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EDITORIAL

Los primeros sesenta días

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Lo deseable sería que los conflictos que se viven en Chiapas se resolvieran en lugar de agudizarse. Para ello la secretaría debiera de crear una mesa de diálogo con los diferentes grupos y organizaciones demandantes

La estrategia de seguridad pública en la entidad no está funcionando. Las reuniones mañaneras de seguridad sirven para convivir en la mañana pero no para reducir los índices delictivos, que amenazan a la ciudadanía. La seguridad es una función del Estado que no se atiende adecuadamente.

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EN CHIAPAS

Martes 12 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1567

ADVERTENCIA

ATENTADO

Si Guardia Nacional no se adapta a Constitución, CIDH podría declararla inconvencional: Corcuera

“Aunque la Corte Interamericana reconoce la facultad de los Estados para realizar acciones para el mantenimiento de la seguridad también se ha pronunciado enfáticamente sobre el riesgo que implica el uso militar en tareas de seguridad pública”, manifestó.

Disparan en la cabeza a locutor de radio en Chiapas

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MARCHA

Exigen AEDSección 40 el pago de 2 mil mdp

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Aprueba IEPC convocatoria para la elección de autoridades por sistemas normativos en Oxchuc

DENUNCIA

Exigen liberar a Diego López Méndez, indígena tzeltal torturado para que se inculpara de homicidio

HOY ESCRIBEN COMENTANDO LA NOTICIA

Alfonso Carbonell Chávez PAG. 15

REFLEXIONES SOBRE EL COMBATE AL ACOSO Marta Lamas

CÓDIGO NUCÚ

PAG. 14

César Trujillo

PAG. 13

MAGNICIDIO DE FREI, EN LA POLÉMICA Francisco Marín

PAG. 12

AMLO FRENTE A LOS MEGAPROYECTOS: LAS DECLARACIONES NO BASTAN Arturo Rodríguez PAG. 3

PAG. 11

CONTRAPODER EN CHIAPAS

Martes 12 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL Los primeros sesenta días

o deseable sería que los conflictos que se viven en Chiapas se resolvieran en lugar de agudizarse. Para ello la secretaría debiera de crear una mesa de diálogo con los diferentes grupos y organizaciones demandantes, y a la vez, tomar medidas preventivas para evitar el surgimiento de nuevos conflictos. Es cierto de que hay demandas de los grupos que no fueron atendidas por el anterior gobierno y resulta inconcebible que no se atiendan y resuelvan con el actual gobierno; como es el caso de la falta del pago de los maestros interinos, la atención de las demandas de los estudiantes de las normales o la solución a la población de desplazados que se han visto obligados a realizar plantones afuera del palacio de gobierno. Hay problemas como el de la presencia de grupos paramilitares donde el Estado ha sido permisible en grado extremo, y estos grupos paramilitares actúan con la total aquiescencia del gobierno. Fue el Estado quien conformó los grupos paramilitares, como parte de una estrategia política de ocultar las maniobras militares y presentar los conflictos

en las comunidades indígenas como enfrentamientos intercomunitarios. El nuevo gobierno carga con la presión de dos medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los desplazados de Chenalhó y de los desplazados de Chalchihuitán y dos recomendaciones de la CNDH, en donde le concedieron seis meses para que se desarmen los grupos paramilitares y elabore un programa de pacificación en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán. Esto implica el compromiso de verdad, justicia y reparación a los agravios reiterados, de desplazamientos, desapariciones, asesinatos, persecuciones y encarcelamientos que por décadas se han vivido en las comunidades indígenas de estos municipios. El punto crítico que la administración de Rutilio Escandón no logra superar, es el relajamiento de la autoridad que se institucionalizó en los anteriores gobiernos, en el que se creó en el imaginario de la población que el Estado no funciona en la entidad y esto se refleja en los índices de impunidad que tiene Chiapas que es del 99%. Este escenario de debilidad de las

instituciones es el que se debía de borrar de un plumazo , pero que desafortunadamente permanece en la gestión de Rutilio Escandón, que en los dos meses que lleva la administración los problemas sin atender continúan y la inseguridad se disparó a niveles peligrosos, que ha mostrado la deficiente capacidad de respuesta que hay. En los pocos días que lleva el gobierno estatal, se percibe que no se elaboró un plan de acciones para los primeros 100 días, que resultan fundamentales para el establecimiento de la seguridad y la nueva gobernanza, lo que hace presuponer que la gobernabilidad está prendida con alfileres a la agenda del gobierno federal en Chiapas, en donde la presencia del presidente de la república fortalece siempre al gobernador, pero eso no significa que los problemas de la entidad se van a resolver como si fuera por arte de magia. Por ello el oficio político es fundamental y se requiere de una operación política eficaz de 24 horas diarias, sobre todo porque los conflictos en la entidad se gestan y se mueven bajo aguas subterráneas y sólo se conocen cuando estallan.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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CONTRAPODER EN CHIAPAS

Martes 12 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Normalistas protestan en la Secretaría de Educación cometen destrozos y se enfrentan a policías De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

resuntos estudiantes normalistas ocasionaron daños en las instalaciones de la Secretaría de Educación, ubicadas en esta capital, lo que ocasionó un enfrentamiento con policías estatales, sin que se hayan reportado lesionados ni detenidos, informaron fuentes gubernamentales. Explicaron que los hechos sucedieron por la mañana de este lunes cuando un grupo jóvenes encapuchados llegó hasta el edificio, rompió cristales, destruyó computadoras y sustrajo papelería y equipo, que fue incendiado afuera. Señalaron que agentes estatales fueron desplegados en el área y con gases lacrimógenos replegaron a los normalistas, después de un enfrentamiento. Por separado, alrededor de mil maestros agrupados en la llamada

Explicaron que los hechos sucedieron por la mañana de este lunes cuando un grupo jóvenes encapuchados llegó hasta el edificio, rompió cristales, destruyó computadoras y sustrajo papelería y equipo, que fue incendiado afuera Asamblea Estatal Democrática (AED) de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), marcharon en la capital para exigir el pago de adeudos y la realización de la cadena de cambios y ascensos. Representantes de los inconformes afirmaron que la marcha partió del oriente de Tuxtla Gutiérrez y concluyó en el parque central, donde también demandaron la reactivación de los préstamos a corto plazo para los militantes de la AED que el ex director General, Eduardo Thomas Ulloa canceló y cancelación de órdenes de aprehensión contra militantes de la esa agrupación.

Exigen liberar a Diego López Méndez, indígena tzeltal torturado para que se inculpara de homicidio tome en cuenta las pruebas de la detención ilegal, así como los indicios y secuelas de la tortura para dictaminar su libertad, y que considere su pertenencia cultural como pueblo originario. Lo anterior sería un precedente de justicia hacia población históricamente lacerada con prisión injusta.

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

unas horas de que se dicte sentencia, familiares y amigos de Diego López Méndez exigieron este lunes su liberación tras asegurar que fue torturado para que se auto inculpara y se violó todo el debido proceso que desde hace seis años lo tiene en prisión. En conferencia de prensa, los activistas informaron que este martes 12 de febrero, Diego López Méndez escuchará la sentencia del juez penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, César Rodríguez Robles. Abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que llevan el caso, dijeron este lunes que Diego pertenece al pueblo indígena tseltal y se encuentra en prisión desde hace seis años y ocho meses. Denunciaron que lo detuvieron de manera arbitraria, lo torturaron y posteriormente le fabricaron el delito de homicidio. La persona que lo inculpó también denunció tortura para implicar a otros. Actualmente está en espera de sentencia, enfrenta un proceso lleno de irregularidades jurídicas, entre

Torturaron a 13 indígenas en 2018

ellas la violación del derecho de presunción de inocencia, no contar con intérprete en su lengua y otras faltas al debido proceso. Diego López Méndez, de 26 años, nació en Barrio Chixtetic, municipio de San Juan Cancuc, en Los Altos de Chiapas. De origen campesino, desde joven migró en busca de sustento. Al ser privado arbitrariamente de su libertad, su familia quedó en el desamparo y se vulneraron sus derechos básicos de alimentación, salud y seguridad, entre otros, y no tuvieron posibilidad de verlo cotidianamente. Además, al ser parte de una comunidad indígena les violentan derechos colectivos propios de su

pertenencia cultural. A lo anterior se suma la indefensión igualmente sistémica de quien no cuenta con recursos económicos para defender lo que por derecho le corresponde y que las instancias del Estado encargadas de ello son inoperantes. Diego López Méndez forma parte de la organización Solidarios de la Voz del Amate, colectivo de personas integrantes de pueblos originarios, injustamente encarceladas quienes luchan por su libertad y denuncian las inhumanas condiciones de la prisión. El Frayba solicitó al juez responsable de dictar sentencia a Diego que aplique el principio pro persona, que

Durante el 2018, el Centro de Derechos Humanos recibió 13 denuncias de casos de tortura a integrantes de pueblos originarios: 6 tseltales, 6 tsotsiles y un chol, quienes se encuentran en prisión. En el Informe sobre la situación de los Pueblos Indígenas en México, la relatora especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz reiteró que: “Para los indígenas, varios factores limitan el acceso al sistema judicial nacional para defender sus derechos. Se presentan barreras económicas, culturales, lingüísticas, geográficas y de racismo y discriminación.” Y recomienda: “Las medidas de seguridad y protección, así como de justicia y reparación por violaciones de derechos humanos, deben tener en cuenta factores de género y la situación de la niñez, juventud y otros sectores vulnerables indígenas”.

