detenidos el 11 de enero de 2016 por policías estatales, quienes los entregaron a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes habrían ejecutado y destruido los restos de los muchachos. Profundamente dolido, José admitió que después de haber enfrentado a los gobiernos de Javier Duarte, de quien piden castigo por los hechos, y de Miguel Ángel Yunes, los familiares de los cinco jóvenes originarios de Playa San Vicente, con los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García, se renovaron sus esperanzas de que el caso se esclarezca. “Vemos una nueva disposición del gobierno, y tenemos fe de que se pueda resolver el caso, y tener con ello un poco de satisfacción de que no haya impunidad; lo único que exijo es justicia”, expuso Benítez antes de hacer una pausa, dejar el auditorio para evitar ver un video sobre los jóvenes, preparado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), que representa a los familiares de las víctimas. “Sensibilizado yo ya estoy, yo vine a sensibilizar a jueces y magistrados”, dijo Benítez antes de dejar el auditorio. El evento respondió a la Recomendación 5VG de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria de los cinco jóvenes, de los cuales, Susana era menor de edad, así como por el dictamen presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Bernardo Benítez, hermano de José y padre de Bernardo Benítez Arroniz, emplazó a los representantes del Estado mexicano, todos emanados del partido Morena, a garantizar a las familias el acceso a la justicia para demostrar el “verdadero cambio”, y que de no hacerlo, podrían incurrir en complicidad. Escéptico, Bernardo resaltó que luego de tres años de la tragedia, no confía en las instituciones de procuración y administración de justicia del Estado mexicano, porque hasta ahora no se ha sentenciado a las 21 personas procesadas por el caso de Tierra Blanca, por desaparición forzada, en el fue-
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“Para las familias de víctimas de desaparición forzada ni perdón ni olvido” “¿Cuál justicia en México? Para las familias de víctimas de desaparición forzada ni perdón ni olvido, exigimos que se juzgue a los culpables, se les tiene que condenar a los 21 detenidos y que estén bien los procesos, pero que también se investigue a la cadena de mando y a los que encubrieron”
ro común, y delincuencia organizada en el ámbito federal. “¿Cuál justicia en México? Para las familias de víctimas de desaparición forzada ni perdón ni olvido, exigimos que se juzgue a los culpables, se les tiene que condenar a los 21 detenidos y que estén bien los procesos, pero que también se investigue a la cadena de mando y a los que encubrieron”, dijo. “Hasta ahora el ministerio público que estaba coludido con los 21 detenidos, sigue en funciones, siguen sin ser investigados los superiores jerárquicos quienes permitían laborar a policías que reprobaban exámenes de control de confianza, policías que por donde pasaban generaban desapariciones y a quienes sabían de los hechos y no hicieron nada”, acusó Bernardo quien emplazó al gobernador de Veracruz a limpiar las corporaciones policiacas en el estado, porque de lo contrario “corre el riesgo de volverse cómplice”. Benítez también hizo una exigencia al Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ausente en el evento, y a quien le corresponde indagar sobre la colusión entre crimen organizado y gobierno estatal, entonces encabezado por Javier Duarte. “Si casos como el nuestro no lo resuelve y no llega a las últimas consecuencias, se manchará las manos, esta es una gran oportunidad, aprovéchelo”, dijo al ausente Gertz Manero, quien envió en su representación a Sara Irene Herrerías, quien ha fungido como responsable del área de Derechos Humanos de la dependencia. Carmen Garibo, madre de Susana, hizo presentes a las madres de miles de desaparecidos en Veracruz, al recordar cuando los parientes de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca permanecieron 87 días en la agencia del Ministerio Público para exigir que
les fueran devueltos sus jovencitos. “No quiero que nadie vuelva a vivir lo que nosotros vivimos”, puntualizó Carmen al urgir al gobernador García “no volver a permitir que la policía se involucre con el crimen organizado y que no se investigue”. Al indicar que los gobiernos federal y de Veracruz, han hablado del cambio de régimen, y que serán distintos “a los de antes que causaron tanto dolor”, advirtió que “ese cambio debe significar que haya justicia, que nos escuchen a todas las familias y que den resultados, solamente así les vamos a creer, confiaremos hasta que veamos la justicia más de cerca”. Al señalar que no descansaran hasta ver materializada la justicia y la verdad, Garibo admitió que las familias tuvieron dudas en acudir al evento, porque una disculpa “no sana el dolor”, como lo sería reconocer que los jóvenes fueron inocentes, “que son buenas personas”. Al reconocer la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, se comprometió a que la FGR agote las investigaciones que le corresponde, “que el agravio alcance justicia”. Encinas destacó que los hechos ocurrieron dada la colusión entre autoridades y crimen organizado, pero que esto “no seguirá sucediendo, y el primer paso es que esta autoridad asuma su responsabilidad”. El funcionario sostuvo que el gobierno federal tomará las acciones necesarias para “terminar con la impunidad y dar garantías de no repetición, nos comprometemos a que a través de la FGR, acompañar las investigaciones pendientes en materia de delincuencia organizada”. Por su parte el gobernador Cuitlá-
huac García, se sumó al reconocimiento de la responsabilidad del estado de Veracruz en la desaparición forzada y muerte de los jóvenes, así como de la criminalización de que fueron objeto. “Fallamos ante dichas atrocidades”, dijo García al reconocer que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a los jóvenes, que “incumplieron la ley y se los llevaron a miembros del crimen organizado”. Ante los familiares de las cinco víctimas, el mandatario veracruzano se disculpó porque “no se detuvo a tiempo a los responsables por la colusión”, por el sufrimiento de los muchachos, “por la impunidad, por las dificultades al denunciar los hechos”. Dirigiéndose en todo momento a los padres y madres de los jóvenes, García ofreció una disculpa por “la criminalización”, de la que fueron víctimas los jóvenes, porque “sin justificación” se les señaló falsamente de pertenecer al crimen organizado. “Que quede claro, los cinco eran inocentes y nunca debieron vivir lo vivido”, puntualizó García al señalar que el reconocimiento de responsabilidad del Estado fuente a un “sufrimiento irreparable”, es una “mínima expresión de cercanía, como ser humano, un momento para honrar la memoria de sus hijos, fundamental para limpiar su nombre y que nunca más ocurran atrocidades similares, en espera de que recuperen un poco de paz”. Por el caso de la desaparición forzada y ejecución arbitraria de los cinco jóvenes originarios de Playa San Vicente, están siendo procesados ocho exagentes que formaban parte de la Policía Estatal Región VIII, con sede en Tierra Blanca, y 13 personas acusadas de formar parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los detenidos están siendo investigados a nivel local por desaparición forzada y ante la FGR por delincuencia organizada y por delitos contra el Sistema Nacional de Seguridad, por haberse mantenido en funciones a policías que reprobaron los controles de confianza. La representación de los familiares de las víctimas, han interpuesto juicios de amparo para que avancen las investigaciones y escalar la investigación a los superiores jerárquicos, en tanto que la CNDH presentó denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por tortura y homicidio contra los 21 procesados.
