CMAN
DOXA
EDITORIAL
El incremento de la protesta
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Poco afortunado resultó la visita de Rutilio Escandón a la NASA en Estados Unidos.
Era previsible que los conflictos en Chiapas se iban a agudizar y así se señaló en reiteradas ocasiones. Las olas de protesta que se vivieron el día de ayer, es solo un anuncio de lo que se puede presentar en el próximo gobierno
Se fue en una coyuntura de cierre de carreteras y de mucha movilización política. Todo ello es un escenario de un gobierno que no termina de irse y otro que aún no llega.
DIARIO
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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
EN CHIAPAS
Miércoles 10 de Octubre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1480
VISITA
INVESTIGACIÓN
Jan Jarab, representante de la ONU-DH, inicia gira de trabajo en Chiapas El diplomático llegó a territorio chiapaneco el lunes 8 y terminará este miércoles 10 su labor de investigación de campo, tras entrevistarse con activistas, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, así como autoridades locales y federales
Comisión de Búsqueda tiene fotos y huellas de 16 mil desaparecidos; el sistema “va lento”: Segob
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CONGRESO
A 10 días de trabajo, diputados ya empezaron con licencias
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Nula atención e ingobernabilidad obliga a campesinos bloquear carreteras en Chiapas
PUNTO Y COMA; Roger Laid
ÍNDICE...
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Ruperto Portela Alvarado PAG. 14
CARTELERA POLÍTICA
PROTESTA
Fiscalía de Chiapas investiga a líderes de la burocracia por paro de labores
HOY ESCRIBEN
Leonel Durante López
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MARÍA ÁLVAREZ-BUYLLA, DE CONACYT, BAJO ACOSO Ernesto Villanueva
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MONTEMAYOR, EL HOMBRE DEL FRACKING Arturo Rodríguez García
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AYOTZINAPA Y LOS ERRORES DE PEÑA NIETO Jesús Cantú PAG. 3
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CONTRAPODER EN CHIAPAS
Miércoles 10 de Octubre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
EDITORIAL El incremento de la protesta
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ra previsible que los conflictos en Chiapas se iban a agudizar y así se señaló en reiteradas ocasiones. Las olas de protesta que se vivieron el día de ayer, es solo un anuncio de lo que se puede presentar en el próximo gobierno, sobre todo porque las cosas no van a cambiar de un día para otro y menos si no se toman medidas preventivas y de solución de los conflictos. Hay demandas que son inconcebibles que no se atiendan, como es el caso de la burocracia o el de los desplazados que se encuentran afuera del palacio de gobierno. Hay otros como el de Amatán, el de Ixtapa o Pueblo Nuevo, que son generados por el control caciquil de la política que el propio gobierno ha tolerado. Hay problemas como el de la balacera en Santa Martha en Chenalhó, donde el Estado ha sido permisible en grado extremo, en donde los grupos paramilitares
actúan con la total aquiescencia del gobierno. Fue el Estado quien conformó los grupos paramilitares, como parte de una estrategia política de ocultar las maniobras militares y presentar los conflictos en las comunidades indígenas como enfrentamientos intercomunitarios. En este momento la sociedad chiapaneca vive en una condición de limbo, en donde el gobierno en funciones no toma decisiones y el gobernante electo no integra el gabinete ni el proyecto de gobierno. Frente a esta condición inerme del Estado, las personas y los conflictos actúan y se mueven en aguas subterráneas en la búsqueda de un estallido social, que está anunciado, pero en el que nadie interviene ni se toman medidas preventivas. En Chiapas existe un relajamiento de la autoridad, en el que parece que el Estado no existe. Y este va a ser el mismo escenario en la gestión de Rutilio Escandón, en
el que se prevé que la sobrecarga de demandas va a ser superior a la capacidad de respuesta que pueda llegar a tener el gobierno. Los gobiernos irresponsables terminaron haciendo un daño mayor de lo que inicialmente uno se imagina. Por ejemplo, la crisis de la burocracia fue generada por el gobierno de Juan Sabines, que cuando inicia su administración habían 35 mil trabajadores aproximadamente y cuando concluyen los seis años de esa administración ya habían más de 52 mil trabajadores. Situación similar ha sucedido en los gobiernos municipales, en la que se han agrandado la nómina a condiciones de que se hace imposible pagarla. Bajo ese escenario de mucha movilización y conflictos así como el de una crisis financiera, el futuro inmediato de Chiapas resulta poco halagüeño en el que se puede esperar la agudización de la protesta.
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Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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l representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, inició una gira de trabajo de tres días en Chiapas para documentar la situación que prevalece en la entidad y, con ello, tener acercamientos con los gobiernos electos estatal y federal. El diplomático llegó a territorio chiapaneco el lunes 8 y terminará este miércoles 10 su labor de investigación de campo, tras entrevistarse con activistas, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, así como autoridades locales y federales. La visita comprenderá los municipios San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tuxtla, Tapachula y otras regiones para indagar la situación de la migración en la frontera sur, los desplazados, los diversos grupos indígenas y sus demandas, el papel de las mujeres y su derecho de acceso a la justicia, derecho de acceso a la tierra, derechos políticos electorales, así como la libertad de prensa y de expresión. El funcionario de la ONU evitó el contacto con la prensa para dar a conocer los objetivos y detalles de su visita. No obstante, trascendió que la información recabada será tema de conversación con los equipos de los gobierno local y federal.
Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
A siete días del paro de labores de la burocracia estatal chiapaneca, este martes la Fiscalía General del Estado (FGE) inicio una carpeta de investigación en contra de los líderes del movimiento por los delitos de motín, atentado contra la paz y seguridad corporal y patrimonial del estado, así como ataques a las vías de comunicación. Al cumplirse una semana del paro de labores, se filtró una copia de la carpeta de investigación iniciada en contra de Margarita Zepeda López, Amanda Zorrilla Martínez, lideresa de los trabajadores del poder judicial del estado e Ismael Bueno, representante de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que apoyan el movimiento sindical. Sin embargo, ante la solicitud de orden de captura del juez de control y procesos, este se negó a girar la orden de aprehensión por los delitos de motín, atentados contra la paz y seguridad corporal y patrimonial del estado y ataques a las vías de comunicación. “No me asusta, estamos conscientes de que no hemos cometido ningún delito, en cambio nosotros somos los agraviados. Sin embargo, tenemos el respaldo de la base tra-
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Jan Jarab, representante de la ONU-DH, inicia gira de trabajo en Chiapas El diplomático llegó a territorio chiapaneco el lunes 8 y terminará este miércoles 10 su labor de investigación de campo, tras entrevistarse con activistas, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, así como autoridades locales y federales
Será hasta el jueves 11, cuando el representante en México de
la ONU-DH informe qué hizo, en dónde estuvo y con quienes
se reunió durante su estancia en Chiapas.
Fiscalía de Chiapas investiga a líderes de la burocracia por paro de labores bajadora” dijo Margarita Zepeda, vocera del movimiento de la base trabajadora al servicio del gobierno del estado. Los trabajadores demanda al gobernador Manuel Velasco Coello y a su Secretario de Hacienda, un aumento laboral del 6.2 por ciento, el mismo porcentaje que se dio a nivel federal, sin embargo, hasta ahora el gobierno local sólo ha ofrecido el 2.8 por ciento retroactivo de enero a la fecha. Además del pago retroactivo, los líderes demandan aguinaldo de 60 días, bono sexenal, seguro mutualista y otras prestaciones que les han sido quitadas en los últimos años. Hasta la madrugada del martes, cuando se realizó la más reciente mesa de negociaciones, el secretario de Hacienda les dijo que no se puede hacer el compromiso del aumento que demandan “porque no hay dinero suficiente”. En tanto, quedaron de volver a sentarse a la mesa de negociaciones para el jueves próximo, por lo que siguen otras 48 horas de paro laboral en todas las dependencias del gobierno estatal.
La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado informó en una misiva oficial que como ya se tenía programado, de acuerdo a su disciplina financiera, el pago de aguinaldos se realizará en tiempo y forma el 7 de diciembre de 2018. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, cuya gratificación de fin de año corresponde a 60 días para todo el personal adscrito
a las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública del Poder Ejecutivo. Asimismo, comunicó que el 7 de diciembre será depositado la totalidad del aguinaldo, adelantándose la parte proporcional que se depositaba en enero, de acuerdo al artículo 31 de las Condiciones Generales de los Trabajadores de Base al Servicio del Poder Ejecutivo, con la finalidad de cumplir con una transición responsable.
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A 10 días de trabajo, diputados ya empezaron con licencias De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
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penas transcurre la segunda semana de trabajo legislativo en el Congreso del Estado y los integrantes de la 67 legislatura aprobaron una licencia temporal para la legisladora María Obdulia Megchún López, justificando que asumirá funciones en la transición del gobierno federal electo. Posterior a la autorización, los diputados tomaron protesta a Bárbara Melissa Mañón Campos, quien forma parte ya de la 67 legislatura. En tanto, quien se separó del cargo regresará hasta marzo de 2019. Sobre el mismo tema, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Marcelo Toledo Cruz, comentó que son decisiones de carácter personal y no pueden detener eso.
Presumió de políticas de austeridad que implementarán y no tendrán gastos superfluos e irán con la línea federal; dentro de los recortes se esperan la no entrega de boletos de avión, alimentos, la cantidad de asesores, choferes y hasta seguridad. Sobre el tema laboral y de finanzas en el Congreso del Estado, dijo que la revisión sigue y no habrá un recorte
de personal, solamente se irán aquellas personas que no estén trabajando. “Si hay nóminas infladas que se depuren”, complementó. Sobre las declaraciones que hiciera en días reciente la presidenta de la Mesa Directiva, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, que podía vivir con 10 mil pesos mensuales, su homólogo consideró que fue una respuesta
apresurada porque “la vida es cara”. Sin embargo, eso no fue todo lo que pasó en la sesión ordinaria de este 9 de octubre, el diputado local, Juan Salvador Camacho Velasco, hizo un extramiento a la Mesa Directiva, porque no consideraron el tema que expuso en la actividad anterior de violencia política en contra de la Síndica Municipal de San Juan Cancuc, Marta López Santiz. Consieró que se trata de un tema urgente y se debe tomar en cuenta para solucionarlo; sin embargo, Bonilla Hidalgo respondió que solamente atenderían los puntos establecidos en el orden del día para dicha sesión. No obstante, acordaron no agendar la solicitud del diputado de Morena, porque se llevan a cabo reuniones con la Síndica y el presidente municipal, para privilegiar el diálogo y se encuentre una solución a dicha problemática.