Martes 12 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Aprueba IEPC convocatoria para la elección de autoridades por sistemas normativos en Oxchuc

n sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), aprobó la Convocatoria a la ciudadanía de Oxchuc, para la elección de sus autoridades municipales, por el sistema normativo interno: usos y costumbres, la cual deberá celebrarse a más tardar el domingo 14 de abril de 2019. Ello en cumplimento al Decreto 135 del Congreso del Estado de Chiapas, publicado el 23 de enero del presente año, que facultó a este órgano electoral para convocar, coadyuvar y, en su caso, organizar la elección de autoridades del municipio de Oxchuc, así como calificar y expedir la constancia de mayoría. La consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, explicó que, la Asamblea General, a quien se le reconoce como autoridad máxima de deliberación y toma de decisiones, será la responsable de elaborar las reglas para la elección, mismas que deberán ser validadas por el IEPC, a más tardar el 29 de marzo de 2019. La Asamblea general se integrará por representantes que elijan las 120 localidades a través de asambleas comunitarias, bajo el mismo esquema que se diseñó para la Consulta Indígena. “Deberá ser convocada por el Concejo Municipal de Oxchuc (Presidente Concejal), quien previamente deberá recoger el consenso de las 120 localidades-comunidades, a través de los representantes integrantes de la Asamblea General para determinar, fecha, lugar y hora de instalación”. El Concejal Presidente deberá enviar constancia al IEPC de la respectiva notificación a los representantes de las

120 localidades-comunidades, la cual deberá llevarse a cabo a más tardar el domingo 24 de febrero de 2019, señaló Sánchez Domínguez. Al respecto, el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, celebró el diálogo que han manifestado las autoridades de Oxchuc para llevar a buen puerto la elección municipal. “Las condiciones están dadas, la participación y la buena voluntad que los liderazgos políticos han manifestado al acudir a las reuniones de trabajo para construir conjuntamente ésta convocatoria”. A más tardar el viernes 29 de marzo de 2019, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sesionará para validar que las normas para la elección de las autoridades municipales de Oxchuc, determinadas previamente por la Asamblea General, cumplan con los parámetros de regularidad constitucional. Si del análisis a las normas que lleve a cabo este Instituto Electoral advirtiera alguna omisión, aclaración u observación, se notificará a la Asamblea General a más tardar el viernes 22 de marzo de 2019, otorgándole un plazo de cuatro días naturales contados a

partir de la notificación, para realizar las modificaciones correspondientes. Conforme a la fecha establecida por la Asamblea General, a partir de la fecha en la que el Consejo General apruebe la validación de las normas y hasta el domingo 14 de abril de 2019, se celebrará la elección de autoridades municipales en Oxchuc, con base en las normas determinadas por la Asamblea General integrada por los representantes de las 120 localidadescomunidades. La calificación y expedición de la constancia de mayoría de las elecciones son facultades del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, quien tendrá del 15 al 22 de abril de 2019, para aprobar en sesión del Consejo General, el acuerdo por el que se califica y expide la constancia de mayoría de la elección de autoridades municipales de Oxchuc. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Consejo General, implementando mesas de concertación con el Órgano de dirección de la Asamblea General, respetando en todo momento el derecho a la libre determinación.

Cabe recordar que el pasado 5 de enero, a través de la Asamblea Plenaria de Resultados la ciudadanía de Oxchuc, decidió por el sistema normativo interno (usos y costumbres) para elegir a sus autoridades municipales, con un porcentaje del 59.18%. Durante la sesión, el pleno aprobó la designación de la ciudadana Caridad Guadalupe Hernández Zenteno, como Titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana de este organismo electoral local, luego de la valoración curricular (documentos aportados) y la entrevista aplicada a la ciudadana, en los cuales se determinó que cumple con los requisitos y los principios orientadores, plasmados en el Reglamento de Elecciones. Hernández Zenteno es maestra en derecho, por la Universidad Autónoma de México (UNAM). Destaca su participación como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; asesora a distancia de las materias de Derecho Constitucional y Teoría de la Constitución en la facultad de derecho de la UNAM y docente de la materia derecho administrativo sancionador electoral en la especialidad en Derecho Procesal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. En su experiencia laboral destaca: Asesora en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; Profesional operativo en el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Secretaria de estudio y cuenta en la Sala Regional Especializada y la Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (muralchiapas.com)

Exigen AED-Sección 40 el pago de 2 mil mdp

Por la falta de acuerdos y la serie de adeudos con miles de maestros, la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (AEDSNTE), salió una vez más a las calles de Tuxtla Gutiérrez para exigir el pago de sueldos retenidos durante el sexenio de Manuel Velasco Coello. En entrevista, José Armando Falconi Borraz, secretario general del Comité Ejecutivo de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, indicó que alrededor de 900 maestros y maestras marcharon en exigencia de pagos devengados desde el año 2013, afectando la vida académica y social de docenes de Telebachillerato Comunitario, interinos y disidentes del SNTE. “Estamos reclamando el pago que el

gobierno corrupto de Manuel Velasco Coello, dejó una deuda de más de mil millones de pesos que tiene que ver con los pagos de interinos y administrativos, de compañeros provisionales en el 2015, maestros de nuevo ingreso 2016, 2017 y 2018, de compañeros de Telebachillerato Comunitario”, detalló. A lo anterior, señaló que son miles de maestros del Movimiento Magisterial los que se encuentran sin recibir el pago de sueldos, por lo que estiman que el adeudo con este grupo asciende a los 2 mil millones de pesos. “Estamos hablando de miles maestros que tienen esa deuda de casi ya 2 mil millones de pesos. Nosotros hemos estado convocado a todas las acciones políticas, hemos estado luchando por la defensa de nuestras conquistas sin-

A. Marroquín

dicales y laborales”, dijo. En cuanto a los actos vandálicos en la Unidad Administrativa de la SE, Falconi Borraz expuso que la AEDSNTE se deslinda de tales destrozos en el inmueble estatal, por lo que considero que sus protestas siempre serán meramente pacíficas. “Nos deslindamos, nosotros venimos en esta marcha de manera pacífica; claro en protesta a la cerrazón del gobierno del estado para atender nuestras demandas centrales”, exteriorizó. Respecto a la marcha, declaró que como organización crítica han sido objeto de amenazas, como de posibles levantamientos. “No, pero hay latentes las ordenes de aprensión en contra la Dirección Política de la Asamblea

Estatal Democrática”. Agregó que la organización la conforman alrededor de 18 mil trabajadores de la educación, referente mayoritario de la Sección 40, “los charros de la Sección 40 no nos representan, esa basura, esa bola de corruptos no tienen nada que ver con la Asamblea Estatal Democrática”.

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Martes 12 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Disparan en la cabeza a locutor de radio en Chiapas Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

ersaín Gálvez Ramírez, locutor de la radiodifusora La Más Invasora, de Chicomuselo, fue hallado este lunes dentro de su vehículo con una herida de bala en la cabeza, por lo que de inmediato fue trasladado a un hospital de Comitán. De acuerdo con colegas, periodistas y comunicadores de Chicomuselo, Motozintla y Frontera Comalapa, de la región fronteriza y Sierra Madre de Chiapas, Gálvez Ramírez, conocido como El Súper Nene, se encuentra delicado de salud. El locutor, cuyo auto se encontraba junto a una gasolinera, fue localizado esta mañana con huellas de golpe y una bala incrustada en la cabeza. El hallazgo lo hizo una persona que se asomó al vehículo y se percató que dentro había una persona sangrando. Tan pronto como se reportó el hecho, una ambulancia trasladó al herido al Hospital Regional Ignacia María Gandulfo, de Comitán. Irán Antonio Arrazate Gómez, Mario Luis Vázquez Pascacio, Ameth Juárez Roblero, Cali Zamorano Gómez, Camilo Escobar, Juan Ramón

De acuerdo con colegas, periodistas y comunicadores de Chicomuselo, Motozintla y Frontera Comalapa, de la región fronteriza y Sierra Madre de Chiapas, Gálvez Ramírez, conocido como El Súper Nene, se encuentra delicado de salud

Espinoza Jiménez, Arely Georgina Escobedo Córdoba y Nandy Méndez Jiménez, condenaron el ataque contra su colega y exigieron una profunda investigación del caso. Además de las autoridades municipales, estatales y federales; el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la Fiscalía para la Atención de Delitos contra Periodistas, y la

Fiscalía General de la República (PGR), los periodistas solicitaron el apoyo a los defensores de los derechos humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Exigimos la intervención de todas las dependencias antes mencionadas y exigimos el esclarecimiento

de estos hechos y todo el peso de la ley en contra de quien o quienes resulten responsables”, puntualizaron en una carta pública, y pidieron que ese incidente no quede impune, como ocurrió con el asesinato del periodista Mario Gómez, en Yajalón, en septiembre del año pasado. Por ello, demandaron a las autoridades en sus tres niveles trabajar por la seguridad de las personas que ejercen a diario el oficio de informar y a toda la población en general, porque en Chicomuselo, afirmaron, están siendo víctimas de la inseguridad. “En los últimos días hemos sido testigos de actos violentos que atentan contra la seguridad de los habitantes de Chicomuselo y de la región, como robos, violaciones, ataques con arma blanca, intimidación a los medios de comunicación y, lo más reciente, el atentado hacia la persona del comunicador”, remataron. Por su parte, el Ministerio Público informó que ya abrió una carpeta de investigación por los hechos.

Se realiza con éxito la 3ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Educación Básica en su fase estatal con sede en la UNACH De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

La Universidad Autónoma de Chiapas fue sede de la 3ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Educación Básica en su fase estatal, teniendo como protagonistas a más de 240 menores de nueve municipios, quienes se concentraron en las instalaciones de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas (FCFM). En esta ocasión los infantes participaron en tres diferentes categorías: 82 en el nivel 1, 85 en el nivel dos y 77 en el nivel 3. Durante el evento, fueron entregadas medallas de bronce y plata a 6 alumnos en cada nivel, cubriendo un total de 36 preseas, mientras que las medallas de oro fueron otorgadas a 9 niños. De esta manera, en el encuentro donde participaron estudiantes de Cintalapa, Comitán, Escuintla, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, las autoridades de la UNACH y los organizadores, distinguieron con preseas a 45

alumnos del nivel básico, quienes dieron muestra de sus conocimientos en esta ciencia. Al tomar la palabra, el director de la Facultad, Sendic Estrada Jiménez, felicitó a los infantes por llegar hasta esta fase estatal, ya que es el resultado de la coordinación y asesoría por parte de profesores y padres familia. Asimismo, reiteró el compromiso de la UNACH por ser partícipe en este tipo de actividades, desde impartir clases a los niños preseleccionados hasta ser sede de la olimpiada. Por otro lado, el delegado Estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, Sergio Guzmán Sánchez, recordó la importancia que los padres y profesores ejercen en la educación de los niños, así como la responsabilidad de que crezcan en un entorno donde puedan participar en este tipo de olimpiadas, así como entre otras actividades. En este sentido y teniendo como escenario las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios del esta-

do, destacó el ejemplo de Alejandro Moisés Roque Laparra, quien actualmente es preseleccionado para la Olimpiada a nivel Internacional. “Quiero invitar a los niños a seguir esforzándose para continuar con su participación en la olimpiadas, dado que muchos pueden lograr lo que Alejandro realizó, así también agradezco a los administrativos y docentes por el apoyo para los participantes de la olimpiada y el apoyo de las instalaciones de la

UNACH”, concluyó. En este evento se contó con la presencia de la delegada de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica, Marda Larisa Silva Muruato; el estudiante de la Escuela Emilio Rabasa Estebanell, medallista nacional en la OMMEB 2018 y preseleccionado para la Olimpiada Internacional de Matemáticas, Alejandro Moisés Roque Laparra; padres de familia, así como profesores de escuelas primarias.

