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DOXA

EDITORIAL

La conveniencia de la eficiencia, eficacia y gobernabilidad

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El próximo gobierno encabezado por Rutilio Escandón debiera ya tener integrado un conjunto de acciones a implementar desde el primer día de su toma de posesión, para dar respuesta eficaz a la magnitud de problemas que va a encontrar.

El gobernador electo Rutilio Escandón ha sido enfático en su compromiso de lucha contra la corrupción. Sin embargo los personajes que lo acompañan desdicen ese discurso. Sobre todo porque sus colaboradores en el Tribunal de Justicia se enriquecieron abusivamente. Y Amador Rodríguez Lozano es un mago que transformó en lactosa dos toneladas de cocaína.

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EN CHIAPAS

Viernes 28 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1472

EXIGENCIA

MEJORAS

Condena relatoría de la CIDH asesinato de reportero en Chiapas; exhorta a Peña procurar protección El pasado 21 de septiembre dos personas no identificadas a bordo de una motocicleta asesinaron a tiros a Gómez Sánchez, cuando este salía de su casa en Yajalón, Chiapas

Refuerzan la distribución de agua en Tuxtla Gutiérrez

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SOLICITUD

El Senado pide juzgar a Javier Duarte por delitos de lesa humanidad

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ONU y UE destinarán fondos a México contra feminicidio y violencia de género

ÍNDICE...

Ruperto Portela Alvarado PAG. 15

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

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SISTEMA Y DEMOCRACIA Juan José Rodríguez Prats / Excélsior-Contrapoder

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LLAMADO

Artículo 19 reprueba amenazas de Julión Álvarez contra Chiapas Paralelo y el Frayba

HOY ESCRIBEN

SHEINBAUM Y LOS CINCO MIL 13 HOMICIDIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Jorge Carrasco Araizaga

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LA REBELIÓN DEL INEGI CONTRA SUELDOS MÁXIMOS Ernesto Villanueva

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AYOTZINAPA: LA ESPERANZA ESTÁ EN LA VERDAD Mario Patrón Sánchez PAG. 5

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CONTRAPODER EN CHIAPAS

Viernes 28 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDITORIAL La conveniencia de la eficiencia, eficacia y gobernabilidad

l próximo gobierno encabezado por Rutilio Escandón debiera ya tener integrado un conjunto de acciones a implementar desde el primer día de su toma de posesión, para dar respuesta eficaz a la magnitud de problemas que va a encontrar. Por eso llama la atención que no tenga a la fecha integrado el plan de gobierno y que haya encargado a las universidades su elaboración, cuando las universidad en el Estado carecen al interior de la institución de un programa de desarrollo académico exitoso. Los indicadores del semáforo económico así como los del Índice de Desarrollo Humano en la entidad son delicados en grado extremo, en el que ha caído el crecimiento de la entidad, no ha habido una creación de empleo en los seis años de gobierno y el índice de desarrollo humano se encuentra al nivel de los países pobre dl África. Por ello urge la definición de las políticas del próximo gobierno y también es importante la definición del gabinete que acompañará al gobernador, debido a que esos dos factores son los que van a indicar el rumbo del gobierno y las posibi-

lidades de revertir las condiciones de pobreza y desigualdad social que prevalecen en Chiapas. La nueva administración estatal se encuentra precedida por 12 años de ausencia de gobierno en el que se consumó un desastre económico y un deterioro social en la entidad, lo que convierte automáticamente al nuevo gobierno en condiciones difíciles cuesta arriba, pues en Chiapas hay todo por hacer y ese gobierno no puede darse el lujo en andar perdiendo el tiempo. La crisis que hay en este momento en Chiapas se deben fundamentalmente a la falta de oficio que hay en el palacio de gobierno, a la inacción política en la entidad, al despilfarro económico que caracteriza los últimos 12 años de gestión y a la ausencia de programas claros y viables de desarrollo. En Chiapas hay un descuido en la eficiencia, eficacia y gobernabilidad del Estado. Y junto a ello existe una corrupción generalizada, que se acrecienta por la impunidad institucionalizada, que originó que un presupuesto superior a los 700 mil millones de pesos, en los últimos 12 años, simplemente se esfumaran sin resultado alguno positivo y sí

con una gran deuda que condena a la población chiapaneca a un pago de la misma por más de 30 años. La mala distribución del presupuesto en la entidad ha generado la desatención de los sectores productivos, especialmente el del sector primario, lo que ha empobrecido a la población, en el que se calcula que medio millón de familias chiapanecas viven de los apoyos que se otorgan a través de Prospera. Por ello el nuevo gobierno tiene que entender que el propósito de la actividad política es la de crear una sociedad en donde se reproduzca la libertad, la convivencia democrática, los derechos humanos, el respeto a la diferencia, los anhelos por la paz, el respeto al medio ambiente, acompañada de una lucha permanente por la construcción de mejores estándares de vida para la población y la mejora de la vida pública. Si esto no lo entiende el próximo gobernante y no busca instrumentar un gobierno bajo estos principios, entonces los problemas de gobernabilidad se van a multiplicar en la entidad, pues lamentable hay condiciones sociales propicias para la generalización de la protesta.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

Franni Gudiel A.C Editado en sus propias instalaciones, Boulevard Fidel Velázquez C-3 Mza. 4 Zona 1 Andador 16 y 17 Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Tel. (961) 14 0 70 24

Diario ContraPoder en Chiapas

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Viernes 28 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Condena relatoría de la CIDH asesinato de reportero en Chiapas; exhorta a Peña procurar protección J. Jesús Esquivel Washington (apro)

a Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó el asesinato del periodista mexicano Mario Leonel Gómez Sánchez y exhortó al gobierno de Enrique Peña Nieto a redoblar esfuerzos para resolver el caso y procesar a los responsables. En paralelo, exigió al gobierno mexicano fortalecer las políticas de prevención, protección y procuración de justicia en los casos de violencia contra periodistas. “México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos y, particularmente, la seguridad de los periodistas. En consecuencia, llama al Estado a redoblar esfuerzos para fortalecer sus políticas de prevención y protección de violencia contra periodistas”, indicó la Relatoría por medio de un comunicado. El pasado 21 de septiembre dos personas no identificadas a bordo de una motocicleta asesinaron a tiros a Gómez Sánchez, cuando este salía de su casa en Yajalón, Chiapas. Gómez Sánchez era corresponsal de El Heraldo de Chiapas. De acuerdo con la información disponible del caso, el reportero en años anteriores había sido sujeto de amenazas y por ello en 2017 presentó ante las autoridades una

Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Integrantes de la Organización Antorcha Campesina han optado por plantarse en las oficinas de la SEDATU en el centro de Tuxtla, ante la negativa de la entrega de recursos para el proyecto “Mejoramiento de Vivienda” en Chiapas. Rocío Huerta Ibarra integrante del Comité Estatal de la organización dio a conocer que ante la negativa de la delegación en Chiapas de la dependencia federal para entregar al recurso a los beneficiarios, han optado por el plantón indefinido. Explicó que desde hace dos meses el recurso de once millones de pesos llegó a la delegación, sin embargo el delegado y subdelegado se niegan a retenerlo por lo que existe la sospecha de que buscan robar este

El pasado 21 de septiembre dos personas no identificadas a bordo de una motocicleta asesinaron a tiros a Gómez Sánchez, cuando este salía de su casa en Yajalón, Chiapas

denuncia al respecto. La Relatoría de la CIDH, citando a la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio del Estado de Chiapas, en coordinación con la Procuraduría General de la República, anota que ya fue detenida una persona

que presuntamente llevo a cabo funciones de vigilancia para que se realiza el asesinato. La persona detenida presuntamente pertenece a una banda de narcomenudistas. Las autoridades también identificaron a otra perso-

na supuestamente implicada. “Con este homicidio, al menos nueve periodistas habrían sido asesinados por motivos presuntamente vinculados a su labor periodística”, anotó la Relatoría Especial de la CIDH.

Antorcha campesina en Plantón indefinido por incumplimiento de la SEDATU recurso. Ante esta negativa además del plantón, indicaron que realizarán una serie de movilizaciones y manifestaciones ante este panorama para sacar a la luz pública la actitud de estos funcionarios. Remarcó que la delegación en Chiapas no es la que otorga el recurso, el cual fue obtenido por la organización ante la federación meses atrás. Son 900 beneficiarios que están a la espera de este recurso para el mejoramiento de sus viviendas, por lo que no darán marcha atrás en la demanda.