Participarán 255 cámaras empresariales en el Buen Fin De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (El Estado)
Cerrarán la ruta del café durante trabajos de rehabilitación Marvin Bautista
Tapachula, Chis. (interMEDIOS)
Debido a los trabajos de rehabilitación que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) realiza en la zona alta de Tapachula durante los días 13 y 14 de octubre se cerrará el paso en denominada “Ruta del Café” para todo tipo de vehículos. El Presidente de la Sociedad Alternativa Rural, Jorge Velázquez Marcelin, dio a conocer que la empresa a cargo de los trabajos iniciará con la rehabilitación de los muros de contención, los cuales debido al abandono están a punto de colapsarse, lo que representa un peligro para los que transitan por esta vía. Dijo que el cierre de la carretera será en el tramo del Ejido Toluca y Finca San Luis, donde debido a los escurrimientos que se tienen en las alcantarillas ha provocado que socavones en los muros de contención, el cual está a punto de colapsarse, por ello se iniciará con la rehabilitación de los mismos. Señaló que una vez que se gestionaron los recursos para la rehabilitación de la carretera es importante realizar los trabajos de manera integral, ya
que debido al pésimo estado en que se encuentra ha originado accidentes carreteros, los cuales no solo han terminado con pérdidas económicas sino también de vidas humanas. Por su parte, el superintendente de la empresa, Martín Ruiz Redondo, afirmó que se cerrará el paso de los vehículos porque se abrirá una zanja para la colocación de tubería de concreto que abarca toda la alcantarilla, ya que el socavón ha generado que la carpeta asfáltica se encuentre a punto de colapsarse. Detalló que los trabajos iniciarán desde el próximo viernes por la tarde, pero será a partir del sábado cuando se cierre la circulación, por lo que pidió la comprensión de la población por los trabajos que se realizarán, sin embargo se espera hacerlo lo más rápido posible para no afectar aún más la actividad en la zona. Finalmente mencionó que se decidió realizar los trabajos en el fin de semana porque es cuando menos tránsito de vehículos hay en la zona; así mismo puntualizó que se rehabilitará un camino para que las personas puedan cruzar de un lado a otro para transbordar las unidades de pasaje. (iM rrc)
El presidente en Tuxtla Gutiérrez de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla, Oscar Gabriel Corzo Tovilla, informó que será del 16 al 19 de noviembre cuando se lleve a cabo la octava edición del Buen Fin, donde participarán 255 organismos empresariales de todo el territorio nacional. Para el caso de la capital chiapaneca, se espera que participen, al menos, 300 negocios locales “ofertando una amplia variedad de productos y servicios en excelentes condiciones de venta para las familias que depositan su confianza en el comercio establecido”. Corzo Tovilla, comentó que a nivel nacional se espera que los negocios obtengan ingresos de hasta 97 mil millones de pesos, que representa un aumento del 5 por ciento en comparación con las actividades que se realizaron en el 2017. En la realización del primer evento, celebrado en el 2011, obtuvieron ingresos por 40 mil millones de pesos, es decir, se ha tenido en esos años un aumento del 132 por ciento en los ingresos económicos. “El Buen Fin ayudará a la reactivación de la economía del estado durante los cuatro días que dure el programa” y que este año “se busca reforzar el trabajo conjunto de los sectores público y privado”. El líder empresarial también adelantó que se aplicarán descuentos que van del 5% y hasta el 15%, dependiendo
de cada comercio. Continuó: “esto se hace con la finalidad de fortalecer las ventas de los comerciantes establecidos en nuestro municipio. Hemos tratado de potenciar siempre nuestro sector comercial y de turismo, porque en Tuxtla tenemos muy buenos productos y prestadores de servicios”. El presidente de la Canaco en Tuxtla Gutiérrez, invitó a toda la ciudadanía en general a que aprovechen el fin más barato del año, para que todos los sectores aprovechen los descuentos que tendrán los proveedores en artículos o productos, reembolsos de pagos que se realicen con tarjetas de crédito o débito. Canaco Tuxtla, dice tener confianza en el hecho de que esta edición representará para el gremio empresarial, un incremento de hasta el 25 por ciento en las ventas. A nivel nacional, se espera que en la 8ª edición del Buen Fin en todo México se registren ventas cercanas a los 97 mil millones de pesos. Para el caso de Tuxtla Gutiérrez, se hará un exhorto a las autoridades de seguridad, para que sus elementos realicen patrullajes y se le dé certeza a la población que acuda a realizar sus compras a los negocios.
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Liberan a campesino acusado de robar ganado a Julión Álvarez Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)
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l campesino detenido arbitrariamente, que denunció tortura y fue sentenciado a seis años de cárcel en Chiapas, por presuntamente haber robado ganado en el rancho de Julión Álvarez, fue liberado el pasado fin de semana, luego de que un juez lo absolviera del cargo de abigeato agravado. El juez de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Villaflores, Guillermo González Rodríguez, el mismo que le dictó sentencia de seis años de prisión en octubre del 2017, firmó la boleta de libertad a Sergio Alberto González Castro el pasado fin de semana, por lo que abandonó de inmediato el penal en el que se encontraba preso, confirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). El Frayba encabezó una campaña nacional e internacional para exigir la libertad del presunto culpable a quien se le violaron sus garantías constitucionales desde el momento de su captura, pues fue detenido arbitrariamente, víctima de tortura y se le sentenció a seis años violando todo el debido proceso, dijo el organismo. Añadió que dos informes basados en la aplicación del Protocolo de Estambul, concluyeron que Sergio Alberto González Castro “presentó consecuencias físicas y psicológicas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”. La primera, fue una valoración realizada por peritos independientes, el 30 de octubre de 2016, y el Hospital General Bicentenario, de Villaflores, hizo otra el 2 de febrero de 2018. Lo anterior confirmó que la sentencia de Sergio Alberto estuvo basada en “pruebas ilícitas y faltas al debido proceso”. El Juez Penal del Distrito Judicial de Villaflores, Guillermo González Rodríguez, sentenció a Sergio Alberto a seis años de prisión y multa por 68.8 salarios mínimos el 11 de octubre de 2017, por el delito de abigeato agravado. El Juez omitió una denuncia de tortura perpetrada por integrantes de la Policía Municipal de La Concordia, durante la
Beristáin Javier Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
La nula atención y falta de gobernabilidad, obligó una vez más a que cientos de campesinos aglutinados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, (UNTA), a que se manifestaran a través de bloqueos carreteros en diversos puntos de la geografía chiapaneca para que sus demandas sean atendidas. Carlos Humberto Luna López, manifestó el hartazgo que prevalece a falta de atención y la carencia de los proyectos productivos así como los apoyos por parte de la Fonapo para la reconstrucción de las viviendas que fueron afec-
detención y traslado de González Castro, así como durante la firma de su declaración autoinculpatoria ante el Ministerio Público. Sergio Alberto Estuvo recluido todo este año en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 08, (Cerrs No. 08) de Villaflores. Según el testimonio de Sergio Alberto, fue privado arbitrariamente de su libertad el 5 de noviembre de 2015, a las 18:00 horas aproximadamente, en la colonia Benito Juárez, municipio de La Concordia, por Policías Municipales vestidos de civil quienes derribaron la puerta de la casa de su suegra, sin presentar orden de aprehensión. Amenazaron y golpearon a su esposa y a él en presencia de su hija e hijo menores de edad. Según los uniformados, Sergio Alberto había robado ganado en el rancho del cantante Julión Álvarez, pero más tarde se comprobó que el ganado supuestamente robado estaba extraviado y apareció días después. En la denuncia penal no figuraba el cantante como denunciante, sino otra persona de nombre Rafael Castillo Santiago, al parecer su abogado o representante legal. Posteriormente, subieron a Sergio Alberto a una camioneta blanca, le cubrieron la cabeza con una playera y lo golpearon en la espalda, las costillas y la nuca. A las 19:00 horas aproximadamente, llegaron a un canal de riego en donde le sumergieron la cabeza repetidas veces. A las 21:30 aproximadamente, lo trasladaron al municipio de La Concordia donde ante el Ministerio Público, lo obligaron a firmar papeles en blanco y lo amenazaban con darle “una calentadita” y le decían que conocían su casa y a su familia. El 6 de noviembre, a las 6:00 horas
aproximadamente, llevaron a Sergio Alberto a la cárcel municipal en La Concordia, donde siguió incomunicado de su familia. A las 23:30 horas, lo trasladaron al Cerrs No. 08, de Villaflores. En el camino lo amenazaron con matar a su esposa y llevarse a su hijo. El 9 de noviembre de 2015, el médico penitenciario le hizo una valoración sólo basada en preguntas, ignorando los signos físicos de tortura: “Una semana con dolor intenso, sentía que iba a reventar”, denunció. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC solicitó que el Juez Penal del Distrito Judicial de Villaflores considerara la tortura, así como las faltas al debido proceso para dictaminar la libertad de Sergio Alberto González Castro. Además, el Frayba pidió que se investigara la tortura y se sancionara a los perpetradores de esa violación a los derechos humanos, entre ellos los policías José Manuel Velasco Solís, Alberto López de León, Alberto Carmona León y el Fiscal del Ministerio Público de La Concordia, Javier Camacho Nafate. El juez desoyó su petición. Familiares denuncian “influencias” de Julión A mediados de septiembre, 35 familiares de Sergio Alberto González Castro, realizaron un pronunciamiento para pedir un juicio justo para su pariente y su inmediata liberación. A través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas “Frayba”, la familia de Sergio aseguró que los delitos que le imputaban estaban basados en “mentiras” del Ministerio Público, Javier Camacho Nafaté. Y agregaron que “los policías aprehensores inventaron
(delitos) para cumplir el capricho del gobierno del estado y del artista Julión Álvarez”. Los familiares relataron que cuando Sergio fue detenido, trabajadores del artista pidieron ocho mil pesos para su liberación y así no ir a la cárcel. Al no poder pagarlo, Sergio fue detenido junto con otras 18 personas acusadas de robo de ganado. “El ganado que supuestamente se perdió lo encontraron en su rancho (…) La influencia de Julión Álvarez con el gobernador Manuel Velasco hizo que detuvieran a varias personas”, detalla la carta. Además, Karina, esposa de Sergio, narró que el día de la detención, supuestos policías hicieron uso excesivo de la fuerza, ya que a ella la apuntaron con un arma de fuego. “Los policías eran delincuentes con uniforme”, acusó. Ese mismo día, los supuestos elementos también se llevaron una camioneta roja propiedad de la familia. “Vimos a Sergio todo golpeado, con muchos moretones, hasta la fecha tiene problemas serios de salud, todo esto lo causó la policía. Los golpes hacia Sergio eran para que se culpara y señalara a otras personas del robo” señaló Karina. Este martes, inició la audiencia de derecho de Sergio Alberto con el Juez Penal de Villaflores y pasarán 15 días más para que un juez dicte sentencia condenatoria o de libertad. Al finalizar la carta, los familiares exigieron la libertad inmediata de Sergio Alberto, además de una investigación a los policías que lo agredieron, así como la reparación de los daños causados. Tras un año de exigencia de libertad, el pasado fin de semana, el mismo juez le dictó la sentencia el 11 de octubre del 2017, es el mismo que le firmó ahora su carta de libertad. Este miércoles, el Frayba dará a conocer más detalles de la situación legal del liberado. Por dar a conocer esta noticia del presunto tráfico de influencias el cantante de banda ante la justicia local chiapaneca, el pasado jueves 20 de septiembre, el cantante Julión Álvarez, amenazó al portal de noticias Chiapas Paralelo, con demandarlo por estar “injuriando”.