Martes 12 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Consulta sólo con pueblos afectados, responden opositores a la termoeléctrica en Huexca Jaime Luis Brito Cuautla, Mor. (apro)

os pueblos en defensa de la tierra y el agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se oponen al gasoducto, al acueducto y a la termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos (PIM) pidieron al presidente López Obrador que la consulta se realice sólo con los pueblos afectados. Además, cuestionaron al presidente sobre el calificativo que les propinó el domingo en su evento donde presentó su propuesta respecto de la termoeléctrica. En el balneario El Almeal, de Cuautla, el tabasqueño aseguró que los opositores son “radicales de izquierda” y los comparó con los conservadores”. “Usted nos ofendió con todo, dedicó gran parte de su discurso de democracia a ponernos calificativos sin conocernos o ya no conociéndonos, no sabemos”, sostuvieron. En su carta dicen al mandatario que han pedido por todos los medios posibles una reunión para explicar las implicaciones que ellos ven en el PIM, pero no han sido escuchados. Por eso, “teníamos que gritar para que nos escuchara, porque no nos ha querido escuchar”. Recordaron que incluso el sábado pasado le pidieron públicamente un espacio para la réplica, pero no ocurrió. “Ya lo increpamos a usted por los medios de comunicación y nada, de nos (oportunidad) de escuchar como dios manda, hablando, de frente a frente y ayer hubo gritos, no porque queramos, sino porque no ha habido

En su carta dicen al mandatario que han pedido por todos los medios posibles una reunión para explicar las implicaciones que ellos ven en el PIM, pero no han sido escuchados. Por eso, “teníamos que gritar para que nos escuchara, porque no nos ha querido escuchar”

otra forma de que nos escuche y voltee a ver”, recordaron. Pero en lugar de escucharnos, “nos llamó ‘izquierdas radicales’, ‘ultraconservadores’ por oponernos al termo”. “No queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica y no queremos tampoco las minas, vamos apoyarles con todo, pueden contar con nosotros… México no es territorio de conquista, no es para que vengan los extranjeros aquí apropiarse de todo… Imagínense de lo que significa que aquí en la tierra de Zapata… ahí quieran llevar a cabo una termoeléctrica, es como querer ir a Jerusalén y querer construir ahí un basurero… es una ofensa, es un agravio, ¿qué les pasa a estos?”. Aseguraron que hace más de un año, el 5 de enero de 2018, se reunió con los ejidatarios que mantienen un campamento en la comunidad de Apatlaco, en Ayala, para evitar que se

concluya el acueducto que llevaría el agua a la termoeléctrica y que dejaría sin agua a miles de productores. En ese encuentro, recuerdaron los opositores, “les dijo ‘aguanten’, comprometiéndose a que no se llevaría su agua. Y ahora les dice ‘radicales conservadores’”. “¿A quién le está hablando señor (López) Obrador? ¿A los ejidatarios, verdaderos herederos zapatistas que defienden el agua, a quienes les dijo que aguantaran su campamento? ¿A los cientos de adelitas que lucharon porque usted llegara al poder? ¿A los defensores de derechos humanos? ¿A sus militantes de Morena? ¿A quién?” Luego le reprocharon, “dice usted que la democracia es que el pueblo decida, pero no es así” pues “aprovechó todo su poder de comunicación nacional que tiene para despotricar insulto y calificativo y medio contra los que le gritábamos que nos escu-

chara, que nos atendiera” y al mismo tiempo para ocultar “las imágenes del descontento” contra la termoeléctrica y sus derivados. Finalmente le pidieron espacio para diálogo y que recapacite: “abra un espacio para escucharnos y para que nos escuche la misma gente que lo escucha a usted, porque no solamente somos opositores porque si, somos los pueblos afectados y los que conocemos el proyecto más que usted, con todo respeto. Es una burla decir que tenemos 2 semanas para informar a todo el estado de Morelos y 24 municipios de Puebla y Tlaxcala lo que sabemos sobre el PIM, porque eso requiere tiempo, planeación, organización, comisiones, recursos para propaganda, traslados, etc.”. “Usted hace su consulta cuando quiere con el uso exclusivo de los medios de comunicación y disposición de recursos públicos. No decimos no a la consulta, pero que sea solo con los pueblos afectados, donde cada pueblo determine si el proyecto se va o se queda de cada territorio de cada uno de los pueblos. No le estamos pidiendo nada más, de lo que está en el Convenio 169 de la OIT, el artículo 2 constitucional y su decisión de someter a consulta el destino del proyecto por la oposición que existe en él. La consulta se debe posponer y redefinir”.

Comunidad indígena gana amparo contra gasoducto Tuxpan-Tula Gabriela Hernández Puebla, Pue. (apro)

La comunidad de Cuautepec, perteneciente al municipio de Tlacuilotepec, ganó un amparo contra la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula. La sentencia del juicio de amparo 1971/2017, emitida por la juez Yolanda Velázquez Rebollo, refiere que el proyecto es susceptible de afectar el derecho colectivo a la tierra y territorio de las comunidades indígenas de los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo. De acuerdo con un boletín emitido por el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, la autoridad judicial concluyó que es necesario realizar nuevamente la Evaluación de Impacto Social, por considerar que se omitió valorar afectaciones que podría tener

el paso del ducto en comunidades indígenas. El fallo del amparo también advierte que en la Resolución de Evaluación de Impacto Ambiental de fecha 9 de junio de 2016, emitida por la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Territorial de la Secretaría de Energía (Sener), no se precisan de manera clara las afectaciones que el proyecto pudiera ocasionar. La juez recomienda identificar, caracterizar y valorar afectaciones que la Sener omitió, como los impactos sociales asociados al uso de explosivos durante la etapa de construcción y la posibilidad de afectación del patrimonio arqueológico histórico y comunitario, o por la deforestación o remoción de vegetación que tenga valor simbólico o sea usado para prácticas alimentarias o de medicina tradicional.

“Queremos recordar que todas las irregularidades que señala la juez las hemos venido denunciando públicamente, pues son muy claras al leer los documentos y permisos que tanto la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH), filial de TransCanadá, así como Sener y ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente), otorgaron para la operación de este proyecto”, puntualizó la organización. Asimismo, aseguró que la sentencia deja en claro que el proyecto está “lleno de irregularidades” y que ha violado las garantías de los pueblos indígenas afectados. “Cabe destacar que esta sentencia no sólo beneficia a la comunidad de Cuautepec, beneficia a los pueblos originarios de los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo. La defensa social y legal continua actualmente. Tenemos

otros dos amparos en los diferentes colegiados de distrito tanto del estado de Puebla como de Hidalgo”, recalcó el Consejo de Pueblos, luego de la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla. El gasoducto Tula- Tuxpan es construido por Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V. (“TGNH”) y atraviesa los estados de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz, con una inversión estimada en 458 millones de dólares.

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Martes 12 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Conflicto por gasoductos parados alcanza a funcionarios del gobierno de AMLO Arturo Rodríguez Ciudad de México (apro)

l acusar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe pagar a empresas poseedoras de gasoductos que están parados, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en la mira a funcionarios de su propio gobierno. Uno de los gasoductos parados, es el llamado “Sonora” que atraviesa el Valle del Yaqui, concesionado a la trasnacional estadunidense IEnova. Esta mañana, López Obrador, así como el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, dieron a conocer que siete gasoductos están parados, pero aun así la empresa eléctrica del Estado paga por el suministro de gas que no se entrega. IEnova es presidida por el exsecretario de Comunicaciones y Transportes y exdirector de Pemex, Carlos Ruiz Sacristán, pero la dirección general está a cargo de Tania Ortiz Mena López Negrete, prima de la actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz Mena. De acuerdo con la Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos federal, se considera que existe conflicto de intereses cuando existe un lazo familiar hasta el cuarto grado. Por lo tanto, Josefa

De la redacción Ciudad de México (apro)

La empresa IEnova, acusada esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador de tener contratos leoninos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recordó que todos los contratos que mantiene con empresa del estado le fueron adjudicados bajo procesos de licitación abiertos y transparentes. En un comunicado, Infraestructura Energética Nova (IEnova) aseguró que “todos los contratos de ductos de transporte de gas natural de la empresa con CFE fueron adjudicados bajo procesos de licitación pública internacionales abiertos y transparentes bajo estándares internacionales de la industria”. En su conferencia de prensa matutina, el mandatario también aseguró que los contratos establecen que hay una cláusula que establece el pago aun sin abasto de gas. Sobre ese tema, IEnova recordó que su ducto entró en operación en

Esta mañana, López Obrador, así como el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, dieron a conocer que siete gasoductos están parados, pero aun así la empresa eléctrica del Estado paga por el suministro de gas que no se entrega

González Blanco debió informar de su parentesco con Tania Ortiz Mena y no lo hizo. En diciembre pasado el reportero consultó esa situación directamente con la secretaria y no hubo respuesta. El viernes pasado consultó con su equipo de comunicación social y tampoco hubo respuesta. La presencia de IEnova-Sempra Energy se ha visto extendida en los últimos años, principalmente el sexenio pasado, cuando en una sociedad con Pemex, contrataron a Odebrecht, como una de las empresas dedicadas a construir el gasoducto Los Ramones.

En el caso del gasoducto Sonora, la suspensión del proyecto se relaciona con amparos interpuestos por los habitantes de Loma de Bacúm. La Semarnat es una de las partes interesadas en ese proceso, dado que le corresponde al Manifiesto de Impacto Ambiental que impugna esa comunidad yaqui; en tanto, otro pariente de la secretaria y la ejecutiva de IEnova, es el ministro Antonio Gutiérrez Ortiz Mena.

