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DOXA

EDITORIAL

La inseguridad en los principales municipios

PAG. 2

El incremento de la inseguridad en los municipios de la entidad generó una ola de críticas a los presidentes municipales

Menudo lío se creó con las supuestas renuncias de los regidores del cabildo de Arriaga. En él están involucrados el secretario de gobierno y la presidenta del Congreso. El delito es grave pues las renuncias se obtuvieron bajo presión y amenazas, Condición que anula las renuncias y que amerita una investigación a fondo.

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EN CHIAPAS

Viernes 22 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1575

DICTAMEN

MANIFESTACIÓN

Por unanimidad, el Senado aprueba la Guardia Nacional con mando civil

El presidente de la mesa directiva, Martí Batres Guadarrama, dijo que se habían retirado las reservas al dictamen y declaró que quedaban aprobadas en lo general y particular las reformas constitucionales

Se movilizarán interinos este viernes

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COMUNICADO

Descartar “a priori” activismo de Samir Flores como móvil del crimen pone en cuestión la investigación: ONU-DH PAG. 9

PAG. 4

Millonarias irregularidades en recursos del Fonden para Chiapas, Oaxaca y Morelos por sismos: ASF

HOY ESCRIBEN ÍNDICE...

Ruperto Portela Alvarado PAG. 15

DEMANDA

Exigen a Fiscalía de Chiapas esclarecer asesinato de periodista

PAG. 8

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

PUNTO Y COMA;

PAG. 14

Roger Laid

EN LA MIRA

PAG. 13

Héctor Estrada

PAG. 12

CONSTRUIR DEMOCRACIA EN TRIBUNALES Luis Miguel Cano López

PAG. 12

¿QUIÉN MATÓ A SAMIR? Arturo Rodríguez García PAG. 5

PAG. 11

CONTRAPODER EN CHIAPAS

Viernes 22 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL La inseguridad en los principales municipios

l incremento de la inseguridad en los municipios de la entidad generó una ola de críticas a los presidentes municipales, sobre todo a los presidentes de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas, a quienes incluso, se les quiere ver fuera del cargo. El incremento de los homicidios violentos, las balaceras y los asaltos, se les está cargando a los presidentes municipales, que aparecen como los principales responsables de las ineficiencias que se perciben en materia de seguridad pública. Sin embargo, en las críticas no se debe perder la reflexión y el análisis, sobre todo cuando se culpabiliza a alguien que no es el directamente responsable. En este caso las políticas y estrategias en seguridad pública corresponden al gobierno del Estado. Si bien es cierto que la Constitución manifiesta que la seguridad pública es una función del Estado en el que participan los tres niveles de gobierno, también es importante señalar, que sobre los presidentes municipales recae la responsabilidad de la policía preventiva, que como su nombre lo in-

dica, tiene la finalidad de prevenir el delito, pero no así el de combatir o perseguir a la delincuencia. De tal manera que muchos de los ataques dirigidos a los presidentes municipales carecen de fundamento o más bien los ataques son producto de otros enconos, debido a que el papel de los presidentes municipales en materia de seguridad está circunscrito a la prevención, que aunque ésta sea una tarea importante para evitar conductas desviadas en la sociedad o bien para el diseño de estrategias y políticas para disminuir la delincuencia, la formulación de estas políticas de prevención del delito están a cargo del sistema estatal de seguridad, que preside el gobernador del Estado y que coordina la secretaria de seguridad. Por donde se vea, los responsables del incremento de la inseguridad son fundamentalmente funcionarios del gobierno del Estado y no de las presidencias municipales, a quienes se les viene linchando mediáticamente. En la legislación mexicana no hay ninguna ley que establezca que sobre los presidentes municipales recae la responsabilidad de garan-

tizar la seguridad pública, en este sentido el artículo 115, fracción VII , establece que la policía preventiva estará al mando del presidente municipal y bajo esta perspectiva, la policía preventiva en los municipios no está preparada para combatir a la delincuencia. Por eso las críticas que se hacen en contra de Óscar Gurría, Carlos Morales y Jerónima Toledo son un exceso y con ello se exculpa a verdaderos responsables como son el gobernador del Estado, la secretaría de seguridad y la fiscalía general. Los presidentes municipales de Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal, tienen problemas políticos pero son de otra índole. Los tres fueron producto de una negociación del partido MORENA con el exgobernador Manuel Velasco; por eso ganaron sin tener la fuerza política. Pero en esa negociación que les otorgó la presidencia al margen de los intereses de la población hubieron sacrificados y en este sector de afectados es donde se puede detectar la campaña mal dirigida en contra de las autoridades municipales, en un asunto en que son víctimas y no culpables.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

Diario ContraPoder en Chiapas

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Viernes 22 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Presuntos normalistas queman conejobus en la calzada al sumidero Jairo Camacho. Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

erca de las 7:45 de la noche de este jueves un grupo de presuntos normalistas pertenecientes a la CENECH quemaron una unidad del Sistema de Transporte Urbano en Tuxtla “Conejobús”. Repitiendo la acción del pasado martes cuando vandalizaron y saquearon un camión de la empresa Cocacola, retuvieron una unidad que pintaron además de prenderle fuego en el Libramiento Norte y Calzada al Sumidero quedando reducida a cenizas. En el lugar algunos ciudadanos molestos con esta situación que con el paso de los días se ha agudizado pidieron a las autoridades

Repitiendo la acción del pasado martes cuando vandalizaron y saquearon un camión de la empresa Cocacola, retuvieron una unidad que pintaron además de prenderle fuego en el Libramiento Norte y Calzada al Sumidero quedando reducida a cenizas estatales se aplique el estado de derecho, ya que es un estado y municipio sin ley. Al lugar arribaron elementos de bomberos para sofocar el incendio, la unidad convertida en chatarra era de un permisionario por lo que las afectaciones son a terceros. Los encapuchados de acuerdo a testigos huyeron luego de que al menos cien elementos de la Policía lanzaran gas lacrimógeno y se refugiaron en la Escuela Normal Del Estado.

Se movilizarán interinos este viernes A. Marroquín Tuxtla Gutiérrez, Chis. (muralchiapas.com)

Se enfrentan a golpes policías municipales y taxistas en El Bosque Víctor Moisés Hernández /Corresponsal Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

La madrugada de este jueves se enfrentaron elementos de la Policía Municipal contra taxistas del municipio de El Bosque. De acuerdo a los reportes, cerca de las 2:00 de la mañana un grupo de conductores de estas unidades se encontraba ingiriendo alcohol y realizando escándalo, por lo que arribó la policía. Sin embargo al pedirles que se retirarán del lugar insultaron a los uniformados llegando a los golpes y lanzaron el gas lacrimógeno que portan. Algunos ciudadanos que presenciaron el hecho señalaron que

los elementos actuaron con abuso de autoridad, puesto que son de nuevo ingreso por lo que no saben cómo actuar en estas situaciones. Los habitantes exponen que este tipo de actos se han vuelto cotidianos “estamos hartos de tanta impunidad y los abusos de autoridad de parte de Mario Sánchez López el alcalde usurpador de funciones”. Destacaron que mientras no exista la intervención del Gobierno Estatal el municipio de El Bosque seguirá replicando actos violentos. “Lo lamentable de caso es que dentro de la corporación policiaca existe un coordinador y un director pero que ninguno de los dos está a la altura del cargo por lo que también exigimos la destitución”

Al menos un centenar de maestros interinos se estarán movilizando durante la mañana de este viernes 22 de febrero en la capital de estado, en exigencia del pago de sueldos retenidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). A lo anterior, Fabián Gómez Rodas, integrante de la Comitiva de la Asociación de Maestros Interinos de Chiapas (AMICH), informó que después de que la SEP notificará la liberación de recursos para mil 48 docentes y este resultará minúsculo y con una cobertura segmentada, diferentes grupos marcharán en protesta de sus pagos. “Hay una invitación por ahí circulando, el día de mañana hay una marcha de maestros interinos, están invitados todos los que pueda y quieran unirse, de la Diana Cazadora para acá. Es sano poder unirse y venir a esa marcha en protesta de nuestros pagos”, adelantó. Respecto a los cheques recibidos durante el 20 de febrero, mencionó

que la Secretaría de Educación solo entregó un total de 5 millones, sin embargo, el adeudo que este grupo mantiene desde el 201, equivale a 34 millones de pesos, es decir, aún se les adeuda poco más de 29 millones. “Sólo cobraron alrededor de 62 personas y quedaron faltando 48 personas por cobrar, no cobraron nuevamente ningún cheque, ningún peso y a pesar de que menciona que más de mil 48 personas cobraron esta vez, fue algo que es mentira, en la lista que aparece en la página oficial se da uno cuenta que salga hasta 18 veces el mismo nombre”, lamentó. A 24 días de mantenerse manifestando 170 maestros en Palacio de Gobierno, advirtió que no se levantará el plantón hasta que reciban el sueldo que les corresponde. Secretaría de Educación afirmó durante el pasado miércoles que se estaba pagando a mil 48 maestros interinos, sin embargo, esta cantidad fue falsa, ya que muchos de los nombres se encontraban repetidos hasta 18 veces, pero con cantidades en sus cheques desde los 250, 800, mil o mil 500 pesos.