Viernes 28 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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Ahora es SCT quien incumple con la rehabilitación de los caminos de la Zona Alta de Tapachula Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)

través de un recurso federal que comuneros lograron gestionar, las autoridades se comprometieron a rehabilitar 25 caminos sacacosechas en la zona alta de Tapachula, trabajos que fueron asignados a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, sin embargo la dependencia ha incumplido con las obras. El Presidente de la Sociedad Alternativa Rural, Jorge Velázquez Marcelin, afirmó que se había solicitado la rehabilitación completa de los caminos, los cuales son de terracería, sin embargo una vez que fueron asignados a la SCT, la dependencia anunció que reconstruiría solo las partes más feas y los demás tramos solo se revestirían con material pétreo. Dijo que existe inconformidad de los comuneros porque esperaban que los caminos fueran reparados en su totalidad y no solo por partes, ya que por años han luchado por mejorar sus vías de comunicación, porque

De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Con la participación de representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional de Salud Pública, se realiza el Congreso “Gestión y Gerencia en los Sistemas de Salud”, organizado por el Centro de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) de la Universidad Autónoma de Chiapas en las instalaciones del Centro de Convenciones Universitario, “Dr. Manuel Velasco Suárez”. Este evento dirigido a estudiantes y profesionales de la salud, tiene la finalidad de compartir y discutir, con actores clave de la sociedad, los avances de investigación en Salud Pública, encaminadas a mejorar la salud y contribuir al entendimiento de los problemas en este sector. Durante la inauguración del Congreso, el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, aseveró que el aprovechamiento de los sistemas de salud, permitirá servir de mejor forma a la población que depende de los mismos. Refirió que quienes en un futuro se encuentren al frente de las distintas instituciones de salud, podrán resolver de mejor manera las problemáticas que enfrenten, con un manejo apropiado de los recursos disponibles

El Presidente de la Sociedad Alternativa Rural, Jorge Velázquez Marcelin, afirmó que se había solicitado la rehabilitación completa de los caminos, los cuales son de terracería, sin embargo una vez que fueron asignados a la SCT, la dependencia anunció que reconstruiría solo las partes más feas y los demás tramos solo se revestirían con material pétreo

es la manera como pueden trasladar sus productos o sus enfermos. Señaló que la mayoría de los caminos que salieron beneficiados son de difícil acceso y si no se rehabilitan de manera completa, los problemas para transitar continuarán como hasta hora, principalmente en temporada de lluvias, donde el escurrimiento

del agua provoca derrumbes que deja incomunicadas a las comunidades. Detalló que de los 25 caminos que salieron beneficiados solo se realizan trabajos en los tramos de Fracción Mexiquito, Zaragozita, Cantón Zapopan, Cantón Hermosillo y San Felipe, porque a pesar de que ya fueron asignadas la constructoras que

estarán a cargo de los trabajos, están no se presentan. El entrevistado mencionó que hubieron empresas que solo llegaron a iniciar los trabajos y dejaron la maquinaría en el lugar, por lo que exigen a la SCT que agilicen los trabajos y que se concluya la rehabilitación de los caminos, tal y como están contemplados. Puntualizó que existe el temor de los comuneros de que los trabajos que fueron autorizados queden inconclusos porque los gobiernos están próximos a concluir, por ello exigen a la SCT a que agilice la rehabilitación de los caminos sacacosechas, de lo contrario los habitantes bajarán a manifestarse, porque no están dispuestos a seguir en la marginación y el abandono de las autoridades. (iM rrc)

Realiza UNACH Congreso sobre Gestión y Gerencia en los Sistemas de Salud y la optimización de los servicios. Acompañado del director de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Rafael de Jesús Domínguez Cortés, subrayó que la UNACH tiene el compromiso de acompañar los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno, desde el punto de vista académico, a través de la formación continua para beneficio del estado. En este marco, la asesora en Servicios y Sistemas de Salud de la OPS y la OM, María Cecilia Acuña, comentó que es fundamental para estos organismos, trabajar de la mano con las instituciones formadoras, con el fin de hacer frente a los cambios que se manifiestan ahora y los que vendrán en el futuro en el tema de la salud humana. Abundó que solamente con una conciencia hacia dichos problemas de salud y las posibles consecuencias que deriven de ellos, la sociedad podrá contar con formas diferentes de observación, investigación y diagnóstico que ayuden a combatirlas. En tanto, el coordinador General del CEMESAD, Gonzalo López Aguirre, precisó que este Congreso es una forma de prestar atención a distintas problemáticas que existen en el actual

sistema de salud, sus deficiencias y las áreas de oportunidad que existen dentro del mismo. “Es en este tipo de convivencias académicas, el sector salud y las instituciones de educación encuentran las convergencias que los unen, que permiten el desarrollo de políticas públicas acordes a la resolución de las problemáticas fundamentadas en la investigación científica, al mismo tiempo que se contribuye a la formación y capacitación del personal de las distintas ramas”, puntualizó. Durante los dos días de actividades se abordarán temas como la educación en el sistema de salud, despenalización del acto médico, espacios de decisión y gestión de servicios de salud en México, gerencia en el sistema de

salud institucional, interacción entre un primer y un tercer nivel de atención, así como formación gerencial de directivos en salud, entre otros. En este evento se contó con la presencia del presidente en Turno de la Junta de Gobierno, Gerardo Chávez Gómez; la representante de la OPS / OMS en Chiapas, Margarita Aguilar Ruiz; el vicepresidente de la Federación de Asociaciones y colegio de Médicos del Estado, José Ricardo Tovilla Victoria; el director del Instituto Superior de Estudios de Enfermería, Celso Antonio Hernández Prieto y el secretario General de la Sección 98 del Sindicato de Trabajadores de la Salud; así como servidores públicos universitarios y representantes del sector salud.

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Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

l organismo internacional Artículo 19 para México y Centroamérica destacó que la sola advertencia de demandar a un medio de comunicación y a un organismo defensor de derechos humanos, como lo hizo el cantante Julión Álvarez, representa en sí una amenaza a la libertad de expresión, porque buscar intimidar a quienes cuestionan su proceder como un personaje público. El pasado jueves 20, Julión Álvarez anunció que tomaría acciones legales contra medios de comunicación (Chiapas Paralelo) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), por asegurar que incidía en las determinaciones que deben ejercer autoridades administrativas o judiciales en el cumplimiento de sus funciones. La amenaza del cantante derivó de una nota publicada por el portal Chiapas Paralelo, que reprodujo el comunicado del Frayba donde refería una presunta influencia de Julión Álvarez para detener, procesar y sentenciar a Sergio Alberto González Castro, a quien acusó de la probable comisión del delito de abigeato en su rancho. En la misma nota se reprodujeron cartas con una relatoría de los hechos, elaboradas por los familiares de González Castro, donde también denunciaron probables violaciones a sus derechos humanos, como actos de tortura, para que aquel se declarara culpable. Este jueves, Artículo 19 señaló que continúa observando la utilización de mecanismos jurídicos por parte de personas con proyección pública, tendentes a criminalizar o inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información, en casos que revisten un interés público, en contra de periodistas o medios que publican o replican dicha información. El organismo resaltó que, si bien la libertad de expresión puede ser limitada, lo será sólo respecto de medidas que superen el test de necesidad y proporcionalidad; además, consideró que, en virtud del interés público, de-