Otro caso La información correspondiente al caso del gasoducto Sonora, fue dada

a conocer en la edición 2198 del semanario Proceso, como parte de un reportaje dedicado a la designación en el actual gobierno de Katia Puga como funcionaria de la Semarnat y responsable de las consultas por el Tren Maya, ya que en su pasado inmediato fue responsable de casos relacionados con el sector eléctrico. Katya Puga fue acusada por comunidades de imponer megaproyectos energéticos, desde su posición como responsable de consultas en la Secretaría de Energía peñanietista. De hecho, de los siete gasoductos a los que se les paga sin operar mencionados por López Obrador, al menos cuatro están relacionados con actuaciones de la colaboradora de Josefa González Blanco. El mandatario pidió al director de la CFE que mencionara gasoductos suspendidos y los nombres de las empresas beneficiadas y fue cuando entre estas mencionó a IEnova y Transcanadá. Se trata del mencionado gasoducto Sonora, contratado con IEnova; así como del El Encino-Topolobampo, contratado a Transcanadá, ambos suspendidos por amparo.

Contratos con CFE, por licitaciones abiertas y transparentes, responde IEnova a AMLO mayo de 2017, sin embargo, se interrumpió el servicio a la CFE por actos de sabotaje ocurridos en agosto de ese mismo año. “Los hechos fueron denunciados ante las autoridades federales y locales”, afirma el documento. Sin embargo, en el comunicado no se informa si se realizaron reparaciones al ducto o una fecha para que se reanude el servicio. En su conferencia, López Obrador también solicitó la difusión de los nombres de exfuncionarios del sector energético que ahora trabajan para trasnacionales que tienen contratos con la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que consideró “una práctica totalmente inmoral”. Entre los exfuncionarios mencionados por el director de la CFE, Manuel Bartlett, está el de Carlos Ruiz Sacristán, presidente ejecutivo

y presidente del Consejo de Administración de IEnova. Al respecto, la empresa señala que Ruiz Sacristán fue funcionario público durante 24 años, y en ese periodo fue director general de Pemex “únicamente 28 días en diciembre de 1994”. También asegura que fue su única

participación en el sector energético como funcionario público y que su último cargo en el sector público concluyó en diciembre de 2000, pero se unió a IEnova en 2012. “En su ejercicio profesional en el sector público y privado se ha conducido de forma ética, honesta y transparente.

Martes 12 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Jaime Rochín presenta Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

50 años de las denuncias por desaparición durante la “guerra sucia”, el Estado mexicano hizo un reconocimiento público de los hechos con el Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado, que será implementado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En Atoyac de Álvarez, Guerrero, en una ceremonia a la que acudieron algunos sobrevivientes y familiares de víctimas de la “guerra sucia”, así como el gobernador Héctor Astudillo Flores, el presidente de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, dio a conocer la estrategia de reparación colectiva, avalada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Atoyac, cuna del líder guerrillero Lucio Cabañas, fue uno de los municipios más golpeados por la represión política emprendida por los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. En 2001, después del triunfo de Vicente Fox a la presidencia de la República, la CNDH emitió la recomendación 26/2001 sobre abusos cometidos de 1969 a principios de los años ochenta, y abrió 532 expedientes, 275 de ellos relacionados con desaparición forzada atribuida a miembros del Ejército, Brigada Blanca, Dirección Federal de Seguridad, Procuraduría General de la República (PGR) y algunas procuradurías locales. En 2017, el organismo volvió a referirse a los desaparecidos de la llamada “guerra sucia”, en el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México. En respuesta, este lunes se presentó el Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado. Retomando el informe final de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), Rochín Rincón señaló que durante la “guerra sucia”, y en particular en la entidad sureña, la política aplicada contra la disidencia “obedeció a un patrón regular y preconcebido: se trató de una política de Estado, una política de represión e incluso de exterminio”. Añadió que en Guerrero “la violencia política del pasado adquirió tintes macabros”, persistiendo testimonios sobre ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, desapariciones forzadas transitorias y desplazamientos, y las principales

En Atoyac de Álvarez, Guerrero, en una ceremonia a la que acudieron algunos sobrevivientes y familiares de víctimas de la “guerra sucia”, así como el gobernador Héctor Astudillo Flores, el presidente de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, dio a conocer la estrategia de reparación colectiva, avalada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

víctimas de desaparición fueron estudiantes, campesinos y activistas sociales, “o simplemente sobre quienes cayera alguna sospecha o deseo de venganza”. El comisionado presidente resaltó que para armar el Plan, la CEAV se acercó a 491 víctimas directas y mil 70 indirectas, y se realizaron 24 brigadas de atención a familiares de víctimas identificadas por la Comverdad, en Acapulco y Atoyac, así como en las comunidades de San Juan de las Flores y El Quemado. De acuerdo con la CEAV, las medidas de satisfacción incluyen la creación de un “mecanismo de investigación independiente, imparcial y competente para el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones graves, generalizadas o sistemáticas a los derechos humanos ocurridos en la época”; una disculpa pública de representantes del Estado mexicano; y construcción de memoriales nacionales, regionales y/o de carácter físico, digital o virtual. El planteamiento busca la resignificación de espacios públicos, la instauración del Día Nacional para recordar a las “Víctimas de la Guerra Sucia”, así como --a través del Centro de Verdad y Memoria-- “generar mecanismos de colaboración interinstitucional para reproducir reconstrucciones históricas, rigurosas y representativas del sentir de las víctimas y su narrativa, que tendrá como objetivo recuperar la memoria”. Las medidas de restitución contemplan la elaboración de “planes integrales de reparación grupal, para la elaboración de planes produc-

tivos específicos”; la promoción de convenios interinstitucionales entre los tres órdenes de gobierno, “para la promoción de infraestructura y obras públicas en beneficio de las víctimas”, así como la elaboración de diagnósticos “situacionales y participativos que permitan el otorgamiento de servicios, medidas de fomento para la reconstrucción del tejido social”. El Plan también considera medidas de no repetición, como “capacitación de las Fuerzas Armadas y de seguridad Pública en el uso de la fuerza; atención de salud “especializada en afectaciones derivadas de las violaciones a derechos humanos”; programas de acompañamiento psicosocial, y proyectos de coinversión para “la rehabilitación psicofísica de las poblaciones afectadas”. En nombre de la CNDH, el primer visitador general Ismael Eslava Pérez sostuvo que el Estado mexicano “tiene una deuda pendiente con las víctimas de desaparición y sus familias, que no será saldada mientras las autoridades de los tres órdenes de gobierno incumplan su obligación básica y fundamental de garantizar condiciones mínimas de seguridad para la convivencia pacífica entre las personas y acabe el entorno de violencia, impunidad e ilegalidad que enfrentamos”. Tras reconocer que el Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado responde a la recomendación 26/2001 y al Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, Eslava consideró que la impunidad que

prevalece en los abusos de finales de los sesenta, setenta y principios de los ochenta, “generó condiciones para que delitos tan graves como la desaparición forzada se sigan cometiendo y que no haya garantía de no repetición”, como lo demostró el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que motivó la Recomendación por Violaciones Graves 15VG. De igual manera, destacó que, a un año de la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, no ha sido implementada en su totalidad, “ya que se requiere voluntad política de las instancias de gobierno para materializar su contenido y que se refleje en la profesionalización de los encargados en aplicarla”. Para hacer vigente dicha ley, subrayó, se requieren “recursos suficientes para instrumentar sus contendidos y que la Comisión Nacional de Búsqueda, sus homólogos de las entidades federativas, las Fiscalías Especializadas y áreas de servicios periciales, entre otras, cumplan cabalmente con sus funciones”. Finalmente, Eslava Pérez puntualizó que es prioritario “determinar el paradero de las personas desaparecidas y atender los legítimos reclamos de las víctimas y de la sociedad para que el acceso a la verdad, la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición lleguen a todos los casos y podamos recuperar la confianza en las instituciones públicas”.

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Martes 12 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Si Guardia Nacional no se adapta a Constitución, CIDH podría declararla inconvencional: Corcuera Neldy San Martín Ciudad de México (apro)

e acuerdo con especialistas, si la Corte declara inconstitucional la minuta que crea la Guardia Nacional, organismos mundiales podrían declararla inconvencional por atentar contra convenios internacionales. “Si no se ajusta la Constitución a las obligaciones convencionales, llegará el momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare inconvencional las disposiciones contenidas”, dijo Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y recordó que los tratados internacionales ratificados por nuestro país son parte de la constitucionalidad. En el inicio de las audiencias públicas del parlamento abierto en el Senado sobre la Guardia Nacional, Corcuera y Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) opinaron que hay inconsistencias constitucionales y convencionales en la propuesta como el artículo cuarto transitorio que permitiría al Ejército y la Marina realizar tareas de seguridad mientras se consolida la formación del nuevo cuerpo de seguridad, sin establecer una temporalidad. Este artículo está en el centro del debate al ser impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los senadores de Mo-

De la redacción Ciudad de México (apro)

Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) iniciaron este lunes un paro de labores a nivel nacional para exigir respeto a sus condiciones generales de trabajo y el pago inmediato de salarios pendientes desde el año pasado. Los empleados de la institución también solicitaron la liberación de plazas por jubilación, por defunción, provisionales e interinatos; así como la firma inmediata de los juegos nacionales. Además, denunciaron despidos masivos y pidieron al gobierno federal aplicar el plan de austeridad “con los de arriba y no con la base trabajadora”. Los manifestantes advirtieron que el paro de 12 mil 500 trabajadores a nivel nacional continuará

“Si no se ajusta la Constitución a las obligaciones convencionales, llegará el momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare inconvencional las disposiciones contenidas”, dijo Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y recordó que los tratados internacionales ratificados por nuestro país son parte de la constitucionalidad

rena, luego de que quedara fuera del dictamen que enviaron los diputados. “Estos transitorios no cumplen los parámetros, porque un transitorio tiene que ser transitorio y no indefinido. El transitorio que quieren reinstalar sobre que indefinidamente la Fuerzas Armadas sigan colaborando en estrategias de seguridad pública, lo digo contundente me parece contrario a las obligaciones internacionales adquiridas por México tal es el caso Cabrera García y Montiel contra México y el caso Espinoza Alvarado contra México”, dijo Corcuera. También, los expertos hicieron

notar las contradicciones de la minuta y sus riesgos. Por ejemplo, señalaron el artículo 21 del dictamen establece que la Guardia Nacional es una institución de seguridad de carácter civil, pero más adelante menciona que la institución tendrá un mando con representación civil, militar y naval. “Aunque la Corte Interamericana reconoce la facultad de los Estados para realizar acciones para el mantenimiento de la seguridad también se ha pronunciado enfáticamente sobre el riesgo que implica el uso militar en tareas de seguridad pública”, manifestó. Mientras que López Ayllón y Jan

Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), insistieron en que la Guardia Nacional tiene que tener un mando civil y urgieron a establecer una ruta para reconstruir a las policías civiles federales, estatales y municipales. “(México) prácticamente está renunciando a fortalecer la institucionalidad civil en materia de seguridad”, criticó Jan Jarab. En esta primera audiencia el tema fue la constitucionalidad y convencionalidad de la Guardia Nacional, mañana el tema que abordarán es el de Derechos Humanos.