Viernes 22 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Millonarias irregularidades en recursos del Fonden para Chiapas, Oaxaca y Morelos por sismos: ASF Sara Pantoja Ciudad de México (apro)

n la atención de los daños en infraestructura ocasionados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre de 2017 en Chiapas, Oaxaca y Morelos, cuatro secretarías federales, un organismo desconcentrado, tres institutos estatales y un banco cometieron presuntas irregularidades en la entrega de los miles de millones de pesos otorgados por el Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales (Fonden), según la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En esas entidades, además de las decenas de víctimas mortales, cientos de casas, edificios públicos, escuelas y hasta sedes religiosas de valor histórico quedaron en ruinas o con severos daños después de aquellos dos sismos que pusieron a prueba la capacidad de los gobiernos estatales y federal para atender la emergencia. De acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Gobernación (Segob) y de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los Institutos de Infraestructura de Chiapas, Oaxaca y Morelos --coordinados por la Secretaría de Educación Pública (SEP)- y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”. Entre las irregularidades en la aplicación de recursos correspondientes a los sectores hidráulico, educativo y carretero, la ASF encontró adjudicaciones de contratos por importes mayores a los autorizados y omisiones en la aplicación de multas a empresas por obras retrasadas hasta por cinco meses, aunque les pagaron por adelantado. También detectó viáticos sin comprobar; servicios pagados sin verificar su cumplimiento; contratación de empresas sin probada capacidad y experiencia, y solicitudes de recursos hasta con 200 días de desfase. Peor aún, no se acreditó la entrega de aulas móviles en escuelas marcadas en “acciones urgentes”. Cuando ocurrieron esas presuntas irregularidades, el titular de Hacienda era Jose Antonio Meade Kuribreña, quien luego fue candidato presidencial del PRI; en Gobernación estaba Miguel Ángel Osorio Chong, actual senador de la República; Gerardo Ruiz Esparza en la SCT; Otto Granados Roldán en la SEP; Roberto Ramírez en la Conagua, y el director de Banobras era Alfredo Vara Alonso. Los gobernadores de Chiapas, Oaxaca y Morelos eran Manuel Velasco, Alejandro Murat, y Graco Ramírez, respectivamente. El documento de la ASF explica que

de los 14 mil millones 109 mil 934.9 pesos autorizados en 2017 por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 Fonden, para atender las acciones de reconstrucción y los daños ocasionados a la infraestructura de diversos sectores por ambos sismos que afectaron los municipios de nueve estados, se revisó un importe de 2 mil millones 955 mil 712.5 pesos, correspondientes a los sectores hidráulico, educativo y carretero, monto que representa 20.9% del total de los recursos autorizados. De la cantidad revisada, la ASF determinó 22 observaciones que generaron 55 recomendaciones, seis promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 57 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 17 pliegos de Observaciones. El dictamen El dictamen de la ASF fue emitido el pasado 30 de enero, cuando concluyeron los trabajos de auditoría, con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. De acuerdo con el organismo, el propósito de la auditoría fue “fiscalizar la gestión financiera de los recursos autorizados para la atención de desastres naturales mediante el Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales, para comprobar que éstos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas”. La primera conclusión del dictamen es que las dependencias antes mencionadas “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”. De igual manera, el documento destaca que “se identificaron deficiencias en la ejecución y aplicación de los recursos para atender las acciones, trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, y de reconstrucción, para mitigar los daños ocasionados a la infraestructura de los sectores hidráulico, carretero y educativo por la ocurrencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 que afectaron los municipios en los estados de Chiapas, Oaxaca y Morelos. Toda vez que no se cumplieron los principios de eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia” en los recursos otorgados para atender los tres tipos de apoyos: Gastos de evaluación, Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) y Reconstrucción. Gastos de Evaluación de Daños Entre las observaciones que hizo la ASF en este rubro destaca que, respecto de los recursos otorgados a la SEP que fueron operados por los institutos de infraestructura educativa en Chiapas, Morelos y Oaxaca, se constató que la entrega de recursos solicitados por los institutos referidos “no fue oportuna, ya que éstos recibieron los recursos con 41, 98 y 26 días naturales, respectivamente, poste-

riores al periodo de evaluación de daños”. El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, “efectuó enteros a la Tesorería de la Federación (Tesofe) por mil 377 millones de pesos, de los cuales 762.5 millones fueron de recursos no ejercidos, y 614.5 millones de recursos aplicados en conceptos no autorizados; sin embargo, dichos recursos debían reintegrarse al patrimonio del Fideicomiso 2003 Fonden”. Además, el Inifech “no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de gastos de evaluación por 202 millones de pesos consistentes en viáticos, contratación y recibos de honorarios de servicios profesionales, así como informes de actividades que se debían rendir”. Sobre los recursos asignados al Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos (Ineiem), la ASF observó que se efectuaron pagos por mil 150.8 millones de pesos. De ese dinero, 854.2 millones no se presentaron los informes que debían rendir los prestadores de servicios; 15.3 millones de pesos fueron pagados en demasía, y de 281.3 millones no se presentó evidencia de los dictámenes de evaluación de daños e informes de actividades. Respecto del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed), la ASF detectó que “éste efectuó erogaciones por 2 mil 724.8 millones de pesos en un periodo posterior al establecido por la norma; además, que como parte de esas erogaciones se encuentran conceptos que no corresponden a trabajos de evaluación de daños, y de 251.4 millones de pesos no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto o, en su caso, del reintegro efectuado al fideicomiso”. Apoyos Periciales Inmediatos y Reconstrucción En este rubro, la ASF encontró diversas irregularidades cometidas por secretarías y organismos dependientes del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, halló que el fiduciario Banobras envió las notificaciones a las instancias ejecutoras sobre la disposición de los recursos autorizados con un desfase de cuatro a 16 días naturales posteriores a la instrucción que recibió de la SHCP para entregar los recursos para atender acciones urgentes (APIN). En tanto, la Segob “no tramitó de for-

ma oportuna tres solicitudes de la SCT para acceder a recursos del Fonden para reconstrucción, lo que ocasionó que en 2017 no se autorizaran recursos a la dependencia”. La Auditoría descubrió que la SCT solicitó a la Segob la cancelación de los recursos por 7 mil 641.7 millones de pesos, 6 mil 158.7 millones y 56.9 millones no aplicados en acciones urgentes en Chiapas, Oaxaca y Morelos, respectivamente, “para ponerse a disposición del patrimonio del fideicomiso, con un desfase de entre 10 y 213 días hábiles posteriores al plazo estipulado”. En la Conagua, en los organismos de cuenca Balsas, Frontera Sur y Pacífico Sur, adscritos a dicha comisión, “se observó que solicitaron la cancelación de los recursos no aplicados en acciones urgentes (APIN) por 2 mil 610.9 millones, 565.4 millones y 658.6 millones de pesos, para ponerse a disposición del patrimonio del fideicomiso, con desfases de hasta ocho, 183 y 217 días naturales, respectivamente, en relación con el plazo establecido, y de 5 mil 958.3 millones no se acreditó que el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS) hubiera solicitado su cancelación. Respecto de los recursos ejecutados por los institutos de infraestructura educativa de los estados, se observó que el Inifech no reintegró 151.3 millones de pesos al patrimonio del Fonden por los anticipos otorgados a dos contratistas, de los cuales las obras fueron canceladas; también aplicó 602 millones adicionales al monto autorizado para atender 34 acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes (APIN). Más de Chiapas En la visita realizada a un centro escolar de la entidad, la ASF no pudo comprobar la existencia física de tres aulas móviles por 358.7 millones de pesos y tampoco acreditó documentalmente la entrega e instalación de 54 aulas móviles en planteles educativos por un valor de 7 mil 144 millones, de las cuales 19 eran para atender acciones urgentes (APIN) y 35 para la reconstrucción. Al final del dictamen, la ASF asegura que las secretarías de Hacienda y Gobernación, como integrantes del comité referido, así como el fiduciario Banobras, “no dieron seguimiento a la aplicación de recursos autorizados de los APIN y de reconstrucción, lo que ocasionó, como se describió anteriormente, que las instancias ejecutoras solicitaran pagos, los cuales se efectuaron a prestadores de servicios fuera de los plazos establecidos para ejecutar las acciones”. Además, hubo “acciones no consideradas en los listados de acciones respectivos, ni en los programas de acciones y obras definitivos autorizadas por dicho comité, así como pagos por montos superiores a los autorizados”.

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Viernes 22 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Exigen a Fiscalía de Chiapas esclarecer asesinato de periodista Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

cinco meses del crimen del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, reporteros chiapanecos exigieron hoy a la Fiscalía General del Estado (FGE) dejar de encubrir a los autores materiales de ese asesinato. Luego de que de la FGE ha declarado tener en prisión a tres personas implicadas como autores materiales del crimen, hasta este momento no ha llamado a declarar a los que podrían ser los autores intelectuales del asesinato de Mario Gómez, quien fue acribillado a tiros en las puertas de su casa en un barrio de Yajalón, el pasado 21 de septiembre el 2019. Itzel Grajales, presidenta a la Asociación de Periodistas y Comunicadores Chiapanecos (APECOCH), demandó al Fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca, que dejen de

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó sancionar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por realizar conductas que atentan contra la vida democrática del Estado, al ejercer violencia política en contra de personas del sexo femenino, con motivo a la asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Al respecto, el consejero electoral Gilberto Bátiz García, explicó que se considera procedente calificar la responsabilidad en que incurrió el infractor como grave ordinaria, en atención a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el beneficio obtenido, la intencionalidad, el contexto factico y medio de ejecución, así como la conducta desplegada, consistente en que realizó actos en contra de las ciudadanas Rosalinda Santiago Sánchez, candidata a Sindica Propietaria, para el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas y Alicia Guadalupe Rabelo Contreras, candidata a Sindica Propietaria, para el Ayuntamiento de Pichucalco, postuladas por este partido político. “Tuvimos a mujeres valientes que de manera libre, voluntaria y manifiesta, se presentaron a denunciar estos actos de violencia. No podemos pasar por alto estas acciones que atentan contra los valores democráticos, vulneran el derecho de las candidatas y el de los electores. Los partidos políticos, siendo una institución de interés público, son los primeros obligados en preservarlo y ante estas ausencias o carencias,

Itzel Grajales, presidenta a la Asociación de Periodistas y Comunicadores Chiapanecos (APECOCH), demandó al Fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca, que dejen de encubrir a los asesinos intelectuales y sean llamados a rendir cuentas ante la justicia

encubrir a los asesinos intelectuales y sean llamados a rendir cuentas

ante la justicia. Nancy Gómez, hermana de

Mario Gómez, expuso que los tras personas detenidas, Oscar Leyver “N”, alias El Zapatudo, Juan David “N” alias El Machaca y Juan Pablo “N”, son apenas los ejecutores materiales del crimen de su hermano, sin embargo, ellos no actuaron por cuenta propia, sino que ese asesinato fue un cargo de otra persona a la que la FGE no ha querido ni siquiera llamar a comparecer ante la justicia. Indicó que en las propias declaraciones ministeriales de los detenidos hay datos que revelan quien ordenó el crimen, sin embargo, la FGE ni el juez de la causa que lleva el caso han actuado contra el implicado.

