CONTRAPODER EDICIÓN 1536

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DOXA

EDITORIAL

Las ilegalidades en el gobierno de Chiapas

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La mejor oferta política que pudo haber ofrecido el gobierno de Rutilio Escandón es el de garantizar la legalidad, en donde todos sus actos se apegaran a la ley. Esto que es un principio de obligatoriedad en el Estado de derecho

En el primer acto de gobierno de este año el gobernador inauguró el Vips.

Muy pronto se verá al gobernante coronando a las Reinas de ferias.

En Chiapas no hay correspondencia entre la magnitud de los problemas que hay con los perfiles los tamaños y la presencia de las autoridades.

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EN CHIAPAS

Jueves 3 de Enero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1536

CONFERENCIA

Sobre el EZLN “no me van a cucar”, responde AMLO

En su conferencia de prensa matutina, mencionó que antes se acostumbraba confrontar a la hora del recreo entre niños, cuando para provocar un pleito, se decía, “a que no le quitas la basurita” o “eso si calienta”… así, expuso: “tampoco me van a cucar, nadie me va a cucar”

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López Obrador lanza convocatoria para la Guardia Nacional; buscan a 50 mil jóvenes

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DECLARACIÓN

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CNI_CIG: “Desde enero del 94 nuestra palabra dejó de pedir limosnas para exigir justicia”

El Vaticano sabía de la pederastia de Marcial Maciel desde 1943, revela alto jerarca de la Curia Romana

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HOY ESCRIBEN HOJAS LIBRES

Roberto Domínguez Cortés

¿MILITARIZACIÓN O COMBATE A LA DELINCUENCIA?

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Guillermo J. R. Garduño Valero PAG. 14

HUELGA

Docente reclama pago de adeudos

PROGRAMA

CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

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LOS HUACHICOLEROS DE ARRIBA Y LA CAÍDA DE ROMERO DESCHAMPS Ricardo Raphael

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EZLN, BALANCE A 25 AÑOS Jenaro Villamil

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RECAUDACIÓN URGENTE John M. Ackerman PAG. 4

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EN CHIAPAS

EDITORIAL Las ilegalidades en el gobierno de Chiapas

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a mejor oferta política que pudo haber ofrecido el gobierno de Rutilio Escandón es el de garantizar la legalidad, en donde todos sus actos se apegaran a la ley. Esto que es un principio de obligatoriedad en el Estado de derecho, en México y sobre todo en Chiapas no existe.

En los últimos días de diciembre el gobierno de Rutilio Escandón tomó dos decisiones contrarias a la ley, lo que significa que la llamada cuarta transformación, en Chiapas, no va a tener ninguna diferencia con los gobiernos que lo precedieron. La primer violación grave fue el sábado 29 de diciembre, a través de un acto de liberación de 142 presos sentenciados, bajo el soporte ilegal de una mesa de reconciliación que es inconstitucional e inconvencional.

Sólo en Chiapas existe el adefesio ilegal de la mesa de reconciliación, que ha permitido liberar a homicidas y secuestradores y en la cual hay indicios de negociaciones económicas para procurar la liberación, y peor aún, se señala que parte de esos recursos obtenidos permitió el financiamiento de una precampaña de cinco años que mantuvo Rutilio Escandón para gubernatura desde el puesto del presidente del tribunal de justicia.

Esa mesa de reconciliación es ilegal porque sólo un juez tiene facultades para

liberar a un sentenciado y los jueces son autónomos y sus decisiones no pueden ser avasalladas por ningún instrumento, así esté enmascarado de “legalidad” e integrado por los tres poderes del Estado.

La mesa de reconciliación no puede ser legal, en virtud de que se violan los derechos humanos de las víctimas y de los familiares de las víctimas a quienes no se les hace justicia al liberar al presunto responsable, pero paradójicamente, también a los sentenciados se les violan sus derechos humanos, debido a que son liberados no como inocentes, pues tienen una sentencia de culpabilidad, y por ese motivo carecen del derecho para exigir la reparación del daño.

El gobernador en el mensaje de liberación de los presos señaló que era un acto de justicia y de derechos humanos, discurso que resulta a todas luces inentendible e incongruente. Inentendible porque un acto de justicia sería la liberación de inocentes, que ese día fueron 142, pero en los últimos seis años se liberaron más de 2000 reos con sentencia; de allí que un acto de justicia no está en la liberación, sino en la creación de mecanismos de no repetición, que significa que la fiscalía y los jueces no condenen a inocentes, pero junto a esos mecanismos de no repetición debiera de estar la sanción a funcionarios

de la fiscalía y de los tribunales que están imponiendo castigos de privación de la libertad a inocentes.

Pero también es incongruente debido a que hay un incremento de la delincuencia en Chiapas y en los últimos días han habido secuestros y homicidios en donde la sociedad exige el castigo y poner fin a la inseguridad y en Chiapas el gobernador encabeza un acto de una mesa de reconciliación ilegal mediante el cual se han liberado a homicidas y secuestradores.

El otro acto ilegal se cometió en la madrugada del día 31 de diciembre, en donde el congreso local designó como responsable de la Auditoría Superior a Uriel Estrada Martínez, quien no cumple con los requisitos que señala la ley de ese órgano, en el que se exige tener como mínimo cinco años de experiencia en el área de auditorías y él carece de experiencia en ese campo.

En esa designación el congreso violó el debido proceso al no efectuar una revisión y análisis del currículum de candidato, lo que implicó se diera un nombramiento a alguien que no cumple con los requisitos para desempeñar ese cargo.

Ambas situaciones resultan desafortunadas en un gobierno que no cumple el primer mes, pero que ya mostró que no tiene brújula, ni respeto por la legalidad.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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Sobre el EZLN “no me van a cucar”, responde AMLO Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)

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nte la resistencia al proyecto del “Tren Maya” anunciada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió con una declaración de respeto y admisión del diálogo en general, así como con una estampa infantil.

En su conferencia de prensa matutina, mencionó que antes se acostumbraba confrontar a la hora del recreo entre niños, cuando para provocar un pleito, se decía, “a que no le quitas la basurita” o “eso si calienta”… así, expuso: “tampoco me van a cucar, nadie me va a cucar”.

Añadió que su respuesta es que no caerá en ninguna provocación.

“Para que no vayan a decir: ‘Es soberbio, es indiferente’… sencillamente, todos tenemos derechos a manifestarnos, y somos respetuosos del derecho a disentir.

López Obrador expresó que respetaba los planes, programas y decisiones del EZLN, reiterando que en el país no hay represión, ni censura, para luego agregar: “Quien califica es el ciudadano.

En su conferencia de prensa matutina, mencionó que antes se acostumbraba confrontar a la hora del recreo entre niños, cuando para provocar un pleito, se decía, “a que no le quitas la basurita” o “eso si calienta”… así, expuso: “tampoco me van a cucar, nadie me va a cucar”

No vamos nosotros a enfrentarnos a ningún grupo. Nosotros queremos la paz y la reconciliación, puede haber diferencias, las hay, pero eso no significa que se vaya a caer en una confrontación o en un pleito”.

El mandatario aseguró que el enemigo a vencer es la crisis de México, por lo que aun cuando quieran confrontarlo no va a dar respuesta.

Además, sostuvo que sus proyectos están provocando inconformidad de los conservadores, porque ya se dieron los cambios: “Tardó este régimen de injusticias y privilegios 36 años, y es natural que haya cuestionamientos y críticas, puntos de vista distintos. Los entiendo. Y además vamos a garantizar siempre el derecho a disentir”.

Aseguró que ha visto al subcomandante Marcos (hoy Galeano) en dos o tres ocasiones, aunque ya hace unos 20 años, y dijo no tiene ningún conflicto personal con el ni con ningún dirigente zapatista ni de otra organización social o política.

“Están en su derecho de expresarse, manifestarse, no veo por qué deba preocuparnos, somos libres… siempre he dicho que en democracia hay pluralidad, en dictadura es pensamiento único nadie puede hablar, nadie discrepa. Nosotros tenemos afortunadamente el respaldo de los ciudadanos, el apoyo de la gente, no le hacemos mal a nadie, al contrario vamos a atender a todos, a escuchar a todos, y se le va a dar preferencia a los pobres, a los humildes”.

Ante la insistencia de reporteros sobre un diálogo con los zapatistas, se dijo abierto a recibir a todo grupo que lo solicite pues es un derecho constitucional, pero evitó referirse en concreto al EZLN.

Estamos poniendo orden en las finanzas del Ayuntamiento: Carlos Morales Vázquez De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, anunció la mañana de este miércoles 2 de enero que, se solventó la deuda con Comisión Federal de Electricidad (CFE), se renegoció la deuda con CONAGUA y se autorizó un Convenio Modificatorio para reducir la deuda con Proactiva (Ahora Veolia) que además busca mejorar el servicio de recolección y el cuidado del medio ambiente en la capital.

En este sentido, el edil tuxtleco, resaltó que como parte del compromiso realizado con los habitantes de la capital chiapaneca, en donde se busca reordenar y reactivar las finanzas del Ayuntamiento, en los primeros tres meses de su gobierno se han realizado importantes avances en relación a las deudas heredadas por otras administraciones.

Entre ellas, Carlos Morales Vázquez, detalló que la deuda que manejaba el Ayuntamiento con la Comi-

sión Federal de Electricidad (CFE) se pagó en su totalidad, iniciando este 2019 con cero deudas con el organismo y total disposición del mismo en la prestación del servicio.

Asimismo, detalló que el adeudo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) el cual era superior a los 500 millones de pesos, se renegoció y se estableció una deuda de 79 millones de pesos, mismos que ya se están solventando para poder acceder a la cartera de proyectos del organismo en el que Tuxtla tenía años sin participar.

Finalmente, detalló que adicional a estas negociaciones y reducciones de deudas, se firmó un Convenio Modificatorio para el contrato con la empresa Proactiva (Ahora Veolia) en donde se establece una quita de casi 140 millones de pesos a la deuda heredada de 336, dejando una saldo a pagar de 196 millones de pesos en tres años de gobierno, con el fin de no heredar deudas a la administración por venir, además, de eliminar la cláusula donde se establecía una

indemnización de 900 millones de pesos a la empresa por parte del Ayuntamiento.

De este modo, con el Convenio Modificatorio, el Ayuntamiento se compromete a pagar la deuda y la empresa en prestar un mejor servi-

cio, con equipamiento de calidad, y además, supervisada y monitoreada por una institución ajena a la administración capitalina, en donde Ayuntamiento y Empresa estarán al mismo nivel de circunstancias contractuales.