Viernes 28 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Artículo 19 reprueba amenazas de Julión Álvarez contra Chiapas Paralelo y el Frayba La amenaza del cantante derivó de una nota publicada por el portal Chiapas Paralelo, que reprodujo el comunicado del Frayba donde refería una presunta influencia de Julión Álvarez para detener, procesar y sentenciar a Sergio Alberto González Castro, a quien acusó de la probable comisión del delito de abigeato en su rancho

terminadas personas con cargos públicos o proyección pública tienen un distinto umbral de protección frente a cualquier otra persona. Así, reconoció que “las publicaciones y programas de entretenimiento cuyo contenido corresponde en muchos casos a la vida de personas con proyección pública (actores, cantantes, conductores o deportistas, entre otros), también se amparan por la libertad de expresión, sin embargo, deben analizarse de una manera distinta, ya que en este ámbito existe interés público en difundir información relacionada exclusivamente con su actividad profesional que la gente desea conocer, lo cual no incluye las situaciones que

pertenezcan a su vida íntima, ya que serían irrelevantes desde el punto de vista del interés público”. De igual manera, sostuvo que si bien Artículo 19 ha sido insistente en que debemos conseguir en México la total derogación de los delitos contra el honor (difamación, calumnias e injurias) que aún se encuentran tipificados en ocho estados, y trasladar su regulación al ámbito civil, es importante resaltar que en esta rama del Derecho también se genera un efecto inhibidor cuando se reclaman, por ejemplo, millones de pesos en indemnización contra un periodista o medio, o tener la intención de censurar información sobre actos en los que están involucra-

das las personas que demandan. Por lo anterior, hizo un llamado a todas aquellas personas que cuentan con proyección pública, así como a funcionarios, empresarios y candidatos a ocupar cargos públicos, a respetar la libertad de expresión y derecho a la información, y abstenerse de amedrentar el ejercicio de estos derechos que, como en el presente caso, anuncian el inicio de acciones legales, ya sea en el ámbito penal o civil, en contra de periodistas, medios e incluso organizaciones de defensa de derechos humanos. Asimismo, conminó a las autoridades a proteger y garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, tanto en el sentido de derogar los delitos contra el honor en aquellos estados donde aún están vigentes, como en la adopción de criterios tendentes a desestimar aquellas demandas cuyo objeto sea coartar el libre flujo de ideas e informaciones, sin afectar el ejercicio de otros derechos, bajo un análisis diligente, garantista, ponderativo y con perspectiva de derechos humanos, a efecto de conseguir la mayor protección hacia las personas, particularmente de quien ejerce las libertades de expresión e información, fundamentales en toda sociedad democrática.

Refuerzan la distribución de agua en Tuxtla Gutiérrez De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Molano Robles, acompañado del director del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional de Agua, Juan Gabriel Limón Lara, supervisó la puesta en marcha de las 8 bombas que reforzarán el suministro de agua en la capital chiapaneca, el cual busca reducir el gasto de energía y mejorar el tandeo en las colonias. En este sentido, el edil capitalino constató que se rehabilitó la red de bombas en la Captación Santo Domingo de la Planta Potabilizadora

Los Pájaros, la cual tuvo además, un arreglo de dos equipos por sistema de bombeo y mejoró en un gasto de producción de agua potable 600 litros por segundo en línea de 914 milímetros de diámetro. “Ha sido el agua uno de los temas centrales de mi gestión, la cual fue emergente y que atendió todo lo relacionado a este servicio para los tuxtlecos” puntualizó el edil capitalino. Asimismo, Juan Gabriel Limón Lara reconoció el trabajo impulsado desde el Ayuntamiento capitalino para fortalecer con nuevo equipo el SMAPA, toda vez que, con las mejoras se regulariza el servicio de agua

en las colonias del centro de la capital, y se eficienta el gasto energético, uno de los principales ejes rectores

del Plan Integral de Desarrollo dentro del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA).

Viernes 28 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Emmanuel Carrillo Oaxaca, Oax. (apro)

a Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca condenó el allanamiento y la agresión armada que sufrieron el periodista Deimos Sánchez y su hija menor de edad, cuando una tropa de al menos 30 elementos de la Agencia Estatal de Investigación irrumpió en su domicilio, cortaron cartucho y los encañonaron a él y a la niña. Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 26 de septiembre según consta en la queja DDHPO/1958/(01)/ OAX/2018 que presentó el periodista al tiempo que se le brindaron medidas cautelares para proteger al comunicador y a su familia, precisó el ombudsman Arturo Peimbert Calvo. El defensor pidió al gobierno de Alejandro Murat que brinde protección al comunicador y su familia, y garantice el ejercicio de su profesión en condiciones de seguridad; mientras que a la Fiscalía General del Estado le solicitó se abstenga de causar molestias sin causa justificada al agraviado. Ante la reacción del gremio periodístico, el fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez, informó que ya “se ha entablado comunicación con el periodista y su familia, explicándoles la causa del cateo efectuado en su domicilio y descartándose que el mismo se efectuara por el ejercicio de su labor periodística”.

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Piden a gobernador de Oaxaca proteger a periodista por allanamiento ilegal de Agencia de investigación sin demora, pues no solamente cometieron un delito al irrumpir sin autorización en un domicilio particular, sino que actuaron con excesivo empleo de la fuerza contra una menor de edad y su padre, lo cual agrava el nivel de este abuso de autoridad.

Demanda CNDH a Fiscalía estatal esclarecer los hechos

“El periodista y su familia ha aceptado dichas explicaciones y la Fiscalía General se ha comprometido a reforzar el respeto a los derechos humanos en las actuaciones que efectúe la Agencia Estatal de Investigaciones”, agregó. Peimbert Calvo señaló que “el operativo altamente irregular de la Agencia Estatal de Investigaciones, realizado a media noche, causó temor entre los ve-

cinos del periodista, pues al sobresalto causado por el ruido de varias camionetas y automóviles sin identificación a hora tan avanzada, se sumó el miedo de quienes observaron a los agentes portando armas de alto poder allanando el domicilio del comunicador”. Insistió en que los responsables del allanamiento al domicilio del periodista deben ser investigados y sancionados

En el mismo sentido, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó la violencia atribuida a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Oaxaca contra el periodista y demandó a la Fiscalía General la inmediata investigación de los hechos. El Organismo Nacional llamó a las autoridades de la AEI a realizar una investigación minuciosa de los hechos para que, en su caso, los responsables reciban la sanción que corresponda.

Comunidades crean frente para defensa de recursos naturales y prohíben minería en Miahuatlán

Renuncia fiscal de Quintana Roo en medio de una crisis de seguridad y violencia

Pedro Matías

Sergio Caballero

Oaxaca, Oax. (apro)

Cancún, Q. Roo. (apro)

Autoridades, comunidades, maestros y colectivos acordaron conformar el Frente Regional de la Sierra Sur en Defensa del Territorio, los Recursos Naturales y la Autodeterminación de los Pueblos, al tiempo que declararon a Miahuatlán territorio prohibido para la minería. Pese a que el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Genaro Hernández, pretendió boicotear la asamblea realizada este miércoles, el auditorio de la localidad se llenó y aprobó participar en el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca” a realizarse el próximo 11 y 12 de octubre en esta capital. Ante el peligro que representa la concesión de 90 mil hectáreas de los Valles Centrales para la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp., comunidades indígenas y campesinas que conforman los distritos de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, convocaron al juicio popular. El objetivo es hacer frente al modelo extractivo, visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional, la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros”.

Tras semanas de protestas por la impunidad que prevalece en la entidad, Miguel Ángel Pech Cen renunció como Fiscal General del estado (FGE). El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, el panista Eduardo Martínez Arcila, informó que la Legislatura local recibió anoche la renuncia que presentó Pech Cen y notificó de la misma al gobernador Carlos Joaquín González. “La noche de ayer llegó la renuncia del licenciado Miguel Ángel Pech Cen. Esta renuncia ya ha sido notificada al Ejecutivo estatal para que, en base a lo que establece la normatividad aplicable, pueda él, en su momento, tomar la decisión de nombrar a un Fiscal interino en lo que el Congreso inicia el procedimiento para la designación del nuevo fiscal”, dio el legislador. Con la notificación, explicó, se da inicio al procedimiento legal, en una primera instancia, la designación de un Fiscal interino de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. Una vez que se haya hecho pública esta renuncia ante el pleno de la XV Legislatura, se dará inicio al procedimiento legal para la designación del nuevo fiscal general del Estado a partir del próximo lunes, proceso que comprende aproxi-

Entre los acuerdos emanados de la asamblea que se realizó en Miahuatlán sobresalen que en una sesión de cabildo en ese municipio de la Sierra Sur se declare territorio prohibido para la minería; que no haya cambio de uso de suelo y que siga siendo indígena. También acordaron que dos representantes de cada organización social, del magisterio de la Sección 22, las autoridades y colectivos le den seguimiento a la asamblea y busquen generar actas de otros pueblos para prohibir la minería. Además, acordaron conformar estrategias para informarse de los impactos de la minería y que la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) realice una asamblea estatal sobre el tema de las minerías y la lucha por la defensa de los territorios. El objetivo, reiteraron, es “sacar a la minería del territorio, que se gobierne para todo el pueblo y se participe en el juicio comunitario en Oaxaca”.