IEPC sanciona al Partido Revolucionario Institucional por violencia política de género será la autoridad administrativa que tiene que preservar estos derechos”, indicó Bátiz García. Dijo que la sanción impuesta al Partido Revolucionario Institucional, es de 385 mil 424.36 pesos, que corresponde al 25% de la ministración mensual del partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, siendo sensibles a la situación económica por la que atraviesan los partidos políticos y la reducción sobre el financiamiento ordinario del año en curso, será descontado en nueve parcialidades mensuales. Por la misma causa, también fueron sancionados el partido político Chiapas Unido; el dirigente del PRI estatal, Julián Nazar Morales y la ciudadana Liliana de María Penagos, a quienes se les impuso amonestación pública. Asimismo se le exhorta a conducirse conforme a lo establecido en la normatividad electoral y realizar las acciones necesarias para erradicar la violencia política contra las mujeres, que fueron practicadas en el proceso electoral 2017-2018. Este mismo día, el pleno aprobó los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes, durante el ejercicio 2019. El límite por año de las aportacio-

nes de militantes que cada partido político podrá recibir durante 2019, en dinero o en especie, corresponde a 2 millones 585 mil 620.84 pesos. Esta cantidad se obtiene del cálculo del 2 por ciento del financiamiento público total a otorgarse a los partidos políticos con acreditación y registro ante este OPL, para obtener así, el límite anual que los partidos políticos pueden obtener por las aportaciones de sus militantes. El límite anual de las aportaciones de simpatizantes que cada partido político podrá recibir en dinero o en especie, asciende 8 millones 519 mil 948.04 pesos. El cual se obtiene del 10 por ciento del tope de gasto para la elección de Gobernador inmediata anterior fue de 85 millones 199 mil

480.42 pesos, correspondiente al límite anual de las aportaciones de simpatizantes. El límite individual de aportaciones de simpatizantes, en dinero o en especie, que cada partido político podrá recibir, es de 425 mil 997.40 pesos, que se obtiene del 0.5 por ciento del tope de gasto para la elección de Gobernador inmediata anterior. La suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para sus gastos de campaña y actividades específicas.

Viernes 22 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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INE no podrá dar credenciales en nuevos municipios indígenas en Morelos por falta de límites territoriales Jaime Luis Brito Cuernavaca, Mor. (apro)

l Instituto Nacional Electoral (INE) todavía no puede entregar credenciales para votar con fotografía donde aparezcan los nombres de los tres municipios indígenas en vigor en la entidad, mismos que fueron instalados desde el primero de enero, esto debido a que la legislatura anterior, que los creó, no definió con exactitud sus límites territoriales. De acuerdo con las autoridades electorales, los municipios de Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan fueron instalados desde el pasado 1º de enero, pero el Congreso local no publicó los polígonos territoriales que conforman dichos municipios, para que así la autoridad electoral defina la diferenciación territorial y pueda entregar las credenciales con los nuevos domicilios. Mientras esto no ocurra, los ciudadanos que habitan dichos municipios indígenas que acudan a tramitar su credencial, el domicilio quedará adscrito a los municipios de Miacatlán, Puente de Ixtla y Tetela del Volcán, respectivamente. Una vez que el Congreso local publique por fin el polígono, el INE

Milton Martínez Hermosillo, Son. (apro)

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dio a conocer la detención de siete personas que presuntamente participaron en el ataque en el que murió el periodista Reynaldo López, mientras que su colega Carlos Cota Rubio resultó gravemente lesionado. Además, confirmó que el pasado sábado 16, día de los hechos, los atacantes confundieron a su objetivo, ya que supuestamente utilizaba una unidad similar a la de las víctimas. “Es una confusión, se descarta el ataque a la libertad de expresión y se continúa investigando”, señaló la fiscal Claudia Indira Contreras Córdova. A tres de los detenidos se les giró orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, así como tentativa de homicidio calificado y asociación delictuosa. De acuerdo con la relatoría de los hechos, los siete sujetos fueron detenidos en la colonia Nuevo Hermosillo. Los primeros cuatro a bordo de un automóvil Spark marca Che-

De acuerdo con las autoridades electorales, los municipios de Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan fueron instalados desde el pasado 1º de enero, pero el Congreso local no publicó los polígonos territoriales que conforman dichos municipios, para que así la autoridad electoral defina la diferenciación territorial y pueda entregar las credenciales con los nuevos domicilios

necesitará entre cuatro y seis meses para que se realicen los ajustes internos, que se realicen recorridos in situ y se delimite la cartografía estatal.

A partir de ahí es cuando los ciudadanos de los nuevos municipios obtendrán credenciales ya con los nuevos municipios. No obstante, el

INE advierte que las credenciales que se emitirán con un domicilio que no reconoce el municipio indígena, son totalmente válidas.

Detienen a siete presuntos implicados en ataque armado contra periodistas en Sonora vrolet, con placas sobrepuestas, a quienes se les aseguró un arma de fuego calibre .38 Super como la que se utilizó para atacar a los comunicadores. Posteriormente, en la comunicad rural Ejido La Victoria, los otros inculpados fueron sorprendidos mientras intentaban enterrar en zanjas dos autos, un Chevrolet Trax y un Kia Optima, además de tres cargadores abastecidos con cartuchos útiles calibre 7.62x39 mm, ropa táctica y pasamontañas. “Querían ocultar la evidencia en unas graveras, valiéndose de unos plásticos y unas zanjas para perder estos vehículos y evidencias”, detalló la fiscal. Según la cronología de los hechos, los agresores iniciaron la persecución de sus víctimas en la intersección de la calle Revolución y el bulevar Luis Encinas hasta el entronque con el bulevar Serna. Los comunicadores y sus victimarios avanzaron hacia el poniente aproximadamente 592 metros con

dirección a la calle California, de la colonia las Pilas, donde se perpetró el ataque. Las víctimas se dirigían al centro comercial Galerías Mall para videograbar una exposición de automóviles que sería difundida en el programa televisivo Motores del Desierto, conducido por Carlos Cota para la televisora oficial, Telemax. Datos de la FGE detallan que la agresión armada contra los periodistas se registró a las 17:50, cuando el automóvil en el que viajaban fue alcanzado por al menos 35 ojivas cali-

bre .40 mm, .38 super y 7.62x39 mm. Reynaldo López, de 42 años de edad, recibió dos impactos de bala que le arrancaron la vida, mientras que Carlos Cota resultó gravemente herido al recibir 14 balazos, pero también presenta severas fracturas en pies y manos, porque durante el ataque se lanzó del carro cuando todavía se encontraba en marcha. Cota también trabajó como reportero de deportes en Televisa Sonora, y López se destacó como ejecutivo de ventas de Grupo Larsa Comunicaciones.

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Viernes 22 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ASF detecta nuevas irregularidades por 2 mil 377 mdp durante gestión de Robles en la Sedatu de servicios profesionales” entre otros a amigos suyos –como lo documentó Proceso en julio de 2017-- pero también con 57 millones de pesos en “asesorías” y otros 39 millones de pesos en “otros servicios”. “Existe una recurrencia por parte de Sedatu en utilizar recursos presupuestales asignados a programas que se encuentran sujetos a reglas de operación, para destinarlos a capítulos y conceptos de gasto en fines distintos a los que estaban presupuestados”, deploró la ASF.

Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

a tercera entrega de informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pone de nuevo los reflectores sobre Rosario Robles Berlanga: el organismo fiscalizador detectó irregularidades de por lo menos 2 mil 377 millones de pesos en su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2017. A este monto se deben añadir 340 millones 983 mil pesos, que fueron desviados por la Sedatu en 2017 a través de esquemas de triangulación de recursos, que involucraron entes estatales –la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el Instituto Tecnológico Superior de Centla, la Universidad de Campeche y Televisora de Hermosillo-- y redes de empresas fantasmas; un modus operandi fraudulento también conocido como Estafa Maestra. En dos informes, la ASF detalló que la dependencia gastó “indebidamente” mil 173 millones de pesos del Programa de Infraestructura a través de 26 delegaciones “sin que fueran debidamente registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como pasivo circulante (ADEFAS), por lo que no se puede conocer el destino que se le dio a dichos recursos”. La delegación de la Sedatu en el Estado de México, que en 2017 vivió un proceso electoral –el priista Alfredo del Mazo Maza ganó la gobernatura--, gastó 142 millones 304 mil pesos sin rendir cuentas. La ASF encontró que algunos de los montos desviados se hicieron en “Un Cuarto Más”, el programa estrella de Robles en la Sedatu también conocido como “Cuarto Rosa”, así como en la construcción de “Ciudades de las Mu-

De la redacción Ciudad de México (apro)

Al refrendar su postura a cortar los recursos que se otorgaban a organizaciones de la sociedad civil el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el caso de las estancias infantiles, que también recibían recursos públicos, “pagarán justos por pecadores”. En su rueda de prensa matutina, el mandatario refirió que, según, los reportes que recibió su administración por parte del DIF, el 70% de las estancias infantiles registraban irregularidades y el 30% restante estaban bien.

jeres” en varias entidades. Las áreas responsables –la Unidad de Apoyo a la Infraestructura y Servicios (UPAIS) y la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP)-- fueron incapaces de informar en qué se ejercieron dichos recursos. Más grave: de acuerdo con un reportaje que publicó hoy Reforma, cinco exfuncionarios de la Sedatu denunciaron que alguien falsificó sus firmas para celebrar convenios que fueron usados para desviar cientos de millones de pesos en 2016. Según el rotativo, “uno de los centros de operación para las falsificaciones está ubicado en Tennyson 125”. Emilio Zebadúa González, quien fue Oficial Mayor de Robles a lo largo de la administración pasada, compró esta casa el 31 de agosto de 2000, por 6 millones 400 mil pesos, de acuerdo con los antecedentes registrales del inmueble en posesión de Apro. La ASF también determinó que la Sedatu gastó 596 millones de pesos en 2017 a “diversos proveedores” con recursos federales de la partida “Subsidios a la producción del Programa de Infraestructura”, sin justificarlos. Pagó además 602 millones de pesos a 14 proveedores –empresas, organizaciones de la sociedad civil e incluso

la constructora del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur)-- a pesar de que dichas empresas le habían facturado solamente 441 millones de pesos. De nuevo, la ASF detectó un sinfín de irregularidades en la documentación de las labores, y consideró estos 602 millones de pesos como perdidos. En otro rubro, la Sedatu erogó 81 millones de pesos para baratijas: 40 millones de pesos para comprar 110 mil kits que incluían un chaleco, una mochila, un sombrero y un impermeable, y soltó otros 41 millones de pesos para comprar 321 mil llaveros, 205 mil vasos cilíndricos y 321 mil “morrales ecológicos”. La empresa a la que la Sedatu compró estos insumos, llamada Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (Comisa), no tenía nada que ver con ese negocio, y a su vez subcontrató a cuatro empresas –por 77 millones de pesos--, pero estas empresas resultaron fantasmas. Y no solo esto: Comisa subcontrató a las cuatro empresas seis días antes de que la Sedatu le otorgara el contrato para comprar los llaveros. Estos formaron parte de los más de 350 millones de pesos que la Sedatu recuperó de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que gastó en “recepción y distribución de materiales de difusión”, en contratos de “prestadores