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Eleazar Domínguez Torres Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

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enri Ruiz Alegría docente del Telebachillerato Comunitario, se instaló en huelga de hambre en las afueras de Palacio de Gobierno de Chiapas para demandar el pago de salarios y aguinaldos que la extinta administración de Manuel Velasco Coello se negó a saldar.

Dicho adeudo debió ser pagado por la Secretaria de Educación, misma que mantiene un adeudo por la cantidad de doscientos setenta y un mil cuatro cientos pesos, correspondientes a treinta y dos quincenas.

En el desglose de adeudos el agraviado explica que suman 217 mil 120 pesos, más aguinaldo del 2017, por un monto de 27 mil 140 pesos, más el aguinaldo del 2018 por la misma cantidad de 27 mil 140 pesos.

“El último cheque que me fue pagado corresponde al 14 de junio del 2018 expedido por la Secretaría de Educación por la cantidad de mil 205. 36 centavos, eso como una broma.

Sostengo que la falta de pagos

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Docente reclama pago de adeudos Dicho adeudo debió ser pagado por la Secretaria de Educación, misma que mantiene un adeudo por la cantidad de doscientos setenta y un mil cuatro cientos pesos, correspondientes a treinta y dos quincenas hacia mi persona en particular, se debe a la actitud crítica y de denuncia que he mantenido en contra de los titulares de la secretaría de educación, secretaría de hacienda y hacia el exgobernador Manuel Velasco Coello; es una medida represora, contraria a derecho”.

Por lo que señaló a la maestra, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, titular de esta dependencia como la responsable de lo que pueda ocurrirle en esta nueva etapa de lucha, finalizó.

CNI_CIG: “Desde enero del 94 nuestra palabra dejó de pedir limosnas para exigir justicia” De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Pozol Colectivo)

COMUNICADO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI) Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO (CIG) POR EL 25 ANIVERSARIO DEL LEVANTAMIENTO ARMADO DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional A las Redes de Apoyo al CIG A las Redes de Resistencia y Rebeldía Al pueblo de México A los pueblos del@ mundo A los medios de comunicación Los pueblos, naciones y tribus que conformamos el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, saludamos con orgullo el 25 aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde que el 1 de enero de 1994 nuestra palabra dejó de pedir limosnas para exigir justicia, y para reconocernos en los derechos que desde ese día comenzamos a ejercer, no solo en Chiapas, sino en todos los rincones indígenas de nuestro país.

Ese día un nuevo capítulo en nuestra vida colectiva se comenzó a escribir. Con la frente en alto caminamos recogiendo los pasos de nuestros antepasados y sembrando

los de las generaciones venideras, con la convicción de seguir siendo pueblos, naciones y tribus.

Con la guerra desatada en contra nuestra, nos hemos visto reflejados en el caminar de las comunidades indígenas zapatistas, sabidos de que afuera solo hay amenazas en nuestra contra y que todo es en nombre de la riqueza para solo algunos. Para nosotros ofrecen que migremos dejando nuestros territorios, nos ofrecen el luto por nuestros muertos ante la violencia, ante la contaminación, ante la persecución y la prisión, nos ofrecen el miedo y la resignación.

Los pueblos que somos el CNI conocemos cómo actúan los malos gobiernos a nombre de quienes tienen más y quieren todo. Hemos enfrentado la formación de grupos de choque, de paramilitares y ahora de narco paramilitares que el mal gobierno disfraza de divisiones internas, para así decir que unos quieren y otros no quieren entregar la tierra y los recursos naturales a los dueños del dinero. Conocemos las formas con las que las instituciones indigenistas del mal gobierno engañan a nuestra gente para generar la división que cobre las vidas de nuestros compañeros y compañeras que opten por la dignidad, la resistencia y la rebeldía.

El INPI y su disque nueva política indigenista no es más que la profundización de esa ofensiva contra la vida, con la que quieren hacer

débil la lucha por la autonomía de los pueblos originarios que, con su lucha, frenan la devastación que de arriba imponen. El CNI y nuestros compañeros del Concejo Indígena de Gobierno no le creemos al capataz del capitalismo que dice gobernar México, y no aceptaremos ninguna falsa consulta como esas con las que quieren legitimar el robo de los territorios indígenas y campesinos, nuestro exterminio y la agudización de la guerra en nuestra contra. No aceptaremos nuestra muerte aunque traigan miles o millones de votos que, según ellos, así lo decidieron.

Con nosotros caminan los pasos profundos, reales e irrenunciables que los pueblos originarios hemos dado en resonancia con el caminar del EZLN y las comunidades indígenas zapatistas. Somos medios de comunicación, cooperativas, guardias comunitarias; somos primarias, secundarias y bachilleratos; somos lenguas y cosmovisiones antiguas; somos apuestas a un futuro que, los que están en el poder, ni siquiera son capaces de imaginar; somos los que enfrentaremos en cada rincón la destrucción que pregonan como si fueran beneficios “democráticos”.

Junto con la profundización de la guerra capitalista también profundizaremos nuestra resistencia y rebeldía. Las mineras con las que pactaron, los megaproyectos en el istmo de Tehuantepec, el inmoral proyecto del tren maya, la devasta-

ción y privatización para sembrar plantaciones forestales industriales en la selva lacandona y la enajenación territorial al gran capital que son las Zonas Económicas Especiales se toparán de frente con el verdadero poder, el de abajo. Ese que no se rinde, que no se vende y no claudica, porque hacerlo es sabernos muertos como pueblos.

Saludamos respetuosamente y enviamos un abrazo colectivo y fraterno al Comité Clandestino Revolucionario Indígena – Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los miles de milicianos y milicianas y a las comunidades bases de apoyo. Advertimos a los malos gobiernos que cualquier agresión en su contra es también contra el CNI- CIG, por lo que hacemos un llamado a las redes de apoyo en todo el país y a las redes de resistencia y rebeldía en México y en el mundo a estar atentos y organizados para accionar de manera conjunta y construir un mundo en el que podamos vivir todas y todos.

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Gloria Reza M. Guadalajara, Jal. (apro)

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nte la reducción de 8 mil 640 millones de pesos en el presupuesto de egresos federales para Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez afirmó que ese trato que recibe la entidad es “por razones políticas”.

“Creo que algunas partes del presupuesto sí tienen un sesgo político evidente, no creo que se necesite un análisis de gran profundidad para ver los rasgos básicos (…) Sin embargo, más allá de los propósitos detrás del presupuesto, lo que a mí me preocuparía es que Jalisco, como un estado gobernado por una fuerza política distinta a la que gobierna la República, pudiera estar recibiendo este trato por razones políticas”.

Por ello, Enrique Alfaro solicitó una reunión urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir una aclaración sobre los criterios de repartición de los recursos, “y ojalá se pueda corregir el diseño presupuestal que se hizo”.

Añadió: “Sí veo cuando menos señales que me podrían hacer pensar que hay otro tipo de propósitos detrás de este diseño presupuestal”.

El mandatario estatal indicó que si la cita con el presidente no se da en los siguientes días, esperará a la visita que realizaría el tabasqueño a Jalisco en la tercera semana de enero. En esa junta, dijo, insistiría en solicitar recursos para los cuatro proyectos que considera como prioritarios para el estado, entre ellos la conclusión de la presa derivadora El Purgatorio, el saneamiento y rescate del Río Santiago, la construcción de Línea 4 del Tren Ligero y el libramiento sur de Puerto Vallarta.

Además, le hablaría sobre las reglas el manejo del Fondo Metropolitano, y que se dé más dinero para la termina-

Armando Guzmán Villahermosa, Tab. (apro)

El gobernador Adán Augusto López Hernández rechazó un supuesto pacto de impunidad con el exmandatario perredista Arturo Núñez, y no descartó denuncias penales en contra de éste y sus excolaboradores.

“Yo no digo que sea un hecho, pero no lo descarto”, respondió ante la pregunta de si su gobierno interpondrá denuncia contra el exgobernador.

“Voy a ser muy cuidadoso, sé de denuncias que fueron presentadas por ciudadanos y proveedores. Sé de una de un exfuncionario en contra de otro exfuncionario, por más o menos 200 millones de pesos”, apuntó.

En una larga entrevista de radio, la primera que concede como gobernador, López Hernández reiteró que en hechos de corrupción actuará con firmeza y no garantiza “impunidad a nadie”.

De igual manera, denunció que en el saliente gobierno “lucraron mucho con todo” y que el pueblo de Tabasco sabrá la verdad porque no habrá intocables,

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Alfaro asegura que hay “razones políticas” detrás de la reducción del presupuesto para Jalisco

ción de la Línea 3.

En caso de no obtener los recursos del gobierno federal, adelantó que una opción sería contratar una “deuda directa”, y la otra sería la asociación público-privada. “Como ustedes saben, después de las reformas legales que ha habido en la materia, los proyectos de inversión público-privados contablemente siguen siendo deuda, estamos viendo lo que se debería hacer, pero no quiero tomar una definición hasta no haber platicado una vez más de frente y directo con Andrés Manuel López Obrador”.

Alfaro también cuestionó si es justa la repartición de recursos federales, y en ese sentido mencionó que pidió a la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado que consulte a especialistas en materia fiscal, y una vez que se tenga el estudio se pondrá “sobre la mesa la urgente necesidad de revisar el convenio de coordinación fiscal y el pacto fiscal que hay en este país, si no la discusión seguirá siendo cada año la misma”.

De igual manera, reiteró que el pre-

supuesto nacional “se elaboró estrictamente a partir de los intereses del gobierno federal, y las prioridades de los jaliscienses no están bien entendidas, mucho menos atendidas por el gobierno federal”. También anunció que habrá un reajuste al presupuesto del estado hasta por 2 mil 500 millones de pesos, que se destinarían a obra pública municipal.

En su oportunidad, el secretario de Finanzas Juan Partida Morales informó que, ante la falta de liquidez para concluir la administración de 2018, el gobierno de Jalisco adelantó recursos a 45 municipios por la cantidad de 600 millones de pesos.

Destacó que el mayor monto –por arriba de 400 millones de pesos– se entregó a este municipio que fue encabezado por el ahora gobernador. Otros ayuntamientos que se quedaron sin recursos fueron Tequila, Autlán, Juanacatlán, Tala y Tonalá.

Minimiza inseguridad Enrique Alfaro minimizó la ola de

ejecuciones en la entidad, y argumentó que en su mayoría están relacionadas con la disputa entre dos grupos del crimen organizado.