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Desatino, falta de visión y soberbia de AMLO ante Refugios Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)
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a convicción de Andrés Manuel López Obrador de terminar con la corrupción y sacar de la ecuación de la Cuarta Transformación a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), para dar recursos de manera directa a las mujeres que viven violencia, podría terminar por colocarlas en mayor riesgo porque ello no va a salvaguardar su vida. La coordinadora de la Red Interamericana de Refugios y una de las fundadoras en 1996 del primer refugio en México “Mujer contemporánea”, Margarita Guillé Tamayo, sentenció que es imposible que el Estado asuma la operación de los refugios como contempla Obrador. Aunque se reanudó la convocatoria de la Secretaría de Salud para que los que son operados por OSC y gobiernos estatales accedan al presupuesto etiquetado para este año, AMLO insiste en que será la Secretaria de Gobernación (Segob) la encargada de entregar los recursos de manera directa a las mujeres víctimas de violencia, argumentando la necesidad de terminar con la intermediación de las OSC para evitar corrupción y opacidad en el ejercicio de éstos. El censo de Alojamientos de Asistencia Social elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que hasta 2015 operaban
en México 83 refugios, 90 por ciento recibía recursos del gobierno. Para Guillé Tamayo esta medida es absurda, ya que es justo la corrupción e inoperancia del sistema de impartición de justicia para la protección de las mujeres, lo que podría dar pie a que datos sensibles como la ubicación de los refugios y de los casos, condenen la vida de quienes están en ellos. “Los refugios para mujeres no pueden estar en manos del gobierno hasta que esté limpia la gente que trabaja en las fiscalías”, declaró en entrevista con Cimacnoticias y recordó las prácticas que han ocurrido en los refugios estatales: se filtra información de la ubicación de mujeres o de los refugios por favores políticos, pues las mujeres no sólo huyen de sus esposos, también de sicarios o personas que intentan explotarlas sexualmente, indicó. AMLO aseguró “que para todas las mujeres todo lo que signifique hacer justicia tiene prioridad y no hay límite sobre los recursos que se requieren”, pe-
ro si la intención es dar apoyos económicos directos a las mujeres, también puede ser una sentencia de muerte para ellas, advirtió Guillé Tamayo. Quienes huyen de sus hogares lo hacen buscando un lugar seguro para evitar su feminicidio; y tener recursos económicos en sus manos podría significar una amenaza a su vida frente a sus agresores. “Me parece un desatino, falta de visión y un gran desconocimiento y lleno de soberbia para no sentarse con las organizaciones que saben del tema”, dijo Guillé. El fin primordial de los refugios tal como está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no es el apoyo con recursos, es darles “espacios confidenciales, seguros, temporales y gratuitos que proporcionan atención integral, es decir, servicios de carácter psicológico, educativo, médico, legal y de trabajo social”. Ellas tienen la oportunidad de permanecer en estos espacios con sus hijos
e hijas por un periodo de 3 meses. A menos que persista su inestabilidad física, psicológica o situación de riesgo, la ley las ampara y permite que su estancia se prolongue. “El Estado tiene que responder a una realidad y no es ir a darle 100 o 200 pesos a las mujeres, es asegurar su vida, eso no es un asunto menor”, expresó la abogada feminista Patricia Olamendi Torres. Coincidió que el Estado no cuenta con la infraestructura para encargarse de estos espacios que han sido atendidos por más de 20 años por las OSC quienes se han especializado y creado modelos de atención, lo que no se puede sustituir con la capacitación de funcionarios en unos meses, advirtió. En su opinión, los refugios son una de las mejores políticas que han logrado impulsar las OSC de la mano con el gobierno y que sean operados por ellas generó mayor confianza en las mujeres, en lugar de acercarse al gobierno, dijo. Sobre la transparencia, dijo que son auditados y por el contrario, sus recursos son insuficientes para cubrir sus gastos. De ahí que llamó al presidente y su equipo a considerar y pensar seriamente la política que está impulsando. En un país donde cada día 9 mujeres y niñas son asesinadas, el futuro de estos espacios de resguardo permanece en el aire porque aunque sus recursos permanezcan asegurados, la política pública que les dio origen y por la que funcionan está seriamente amenazada.