Un sexenio de desvíos El paso de Robles por el gobierno de Enrique Peña Nieto estuvo marcado por sonados casos de corrupción y de desvíos multimillonarios, que la ASF detectó desde febrero de 2015, cuando revisó la cuenta pública 2013, durante la cual Robles era titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). En aquel entonces, el organismo fiscalizador detectó un megafraude en la Cruzada Nacional Contra el Hambre a través de esquemas de “simulación de servicios” y de triangulación de recursos con empresas fantasmas, por más de 975 millones de pesos. Año tras año desde ese entonces, la ASF documentó los desvíos operados por el equipo de Robles en la Sedesol y luego en la Sedatu. A pesar de estos señalamientos, Peña Nieto mantuvo a la funcionaria en su gabinete, y ella guardó al mismo equipo de colaboradores cercanos, encabezado por Emilio Zebadúa González, su oficial mayor. La ASF incluso interpuso más de 27 denuncias ante la Procuraduría – ahora Fiscalía-- General de la República, derivadas de sus observaciones. Robles siempre se defendió de haber incurrido en actos ilegales o de haberse enriquecido de manera ilegal, y para ello mintió de manera reiterada, como lo documentó Apro.

En las estancias infantiles “pagarán justos por pecadores”: López Obrador “Vamos a seguir apoyando, pero se va a entregar de manera directa a los padres de familia, porque había muchas irregularidades (en las estancias infantiles); se entregaba el dinero y no se administraba bien, y no quiero generalizar, porque había estancias infantiles que sí cumplían. “Van a pagar justos por pecadores, o sea, el 70% tenía irregularidades de las estancias infantiles, 30%; pero el 70 estaba mal y tenemos el infor-

me de la administración anterior”, afirmó. En días pasados el presidente explicó que el programa de Estancias Infantiles consistía en la entrega de recursos que el año pasado implicó una inversión de tres mil millones de pesos y que entre las anomalías detectadas en las instancias infantiles estaba la falta de permisos para funcionarios y cuestiones relacionadas con la seguridad de los niños.

Viernes 22 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

#SeguridadSinGuerra también se adjudica mando civil para la Guardia Nacional Neldy San Martín Ciudad de México (apro)

n un ambiente de celebración, miembros del colectivo #SeguridadSinGuerra consideraron que las modificaciones al dictamen sobre la Guardia Nacional para que tenga mando civil y no militar, aprobado en la Cámara de Senadores, es un triunfo de la sociedad civil. “Es un Triunfo que nuestra voz haya sido escuchada”, dijo Ilse Salas, representante de la comunidad artística e integrante del colectivo. “Las organizaciones de la sociedad civil sí contribuyen a modificar el país”, añadió el senador sin grupo parlamentario Emilio Álvarez Icaza. En conferencia de prensa, horas después de que se diera conocer el acuerdo al que llegaron las bancadas, los colectivos resaltaron la actitud de apertura de los senadores para modificar el dictamen que, consideraban, era un error. Celebraron que los legisladores hayan escuchado a las víctimas, a diferencia de los diputados en un ejercicio de Parlamento Abierto.

Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

El representante de la oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Jan Jarab, lamentó que las autoridades desecharan “a priori” el activismo del defensor Samir Flores, opositor a la operación de la termoeléctrica de Huexca, Morelos, como móvil de su asesinato. Y es que, a unas horas de que se conociera la muerte del opositor a la termoeléctrica, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, descartó que el crimen estuviera relacionado con su liderazgo. En días recientes, Samir Flores, reconocido en la región, increpó al delegado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Hugo Erik Flores, cuando acudió a la comunidad de Jonacatepec para hablar de las “bondades” del Proyecto Integral Morelos (PIM). “Las declaraciones de las autoridades encargadas de la investigación que descartan a priori la posibilidad de que estos hechos estén relacionados con la actividad de defensa del señor Flores ponen seriamente en cuestión la investigación misma”, alertó Jarab. El representante de ONU-DH puntualizó que el homicidio del activista

“Es un Triunfo que nuestra voz haya sido escuchada”, dijo Ilse Salas, representante de la comunidad artística e integrante del colectivo

“Estábamos sumamente preocupados por cómo se venía dando el dictamen de la Guardia Nacional y de verdad que estamos un poco más tranquilos, justo porque la oposición logró cerrar filas y apoyar lo que tantas personas hemos dicho: que el Ejército en las calles no es lo mejor”, dijo Grace Fernández, hermana de Dan Jeremeel Fernández, quien fue desaparecido en 2008 en Torreón, Coahuila, por militares que pertenecían al 33 batallón de infantería de Torreón. Mayte Azuela, integrante de #Se-

guridadSinGuerra, enlistó los puntos clave del nuevo dictamen que cumplen con las exigencias de los organismos internacionales: “mando civil, actuación temporal de militares y marinos en tareas de seguridad pública, controles institucionales, fortalecimiento de la policía, desaparecer la junta militar y que no se tocó el federalismo”. Sin embargo, Lisa Sánchez, presidenta de México Unido Contra la Delincuencia e integrante de #SeguridadSinGuerra, dijo que la sociedad

civil tendrá que vigilar la redacción de los artículos transitorios para evitar sorpresas. “Trabajaremos para tener una propuesta civil de leyes secundarias que nos permitan establecer los controles máximos de fiscalización sobre la participación de las Fuerzas Armadas en términos de temporalidad, subsidiaridad y controles externos e internos que nos permitan transparencia y un grado de control máximo de los civiles sobre los militares”, dijo Sánchez. Esta mañana, la Junta de Coordinación Política del Senado anunció que en la madrugada, después de días de negociación, acordaron la creación de una Guardia Nacional de mando civil, adscrita al ramo de Seguridad Pública, que se regirá por una doctrina policial y que en un inicio tendrá la participación de policías federales, militares y navales, y un régimen transitorio de cinco años para la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en tanto queda establecida la nueva institución.

Descartar “a priori” activismo de Samir Flores como móvil del crimen pone en cuestión la investigación: ONU-DH “debe ser investigado a cabalidad, sin dejar de lado ninguna línea de investigación, de manera desprejuiciada y, por supuesto, tomando en cuenta su labor en defensa de los derechos humanos”. Advirtió que si el crimen del defensor --el séptimo en este año-- queda impune, “enviaría un terrible mensaje a la sociedad de Morelos y a todas aquellas personas que día a día alzan su voz para reclamar una sociedad más justa”. De igual manera, el representante de ONU-DH consideró que es indispensable “determinar qué factores contribuyen a generar más riesgo para defensoras, defensores y periodistas”. Por lo pronto, Jarab destacó que su oficina ha identificado que uno de los patrones de riesgo en diferentes partes del país “es el desarrollo de proyectos sin respetar el derecho de las comunidades indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, en línea directa con los estándares internacionales”, contextos que –subrayó-- “producen conflictos y situaciones violentas que causan o facilitan la comisión de agresiones en contra de quienes defienden los derechos humanos”.

En un comunicado, Jarab informó que tras el homicidio de Flores, reconocido integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, miembros de la ONU-DH acudieron a Amalcingo, Morelos, junto con personal de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas. El funcionario de la Organización de las Naciones Unidas manifestó su consternación por los hechos ocurridos la madrugada de ayer, y lamentó que el homicidio tuviera “un gran impacto en su comunidad y en toda la región, y podría inhibir a muchas personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el ejercicio libre de su legítima labor”, abundó. Tras resaltar que los siete asesinatos de defensores se suman a otros 13 cometidos el año pasado, nueve de ellos indígenas, la ONU-DH recordó que las autoridades tienen responsabilidad de generar un ambiente propicio para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la libertad de ex-

presión, lo que incluye “abstenerse de realizar acciones que puedan agravar situaciones de vulnerabilidad e incrementar riesgos”. El organismo hizo un llamado “a priorizar las vías del diálogo, privilegiando la búsqueda de consensos y el respeto a los derechos humanos de todas las personas, la diversidad cultural y la diferencia de posturas”, ante la evidente tensión que persiste en la zona. Por último, manifestó su solidaridad y condolencias a la familia y colegas de Samir Flores Soberanes, y urgió a las autoridades responsables “a adoptar medidas para garantizar condiciones de protección a otras personas defensoras de derechos humanos en la región y atender adecuadamente a la familia del señor Flores”.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

Viernes 22 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Por unanimidad, el Senado aprueba la Guardia Nacional con mando civil Neldy San Martín Ciudad de México (aprp)

ontra los pronósticos, incluso del líder de los senadores de Morena Ricardo Monreal, quien ayer no quiso lanzar las campanas al vuelo, en una votación simultánea, en lo general y particular, el dictamen para la creación de la Guardia Nacional logró los 127 votos de los senadores presentes en la sesión de este jueves. El presidente de la mesa directiva, Martí Batres Guadarrama, dijo que se habían retirado las reservas al dictamen y declaró que quedaban aprobadas en lo general y particular las reformas constitucionales. Solamente faltó el voto de la senadora de Morena, Blanca Piña, quien no se encontraba presente por un tema médico. La aprobación del dictamen provocó un estallido de júbilo generalizado en el salón de sesiones, pero también un momento de tensión cuando el grupo mayoritario, Morena, quiso adjudicarse el triunfo y comenzó a gritar: “Es un honor estar con Obrador”. A lo que los grupos de oposición -PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano- comenzaron a corear: “Sí se pudo, sí se pudo”, reivindicando el logro de las modificaciones al dictamen que fue aprobado por las de las

comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda. “No es bueno intentar atribuirse de manera facciosa y partidista los logros de una reforma, me parece incorrecto e inadecuado, porque en Morena hemos obrado de buena fe, hemos actuado con sensibilidad y flexibilidad, y los resultados están ahí”, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, luego que los grupos parlamentarios del PAN y Movimiento Ciudadano enviaron comunicados asegurando que la Guardia Nacional era un logro del bloque y la sociedad civil.