madamente 40 días, agregó. Miguel Ángel Pech Cen asumió el cargo de titular de la FGE el pasado 21 de diciembre de 2016 en sustitución de Arturo Álvarez Escalera, que fue impuesto dentro del célebre “paquete de impunidad” por el entonces gobernador Roberto Borge Angulo, en la recta final de su administración. El estado de Quintana Roo enfrenta su mayor crisis en materia de seguridad y violencia, que se reflejan principalmente en las “narcoejecuciones” En medio de esta crisis, ayer también Rodolfo del Ángel Campos, fue sustituido como titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP) por Jesús Alberto Capella Hernández, quien ocupó el cargo equivalente en estado de Morelos y en el municipio de Tijuana. En las últimas semanas, se presentaron manifestaciones en Cancún por la impunidad que prevalece en la entidad, sobre todo en asesinatos violentos incluidos los de tres periodistas. El pasado mes de agosto fue el más violento en la historia reciente de Cancún al registrarse 66 ejecuciones, una cada 11 horas. Abril se situó como el segundo más violento con 60 personas ejecutadas. En lo que va de este año la cifra de ejecuciones llegó a 419, número que supera ampliamente todo el registro de 2017, con 227 muertes violentas relacionadas al narcotráfico.

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De la redacción Ciudad de México (apro)

ara mejorar la protección de los migrantes en tránsito y los solicitantes de refugio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos (CCPDH), y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) realizarán una visita a la ruta migratoria del norte, que abarca Belice, Guatemala y México. El principal objetivo es elaborar un estudio que muestre la realidad de la población que huye de El Salvador, Guatemala y Honduras hacia México y países de Centroamérica. También se busca evaluar los sistemas de protección existentes para estas poblaciones y evidenciar los perfiles de las personas, las causas de salida de sus países de origen, así como los retos a los que se enfrentan durante el tránsito y en los países de destino. Otro de los temas es la asistencia humanitaria que ofrecen las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y la comunidad internacional para la población en tránsito y, para solicitantes de asilo.

Viernes 28 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La CNDH y la ACNUR recorrerán ruta de migrantes para mejorar su protección El principal objetivo es elaborar un estudio que muestre la realidad de la población que huye de El Salvador, Guatemala y Honduras hacia México y países de Centroamérica

Así como la respuesta diferenciada que hay para grupos vulnerables como las personas de la diversidad sexual, personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas,

niños y adolescentes acompañados y no acompañados. Como resultado de la visita, la CNDH y el CCPDH en conjunto con ACNUR publicarán en 2019, un in-

forme con recomendaciones a los Estados para mejorar la protección a los migrantes en tránsito y los solicitantes de refugio. La visita iniciará en la ciudad de Belice, para seguir a Belmopán cruce de frontera con Guatemala por Melchor de Mencos, y de allí cruce de frontera con México por Corozal, en Chiapas. Entre los albergues que serán visitados son: Help for Progress Ltd., de Belice, La Casa del Migrante Bethania del Vicariato Apostólico de Petén, en Guatemala. La visita a la ruta migratoria es una acción que implementa la Carta Compromiso firmada, en mayo de 2017, entre la CNDH y el CCPDH.

La ley mandata beneficios, Ocho implicados en el caso afirma PGR tras sentencia Ayotzinapa obtienen auto de libertad por fallas procesales contra Javier Duarte De la redacción

De la redacción

Ciudad de México (apro)

Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, subprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR), aseguró no estar satisfecho tras la sentencia contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, pero “la ley mandata beneficios” y no puede ser a modo, justificó el funcionario. “Cuando nos topamos con casos como este y que tenemos algunos otros nunca estaremos satisfechos, pero la ley mandata beneficios y pues la ley no puede ser a modo”, dijo Muñoz Vázquez en conferencia de prensa. Ayer, Duarte de Ochoa fue sentenciado a nueve años de prisión y al pago de una multa de 58 mil 890 pesos, pero podría salir libre en tres años tras declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. “Nos tenemos que ceñir a lo que la ley manda y si la ley en este caso, este sistema, prevé beneficios, tendremos que acogernos a lo que la misma señala, la sentencia es de nueve años y en cuatro años y medio (ya lleva un año) podrá tener beneficios esto será una decisión que el poder judicial tendrá que tomar”, agregó esta

mañana el subprocurador. Muñoz Vázquez afirmó que “al no existir oposición por parte del imputado y la víctima se decretó su terminación anticipada, el acusado reconoció ante la autoridad judicial la participación en esos delitos”. El 17 de julio de 2017 Javier Duarte fue entregado en extradición por parte de las autoridades de Guatemala al gobierno de México, luego de que a principios de junio la PGR presentara la solitud formal de extradición, tanto de la causa penal federal como la del fuero común. Notimex refiere que, a decir de Muñoz Vázquez, el decomiso de 41 bienes que pertenecían al exgobernador y habrían sido obtenidos de forma ilícita, es equiparable a la reparación del daño.

Los primeros ocho de los 69 implicados, hasta ahora, en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa alcanzaron su libertad no por ser inocentes, sino por irregularidades procesales cometidas por servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) durante su detención. Por falta de pruebas, según el fallo un tribunal unitario, fueron exculpados del delito de delincuencia organizada Salvador Reza Jacobo Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Patricio Reyes Landa El Pato, Miguel Ángel Landa Bahena y Gildardo López Astudillo, El Gil. Este último era señalado como el encargado de ordenar el secuestro de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre de 2014. “Nunca los van a encontrar, los hicimos polvo y los tiramos al agua”, escribió El Gil en un mensaje de texto que envió por teléfono celular a su jefe Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder regional de Guerreros Unidos, de acuerdo con las investigaciones de la PGR. Según la PGR, El Pato confesó “haber recibido y ejecutado” a estudiantes que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula aquella la noche de su detención y posterior des-

aparición. “Agréguese el oficio signado por el secretario del juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas, por el que remite, en cumplimiento al proveído del 20 de septiembre de 2018, copia certificada del término constitucional en el que se decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, a favor de los quejosos”, señala el acuerdo. Los ocho beneficiados, que no necesariamente van a abandonar la prisión, pues se les siguen otros procesos, impugnaron el término constitucional del 18 enero 2015, dictado en el expediente 123/2014, que se les instruyó en su contra por el delito de delincuencia organizada. Esta resolución abre la puerta a otros implicados en el caso, como José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. (Proceso 2186), entre otros personajes.

Viernes 28 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER EN CHIAPAS

El Senado pide juzgar a Javier Duarte por delitos de lesa humanidad Jenaro Villamil Ciudad de México (apro)

l Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) soliciten al gobierno de Guatemala la autorización para que la Fiscalía estatal de Veracruz ejecute la orden de aprehensión contra el exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada. Durante el debate en el pleno de la Cámara alta, los senadores del PAN, PRD y MC consideraron que la sentencia de nueve años de prisión dictada a Javier Duarte es “insuficiente” y “ridícula” por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, al tiempo que culparon al gobierno federal por falta de rigor en el combate a la corrupción. Al exponer en tribuna el punto de acuerdo, la senadora panista Indira de Jesús Rosales San Román argumentó que en febrero de 2018, en la operación “Tiro de Gracia” fueron detenidos 19 exservidores públicos del gobierno de Javier Duarte, incluido el extitular de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, por haber implementado “una política sistemática de uso de la desaparición forzada de personas”. Los imputados en esta operación fueron vinculados a proceso y enfrentan penas “de hasta 90 años de prisión”. La Fiscalía General de Veracruz obtuvo orden de aprehensión

Juan Carlos Cruz Vargas Ciudad de México (apro)

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió con los empresarios petroleros, integrantes de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) a respetar los 110 contratos derivados de la reforma energética. El compromiso fue ante los dueños de 44 compañías como: Chevron, Exxon Mobil, Shell, Repsol, Total, Sierra Oil Gas, Petrobras, Petróleos Mexicanos, Petrobal, British Petrol, Citla Energy, Lewis Energy Group, Tecpetrol, Statoil, Nuvoil, entre otros. En una reunión privada, en la que AMLO estuvo acompañado por la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle y del presidente de la mesa directiva de la Amexhi, Alberto de la Fuente, López Obrador aseguró que “no actuará de forma arbitraria” en contra de las empresas, además de que eliminará trabas burocráticas de los órganos reguladores. “Soy optimista porque juntos vamos a revertir la caída en la producción