“Las ejecuciones que se están dando como parte de las disputas entre grupos del crimen organizado son un tema que genera un ambiente de violencia, sí claro, pero se están matando entre ellos”, dijo.

Agregó: “Si nosotros de lo único que hablamos es de cuántos muertos hay por la disputa del crimen organizado, pues lo único que estamos generando es un ambiente de zozobra y de miedo, y esa no es la realidad de Jalisco, aunque haya quien parece empeñado en construir esa visión”.

Tras adelantar que el próximo lunes 7 presentará un comparativo de los índices delictivos, subrayó que su administración está más enfocada en resolver los delitos que afectan a la mayoría de los ciudadanos, como el robo a personas, a vehículos y a negocios.

Asimismo, informó que a más tardar en la tercera semana de enero presentará un primer paquete de denuncias por actos irregulares cometidos en diferentes dependencias de la pasada administración estatal.

“Estamos esperando que se cumpla el plazo legal, pero ya tenemos mucha información y algunas conclusiones de temas que ustedes conocen han sido públicos (…) Yo estimo que finales de la segunda semana o principios de la tercera estaremos presentando ya el primer bloque de información al respecto”, concluyó.

Gobernador de Tabasco rechaza pacto de impunidad con Arturo Núñez “pero se debe entender que no vamos a una cacería de brujas”.

Citó casos como el del saliente secretario de Salud Rommel Cerna, quien en plena crisis hospitalaria y protestas por falta de pagos fue filmado dentro de una notaría “negociando” con proveedores el pago de servicios a cambio de una comisión.

“Y tengo los cheques que daban los proveedores en garantía para pagar”, aseguró el gobernador, luego de anunciar que las autoridades procederán en éste y otros casos.

Puso como ejemplo el convenio mediante el cual Petróleos Mexicanos (Pemex) entrega combustible al gobierno del estado en apoyo de pescadores y proyectos productivos, a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam) “Se lo llevaron todo”, denunció, y re-

cordó que ante la protesta de pescadores, quienes en dos ocasiones tomaron las oficinas de la Sernapam, porque no les entregaron los vales de combustible, directivos de Pemex le hablaron para decirle que podrían volver a darle los vales, pero que él los validara, y respondió que no.

Acusó que la dependencia estatal se volvió “cómplice” de Pemex porque ¿cómo se explica que hay más de mil 600 millones de pesos que la empresa no ha pagado a campesinos reclamantes de daños ya validados? “Y la Sernapam no actuaba, pues recibía la dotación de gasolina que vendían al mejor postor, de asfalto, todo”.

En días recientes se descubrió que el extitular de la Sernapam y ahora diputado local Ricardo Fitz Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática (PDR), adquirió un penthouse de 8 millones de pesos en “Laguna Park”,

torre ubicada frente a la Laguna de las Ilusiones y Paseo Tabasco de esta capital.

De acuerdo con el Registro Catastral de Tabasco, la operación de compra venta se realizó en abril de 2018, un mes después de que Fitz Mendoza renunciara a la Sernapam para contender por la diputación plurinominal que ostenta.

Fitz admitió la compra del penthouse y rechazó haber “saqueado” la Sernapam, pues lo adquirió mediante “un crédito bancario”, sostuvo.

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Aprueban opinión favorable para despenalizar aborto De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

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a Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados emitió una opinión favorable a la iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el ámbito federal.

En la reunión del pasado 20 de diciembre, las y los diputados de la Comisión de Derechos Humanos acordaron avalar la propuesta que, en su opinión, pondría en marcha una política pública con un enfoque de Derechos Humanos, género e interculturalidad y que colocaría a las mujeres en el centro como protagonistas.

El 8 de noviembre de 2018 la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lorena Villavicencio, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de aborto.

La iniciativa no propone derogar este delito pero sí eliminar algunas disposiciones punitivas para que la interrupción del embarazo sea legal cuando se realice antes de la semana 12 de gestación, por ello la reforma establecería el momento biológico a partir del cual se considera a una mujer embarazada.

La iniciativa debe ser dictaminada por las Comisiones de Justicia y de

Igualdad de Género pero al tratarse de un tema de derechos la Cámara de Diputados solicitó una opinión a la Comisión de Derechos Humanos, que al hacer un análisis, en diciembre pasado dictaminó en sentido positivo.

En el documento, donde se avala la iniciativa, las y los diputados expusieron que el Estado mexicano no ha armonizado las leyes en materia de acceso al aborto legal, como lo señaló en 2012 la recomendación 33 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Como ejemplo, la Comisión, presidida por el morenista Ruiz Lustre Hugo Rafael, refirió que recientemente, en mayo de 2018, se publicó una reforma al artículo 10 Bis de la Ley General de Salud sobre objeción de conciencia que contribuirá a dificultar a las mujeres su derecho a interrumpir embarazos, incluso en las causales permitidas por la ley.

Esta reforma, que fue impugnada

por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está espera una resolución, otorga la facultad de objeción de conciencia al personal de salud para que el personal médico se niegue a realizar abortos.

Hubo también un intento legislativo en 2017, que no prosperó, para cambiar, mediante una reforma a la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cumplimiento de la NOM-046 “criterios para la prevención y atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres”.

Esta norma establece que las mujeres tienen derecho a solicitar al sector salud la Interrupción Legal del Embarazo si éste fue producto de una violación sexual, la solicitud se puede hacer sin necesidad de presentar una denuncia previa o una autorización judicial y sólo con una solicitud por escrito de la víctima bajo protesta de decir verdad. En el caso de niñas menores de 12 años, la ILE por violación debe ser

solicitada por uno de sus tutores.

En este sentido la Comisión de Derechos Humanos saludó la propuesta de la diputada Lorena Villavicencio porque haría posible la implementación de una política pública con acciones de capacitación y sensibilización continua al personal de salud, el cumplimiento de la NOM-046 y contrarrestaría prejuicios y estereotipos que generan discriminación hacia las mujeres.

Aunque esta propuesta no busca reformar la Ley General de Salud, la opinión de la Comisión de Derechos Humanos indica que d ser aprobada se mejoraría la infraestructura hospitalaria en la que se atiende a las mujeres en ocasión del embarazo, el parto y el puerperio, con prioridad en zonas alejadas y de marginación social.

La iniciativa de reforma, que aún no se debate en las Comisiones de Igualdad de Género, y de Justicia, propone reformar el Artículo 329 del Código Penal Federal para decir que “aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación y establecer excluyentes de responsabilidad en el artículo 332 de la misma norma. También adicionaría un artículo 20 Bis y Ter a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se considere violencia institucional la “tipificación del aborto como delito con pena privativa de la libertad” y la “denegación o la postergación del aborto sin riesgo”.

Demandan destitución de fiscal electoral de Oaxaca De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

A siete meses del asesinato de la periodista María del Sol Cruz Jarquín, en pleno proceso electoral en Juchitán, su madre Soledad Jarquín Edgar demandó la destitución de la Fiscal Electoral de Oaxaca, Araceli Pinelo López.

En un boletín de prensa, la también periodista lamentó que Pinelo actuara “de forma omisa y con dilación” al negarse a vincular a proceso a dos presuntos culpables del crimen de su hija, “pese a que la carpeta de investigación está lista prácticamente desde mediados de agosto pasado”.

María del Sol Cruz Jarquín fue la Jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural de la Secretaria de Asuntos Indígenas (SAI), cuyo titular era Francisco Javier Montero López, quien según la denuncia de su madre, desde finales de abril 2018 la envío a Juchitán de Zaragoza para apoyar la campaña política de su hermano, Hageo Montero López,

candidato al gobierno municipal de ese municipio.

La joven periodista, según el relato de su madre, no tenía opción: so pena de perder su empleo, se trasladó a Juchitán, a pesar de que sus oficinas de trabajo estaban ubicadas en la llamada Ciudad Administrativa, a unos 20 minutos de su casa.

Cruz Jarquín estaba cubriendo como fotógrafa la campaña de la entonces candidata a segunda concejal por la coalición Todos por Oaxaca (PRIPVEM-PNA), Pamela Terán Pineda, cuando ambas fueron asesinadas en el centro de Juchitán, el 2 de junio 2018, junto con el chofer Adelfo Guerra Jiménez.

Seguido los hechos, personal de la SAI sustrajo “indebidamente” el equipo de la fotoperiodista (cámara fotográfica y de video, computadora) del hotel donde ella se hospedaba, denunció Soledad Jarquín Edgar, quien alegó que el equipo fue sustraído porque “contenía pruebas sobre el trabajo que realizaba”, y que los autores materiales del robo “siguen sin ser

siquiera molestados”.

La madre y periodista sospecha que se cometieron acciones de corrupción porque el Secretario Montero López destinó recursos públicos y humanos a una campaña política.

Tanto el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Sala Xalapa, confirmaron la violación a las leyes electorales por parte de los hermanos Montero López, afirmó, y dijo que “en breve” esperaba sanciones.

Al mismo tiempo, relató Jarquín en el boletín de prensa, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca investigó al titular de la SAI y encontró “graves violaciones”. La periodista narró que el pasado 7 de septiembre, la fiscal electoral Pinela le afirmó que la carpeta de investigación estaba lista para iniciar el proceso judicial.

Sin embargo, a siete meses del triple asesinato, no se conoce resultado alguno de la investigación del crimen, ni tampoco se han vinculado

a proceso por delitos electorales a los hermanos Montero López, denunció Jarquín.

Es por ello que demandó la destitución de Pinelo López, como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, “porque cada asesinato cometido especialmente contra las mujeres, es resultado de la perversa omisión, de la actuación negligente no sólo por parte de la sociedad mexicana sino incluso dentro de las instituciones”, hecho que “impide que la justicia avance para María del Sol”, lamentó.

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Tortura de federales a ciudadano en 2015 deriva en recomendación de CNDH a Durazo Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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a Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) remitió una recomendación Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por actos de tortura cometidos por agentes de la Policía Federal (PF) en febrero de 2015, en Arcelia, Guerrero.

De acuerdo a la recomendación 80/2018 dada a conocer este miércoles, con base la Opinión Médica Especializada, basada en el Protocolo de Estambul, el organismo determinó en abril de 2018 que la persona que interpuso la queja tres años antes contra los efectivos de la PF, había sido víctima de tortura, en tanto que los policías “no aportaron evidencia alguna para acreditar su versión de que dicha persona les apuntó con una pistola e intentó huir, por lo que fue necesario aplicar técnicas de desarme para someterlo”.