Ciudad de México. (Cimacnoticias)
Ordenan a Sebog decretar AVG en Puebla
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en Puebla determinó que la Secretaría de Gobernación (Segob) debe emitir la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad pues sí existe un contexto de violencia feminicida que lo amerita. Así lo dio a conocer en entrevista con Cimacnoticias la directora de la organización civil “Todos para Todos”, Violeta Lagunes Viveros, una de las organizaciones promotora de la AVG, quien fue notificada el pasado 28 de febrero de que el Tribunal Colegiado dejó sin efecto la resolución de la Segob de no emitir la AVG en Puebla, alegando que existe un contexto de violencia feminicida en la entidad que amerita la activación de este mecanismo. Lagunes Vivero explicó que una vez que las autoridades también sean informadas de la resolución, cuentan con tres días máximos para acatarla, por lo que se esperaría que esta semana la Segob haga oficial la activación de la AVG en Puebla. Cabe recordar que desde hace 3 años la agrupación civil “Todos para
Todos” solicitó la Alerta de Género en el estado de Puebla por el alto índice de casos de feminicidio. Después de un proceso plagado de irregularidades y permisiones al gobierno estatal para que cumpliera con las recomendaciones derivadas de la AVG, el 7 de julio de 2017 la Segob concluyó que no había elementos suficientes para decretar el mecanismo en la entidad. La resolución de la Segob llevó a la organización “Todos para Todos” a interponer un amparo y en abril de 2018 lo ganaron. El Juzgado Cuarto en Materia Civil Administrativa del Trabajo y Juicios Federal del Sexto Circuito de Puebla, determinó que la Segob debía emitir otra resolución respecto a la Alerta de Género, sin embargo, dejó en “libertad de jurisdicción” a las autoridades sobre esta nueva resolución. La Segob por medio de la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) comenzó un juicio de revisión a la sentencia del Juzgado Cuarto, insistiendo sobre no activar Alerta de Género a Puebla, éste fue resuelto el pasado 14 de febrero de 2019 por el
Hazel Zamora Mendieta
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Al cuestionarla respecto a las dificultades de que se cumpla la sentencia porque el presidente de la República todavía no nombra a quien será la titular de la Conavim, que es la instancia responsable del seguimiento de las Alertas de Género, respondió que la Segob, actualmente a cargo de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, tiene la obligación de acatarla. De lo contrario, señaló Violeta Lagunes, tienen la posibilidad de interponer un recurso de incidente por la inejecución de la sentencia, el cual podría derivar en sanciones a las funcionarias públicas responsables de cumplirla.
FINALMENTE SE RECONOCE FEMINICIDIO EN PUEBLA Puebla no es la única entidad en la que las organizaciones civiles se ven orilladas a iniciar juicios para que se decrete la AVG, ocurrió también en Nuevo León y el Estado de México; ello para que se obligue a los gobiernos
a generar mecanismos urgentes de protección para las mujeres que están en contextos de alta violencia. Lagunes Viveros señaló que la sentencia del Tribunal Colegiado es relevante para la entidad porque finalmente reconoce los hechos de feminicidio que han intentado negar los gobiernos poblanos, pues recordó, han pasado 5 gobernadores por la entidad sin que se ponga verdadera atención al tema. Sólo en 2018 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que se cometieron 30 casos de feminicidio en Puebla, y un año antes, la capital de la entidad se ubicó en el lugar 14 de los municipios con el mayor número de delitos de feminicidio en el país.
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CASTIGAR Fabrizio Mejía Madrid
COLUMNA, TIEMPO FUERA
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a imagen del presidente mostrando los grilletes de 16 kilogramos que se le ponían en los tobillos a los presos de Islas Marías me dejó pensando en una pregunta: ¿Desde cuándo y por qué el castigo corporal se impuso para reparar el daño por un delito? La idea es mucho más reciente de lo que podría pensarse. El filósofo Didier Fassin encuentra su origen en la generalización de las deudas, justo en la Venecia renacentista de los banqueros. De eso trata El mercader de Venecia, de Shakespeare: Shylock, el judío, le presta una cantidad a Antonio y, en garantía, le pide una libra de su cuerpo. Cuando el barco de Antonio naufraga con toda su carga, Shylock demanda ante un tribunal el pago de una parte del cuerpo de su deudor, tal como establece el contrato que han firmado. Los que asisten al tribunal se escandalizan de la demanda porque les resulta intolerable. Hoy, habría que preguntarle a quienes apoyan medidas como la pena de muerte o el cercenamiento de una mano a los ladrones –como propuso el año pasado el entonces candidato “independiente a la Presidencia Jaime Rodríguez Calderón, hoy gobernador de Nuevo León– si les resultaría tan intolerable la demanda de Shylock. Es curioso que nuestras sociedades, mientras retiran los castigos corporales dentro de las familias y en las escuelas, aprueban cada vez mayores penas corporales en el sistema judicial. Hoy vemos como natural que se inflija por medio de una institución oficial un sufrimiento a la persona que cometió un acto censurable. No sólo las penas para los delitos han aumentado, sino que actos que antes no eran delitos se han convertido en tales. Es como si la tolerancia, hoy que hablamos tanto de ella, se hubiera disipado y pensáramos que merecen sufrimiento, por ejemplo, los que infringen normas de comportamiento que antes eran sólo motivo de una condena social, pero no judicial. Pensemos en los fumadores, en los que se estacionan en lugares prohibidos, en los que tiran chicles en las banquetas. En muchas sociedades esos infractores deben sufrir penas corporales. Pensemos también en las infracciones sin víctimas: el consumo de drogas, el ultraje a la bandera, el recurso a la prostitución, burlarse de la religión de otros. Todas ellas, ahora, permiten encarcelar a alguien, aunque realmente no
haya una víctima física y un daño palpable. No siempre fue así antes de Shylock. Nietzsche, en La genealogía de la moral, hace la equivalencia lingüística en alemán: “culpa” extrae su origen de “deuda”: “El deudor, para infundir confianza en su promesa de restitución, empeña, para el caso de que no pague, algo que todavía posee, una cosa sobre la que tiene el control: su cuerpo, su mujer, su libertad o su vida.” En español, como los demás idiomas del latín, “pena” tiene el doble significado de punición y sufrimiento. En inglés está separada en “penalty” y “pain”. Ya en el lenguaje que usamos está implícita la idea que hermana a la justicia con la venganza. Pero, como explica Fassin, el momento de los banqueros es, también, en el que una deuda a pagar deviene en un sufrimiento a infligir. Hay, entonces, una desgracia merecida para el que adeuda. “La libra” de Shylock ya no es un escándalo. Cuesta trabajo pensar hoy en una sociedad que no demande la seguridad como restricción de las libertades: vigilancia y monitoreo en todo espacio público, custodia de policías y militares patrullando las calles, entrando sin órdenes a las casas, deteniendo a quien se oponga a la fuerza, cárceles preventivas sin orden ni sentencia, la vida miserable de todas las víctimas. De acuerdo con las cifras, nos hemos endurecido en nuestras relaciones sociales: permitimos que gente inocente vaya a prisión –un aumento de 400% en las poblaciones carcelarias mexicanas desde que Islas Marías se inauguró– y no nos oponemos a que más de 60% de quienes no pueden salir, no tengan ni proceso ni sentencia. Más aún, permitimos que exista una selección económica y racial so-