Nula atención e ingobernabilidad obliga a campesinos bloquear carreteras en Chiapas tadas por el sismo, en el municipio de Jiquipilas y Cintalapa, agregando que demandan también la cancelación de órdenes de aprehensión de los líderes de la UNTA de la comunidad el Aguaje del municipio de San Cristóbal de Las Casas. Las altas tarifas por el consumo de energía eléctrica explica es un asalto por parte de la estatal, añadiendo que desde hace varios años se viene solicitando a la paraestatal se aplique una tarifa que
no lesione el bolsillo de los chiapanecos, debido que a muchos hogares se les cobra tarifas exorbitante, así como el alto costo de la gasolina, el gas y la canasta básica, mismos productos que son indispensables en todos los hogares. Así mismo piden se aplique la gobernabilidad en los municipios donde la CIOAC, tiene presencia y se encuentra causando desmanes como unos vándalos, principalmente en el municipio de Reforma, al mismo tiempo que exigen la
aplicación de la ley en contra de Daniel Morales Álvarez, Arturo García Sasso y Floriberto Gómez Sánchez. Precisa que se vieron obligados a realizar los bloqueos carreteros en: Las Jotas en el municipio de Jiquipilas; Rancho Nuevo - Ocosingo; Reforma Juárez; Aguacatenango - Teopisca y la toma de la caseta de cobro en Chiapa de Corzo, como resultado de un gobierno sordo e insensible a las demandas sociales.
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Gobierno de Colima viola derechos humanos de jubilados al no aumentar percepciones económicas: CDHEC Pedro Zamora Briseño Colima, Col. (apro)
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l gobierno estatal viola los derechos humanos de sus trabajadores jubilados y pensionados no sindicalizados, a quienes desde hace ocho años no les ha incrementado sus percepciones económicas, determinó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), a través de la recomendación 06/2018 dada a conocer este martes. Con base en lo anterior, el organismo humanitario recomendó al secretario de Administración y Gestión Pública del estado, Kristian Meiners Tovar, que personal técnico de su dependencia reciba al Consejo Directivo de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Gobierno del Estado A.C. y “realice el análisis y estudio a las situaciones de los quejosos, para que se determinen los incrementos de acuerdo a la pérdida de su capacidad en el valor adquisitivo de su pensión en los porcentajes que técnicamente procedan y se les restituyan sus derechos jurídicos”. También planteó al funcionario que se diseñe e imparta un programa integral de capacitación y formación dirigido a su personal, en el que se incluyan temas relativos en materia de derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional, nacional y estatal, con relación al principio de igualdad y legalidad. En septiembre del año pasado, los
También planteó al funcionario que se diseñe e imparta un programa integral de capacitación y formación dirigido a su personal, en el que se incluyan temas relativos en materia de derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional, nacional y estatal, con relación al principio de igualdad y legalidad
integrantes de la asociación, a través de su representante legal María de los Ángeles Sánchez Aguirre, se quejaron ante la CDHEC de que desde el momento en que salieron publicados sus decretos como jubilados y pensionados por vejez, no han recibido un solo incremento a sus percepciones, lo que consideraron como un acto discriminatorio, ya que otras personas jubiladas y pensionadas, sindicalizadas, sí reciben aumentos en sus salarios. En vista de lo anterior, buscaron tener un acercamiento con el secreta-
rio de Administración y Gestión Pública y con el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García, para plantearles su inconformidad, sin obtener resultados positivos. Tras sus indagatorias y análisis, la CDHEC consideró que, conforme al principio de justicia e igualdad, el hecho de que a los quejosos no se les haya incrementado el monto de sus pensiones, es violatorio de sus derechos humanos, afectando su derecho a la seguridad social previsto por los artículos 9 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su recomendación, el organismo determinó que el personal de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Estado no ha realizado las acciones necesarias para garantizar que los quejosos reciban los incrementos anuales conforme a los porcentajes que procedan, siendo esta autoridad quien tiene la facultad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las relaciones de trabajo entre el gobierno y sus servidores públicos. En consecuencia, “ha quedado acreditada la violación a los derechos humanos de los quejosos referidos en la lista de las personas afiliadas a la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de Colima, A.C., conforme a los principios de igualdad y legalidad, afectándolos en su seguridad social”. Asimismo, la CDHEC refirió que, en atención a la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, informará y dará vista de lo conducente para inscribir a los agraviados en el Registro Estatal de Víctimas.
Alcalde morenista de Iguala da cargos a familiares de exfuncionarios involucrados en desaparición de normalistas Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo, Gro. (apro)
El alcalde de Iguala, el morenista Antonio Jaimes Herrera designó a Ulises Flores Velázquez, hermano de Felipe Flores -el exsecretario de Seguridad Pública municipal que se encuentra preso por el caso de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa- como coordinador general de los Programas Sociales del ayuntamiento. Mientras que el exregidor perredista durante el gobierno del defenestrado José Luis Abarca Velázquez, también preso por el mismo caso, Andrés Guzmán Salgado fue nombrado Secretario General de la administración morenista. Esta mañana, el exalcalde perredista y ahora presidente munici-
pal igualteco por Morena, Antonio Jaimes presentó durante un acto público al hermano del exjefe policiaco preso como nuevo funcionario municipal. El titular de los programas sociales de la administración de Antonio Jaimes, tendrá a su cargo la estructura de apoyo a los sectores más vulnerables del municipio de Iguala donde el grupo delictivo Guerreros Unidos sigue ejerciendo su control en esta ciudad de la Zona Norte de la entidad. En el evento donde se entregaron apoyos a adultos mayores, también estuvo la ex regidora y actual Secretaria de Desarrollo Social municipal, Concepción Luna, quien es señalada como líder de invasores de predios y asentamientos irregulares.
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De la redacción Ciudad de México (apro)
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on la finalidad de reforzar la transparencia en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, ordenó una investigación para identificar relaciones o vínculos de índole familiar entre servidores públicos, e informar sus resultados al pleno. Lo anterior, para que el organismo cuente con información certera, confiable y verificable, y tome las decisiones conducentes para fortalecer la carrera judicial y la impartición de justicia federal, puntualizó en un comunicado. “El espíritu de este ejercicio es identificar las áreas de oportunidad encaminadas a fortalecer los procesos de selección, promoción y designación de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, lo que redundará en una mayor transparencia, certidumbre y confianza en la institución, de cara a la sociedad”, apuntó. En julio del año pasado, una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que hijos, parejas, hermanos y padres de al menos 500 jueces y magistrados ocupaban plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros. Según el estudio, 112 jueces y magistrados habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus padres. De acuerdo con el diagnóstico,
De la redacción Ciudad de México (apro)
Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el descubrimiento de siete yacimientos petroleros en aguas poco profundas del Golfo del México, con reservas de 180 millones de barriles de crudo. En el área Mulach-1, a ocho kilómetros del Campo Yaxche y a 17 kilómetros de Paraíso, Tabasco, se hallaron cinco yacimientos de aceite ligero, y cuenta con un tirante de agua de 21 metros y una profundidad de tres mil 976 metros. Pemex estima que las reservas 3P (probables, probadas y posibles) podrían ser de 10 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La otra área donde se encontraron dos yacimientos más es Manik 101A, que se ubica a 85 kilómetros de la línea costera y a 102 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche. El yacimiento, contenido en rocas tradicionalmente productoras de la sonda de Campeche del
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Ministro presidente ordena investigar el nepotismo entre servidores públicos del Poder Judicial “El espíritu de este ejercicio es identificar las áreas de oportunidad encaminadas a fortalecer los procesos de selección, promoción y designación de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, lo que redundará en una mayor transparencia, certidumbre y confianza en la institución, de cara a la sociedad”, apuntó
casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes
en el Poder Judicial. Por ejemplo, de mil 031 plazas revisadas en 31
circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%.
Pemex descubre siete yacimientos en el Golfo de México con reservas de 180 millones de barriles Cretácico-Jurásico, cuenta con un tirante de agua de 90 metros y una profundidad de cuatro mil 765 metros. La empresa productiva del estado estima que las reservas 3P podrían alcanzar los 80 millones de barriles de petróleo equivalente. “Van a brindar a la siguiente administración una buena plataforma para contribuir a la riqueza de Pemex y de México, al sumar reservas por 865 millones de barriles de petróleo crudo equivalente”, destacó el director de la empresa productiva del estado, Carlos Alberto Treviño, al dar a conocer la noticia. Añadió: “Todavía tenemos mucho crudo que debemos buscarlo, encontrarlo y sacarlo para incorporarlo a la producción nacional”. En el acto estuvo presente el secretario de Energía, Pedro Joaquín
Coldwell, quien mencionó que los descubrimientos suponen “uno de los diez hallazgos en aguas someras más importantes del mundo en los últimos 15 años”. Según el funcionario federal, Pe-
mex está dejando atrás “los efectos negativos” de la caída de los precios del petróleo que provocó en 2016 una disminución de tres cuartas partes de los ingresos de la empresa estatal.
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Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)
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n ninguna de las 32 entidades federativas mexicanas se respeta el Estado de Derecho; Guerrero resultó la peor entidad federativa en esta materia, seguida por Baja California Sur, el Estado de México, Sonora, Puebla, Quintana Roo, Morelos, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit. Estos datos provienen del Índice de Estado de Derecho en México 2018, que presentó hoy la organización World Justice Project (WJP), y que evaluó el desempeño de los gobiernos estatales respecto a una serie de ocho factores principales y 42 subfactores entre otros los pesos y contrapesos institucionales al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el respecto a los derechos fundamentales, la seguridad o los sistemas de justicia. “Tenemos un Estado de Derecho tan frágil, tan prácticamente inexistente que no podemos hablar de democracia”, deploró la activista Marieclaire Acosta Urquidi, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), durante la presentación del documento. Si bien está reprobado en todos los ámbitos del Estado de Derecho, el país obtuvo sus calificaciones más bajas en los rubros de “derecho a la vida y la seguridad”, “investigación penal eficaz”, “ausencia de corrupción en el legislativo”, “los organismos de poder son un contrapeso eficaz” o “participación ciudadana”.