Durante el debate en el pleno de la Cámara alta, los senadores del PAN, PRD y MC consideraron que la sentencia de nueve años de prisión dictada a Javier Duarte es “insuficiente” y “ridícula” por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, al tiempo que culparon al gobierno federal por falta de rigor en el combate a la corrupción

contra Javier Duarte “al contar con datos de prueba que acreditan que dichas desapariciones forzadas y su ocultamiento no sólo se realizaban con su conocimiento, sino por instrucciones del propio gobernador”, abundó. En Veracruz se han encontrado más de 343 fosas clandestinas y se investigan los casos de más de 3 mil 600 personas desaparecidas durante el sexenio de Javier Duarte, sostuvo Rosales San Román. “En las distintas etapas del caso hemos visto cómo, tanto en este caso como en otro, el gobierno federal no ha llevado a cabo las acciones con la contundencia que se necesita”, puntualizó a su vez el coordinador de los

panistas, Damián Zepeda. Indira de Jesús propuso el punto de acuerdo para que se amplíe la solicitud de extradición a Javier Duarte, porque la carta original del gobierno mexicano no contempla la desaparición forzada, “delito que le fue comprobado en Veracruz y debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad”. En su oportunidad, el senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), calificó de “ridícula” la sentencia en contra de Duarte de Ochoa y afirmó que la PGR “está coludida” porque, “a pesar de presentarse abundantes pruebas, solicita de manera ridícula, una burla, solamente nueve años de cárcel”.

En conferencia de prensa, Samuel García mencionó que presentó al Senado que firme un exhorto al Tribunal Internacional de La Haya para que el exgobernador de Veracruz también sea juzgado por las 70 mil pruebas falsas de VIH-Sida distribuidas durante su sexenio. “Los medicamentos no fueron aplicados a los pacientes que lo requerían, gracias a que se detuvo por las acciones responsables del personal de salud adscrito a las clínicas, que cumplen una función profesional y no política, pero el daño no se concentra en la aplicación de éstos, sino en su adquisición y en la intención de suministrarlos”, expone el punto de acuerdo del senador regiomontano. Samuel García argumentó que esta negligencia derivó en “la desatención a los derecho-habientes” de los programas de Salud de Veracruz y hubo “dolo” al adquirir los suministros fraudulentos para el tratamiento de personas seropositivas. Finalmente, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, afirmó que la sentencia en contra de Javier Duarte deja muchas interrogantes, como: “¿por qué están cayendo muchas de las acusaciones? ¿Por qué no están haciendo valer las agravantes?”.

Petroleros dicen que AMLO les ofreció certidumbre en contratos ya asignados de petróleo y sacar adelante la industria energética. Esta administración no actuará de forma arbitraria, queremos que ustedes puedan invertir, pero esperamos resultados”, señaló el tabasqueño. Por su parte, Alberto de la Fuente, quien se desempeña como presidente y director general de la trasnacional Shell México dejó claro a la nueva administración que “las empresas del sector somos un complemento para Pemex, no un sustituto”. “Queremos colaborar con el estado mexicano para producir más petróleo. Contribuimos a las finanzas públicas a través del pago de impuestos derivado de nuestra actividad comercial y de las propias actividades extractivas. Generamos empleos en México y contratamos proveeduría nacional. Invertimos en forma decidida en exploración y producción. Queremos seguir invirtiendo en México”, agregó.

En entrevista después del encuentro celebrado en el Convento de San Hipólito, De la Fuente dijo que “nos quedamos con mucha certidumbre, los futuros integrantes de su equipo de trabajo fueron muy claros en el sentido de apoyarnos y ayudarnos a que cumplamos nuestros compromisos de trabajo y nos dieron certeza sobre los contratos que hemos adquirido sobre las distintas rondas de licitación”. Agregó el directivo que “estamos muy claros en los compromisos de inversión que tenemos en los próximos cuatro años, la cifra de la que habla la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) son de alrededor de los cuatro mil millones de dólares. Es una oportunidad parta invertir en el contenido nacional, en el sureste del país. Coinciden de que son las áreas donde más necesita el país”. Por separado Rocío Nahle matizó

que “(López Obrador) les dijo que se están revisando los contratos, pero que ellos se pongan a trabajar, porque vamos a respetar el Estado de Derecho. Los acuerdos que haya hecho el gobierno anterior, pues son acuerdos que tiene que respetar este gobierno”. En el encuentro a puerta cerrada, no se tocaron los temas de la licitación que se llevará a cabo en febrero próximo, ya cuando AMLO asuma el poder y tampoco se habló sobre la construcción de las refinerías.

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Viernes 28 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ONU y UE destinarán fondos a México contra feminicidio y violencia de género De la redacción Ciudad de México (apro)

éxico es uno de los cinco países de América Latina a los que se destinarán 50 millones de euros (58 millones de dólares) para combatir violencia de género y feminicidios, en un programa impulsado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea. El plan es parte de la Iniciativa Spotlight, acción a escala global puesta en marcha por ambas organizaciones el año pasado y que ahora llega a Latinoamérica. “La violencia de género afecta a todos los países y a las mujeres y niñas en todas partes”, recordó en un comunicado la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile MlamboNgcuka. En Latinoamérica están 14 de los 25 países del mundo con las mayores tasas de feminicidio. Entre los países que se beneficiarán de este plan, 2 mil 813 mujeres y niñas fueron asesinadas en México, 466 en Honduras, 349 en El Salvador, 254 en Argentina y 211 en Guatemala, durante el año de 2016.

Ezequiel Flores Iguala, Gro. (apro)

El vocero de los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, condenó la mala integración del expediente de la Procuraduría General de la República (PGR), que permitió que fueran exculpados ocho implicados en este crimen que sigue impune. Entrevistado esta tarde durante la marcha que realizaron en este lugar donde hace cuatro años se registró la tragedia, Ortega dijo que este hecho exhibe la simulación del gobierno de Enrique Peña Nieto y la clara intención para ocultar la verdad y encubrir a los responsables. Cerca de las 17:00 horas, una decena de autobuses procedentes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, arribaron a la ciudad de Iguala, el epicentro de la masacre. El recorrido que hicieron los manifestantes fue el mismo desde 2015: “la ruta de la muerte”. y después de visitar dos monumentos erigidos a los tres normalistas asesinados durante la noche trágica, arribaron a la plaza cívica de Las Tres Garantías donde se realizó un mitin político-cultural para exigir

“La violencia de género afecta a todos los países y a las mujeres y niñas en todas partes”, recordó en un comunicado la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka. En Latinoamérica están 14 de los 25 países del mundo con las mayores tasas de feminicidio

El programa fue anunciado en un acto en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en

Nueva York, con representantes de esas naciones y de los organismos internacionales.

En el lanzamiento de la iniciativa participó la actriz mexicana y activista Cecilia Suárez, quien advirtió en su discurso: “El patriarcado nos destruye por igual y es urgente admitirlo”. “Ninguna mujer debería morir por ser mujer”, defendió a su vez la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, gran impulsora de la Iniciativa Spotlight junto a Neven Mimica, el comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo. Mimica destacó que “matar a una mujer por el mero hecho de ser una mujer es el crimen más indignante que uno puede concebir” y reiteró el compromiso de la Unión Europea para trabajar con autoridades y organizaciones de otros países para actuar contra las “raíces del feminicidio”. Estas, recordó, están a menudo en las actitudes patriarcales, la misoginia o el sexismo.