bre quienes son encarcelados: los que no pueden pagar sus fianzas frente a los grandes evasores fiscales, por ejemplo. Fassin reconstruye, a partir de la etnología, sociedades en las que una transgresión tan extrema como el incesto –en Nueva Guinea– no deviene en una sanción institucional, sino en mecanismos de la comunidad como no hablarle al infractor, mantenerlo alejado de las ceremonias colectivas, condenarlo al ostracismo, pero no ejecutarlo. Esto contrasta fuertemente con lo que hacen, por ejemplo, en el Bronx de Nueva York: pedirles a los inocentes que se declaren culpables para que sus procesos judiciales se agilicen. Así, tienes a jóvenes afroamericanos o hispanos que, sin haber cometido falta alguna, purgan condenas en la cárcel de Rikers porque, al no tener para la fianza, el defensor de oficio recomendó que se declararan culpables. Al “cooperar” con la institución, la condena será moderada. En efecto, como lo está usted pensando, la vida de un joven incestuoso en Nueva Guinea es más libre que la de un transeúnte en Nueva York. Pensemos en toda la existencia de castigos con trabajo gratuito: los propietarios en Grecia y Roma se alimentaron de ese tipo de castigo a expensas de quienes no habían pagado un préstamo de dinero o, más ampliamente, de trigo. ¿Por qué, entonces, ahora la insistencia social es en que los más vayan a la cárcel? Parece que nos ha dominado una idea del castigo como algo a priori –“disuasivo”, dirían los expertos– y no después del delito. Dirigida al futuro, la pena se justifica para “reducir la criminalidad”. Hacia el pasado, sopesaría el delito en específico. Es Jeremy Bentham, el filósofo utilitarista de los siglos XVIII y XIX, quien nos convenció: hay
que neutralizar la capacidad de delinquir de las personas y, con ello, poner un ejemplo a los demás. Ejecutar, alejar o encarcelar al criminal serían las tres opciones, donde “alejar” es deportar, como en la fantasía anticriminal de Trump. En esta idea, los economistas tuvieron mucho que ver: el criminal calculará si comete o no su crimen igual a cómo evalúa el costo-beneficio un comprador. Esto no resultó cierto. Los estudios demuestran que la baja en la criminalidad no obedece a penas más fuertes o a hacer para todos probable el acabar, sin razón, un día en prisión. Un estudio que siguió a más de 7 mil exconvictos en Francia arrojó que quienes a la hora de la sentencia eran tratados con más clemencia no reincidían tan fácil como los que habían sufrido la pena máxima que el juez tenía sobre su mesa. Entonces, no se trata de pensar sólo en una mejor forma de castigos, sino en qué es lo que hacemos cuando castigamos. Creo que hay que aceptar que hoy estamos más cerca del Crimen y castigo de Dostoievs-ki que del ideal de Bentham para reducir los delitos. Hay algo sórdido en la idea de castigar que no guarda ya relación con la justicia. El calderonato supuso un ánimo de venganza irracional que dejó cientos de miles de muertos, un crimen de lesa humanidad. Era como si la sociedad mexicana hubiera aceptado que, para que una parte de ella sobreviviera en libertad, la otra tenía que morir. Ahora se dice que la justicia criminal involucrará a la justicia social. ¡Quién lo sabe! Hay una satisfacción en saber que el culpable sufre como le sucede a la policía al perseguir a Raskolnikov. Pero si el capitán Zametov hubiera sabido de las angustias que al asesino le provocó su doble asesinato, quizás habría sido más compasivo y menos banquero renacentista. Como recordarán, es el sentimiento de culpabilidad el que lleva a Raskolnikov a entregarse y soportar sus ocho años en Siberia: al ser castigado es liberado. Creo que lo esencial en todo el debate de por qué y a quién castigamos está en el discurso improvisado que Barack Obama dio en su visita a una penitenciaría en julio del 2015, cuando aún era presidente: “Cuando los escucho hablar de su infancia y juventud –dijo–, veo que son los mismos errores que yo mismo cometí. La diferencia es que ellos no tuvieron el sostén de la segunda oportunidad, los recursos para superar los errores. Lo que más me asombra es pensar que yo pude haber sido uno de ellos”.
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EL DESEO DE LA OMNIPOTENCIA Javier Sicilia
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unque el pensamiento ilustrado y las revoluciones que a partir de entonces se sucedieron destruyeron el argumento político del rey como representante divino, la sustancia del poder que encarnaba aún pervive como una tentación en amplias porciones del inconsciente colectivo de gobernantes y pueblos. Esa figura sagrada, que nació del maridaje entre el Imperio Romano y la Iglesia, fue durante siglos la expresión de Dios que, al lado del Papa, reinaba vicariamente mientras Cristo volvía en su esplendor y gloria para establecer el Reino, y cuya omnipotencia dispensaba bienes y castigos como un padre bondadoso y justo; la expresión de siglos en que las sociedades y los seres humanos no habían cumplido la mayoría de edad e, incapaces de comprender y asumir la dura roca de la libertad traída por el Evangelio, otorgaron a Dios y a sus representantes la idea mágica de una omnipotencia capaz de ordenar la vida. Aunque la Ilustración destruyó el sentido vicario del rey como representante de Dios, no destruyó, sin embargo, la idea de su poder omnipotente que sigue operando en la parte más infantil de nuestro inconsciente colectivo. Así Napoleón –que afirmó que nadie podría detener la revolución– se coronó emperador. Stalin, al responder a su madre que le preguntaba en qué se había convertido, respondió: “En una especie de zar” que el pueblo, convertido en camarada, llamó “padrecito”. Hitler se erigió en Führer: líder y guía del pueblo alemán. En México –que, a partir de la Colonia, sólo conoció la figura del rey como una presencia que gobernaba allende los mares– la tentación de encarnarlo, de hacerlo presente ha acompañado a casi todos sus políticos y a una buena parte de eso que hoy nuestro gobierno llama decimonónicamente pueblo. Hidalgo quiso traer a Fernando VII; Iturbide se erigió en emperador, Santa Anna