Según el escrito de queja presentado por la víctima el 10 de febrero de 2015, cinco días antes fue detenido en la madrugada por policías federales, “sin que le mostraran orden de aprehensión; lo subieron a una camioneta y lo empezaron a golpear; refirió que en ningún momento opuso resistencia, siendo trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, donde se enteró que lo acusaban de delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia”, delitos por los que es procesado en la actualidad.

Rodrigo Vera Ciudad de México (apro)

El prefecto para los Institutos de Vida Consagrada del Vaticano, el cardenal Joao Braz de Aviz, reconoció que la Santa Sede sabía de los actos de pederastia de Marcial Maciel desde 1943, y aun así lo encubrió durante 63 años.

Braz de Aviz hizo esas declaraciones en una entrevista con ‘Vida Nueva’, revista católica, donde acepta que el Vaticano encubrió al fundador de los Legionarios de Cristo, lo cual ya se sabía, pero lo novedoso es que ahora lo diga un alto jerarca de la Curia Romana.

De acuerdo con el cardenal, desde 1943 el Vaticano sabía que Maciel era pederasta, y “quien lo tapó era una mafia, ellos no eran Iglesia”.

Años después, entre 1956 y 1959, el Vaticano investigó formalmente a Marcial Maciel. Pero nuevamente no quiso castigarlo por los cargos de pede-

La queja de la víctima fue alimentada por otra presentada por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito, “en la que solicitó se iniciara una investigación por posibles violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la PF, consistentes en actos de tortura en agravio de V, ya que así lo manifestó este último al momento de rendir su declaración preparatoria”.

Al abundar en la investigación, el organismo documentó que la víctima fue sacado de la habitación donde descansaba con su familia en un hotel en Arcelia, donde fue golpeado y “al intentar quitarle dos anillos le desprendieron el segundo dedo de la mano derecha”.

Más tarde, el hombre sería sacado del inmueble, subido a una patrulla, donde “un policía federal se subía encima de él y le echaba agua en el rostro mientras le exigía que se pusiera otro nombre y les señalara un domicilio donde había gente armada”.

El hombre fue llevado, primero, a las oficinas de la PF en Iguala, “donde un médico le suturó una herida en el ojo”, después fue trasladado a la SEIDO, en la Ciudad de México, donde fue ingresado en la “Torre Médica”, para reci-

bir atención en las especialidades de Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y Cirugía.

En la investigación, la CNDH recibió un reporte de la PF en el que se sostiene que la víctima apuntó a los policías federales con un arma de fuego tipo revólver, quien al momento de su detención “se mostró en todo momento agresivo, sin dejar de apuntarles”, por lo que tuvo que ser sometido “mediante técnicas de desarme”, causándole lesiones “en el dedo índice de la mano derecha, en el pómulo derecho, labio superior derecho, mejilla y ceja del lado derecho, así como golpes en las costillas de lado derecho por el impacto en el suelo al momento del derribe”.

Según los agentes aprehensores, las lesiones se agravaron cuando el detenido intentó huir “perdiendo el equilibrio y cayendo bruscamente al suelo, infringiéndose lesiones diversas”.

De la aplicación del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, conocido como Protocolo de Estambul, así como de la revisión de varios reportes médicos, la CNDH determinó

que “son coincidentes en indicar que las lesiones y los señalamientos de la víctima respecto de la forma en que fue detenida son coherentes y verosímiles respecto del tiempo y forma en que ocurrieron los hechos”.

Para el organismo “las lesiones que la persona agraviada presentó en el rostro y varias partes del cuerpo fueron infligidas de forma innecesaria para su detención y sometimiento”.

Al recordar que “la investigación de los delitos es totalmente compatible con el respeto de los derechos humanos”, la CNDH solicitó a Durazo Montaño que, “en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se repare el daño a la persona afectada, se le brinde atención psicológica y se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas”.

Además, “colaborar en la denuncia y queja que se formulen ante la PGR y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, respectivamente; y capacitar al personal de la Policía Federal en materia de derechos humanos para erradicar la tortura y prevenir detenciones y aseguramientos que no se ajusten a la legalidad y que afecten la integridad de las personas”.

El organismo instruyó a “aplicar efectivamente el ‘Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza’ en todos sus operativos y aseguramientos para que estén apegados a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos fundamentales, así como designar a un servidor público de alto nivel”, para dar seguimiento a la recomendación.

El Vaticano sabía de la pederastia de Marcial Maciel desde 1943, revela alto jerarca de la Curia Romana rastia que pesaban en su contra.

Posteriormente, al llegar al pontificado, Juan Pablo II no sólo siguió encubriéndolo, sino que lo hizo su amigo y lo ponía como ejemplo a seguir: “Es un guía eficaz de la juventud”, decía.

Fue hasta 2006 –después de 63 años de protegerlo– cuando el Papa Benedicto XVI finalmente lo encontró culpable y lo conminó a llevar una vida de “penitencia y oración”, por lo que lo condenó al ostracismo.

Sin embargo, para algunas víctimas de Marcial Maciel éste fue un castigo muy tibio, ya que ellas pedían que se le sometiera a un juicio formal en los tribunales vaticanos, cosa que no sucedió.

Dos años después de la condena papal, en 2008, Marcial Maciel murió

sin siquiera pedir perdón por sus abusos sexuales contra menores de edad.

Sus intenciones de ser canonizado se vieron frustradas. Y la congregación de los Legionarios de Cristo cayó en el descrédito, ya que también encubrió los actos de pederastia de su fundador.

Y ahora es el poderoso cardenal

brasileño Braz de Aviz quien, desde el interior de la propia Curia Romana, acepta que se tapó a Maciel.

“Tengo la impresión de que las denuncias de abusos crecerán, porque sólo estamos en el inicio. Llevamos 70 años encubriendo, y esto ha sido un tremendo error”, remató.

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Arturo Zaldívar es el nuevo presidente de la Suprema Corte Jorge Carrasco Araizaga Ciudad de México (apro)

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on insistentes reclamos en defensa de la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió al ministro Arturo Zaldívar de Lelo de Larrea como su presidente para el periodo 2019-2022.

La elección de Zaldívar resultó de una sola ronda de votación con el apoyo de siete de los once ministros, y ocurrió luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán declinara su postulación para encabezar al Poder Judicial de la Federación.

Zaldívar, quien ha ejercido durante nueve años como ministro, encabezará también el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano encargado de la administración y vigilancia de los jueces y magistrados federales.

Desde la reestructuración de la SCJN, en 1995, es la primera vez que asume como presidente uno de los considerados ministros externos; es decir, sin carrera judicial previa a su ingreso al Poder Judicial.

En su discurso de aceptación ante la presencia parcial de los plenos del CJF y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Zaldívar dijo que defenderá la autonomía e independencia de los jueces federales porque hacerlo significa “defender los derechos humanos de todos, el estado de derecho y la seguridad jurídica”.

De la redacción Ciudad de México (apro)

Un grupo de extrabajadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se manifiestan afuera de Palacio Nacional contra los despidos que hay en gobierno como parte la política de austeridad que impulsa el presidente López Obrador.

Con pancartas, los ciudadanos exigen que sus derechos laborales sean respetados y se les indemnice conforma a la ley.

“Señor presidente AMLO, creímos en usted y nos defraudó. Nos quitó arbitrariamente y con amenazas nuestro trabajo y sin pagos a los que tenemos derecho”, se lee en una de las pancartas.

“No somos aviadores ni altos funcionarios, tampoco cobramos como jueces”, se lee en otra manta.

En diversas ocasiones, el presidente López Obrador ha prometido que revisará los recortes al personal que realizan las dependencias para

La elección de Zaldívar resultó de una sola ronda de votación con el apoyo de siete de los once ministros, y ocurrió luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán declinara su postulación para encabezar al Poder Judicial de la Federación

En medio de las críticas al Poder Judicial por sus diferencias con el Poder Ejecutivo y el Legislativo en relación con los sueldos de los ministros y de distintas iniciativas en el Senado para reformar al Poder Judicial, Zaldívar aseguró buscará “un diálogo constructivo” con los otros poderes.

“Independencia no es aislamiento… no es intolerancia, no es romper el diálogo”, pero tampoco es una teoría. Se defiende todos los días”, afirmó al comprometerse también en no interferir en las resoluciones de los jueces y magistrados federales.

Insistió en que México se encuentra en “un momento extraordinariamente complicado” y “pasa por un momento problemático”, por lo que se comprometió a “renovar el Poder Judicial”, sin dejar de considerar que

la Suprema Corte ha sido “un órgano muy importante en la transición democrática” del país.

La SCJN ha sido clave para el equilibrio de poder y el desarrollo de los derechos humanos en México, afirmó.

Pidió a los ministros “equipo y unidad” para la renovación del Poder Judicial de la Federación y aseguró que sus políticas públicas “serán con el consenso de todos los ministros”.

La elección de Zaldívar, que contrató con la de su antecesor, Luis María Aguilar, cuando fueron necesarias 32 rondas, se produjo luego de la integración de Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo integrante de la Corte.

Alcántara Carrancá fue designado por el Senado el pasado 20 de diciembre, a propuesta del presidente

Andrés Manuel López Obrador, para reemplazar al ahora ministro en retiro José Ramón Cossío.

La votación y la sesión de ingreso del ministro González Alcántara estuvo encabezada por la ministra Margarita Luna Ramos, en su calidad de decana del máximo tribunal, luego de que el periodo de Luis María Aguilar terminara el 31 de diciembre.

En el discurso de bienvenida al nuevo juez constitucional, el ministro Pérez Dayán afirmó que la división de poderes y la independencia judicial deben ser respetadas y asimiladas para asegurar la armonía entre las personas y las autoridades y entre las autoridades mismas.

Pérez Dayán fue el ministro que en diciembre pasado ordenó la suspensión de la Ley General de Remuneraciones, según la cual ningún funcionario público debe ganar más que el presidente de la República, aunque ahora los jueces y magistrados federales, así como altos funcionarios del Poder Ejecutivo y de organismos autónomos ganan más de los 108 mil pesos mensuales que se designó el presidente López Obrador.

En el presupuesto de 2019, el Congreso redujo el sueldo de los ministros, aunque sus ingresos siguen siendo superiores a los del presidente de la República.

Exigen extrabajadores del SAT garantía a derechos laborales; intentan bloquear SCJN que se garanticen los derechos de los trabajadores.

En su momento, el SAT ha justificado los despedidos aludiendo a la política de austeridad y a que, de acuerdo con información, el personal no justificaba su sueldo o cobraban doble.