Al subir a la tribuna, el senador de Morena, Eduardo Ramírez, presidente de Puntos Constitucionales, reconoció la importancia de que se lograra un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. “Fue una negociación de 21 días. Parecía imposible lograr un acuerdo”, reconoció el senador de Chiapas. En respuesta a @CanalCongreso #EnVivo #SesiónSenado Grupos Parlamentarios fijan postura respecto al dictamen en materia de #GuardiaNacional @CanalCongreso Por unanimidad, el Senado aprueba reformas constitucionales en materia de #GuardiaNacional

Después de una semana de intenso jaloneo y cabildeo, los líderes de todos los grupos parlamentarios acordaron en la madrugada una Guardia Nacional con mando civil, adscrita al ramo de Seguridad Pública y que en un inicio tendrá la participación de policías federales, militares y navales. Además de un régimen transitorio de cinco años para la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en tanto queda establecida la nueva institución. Con el acuerdo previo no hubo discusión a la reforma constitucional. En su lugar, el pleno del Senado fue una celebración constante, con aplausos a Ricardo Monreal, Miguel Ángel Osorio Chong, Mauricio Kuri, y otros oradores, sin importar su partido político. La sesión, que comenzó después de las 12 del día, había concluido antes de las cuatro de la tarde. Al finalizar, los senadores se abrazaron, se aplaudieron y se tomaron selfies. Algunos se retiraron con sus carteles “#SíSePudo, guardia civil” o con el lema: “Lo logramos, Guardia Nacional”.

La Segob de Osorio autorizó de manera irregular 2 mil 760 mdp para 9 dependencias; ASF pide sanciones Rodrigo Vera Ciudad de México (apro)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió sancionar administrativamente a los funcionarios que resulten responsables, luego de detectar que, como secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, incumplió con su obligación de formular, regular y conducir el proyecto de política de Comunicación Social del gobierno federal. En una auditoría forense que acaba de presentar, la ASF indica que en 2017 Osorio Chong autorizó 2 mil 760 millones de pesos destinados a las áreas de comunicación de nueve dependencias, pese a que el Congreso de la Unión no aprobó el gasto de esos recursos para esas áreas. Señala que, a través de su Dirección General de Normatividad de Comunicación (DGNC), la Segob no acreditó contar con los proyectos de dicha política de comunicación en la revisión de la Cuenta Pública de ese año.

“Se presume que la Segob, a través de su titular, incumplió la obligación de aprobar el proyecto de la política de Comunicación Social del gobierno federal, toda vez que la DGNC no acreditó contar con los proyectos de dicha política”, puntualiza la auditoría forense, sin proporcionar nombres. De acuerdo con la ASF, las nueve entidades que recibieron esos recursos son: el Consejo de Promoción Turística de México; las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el Instituto Nacional de Migración; el Fondo de Cultura Económica; la Lotería Nacional; el Servicio Geológico Mexicano; la Comisión Reguladora de Energía, y la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales. El Consejo de Promoción Turística de México fue la entidad que recibió más recursos: mil 99 millones de pesos, y el Fondo de Cultura Económica (FCE) el que recibió menos: 1 millón 999 mil pesos.

Entre las argumentaciones que presentaron las dependencias resalta la enunciada por el FCE de “llegar a un mayor público lector”, y la de la Lotería Nacional, de “mantener vigente y promocionada la imagen de la marca de la institución”. Igualmente, la ASF detectó otro probable daño a la Hacienda Pública por 13 millones de pesos que la Segob destinó para pagar campañas de Comunicación Social de 2016, pero con recursos de 2017. Asimismo, encontró que otros 48 millones 900 mil pesos asignaron para

gastos de campañas que, sin embargo, “no se difundieron a la población”. Ante estos hechos, una de las solicitudes de procedimiento de sanción administrativa pide que se investigue a los servidores públicos por el incumplimiento de la planeación y supervisión de las campañas publicitarias del gobierno federal. No obstante, dice la ASF, las recomendaciones y acciones de su informe pueden confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse en 30 días hábiles, que es el plazo para presentar información y realizar consideraciones.

Viernes 22 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

Propone senadora sancionar violencia política se sabe cómo prosiguió la investigación. Regularmente los que violentan son los que participan en el proceso electoral. Esta iniciativa reforma algunos artículos con la finalidad de que se revise y se atienda este tipo de violencia” explicó Blanca Estela Piña.

Berenice Chavarría Tenorio Ciudad de México. (Cimacnoticias)

ue la violencia política contra las mujeres por razones de género se incluya en la legislación y se sancione como tal, es el objetivo de la iniciativa propuesta por la senadora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Blanca Estela Piña Gudiño, a través de la cual se pretenden modificar 15 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dicha reforma incluye la modificación a los artículos 3, 247, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 470 y 47, a los cuales se les adicionaría el concepto de violencia política en razón de género y las infracciones correspondientes. “Las compañeras creían que sí podían denunciar y que llegaría una sanción al agresor, pero lo que no sabían es que la violencia política en razón de género no se encontraba dentro del catálogo de infracciones. Al hacer esta reforma habrá sanciones para los que ejerzan violencia política en contra de las mujeres. Estaba solamente como Protocolo, se daba seguimiento a los casos pero no había castigos”, puntualizó en entrevista con Cimacnoticias, la secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, Blanca Estela Piña Gudiño. La senadora hizo referencia al “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres en razón de género”, creado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el cual no se establecen obligaciones para las instituciones respecto a la vigilancia de

De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Lizbeth Mata Lozano, propuso reformar la Ley General de Partidos Políticos, a fin de garantizar la paridad de género en la integración de los órganos de dirección de los partidos políticos. En la sesión de este jueves la diputada expuso los motivos para reformar la ley y fortalecer los mecanismos que permitan a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de condiciones que sus pares varones así como su participación en los órganos de decisión de los grupos políticos. La promulgación de la reforma político-electoral del 10 de febrero de 2014 estableció como principio constitucional la paridad de género en candidaturas, es decir, la obligación de los partidos políticos de postular 50 por

NO SE PROTEGERÁN CASOS DE CORRUPCIÓN

los derechos políticos de las mujeres. Por ello, con esta modificación se busca que la violencia política en contra de las mujeres pueda ser sancionada conforme lo establecido en el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con castigos como: amonestación pública, multa, reducción de financiamiento público, interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral, cancelación de su registro como partido político, así como la pérdida del derecho a ser registrado a la precandidatura y candidatura. Estas sanciones serían efectivas ante partidos políticos, aspirantes, observadores electorales, servidores públicos, concesionarios de radio y televisión, organizaciones sindicales, ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, que ejerzan violencia política.

CASOS DOCUMENTADOS Esta propuesta surge luego de casos de violencia política contra mujeres registrados en los últimos años, como el de la candidata a la alcaldía

de Ecatepec por el Partido del Trabajo (PT), Jessica Salazar Trejo, quien en 2015 denunció agresiones y amenazas luego de un intento de secuestro en la colonia Alboradas de Aragón, donde un comando armado de 13 hombres la agredieron de manera física y verbal y dos de sus colaboradores resultaran heridos. Otro caso fue el de la precandidata a diputación federal por el Partido Acción Nacional (PAN) en Morelos, Gabriela Pérez Cano, quien sufrió un ataque en su domicilio, donde agresores dejaron un mensaje que decía “abandona la candidatura”. Incluso se ha llegado a asesinatos, tal es el caso de Gisela Mota Ocampo, Alcaldesa del municipio de Temixco, Morelos, quien un día después de asumir el cargo fue asesinada en la sala de su casa en 2016. A esto se suma el asesinato de la precandidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Aída Nava González, quien en 2015 fuera localizada sin vida un día después de haber sido secuestrada durante un acto político. “Se tuvieron las denuncias pero no

Luego de que Rosario Robles Berlanga fuera evidenciada como una de las responsables en el desvío de recursos denunciado en la investigación “La Estafa Maestra”, realizada por Animal Político y Mexicanos contra la corrupción, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) denunció violencia política en su contra. Al respecto, la secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, destacó que esta ley no beneficiará los casos de corrupción cometidos por mujeres. “Cuando una persona pone una denuncia se tiene que comprobar que fue violentada políticamente, que fueron violentados sus derechos electorales. En este caso se le está acusando de desvío de recursos y el hecho de que denunciemos que ella es responsable, no es violencia política de género. Nosotros queremos que nos aclare a dónde fueron los recursos. La corrupción no tiene nada que ver con la violencia política” añadió la senadora. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos para su análisis correspondiente. El siguiente paso es analizar cómo se debe realizar la denuncia y dar a conocer la iniciativa para que se tipifique en todo el país, concluyó Blanca Estela Piña Gudiño.

Reformar Ley para garantizar paridad de género en órganos directivos ciento de mujeres para los Congresos federal y locales. Con esta reforma se expidió la Ley General de Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, que retomó el principio de paridad en candidaturas a cargos legislativos y la obligación de los partidos políticos de hacer públicos sus criterios para garantizar la paridad. Sin embargo, un pendiente es garantizar la paridad en la integración de los órganos de dirección de los partidos políticos. De acuerdo con la legisladora hay que hacer una reforma normativa con independencia de que las normas internas de los partidos regulen sus asuntos internos.

La propuesta es reformar y adicionar los Artículos 25, 40, 43, 44 y 46 de la Ley General de Partidos Políticos, para establecer la paridad en la integración de órganos de dirección, un paso imprescindible para lograr la igualdad sustantiva en el ejercicio del poder público, desde el interior de los partidos políticos. En el Artículo 25 se intenta instaurar como obligación especifica de los partidos políticos, garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos de dirección; y en el 40 se pretende asegurar que los estatutos de los partidos políticos establezcan como derechos mínimos de sus militantes, la posibilidad de participar en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En el Artículo 43 se destaca la incorporación del principio de paridad de género en la integración de los internos, debiendo considerarse tanto en su dimensión vertical como en horizontal; y el Artículo 44 se propone que las convocatorias para organizar los procedimientos internos de integración de órganos directivos contemplen los criterios para garantizar la paridad de género.