La CDMX, la más corrupta En el informe presentado hoy –que fue elaborado con base en 25 mil 600 entrevistas a mil 500 especialistas– la Ciudad de México resultó la entidad con la peor medición en materia de corrupción, apenas por encima de Guerrero o Estado de México. En la capital, el reporte destacó abusos por parte de los funcionarios del poder judicial, los policías y los diputados, así como altos niveles delictivos.
Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)
Por primera vez desde la elección del 1 de julio, un sindicato burocrático se instaló en plantón en la llamada “casa de transición” para reclamar por el cambio de sede de la Secretaría de Cultura a Tlaxcala. Eje de su reestructura administrativa, López Obrador ha sido insistente en el cambio de sede de diferentes dependencias, y aunque se han registrado expresiones de inconformidad, ninguno de los sindicatos se había movilizado hasta hoy. Alrededor de las 4 de la tarde, el secretario ejecutivo del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, Juan Manuel Hernández Melchor, arribó con un contingente e inició la manifestación.
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Ninguna entidad federativa respeta el estado de derecho; Guerrero, la peor: WJP “Tenemos un Estado de Derecho tan frágil, tan prácticamente inexistente que no podemos hablar de democracia”, deploró la activista Marieclaire Acosta Urquidi, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), durante la presentación del documento tienes fiebre, pero no sabe de qué estás enfermo”, aseveró Layda Negrete, investigadora en el WJP. “Busquemos las mejores fiscalías y copiémosla, aquí en México o afuera”, abundó.
Purga institucional
Guerrero se colocó en el último lugar de cinco de los ocho factores evaluados, sobre todo en materia de inseguridad, corrupción, justicia y limitaciones al poder del gobierno estatal; y ninguna entidad obtuvo una calificación mayor a 0.5, lo que significa que todos los gobiernos fracasaron en la implementación del Estado de Derecho. El año pasado, el WJP colocó a México en el lugar 92 de 113 países evaluados en materia de Estado de Derecho, y registró un derrumbe de cuatro lugares respecto al año anterior debido a los niveles de violencia y de corrupción, y al inoperante sistema de procuración de justicia en el país. “La única manera de contener esta espiral de violencia es volver a construir un proceso civilizatorio, desde el Estado. Crear un nuevo discurso,
porque el modelo de (Felipe) Calderón fracasó: dijo que cuando vean la fuerza del Estado, los grupos criminales se replegarían. No pasó”, opinó la investigadora Ana Laura Magadaloni Keppel, directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Insistió en la debilidad de las fiscalías y su mala coordinación con las policías locales, pero también denunció la ausencia de programas de reinserción para quienes salen de la cárcel. “Quiénes hablamos de estos temas no somos víctimas de ello, de las extorsiones de la policía o del Ministerio Público. Me pregunto ¿Cómo articular las voces de las principales víctimas de la violencia, del sistema? porque desde Polanco o Las Lomas no se va a entender”, abundó. “El índice es como un termómetro,
Acosta aseveró que, para salir de la violencia, las instituciones deben purgarse de “las redes de corrupción tan grande que impiden que se desarrollen las capacidades investigación”, mientras que las autoridades deben abandonar su “narrativa siniestra” que aminora la importancia de las víctimas o las vincula con la delincuencia. La activista recordó que “la violencia se redujo” en los países donde se implementaron comisiones de la verdad “robustas” –como la que se pretende crear para esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa– y que estas comisiones lograron identificar a los autores intelectuales de los grandes crímenes. Acosta estimó que el fortalecimiento de las instituciones es un eslabón que “no está en la cabeza” del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. “El dinero irá al combate a la pobreza y a la desigualdad, es una decisión acertada pero no se puede descuidar el fortalecimiento institucional (…) a lo mejor con esto no ganarás la siguiente elección, pero habrás logrado tu cuarta transformación”, abundó.
López Obrador enfrenta la primera protesta burocrática por cambio de sede de la Secretaría de Cultura De manera simultánea se realizó otra protesta en el edificio de la dependencia gubernamental. El reclamo principal es por el retraso en pagos y las irregularidades en la definición de plazas laborales, pues hasta ahora no han obtenido respuesta de María Cristina García, la titular del ramo. La concentración en la “casa de transición” fue porque hasta ahora nadie del equipo del presidente electo ha hablado con los trabajadores sobre el cambio de ciudad sede, luego de que la semana pasada el tabasqueño expuso que la Secretaría de Cultura sería la primera dependencia en descentralizarse, como parte de su plan de reforma a la estructura administrativa.
Aproximadamente a las 5 de la tarde López Obrador abandonó la oficina de transición sin hacer comentarios, mientras los sindicalistas expresaban su inconformidad en un megáfono. Y aunque siguieron su vehículo, no obtuvieron respuesta alguna. López Obrador se limitó a decir a los reporteros que está atendiendo a
todos los sectores. De hecho, Hernández Melchor sostuvo que ya habían tenido comunicación con la titular de la dependencia, Alejandro Fraustro, quien les anticipó que puede recibirlos. El bloqueo de la calle de Chihuahua, dijo Hernández Melchor, se mantendrá hasta que les resuelvan sus demandas.
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Comisión de Búsqueda tiene fotos y huellas de 16 mil desaparecidos; el sistema “va lento”: Segob Rodrigo Vera Ciudad de México (apro)
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l secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, ya se cuenta con fotografías y huellas dactilares de alrededor de 16 mil personas desaparecidas, aunque reconoció que todavía va “lento” el sistema de búsqueda pues el problema “ha crecido y se ha multiplicado”. Navarrete Prida explicó que con el apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE) y de Servicios Periciales se pudieron cruzar registros de huellas dactilares digitales, las cuales dieron alrededor de cuatro mil 500 coincidencias. De éstas, ya hay 340 casos de “confirmación preliminar de nombres y apellidos”, por lo que -agregó- es la primera vez que hay cifras de identificación a nivel federal. Durante la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, el secretario indicó que hay registro de 37 mil 485 personas desaparecidas en el país. “El problema es mayor, se percibe y sabe, pero se necesitaba tener un registro para saber cuántas personas están o estaban desaparecidas. 37 mil 485 nos arrojó el sistema, seguramente es más grande. A la fecha, la Comisión Nacional tiene más de 26 mil registros con identidad digital
Jesusa Cervantes Ciudad de México (apro)
El presidente de la República podrá constituir comisiones consultivas especiales a través de decretos y, con ello, buscar la verdad en acontecimientos como la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Lo anterior se desprende de la propuesta de Morena para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Lo que se pretende es facultar al Ejecutivo federal y darle el andamiaje que permita crear la comisión de la verdad con relación a los hechos de Ayotzinapa, puntualizó la diputada morenista Rocío Barrera destacó durante la presentación de la iniciativa. En conferencia de prensa, Mario Delgado, coordinador de Morena, detalló que el objetivo “es llegar a la verdad y que se haga justicia, y para eso se va a crear, para eso queremos modificar la Ley… que puedan participar organismos internacionales, representantes de
Durante la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, el secretario indicó que hay registro de 37 mil 485 personas desaparecidas en el país
para su búsqueda y localización. De dicho registro, 16 mil cuentan con huella y fotos. Este dato biométrico representa un material muy importante para la identificación de personas fallecidas”. El funcionario agregó que es necesario vincular a las plataformas de información para obtener datos útiles y resultados. “Se necesita de un sistema en movimiento, con metodologías, con plataformas vinculadas y unificadas. Se tiene que seguir adelante con el consejo ciudadano. Tienen razón en sentir que el sistema va lento, son
muchos años en los que el problema ha crecido y se ha multiplicado en México”, dijo. Igualmente, Navarrete Prida adelantó que ya se trabaja en un Sistema de Búsqueda en Vida, para saber si las personas denunciadas viven, por lo que se buscará en los registros de los albergues y centros de tratamiento de adicciones, así como en hospitales. Y todos estos datos –prometió— se unificarán en un registro nacional. Con ellos, dijo, se dará “respuesta a millones de familias”. Señaló que “el enojo y la crítica es condición en esta
materia, así tenemos que asumirlo, así tenemos que trabajar y dar resultados de política pública”. Por su lado, Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que “la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad que se presentan en diversas regiones del país son algunos de los factores que han propiciado e incidido en que la desaparición de personas sea un flagelo”. Indicó que aún se requiere “voluntad política” para “materializar” la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y hacer efectivo el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta voluntad debe verse reflejada en la “profesionalización de los actores encargados de su aplicación”, así como en la obtención de “recursos suficientes”. Eslava Pérez señaló que 25 entidades federativas todavía no han establecido su respectiva Comisión Local de Búsqueda y 11 no han constituido su Comisión Local de Atención a Víctimas. Y recalcó: “El problema de las desapariciones en México es algo que no se ha podido detener y cuyo número de víctimas continúa en aumento”.
Morena presenta iniciativa para que el Ejecutivo pueda crear comisiones de la verdad la sociedad civil, los distintos órdenes de las distintas secretarías del gobierno federal y también los distintos poderes”. Desde la tribuna en San Lázaro, Pablo Gómez propuso la llamada Ley General de Propaganda Oficial, y cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La finalidad, abundó, es limitar la propaganda personalizada, y recordó cómo gobernadores de diversos partidos son proclives a pagar gacetillas que exaltan su labor, pero lo hacen de manera encubierta, aparentando que son notas informativas, pero en realidad son notas pagadas. “Estamos presentando un sistema de propaganda oficial, que también distribuya tiempo de radio y televisión, el tiempo del Estado, a las entidades federativas, por primera vez”, subrayó. En tanto, el Partido Acción Na-
cional (PAN), a través de la diputada Sonia Rocha Acosta, presentó una propuesta para elevar a rango constitucional la obligatoriedad del Estado de brindar educación gratuita hasta el nivel superior. “Nuestro país necesita una educación superior que haga suyos los
grandes avances de la ciencia y la tecnología, que asuma los nuevos procesos de transformación y generación de conocimiento que le permita a México mejorar el desarrollo y la competitividad”, expresó. Hoy, los diversos partidos políticos presentaron 38 iniciativas.