Cercan la Suprema Corte ante protestas Alrededor de 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina mantienen contenido un plantón que fue instalado afuera de la Suprema Corte.

Manifestantes piden en el exterior del recinto que los magistrados se reduzcan el salario y se democratice su elección.

El plantón está cercado por mujeres policías adscritas al área de Trán-

sito de la Ciudad de México.

Los agentes también resguardan los edificios del gobierno capitalino.

Pino Suárez fue cerrada a la circulación de Plaza de Constitución a

Venustiano Carranza.

Unos 25 activistas formaron una cadena humana en las inmediaciones para impedir la entrada de funcionarios al inmueble.

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Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)

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l presidente López Obrador presentó el programa de reclutamiento de jóvenes para integrar a la Guardia Nacional en la que se busca la incorporación de 50 mil jóvenes.

El mandatario explicó que en administraciones pasadas se dio poco impulso al reclutamiento por lo que existe un déficit de elementos policiales para combatir al crimen.

El tabasqueño detalló que habrá un plazo de cuatro años para llegar a la meta de 50 mil elementos que procurarán la seguridad de todos los ciudadanos y haya una mejor coordinación en las 150 coordinaciones territoriales.

“Se trata de una contribución. Los que van a pertenecer a la Guardia Nacional van a tener la misión de cuidar a los ciudadanos, de cuidarnos a todos, darnos seguridad. Es un trabajo muy digno, honroso”, afirmó López Obrador.

“Respetarán los derechos humanos, no (van a) actuar con prepotencia, serán muy fraternos, tendrán autoridad y al mismo tiempo no actuarán con prepotencia sino con respeto a los derechos de las personas”, agregó.

En su participación, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval aseveró que la actuación del nuevo grupo se apegará a los derechos humanos.

Pese a que el Congreso no ha aprobado su conformación, la división ya tiene presencia en diversos estados del país, y se participa activamente en la capacitación de elementos de la Policía militar, naval y Policía

Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

En un comunicado, el organismo encabezado por Alejandra Palacios Prieto informó que dicha ley “adolece de definiciones que generan incertidumbre sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos de la Comisión, en su calidad de órgano constitucional autónomo con especialización técnica determinada en el artículo 28 constitucional”.

Para la Cofece, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos genera incertidumbre, que requiere subsanarse en dos sentidos: primero, al ser el salario del titular del Ejecutivo Federal el límite referencial de la fijación de las remuneraciones de los servidores públicos, resulta fundamental tener certidumbre respecto de la información de los parámetros y partidas que deberán tomarse en cuenta para definir el nivel adecuado del ingreso presidencial, a fin de que no sea una decisión

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López Obrador lanza convocatoria para la Guardia Nacional; buscan a 50 mil jóvenes El mandatario explicó que en administraciones pasadas se dio poco impulso al reclutamiento por lo que existe un déficit de elementos policiales para combatir al crimen

Federal.

Hasta este día, la Guardia Nacional cuenta con 31 mil 145 elementos desplegados en el país y realizan actividades de resguardo de instalaciones estratégicas y de proximidad.

“Ya se dispone de adiestramiento especializado y capacitación en derechos humanos para realizar fuerzas de proximidad utilizando sus virtudes castrenses”, dijo Crescencio

Sandoval.

El secretario de la Defensa detalló que este año se pretende integrar a 21 mil 170 ciudadanos, donde la Sedena tendrá a su cargo a 14 mil jóvenes y la Secretaría de Marina a 6 mil.

José Sandoval, secretario de Marina, dijo que los agentes de la Guardia Nacional tendrán una formación axiológica, técnico profesional y capacitación operaciones a fin de

que sean capaces de preservar la seguridad, prevengan delitos del fuero común, federal y militar y presten auxilio a la población en caso de desastres naturales.

La formación será en plateles militares y navales, incluirán alojamiento, vestuario y equipo, además de la participación de la Universidad de Ciencias de la Seguridad de Apodaca Nuevo León, apoyo de la Fiscalía General de la República y programas ya diseñados en el sistema de formación de la Policía Federal, detalló el almirante, Sandoval Ojeda.

Los elementos contarán con seguro médico, vacaciones, estabilidad laboral, buen salario, alojamiento, alimentación, entre otras prestaciones.

Personal militar y naval que no forma parte de los agrupamiento de policía de ambas dependencias, que solicite integrarse podrá hacer su solicitud.

La Cofece presenta controversia constitucional contra Ley de Remuneraciones política o sujeta a la discrecionalidad.

“Esa condición permitirá a la Cofece dar certeza a sus procesos de reclutamiento y permanencia de personal, lo cual resulta trascendental, ya que su autonomía técnica está sustentada en su capacidad de atraer, retener y especializar a su capital humano”, explicó el organismo.

En segundo lugar, mencionó que tiene un régimen especial en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al estar constituida como órgano autónomo de especialización técnica.

Por ello, abundó, la ley referida debe contar con los elementos que permitan regular de manera explícita los sueldos de una institución que cuenta con esta reconocida especialidad, en términos de lo señalado en el propio artículo 127 constitucional en su fracción tercera, que prevé que servidores públicos responsables de conducir trabajos técnicos calificados o especializados puedan recibir un excedente salarial no mayor al 50% de la remuneración del presidente.

“Es importante tener claridad sobre esta porción del artículo 127 constitucional porque, en contraste con lo ahí señalado, en el PEF 2019 se asienta que la remuneración de los servidores públicos de la Comisión en ningún caso ‘podrá ser superior a la fijada para el cargo de presidente de la República en este mismo año 2019’”, acotó.

El organismo antimonopolios dejó claro que respalda la voluntad del gobierno federal de aplicar una política de austeridad que haga mejor uso de los recursos al alcance de las instituciones.

“La controversia constitucional no tiene la intención de ir en contra de las estrategias adoptadas por este gobierno para lograr un México más justo e incluyente, sino que busca que exista certidumbre respecto a la autonomía constitucional otorgada a la Cofece en el artículo 28 Constitucional para estar en condiciones de cumplir con su mandato de combatir la falta de competencia en los mercados” puntualizó.

En cifras, la Cofece aclaró que el presupuesto aprobado para el presente año tiene un ahorro de 34 millones de pesos

en comparación con el presupuesto del año anterior.

Sin embargo, señaló que, para poner esta cifra en contexto, el gasto de la Cofece representó en 2017 apenas el 0.012% del Presupuesto de Egresos de la Federación y el 0.5% de los recursos ejercidos por todos los organismos autónomos. Esto la ubica con el presupuesto más restringido entre ellos.

Además, aclaró que nunca ha tenido bonos de seguridad ni gratificaciones especiales por separación de cargo o algún monto mensual autorizado para gastos de representación. Así las cosas, el rubro de asesorías y estudios se redujo en 41.9%, comunicación social en 36.4%, y el gasto asociado a renta, mantenimiento y limpieza de oficinas en 14.6%.

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RECAUDACIÓN URGENTE John M. Ackerman

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no de los legados más nefastos de la larga noche neoliberal ha sido la destrucción de la capacidad recaudadora del Estado mexicano. Los mal llamados “tecnócratas” no solamente inflaron las burocracias estatales, hicieron disparar la deuda pública y hundieron la industria petrolera, sino que también se negaron a aplicar las leyes fiscales a sus amigos y socios del sector privado.

La escasez del presupuesto federal no es una creación de Andrés Manuel López Obrador, sino un problema estructural heredado de décadas de complicidad entre el gobierno y los grandes empresarios. Quienes hoy se preocupan legítimamente por reducciones en partidas específicas del gasto público no deberían perder de vista la película completa. Urge trabajar juntos, sociedad civil, instituciones públicas, empresarios y partidos políticos para diseñar e implementar una reforma fiscal de fondo que fortalezca el desarrollo social y la economía nacional.

Hoy México se encuentra en el último lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la materia. Cada año solamente logramos recaudar 17% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por abajo del promedio de 34% para los 35 países de la organización. Francia cada año recauda 46% de su PIB, Suecia 44, Grecia 39, la República Checa 34, España 33 y Turquía 25, de acuerdo con la misma OC-

DE. También somos reprobados en la materia entre los países de América Latina. Brasil recauda 32% de su PIB al año, Argentina 31, Uruguay 28, Bolivia 26 y Jamaica 27, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

No es necesario subir el nivel de impuestos para empezar a remontar este terrible atraso.

El primer paso es acabar con la evasión fiscal. La nueva directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, tiene una enorme tarea por adelante. El doctor Santiago Nieto, recién nombrado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, también cuenta con una gran responsabilidad. Si Ríos-Farjat y Nieto logran revertir el clima de desidia y complicidad que ha mermado la operación de sus áreas correspondientes durante los últimos sexenios, el próximo presupuesto federal, de 2020, podría ser mucho más abundante y con mayores márgenes de flexibilidad que el de 2019.

México hoy se encuentra en tercer lugar en el mundo en “flujos financieros ilegales”, concepto que incluye tanto el lavado de dinero como los paraísos fiscales. De acuerdo con los estudios de Global Financial Integrity, solamente Rusia y China tienen menor control sobre sus sistemas financieros. En México, unos 50 mil millones de dólares desaparecen misteriosamente al año.

En cada gran escándalo sobre el tema de los paraísos fiscales y la corrupción internacional (Pa-

peles de Panamá, Swiss Leaks, Paradise Papers, Odebrecht, etcétera) siempre aparecen múltiples nombres y apellidos de magnates o políticos mexicanos.

Las numerosas casas y departamentos de lujo propiedad de exgobernadores y sus familias en Estados Unidos y países europeos ya son conocidos por todos.

Las condonaciones de enormes créditos fiscales hacia las grandes empresas de parte del SAT son ya una práctica común.

Cada año se les perdona su deuda a miles de ellas, sin que estas acciones sean transparentes o claramente justificables por la ley. Los estudios de la organización de la sociedad civil Fundar han desglosado con gran detalle esta problemática.

Pero aparte de acabar con la evasión fiscal y el lavado de dinero, habría también que considerar una modificación en la misma estructura fiscal. Por ejemplo, la tasa máxima de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 35% es muy reducida en comparación con otros países. En Dinamarca los más ricos pagan 55% sobre sus ganancias adicionales y en Alemania la tasa más alta alcanza 45%. Y aun después de los drásticos recortes implementados por los gobiernos neoliberales de Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas, su tasa máxima todavía se mantiene en 37%, dos puntos más que la de México.

México no cuenta con ningún impuesto sobre las herencias, a diferencia de casi todos los países más desarrollados del mundo. Y nuestros impuestos sobre ganancias en bolsa, rendimientos financieros y la minería son

raquíticos y mal aplicados.