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Viernes 22 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿QUIÉN MATÓ A SAMIR? Arturo Rodríguez García

a noticia se difunde rápido. Samir Flores fue asesinado este 20 de febrero. Lo fueron a buscar a su casa, en Amilcingo, como a las 5:00 de la mañana. Salió nada más para que le dispararan cuatro veces, y dos impactos en la cabeza le quitaron la vida. Último episodio de nueve años de agresiones. En septiembre de 2012, el movimiento que se opone al Proyecto Integral Morelos (PIM) se había mantenido acampando en las afueras de la comunidad de Huexca, en Yecapixtla Morelos, para evitar el paso de maquinaria que intentaba irrumpir en ese paraíso de barrancas y campos de cultivo. No hubo consulta previa, libre e informada; el propio Manifiesto de Impacto Ambiental revelaba la peligrosidad de construir un gasoducto en la zona del volcán; se pretendía invadir tierras sin más y, en conjunto, se violaba toda una gama de derechos de los habitantes de la zona. El gobierno de Felipe Calderón quería construir dos termoeléctricas que se alimentarían con gas procedente de San Martín Texmelucan, Puebla, por medio de un gasoducto que recorrería las faldas del Popocatépetl, a través de comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Las turbinas serían enfriadas con el agua del Valle de Cuautla. Aunque antes hubo presión del gobierno federal y del gobernador Marco Adame, aquel septiembre, su sucesor, el flamante mandatario estatal Graco Ramírez, dio el anticipo de lo que sería su gestión enviando a la policía estatal a desalojar a los vecinos de Huexca, principalmente mujeres, a las que sólo les quedó colocarse, lastimadas, a la orilla del camino, observando el avance de la maquinaria enviada por las trasnacionales Elecnor, Enagás, Bonatti y Abengoa. Golpear, encarcelar, disparar, amedrentar, hostigar y amenazar fue la forma de imponer los proyectos ahí y

en el resto de los estados donde había oposición a los caprichos voraces por la infraestructura. Campesinas golpeadas en Tlaxcala; una comisariada ejidal, Enedina Rosas, y Juan Carlos Flores, presos en Puebla de Moreno Valle, episodio este tan penoso que la detención ocurrió cuando él interponía una queja ante el ombudsman local por la detención de ella. Como de manual, los gobernadores Graco Ramírez y Rafael Moreno Valle, empleaban el recurso de la represión, acompañando una política clientelar de división en los pueblos: de la nada aparecieron liderazgos con dinero suficiente para repartir migajas fragmentando las oposiciones que pronto se tornarían amenazantes y violentas, grupos de choque muy próximos al paramilitarismo. Ya para 2014, Amilcingo era el reducto de aquello: había represión policial, como ocurrió el 13 de febrero de 2014, cuando llegaron las trasnacionales con sus contratistas bajo vigilancia custodiados por policías, desatando la violencia, deteniendo a seis personas y dejando un herido de bala. Luego, la mano del Estado se mimetizaba en gente de los alrededores, civiles violentos que agredieron a Samir el año pasado. El campamento impidió el paso de maquinaria para la obra que conduciría el agua del Valle de Cuautla, bajo embestida policial y ataque a tiros al bisnieto de Emiliano Zapata, porque ahí los Zapata se oponían al PIM. Las represiones se iban acumulando y, si bien en todos los movimientos morelenses y poblanos se resentían, era notable la prisión sobre el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT). Por las condiciones que el Estado impuso en Amilcingo, Samir era por demás visible en su oposición al PIM. Además, era un comunicador en forma, dada su labor de radiodifusor comunitario, fundador en 2013 de Radio

Amiltzinko, en donde recibió amenazas desde entonces en una zona donde ambas actividades son de alto riesgo, pues a las agresiones expuestas se suma el desmantelamiento violento de las radios comunitarias de Tlaxcalancingo y Zacatepec, en agosto de 2014. El FPDTAMPT y las comunidades tuvieron una esperanza. En 2014, Andrés Manuel López Obrador expresó su apoyo al movimiento, e inclusive, dijo que “sólo a un loco se le ocurriría” construir el PIM. Pero ya Presidente, todo cambió, pues el argumento presidencial es que hay mucha inversión y se generará la electricidad en todo Morelos por lo que realizaría una consulta, ante la protesta por el anuncio en Cuautla, el 10 de febrero, cuando el mandatario consideró a los opositores, entre los que estaba Samir, como “radicales ultraconservadores”. La consulta se realizaría este fin de semana, pero no conforme a estándares internacionales. Las consultas de López Obrador tienen su propio estándar y en este caso, planteó preguntar a todo el estado de Morelos su opinión sobre el PIM, mientras él mismo lo promueve, y no sólo a las comunidades afectadas, lo que oportunamente le reclamaron e hicieron saber desde el FPDTAMPT. Entonces, vino la ejecución de Samir, que hundió en dolor y coraje a los miembros del FPDTAMPT enturbiando más la consulta y colocando al mandatario en una posición difícil, entre acusaciones de sus críticos por la muerte de otro opositor y las del movimiento social por haber generado con su narrativa las condiciones para que eso ocurriera. La herida abierta desde 2010, cuando se quiso imponer el PIM, se profundizó. Para solucionarlo, un mínimo indispensable está en suspender el proceso, rectificarlo y para despejar cualquier duda, resolver satisfactoriamente, quién mató a Samir Flores Soberanes.

Viernes 22 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

inco meses han pasado desde el cobarde asesinato del reportero chiapaneco Mario Gómez y los autores intelectuales de su crimen permanecen en la absoluta impunidad. Las autoridades judiciales parecen apostarle al olvido de un hecho cuya justicia ha llegado “a medias”, entre sospechas de complicidades evidentes y beneficios de inmunidad para asesinos aparentemente influyentes. Mario fue asesinado la tarde del 21 de septiembre de 2018 a las afueras de hogar, en el municipio de Yajalón, frente a su propio hijo. Dos personas sobre una motocicleta se aproximaron hacia donde se encontraba y tiraron a matar. Fue una ejecución captada por cámaras de seguridad que registraron el aterrador momento. Entre la desolación de su familia y el escándalo de la ejecución pública, Mario fue trasladado en un ambulancia al hospital más cercano, pero ya era demasiado tarde. Las balas de los ejecutores habían cumplido su encomienda. Poco se pudo hacer. El joven corresponsal del Heraldo de Chiapas se había sumado a la lista de 66 periodistas asesinados en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Habían pasado más de 25 años desde el último asesinato de un periodista en tierras chiapanecas.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

EN LA MIRA Héctor Estrada

¿Quién mandó matar a Mario Gómez? De acuerdo a datos recabados por Artículo 19, Mario Gómez se había convertido en una persona incomoda para el entonces controversial diputado federal Leonardo Guirao Aguilar y su diputado suplente Ricardo López Montejo, ambos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Las constantes publicaciones de Mario para denunciar presuntos vínculos del Guirao con el crimen organizado y corrupción en el manejo de recursos se convirtieron en temas de confrontación pública meses previos a su asesinato. Según publicaciones del mismo Mario Gómez, documentadas por Artículo 19, el 15 de junio de ese mismo año el corresponsal del Heraldo de Chiapas recibió las primeras amenazas contra su integridad y la de su familia. Sólo un día después, el 16 de junio fue alertado por personas de la localidad sobre un grupo de al menos 7 personas esperándolo para privarlo de su libertad en cuanto apareciera en el centro de la cabecera municipal.

Después de la denuncia pública y penal, tras la presión realizada por organizaciones no gubernamentales, las autoridades estatales accedieron asignarle protección especial que con el paso de las semanas terminó por diluirse. El día de su asesinato Mario y su familia estaban prácticamente indefensos; y las amenazas se hicieron efectivas. El 24 de septiembre la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) anunció la detención del primero de los autores materiales, Juan Pablo N. Sólo unos cuantos días después se informó sobre la captura de Óscar Leyver N, alias

“El Zapatudo”, y a Juan David N, “El Machaca”, este último, líder de una banda de narcomenudistas que operaba en Yajalón. Sin embargo, desde entonces un silencio sepulcral por parte de la Fiscalía envolvió el caso. Bastaron tres días para detener a los autores materiales, pero han pasado cinco meses y los autores intelectuales siguen “sin ser identificados”. Nada mas ha sucedido con las investigaciones, parece que se hubieran detenido de manera intencional, esperando que el olvido de carpetazo al tema. Esa es la precepción expresada por la familia de Mario mediante una entrevista realizada por la periodista Itzel Grajales. De la supuesta pensión otorgada por Manuel Velasco a los hijos del periodista tampoco ha habido nada. Puras mentiras de discurso falaz. Mario es el ejemplo claro de lo que sucede con la mayoría de los asesinatos a periodistas y activistas en México, donde la justicia se reduce a la detención de chivos expiatorios o autores materiales para permitir que los verdaderos orquestadores de tan cobardes crímenes permanezcan en total impunidad. El caso de lo sucedido en Yajalón no estará cerrado hasta que todos los involucrados sean identificados y finalmente se sepa ¿quién mandó matar a Mario Gómez?... así las cosas.

CONSTRUIR DEMOCRACIA EN TRIBUNALES

ste espacio está dedicado primordialmente a destacar la responsabilidad del Poder Judicial en la defensa de causas de derechos humanos, e intenta no ser una columna de ocasión, en el sentido de que busca tomar distancia de la agenda pública cotidiana y proponer un análisis con impacto más prolongado en el tiempo. En esa idea, he resaltado la importancia de contar con juzgados, tribunales y una Suprema Corte de Justicia con criterios consistentes e inclinados a garantizar los derechos humanos, que no interpreten a conveniencia suya la Constitución, y que se asuman como agentes de un cambio radical de nuestra ingrata realidad social. Tengo entonces que hacer hincapié en un rol vital de las instancias judiciales para contribuir a la construcción de un régimen democrático. Más conviene referirme a ello en estos días en el que el diálogo político lo invaden adjetivos y oídos sordos a razones. Si a las críticas y demandas se les responde con descalificaciones desde el gobierno, quizá no exista más remedio que acudir a tribunales a debatir. Múltiples son las causas de las