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De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
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a resolución emitida este lunes por el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) sobre los vínculos de dos personajes políticos y tres partidos políticos en el asesinato de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín es ridícula y una burla, afirmó la periodista Soledad Jarquín Edgar. Este 8 de octubre los magistrados Miguel Ángel Carballido Díaz, Víctor Manuel Jiménez Viloria y Wilfrido López Vásquez, aprobaron por unanimidad dar vista al gobernador Alejandro Murat Hinojosa para que determine sanciones al ex secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Javier Montero López y multar con 20 mil pesos al entonces candidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-PNA), Hageo Montero López. Esta fue la resolución de un procedimiento especial sancionador (PES/32/2018) que se realizó contra el entonces secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Javier Montero López, quien al parecer obligó a María del Sol, entonces jefa de Comunicación Social Indígena Intercultural, a cubrir la campaña de Hageo Montero López, tarea que realizaba cuando fue asesinada. Los dos políticos fueron acusados de la comisión de infracciones en materia electoral, consistente en la utilización de recursos públicos en favor de la campaña de un candidato, lo que transgrede el principio de imparcialidad en los procesos electorales. María del Sol Cruz Jarquín era jefa del departamento de Comunicación Social Indígena Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas del
De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)
El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, alertó que el Gobierno Federal no liberó los 75 millones de pesos destinados para la implementación de medidas de protección que protegerían a personas en riesgo, al menos hasta diciembre de 2018. El pasado 19 de septiembre, en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Adrián Avante Juárez y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, informaron que de los 126 millones de pesos solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, únicamente depositarían 75 millones. En un comunicado, el Consejo Consultivo dijo que advirtió a los subsecretarios que la protección para personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas no es un tema de sexenios, sino un compromiso de Estado y externó que el monto representa 60 por ciento de la cantidad solicitada y deja
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“Ridícula y una burla” resolución de Tribunal oaxaqueño sobre caso de fotógrafa asesinada
gobierno del estado. Desde finales del mes de abril el titular de esa dependencia, Francisco Javier Montero López, la envió a la ciudad de Juchitán de Zaragoza para apoyar la campaña política de su hermano, Hageo Montero López, quien competía por la primera concejalía de ese Ayuntamiento. En un comunicado la madre de la fotógrafa, Soledad Jarquín Edgar, dijo que preguntó a los magistrados si ellos estarían de acuerdo con una resolución que exime a los partidos políticos PRI, PVEM y PNA y una multa de poca monta, sí una de las víctimas del asesinato ocurrido el 2 de junio hubiera sido una de sus hijas. De acuerdo con su madre, María del Sol Cruz Jarquín nada tenía que hacer en Juchitán de Zaragoza, lugar en el que se encontraba el 2 de junio pasado y donde fue acribillada, junto con la candidata a segunda concejala de la coalición Todos por México, Pa-
mela Terán Pineda, y su chofer, Adelfo Guerra Jiménez. La resolución, expuso la periodista, es una muestra más de la falta de voluntad política, del gobierno del estado que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, que no ha dado ninguna respuesta ante sus reclamos de justicia. Soledad Jarquín Edgar también recordó la negativa del Tribunal de Justicia del estado de vincular a proceso a uno de los presuntos responsables materiales del crimen, desechando los argumentos de la Fiscalía General de Justicia con base en testimonios de personas que no estuvieron en el lugar de los hechos y otras anomalías. El 4 de septiembre Jehú. G.L., presunto autor material del crimen, fue puesto en libertad porque no se encontraron pruebas suficientes de su participación. El 2 de octubre la periodista aseguró que sólo sabe que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca interpu-
so un recurso de inconformidad. Para la familia de la fotógrafa, la resolución del TEEO solo “sanciona” una conducta electoral ilícita de los hermanos Montero López y no considera la responsabilidad de los partidos políticos que ya argumentaron que no sabían de la asignación hecha por el secretario de Asuntos Indígenas y que por tanto no se les puede reprochar tal acto. En la resolución se reconoce que el ex secretario de Asuntos Indígenas del gobierno del estado de Oaxaca designó a una funcionaria de esa dependencia, María del Sol, para colaborar en la campaña del candidato a primer concejal al Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza. Es por eso que se dio vista al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en su carácter de superior jerárquico del ex secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Javier Montero López, para determinar su responsabilidad. En la resolución también se impuso una multa de 20 mil 150 pesos al ex candidato Hageo Montero López, que la periodista calificó de irrisoria. “Veremos, citó la madre de la fotógrafa, cuál será el actuar de las instancias correspondientes del gobierno del estado que encabeza Alejandro Murat en la sanción que tendrá que imponerle a Francisco Javier Montero López, ex secretario de Asuntos Indígenas”.
Incumple EPN liberar recursos para Mecanismo de Protección a periodistas en la incertidumbre financiera al Mecanismo para los meses de enero, febrero y marzo de 2019. A pesar del compromiso, a la fecha, el dinero no ha sido depositado al Mecanismo y quienes integran el Consejo Consultivo fueron informados por algunas personas beneficiarias desplazadas que se suspendieron de manera inesperada sus medidas de alimentación, las cuales se reanudaron hasta 24 horas luego de llegar a un acuerdo con la empresa proveedora. A decir de las y los consejeros, este acuerdo no tiene un sustento económico que pueda mantenerse por mucho tiempo. Para el Consejo, el Gobierno de Enrique Peña Nieto, cierra su sexenio incrementando el nivel de riesgo de personas defensoras y periodistas que se encuentran bajo el resguardo del Mecanismo y ha dejado con una mínima capacidad de operación a todo el equipo de la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo. Ante el silencio del subsecretario de Derechos Humanos, el Consejo Con-
sultivo anunció que está explorando posibles acciones legales ante esta crisis que no garantiza de manera inmediata, efectiva e integral la vida, integridad física y seguridad de las personas beneficiaras del Mecanismo de Protección, como lo establece la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es por ello que recordaron al gobierno de Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida y al Secretario de Hacienda y Crédito Público José Antonio González Anaya, que son ellos quienes deberán asumir la responsabilidad de los impactos derivados de esta omisión. El Consejo, integrado por Alberto Xicoténcatl Carrasco, Araceli Domínguez Medina, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Atziri Ávila López, Elsa Leonor Ángeles Vera, Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez, Lucía Lagunes Huerta, Maurilio Santiago Reyes y Stefan Markus Zimmer, responsabilizaron al Gobierno Federal actual de cualquier agresión que pueda presentarse hacia las personas benefi-
ciarias del Mecanismo de Protección, así como de los impactos físicos, económicos y psicológicos derivados de la falta de recursos económicos. Urgieron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a que desde ya, tome las medidas necesarias para que desde el inicio de su sexenio no sólo contemple el funcionamiento efectivo y el fortalecimiento del Mecanismo sino una política estructural que reconozca y promueva el respeto a la labor periodística, a fin de inhibir y erradicar cualquier tipo de agresiones. Asimismo, instaron a las y los defensoras y periodistas beneficiarios, a que informen al Consejo Consultivo de cualquier tipo de acción que pudiera vulnerar las medidas de protección que les han sido otorgadas hasta el momento.
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AYOTZINAPA Y LOS ERRORES DE PEÑA NIETO Jesús Cantú
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cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, únicamente hay tres certezas: la cadena de errores que ha cometido el gobierno federal en relación con las investigaciones de los hechos; la indignación que desataron en México y el extranjero; y la persistencia de los padres de los estudiantes en la búsqueda de la verdad y la justicia. Los yerros empiezan en la valoración misma de los acontecimientos, pues en un primer momento el presidente Enrique Peña Nieto pretendió minimizarlos y delegó totalmente la responsabilidad de las investigaciones a las autoridades estatales. Fue hasta una semana después, cuando José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, ya había huido, que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación. Casi un mes después, el 23 de octubre de ese año, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ante la indignación nacional e internacional, se vio obligado a solicitar licencia a su cargo; y dos semanas después, el 7 de noviembre, en rueda de prensa el entonces procurador Jesús Murillo Karam pretendió cerrar el caso anunciando su llamada “verdad histórica”, según la cual los estudiantes habrían sido cremados por el cártel Guerreros Unidos, en el basurero municipal de Cocula, Guerrero. El 11 de noviembre, cuatro días después de la declaración de Murillo Karam, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señaló que no se había confirmado que los restos hallados en el basurero y otras fosas de Guerrero correspondiesen a los de los
estudiantes desaparecidos. El 18 de noviembre, el gobierno federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron conformar un grupo de expertos internacionales que acompañaran las investigaciones de las autoridades mexicanas en relación con este caso. El 27 de noviembre, apoyado centralmente en la “verdad histórica”, Peña Nieto presentó un plan para combatir la inseguridad, orientado a la creación del llamado mando único con el fin de eliminar las policías municipales, conformar una corporación de nivel estatal y crear una coordinación única nacional. Dicho plan nunca se pudo concretar a pesar de la insistencia del presidente. El 6 de diciembre el EAAF confirmó que el fragmento de hueso hallado en una fosa común pertenecía a uno de los estudiantes. El 16 de enero del 2015 se anunció a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que auditaría las investigaciones de la PGR. El 6 de septiembre de ese mismo año, el GIEI dio conocer su informe en el que rechazó la versión de la PGR y contundentemente afirmó: “…no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014… Toda la evidencia recolectada muestra que en el basurero municipal de Cocula sólo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones cuya temporalidad no puede ser debidamente definida”. Dicho informe también estableció una serie de recomendaciones (Proceso 2030) para continuar las investigaciones y desentrañar la verdad. Esto dio pie a que
se concretara un nuevo acuerdo para que el grupo continuara su trabajo durante seis meses más; en víspera de que concluyera el plazo, el 1 de abril de 2016, la PGR dio a conocer un nuevo dictamen sobre el incendio del basurero, de otro experto, en un intento de descalificar el primero realizado por el GIEI. El grupo de expertos concluyó sus labores en México y el gobierno de Peña Nieto pretendió nuevamente cerrar el caso. Pero el 4 de junio de este año, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito emitió una sentencia en la que ordenó crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, “como un procedimiento alternativo para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR”. En dicha comisión deberán participar las víctimas, sus representantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales. El 22 de junio, la PGR impugnó dicha sentencia y la semana pasada, el 21 de septiembre, el mencionado tribunal la confirmó, así que lo único que queda es cumplirla. El 26 de septiembre, justo en la conmemoración del cuarto aniversario de los trágicos acontecimientos de Iguala, el juez primero de Procesos Penales Federales en Matamoros ordenó la liberación de ocho integrantes de Guerreros Unidos acusados del asesinato y quema de los normalistas. El gobierno federal ha sido incapaz de resolver el caso y ha fracasado en sus intentos de imponer su “verdad histórica”. En octubre de 2015, Zeid Ra’ad Al Hussein, entonces Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, señaló que el caso Ayotzinapa “representa un
microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero”. Días antes, el 2 de octubre de 2015, Rose-Marie Belle Antoine, entonces presidenta de la CIDH, al dar a conocer el informe preliminar de la visita que hicieron representantes del organismo para constatar cuál era la situación de los derechos humanos en México, señalaba: “Los problemas descritos son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas. El día de hoy se cumple el 47° aniversario de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto.” Tres años después aún predominan la impunidad y las violaciones a los derechos humanos; ningún avance se ha logrado en la resolución de los dos hechos a los que hacían referencia los dos altos funcionarios de derechos humanos de los organismos internacionales. Las heridas se mantienen abiertas y en ninguno de los dos se conoce todavía la verdad y, mucho menos, se ha logrado la justicia. Aunque ambos casos son los más presentes en la memoria colectiva, son muchos más los que están exactamente en las mismas condiciones y es imperativo resolverlos para avanzar en la construcción de un México más justo, libre, pacífico y democrático.