Padres de los 43 condenan mala integración de la PGR que permitió liberar a ocho implicados justicia a cuatro años de la barbarie. Los manifestantes -padres, normalistas, profesores y miembros de organizaciones sociales- caminaron sobre la calle Heroico Colegio Militar rumbo al zócalo, enseguida tomaron la calle Juan N. Álvarez hasta llegar al entronque que conecta con Periférico Norte, donde la noche del 26 de septiembre de 2014 un grupo de normalistas fueron rafagueados por civiles armados mientras ofrecían una conferencia de prensa tras el primer ataque realizado por policías municipales. Los manifestantes se dirigieron a una brecha de terracería ubicada en el fraccionamiento Ciudad Industrial del Valle donde fue dejado el cuerpo del normalista Julio César Mondragón Fontes, el joven con el rostro desollado. Luego, se trasladaron al sitio donde fueron asesinados dos estudiantes: Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo. En dicho punto se realizó un mitin y una ceremonia religiosa frente a

una estela monolítica diseñada por el arquitecto Julio Alonso y construida por el arquitecto Frumencio Ramírez Cardona, que fue erigida en memoria de los estudiantes victimados. Enseguida, el contingente se desplazó hacia la plaza central donde se realizó un mitin general para seguir exigiendo justicia. Ayer se informó que los primeros ocho de los 69 implicados, hasta ahora, en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa alcanzaron su libertad no por ser inocentes, sino por irregularidades procesales cometidas por

servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) durante su detención. Por falta de pruebas, según el fallo de un tribunal unitario, fueron exculpados del delito de delincuencia organizada Salvador Reza Jacobo Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, Patricio Reyes Landa “El Pato”, Miguel Ángel Landa Bahena y Gildardo López Astudillo, “El Gil”. Este último era señalado como el encargado de ordenar el secuestro de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre de 2014.

Viernes 28 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Anayeli García Martínez Ciudad de México (Cimacnoticias)

or primera vez el Senado de la República dio la mitad de las presidencias de las Comisiones ordinarias a las mujeres, quienes en esta Legislatura encabezarán 22 de estos órganos parlamentarios mientras que los senadores estarán al frente de 23. Las senadoras presidirán las Comisiones que tradicionalmente encabezan las mujeres como Asuntos Indígenas; Derechos Humanos; de Desarrollo y Bienestar Social; Para la Igualdad de Género; Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Cultura; Seguridad Social; y, Juventud y Deporte. Sin embargo también estarán en órganos con temas administrativos y de seguridad como las Comisiones de Administración; Zonas Metropolitanas, Ciencia y Tecnología; Medalla Belisario Domínguez; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Seguridad Pública; Estudios Legislativos Primera; Estudios Legislativos Segunda; Relaciones Exteriores América del Norte; Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; Relaciones Exteriores Asia, Pacífico, África; Relaciones Exteriores Europa; Minería y Desarrollo Regional; y Comisión de Jurisdiccional. La Comisión de Igualdad de Género será encabezada por la senadora feminista Martha Lucía Micher Camarena, quien ha ocupado cargos relacionados con la promoción de los derechos de las mujeres, por ejemplo, fue presidenta del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, de 2006 a 2016. Malú Micher, como se le conoce, también presidió la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados durante la 62 Legislatura y ahora, junto con la próxima secretaria de Gobernación, la ex ministra Olga Sánchez Cordero,

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Mitad de Comisiones ordinarias del Senado son para mujeres Las senadoras presidirán las Comisiones que tradicionalmente encabezan las mujeres como Asuntos Indígenas; Derechos Humanos; de Desarrollo y Bienestar Social; Para la Igualdad de Género; Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Cultura; Seguridad Social; y, Juventud y Deporte

coordina la transición en el Instituto Nacional de las Mujeres. En el caso de la Comisión que presidirá la actual senadora por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quedaron como secretarias Blanca Estela Piña Gudiño, también de Morena y Alejandra León, del Partido del Trabajo. En el Senado también destaca la integración de la Comisión de Derechos Humanos, que será presidida por el PAN con la senadora Kenia López Rabadán pero como

secretario tendrá al legislador sin partido y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza. También como secretaria de esta Comisión estará la morenista Nestora Salgado García, quien fuera coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero, cargo que la hizo estar en prisión, acusada de secuestro, durante dos años y siete meses. La defensora, considerada una

defensora perseguida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, será parte de la Comisión que deliberará las iniciativas en materia de Derechos Humanos. Otro caso de mujeres que destacan es el de la ex candidata presidencial del PAN en 2012, Josefina Vázquez Mota, quien presidirá la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y quien fue secretaria de Estado, al frente de las Secretarías de Desarrollo Social, y de Educación Pública. Una ex candidata presidencial más, Patricia Mercado, presidirá la Comisión de Zonas Metropolitanas y será secretaria en la Comisión de Trabajo y Previsión Social; mientras que la ex gobernadora de Tlaxcala y ex presidenta del PRI, Beatriz Paredes Rangel, presidirá la Comisión de Ciencia y Tecnología. En este contexto, apenas inició la actual Legislatura, la priista Claudia Anaya Mota, presentó una propuesta para reformar el Reglamento del Senado y establecer que las Comisiones ordinarias deben integrarse con igual número de legisladoras y legisladores, la cual aún debe ser analizada.

Retiran al PES la presidencia de la Comisión de Salud De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

Luego de las críticas de organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos el grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) retiró al Partido Encuentro Social (PES) la presidencia de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Este miércoles 26 los grupos parlamentarios de Morena y el PES acordaron proponer a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la reasignación de Comisiones ordinarias, propuesta que debe ser avalada por el órgano de Gobierno. Con este acuerdo Morena presidirá las Comisiones de Salud y de

Cultura y Cinematografía que habían sido otorgadas al partido conservador mientras que el PES encabezará las comisiones del Deporte y del Trabajo y Previsión Social. La decisión se dio después de que la mañana del miércoles representantes de Católicas por el Derecho a Decidir, República Laica, Ciudad Feminista y Académicas en Acción Crítica, entre otras, exigieran en el Recinto de San Lázaro reconsiderar la decisión de dejar el tema de salud a un partido evangélico. Las organizaciones alertaron de los retrocesos en materia de derechos de las mujeres si el PES presidia la Comisión de Salud, cuando el partido ha intentado promover iniciativas para proteger la vida desde la concepción y restringir el derecho

al acceso al aborto. Este año el PES, apoyado por el Congreso, promovió y logró la aprobación de una reforma a la Ley General de Salud, sobre objeción de

conciencia, para permitir al personal administrativo y de apoyo de los servicios de salud, negarse a otorgar servicios de salud reproductiva a las mujeres como el aborto.

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Viernes 28 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

AYOTZINAPA: LA ESPERANZA ESTÁ EN LA VERDAD

ste miércoles 26 se cumple un aniversario más de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, hechos en lo que también fueron privadas de la vida seis personas –tres de ellas normalistas– y donde fueron lesionadas varias decenas más, algunas con secuelas hasta hoy. A lo largo de 48 meses no ha habido un momento en que las familias de los normalistas hayan dejado de exigir justicia y verdad. Esta exigencia se ha seguido escuchando en México y el extranjero a lo largo de todo este tiempo. La presencia pública de esta dolorosa e irresuelta desaparición forzada se puede explicar por la dimensión numérica de las víctimas, por su juventud o por su pertenencia a un sector vulnerabilizado de la sociedad. Pero sin duda hay otros dos factores que han contribuido a que Ayotzinapa permanezca como una herida abierta en el corazón de la nación. El primero es que Ayotzinapa evidenció la profundidad de la crisis de violencia y violaciones a los derechos humanos que enfrenta el país. La magnitud –en tiempo y geografía– de los ataques, el control territorial de los perpetradores, el papel activo en la desaparición de varias fuerzas de seguridad y las omisiones no explicadas de otras, y la complicidad entre autoridades y criminales, fueron condiciones que quedaron expuestas a la vista de todos. Ayotzinapa mostró las condiciones estructurales que han permitido que la colusión entre el crimen organizado y las autoridades se extienda a amplias parcelas de la vida pública, mucho más allá de la esfera municipal. El segundo factor es, sin duda, la persistencia y la fortaleza de las madres y de los padres. Protagonistas involuntarias de un momento histórico, estas familias se sobrepusieron al permanente dolor de la ausencia, para recorrer con pasos firmes senderos en Iguala, pasillos en Palacio Nacional, calles de la Ciudad de México, decenas de plazas públicas de toda la República e incluso espacios solidarios en otros países. Como lo han hecho decenas de miles de familiares en búsqueda de sus seres queridos a lo largo de todo el país, padres y madres de los normalistas han desnudado las falencias del aparato de justicia y de la atención victimal, consiguiendo que la intervención de las instancias internacionales haya jugado un papel decisivo en el caso. Cada una de las acciones emprendidas por las madres y los padres ha tenido un solo objetivo: alcanzar la verdad. Pero la administración federal saliente no sólo no ha querido responder a esa interpelación, sino que ha obstaculizado una y otra vez el camino hacia la verdad. A cuatro años, ese es el balance. Si la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 condensó los factores que inciden en la crisis que padece México, la respuesta del Estado mostró un aparato de justicia fallido y una acendrada indolencia institucional. A pesar de la dimensión de los hechos,