lo emuló disfrazado de presidente y los conservadores trajeron a Maximiliano. Los liberales, que no querían utilizar términos conservadores, lo disfrazaron de dictador, de cacique o de presidente. En todos nuestros gobernantes el deseo de encarnar la omnipotencia de las realezas ha pervivido, en mayor o menor grado, como una tentación: “¿Qué harán mis hijitos sin mí?”, exclamaba con tristeza Porfirio Díaz al salir rumbo al exilio, y qué decir de esos reyes despóticos que crearon el Maximato, el huertismo, o los tiranuelos que cambian de rostro cada seis años y que mantienen de alguna forma su “derecho” al poder; qué decir del caciquismo estilo Gonzalo N. Santos, Tomás Garrido Canabal, Javier Duarte, Graco Ramírez, los hermanos Humberto y Rubén Moreira, de líderes sindicales como Elba Esther Gordillo o Carlos Romero Deschamps; qué decir de los capos del crimen organizado que aprendieron de ellos. No ha sido distinta la posición del pueblo que desde la Colonia ha vivido de las dádivas de ese poder omnipotente que nunca se dedicó a construir ciudadanía, sino súbditos, clientes, programas asistencialistas que derivaron en la corrupción, prebenda que han hecho del puesto burocrático una especie de ducto conectado al preciado líquido del erario, y la esperanza, casi teológica, en el que el próximo en llegar al poder será el bueno y nos beneficiará con alguna dádiva, que el mexicano llama justicia. México parece no poder pensar ni vivir de otra manera si es posible llamar vida a la corrupción y la violencia que brota de las paredes del país y de sus instituciones como salitre en una casa derruida. El éxito de Andrés Manuel López Obrador radica en eso. Frente al desastre al que nos condujo la mal llamada transición –reyezuelos priistas disfrazados de demócratas–, López Obrador ha logrado dar forma a nuestras aspiraciones infantiles: no sólo rehízo la figura omnipotente del rey –devaluada a lo
largo del tiempo–, sino que le devolvió su sacralidad. En una especie de magia mexicana, Andrés Manuel ha podido sumar en su persona lo inimaginable: la auctoritas y la potestas, el poder espiritual y el poder civil, para democráticamente gobernar de manera vicaria en lugar de Dios y del Estado laico. Por eso, como lo mostró Denisse Dreser (Proceso 2205), el presidente no sólo informa sobre los destinos del país en su conferencia de los lunes, también predica. Por eso también, lo que llama pueblo, sus hijos, “lo escuchan extasiados esperando la siguiente lección”, la nueva dádiva o el futuro castigo. Por eso nadie de su gabinete se atreve a contradecirlo. Él encarna el sueño del rey, que Hidalgo nunca pudo traer a México, que cada gobernante en este país ha simulado representar a fuerza de miedo y dádivas, y que cada “ciudadano” espera cada sexenio como una segunda vuelta de Cristo; una especie de Carlomagno trasplantado a tierras mexicas o un Quetzalcóatl con rostro de Dios padre; la expresión del infantilismo político de un México que aún cree en Dios como una deidad mágica que, semejante a un deux ex machina, salvará la miseria y el dolor de México por su sola aparición en su poder y gloria. A veces, detrás del fervor que Andrés Manuel provoca, creo escuchar las palabras de Francisco Bulnes sobre Porfirio Díaz: “El buen dictador (una forma laica del rey) es un animal tan raro que la nación que posee uno debe prolongarle no sólo el poder sino hasta la vida”. Nada más lejos del Evangelio que es la expresión del amor como ausencia de poder, como impotencia, como vacío y libertad. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar, a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
Martes 5 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EL PRI NONAGENARIO Arturo Rodríguez García
Q
ue el PRI no volverá a ser lo que fue, ni duda cabe. Como tal, sus posibilidades inmediatas de volver a la presidencia de la República en 2024 son ínfimas, en las elecciones estatales que están en puerta ni siquiera figura para un segundo lugar, y su papel legislativo federal es insuficiente para ser factor de definiciones. Fundado en 1929 por Plutarco Elías Calles como Partido Nacional Revolucionario, convertido en Partido de la Revolución Mexicana por Lázaro Cárdenas, recreado como PRI por Manuel Ávila Camacho, es imposible que hoy un cambio de nombre revierta su descrédito. Pero también es cierto que sigue presente en un país donde definió las formas de hacer política. Muchos actores políticos en los partidos que le son antagónicos, tuvieron su formación en el PRI, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, un amplio sector de su gabinete, cerca de la mitad de los legisladores que fueron postulados por la coalición “Juntos haremos historia”, incluido el líder de bancada en el Senado, Ricardo Monreal y el líder cameral, Porfirio Muñoz Ledo. Lo mismo ocurre con el PAN y el PRD, que han obtenido triunfos electorales en los estados: Carlos Joaquín, el de Quintana Roo; José Rosas Aispuro, el de Durango; el independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, o bien, por circunstancias, el interino de Puebla, Guillermo Pacheco
Pulido. Claro está que su modelo hegemónico obligó a los ciudadanos interesados en participar en política a buscar espacio en sus filas y que fueron los tiempos de la apertura los que fomentaron la práctica del gatopardismo que ha tenido la reedición de las peores prácticas de la vida política, en gobernantes proclives al autoritarismo con nuevas siglas, como Rafael Moreno Valle o Miguel Ángel Yúnez. Si bien su hegemonía dio forma a la cultura política mexicana, por sí mismo, el PRI carga con el peso de su autoritarismo y las represiones históricas que se invocan desde sus fundacionales baños de sangre hasta el aplacamiento de los movimientos políticos (de Saturnino Cedillo o Miguel Enríquez Guzmán a los perredistas fundadores asesinados en los noventa), de obreros (ferrocarrileros, maestros, médicos, entre otros), campesinos e indígenas (del jaramillismo a Acteal o los yaquis del sexenio pasado, por ejemplo), o estudiantes (como en 1968 y 1971, y aun en 2014 con los normalistas de Ayotzinapa). También lleva a cuestas el desprestigio por la corrupción que originó mal habidas fortunas: del fundacional corporativismo de Morones a los caciques contemporáneos como el petrolero Carlos Romero Deschamps; de las generaciones de políticos cuya descendencia figura en las listas de millonarios del mundo, como la de Carlos Hank; de las fortunas inagotables para varias genera-
ciones de dispendio, boato y lujo. Y, por supuesto, del desgaste por sus malos gobiernos que han profundizado las desigualdades, confinando a millones a sobrevivir en la precariedad: del pasado rural de limitaciones hasta la casi extinción del agro; de los lupanares de la desesperanza habitados por los obreros fabriles y de maquila, a los oficinistas en el sótano de los mil fracasos sin derechos laborales fundamentales. Una loza enorme para un partido que repite rostros, nombres y prácticas, pesa en su cumpleaños 90, y plantea las interrogantes sobre la posibilidad real de que se mantenga en el sistema político o si en definitiva avanza hacia la extinción. Sobrevivirá (no como antes, pero lo hará), concentrando su esfuerzo en alcanzar la elección federal intermedia con competitividad suficiente para ser factor de decisión, y por lo pronto, mantendrá su papel opositor con más prudencia que el PAN. Llega por lo pronto a un proceso interno en el que se plantea iniciar su reconstrucción, bajo sanción del INE (Morena por lo visto no lo necesita que en sus encuestas opacas todo decide) con el objeto de reconstruir un poco su credibilidad y postulando a dos actores con posibilidad de acercamiento conciliador al lopezobradorismo: el exrector de la UNAM, José Narro y el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, este último apodado antes “Alito” y a quien en los corrillos narristas ya le conocen como “Amlito”.