La gran paradoja es que los mismos economistas y empresarios que insisten en que México debería copiar los modelos económicos de los países “desarrollados” son quienes suelen sacar las garras cuando se busca también implementar el modelo fiscal de Europa. A estos importadores selectivos se les olvida que ningún país en la historia ha logrado salirse de la pobreza y fortalecer su economía nacional solamente con base en la operación del “libre mercado”. Un Estado fuerte que invierte en infraestructura, educación, salud y tecnología, y que también regula de manera clara y equilibrada a los actores del sector privado para evitar abusos y monopolios, es una condición sine qua non para el desarrollo.

Las nuevas corrientes de pensamiento económico demuestran que no existe un conflicto suma cero entre los sectores privado y público, sino todo lo contrario. La efectividad de cada sector depende precisamente de la fortaleza de su contraparte.

Ese es precisamente el mensaje que busca enviar el nuevo presidente de la República con su plan presupuestal para 2019.

Sin embargo, este mensaje será mucho más claro si en adición a reducir los gastos superfluos y onerosos, así como redistribuir el gasto público hacia proyectos sociales, también logra aumentar de manera significativa la recaudación. Es importante rebanar con precisión y generosidad, pero es aún mejor si se logra también aumentar el tamaño general del pastel.

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EZLN, BALANCE A 25 AÑOS Jenaro Villamil

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pesar de ser un lugar común en los anales de la historia contemporánea, es un hecho indudable que la irrupción pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 1 de enero de 1994, colocó a Chiapas y a los indígenas mayas en el centro del imaginario internacional. El factor sorpresa catapultó al EZLN como uno de los grandes movimientos rebeldes posteriores a la Guerra Fría, a la Revolución Cubana y a la izquierda partidista.

Un discurso coherente en favor de la autonomía de las comunidades indígenas, en contra del modelo neoliberal que ese año llegó a su cenit en México con el ingreso de nuestro país al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en favor de un nuevo discurso ajeno a los dogmatismos tradicionales, colocó al EZLN en un lugar central. La primera Declaración de la Selva Lacandona sigue siendo tan vigente y vigorosa, como lo fue en 1994.

Herman Bellinghausen, reportero y poeta que ha conocido como pocos las entrañas del EZLN, resumió así en su análisis “Las Victorias del EZLN” el impacto de este movimiento-guerrilla-modelo de gestión: “Si para México significó un contundente rechazo campesino a la traición agraria del gobierno salinista formalizada en 1982 –para el mundo encarnó la primera movilización contra la dictadura de los mercados, creó un discurso fresco para la izquierda sin brújula y fecundó las inminentes resistencias globales contra el monopolio del poder económico mundializado. Fue el primer movimiento social en tener a su disposición las armas en la red y sus redes, y

aprovecharlas ampliamente” (publicado en La Jornada, 31-diciembre-2018).

Todo esto y mucho más describen la grandeza del EZLN y la extraordinaria capacidad de su líder-vocero-estratega, el subcomandante Marcos.

A un cuarto de siglo de distancia, justo sus virtudes se convirtieron en sus limitaciones a nivel político. Su primera gran apuesta por trascender las fronteras de Chiapas y colocar en el centro político nacional las demandas de los Acuerdos de San Andrés, durante la Marcha del Color de la Tierra del 2001, en el inicio de la alternancia foxista, derivó en una gran decepción, frustración y repliegue del EZLN. Su apertura se convirtió en cerrazón defensiva.

Su discurso fresco se transformó en un profundo recelo hacia toda la clase política, incluyendo a sus “aliados naturales” que hubiera sido la izquierda del PRD. En 2006, el EZLN y el subcomandante Marcos protagonizaron un primer punto de inflexión con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Se expresaron en contra del proceso electoral de ese año, se alejaron de la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador a través de aquel comunicado “La (imposible) ¿geometría? Del poder en México”. Se replegaron hacia los municipios que controlan en Chiapas y se auto balcanizaron como una estrategia defensiva y de innegable pureza discursiva.

Crearon las Juntas de Buen Gobierno como una alternativa al modelo de la “alternancia” a la mexicana entre el PRI y el PAN y se prepararon para lo peor con la “guerra contra el narcotráfico”, iniciada por Calderón.

Denunciaron el fraude elec-

toral en 2006 y en 2012, pero se desmarcaron radicalmente de López Obrador. En mayo de 2011, 25 mil zapatistas marcharon en San Cristóbal de las Casas en apoyo al movimiento por la Paz y la Justicia, encabezado por el poeta Javier Sicilia.

Volvieron a salir a marchar en silencio, en diciembre de 2012, cuando llegó al poder Enrique Peña Nieto y durante un sexenio mantuvieron estrategias de bajo perfil y de resistencia, tan bajo que ni siquiera se confrontaron con el gobierno estatal de Manuel Velasco, del Partido Verde.

En vísperas del proceso electoral de 2018, el EZLN impulsó el movimiento de una Nueva Constitución y la candidatura independiente a la presidencia de Marichuy. Ambas estrategias significaron un tímido punto de inflexión.

Representaron una modificación a su posición tradicional en contra de los procesos electorales federales y una intención de incidir en el diseño institucional nacional.

La victoria de López Obrador en 2018 y la dinámica irrefrenable de la cuarta transformación vuelve a colocar al EZLN y a la izquierda de Morena en el gobierno en posiciones confrontadas.

Ante la ausencia de una oposición partidista fuerte, articulada y con credibilidad, el EZLN busca llenar ese espacio vacío, pero con diferencias sustanciales.

La magia y el encanto del EZLN se han perdido para la mayoría de quienes simpatizaron con este movimiento. Una generación completa de jóvenes indígenas que nacieron en el zapatismo presionan al interior del EZLN por un relevo en la dirección y una discusión más abierta. El subcomandante Marcos decretó su transformación para convertirse

en subcomandante Galeano, pero sin un cambio del lenguaje y de estrategias a la altura del derrumbe institucional del viejo orden que ellos mismos combatieron con innegable congruencia.

Su mensaje de este 1 de enero, desde el Caracol La Realidad, en la Selva Lacandona, fue una clara advertencia en contra del proyecto del Tren Maya y del proyecto del Itsmo de Tehuantepec. “Aunque consulten a miles y millones, no nos vamos a rendir. Aunque le pidan permiso a su chingada madre, no nos van a doblegar”, expresó el Comité Clandestino Revolucionario.

El comandante insurgente Moisés advirtió que defenderán lo que han construido y calificó a López Obrador como un “mañoso”. La comandante Everilda aseguró que en los pueblos zapatistas no caben las manipulaciones, engaños ni mentiras o consultas disfrazadas.

El otro punto de crítica fue la Guardia Nacional, polémico proyecto para prolongar la presencia militar en labores de seguridad pública. “Por más que intenten humillarnos con las fuerzas represivas como es la Guardia Nacional, no descansaremos en defender nuestra madre tierra porque en ella nacimos, en ella vivimos y en ella moriremos. No nos rendiremos, no nos venderemos y ni claudicaremos”, sentenció el pronunciamiento.

La gran capacidad que tuvo el EZLN para encabezar iniciativas nuevas, propositivas se desvaneció en el aniversario 25 de su irrupción pública. Su causa sigue vigente y sus demandas son claras.

Lo que ya no parece funcionarles es un discurso cada vez más sectario, desconfiado y sin interlocución con el resto de la sociedad mexicana.

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LOS HUACHICOLEROS DE ARRIBA Y LA CAÍDA DE ROMERO DESCHAMPS Ricardo Raphael

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os días de Carlos Romero Deschamps al frente del sindicato de Pemex están contados. Será muy difícil para este líder obrero eludir las acusaciones que pesan a propósito del robo de hidrocarburos, en contra la organización que él dirige.

Durante los últimos años han sido sustraídos más de dos mil millones de litros anuales de gasolina y, según el nuevo director de Pemex, Octavio Romero, los autores del hurto no son personal ajeno a la paraestatal.

Se trata del robo de la década: más de 200 mil millones de pesos en sólo diez años. Habría funcionarios de confianza involucrados en la maniobra, pero también personal adscrito al sindicato de trabajadores petroleros.

Según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la estafa habría estado ocurriendo detrás de una pantalla diseñada para distraer la atención. La ordeña de hidrocarburos, supuestamente orquestada por bandas del crimen organizado, no representaría, en realidad, más del 20 por ciento del total de las pérdidas.

La otra parte del robo –ocho de cada diez litros atracados– se habría perpetrado por personal adscrito a Pemex.

La mayor parte del desfalco sucedió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; aunque este negocio ilícito comenzó con Felipe Calderón, más de dos tercios del combustible fueron extraviados entre 2013 y 2018.

Romero Deschamps gozó del doble fuero obtenido por su condición de dirigente sindical, pero también gracias a que durante ese mismo periodo fue senador de la República. Si no orquestó directamente el impresionante desvío de hidrocarburos, es difícil suponer que desconocía el origen y el destino de los desvíos.

El macro-operativo para desfalcar a Pemex afectó los cuatro principales

ductos de la paraestatal: Madero-Cadereyta, Cadereyta-Reynosa, SalamancaGuadalajara y Minatitlán-México. Sin embargo, uno de cada tres litros fue sustraído en la última línea mencionada.

La línea Minatitlán-México que se extiende a lo largo de mil 600 kilómetros cruza los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. En breve, cabe esperar que los líderes de las secciones del sindicato petrolero que controlan las operaciones a lo largo de este extensísimo ducto terminen visitando a un juez.

El miércoles 19 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el plan conjunto del gobierno en contra del robo de hidrocarburos. Dijo que participarían en este ejercicio 15 dependencias federales y que, entre ellas, tendrían un papel destacado las secretarías de la Defensa y de Marina.

Si el diagnóstico detrás de este plan no tiene a las mafias de huachicoleros, ligadas al crimen organizado, como los principales perpetradores, entonces ¿tras de quién van las Fuerzas Armadas? Resulta obvio que tras los funcionarios y trabajadores de Pemex que han sido señalados como los verdaderos responsables del atraco.

En los días próximos veremos reventar la red de operadores que cometieron materialmente el robo, pero también a los autores intelectuales que todo este tiempo han gozado de fuero e impunidad. Acaso el primero de ellos pudiera ser Romero Deschamps.

El presidente anunció que otorgaría amnistía para los delitos de corrupción cometidos durante el mandato de sus antecesores, pero que, a partir del primero de diciembre, sería implacable con quien se atreviera a meterse de manera ilegal con los recursos públicos.