Se van a paro 12 mil 500 trabajadores de la Semarnat; piden respeto a condiciones laborales hasta que la titular de la Semarnat, Josefa González Blanco, dialogue con el comité ejecutivo nacional, para resolver la problemática en todo el país. Entre tanto, las oficinas en Acapulco, Campeche, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Tabasco y Tamaulipas están sin actividad. Mientras que en la Ciudad de México, los trabajadores mantienen un bloqueo frente a la dependencia ubicada en Ejército Nacional 223, Colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Además de la Semarnat, la protesta abarca a sus organismos descentralizados como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la del

Agua (Conagua), de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Pro-

curaduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Martes 12 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

os consejos Social y Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dieron a conocer los nombres de las siete candidatas que propondrán a la Junta de Gobierno para que formen parte de la terna que enviarán al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Se trata de la ex diputada federal Candelaria Ochoa Ávalos; la ex subsecretaria para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Patricia Olamendi Torres; la economista feminista Magdalena García Hernández; la dirigente de mujeres del partido Morena, Carol Berenice Arriaga García. Además de la representante de ONU Mujeres en Brasil, Nadine Gasman Zylbermann; la ex directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel López Sánchez; y la ex presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Jacqueline L’Hoist Tapia. La elección de estas candidatas para presidir el organismo rector de la política de género del país es resultado de una convocatoria que impulsaron las consejeras del Inmujeres el pasado 29 de enero, con el objetivo de transparentar y democratizar el proceso de designación de la presidencia del Inmujeres. El cierre de registro para las aspirantes fue el pasado 1 de febrero, por lo que este lunes las consejeras dieron a conocer a través de un comunicado, que recibieron 30 postulaciones, de las cuales, 23 cubrieron los requisitos de ser feministas y tener conocimientos trayectoria y compromiso con los Derechos Humanos de las mujeres. Las consejeras detallaron que en una primera fase evaluaron los 23 perfiles y de éstas eligieron a las 7 candidatas que ya fueron entrevistadas y cuyos perfiles serán presentados a la Junta de Gobierno en su reunión programada para el

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Presentarán 7 candidaturas para dirigir el Inmujeres

próximo lunes 18 de febrero. Las consejeras confiaron en que la Junta de Gobierno que integran 16 consejeras y 13 dependencias del Estado, consideren a las 7 mujeres propuestas, dentro de la terna que acordarán para enviarla al presidente López Obrador, quien finalmente deberá designar a la cuarta presidenta del Inmujeres. “La novedad de este proceso, fue el énfasis en el carácter feminista de los perfiles, su conocimiento, trayectoria, impacto de su labor y compromiso en la igualdad sustantiva”, resaltaron las consejeras en su comunicado. El proceso de selección de la terna de aspirantes a dirigir el Inmujeres está estancado desde diciembre de 2018. Entonces la Secretaria de Gobernación –encargada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la transición del Inmujeres- presentó a la Junta de Gobierno una terna que contemplaba a Nadine Gasman, Candelaria Ochoa, y Fabiola Alanís, ex secretaria de Igualdad Sustantiva en Michoacán. Sin embargo la propuesta no obtuvo el respaldo de las consejeras del Inmujeres, quienes alegaron que no tenían elementos para avalarla. La conformación de la terna se suspendió desde entonces y ambos Consejos decidieron poner en marcha su propio mecanismo

de selección de candidatas, apostando a un proceso más trasparente. Esta es la primera vez que los organismos auxiliares del Inmujeres, representados por académicas, defensoras de Derechos Humanos y organizaciones civiles, hacen una convocatoria para aportar en el proceso de selección de la terna de candidatas a dirigir el Inmujeres pues la Ley del Instituto no contempla una ruta clara para ello.

FEMINISTAS AL INMUJERES En esta nueva convocatoria figuran dos nuevas candidatas que no estaban contempladas cuando comenzó la selección de aspirantes a encabezar el Inmujeres: son la abogada feminista Patricia Olamendi y la expresidenta del Copred capitalino, Jaqueline L’Host. Patricia Olamendi es una de las pioneras en la defensa de los derechos las mujeres en México en el ámbito nacional e internacional. Formó parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como experta en temas de discriminación en la ley hacia las mujeres. Durante 5 años coordinó el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Belem do Pará, de la Organización de los Estados America-

nos; y colaboró con ONUMujeres en la creación del protocolo para la investigación del feminicidio. En la administración pública fue Subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; y una de las principales impulsoras de las reformas en delitos sexuales y violencia familiar en México. Elaboró con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la primera clasificación de delitos contra las mujeres, y fue directora de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, desde donde impulsó la creación las agencias especializadas en delitos sexuales. Como diputada federal en la LIV Legislatura participó en reformas a favor de los derechos de las mujeres. Es autora de diversos libros como “El feminicidio en México” y “El cuerpo del delito: los derechos de las mujeres en la Justicia Penal”. Por su parte Jacqueline L’Host se distinguió por construir desde cero el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. A partir de octubre de 2011 fue designada como la primera presidenta de la institución y en temáticas de género visibilizó la discriminación que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas que son despedidas de sus trabajos por estar embarazadas. Desde 1994 Jacqueline L’Host se dedica a la defensa de los Derechos Humanos, por su trayectoria recibió el Premio René Cassin. En 2015 participó en la Conferencia Internacional para Mujeres Líderes. Es licenciada en Seguridad Pública y tiene diversas especialidades en Derechos Humanos y en Teología de la Liberación.

De acoso sexual a intentos de desaparición: un viaje en el metro Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

Ni los vagones exclusivos para mujeres, ni los 5 módulos de atención, ni siquiera las cámaras de seguridad dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, han logrado detectar a los presuntos responsables de los intentos de privación ilegal de mujeres. Ante las denuncias de mujeres que acusan intentos de secuestro o desaparición, el pasado 31 de enero la directora del Metro, Florencia Serranía Soto, la secretaria de las Mujeres, Gabriela Rodríguez Ramírez y el jefe de la policía capitalina, Jesús Orta, realizaron un recorrido por este transporte. Sin embargo, no han detallado las acciones a seguir ni las herramientas de investigación que activaron para detener los intentos de desaparición de mujeres. El viernes 1 de febrero, la jefa de Go-

bierno Claudia Sheinbaum y la procuradora de Justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos, informaron que se colocarían 5 Ministerios Públicos móviles para atender los intentos de privaciones de libertad de mujeres en el Metro. Así, el Gobierno capitalino creó más centros de atención en las estaciones Coyoacán, Mixcoac, Martín Carrera, Tacubaya y UAM Iztapalapa. Éstos se suman a los módulos de atención para mujeres víctimas de acoso sexual que ya están en las estaciones Balderas, Pantitlán, Mixcoac, Hidalgo y Pino Suarez. La Secretaría de Seguridad Ciudadana inició la campaña “Dame la mano” para que las mujeres en riesgo se acerquen a los policías que porten una cinta morada en la muñeca. Pese a que un estudio realizado por la Cepal en 2015, señaló que la CDMX es uno de los lugares donde se han realizado más trabajos de análisis e investigación sobre las conductas de abuso

y acoso sexual en el transporte público, las acciones de seguridad y protección se basan en las propuestas que las mujeres crean entre ellas. Por ejemplo, después de una movilización realizada el 24 de abril de 2016 contra el acoso sexual, el gobierno capitalino puso en marcha la “Estrategia 30-100”, cuya principal acción fue entregar silbatos. En ella también se anunció la incorporación de mil 439 elementos de seguridad en 524 operativos de vigilancia y la separación para la movilidad segura de mujeres y niñas en 198 estaciones de Metro. Posteriormente, en 2018 el Metro hizo una encuesta sobre la percepción de la calidad del servicio con perspectiva de género, Derechos Humanos y no discriminación, allí se encontró que 59 por ciento de las mujeres dijeron que se sentirían más seguras si hubiera más presencia de policías. Con todo y estas estrategias del acoso la violencia escaló a los intentos de se-

cuestro o desaparición. En 2017, según un informe del entonces Instituto de las Mujeres de la capital, indicó que el tipo de agresiones contra las mujeres en este transporte eran miradas lascivas, eyaculación sobre la persona, besos forzados y tocamientos; un año después las mujeres denuncian que son interceptadas por hombres que intentan llevárselas por la fuerza. Ante estos hechos, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México incurrió en prácticas contrarias a los derechos de las víctimas que denunciaron: filtró datos de las carpetas de investigación y las revictimizó. Hasta hoy Zúe Valenzuela, Estela Tagle y Siomara, las 3 víctimas, consideran que las autoridades han estado a la defensiva y no quieren reconocer que están intentando privar de la libertad a las mujeres que viven o transitan en la capital a pesar de las evidencias que ellas han proporcionado.