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MARÍA ÁLVAREZ-BUYLLA, DE CONACYT, BAJO ACOSO
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na de las características de la posverdad requiere mezclar dos tantos de mentiras y uno de verdad y presentarla como información noticiosa, confiable. Eso le ha pasado a la Dra. María ÁlvarezBuylla, directora designada del Concacyt, a quien los detractores del presidente electo se le han ido a la yugular desde ayer por el “pecado” de asegurar el buen uso de los recursos del Conacyt para el 2019 y tener márgenes de maniobra para operar la institución emblemática de la ciencia y la tecnología del Estado mexicano. Primero. Políticos contrarios a Morena y sus seguidores descalificaron a Álvarez-Buylla por “querer dar órdenes desde ahora” en el Conacyt. Eso es una falsedad. Es absurdo la propia especie. Lo que hizo la directora designada fue solicitar que no se comprometieran recursos económicos correspondientes al 2019. Nunca fue una orden porque carece de atribuciones legales para ello. Fue una solicitud la cual está amparada en el derecho de petición previsto en el artículo
Ernesto Villanueva
8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derecho que, dicho sea de paso, es una prerrogativa de todo ser humano. Segundo. Se ha dicho perversamente que Álvarez-Buylla buscaba “afectar a la comunidad de Conacyt”. De nuevo otra falsedad, pues ella viene y conoce perfectamente esa comunidad y no iría en contra de los propios intereses de sus colegas. No hay verosimilitud en esa especie. Cabe reiterar que no hubo
intención alguna de la directora designada de afectar proyectos plurianuales en curso, sino aquellas convocatorias, licitaciones, asignaciones directas e invitaciones a terceros que la dejaran con una camisa de fuerza presupuestal, sin margen de maniobra para cumplir el programa de ciencia y tecnología del gobierno electo, lo que me parece muy responsable que esté al pendiente de la presupuestación de recursos destinados al Conacyt.
Tercero. El documento con la solicitud de Álvarez-Buylla fue filtrado por el propio Conacyt, lo que actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 7, fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, de entrada, es una conducta sancionable de acuerdo a la ley. Esa filtración fue hecha para exhibir a ÁlvarezBuylla como “enemiga” de la comunidad científica y tecnológica. Es casi imposible que el actual director Enrique Cabrero identifique al responsable si él estuvo detrás de esa celada que pudo haberse visto en alguna dependencia política, pero llama a sorpresa que sea en el Conacyt. Cuarto. Dice el adagio que de donde menos se espera salta la liebre. Qué necesidad tiene Enrique Cabrero y su equipo de iniciar una ofensiva contra su sucesora y romper de tajo el proceso de transición que había ido transitando en los mejores términos. Peor todavía, acompañó esa filtración con una campaña de medios contra Álvarez-Buylla, para que no quedara duda del propósito buscado. Es, pues, la razón de la sinrazón.
MONTEMAYOR, EL HOMBRE DEL FRACKING
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esde 2013, antes inclusive de que terminaran los procesos legislativos para concretar la Reforma Energética, una asociación civil inició cabildeos y articuló una red de relaciones en México y el extranjero, a fin de promover la inversión en shale gas: el Clúster de Energía Coahuila. Dicha asociación fue creada por el exgobernador de Coahuila y exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, economista excluido de la élite tecnócrata, acabada su carrera política por ser protagonista del escándalo conocido como “Pemexgate”, de triangulaciones millonarias de la entonces paraestatal al sindicato petrolero para de ahí, financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida. Miembro de una influyente familia en el norte de Coahuila, Montemayor era un estereotipo del tecnócrata. Estudió economía en el Tec de Monterrey, maestría y doctorado en la Universidad de Pensilvania, donde fue adjunto de Lawrence Klein, el Nobel de Economía, creador de las herramientas econométricas para predecir tendencias.
Arturo Rodríguez García Luego de ocupar diferentes posiciones en el gabinete económico, llegó al INEGI en sustitución de Pedro Aspe, presidiendo el organismo de 1985 a 1988, año este último en el que inició, impulsado por el salinismo, una vertiginosa carrera política: diputado federal (1988), senador (1991), gobernador de Coahuila (1993-1999) y director de Pemex (1999-2000). El caso fue ampliamente ventilado en medios, se convirtió en bandera anticorrupción del gobierno de Vicente Fox, pero sus consecuencias de derecho se perdieron en el maniobrerismo, la negociación, la simulación y la inexperiencia. Multado el PRI con mil millones de pesos, el asunto no tuvo responsabilidades penales y Montemayor, como los demás implicados, quedaron exonerados. Menos conocidos en el ámbito nacional, son los negocios de los hermanos Edilberto, Jesús María y Rogelio Montemayor Seguy en la minería de carbón: sin controles ambientales suficientes han perforado indiscriminadamente la región para enriquecerse como proveedores de la Comisión Federal de Electricidad,
inclusive a costa de la vida de los trabajadores, como ocurrió en el Pozo 3 de Binsa, en mayo de 2011, donde murieron 13 trabajadores y un niño trabajador quedó mutilado, en una mina en la que Jesús María era concesionario. Rogelio, libre de todo proceso judicial, se arrimó a Grupo México por ahí de 2008. Apareció por Cananea, intentando sabotear la huelga minera, consiguió la reapertura de una lavadora de carbón en Pasta de Conchos y, tiempo después, fundó la mencionada asociación energética fincando alianzas locales, nacionales y trasnacionales para promover el fracking. Una campaña en forma que va de escribir artículos en diarios (con guiños de simpatía hacia López Obrador) a consolidar alianzas en todos los niveles, y promover el fracking en pueblos y comunidades. Consiguió que aceptaran ser “aso-
ciados” al menos 15 instituciones de educación superior, entre estas, Texas A&M International University y el Tecnológico de Monterrey; cuatro centros de investigación con presupuesto federal como lo son IIE, Ciqa, Comimsa y Cinvestav; en lo local, 19 ayuntamientos y el gobierno del estado; pero principalmente, 57 empresas, entre las que destacan Grupo México, Peñoles e Iberdrola. Una versión hasta ahora no confirmada es que, entre sus asociados y políticos de la entidad, hay inversiones millonarias en acaparamiento de tierras con potencial de shale gas, pues hasta hace unos días el negocio parecía inminente, con tenue oposición de los siempre minoritarios ambientalistas. El pasado viernes 5, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no se permitirá el fracking, lo que ha causado nerviosismo en los ya dispuestos inversionistas. Previsible, sigue una fuerte presión sobre el gobierno que aún no inicia desde el tejido de alianzas construidas por Montemayor Seguy, en un contexto donde el presidente electo tiene ante el poder económico, varios frentes abiertos.
CONTRAPODER EN CHIAPAS
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n una demostración de su intolerancia, incapacidad, inexperiencia política y de su rechazo hacia las mujeres, el misógino de Manuel Velasco Coello, tendrá valerse de la fuerza y prefabricar delitos, torcer la ley –como siempre lo ha hecho-, y resolver uno de los conflictos sociales, que si en el mediara la justicia y la razón no tuviera incendiado el estado. Ni él ni sus inútiles operadores políticos como lo es el encargado de la política interna, Mario Carlos Culebro Velasco, secretario de gobierno, incapacitado para negociar y dialogar, hábil para firmar minutas y nunca cumplirlas, tendrá que utilizar a su mejor abogado para resolver el conflictos de los trabajadores burócratas a siente días del paro laboral ante la negativa de que el gobierno pague lo que justamente se han ganado. Son ya siete días de huelga no declarada por la burocracia estatal chiapaneca, y el güero Velasco ya se encuentra desesperado porque si deja que se extienda el problema, tendrá que pagar como es su obligación lo que le pretende arrebatar a sus trabajadores, lo que ellos si con el sudor de su frente se han ganado. De ahí que el peor gobernador de Chiapas, el más corrupto, el que se ha enriquecido con dinero público propiedad de los chiapanecos le ha ordenado a la Fiscalía General del Estado (FGE) resolver ese problema que le quita el sueño, porque ya es un escándalo a nivel nacional que se quiere quedar con el dinero de los trabajadores, por lo que dio la orden de abrir, inventar, una carpeta de investigación contra de los líderes del movimiento por los delitos de motín, atentado contra la paz y seguridad corporal y patrimonial del estado, así como ataques a las vías de comunicación. Nada más falso como sus discursos a favor de las mujeres, nada más falso que un gobierno que solo vino a enriquecerse y a empobrecer al estado, solo le basta inventar delitos para solucionar los problemas, hoy en día muy difícil de resolver ante la incapacidad de este gobierno de usar la razón, el dialogo y la negociación como vía de solución a los problemas en un estado ingobernable a punto del estallido social. Los interesados en sembrar miedo y terror entre los trabajadores en lucha por la defensa de sus derechos, filtraron una copia de la carpeta de investigación iniciada en contra de Margarita Zepeda López, Amanda Zorrilla Martínez, lideresa de los trabajadores del poder judicial del estado e Ismael Bueno, representante de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que apoyan el movimiento sindical. Al conocer el agravio del que se vale el gobernador sustituto y senador con licencia para intimidar a los dirigentes del movimiento laboral, simplemente Margarita Zepeda, vocera del movimiento de la base trabajadora al servicio del gobierno del
Miércoles 10 de Octubre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López
• Velasco no puede con la burocracia • Un día en donde el caos social fue alimentado por la ingobernabilidad • Improcedente el emplazamiento a Huelga del SEAUNICACH estado aseguró, “no me asusta, estamos conscientes de que no hemos cometido ningún delito, en cambio nosotros somos los agraviados. Sin embargo, tenemos el respaldo de la base trabajadora. Los trabajadores demandan al nefasto gobernador Manuel Velasco Coello y a su Secretario de Hacienda, el aumento laboral del 6.2 por ciento, el mismo porcentaje que se dio a nivel federal, porque hasta ahora el gobierno local sólo ha ofrecido el 2.8 por ciento retroactivo de enero a la fecha. Además exigen conforme a sus derechos laborales el pago retroactivo, aguinaldo de 60 días, bono sexenal, seguro mutualista y otras prestaciones que el gobierno de Velasco les quiere arrebatar a la mala. Ellas y ellos continuarán su lucha, pues saben que no están solos, el pueblo los apoya y esto queda demostrado cuando vivimos en un estado ingobernable, en donde la ley de la selva prevalece, el estado de derecho a desaparecido y el que se dice gobernador, ha sido rebasado por los problemas.