Por lo bajo también advirtió que daría su primer golpe contra la corrupción antes de 30 días. Todo pareciera indicar que ese golpe tiene como materia el

robo de hidrocarburos, y de ahí el plan conjunto presentado con bombo y platillo en días pasados.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto crecieron en 400 por ciento las denuncias ante la Procuraduría General de la República por el hurto de combustibles. Sin embargo, esa dependencia sólo atendió uno de cada diez expedientes presentados ante el Ministerio Público. De toda evidencia el tema no fue relevante para el gobierno anterior.

En revancha, López Obrador aprovecharía este tema para ganar credibilidad respecto a su compromiso a la hora de enfrentar a quienes, durante años, han hecho negocios millonarios a costa del erario.

El dilema obvio sería que los acusados por participar en este desvío millonario quisieran defenderse argumentando persecución política. Carlos Romero Deschamps fue recién senador de la República por el PRI y sus principales líderes seccionales también son militantes de ese partido.

Si la PGR los acusa de ser parte de la red de corrupción que opera dentro de Pemex, los líderes del Revolucionario Institucional querrán salir en su auxilio. Esta trama se anuncia desde ya al rojo vivo y la caída de Romero Deschamps pareciera por tanto inminente.

No deja de ser paradójico que Carlos Salinas de Gortari haya legitimado su ascenso al poder cuando detuvo a Joaquín Hernández Galicia, y que 30 años después otro presidente, Andrés Manuel López Obrador, vaya a beneficiarse con el derrocamiento del sucesor de La Quina, Carlos Romero Deschamps.

En cualquier caso, para detener el inmenso robo de hidrocarburos que padece Pemex es indispensable remover a los líderes del sindicato y a los funcionarios de la paraestatal que por acción o por omisión están embarrados hasta la nariz.

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CÓDIGO NUCÚ César Trujillo

¡Ni una más!

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na niña de nueve años fue asesinada en el Estado de México. Su cuerpecito fue encontrado en la vivienda del vigilante de la colonia Valle de Chalco. Se trata de otra de tantas niñas a las que les quitaron sus sueños de vivir, otra de las miles de víctimas más que, justificadamente, desató la ira de los colonos que se armaron con piedras, palos y machetes, y buscaron al asesino en cada rincón de la zona sin poder hallarlo.

El delito de la pequeña fue salir a jugar sola en la calle Poder Popular en la antesala del Año Nuevo. El de sus padres confiar en que nada pasaría, como lo hacían antes los nuestros años atrás, cuando la calle no era lo que es ahora: un nido de violencia, perversión, inseguridad, incertidumbre y un peligro inminente (sobre todo para las mujeres, sin que suene peyorativo).

En su inocencia, la pequeña quemaba cohetitos afuera de su hogar (como seguramente lo hizo su hija o la mía a la que no dejo ni ir por las tortillas a media cuadra de la casa). Nadie se percató que un desalmado acechaba y que se la llevaría para abusar de ella y así asesinarla. Hoy, la pequeña Camila prende nuevamente los focos rojos y nos recuerda las cifras espeluznantes de nuestro país donde se sabe que siete mujeres son asesinadas cada día sin que la justicia llegue o las leyes se apliquen como tal.

Los datos no mienten y están a la vista de todos. La misma Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) señala que México cuenta con una tasa de 4,5 feminicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de América Latina, cuyos datos solamente están por debajo de dos de los países más peligrosos del mundo: El Salvador y Honduras.

Y es aquí donde debemos señalar

que la responsabilidad de los gobiernos municipales, estatales y del propio gobierno federal es enorme y debe empezar a tomarse como tal, sobre todo ahora. Quizá, pienso, la Guardia Nacional que se pretende crear y a la que ha convocado el presidente, dando cabida a 50 mil elementos, podría empezar a tener un giro hacia esta problemática que se ha ido recrudeciendo con el paso de los años. Sí, cuando la era de terror se impuso en allá Ciudad Juárez.

Recordemos que se dijo, años atrás, incluso, que las épocas más sangrientas habían quedado como una pesadilla y que ésta poco a poco iba a ser olvidada. Sin embargo, todo parece indicar que no es así. La lista crece y las cifras se engrosan cada día. A las mujeres en nuestro país las siguen matando y parece que a los gobiernos eso no les importa, o al menos esa impresión han dado.

Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (Inegi), de los 46,5 millones de mujeres mayores de 15 años que hay en México, más de 30 millones ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida. Lo cual es terrible. ¿Hasta cuándo seguirá esta ola de feminicidios, esta hecatombe hacia las mujeres en nuestro país?, ¿hasta cuándo las autoridades tomarán cartas en el asunto? Un reportaje publicado por el periódico El País señalaba, apenas el año pasado, que asesinar a una mujer en México salía prácticamente gratis. ¿La causa de tan aberrante afirmación? Sólo el 10% de los casos ha recibido una sentencia condenatoria, según el último informe de ONU Mujeres.

Y todo parece indicar que no se equivocan. No hay día en que uno despierte sin una noticia trágica: niñas y jovencitas desaparecidas, otras

halladas con señales de tortura y de violencia, otras más molidas a golpes, amenazadas, exhibidas, mientras que los hombres que comenten los delitos rara vez encuentran la sentencia que merecen y muchos, Chiapas tiene ejemplos claros, hasta han salido libres gracias a las relaciones de poder de sus familiares o amigos.

El 2019 comienza pues con Camila y sus nueve añitos, con su inocencia robada, con la exigencia de justicia sonando fuerte.

Manjar

El caso del enfrentamiento de este fin de semana en el municipio de #Chilón, #Chiapas, ente policías y delincuentes, mismo que se saldó con un hampón muerto y un oficial herido, debería prender los focos de alerta para la Fiscalía General del Estado.

Sobre todo porque desde el sexenio pasado se ha indicado que en esa zona los brotes de violencia y la proliferación de grupos delincuenciales incrementaron bajo el cobijo de los Guirao. Recordemos que al exdiputado y exalcalde de ese municipio, Leonardo Guirao, se le achaca la creación de grupos de choque de corte paramilitar para poder mantener a la zona bajo su control, cuando su hermana Flor Guirao, ahora diputada, era síndico del Ayuntamiento. Ojalá y se refuerce la seguridad en la zona y que la paz que otrora se respiraba en esa zona retorne. #OjoMuchoOjo // “Nadie se baña en el río dos veces porque todo cambia en el río y en el que se baña”.

Heráclito. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro El garabato de Vicente Leñero y el disco The Fall de Gorillaz. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer. * Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

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¿MILITARIZACIÓN O COMBATE A LA DELINCUENCIA? Guillermo J. R. Garduño Valero

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na de las promesas centrales de la campaña e AMLO fueron la discutible amnistía a la delincuencia organizada con el fin según su versión de que enmendaran el rumbo y se les diera una nueva oportunidad para salir de la delincuencia organizada y la segunda estuvo presidida de condenas al Ejército y la exigencia de que a partir de su toma de posesión las fuerzas armadas de tierra, mar y aire volverían a sus cuarteles: La pregunta ahora que ha tomado posesión seria: ¿qué lo hizo cambiar radicalmente en su decisión en relación a estos asuntos?

Ya como presidente asume ahora bajo nuevas premisas: con respecto al perdón este se esta produciendo activamente en dos ámbitos: el de aquellos que cometieron fraudes, secuestros y estafas en el ejercicio del servicio público, y ahí tenemos los casos de los funcionarios de Chihuahua, y Veracruz; El exgoberandor de Sonora,. Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia; la hoy Senadora por Guerrero acusada de secuestro y por supuesto los miembros de la CNTE acusados y juzgados por delitos del orden comun, entre otros muchos casos donde el punto central es el desistimiento por parte de la Fiscalía.

Se pudiera decir que este borrón y cuenta nueva no es muy diferente a los que han ocurrido sin mayor publicidad cada seis años, pero nos deja en una situación al dejar impunes estos hechos, donde la única novedad que habría que añadir es la de no perder por el pasado el futuro, por lo que promete que estos actos despues del primero de diciembre supuestamente ya no serán tolerados.

El punto central ahora se con-

centra en el planteamiento de a quien se le va a encargar el plano de la seguridad pública, la cual representa el punto más sensible en la relación entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de su seguridad. En principio el enfoque de protección debe desecharse, pues corresponde a una idea que en el pasado estuvo vigente, concretamente desde la era de Arturo Durazo al presente que derivó en los actos de mayor corrupción al quedar en manos del aparato policiaco la administración de la delincuencia que terminó administrada por la hermandad de comandantes policiacos dirigidos por civiles. En la otra dirección ha estado la postura de colocar a militares a la cabeza del aparato policiaco, bajo la idea de manejar con la mayor dureza la lucha contra la delincuencia.

En ambos casos el fracaso es evidente. La violencia ha ido escalando a niveles de tener cifras de criminalidad que sin duda impactan por el numero cada vez mayor de asesinatos; desapariciones; casos denunciados de tortura, que han traído como consecuencia el beneficio al presunto agresor dandole impunidad ante sus victimas. Es evidente que la respuesta contra el crimen organizado en sus diferentes formas delictivas es un asunto pendiente que reclama de propuestas y acciones que no son el perdón condicionado a una imaginaria readaptación.

Que tampoco podemos ignorar la complejidad del problema y sus dimensiones que van más alla de México. Menos aun ignorar que el crimen organizado surgió desde la entraña misma del poder y que no pudo desarrollarse y crecer sin su apoyo.

Bajo la idea anterior abordar la seguridad pública en serio supone

primero de disponer de una base de inteligencia policiaca que parta del principio de prevención del delito, que le permita ubicar las áreas e mayor riesgo a la seguridad ciudadana; la formulación de políticas públicas bajo fiscalización de organizaciones ciudadanas; la existencia de protocolos de actuación tanto en la prevención como en el ámbito de combate al delito; todo ello administrado bajo la coordinación de una policía científica que derive sus acciones resultados evaluables en todo su proceso de actuación y bajo fiscalización ciudadana.