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AMLO FRENTE A LOS MEGAPROYECTOS: LAS DECLARACIONES NO BASTAN Arturo Rodríguez

nvisibilizados a través de los años, los opositores a megaproyetcos energéticos, principalmente los impulsados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), finalmente son revindicados y con la razón de su parte, ante el discurso presidencial que, sin embargo, no es suficiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, dieron a conocer que siete gasoductos están parados y que, sin embargo, cuestan al país 21 mil millones de dólares, una cifra que se paga por nada a Grupo Carso, IEnova y TransCanada. Si bien la declaración nos coloca frente a una serie de pistas sobre el supuesto intento del nuevo gobierno por ordenar al Sector Eléctrico Nacional, también plantea una disyuntiva entre el atropello de derechos, la cancelación de libertades, y el despojo respecto a las enormes inversiones que se perderían en caso de cancelación. La solución no es fácil y el caso del Proyecto Integral Morelos es paradigmático. Desde 2010 se inició la construcción de un gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y llega a Yecapixtla, Morelos, donde se proyectaron dos termoeléctricas, cuyas turbinas serían enfriadas por las aguas del Valle de Cuautla. Felipe Calderón pretendía inaugurarla y no pudo, como tampoco lo consiguió Enrique Peña Nieto, debido a la oposición de los pueblos del volcán que, con amparos

y movilización, frenaron la culminación de la obra, cuyo gasoducto está a unos 150 metros de terminarse, algo que ha expuesto López Obrador para luego pronunciarse a favor de que se termine, aun cuando convoca a una consulta. Las consultas ciudadanas (y en particular, la consulta indígena) son un pie cojo de López Obrador debido al desaseo con el que las plantea y, este caso no es excepción: propone consultar a todo el estado de Morelos y no sólo a las comunidades afectadas, excluye de la ecuación la peligrosidad volcánica que representa el Popo, y minimiza el daño a las comunidades que viven del agua del Río Cuautla. A ello se suma el reclamo que durante una década viene haciendo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, a través de los mecanismos previstos por las leyes y que, a cambio, padecieron de violentas redadas, con heridos de bala, prisión, hostigamientos, amenazas y vigilancia ilegal, todas acciones del conocimiento presidencial. La reparación del daño pasa entonces por la justicia que merecen los opositores al megaproyecto, así como por la realización de una consulta de conformidad a los parámetros internacionales que no se están tomado en cuenta para el caso que, por otra parte, no es único. Y es que al Proyecto Integral Morelos se suma el llamado Gasoducto Sonora, que dividió a la nación yaqui dejando en la indefensión a la comunidad de Loma

de Bacúm, proyecto de IEnova, que preside Carlos Ruiz Sacristán y dirige Tania Ortiz Mena, prima de la actual secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena. En este último gasoducto, las comunidades acusan como agente de división y emisaria de la imposición a Katya Puga, funcionaria que fue de la secretaría de Energía peñista, hoy flamante empleada de González Blanco y a quien se encargó nada más y nada menos que el proceso de consulta por el Tren Maya. Puga es también señalada en las comunidades tarahuamaras que ganaron amparo ante la construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo, asignado por la CFE a TransCanada, y que se mantiene inactivo con enorme costo al erario. Esa empresa tampoco escapa al involucramiento de exfuncionarios, pues ahí las comunidades, acusan, funge como asesor el priista Francisco Labastida. En estos y otros casos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe actuar con responsabilidad, pues no basta con darle visibilidad a los conflictos. Desafortunadamente, las opciones que está dando, más allá del sensacionalismo de sus declaraciones, no se encaminan a atender el problema de fondo como lo es la defensa del agua y el territorio, así como el derecho a la consulta previa, libre e informada, y sí a mantener la imposición con culpas al pasado y juegos demagógicos. Visita www.notassinpauta.com

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MAGNICIDIO DE FREI, EN LA POLÉMICA

a determinación del juez y ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, de condenar a cuatro médicos y dos agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) –policía política del régimen militar- por sus distintos grados de responsabilidad en el “homicidio simple” del expresidente Eduardo Frei Montalva (1911-1982), ha estremecido a la sociedad chilena. No es para menos: es el primer magnicidio esclarecido judicialmente. Frei –de profesión abogado- fue fundador y máximo líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC) con el que llegó a la presidencia en 1964. Es considerado, junto al presidente Salvador Allende (1970-1973), uno de los más importantes y carismáticos líderes políticos que tuvo Chile en el Siglo XX. Frei Montalva fallece a las 17 horas del 22 de enero de 1982, en la Clínica Santa María, de Santiago. Allí había sido internado dos meses antes (18 de noviembre de 1981) con la finalidad de realizarse, lo que parecía, una sencilla operación de una hernia hiatal. “No podía beber ni media copa de vino, tenía que hacer dieta permanente, dormir semisentado y consumir antiácidos a cada rato”. Es lo que documenta el periodista Manuel Salazar en el reportaje: Conspiración mortal (revista Punto Final, Nº 667). Asesorado por sus médicos de cabecera, Patricio Silva Garín y Alejandro Goic, decidió operarse en Chile. “Le dijeron que no era necesario hacerlo en el extranjero y que la mortalidad en Chile para esa cirugía era del cero por ciento”, como se sostiene en dicha nota. La operación, que realizó el experto en reflujo esofágico Augusto Larraín, no presentó complicaciones. Sin embargo, tal como se establece en el fallo judicial, el 2 de diciembre se complica su salud: presenta vómitos, diarrea y dolor abdominal, por lo que es llevado a la Clínica Santa María (4 de diciembre de 1981) para su evaluación. Alertado por la mala noticia, el doctor Larraín acude al centro asistencial. Sin embargo, una vez allí, los doctores Goic y Silva Garín le comunican que ya no seguiría a cargo del paciente, asumiendo éste último la jefatura del equipo médico. Esta decisión no contó con autorización de la familia ni del exmandatario. Frei consideraba a Silva Garín un amigo y leal colaborador: había sido viceministro de Salud en su Gobierno. No le reportaba sospechas el hecho que, desde mediados de la década de los 50, fuera médico militar; ni el que después del derrocamiento de Allende, el 11 de septiembre de 1973, hubiera asumido como director médico del Hospital Militar. En 1974, Silva “operó” en dicho recinto al general de Ejército Augus-

Francisco Marín to Lutz, quien tuvo inexplicables y repentinos problemas que derivaron en su muerte, acaecida el 28 de noviembre de aquel año. Poco antes de caer enfermo –aparentemente envenenado- Lutz tuvo una fuerte discusión con el comandante en jefe del Ejército y jefe de la Junta Militar en el poder, Augusto Pinochet. Quien acompañó a Silva como médico anestesista en aquella ocasión fue el doctor Pedro Cubillos, que desempeñaría el mismo papel en la segunda operación realizada a Frei Montalva en la clínica Santa María, el de 6 de diciembre de 1981. En relación con el caso Frei, ha quedado demostrado que Silva Garín reportaba directamente a Pinochet la evolución de su importante paciente. Como se sostiene en el fallo, citando las conclusiones de un comité de expertos médico forenses convocados especialmente para analizar el “caso Frei”, a su reingreso a la citada clínica (4 de diciembre de 1981) “los datos consignados en su historia clínica son compatibles con un cuadro de deshidratación moderado, sin elementos que sugieran riesgo vital o de secuelas graves”. Sin embargo, Silva Garín optó por realizar “una reintervención quirúrgica innecesaria, de alto riesgo, como fue la resección de parte del intestino, por la sospecha de haberse producido una obstrucción intestinal, la cual no aparece justificada médicamente”. El magistrado cuestionó especialmente la aplicación “de un producto farmacológico no autorizado denominado Transfer Factor” el que fue inoculado en cuatro ocasiones a Frei, pese a que no contaba con certificación médica internacional. Asimismo, puso de manifiesto la ocurrencia –en la mencionada clínica- “de diversas situaciones anómalas, que pudieron ser disimuladas como inadvertencias o negligencias, que paulatinamente deterioraron su sistema inmunológico y facilitaron la aparición de bacterias oportunistas, tales como las denominadas proteus vulgaris y candida albicans, que resultaron ser la causa final de su muerte y dieron la apariencia que su deceso ocurrió por complicaciones derivadas de las intervenciones quirúrgicas a que fue sometido, haciendo imperceptible la intervención de terceros en su fallecimiento”. El doctor Larraín declaró en esta causa, que en la reintervención del 6 de diciembre en la que él participó como observador, pudo observar que Frei padecía “una mesenteritis hipertrófica localizada de tipo inflamatorio”, agregando que “esta lesión solamente puede explicarse por una contaminación localizada de un agente químico o tóxico (…) de tipo deletéreo (esto significa que actúa y puede evanecerse). Esto podría haber ocurrido por la presencia de este tóxico en una compresa”.

Este planteamiento es concordante con la declaración vertida el 7 de marzo de 2014 en esta causa, por el exagente del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), Andrés Valenzuela, en que afirmó: “Estando yo en la Embajada de Chile en Perú, un colega de nombre Alex Carrasco, me comentó que su esposa habría escuchado en la Clínica que trabajaba (…) que a Eduardo Frei lo habían envenenado y que le habrían aplicado compresas infectadas en la herida dejada por la operación”. En la página 627 de la sentencia se destaca que dentro del staff de médicos de la Clínica Santa María “existían algunos que paralelamente se desempeñaban en los servicios de seguridad del Gobierno, específicamente en la Clínica London, que dependía de la CNI”; y que uno de ellos, Pedro Valdivia, “ha reconocido haber ingresado a la habitación del ex Presidente Frei, el día 08 de diciembre de 1981, cuando sufrió el shock séptico que motivo su internación en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y posteriormente fue visto en forma reiterada en las dependencias últimamente mencionadas, no obstante no desempeñar labores en ella”. Además, en el fallo se hace mención que a Frei no se le realizó una autopsia médico legal, sino que una necropsia y embalsamiento, en un procedimiento que no contó con las autorizaciones necesarias y que fue realizado en la Clínica Santa María, en circunstancias que en ese lugar nunca se había realizado una autopsia ni contaba con un departamento de Anatomía Patológica preparado para realizar dicho procedimiento. La realización de esta autopsia sólo fue conocida por la familia y la opinión pública en 2002, gracias a una denuncia anónima que daba cuenta de la participación en esta de personal del Departamento de Anatomía Patológica de la Pontificia Universidad Católica (PUC). De hecho, dos de los procesados en esta causa, son tanátologos de esta universidad. En las conclusiones de su fallo, el juez Madrid instaló fuertemente la importancia del contexto histórico. “La figura del exmandatario, era sin duda una amenaza para el régimen militar”. Recordó que Frei “manifestó abiertamente su oposición a la nueva constitución”, que se plebiscitaría el 11 de septiembre de 1980, en un acto realizado en el teatro Caupolicán –de Santiago- el 27 de agosto de 1980. Allí denunció que dicho referendo no reunía “las condiciones mínimas de legitimidad”. A lo anterior, Madrid añadió “que durante 1981 diversas fuerzas políticas y gremiales se estaban organizando para instar por el término del régimen militar, o bien, para la realización de una transición gradual que fijara plazo para la realización de elecciones libres”.