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Martes 5 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
LA NOCHE NEGRA Y NO AMANECE…
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l ex Gobernador de Chiapas (1988-93), JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO calificaba al movimiento magisterial como “la noche negra de la educación” y a la vez atacaba de frente para dar solución a las demandas de los líderes de la Sección VII, JORGE O. CHANONA (198991) primero, y JULIO PERALTA ESTEVA (1992-94) después; así como de la Sección 40 del SNTE, SONIA RINCÓN CHANONA. Aunque el rezago y atraso social, económico y político de Chiapas es ancestral, queda una parte de culpa al magisterio que no se preparó para sus actividades académicas y además se volcó en movilizaciones desde 1979, dejando abandonadas las aulas. Esa referencia llevó a violentar las formas de demandas desde que llegaron a la dirección ejecutiva de la Sección VII, los llamados “Troskos” y “Ultras”, con JAIME DEL TORO LOZADA, aquel que se le tiró al piso al camión donde viajaba el entonces candidato a la Presidencia de la República, CARLOS SALINAS DE GORTARI. Desde aquellos días de 1979 en que se prendió la mecha del movimiento magisterial en la zona norte (Pichucalco), la historia del vandalismo seccional ha ido en superlativo aumento. Con JULIO PERALTA ESTEVA en la dirigencia del magisterio federal, JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO promovió la reforma educativa estatal y a la vez sometió al orden a este sector. El gobernador –entonces—negoció las instalaciones de la Sección VII (hotel, auditorio, oficinas) ubicadas en la cuadra de la avenida centra y primera norte; entre la 8ª y 9ª poniente, misma que albergaba la dirección de Tránsito, el Canal de Televisión TRM y la Cruz Roja. Hoy ese espacio es el ”Parque Jardín de la Marimba”, que finalmente inauguró JULIO CÉSAR GARCÍA CÁCERES como Presidente Municipal de Tuxtla. Con toda esa historia, el nivel de la educación en Chiapas pasó de malo a pésimo y deprimente. Todo eso a pesar de que, desde la oficialidad se dice que “la educación es el eje toral del desarrollo de los pueblos y sus habitantes”. Solo que nadie ha pensado en eso y la “lucha magisterial” nunca ha presentado un proyecto de rescate y superación de los niveles de educación en Chiapas. Y considero que no lo pueden presentar porque, no tienen preparación académica ni cultura general. El declive de los niveles de la educación en Chiapas –como puede ser también Oaxaca y Michoacán que coincidentemente son de los Estados más pobres, de menor desarrollo y donde impera la ley de la CNTE—se debe primordialmente porque las autoridades no se preocuparon por los cursos de capa-
CONTRAPODER EN CHIAPAS
ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado
• EDUCACIÓN Y CULTURA, EJE PRIORITARIO… • Contra Reforma a la reforma Educativa… • El PRI, dinosaurio que todavía respira… • Comentarios al Margen…
citación y superación académica de los maestros y estos a su vez se olvidaron de esa parte del proceso enseñanza aprendizaje. Pero volviendo a las virulentas movilizaciones de los líderes y feligreses de la “Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación” (¿?), hoy sus demandas y pretextos de lucha como la abrogación de la Reforma Educativa (punitiva, como dicen); las evaluaciones y los adeudos, ya se están resolviendo, dejándolos sin motivos de manifestaciones. El Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ya envió al Senado la iniciativa de contra reforma a la reforma educativa; pero los líderes de la CNTE la descalifican y la llaman “neoliberal”. Dije antes: “a estos nada les embona”. El mismo mandatario ordenó la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), que no se debe hacer, porque es necesario para examinar, medir y saber los niveles académicos de cada uno de los maestros, que hoy no son muy recomendables. La pregunta final: ¿qué quieren entonces los líderes de la CNTE Chiapas, Oaxaca y Michoacán cuando se están atendiendo sus demandas y quitando pretextos para dejar abandonadas las aulas y violando los derechos superiores de los niños y jóvenes mexicanos?. Ese es mi punto de vista, muy personal; pero falta el diagnóstico integral de la educación básica, media superior y superior de parte de las autoridades educativas y especialistas en la materia, porque “a ojo de buen cubero”, los maestros están muy mal preparados; los dirigentes abogan por las movilizaciones porque supongo, “es un gran negocio”, mientras las autoridades del Gobierno del Estado y las educativas de la Secretaría de Educa-
ción, siguen solventando económicamente a esos dirigentes venales, atendiéndolos como reyes, mano suave y colmándolos de canonjías. Autoridades como la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Públicas, son corresponsables de los sucesos violentos por omisión y presunta complicidad en la irrupción y destrozos de equipo y documentación en la Secretaría de Educación y la sede de la Auditoría Superior del Estado, sin que hayan hecho presencia ni detenido a los agresores. Así las cosas en el sector educativo, que no es privativo de ellos, pues el Estado de Chiapas está metido en una dinámica de violencia, manifestaciones, plantones, asesinatos como el de SINAR CORZO ESQUINCA (Arriaga); NOÉ JIMÉNEZ PABLO (Amatán) y en últimos días el de MARCO ANTONIO ZAVALA DÍAS, Subteniente de Transmisiones de un mando militar en Tuxtla Gutiérrez. Esperemos que la “4ª Transformación”, llegue a tiempo y que la Guardia Nacional, sea un acierto, no un problema más en este país y por consiguiente en Chiapas…
Y EL DINOSAURIO TODAVÍA RESPIRA…
Los que le apuestan a la muerte súbita del dinosaurio con la puñalada asestada por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y MORENA en la elección del 1º de julio del pasado año, se pueden equivocar, pues el nonagenario partido tricolor está en terapia intensiva y todavía respira. La precaria situación del PRI a nivel nacional y en particular el de Chiapas, se debe a la perversa administración de su Presidente, ENRIQUE PEÑA NIETO, al que un grupo de “militantes distinguidos” exigen su expulsión del partido. Pe-