La inconformidad de los chiapanecos se hace patente
Los burócratas, los desplazados, todos aquellos que han sido violentado sus derechos humanos, políticos, económicos y sociales saben que no están solos, pues movimientos de inconformidad hay en todo el estado, simplemente en el parque Central de Tuxtla Gutiérrez, están luchando por sus derechos los desplazados de Chenalhó, unas 70 persona se encuentran en plantón. Los trabajadores del gobierno mantienen tomadas las instalaciones de torre Chiapas; la secretaria del campo se encuentra tomada por campesinos que reclaman el pago y entrega programas para la producción y que también el gobernador se los quiere clavar. También están tomadas las instalaciones de Comisión Estatal de Caminos, la unidad administrativa, la caseta Chiapa de Corzo por campesinos de la UNTA. En Pueblo Nuevo se bloqueó la carretera, se tomaron las instalaciones de presidencia municipal, un bloqueo más en los accesos al municipio de Amatan y toma de instalaciones de presidencia municipal por integrantes de la organización MOCRI. Pichucalco, la toma de las delega-
ciones de Hacienda y Subsecretaría de Gobierno; en Jitotol el bloqueo carretero entradas y salidas del municipio; en Ocosingo hacia San Cristóbal y Palenque también estuvieron bloqueados, en Yajalón se tomaron las instalaciones de edificio administrativo, en San Cristóbal de Las Casas se bloqueó la carretera en el crucero de Rancho Nuevo hacia Ocosingo, también por campesinos de la Organización UNTA, entre otros. Un total caos fue este martes y las cosas no cambiarán, pues el gobierno no tiene voluntad de solucionar los problemas, solo deja que pase el tiempo y esperar el 8 de diciembre para salir con el último cargamento de dinero que se habrá de llevar al saqueador más grande que ha tenido Chiapas, y que la justicia nunca la habrá, pues este delincuente lo protege la mafia del poder.
El líder sindical el mejor pagado y quiere más
El líder del Sindicato de Personal Administrativo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (SEAUNICACH), Carlos Farfán se aventó la puntada de emplazar a huelga a la institución, y hoy las autoridades le aclaran que no es legal, pues las autoridades de la Junta de Conciliación y Arbitraje no les han comunicado nada. De tal suerte la calentura de Farfán solo pasara como un capricho más de este seudo dirigente, pues ya le han comunicado que el movimiento es improcedente, por lo que de llevar a cabo la amenaza, estarán cayendo en delitos del orden administrativo, laboral y penal. Sin embargo las instrucciones precisas que hemos recibido de parte del rector Rodolfo Calvo Fonseca mantener el diálogo abierto y continuo, –para lo cual se ha instalado una mesa permanente-, en donde se hemos agotado varios temas para la revisión contractual 2018-2020, donde el 80 por ciento de las prestaciones que ha pedido se le ha dado
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avance sustancioso. Nos hemos empantanado en una cuestión en donde exigen que despidamos a 107 trabajadores, petición que no se puede satisfacer debido a las facultades discrecionales que marca la ley orgánica de nuestra universidad, caeríamos en una irregularidad al afectar a las familias de los empleados, indicó Gómez Séptimo. A pesar de todo, la instrucción que hemos recibido del rector de esta casa de estudios, es dialogo, más diálogo, seguir platicando y muestra de ellos es la presencia de los directores de las facultades, los directores de las diversas áreas de la institución, académicos y compañeros trabajadores sindicalizados, subrayó el secretario general. Cabe mencionar que independientemente del sueldo mensual que percibe el líder sindical Carlos Farfán Martínez es de 14 mil 700.97 pesos, gana una confidencial de 15 mil pesos, y eso sin hacer nada, solo para desestabilizar a la UNICACH.
Del Montón
Ayer martes la Gaceta del Senado publicó el exhorto que se le hizo al gobernador sustituto de Chiapas y senador con licencia –el más honesto a nivel nacional-, para que aclare las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por el ejercicio de la cuenta pública 2016, de las que se desprende un probable daño a la hacienda pública. La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo exhortó al gobierno del estado de Chiapas a aclarar las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio de las participaciones federales de la cuenta pública 2016, utilizadas en el programa “Bienestar, de corazón a corazón” dirigido a madres solteras, donde se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública por 685 millones de pesos. Ahí te hablan Sasil de León, una cómplice más del güero Velasco. * * * Emilio Salazar Farías afirmó que recientemente el gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, declaró que desde el inicio de su gestión encabezará un gobierno democrático “que respetará el trabajo y la agenda de los poderes del Estado, para abonar siempre a la paz, al desarrollo y al progreso” de la entidad. En una reunión afable con los integrantes de la nueva Legislatura, el mandatario electo, nos aseguró que “habrá respeto a los poderes del Estado y exhortó a los legisladores hacer un trabajo comprometido en el Congreso, pensando en el bienestar del pueblo chiapaneco”. El exdiputado federal dijo que debemos tomar a pie juntillas ese llamado, “centrándonos en la parte que nos corresponde, legislar en favor de la educación, el campo, el desarrollo social y económico; mejorar la seguridad y sobre todo unir esfuerzos desde sus respectivos ámbitos, más y mejores empleos. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.
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Miércoles 10 de Octubre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
CHIAPAS A PUNTO DE EXPLOTAR…
Y
a lo había consignado en este espacio de la columna ÍNDICE… que “Chiapas Arde”, es un polvorín que en cualquier momento puede explotar debido a las erróneas políticas públicas de un gobernador ignorante de la “cosa pública”, pero a la vez digno representante de los más avezados políticos corruptos de este país, MANUEL VELASCO COELLO. Lo que había expuesto en mis anteriores comentarios sobre la situación de crisis social, decadencia política y bancarrota de la economía de Chiapas, es solo un ejemplo del estado deprimente en que nos ha dejado la voraz administración de MANUEL VELASCO COELLO, quien en irresponsabilidad manifiesta, subió el índice de pobreza de los chiapanecos a un 78 por ciento, nulo crecimiento económico y un deplorable nivel en la aplicación del “estado de derecho”. Como confirmación de todo esto que he dicho, circula en redes sociales el sustento de la inutilidad del gobierno verde de MANUEL VELASCO COELLO y solo para ejemplificar, este martes 09 de octubre, el Estado de Chiapas estuvo en situación de riesgo con diversos movimientos sociales. Lo hago público tal y cual me llegó a mi correo, para que vean que “no solo yo, señala, acusa y acredita las barbaridades y corruptelas de un nefasto gobernador”. Dice así la nota: “Chiapas Arde por la corrupción e ineptitud del Gobierno de MANUEL VELASCO COELLO:
BLOQUEOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2018:
1.- Tuxtla Gutiérrez: >> En el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, desplazados de Chenalhó, un aproximado de 70 Personas, se manifiesta y tienen instaladas Carpas. >> Toma de instalaciones de torre Chiapas (burócratas). >> Toma de instalaciones de secretaria del campo (burócratas). >> Toma de instalaciones de la Comisión Estatal de Caminos (burócratas). >> Toma de las instalaciones de la Unidad Administrativa (burócratas). >> Toma de caseta Chiapa de Corzo-- San Cristóbal de las Casas. (UNTA) 1. Pueblo Nuevo: bloqueo carretero y toma de instalaciones de la Presidencia Municipal. 3.- Bloqueo en los accesos al municipio de Amatán y toma de instalaciones de la Presidencia Municipal por integrantes de la organización MOCRI. 4.- Pichucalco: toma de las delegaciones de Hacienda y Subsecretaría de Gobierno (burócratas). 5.- Jitotol: bloqueo carretero, entradas y salidas del municipio. 6.- Ocosingo hacia San Cristóbal y Palenque: bloqueo carretero. 7.- Yajalón: tomas de instalaciones del edificio administrativo
CONTRAPODER EN CHIAPAS
ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado
• Gobierno y Estado convulsionado… • Administración pública mediocre… • Comentarios al Margen… (burócratas). 8.- San Cristóbal de Las Casas: bloqueo carretero total en el crucero de Rancho Nuevo hacia Ocosingo. Tienen un tráiler interrumpiendo el paso. Se identifican con la Organización UNTA. 9.- Bloqueo carretero en km 96+000 carretera 2750 Tuxtla Gutiérrez--Cuidad Cuauhtémoc y tramo carretero San Cristóbal-Comitán por parte de la UNTA. 10.- Amatenango Del Valle: bloqueo carretero en el crucero El Carmelito por grupo la UNTA. 11.- Reforma a Juárez, bloqueo de la carretera por integrantes de la UNTA. 12.- Tramo Comitán–La trinitaria, bloqueo carretero por la organización UNTA. La situación se complica a 59 días de que MANUEL VELASCO COELLO entregue los bártulos del poder estatal a RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS. Maestros con plazas en condición de interinatos exigen pago de salarios desde el 2016 y 17; constructores se manifiestan por falta de liquidación de facturas desde el gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y el actual de la “Cuija Verde”. El Estado de Chiapas está convulsionado y el gobierno en bancarrota; “y todavía lo que falta”…
URGE REFORMA AL CÓDIGO ELECTORAL…
Algo que nunca se ha tomado en cuenta a la hora de inscribir candidatos a un puesto de elección popular es el nivel académico; la experiencia en actividades política y conocimiento de las leyes en la materia. Por eso el requisito de nivel académico debe ser obligatorio para el acceso a un cargo de elección popular, como en cualquier empleo de una actividad especializada y trabajo de alta responsabilidad económica, política y social. Quienes no están de acuerdo en esta postura de “requisito académico” y reglamentación para aspirar a un cargo electoral, argumentan que se vulnera la democracia consignada en el artículo 35, de la Constitución General de la República del derecho a votar y ser votados, que son Derechos del Ciudadano: I.- Votar en las elecciones populares; II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley… (-- )… y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determi-
convulsión total. Ya es tiempo de que la ignorancia –que por ser mayoría gana— asuma el poder y ponga en riesgo la estabilidad política, económica y social del Estado. Por eso es urgente la reforma al código electoral federal y estatal en el capítulo de exigencia de nivel académico a quienes aspiren a un cargo de elección popular, desde regidores, alcaldes, gobernadores, diputados –locales y federales--, senadores y presidente de la república, que han demostrado su estulticia en exceso. Si no es así, en poco tiempo, más pronto que ahora, “nos carga el payaso”…