Al mismo tiempo vivimos en una era donde el combate a delitos como el narcotráfico, el trafico de personas, el robo de automóviles, la trata de blancas entre otros, forma parte de una delincuencia internacional que opera a nivel mundial y que su combate frontal no podrá hacerse en el plano del Estado Nacional, sino en el plano ampliado de al coordinación de esfuerzos mundiales de inteligencia; revisión aduanal; evaluación de la actuación de los funcionarios encargados de su combate; depuración de los órganos de justicia y ampliación de las facultades de la Judicatura para corregir yerros e imponer justicia. En síntesis, estaríamos frente a un aparato policíaco y de la administración de la justicia bajo vigilancia ciudadana. Contando con un aparato legislativo que responda al interés de la nación y no de sus siglas partidistas y se disponga de un ejecutivo que reconozca que la voluntad política descansa en una base informada, en la corrección de errores dentro del proceso y en el reconocimiento ciudadano a partir de sus resultados.

Todo lo anterior supone que el aparato policiaco cumple con

funciones radicalmente distintas de las fuerzas armadas cuyas misiones están expresadas en sus tres tareas principales: DN1 defensa de la nación y soberanía frente a la injerencia externa; DN2 defensa ante el riesgo de actores que pretenden a nivel interno alcanzar el poder por vías no legitimas o alterar el orden público y DN3 auxilio a la población en casos de desastre. Mientras que el aparato policiaco ha de tener en su tareas esencial la prevención del delito; la presentación en flagrancia ante la autoridad del delincuente; la investigación del delito para determinar responsabilidades; la asignación de la tareas de la readaptación particularmente a los primo delincuentes, para evitar que se conviertan en prisión en delincuentes mayores.

Por tanto soy un convencido de que el papel de las fuerzas armadas no esta en el combate a la delincuencia, que la resolución real de un problema de esta naturaleza no es ajena a un triangulo donde el Estado destierre a la clase política que la sustenta y complicita; de un enfoque donde temas tales como el narcotráfico se aborden bajo un enfoque de salud pública y no de aniquilamiento militar; de una política abierta y con participación social de prevención.

Por tanto es necesario formar policías no querer convertir policías en soldados o soldados en policías.

Es indispensable hoy como nunca renunciar a que la violencia escale pues bajo esa premisa hemos estado durante los últimos 40 años, con y bajo los mismos mandos, que se turnan según el sexenio, derivando por tanto a los mismos resultados, con un costo cada vez más creciente y una desconfianza ciudadana que ya no puede soportar más esta tragedia.

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HOJAS LIBRES Impacto/Diario Contrapoder Roberto Domínguez Cortés

• Priístas asesinados durante el salinismo • Panistas muertos en accidentes automovilísticos y aéreos

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l pasado 24 de diciembre, la gobernadora del estado de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle, senador de la República, fallecieron, en un accidente de helicóptero, en las inmediaciones de la comunidad de Coronango, en el estado de Puebla.

La muerte de ambos personajes se suma, así, a las de otras cinco figuras prominentes del panismo nacional en activo, en accidentes terrestres y aéreos, sin que la explicación de sus decesos convenciera a sus correligionarios y a la ciudadanía. Las versiones oficiales en México siempre serán carentes de credibilidad, en tanto el veredicto popular les ha dado el estatus de crímenes de Estado.

Manuel Clouthier había sido candidato presidencial en 1988, elección que, al igual que Cuauhtémoc Cárdenas, “perdió” ante el candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari. Clouthier había creado un Gabinete Alternativo para vigilar todos los actos de gobierno salinistas, en el que lo acompañaron, entre otros, Diego Fernández de Cevallos, Vicente Fox y esa leyenda del panismo Carlos Castillo Peraza.

“Maquío” murió, embestido por un tráiler, el 1 de octubre de 1989 en la carretera México-Nogales. Pasaba, así, a formar parte del anecdotario de los múltiples asesinatos ocurridos durante el turbulento sexenio de Salinas de Gortari. Los dos más connotados serían los del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

De Colosio nadie ha creído que Mario Aburto sea el asesino material. Por el contrario, México entero condenó al presidente Salinas, e incluso, en su último informe de gobierno ante el Congreso de la Unión, las mantas alusivas fueron lapidarias: “El asesino está en Los Pinos”. Y de Ruiz Massieu, Raúl Salinas de Gortari pasó 10 años en la cárcel como autor intelectual, y al diputado Manuel Muñoz Rocha, señalado asesino material, jamás se le volvió a ver y dieron por muerto.

Sin embargo, Humberto Hernández Hadadd, ex senador por el estado de Tabasco entre 1982 y 1988, cuando se desempeñaba como cónsul de México en San Antonio, Texas, dijo a la revista “Proceso” que había visto a Muñoz Rocha en esa ciudad. Cuenta que el entonces secretario de Relaciones

Exteriores, José Ángel Gurría, le ordenó retractarse, a lo cual se negó y hubo de renunciar.

En una comida, en la Ciudad de México, con Armando Prida Huerta, presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) y dueño de Síntesis de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, pregunté a Hernández Haddad sobre el particular y me confirmó la verdad sobre la existencia de Muñoz Rocha.

José Ángel Conchello fue otro de los panistas prominentes muerto en circunstancias bajo sospecha de atentado. Senador de la República, perdió la vida el 4 de agosto de 1998 en la carretera México-Querétaro.

Al igual que “Maquío” se repitió la costumbre de perecer prensado por un tráiler como medio favorito de justificar un accidente.

Ramón Martín Huerta, subsecretario de Gobernación y secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox, murió, en un accidente de helicóptero, el 21 de septiembre de 2005, cuando se dirigía a una visita al penal de alta seguridad de Almoloya. La versión oficial fue que la niebla y malas maniobras del piloto provocaron el accidente. Lo malo fue que clasificar el percance como información reservada durante 12 años desató la especulación de un atentado que ocultó el gobierno federal.

El ensangrentado sexenio de Felipe Calderón terminó con la vida de dos secretarios de Gobernación: Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora. Del primero, las versiones fueron contradictorias y poco creíbles. Se dijo que hubo errores cometidos por el controlador de vuelos y los pilotos del avión, a lo que se sumó la versión de que la potencia de las turbinas de un Boeing 747, delante del avión accidentado, había desestabilizado

el vuelo y provocado el accidente.

Francisco Blake Mora corrió la misma suerte que su antecesor, Mouriño. En una explicación fuera de contexto se dijo que el mal tiempo y las turbulencias precipitaron su helicóptero en el municipio de Chalco, en el Estado de México, cuando se dirigía a inaugurar la Asamblea de la Asociación de Impartidores de Justicia.

El mensaje en ambos acontecimientos fue funesto. Mouriño regresaba de San Luis Potosí después de firmar un acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y asegurar que la lucha contra el crimen organizado sería larga.

Seguramente el crimen organizado escogió el momento para demostrar que ningún acuerdo era suficiente para exterminarlos.

Ahora, con el accidente de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, los ánimos se han encendido en Puebla. El jefe de la oficina de Gobierno, Luis Banck Serrato, se encaminó a insinuar que se trató de un crimen de Estado. En su disertación se refirió a que el triunfo de Martha Erika Alonso era inobjetable con la resolución del Tribunal Electoral Federal. La referencia tenía destinatario: El Presidente Andrés Manuel López Obrador, como respuesta a que este lo había calificado como una decisión equivocada en una elección antidemocrática.

Más adelante, Banck Serrato aseguró que cuando Martha Erika Alonso se entrevistó con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le manifestó que la campaña y la elección ya habían pasado, y ahora era tiempo de ponerse a trabajar. Lo malo fue que el Presidente López Obrador se mostró poco receptivo. La gobernadora se quejó ante los medios: “AMLO no

me ha llamado, pero le pido trabajar en equipo y madurez”.

Y, como respuesta, AMLO, públicamente, fustigó a la gobernadora al asegurar que no iría a su toma de protesta y que durante su mandato no visitaría Puebla. La primera señal de hostilidad llegó cuando no mandó representante a la toma de protesta y prohibió al superdelegado Rodrigo Abdala asistir a la ceremonia.

Por eso la respuesta ciudadana en la ceremonia luctuosa cuando en la primera guardia, presidida por Olga Sánchez Cordero, el grito fue unánime: “Asesinos, asesinos y justicia, justicia”. En respuesta, López Obrador calificó el hecho como obra de conservadores mezquinos y fascistas.

Ni de uno ni de otro lado hay razón para tan desafortunado comportamiento. Por el contrario, es un exceso de ambas partes. Ni está probado que el helicopterazo fue un atentado y el fascismo como ideología y adoctrinamiento caducó después de la Segunda Guerra Mundial.

Viene ahora la parte más difícil de la tensa relación López Obrador y la clase política poblana ligada a los Moreno Valle: La designación del gobernador interino y la elección constitucional de gobernador lejos de intromisiones presidenciales centralistas.

El Congreso del estado se encuentra dominado por la bancada de Morena, con 22 de los 41 diputados. El petista José Juan Espinosa, presidente de la Mesa Directiva, asegura que se busca la unidad en el interinato, en tanto el panismo reclama derecho de sucesión con un gobernador correligionario por la filiación política de Martha Erika Alonso.

Lo cierto es que después de las descalificaciones de Yeidckol Polevnsky, y de la diputación morenista en pleno, en contra de la hoy gobernadora fallecida, un gobernador lopezobradorista se vería como una imposición. Es más, ni siquiera el ex candidato Luis Miguel Barbosa debería de participar en el próximo proceso electoral. Se vería como un capricho y a símil de la bala que mató a Colosio, acabó con las aspiraciones presidenciales de Manuel Camacho, el helicóptero que mató al matrimonio Moreno-Alonso, incineró la candidatura de Barbosa.

Cuando menos en este 2019. Ampliaremos…

CMAN

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Jueves 3 de Enero de 2019 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1536

ANUNCIO

ELECCIÓN

Arturo Zaldívar es el nuevo presidente de la Suprema Corte

Estamos poniendo orden en las finanzas del Ayuntamiento: Carlos Morales Vázquez

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COMUNICADO

La Cofece presenta controversia constitucional contra Ley de Remuneraciones PAG. 3

DECLARACIÓN

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PROTESTA

Exigen extrabajadores del SAT garantía a derechos laborales; intentan bloquear SCJN

PAG. 8

Alfaro asegura que hay “razones políticas” detrás de la reducción del presupuesto para Jalisco “Creo que algunas partes del presupuesto sí tienen un sesgo político evidente, no creo que se necesite un análisis de gran profundidad para ver los rasgos básicos (…) Sin embargo, más allá de los propósitos detrás del presupuesto, lo que a mí me preocuparía es que Jalisco, como un estado gobernado por una fuerza política distinta a la que gobierna la República, pudiera estar recibiendo este trato por razones políticas”.

PAG. 7

PAG. 5

Tortura de federales a ciudadano en 2015 deriva en recomendación de CNDH a Durazo