ro como dijo el puto: ¡ya pa´que!, pues el “Golden Boy”, llegó hasta dónde quiere llegar cualquier político: a la cúspide de la presidencia. Hay que recordar que el PRI perdió la presidencia en el año 2000, igual que en Chiapas la gubernatura por una jugada perversa del otrora Presidente, ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN. Desde entonces, se perdió el control de los gobernadores que se erigieron en “mi reyes” en cada uno de sus territorios estatales. Hoy el tricolor solo tiene 49 diputados y 14 senadores en el Congreso de la Unión, así como 12 gubernaturas, cuando antes del presente siglo era el partido hegemónico, “la aplanadora” y el “carro completo”. Pero como dice la rola: “no estaba muerto, andaba de parranda”. Y en la cruda de la borrachera política, los priístas se mueven para que vean que están vivos. Ahí está ULISES RUIZ ORTIZ, ex Gobernador de Oaxaca (1 Dic-2004 / 30 Nov-2010) que quiere renovar al partido; IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, ex Gobernadora de Yucatán (2007—2012), quien enfrentó a PEÑA NIETO en pleno poder y ahora quiere ser la dirigente del PRI. En esa enjundia por fortalecer al dinosaurio tricolor, anda el ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y recién ex Secretario de Salud, JOSÉ RAMÓN NARRO ROBLES, quien se mueve en las turbulentas aguas priísta porque como dice: “Quiero ser presidente del PRI porque estoy seguro que puedo ayudar a transformar el Partido, que de sus filas salieron los presidentes que construyeron las instituciones del país”. Por ese rumbo deambula el aun Gobernador de Campeche, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS (16 Sept 2015/15 Sept 2021), quien está dispuesto a solicitar licencia al cargo para ser el dirigente reformador del PRI con el consentimiento de las bases militantes que en otros tiempos fueron abandonadas. En Chiapas el PRI está liquidado. Están por encima de la “ex aplanadora de carro completo”, el Verde Ecologista de MANUEL VELASCO COELLO; el “Peje Partido” MORENA de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Ya se le puede calificar al tricolor como de la chiquillada. Así lo dejó “El Diablito” ROBERTO ALBORES GLEASON en su más de cinco años en la presidencia del CDE del PRI y para rematarlo en las elecciones pasadas del 1 de julio de 2018, erigieron dirigente al nefasto “Talibán”, JULIÁN NAZAR MORALES, que si no me equivoco, le va a poner el último clavo al ataúd del Revolucionario Institucional. Lo dejo a la consideración de los militantes del PRI en Chiapas, la demanda de sustitución inmediata al perverso parásito de la institucionalidad, JULIÁN NAZAR MORALES, o esto es cosa muerta… Se acabó el mecate… Y ES TODO…
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COMENTANDO LA NOTICIA Alfonso Carbonell Chávez
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o encontraba el título para esta entrega y solo vino a mi mente el chiste, viejo por cierto, de aquella señora (tía les decimos por acá) que al son de la marimba en un pachangón a eso de las 3 de la tarde de un mes de mayo, con el termómetro rayando los 39 grados…a la sombra, no dejaba de bailar y ya se imaginarán a la tía con un vestido de satín que se le ceñía al cuerpo sudoso, entre sus frondosas sentaderas el vestido se le entremetía; ahí otro tío que veía desconcertado la escena, en un acto de buena fe se atrevió en un movimiento hasta eso discreto, sacarle el vestido de su trasero. La tía indignada al tiempo de reclamarle de modo airado su atrevimiento ¡sóplales!, que le suelta un cachetadón que lo dejó dando vueltas. De manera casi automática y en desagravio, el compa dibujando un golpe de tajo tipo karate, se acercó a la seño e igual abordándola de espaldas le volvió acomodar el vestido tal y como estaba antes de su atrevida acción, no sin antes decirle; ¡ahí ta ahí ta pue ya! fin del chiste. Esto que le podría parecer bastante mamuco, es lo mismo que me provoca cuando varios columnistas, analistas, comentaristas y decidores de opinión y no solo a nivel nacional sino incluso de la aldea chiapaneca, todo le reclaman al presidente Andrés Manuel López Obrador y lo mismo le champan que lo de las estancias infantiles es un desatino presidencial o insisten sobre el tema del aeropuerto; igual le señalan con insistencia que raya en mala leche, que ya chole con las mañaneras. Y así por el estilo no pierden oportunidad en recalcar que si las calificadoras Fitch o Moodys bajaron la calificación crediticia de Pemex, ya no se diga en su insistencia de considerar la creación de la Guardia Nacional como un acto de franca militarización del país. Ahora se estará preguntando y es correcto, que qué tiene que ver el chiste con lo narrado respecto a las críticas recalcitrantes al presidente. Pues, que así como va la opinocracia fifí, mejor valdría que Andrés Manuel les respondiera a esta pléyade de intelectuales, académicos y columnistas conservadores y perdón por la claridad del concepto, les vuelva a retacar en el culo la corrupción y con un ¡ahí ta ahí ta pue ya! los dejara con un palmo de narices. Les gusta el olor a mierda, me cae. Y ¡créame no exagero! De ma-