Luis Miguel Cano López que puedo escribir: la guardia nacional, la restricción y violación de derechos y libertades elementales, las vías y formas para asegurarnos a las personas el disfrute de nuestros derechos sociales, entre otras. Pero por ahora prefiero inclinarme por situaciones que no tienen tantos reflectores como debieran: respeto por diferentes proyectos de vida y visiones de desarrollo, temas medioambientales y la conducción adecuada de nuestros recursos públicos. Hago notar esas tres cuestiones porque además las más de las veces van unidas. Esta misma semana, en la edición 2207 de Proceso destacan dos artículos sobre la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto y acueducto del Proyecto Integral Morelos, que me permiten ejemplificar el vital potencial democrático de la justicia. Por un lado se encuentra un grupo de personas que trabajan en el campo y que buscan seguir dedicándose a ello. Su proyecto de vida merece todo el respeto y nadie debería poder impedirles su realización. La idea que tienen de desarrollo, al menos una parte de este colectivo, no parece coincidir con el desarrollo industrial del me-

gaproyecto que les toca enfrentar. Su seguridad y la del medio ambiente están en juego. Sin embargo, han visto el cambio diametral en la posición del hoy presidente de la República, su descalificación, y como estrategia para atenderles, la organización de una de esas consultas típicas del gobierno que no son de fiar. En ese contexto, la mejor opción de “izquierda radical conservadora” (sic) que está a su alcance es, como anuncian, acudir a los tribunales de amparo. Si el gobierno va a apelar durante todo su mandato a la legitimidad democrática tan bien ganada en las urnas para evitar debatir con razones fundadas, debería saber que su representatividad irá mermando cada día por falta de resultados e incongruencias en el discurso y entre sus pa-

labras y sus acciones, pero sobre todo, que mejor que la democracia representativa que presume –y que también le disputan–, tenemos el derecho de contar con una democracia participativa, deliberativa y de derechos. El diálogo que el gobierno rehúye en los espacios políticos deberá forzarse en las instancias judiciales. Es por ello que se necesitan juzgados de amparo constantes en el compromiso de defender los derechos humanos de las personas, pues en todos los casos como el aludido se confirmará si su independencia es verdadera. Y en cuanto a la forma en que el gobierno compromete nuestro dinero público, también deberíamos contar con la constante de los tribunales de amparo para admitir ese tipo de demandas. ¿A quiénes beneficiará aquel proyecto de Huexca? Sin todo ello, la representación democrática podría oponerse a una democracia más real, una que es respetuosa de los derechos humanos de todas las personas. Escribe esta semana el ministro Zaldívar que no es tarea de la Corte ser oposición del gobierno. Muy bien, pero es su obligación ser garante del debate democrático.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

Viernes 22 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

PUNTO Y COMA; Roger Laid

ACUERDAN GUARDIA NACIONAL

ientras existe una resistencia débil ante la aprobación de la guardia nacional propuesta por el presidente popular Andes Manuel López Obrador, y operada políticamente por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quien logro acuerdo con representantes de los partidos políticos aliados y de los supuestos opositores. La preocupación de la sociedad es tener un número elevado de homicidios, tan sólo en enero del 2019 se reportaron 2452 a comparación de enero del 2015 con una cifra de 1289 homicidios. Como se dará usted cuenta, los problemas de inseguridad a lo largo y ancho del país se han incrementado, independientemente de los homicidios, muchos atribuyen la inseguridad a la bonanza que existe en la frontera de México con Centro América en favor de ciudadanos hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que, -no todosse han colado, y tienen fichas de ser parte de bandas delictivas, esto desde luego está permitiendo la ola de violencia a partir de noviembre pasado. Los senadores que son mayoría del partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) están de lleno en agilizar el trámite, y cualquiera que sea la piedra de tropiezo que estorbe al mandatario federal, sea retirada por los senadores en avasalladora mayoría. Lo mismo pasa por el Congreso de la Unión donde los diputados federales de MORENA son la mayoría, y desde luego están prestos y a las órdenes del mandatario federal. El anuncio del acuerdo de la guardia nacional ya superó la primera etapa. El mandatario federal, por un lado busca evitar el robo a la nación, sin

embargo, hay desencanto institucional, y es que perdonar a los que en la pasada administración saquearon al país, a los que hoy disfrutan dinero del presupuesto de forma ilícita, deja en sospecha que ese recurso pudo ir en la logística de la elección de estado en favor del mandatario federal. No nos dejan otra conjetura; a muchos mexicanos les queda la vocecita en la cabeza que pregunta, ¿perdonar a quien hoy está evidenciado por corrupción de forma documentada a varios, y no se le puede incautar sus propiedades? Vaya, y se le perdona. La pregunta clave es ¿Por qué? ¿Por qué?

COPELAS O CUELLO

Uf, es para el análisis. Países como Guatemala y Argentina no perdonan a sus saqueadores, Estados Unidos les incauta sus propiedades. En México le congelaron sus cuentas a Raúl Salinas de Gortari, salió libre y le devolvieron hasta al perro; a la maestra Elba Esther Gordillo Morales, le descongelaron sus multimillonarias cuentas y hasta se indignó, salió casi con un pie al panteón, y a las pocas horas traía una sonrisa del Wuasón que contagiaba Zhenli Ye Gon, a quien le devolvieron 205 millones de dólares, lo dejaron libre, pero queda como evidencia, de como actúa la autoridad en estos casos, el chino mexicano dijo ante un reportero de “Univision” “Si doy nombres [de políticos] la voy a pasar muy mal” y recuperó su dinero (bueno su supuesto dinero) porque señalo en su momento, que se lo dieron a guardar en un departamento de su propiedad en el estado de México. Un apostador que le apostó a la política mexicana. Y lo encarcelaron.

LA MAESTRA Y SU PARTIDO

Doña Elba Esther Gordillo, Su gente y familiares nunca se quedaron en

la inactividad y lograron ser volteados a ver cuándo su agrupación llamada Redes Sociales Progresistas (RSP) hizo una reunión donde los integrantes de las Redes acordaron constituirse en partido político nacional para buscar obtener el registro, a la cabeza estaban Fernando González Sánchez, yerno de Gordillo; y René Fujiwara Montelongo, nieto de la exdirigente del SNTE, desde luego uno de los beneficiados en este movimiento de ajedrez de la maestra es y será Ricardo Aguilar Gordillo coordinador en Chiapas de las redes progresistas que apoyaron a su ascenso al hoy presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Para ello, el exsecretario de Educación de Chiapas se empieza a mover aunque, señalen que nada tiene que ver la señora del billete. Ampliaremos lo que pasa en Chiapas con el partido de la maestra.

Puntos Suspensivos…

Hay casi medio centenar de ex ediles de Chiapas en el centro del país, muchos de ellos les ordenaron no tocar el fondo federal para que fuera el estado quien lo administrara, ahora los han dejado solos, lo que indica que muchos van a rajar (o ya lo están haciendo) sólo del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG) hay mucha evidencia o cabos sueltos; un ex edil me informa pero tiene temor y anda con la chequera en a mano… Héctor Meneses Marcelino edil de Pijijiapan, debe de hacer público su entrega recepción luego que están documentadas más de 50 obras fantasmas y él nada ha dicho, por tres cosas 1) Porque le dijeron callara 2) Porque es cómplice, y 3) Porque hubo acuerdos al grado que el ex edil anda en la construcción de las casas para solventar millonario faltante, es decir, aún sigue en la entrega tipo “SEDATU Jr.”….

Viernes 22 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿RUTILIO REPETIRÁ LA FÓRMULA?...

ace muchos años, en la década de los 70s, se dio en Tuxtla Gutiérrez un robo anunciado, como los que hemos visto en los últimos sexenios de este Siglo XXI. Fueron unos centroamericanos los que vinieron a esta capital para cometer su fechoría. Para eso, alquilaron un edificio junto al entonces Banco Nacional de México (BANAMEX) que se localizaba en la primera sur, esquina primera poniente. Ahí, presumiblemente iban a poner un negocio de venta de zapatos que hasta el nombre colocaron en un espectacular y al que denominaron “El Gran Golpe”. Para eso trabajaron varios meses sacando tierra por las noches y construir el túnel que llevaría precisamente a la bóveda del banco. Un día antes anunciaron: ¡mañana, el gran golpe! Y ¡zas!, cumplieron su objetivo de llevarse el botín, sin que hasta hoy los atrapen. Igual han sido los anuncios de robo y succión de presupuesto por gobiernos emanados del PRI, del PAN, PRD y recientemente del Verde Ecologista. Los otros partidos no, porque no les han dado oportunidad de robar… perdón, de gobernar. Así mismo, las principales fuentes de corrupción y despojo de patrimonio estatal y municipal han sido al sector salud, educación y el campo. La historia más reciente es la de los tres últimos gobiernos estatales de este Siglo XXI, empezando con PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA –a la par de su Secretario de Salud, ANGEL RENÉ ESTRADA ARÉVALO-- a quien se le acusó de desviar el recurso destinado a medicinas, especialmente el presupuesto para el hospital de Comitán donde murieron más de una decena de niños; el recurso del Programa de Reconstrucción de los Municipios afectados por el huracán Stan, por más de 11 mil millones de pesos y el fraude maquinado en un seguro de vida –cobrado ilegalmente dijeron—por 104 millones de pesos, que lo llevaron a la cárcel por casi 14 meses. Quien marcó la pauta y se voló la barda en términos de corrupción en el sector salud fue el exgobernador JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO a través de su secretario JAMES GÓMEZ MONTES, a quien se le comprobó –sin consecuencia alguna— compras de medicinas de manera directa, sin licitación o a precios alterados hasta en 500 por ciento; con una desviación o fraude por más de 760 millones de pesos. Se cree que de ahí deviene la situación de crisis financiera en la Secretaría de Salud y los estados deprimentes de clínicas, hospitales, carencia de medicinas y equipamiento, que hasta hoy se padecen. Agrego, todo esto persiste a la fecha por el encubrimiento a la corrupción institucional y la impunidad a los gobernadores junto con sus titu-