Mario Patrón Sánchez el gobierno federal tardó más de una semana en pronunciarse al respecto. Cuando intervino, lo hizo para confeccionar la llamada “verdad histórica” e intentar cerrar el caso. Así se construyó, con base en pretendidas confesiones de un conjunto de detenidos, una versión oficial: que los normalistas habrían viajado a Iguala para irrumpir en un acto político municipal, que policías de Iguala y Cocula los habrían entregado a integrantes del crimen organizado, y que éstos los habrían privado de la vida, incinerado y dispersado sus restos en el río San Juan. En este escenario, las familias lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formara un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con la misión de supervisar en tiempo real la investigación y la búsqueda y de hacer recomendaciones sobre temas estructurales. La intervención del GIEI fue decisiva para demostrar científicamente que la versión de la pira en el basurero de Cocula es materialmente imposible. En su primer informe, además, el GIEI evidenció que los estudiantes fueron monitoreados en todo momento a través del C4 y que su intención no fue boicotear el evento político, encontró momentos y eventos delictivos no reconocidos en la versión oficial, describió una escalada en la violencia durante los ataques y concluyó que éstos se dirigieron a impedir que los autobuses tomados por los estudiantes en Iguala salieran de la ciudad, señaló su preocupación por la fragmentación de la investigación, trató la falta de búsqueda inmediata y de uso de inteligencia y recogió la palabra de las familias. Seguramente por ello, en su segundo periodo, el GIEI enfrentó una sucia campaña de difamación, lo mismo que constantes obstáculos para alcanzar su cometido. De todas maneras, en su informe final, el grupo documentó nuevos escenarios no investigados y la renuencia de la PGR a profundizar líneas de investigación distintas a la hipótesis oficial, además de sus omisiones y retrasos en las pesquisas sobre trasiego internacional de drogas. El GIEI también expuso graves irregularidades en el levantamiento y procesamiento de la evidencia supuestamente recogida en el río San Juan. Luego de la salida del GIEI, el monitoreo de la indagatoria no concluyó. El Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH ha desempeñado un papel fundamental en la revisión del caso. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó contribuciones esenciales para entender lo ocurrido. Finalmente la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la presentación del informe Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, encontró fuertes evidencias de que se cometió tortura contra al menos 34 personas detenidas –algunas de ellas, clave en la construcción

de la teoría oficial– y señaló la posible ejecución arbitraria de otra más. Esta decidida confluencia de un organismo nacional autónomo de derechos humanos, de un organismo del sistema interamericano y de un organismo del sistema universal, no sólo evidenció cómo la mentira se situó en el centro de la respuesta institucional al caso Ayotzinapa, sino que también mostró que el gobierno federal se quedó solo en su tozuda defensa de la “verdad histórica”. Pero faltaba una evaluación final: frente a las críticas internacionales, la administración saliente sostuvo siempre que la última palabra provendría de los tribunales nacionales. Pues bien, durante este 2018 esa palabra fue enunciada y fue reprobatoria respecto de la hipótesis oficial.

Un esperanzador contrapeso judicial En mayo de 2018, al resolver juicios de amparo promovidos por personas imputadas en el caso y tras realizar un análisis riguroso, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito encontraron indicios sobre el uso de tortura, además de notar la existencia de otras irregularidades, como detenciones arbitrarias e ilegales, demora en la puesta a disposición de autoridad competente y la omisión de investigar la tortura. A partir de una valiente propuesta del magistrado Mauricio Fernández de la Mora, el Tribunal determinó que la investigación no había sido independiente ni imparcial ni eficaz y decidió otorgar la protección de la justicia no sólo a los quejosos, sino extender ese manto hacia las propias víctimas del delito con una fórmula innovadora pero legal: ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), estableciendo que en ella participaría el Ministerio Público pero también, para fungir como contrapeso, los familiares de las víctimas con sus representantes y la propia CNDH. El Tribunal también ordenó profundizar la asistencia técnica internacional, enfatizando la pertinencia de regresar al GIEI. Lamentablemente el gobierno federal ha empleado su resto en emprender una ofensiva inusitada contra la resolución del Tribunal –de suyo inatacable–, interponiendo más de 200 recursos, escritos e impugnaciones de diversa índole contra esta sentencia, al tiempo que el titular del Ejecutivo estimaba pertinente emplear el tiempo aire del Estado mexicano para reafirmar, en la difusión de su último informe de gobierno, su compromiso personal con la insostenible “verdad histórica”: el presidente expresó su convicción sobre la solvencia de la hipótesis oficial y enfatizó que su gobierno había permitido el escrutinio internacional de la indagatoria; no dijo, sin embargo, que precisamente ese escrutinio internacional concluyó que la explicación por él defendida carece de sustento científico. En tanto las familias esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice la innovadora sentencia dictada

en el caso y mientras que ya se vislumbra el deslinde público respecto de la “verdad histórica” de actores vinculados a los hechos o a la investigación –el caso de Osorio Chong en el Senado–, la inminente alternancia abre una oportunidad para el esclarecimiento pleno del caso. Para ensanchar esta oportunidad, en el marco del cuarto aniversario de los hechos las familias se encontrarán con el presidente electo en una reunión decisiva para la ruta de justicia que podría iniciarse. Los signos del compromiso de la administración entrante con la resolución del caso son hasta ahora alentadores. La designación de Alejandro Encinas para dar seguimiento al tema es en sí misma esperanzadora, pues no sólo desde su visión política, sino también desde su historia de vida, cuenta con las credenciales idóneas para entender la trascendencia de alcanzar la verdad. Empero, como en tantos otros casos de desapariciones, la experiencia de interacción entre las familias y el Estado mexicano ha sido desastrosa y ha abonado a la sabia desconfianza. Por ello, los padres y las madres de los normalistas están expectantes y ávidos de verificar si lo que hasta hoy son compromisos y declaraciones, se convierten con celeridad en actos de gobierno capaces de verdaderamente desafiar los pactos de impunidad que se entrelazan con la dolorosa historia reciente de nuestro país. Para las familias no hay duda, la concreción de las palabras en actos pasa por la implementación de la sentencia del Tribunal Colegiado que ordena reponer la investigación con controles externos, particularmente con asistencia técnica internacional. Ayotzinapa puede ser una oportunidad para el nuevo gobierno. Si el caso es resuelto con justicia y verdad a través de la operación de un mecanismo de investigación innovador, se demostrará que es posible revertir la impunidad. Ese poderoso mensaje podría generar, sin duda, una imparable sinergia respecto de las propuestas que se han lanzado al nuevo gobierno sobre la adopción de una robusta política de Estado contra la impunidad y, especialmente, de medidas emergentes para erradicar y esclarecer las desapariciones. Hoy en el debate público sobre la necesidad de profundizar la asistencia técnica internacional en el ámbito de la justicia, volver a la experiencia del GIEI es ineludible. Por eso, esclarecer el paradero de los normalistas es mucho más que dar cauce a un caso individual. En México hay al menos 37 mil personas a quienes algún familiar espera y busca, en medio de esa zozobra inconmensurable que genera la desaparición. Como los padres y las madres de los normalistas, se trata de hombres y mujeres que no descansarán hasta saber el paradero de las y los suyos, en un testimonio de amor y de dignidad que –como se ha dicho– es un manantial que alimenta la reserva moral de México. Se trata de víctimas a las que durante muchos años hemos volteado la espalda como sociedad y a las que el gobierno saliente les falló.