¡Ahí ta ahí ta pue ya! justicia y de todo lo imaginable creadas al amparo del gobierno, llegaban a manejar miles de millones de pesos. Así entonces no hay gobierno responsable y sí una gran dispersión de recursos y esfuerzos. Pero en fin nada les gusta, bueno al menos no a los que añoran el pasado de privilegios. Porque y ahora resulta, que antes sí había democracia, justicia, honestidad, tolerancia y transparencia. Ajá. Así tal vez lo que quieran aunque hagan el ridículo es seguir y dicho con respetín, con la corrupción metida en sus traseros y así si se la sacan, se encabronan. Por eso digo; ¡ahí ta ahí ta pue ya! Me queda claro. nera personal y obligado si usted quiere por mi oficio desde temprano, muy temprano me dedico a monitorear y del abanico informativo existente recorro igual los noticieros de televisa que los de tv azteca por la tradicional telera. Aristegui noticias o el Mañanero con Brozo vía internet, no pueden faltar para ir atemperando la crítica. Los noticieros del ipn, tv unam y en general del SPR (Sistema Público de Radiodifusión) no pueden dejar de consultarse. Ya ni les digo el canal del Congreso y por supuesto las mañaneras, pero de López Obrador. Es más los de imagen y hasta los de mvs con todo y sus recalcitrantes conductores, también son menester checarlos. Es decir, no es una fuente informativa en la que un periodista deba quedarse anclada, menos quedar atrapado en la red con marcadas corrientes de adoradores de “la cuarta” mucho menos de los conservadores que añoran, como a la caída del porfiriato, regresen sus canonjías y privilegios. La gente “bien” así, ven con asquito a las Yalitzias que triunfan sobre las “güeras” ojo verde. Son los que señalan que Andrés es un autoritario, un dictador que cree en el pueblo bueno y todo les consulta. ¡Cómo chingados! -se preguntanva a consultarles al peludaje si se deben rehabilitar las refinerías o la construcción de un tren en la zona maya, cuando los “expertos” y las calificadoras internacionales le aconsejan seguir con la política extractora implementada por los gobiernos neoliberales so pena, que sus calificaciones crediticias vayan a la baja. Porque ahora me salen, que Obrador está acabando con las instituciones “autónomas” como sí alguna vez el INE por ejemplo, lo haya sido. O van a salir que el Instituto Nacional de Acceso a la
Información (INAE) cuya presidenta después de otorgarle al PRI reconocimiento por ser el instituto político más transparente (¡otra de ésas y me subo el zíper!), la hicieron diputada federal. Y así como esos entes “autónomos” y las demás “cofeces, cres, de competencias y demás organismos autónomos”, por lo bajo dice el presidente, son personeros incluso de algunas empresas que tienen que ver con el ramo de su responsabilidad. Así en la Comisión que tiene que ver con autorizar concesiones en el ramo energético, resulta que hay evidencias de posible conflicto de interés, de menos. Pero deje eso, estos llamados entes autónomos aparte que se auto imponen salarios, tienen, por ley, mayores facultades incluso sobre el propio Congreso federal. Y como este asunto de órganos reguladores y autonomías aunque en otro sentido claro está, se encuentran las más de 40 mil agrupaciones de la “sociedad civil” que ante la política de austeridad republicana pero sobre todo de combate a la corrupción, el gobierno de la 4T ha dispuesto acabar con esta práctica del intermediarismo a fin de garantizar, por lo pronto, que los recursos que se destinan a la población llegue completo y de modo directo a los beneficiarios. Además, señala el presidente, en esta práctica la proliferación de “asc” que se habían llegado a constituir de facto en un gobierno paralelo, cuando la función y obligación de un gobierno es, precisamente, atender de manera directa y prioritaria el tema del bienestar social de todos los mexicanos. Es decir de adultos mayores, de la niñez, de los discapacitados, de las mujeres maltratadas y de todo y todos. Qué agrupaciones ambientalistas, de cultura y deportivas, de protección de derechos humanos y de
Ya de salida
Y para no variar de frecuencia, ayer el vetusto PRI llegó a sus ¡noventa primaveras!, en el pleno invierno de su existencia. El PRI así, con esa capacidad que tiene de auto engañarse, grita a los cuatro vientos que es la hora de volver a sus orígenes de cercanía con su militancia. Reconstruirse desde dentro para convencer a los de afuera. Y vaya que la capacidad de renovarse en sus propuestas y manera de ejercer la política partidista, el “nuevo PRI” recurre a lo más viejo de su militancia digo si acaso el Doctor José Narro, alguna vez lo fue. No cabe duda que hay que tener valor para presentarse ante su militancia, con tan viejos recursos en su potencial de figuras políticas. Lo que muchos se preguntan y lo comparto, es la ignorancia que muchos tenían (me incluyo) de la tricolor playera que Narro Robles escondió por décadas, de ser un priista de abolengo. No me imagino que hubieran pensado ni pasado si se hubiera conocido, antes de ser rector de la UNAM por supuesto, que bajo la camisa de un hombre de ciencia, portaba el sello priista ¡ta cabrón! Es cierto que ya como secretario de Salud del gobierno de Peña Nieto, ciertamente se empezó a soltar el pelo (sic) en eso de obviar las formas de urbanidad política, asistiendo sin el menor empacho a bodorrios de connotados priistas y hasta del güero Velasco de los más corruptos que contó con la “honrosa” presencia de Narro, el bailador. Y como esto es pedo de los priistas, tal vez el renovado PRI necesite de viejos políticos que al menos, no sea su ambición aspirar a nada más que a ser una pieza decorativa de un partido de quinta… generación ante un gobierno de cuarta… transformación…// ¡Me queda claro! Salu2
CMAN
DIARIO
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CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Martes 5 de Marzo de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1583
ACCIONES
SOLICITUD
Exigen liberación de indígena preso
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez implementará reloj checador para un orden administrativo
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SEGURIDAD
Gobierno de Morelos propone conectar cámaras de vigilancia privadas al C5 PAG. 3
EVENTO
Inicia foro: Balances y desafíos de la representación política indígena en Chiapas, en el marco de los Procesos Electorales PAG. 6
DEMANDA
Nieto de Emiliano Zapata impugna consulta sobre Huexca ante el Tribunal Electoral
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Teniendo como sede la Sala de Bellas Artes, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, este lunes inició el foro: Balances y desafíos de la representación política indígena en Chiapas, en el marco de los Procesos Electorales.
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Opinión de la IATA sobre Santa Lucía es escuchada, pero ya se tomó la decisión: AMLO