CONTRAPODER EN CHIAPAS

ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado

• CHIAPAS, LA GRAN ESTAFA DEL SIGLO XXI. • Corrupción en Salud, Educación y el Campo… • Y los responsables gozando de lo robado…

lares de la Secretaría de Salud. Desde principio de siglo con la derrota del PRI y la llegada del PAN al poder, detonó la corrupción y en cascada la aceleración de los índices de pobreza, pésima atención en hospitales, clínicas y centros de salud, incluido el inoperante “Seguro Popular”. Pero como cada gobernador viene con la mentalidad de superar a su antecesor, desde PABLO y JUAN, los montos económicos de corrupción se fueron incrementando y, MANUEL VELASCO COELLO no podría ser la excepción. Superó a los dos por muchas millas. Debo decir que PABLO SALAZAR tuvo la precaución de no aumentar la deuda pública, pero logró sus propósitos de “nuevo millonario” con los negocios de la obra pública en contubernio con el Presidente VICENTE FOX QUESADA y JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA referente a los programas sociales. En ese rubro de saqueo millonario también fluyeron las participaciones federales. JUAN SABINES GUERRERO jugó “perfectamente bien su partido”. Atendió a los más jodidos y les repartió enseres domésticos, les ayudó con dinero para iniciar un negocio “motor de la economía” y se erigió en el gobernador popular de corazón con las madres solteras y los adultos mayores. Su fuente de financiamiento fueron cinco empréstitos que le aprobaron las LXIII y LXIV Legislatura del Congreso del Estado por más de 16 mil millones de pesos; pero además dejó deudas por otros 20 mil millones, según se le acusan mediáticamente. Hasta donde tengo entendido, PABLO SALAZAR no le metió mano a los recursos destinados a la educación y tampoco al campo; lo mismo se puede decir de JUAN SABINES GUERRERO; pero si es un señalamiento severo el que les hacen de que no hayan fortalecido las acciones en el proceso educativo y los programas del campo, que dejaron en el completo abandono. El caso del ex gobernador constitucional y “sustituto de sí mismo”, MANUEL VELASCO COELLO es fatal y deprimente. Permitió la co-

rrupción en todas las áreas del gobierno y de todos sus colaboradores; tanto en salud como en educación y el campo. Están muy señaladas esas tres secretarías, a las que se suma el DIF que operó su “mamá también”, LETICIA COELLO GARRIDO, con un presunto desvío de casi 2 mil millones de pesos, que no han desmentido, pero algunos mal intencionados dicen que sirvió para la construcción de la “Plaza Ámbar”. A JULIÁN NAZAR MORALES, “El Talibán”, que fue el primer Secretario del Campo del gobierno verdeimberbe, se le acusa de despojar a los campesinos de sus apoyos y desviar –para sus bolsillos y cuentas bancarias—una extraordinaria suma de 400 millones de pesos, que es la fecha en que no le exigen cuentas y por el contrario lo sostienen en la dirigencia estatal del PRI. En educación no fueron diferentes los saqueos, pues a RICARDO AARÓN AGUILAR GORDILLO se le señala de un faltante de 300 millones de pesos que ni ha comprobado ni le han fincado responsabilidades, como se supone debiera ser. Claro que tanto PABLO como JUAN tuvieron sus “affaires económicos” en la otrora Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, pero el GÜERO VELASCO se pasó de la raya con sus “testaferros” y “cómplices”, BAYARDO ROBLES RIQUÉ y ALBERTO BETANCOURT ESPONDA, titulares de esa dependencia, donde se habla de sustracciones de miles de millones de pesos que se deben investigar para deslindar responsabilidades y “no hablar a las tanteadas”. En esa dependencia se cuestiona también al primo del ex gobernador verde, JUAN PABLO ORANTES COELLO quien junto con JUAN PABLO MONTES DE OCA AVENDAÑO –actual diputado local—se destacaron por sus rapacerías que presuntamente suman cientos de millones de pesos. Lo mismo se supone que hicieron los “hombres de confianza del GÜERO”, JORGE BETANCOURT y EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ en la dirección general del Instituto

de Infraestructura Física Educativa (INIFECH), quienes presuntamente se hincharon de paga con la complacencia del entonces gobernador MANUEL VELASCO COELLO. Quedan para la historia los hechos de corrupción en la Secretaría de Salud donde estuvieron inmersos los diversos titulares de la dependencia, como CARLOS EUGENIO RUIZ HERNÁNDEZ, a quien “por sus buenos servicios” le premiaron con la Rectoría de la UNACH, lo quisieron reelegir y al no poder lo nombraron “asesor” del gobierno de RUTILIO ESCANDÓN. Lo acusan también de ser parte de la “Estafa Maestra” en contubernio con la Secretaria de SEDESOL y SEDATU, ROSARIO ROBLES BERLANGA. El otro que se fue hasta el fondo y siempre estuvo cuestionado es FRANCISCO ORTEGA FARRERA, “el héroe del Seguro Popular”, premiado con la Secretaría de Salud para cargarle todos los muertos de la corrupción de su “jefe” MANUEL VELASCO COELLO. Yo no sé si ORTEGA FARRERA actuó por iniciativa propia, pero se fue con la inercia que le había dejado su antecesor RUIZ HERNÁNDEZ y los Secretarios de Salud del gobierno de JUAN SABINES, que fueron nefastos y sensacionales para las trácalas. Finalmente la dejaron los restos de la Secretaría de Salud a la doctora LETICIA GUADALUPE MONTOYA LIÉVANO, quien puede ser que “pague los platos rotos”. Los indicios de corrupción en exceso del gobierno de SABINES GUERRERO y VELASCO COELLO ya se sabían y ni dudas cabían en sus acusaciones. Hoy todo se vuelca por el descubrimiento de una bodega repleta de medicinas compradas desde el 2016 para curar el dengue, que se escondieron para volver a comprarlas a sí mismos, cometiendo un crimen contra los chiapanecos que más necesitados están de los servicios públicos de salud. Y si el gobernador de la “4T”, RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS necesitaba pruebas de esos actos de corrupción que bien conoce –por haber sido parte del gobierno verde-imberbe—ya las tiene, por lo que ahora está obligado a actuar en consecuencia y someter a los implicados en el marco de la ley. Entiendo que le es muy difícil al gobernador llevar ante la justicia a los que fueron sus superiores jerárquicos y compañeros en el ejercicio del poder, pero, “la ley es la ley”, por encima de quien sea. El otro extremo sería que RUTILIO ESCANDÓN CADENAS traiga la visión de que su gobierno sea mejor y supere lo hecho por los de PABLO, JUAN y MANUEL, esos de nombres bíblicos que condujeron a Chiapas al desastre económico, político y social en aras de convertirse en los nuevos millonarios en solo un sexenio, cada uno. Seremos testigos de esta nueva historia. Y como dijo el ciego: ahí lo ves… Se acabó el mecate… Y ES TODO…

CONTRAPODER EN CHIAPAS

Viernes 22 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

PRI 90 AÑOS: LA MISIÓN IMPOSIBLE DE LA CREDIBILIDAD José Gil Olmos

l próximo 4 de marzo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cumplirá 91 años de los cuales 76 gobernó

el país. Es uno de los partidos que ha tenido el mayor número de presidentes en el mundo y también de los que ha tenido mayor número de casos de corrupción. En la última elección le costó perder ante el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) creado y encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Se espera que en la celebración de su aniversario se dé a conocer la convocatoria para la elección de la nueva dirigencia nacional y para la cual hay un grupo de cinco aspirantes. Pero detrás de todos y cada uno de ellos, permanece aún la sombra del expresidente Enrique Peña Nieto quien habrá de ser un factor determinante en el rumbo del priismo. La nueva dirigencia habrá de enfrentar el derrumbe que sufrió en la elección federal pasada que dejó al partido no sólo en el tercer lugar como fuerza política, sino en una crisis estructural que lo tiene pasmado sin saber qué rumbo tomar para recuperar dos aspectos fundamentales: seriedad y credibilidad. Este año el PRI tiene dos compromisos. El primero realizar una asamblea nacional en la que se contempla cambiar la dirigencia que actualmente lleva a cuestas la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas y, al mismo tiempo, dar los primeros pasos para una reforma profunda que algunos pi-

den sea una refundación de fondo que incluiría además cambiar de nombre. El punto clave para la elección de la nueva dirigencia es si habrán de elegirla por voto abierto a la militancia, lo cual se ve poco probable porque se requiere de una organización amplia y costosa y, además, no se tiene un padrón de militantes puntual para un proceso abierto como el que se plantea. De ahí que seguramente veremos el uso de los métodos de la elección por asamblea o por delegados políticos. A la vista hay cinco aspirantes a dirigir el partido: el senador y exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega; el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz; el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno; y el exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, José Narro. En el interior del PRI ven con preocupación el perfil de los candidatos porque difícilmente ven que puedan recuperar la confianza ciudadana pues tienen un historial de claro oscuros en su paso como gobernantes, haciendo del uso del poder público un negocio particular. Es decir, tienen manchas de corrupción que no se olvidan ni se borran en la memoria pública. Entre algunos priistas integrantes de la cúpula no rechazan la posibilidad de inclinarse por el exrector de la UNAM, José Narro, que no tiene un historial negro como sus compañeros de partido. Y aunque algunos miran con cierta preocupación su edad de 70 años, otros más soslayan esto aducien-

do que tiene más posibilidades de acercarse a dialogar con la sociedad que sus otros contrincantes. Aunque también hay un sector que se inclina por el gobernador de Campeche conocido como Alito y que tiene un apoyo fundamental: el de Peña Nieto a quien le operó que se quitaran los candados estatutarios para que se eligiera a José Antonio Mead como candidato presidencial ciudadano. Sin embargo, se ve difícil que Alejandro Moreno cumpla lo que buscan los priistas, recuperar la credibilidad y la confianza ciudadana, que la población los mire con seriedad y crean que sí están dispuestos a cambiar. Porque la meta fundamental de este proceso de profunda reforma en el PRI va acompañada de la elección de un líder que ayude a construir una nueva imagen del partido que remonte el historial de malas actuaciones, negocios mal habidos, malversación de fondos públicos, vínculos con el crimen organizado o alianzas con personajes cuestionados de muchos de sus miembros. Por cierto…El reto o el desafío del PRI ahora es muy diferente al del 2000 y el 2006 cuando perdieron la presidencia de la República. En aquellas elecciones aun conservaban un buen número de gubernaturas, presidencias municipales y diputaciones locales. Hoy, con apenas nueve millones de votos conseguidos en la pasada elección del 2018, tiene 12 gubernaturas de 32, 47 diputados de 500, 14 senadores de 128, 550 presidentes municipales de 2011 y 184 diputaciones locales de mil 123.

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 22 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1575

VANDALISMO

CONFLICTO

Se enfrentan a golpes Policía Municipales y Taxistas en El Bosque

Presuntos normalistas queman conejobus en la calzada al sumidero

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DECLARACIÓN

#SeguridadSinGuerra también se adjudica mando civil para la Guardia Nacional PAG. 3

ACCIONES

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SOLICITUD

La Segob de Osorio autorizó de manera irregular 2 mil 760 mdp para 9 dependencias; ASF pide sanciones

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IEPC sanciona al Partido Revolucionario Institucional por violencia política de género El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó sancionar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por realizar conductas que atentan contra la vida democrática del Estado, al ejercer violencia política en contra de personas del sexo femenino, con motivo a la asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

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INE no podrá dar credenciales en nuevos municipios indígenas en Morelos por falta de límites territoriales