COMENTARIOS AL MARGEN…
ne la legislación… Ahí está el “quid” del asunto: “que tengan las calidades que establezca la ley y los términos que determine la legislación”. Precisamente en esas dos premisas se debe incluir el requisito de “nivel académico” porque es muy doloroso y dañino al patrimonio municipal, estatal y/o federal que “neófitos en la cosa pública” y la administración oficial, accedan al poder sin ningún conocimiento en la materia. Los últimos gobernantes en México y especialmente en Chiapas, nos dan la razón por su pésimo desempeño, pues además de resultar unos inútiles para gobernar, mostraron su ambición de poder, llevando a la administración pública a la bancarrota, al desprestigio de la investidura y las instituciones por la desmedida corrupción, prohijada a la sombra de la impunidad. ¿Quiénes son en Chiapas ejemplo de esa mediocridad y en su caso corrupción e ignorancia de la materia política y administrativa, de los destino del presupuesto, de la sociedad y de las actividades electorales? Muchos y los más recientes que adolecen de capacidad y honestidad, PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA, JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, pero en grado sumo MANUEL VELASCO COELLO, el imberbe que se erigió en el “Calígula” de la obra estelar de este sexenio 2012-2018. Y no solo él, sino también los integrantes de “SU” cofradía de la “Nueva Generación del Cambio” que resultaron unos inútiles y que se caracterizaron por su ambición de poder y de dinero; arrastrándose a la corrupción en aras de convertirse en los millonarios del sexenio, pero con nula capacidad para propiciar el progreso y desarrollo de Chiapas y los chiapanecos. Los demás nombres se los dejo a ustedes “caros y gentiles lectores” –como decía mi estimado ISIDRO “Chilo” AGUILAR LÓPEZ, el “Reportero 9:20”—para que los ponga en la lista de los más listos para robar, enriquecerse y dejar a Chiapas en la
En referencia a los dos temas antes explicados en este espacio, hay que hacer énfasis al estado de convulsión que presentó este martes la capital del Estado cuando “maestros idóneos” que aprobaron el examen correspondiente para obtener una plaza en el sistema educativo estatal o federal, se manifestaron prendiendo neumáticos en pleno centro de la ciudad, provocando una situación de emergencia. Por otro lado, siguen apostados en el Parque Central frente al Palacio de Gobierno los desplazados del Ejido Puebla del municipio de Chenalhó que exigen al gobierno de MANUEL VELASCO COELLO su atención y solución para volver a sus lugares de origen. Entre esos indígenas tzotziles hay más de 116 niños entre uno y doce años que están excluidos de sus derechos elementales de educación, salud y futuro promisorio. En las demandas sociales, ha habido infinidad de protestas, movilizaciones, mítines, plantones recurrentes y a veces dos o tres por día que el gobierno verde y el gobernador MANUEL VELASCO COELLO hacen caso omiso porque, no les importa lo que suceda en Chiapas y menos que tomen el Parque Central, se aposten frente a Palacio de Gobierno porque él nunca ha despachado en esa sede del Poder Ejecutivo. En esa misma línea de descontento y hartazgo, burócratas estatales mantienen su plantón y toma de las instalaciones de la Torre Chiapas, sede de diversas secretarias del gobierno del Estado incluyendo la de Hacienda, que iniciaron desde el pasado martes 2 de octubre en demanda de respeto a sus derechos y pagos diversos, entre ellos el bono de productividad de los dos últimos semestres y el retroactivo del aumento salarial del 6.2 por ciento correspondiente a este año fiscal 2018. En la misma condición están los empleados del Tribunal Superior de Justicia. Las alertas y focos rojos se han dado desde hace mucho tiempo y los actos de violencia, de desencuentro de la sociedad con el gobierno van en aumento –hoy más que nunca—cuando solo le faltan 59 días a este gobierno y MANUEL VELASCO COELLO para entregar el poder en un estado de desastre. ¿Así o más claro?... Se acabó el mecate…Y ES TODO…
CONTRAPODER EN CHIAPAS
Miércoles 10 de Octubre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
PUNTO Y COMA; Roger Laid
“EL ESTADO SOY YO”
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Luis XIV o Manuel Velasco Coello? Esta mini frase que dice mucho fue pronunciada según historiadores por el rey Luis XIV al ver el desacuerdo que la corte en París tenía frente a la aprobación de los edictos presentados por el monarca, no, no la dijo Manuel Velasco Coello el señor feudal de Chiapas. La frase indica lo absurdo que veía don Luis XIV la discusión, ya que esperaba que todas sus propuestas fuesen aceptadas sin cuestionamientos. Insisto, no era MAVECO a él ni una sola propuesta de ley le regreso la legislatura pasada. MAVECO fue educado para (des)gobernar muy a su manera, de un señoritingo de abolengo, de un personaje que no está acostumbrado a las negativas, la esencia del “solo yo” lo hace sentirse un iluminado, esto aunado a la frase “El Estado soy yo” en el caso de Luis XIV resume la concepción del derecho divino de gobernar que el rey o monarca o senador con licencia y gobernador sustituto tenía de nacimiento, transmitido por herencia, lo que lo situaba por encima de la ley. Luis XIV, conocido también como “el Rey Sol”, representa el auge del período histórico conocido como absolutismo monárquico, que se caracterizó por la concentración de todo el poder en el monarca o gobernante, en el caso del Senador con licencia y gobernador sustituto, es un personaje que centró el poder en su persona desconociendo al legislativo y Judicial, Luis XIV le gustaba ser adulado, insistía en ser aplaudido y en su trato era una dama, no gritaba en los eventos “Donde están mis mujeres” pero si gustaba de los diálogos de alegría fingida. A Luis le gustaba que le llamaran rey Sol, al mandatario chiapaneco el güero a secas. En todo caso, la frase “El Estado soy yo” Significa que el gobernante encarna al Estado, que su voluntad es la suprema ley y que resume en su persona todos los atributos y potestades estatales. ¿No le recuerda al sustituto con licencia?
ATENTADO CONTRA LA PAZ PUBLICA
En Chiapas, Manuel Velasco Coello el estado es él, y la evidencia es clara, ayer se manifestaron indígenas de Chenalho e hicieron varias quemas, burócratas que les deben sus derechos ayer mismo tuvieron respuesta dos de sus manifestantes y fue una carpeta de investigación numero 0461 101-0201-2018 en contra de las líderes, el gobernador responde utilizando a los cuerpos policiacos cuando le exigen cumpla con su labor de servir. LA CASETA DE Chiapa de corzo estaba tomada por la UNTA, en la carretera 96+000 2750 está bloqueada es la que lleva a la frontera Cd Cuauhtémoc, la carretera camino a Pueblo Nuevo está tomada hay problemas de ingobernabilidad en alto grado, en Pichucalco están tomadas las delegaciones de gobierno y de Hacienda, Jitotol hay bloqueo carretero, en Ocosingo están igual, solo se menciona algunas manifestaciones de ayer, no se menciona Tapachula Tonalá, Carranza, los desplazados entre muchos otros y con ellos la pregunta es obligada ¿Quién atenta más contra la paz pública?¿la ciudadanía que exige atención o un desgobierno que está provocando entuertos y dejando candados para la nueva administración?
RECTORES UNACH y UNICACH REPUDIADOS
La herencia de MAVECO le alcanza a sus recomendados…Las expresiones de rechazo a las figuras rectoras de la UNACH y la UNICACH tienen, en esencia, su origen en las designaciones de ambos personajes: nulo prestigio académico; nula trayectoria reconocida en la administración pública; Nula presencia entre el profesorado y alumnos; mal manejo de las finanzas. Pretensiones releeccionistas del Rector de la UNACH, aún con el aumento de la deuda financiera. Así como las denuncias por la existencia de aviadores y familiares del rector de la UNICACH. Ambas insti-
tuciones se encuentran inmersas en el caos administrativo e ingobernabilidad. Prohijada y tolerada por quién todavía los apadrina y desgobierna el estado: MAVECO. Lo cierto es que la autonomía universitaria es un mito en Chiapas, por eso las fuerzas vivas manifiestan su rechazo hacía ambos personajes que sólo han pulido las fotos donde aparecen cotidianamente. Recta final güerista en picada junto a los problemas de ingobernabilidad, como se detalla líneas arriba con un caldo de cultivo turbio como herencia para Rutilio Escandón. Hasta parece que la indicación es que suelten a los demonios para que incendien el estado. La mano que ingreso como rector de la UNICACH al Dr. Rodolfo Calvo Fonseca es la del güero gobernador, mismo que hoy esta aprisionado entre sus mentiras y demonios sueltos. De igual forma el rector de la UNACH, Eugenio Hernández, con esas manifestaciones de rechazo solo se puede interpretar que es la respuesta a la nulidad de acciones en favor de la población educativa y el efecto de rechazo al mandatario estatal su padrino.
Puntos Suspensivos…
Un punto en favor a la operatividad del gobierno la han ganado quienes lograron recuperar un predio llamado “La Piedad” allá en Berriozábal, Chiapas; el punto bien ganado refiero, es porque se lo quitaron a la MOCRI, esto bajo el diálogo y concertación. Nos indican que fue el doctor José Luis Soto de la Torre quien logró esos acuerdos sin derramar una gota de sangre aunque sí unas mentadas de madre. Los hamaqueros como les llaman, me informan alegres que esto pudiera parecer nada, pero es una ventana a los diálogos para que los MOCRIS puedan entrar en razón y el doctor realizar acuerdos, igual a como logró liberar otro predio allá en Ocozocoautla me informan, los pequeños propietarios aplauden…
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CMAN
DIARIO
$ 7.00
CONTRA PODER EN CHIAPAS
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
Miércoles 10 de Octubre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1480
RESOLUCIÓN
INFORME
Participarán 255 cámaras empresariales en el Buen Fin
Liberan a campesino acusado de robar ganado a Julión Álvarez
PAG. 8
PROPUESTA
Morena presenta iniciativa para que el Ejecutivo pueda crear comisiones de la verdad PAG. 5
OBRA
Cerrarán la ruta del café durante trabajos de rehabilitación PAG. 9
RECOMENDACIÓN
Gobierno de Colima viola derechos humanos de jubilados al no aumentar percepciones económicas: CDHEC
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Debido a los trabajos de rehabilitación que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) realiza en la zona alta de Tapachula durante los días 13 y 14 de octubre se cerrará el paso en denominada “Ruta del Café” para todo tipo de vehículos.
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López Obrador enfrenta la primera protesta burocrática por cambio de sede de la Secretaría de Cultura