Enfatizó en el hecho que Frei era el principal referente de esta confluencia de fuerzas, junto al dirigente sindical, Tucapel Jiménez, quien fue asesinado por agentes del régimen sólo un mes y tres días después que muriera Frei. Cabe consignar que previo a que Frei fuera internado, un equipo de aproximadamente siete militares en retiro arribó a ese lugar a cumplir funciones de guardia y mayordomo: “Varios integrantes del cuadro médico de la Clínica recordaron incluso que el director de la época, doctor Enrique Duval, se quejó de esta imposición de sus superiores”, tal como reseñó la periodista Mónica González en reportaje: Las huellas que dejó el magnicidio de Eduardo Frei Montalva (CIPER, 8 de diciembre de 2009). Los infiltrados de la dictadura, cubrían todo el entorno de Frei mientras este estaba en la Clínica. Por ejemplo, el suboficial mayor (r) de Ejército, José Espinoza le preparó la habitación (401) en la que se instaló a Frei cuando este llegó a operarse. En el fallo se recalca que la infiltración en su círculo más cercano, por agentes de organismos de seguridad del régimen militar y otros que formaban parte activa del Ejército de Chile: “naturalmente, dada la estructura de esa institución, no podían menos que estar subordinados a las órdenes provenientes de sus mandos superiores”. De ahí que se apunte directamente a Pinochet y a su régimen como corresponsables de este crimen, pese a que el Ministro Madrid no lo haya señalado explícitamente. Los condenados en esta causa –a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema- son: Patricio Silva Garín, a la pena de diez años de prisión, como autor del delito de homicidio, sancionado en el artículo 391 número 2 del Código Penal. El chofer de Frei Montalva y agente encubierto de la CNI: Luis “Luchito” Becerra Arancibia; el agente civil de dicha organización represiva, Raúl Lillo Gutiérrez, fueron penalizados con siete años de cárcel, en calidad de coautores. El médico Pedro Valdivia recibió una pena de cinco años de presidio, como cómplice de este crimen; y los tanatólogos de la Universidad Católica Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere, tres años de presidio en su calidad de encubridores, pena que podrán cumplir en libertad. La investigación del Caso Frei inició después de que la hija del exmandatario y entonces senadora, Carmen Frei, denunciara en el hemiciclo del Senado (11 de octubre de 2000) que su padre había sido envenenado, en una acción que habría sido provocada por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

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Martes 12 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

Guardia Nacional a Parlamento abierto

n México el tema de la Guardia Nacional ha causado revuelo. Con él se han despertado muchas inquietudes. Desde el desconocimiento se han vertido algunas posturas. Otras más parten de la voz de algunos expertos. Lo cierto es que en un país democrático debe ser natural que todos busquemos entender la viabilidad de la política nacional en un fondo que atañe a la seguridad. Por ello, me parece acertada la acción del Senado de la República de abrir un Parlamento en donde se tenga la posibilidad de escuchar la voz de expertos en materia de la Guardia Nacional. Es necesario, pienso. Porque no es un tema cualquiera. No, para nada lo es. Se trata de uno de los ejes torales del Proyecto de Nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta semana será la crucial. Los interesados estarán discutiendo temas como la constitucionalidad y convencionalidad, los derechos humanos, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el federalismo y la seguridad pública, la profesionalización, capacitación y el uso de la fuerza en temas de seguridad. Todos de interés público. Todos en el marco de la Guardia Nacional. Y es que, como señaló el senador y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara Alta, Eduardo Ramírez Aguilar, esta es la primera vez en la historia de México que se da un Parlamento Abierto en el Legislativo. Esto muestra un paso para romper con la secrecía institucio-

nal. Esa que es como una enorme losa que aplasta al país. Y con este proceso se podrá dar paso a la apertura para que los ciudadanos participen. Lo cual, considero, es necesario. Si bien las críticas a la forma de “ser” de la Cuarta Transformación siguen llegando al presidente, se debe señalar que este tipo de acciones son de reconocerse. Sobre todo porque buscan que los expertos desmenucen los temas y plasmen propuestas que permitan enriquecer el proyecto. Urge a México la inclusión y la ruptura con las decisiones viciadas. Urge la participación de todos. Porque eso hace un país democrático, ¿no? Plantea acciones de pluralidad, parte de las necesidades de su gente, los escucha y tras un consenso presenta ideas sólidas que son, con el paso del tiempo, precedentes históricos. Y este puede ser uno de ellos. Hay que ver los resultados que se obtengan de esta semana. El hecho de que el senador señale que con este Parlamento abierto se generará una búsqueda por construir una nueva figura jurídica, es un tema de importancia. Sobre todo porque se dijo que ésta irá acompañada y enriquecida con la retroalimentación plural de quienes conocen verdaderamente los problemas en el tema de seguridad en México. Quienes participen en estas audiencias públicas tendrán un tiempo de 10 minutos para su intervención. Suficiente para ir al grano. Para aportar. Para plasmar lo que se piensa con fundamentos jurídicos. Terminando su expo-

sición tendrán tres minutos más para dar respuesta a los cuestionamientos o comentarios de los legisladores derivados del tema. Siendo un tema sensible se espera que la pluralidad de temas y la concurrencia deje una experiencia amplia para el Legislativo. Sólo a través de la conjunción de ideas se puede aspirar a una nación fuerte. Pero sobre todo a la transformación que es el objetivo primigenio de este gobierno. LAS FACTURAS DEL TRICOLOR.- El excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Labastida Ochoa, señaló en entrevista para El Universal que quien llegue a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor tendrá entre sus tareas principales “evitar que el barco se hunda”. A ello le debe sumar el ingente reto de enfrentarse a la realidad en los comicios 2021, sobre todo por los resultados nada alentadores. Eso sin olvidar que los tiempos son cortos. Con una crítica firme y sin titubeos habló de los yerros que han cometido, del problema de no trabajar con los liderazgos y del abandono que ha vivido la Fundación Colosio. No se equivoca el priista al señalar el error que resultará si se permite que el expresidente Enrique Peña Nieto meta las manos en la designación. Pero le faltaron nombres. Y a eso hay que exponer que el PRI olvidó que desde la Fundación Colosio se generaban ideas y se discutía al calor de la intelectualidad. Al menos así fue por mucho tiempo.

El escucharlo decir que “el partido representa minorías simbólicas en el Congreso. Nos estamos haciendo chiquitos como el anuncio del insecticida Baygón verde. Es lamentable”, es muestra de algunas de las facturas que hoy empieza a pagar el PRI. No se equivoca Labastida con el tema del desmoronamiento del partido. El reto es enorme. Se necesitan estadistas y no bloferos como Ochoa Reza y camarilla. Ya veremos si les ajusta. MANJAR.- El senador y líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Miguel Haces Barba, fue enfático al señalar, en la entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, que no van con Napoleón Gómez Urrutia y mucho menos con la CTM. “Jamás”, fue la sentencia del legislador para luego expresar que no por ser un aliado del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador le diría a todo que sí. Parece que los días para los seguidores de Fidel Velázquez están ya más que contados. #SecoElElotazo // “En política la sensatez consiste en no responder a las preguntas. La habilidad, en no dejar que las hagan”. André Suarès. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro Cómo mueren las democracias de Daniel Ziblatt y Steven Levitsky, y el disco Black Market Enlightenment de Antimatter. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer. * Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

Martes 12 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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REFLEXIONES SOBRE EL COMBATE AL ACOSO Marta Lamas

odos los días una variedad y multiplicidad de hombres llevan a cabo en el espacio público, especialmente en el transporte colectivo, cierto tipo de acciones de connotación sexual, principalmente dirigidas a mujeres, pero también a otros hombres y a personas de identidades disidentes. Algunas de estas acciones son inocuas, como miradas insistentes y comentarios verbales; otras son muy graves, como manoseos y frotamientos. A todas ellas hoy en día se las califica de acoso. En México las formas de abuso callejero son mucho más frecuentes, molestas y agresivas que las que viven las mujeres en otros países, pues aquí las aproximaciones y los requerimientos sexuales no deseados están entretejidos con un mandato cultural de la masculinidad muy machista. El costo de estas prácticas para las mujeres va desde restricciones a su movilidad hasta pasar miedos y malos ratos. “Quiero andar en el espacio público sin que se metan conmigo” es un reclamo legítimo de miles de mujeres, y el Gobierno de la CDMX ha emprendido una campaña para frenar estos “usos y costumbres” machistas que producen desgaste emocional, irritación y enojo. ¿Cómo erradicar el acoso callejero? El abogado Duncan Kennedy señala que buena parte del abuso sexual en la calle es “disciplina-

rio”, en el sentido de que funciona para reforzar las normas sociales del patriarcado. Estas normas, insertas en los mandatos culturales de la masculinidad y la feminidad, desarrollan creencias acerca de “lo propio” de los hombres y “lo propio” de las mujeres y favorecen ciertas conductas. El mandato de la masculinidad en nuestra tradición cultural establece que le toca al varón manifestar su deseo y tomar la iniciativa. Durante siglos este “arreglo” –los varones conquistan y las mujeres se dejan conquistar– ha implicado un conjunto de reglas –dichas y no dichas– con las que se construyen las interacciones de cortejo. Los hombres han importunado y perseguido sexualmente a mujeres –y también a otros hombres– en espacios laborales, domésticos y públicos. Esta conducta se ha expresado con violencia y abuso de poder, pero también sin violencia, como ocurre con ciertas formas de seducción y cortejo. Tradicionalmente ha habido gran permisividad de la sociedad ante determinadas conductas tradicionales (usos y costumbres): los chiflidos, los comentarios verbales, los piropos. Sin embargo, otra parte del comportamiento masculino, la de los abusadores que dan rienda suelta a sus impulsos, es impropio y abusivo. Kennedy usa el concepto de residuo tolerado para calificar cierta porción del abuso sexual

que no se castiga. Ese residuo tolerado de abuso es un factor crucial en las vidas de las mujeres, en especial de las que transitan por el espacio público, y la mayoría de las mujeres, sufran o no los abusos, tiene algo que ganar con la eliminación del residuo tolerado. Muchas feministas exigen al gobierno endurecer las penalidades contra los perpetradores de actos sexuales indebidos, pero hay que revisar qué consecuencias tendría hacerlo. Demandar al gobierno “mano dura” para abordar tanto el abuso como el acoso podría conducir a una política conservadora que castigue desproporcionadamente ciertas expresiones sexuales no agresivas (miradas, piropos o albures, por ejemplo). Hoy presenciamos la deplorable situación de que toda expresión sexualizada puede ser interpretada como “acoso” y, así, una batalla legítima e indispensable contra formas nefastas de abuso corre el riesgo de convertirse en una intervención puritana, e ineficaz. Entre las varias tareas que apremian al Gobierno de la CDMX respecto a este problema, una es la de dilucidar si toda forma de requerimiento sexual es abuso sexual. Pero además de definir qué actos se consideran “acoso”, también debe precisar qué ofensas deben ser criminalizadas y qué sentencias son razonables para quien ha cometido una falta. Reprobar no es lo mismo que

castigar. Y lo importante es que la falta no sea cometida otra vez. Hay menos delitos en las sociedades que avergüenzan a los delincuentes sin estigmatizarlos, que los condenan y razonan con ellos sobre sus delitos, mientras mantienen los lazos comunitarios y de respeto. La justicia restaurativa busca que se repare el daño causado antes que imponer un castigo; por eso quienes trabajan desde tal posición impulsan procesos de mediación entre víctimas y ofensores. “Las sociedades con bajos niveles delictivos son aquellas que propician la siguiente secuencia: sentir vergüenza, pedir perdón y arrepentirse; son sociedades que otorgan una importancia relativamente mayor al control social moralizante que al control social punitivo” (Gargarella y Bergallo). Una intervención gubernamental que permita responder de mejor manera a las acciones lesivas requiere dejar de pensar en términos de delito y castigo, y entender que ante ciertos problemas culturales lo punitivo fracasa. Es imprescindible condenar y combatir el abuso sexual callejero, pero es indispensable hacerlo mediante intervenciones culturales y pedagógicas, no con penalizaciones. En la difícil tarea que le espera a nuestro gobierno, su proyecto de los PILARES se perfila como una herramienta idónea para sensibilizar a los y las jóvenes en esa dirección.

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Martes 12 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

COMENTANDO LA NOTICIA Alfonso Carbonell Chávez

El papel del Ejército Mexicana en la 4T

o cabe duda que en la Cuarta Transformación iniciada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo impensable está tomando derroteros por demás inesperados. Planteado así es verdad, me podría estar refiriendo a cualquier cosa digo si partimos que en varias aristas del quehacer gubernamental, se han venido estableciendo políticas que aunque anunciadas desde campaña es verdad, no dejan de estar causando cierto escozor. ¡Y mire que no es sólo entre sus adversarios históricos!, desde donde el presidente está recibiendo críticas, sino que hay dentro de sus mismas huestes por ejemplo en el caso de las estancias infantiles, que ya le reprochan haber recortado a la mitad (de 4 mil millones quedó en 2 mil) el presupuesto destinado para este rubro. Pero en fin. Es el tema o al menos al que quiero referirme, del papel o nuevo rol que el ejército mexicano muy en específico, está empezando a jugar en la 4T. Así y a raíz del anuncio de la cancelación oficial del NAIM (Nuevo Aeropuerto Internacional de México) que se construiría en Texcoco (en dónde alguna vez hubo un lago), al optarse en base a la consulta (¿?) fuera en la actual base militar de Santa Lucía en donde se construyera, se dijo o mejor dicho lo anunció el propio Andrés Manuel, que sería el ejército quienes se encargarían en realizar la magna obra. Desde entonces entre el poder ejecutivo y las fuerzas castrenses, no ha habido acto que no sea el pretexto ideal para realizarse, entre ambos poderes el civil Presidencial y el militar de las Secretarías de la Defensa y Marina, para prodigarse mutuos reconocimientos. Así y en los dos últimos actos militares por cierto como la Marcha de la Lealtad y el 110 Aniversario de la Fuerza Aérea, sirvió de marco espléndido para que las fuerzas armadas en conjunto le demostraran al presidente, su firme convicción y claro lealtad a toda prueba, al Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas del país. Incluso, agradeciéndole de manera explícita el Secretario General Luis Cresencio Sandoval, haberlos tomado en cuenta para cuidar de la seguridad de los mexicanos. Es decir integrar la Guardia Nacional. Sin ir más lejos el tema de la Guardia Nacional que se ha anunciado se conformará con la actual Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal además de reclutar

Ya de salida

a 50 mil elementos más, empezó casi desde su concepción a causar rechazo igual casi generalizado, sobre todo de grupos y organizaciones nacionales de defensa de los DDHH y al mismo tiempo en el concierto internacional incluso de la propia ONU, advirtieron el riesgo de militarizar al país. Aquí lo que causó más contrariedad y asombro incluso por parte de afines a la 4T, fue que el discurso de López Obrador de ofrecer durante la campaña el regreso gradual pero inmediato de los militares a los cuarteles, de menos sorprendió a la mayoría de sus seguidores al anunciar, no sólo que el ejército se quedaba en las calles hasta nuevo aviso sino que ahora los militares y marinos que ya especifiqué, se incorporaban a la seguridad pública. Pero bueno eso está ahora mismo en el Senado y todo puede ocurrir. Pero no es el tema, al menos no de esta entrega. El quid del asunto comentaba, es el nuevo papel que el Ejército Mexicano y en general las fuerzas armadas del país en esta 4T, está tomando derroteros antes inexplorados. Sí bien sabemos las atribuciones, facultades y responsabilidad institucional que la Constitución General de la República les confiere, y que a eso se debería -en teoría- constreñir. Sin embargo, las fuerzas armadas siempre han ido más allá de lo que la propia constitución les mandata y ahí están en programas de reforestación o bien en campañas de salud; ya no se diga en momentos de desastres que por inundaciones, temblores o cualquier otro fenómeno natural, la población civil requiera de su auxilio. Cabe destacar que el nuestro, es un ejército de paz y por ello mismo ante la improbabilidad de una invasión extranjera, el pueblo

armado como les llama Obrador, se ha caracterizado por realizar acciones como las ya señaladas incluso allende nuestras fronteras. Es cierto que su obligación constitucional no está en combatir la delincuencia ni al crimen organizado, pero las circunstancias del país y la poca efectividad de las policías estatales y municipales, han hecho de esta realidad una necesidad imperiosa. Pero tampoco es a eso que quiero referirme, sino que ahora el ejército también se volverá administrador del nuevo aeropuerto de Santa Lucía; es decir no sólo lo va a construir sino lo va a explotar y los ingresos que se obtengan de su actividad (aeroportuaria) irán a las arcas de la propia secretaría de la Defensa. Y así también y de acuerdo a la venta de una parte importante de terrenos en Santa Fe de la CDMEX, sí allá donde se encontraba la fábrica de armas del propio ejército, se planea un desarrollo inmobiliario que igual estará en manos de la SEDENA. Así entonces cabe preguntarse y no porque no se tenga confianza a ambas secretarías de Defensa y Marina, o en el ejército ni armada de México, sino porque el abanico de acción y reacción de las fuerzas armadas puede llegar a convertirse en un peligro para la vida institucionalidad del país. Y cierro con una cita que usa mucho el propio presidente López Obrador, cuando se refiere a la separación del poder político del poder económico pero que creo, aplica igual a la estrategia o plan que tiene diseñado para las fuerzas armadas del país cuando dice y dice bien y le compro la idea de: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. O acaso es este; El papel del Ejército Mexicano en la 4T. Me queda claro.

En días pasados los integrantes de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, tuvimos una interesante plática con el Jefe de Prensa del ICOSO del gobierno estatal. Con este encuentro por cierto cordial y amistoso, fue la oportunidad de conocer de viva voz de una voz autorizada del Instituto lo que el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, tiene pensado en materia de comunicación gubernamental. El joven aún funcionario, no se anduvo por las ramas y dijo con claridad lo que espera de los periodistas y lo que este gobierno, eso sí desde la base de la austeridad republicana, va a establecer para construir así entendí, una nueva relación con los medios de comunicación. Sobre de lo que espera dijo, es respeto a la vida privada del gobernador y colaboradores, pero también fue claro en señalar que eso no quiere decir que no se le critique incluso externó ¡bienvenida la crítica!, porque eso nos sirve mucho para accionar y tomar decisiones. Creo que el mensaje fue bien recibido por los compañeros y compañeras de la Asociación, aunque cada quien habrá de expresar sus particulares puntos de vista y conclusiones. Me quedo con algunos puntos ahí planteados por el joven funcionario de Icoso y que gravitaron en estas vertientes; no más pagos millonarios a unos pocos medios, eso se acabó dijo ¿caso hay? Habrá menos recursos para publicidad institucional comentó, pero los que hay se distribuirán de modo más equitativo y otra cosa fue; que se acabaron los “periodistas” de celular es decir, procurarán que quienes ejerzan el periodismo como modo de vida acrediten en que medio laboran y por supuesto, se considerarán las biografías profesionales en el ejercicio periodístico. De entrada suena bien, aunque también por la parte que me corresponde, la libertad de expresión no está a merced de voluntad alguna como tampoco es una mercancía. La crítica buena o mala debe servir para construir no para destruir. A las cosas hay que llamarlas por su nombre y cierto estoy, eso abona más y mejor a la construcción de equilibrios y ordena el accionar gubernamental. Como sea, esto apenas está empezando y si no se apura el gobernador en entenderlo, las cosas se le pueden salir de control y luego entonces, puede resultar demasiado tarde cualquier acción y toma de decisiones…// ¡Me queda claro! Salu2.

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Martes 12 de Febrero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1567

MANIFESTACIÓN

ESTRATEGIA

Jaime Rochín presenta Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado

Normalistas protestan en la Secretaría de Educación cometen destrozos y se enfrentan a policías

PAG. 8

PROTESTA

Se van a paro 12 mil 500 trabajadores de la Semarnat; piden respeto a condiciones laborales PAG. 3

SOLICITUD

PAG. 9

SUSPENSIÓN

Conflicto por gasoductos parados alcanza a funcionarios del gobierno de AMLO

PAG. 7

Consulta sólo con pueblos afectados, responden opositores a la termoeléctrica en Huexca Los pueblos en defensa de la tierra y el agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se oponen al gasoducto, al acueducto y a la termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos (PIM) pidieron al presidente López Obrador que la consulta se realice sólo con los pueblos afectados.

PAG. 6

PAG. 5

Se realiza con éxito la 3ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Educación Básica en su fase estatal con sede en la UNACH