Viernes 28 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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LA REBELIÓN DEL INEGI CONTRA SUELDOS MÁXIMOS Ernesto Villanueva

sta semana causó revuelo la propuesta de sueldos y retribuciones que reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que no sólo redujo los ingresos de sus servidores públicos, sino que los aumentó. ¿Qué finalidad jurídica tendrá esa “rebelión”? Ninguna. Se trata de una “rebelión” de carácter testimonial sin asideros en la Constitución para que pudiera transitar esa propuesta. Es importante señalar que el Inegi, aunque sea un organismo con autonomía constitucional, carece de atribuciones para asignarse libremente los sueldos de sus directivos. De igual forma no hay que olvidar que la ley anual del Presupuesto de Egresos es potestad exclusiva de la Cámara de Diputados, como lo prevé el artículo 74. Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice: “Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispues-

to en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.” De manera complementaria, el artículo 75 constitucional deja en claro que “la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General. Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que, para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 74 fracción IV de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables.” (cursivas mías). Lo anterior significa que los

organismos con autonomía constitucional tienen atribuciones de proponer su tabulador de sueldos, pero es la Cámara de Diputados la que determina en última instancia si se aprueban o no. De esta suerte, el Inegi o la Cofece, por citar dos ejemplos, pueden proponer que sus servidores públicos de mandos medios y superiores sea de 2 millones de pesos mensuales. Eso, por el mandato de los artículos 74 y 75 constitucionales la Cámara de Diputados los puede bajar directamente. Haya o no promulgación de la ley de salarios máximos, la Cámara de Diputados tiene la facultad constitucional de decidir a su libre juicio el sueldo de los servidores públicos de la Federación. Si en las próximas semanas se promulga la ley que prevén los artículos cuarto y quinto transitorios de la reforma constitucional del 2009, le daría dientes a esa normativa reglamentaria del artículo 127 para sancionar la simulación de sueldos máximos. No obstante, si no se promulgara y publicara en el Diario Oficial de la Federación, la Cámara de Diputados sigue teniendo intactas sus atribuciones exclusivas en esta materia que, además, no pueden ser controvertidas ante el Poder Judicial de la Federación, toda vez que es de explorado derecho que una norma que forma parte de la Constitución no puede ser al mismo tiempo anticonstitucional

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Viernes 28 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

SISTEMA Y DEMOCRACIA Juan José Rodríguez Prats / Excélsior-Contrapoder Lo que nos define como seres humanos no es lo que logramos sino lo que superamos Alfredo Quiñones

istema es un concepto que la política copió de la biología. Se refiere al desempeño de funciones, constituye una serie de elementos que se interrelacionan para alcanzar propósitos. Está integrado por instituciones, normas escritas y no escritas pero acatadas, procedimientos, costumbres hábitos… En otras palabras, cada sistema genera una cultura política y viceversa. Es una interdependencia inevitable. La Revolución mexicana generó un sistema político, que no es algo menor. No era una democracia ni una dictadura y se le identificó con muchos nombres, quizá el más acertado es el de “presidencialismo autoritario”. Según Daniel Cosío Villegas, tenía dos elementos: un ejecutivo federal exacerbado en sus atribuciones y un partido hegemónico. Fue concebido como una medida urgente, de

carácter transitorio y con fines que cumplió: dar gobernabilidad y estabilidad y a su vez permitir reformas paulatinas que permitieran llegar a la democracia prescrita en nuestra Constitución. Manuel Gómez Morin escribió: “Pero la democracia es además sistema porque no nos basta enunciar un principio o un anhelo para conjurar una realidad. El principio tiene que encarnar y para que encarne requiere un sistema”. Ahí está el meollo de nuestra problemática política. El viejo PRI, con todas sus grandes fallas, cumplió con los fines para los que fue creado. Sin embargo, al arribar a nuestra pervertida democracia se desmanteló ese sistema, pero no se le sustituyó con otro que fuera eficaz. Esto es, no seguimos el pragmático consejo de Antonio Caso: “No se destruye lo que no se reemplaza” Se han creado instituciones para darle sustentabilidad al nuevo sistema. Desafortunadamente, han fracasado. Desde los órganos encargados de transparentar nuestra vida pública, hasta los diseñados para calificar elecciones. No hay certidumbre de cómo acceder al poder y de

cómo ejercerlo, lo cual nos lleva a un serio cuestionamiento de nuestro Estado de derecho. Hay dos instituciones que, con sus altibajos, han funcionado: el Banco de México y el Partido Acción Nacional. La institución financiera protegió la macroeconomía, permitiendo el desarrollo estabilizador, con excepción del periodo que inicia con la funesta frase de Luis Echeverría de 1973: “Las finanzas se manejan desde Los Pinos”. Concluye en 1992 con las reformas para fortalecer la autonomía del banco central. Desgraciadamente, hay señales que ponen en riesgo su buen desempeño. Por lo que se refiere al PAN, fue una oposición responsable que apo-

yó reformas trascendentes, dándole preeminencia al interés nacional. Al llegar al poder, no estuvo a la altura de las expectativas ni fue congruente con su doctrina. Hoy, su deber es inmenso por ser la única opción de real contrapeso a un poder presidencial que amenaza con retornar a las formas más primitivas de ejercerlo. El “partido de la larga marcha”, como lo denominó Soledad Loaeza, enfrenta una terrible amenaza. Convocado a elegir a la nueva dirigencia, un grupo pretende avasallar a su militancia, usando medios deshonestos y viendo al partido como un auténtico botín. Defender la institucionalidad del PAN y propiciar su supervivencia es deber de todos sus miembros, no tan solo es un caso de lealtad y correspondencia, sino de una altísima obligación con las generaciones de antes, de ahora y del futuro para preservar una trinchera digna de participación ciudadana honesta. Bien lo decía Luis H. Álvarez, “Invocar los principios para no encarnarlos, así sea en forma limitada, es condenarlos aunque nunca se realicen”.

SHEINBAUM Y LOS CINCO MIL 13 HOMICIDIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

n Estado incapaz de garantizar la vida de las personas y la posesión de sus bienes es un Estado fracasado en su esencia. Es lo que desde hace lustros padecemos en México. Lo que inició como una crisis de seguridad pública en los años noventa, se convirtió por corrupción y complicidad de las autoridades en un tema de seguridad nacional. Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña heredaron al país prácticamente un cuarto de millón de homicidios. Eso de acuerdo a las cifras oficiales. Esa tendencia se reflejó también la Ciudad de México, que tradicionalmente se había mantenido al margen de la violencia entre los grupos de la delincuencia organizada. Al menos, como lo había hecho en el interior del país. Fue en el gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), ahora senador de la República, cuando las disputas entre bandas rivales se expresaron en los llamados narcomensajes, sica-

Jorge Carrasco Araizaga riato, cuerpos desmembrados en la vía pública, amenazas y otras expresiones en relación con las autoridades y la policía. Desde que era el procurador de Justicia de la capital en el gobierno de Marcelo Ebrard, Mancera se la pasó durante toda una década negando esa evidencia. La capital era solo un lugar de tránsito, de consumo y en todo caso refugio de algunos líderes. Era lo más que decía. La organización no gubernamental México Evalúa, dedicada a la revisión de las políticas públicas, acaba de demostrar cómo el gobierno de Mancera estuvo marcado por los homicidios. Crecieron 63.5 por ciento. En una investigación titulada “5013 homicidios en la Ciudad de México”, dada a conocer el miércoles, la organización precisó que casi la mitad de esos homicidios ocurrieron en lo que define como puntos críticos: las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Pero entre 2009 y 2016, Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan, así como los límites de

Venustiano Carranza con Cuauhtémoc, y las fronteras con el Estado de México, se sumaron a esos puntos críticos. En una descripción georreferenciada, el estudio precisa las colonias de esas delegaciones en las que se concentran los homicidios en la capital del país. Esto que parece obvio, no se había hecho hasta ahora. Aunque el estudio no lo dice, esas colonias forman parte de los corredores de la droga en la capital y que son los que están en disputa. Una de las conclusiones de México Evalúa es que el sistema de cuadrantes en el que la Secretaría de Seguridad Pública divide a la capital sencillamente no ha ser-

vido para detener la violencia, en particular los homicidios. La próxima jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciará en próximos días su plan de seguridad. Por lo que se sabe hasta ahora es que retomará las reuniones diarias de coordinación que hacía el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno. El próximo gobierno buscará que la coordinación llegue a los 70 territorios en la Secretaría de Seguridad Pública divide a la capital. A reserva de conocer a detalle la propuesta del próximo gobierno, habrá primero que asumir que la Ciudad de México es crucial para la delincuencia organizada y que en años recientes se reorganizó bajo un nuevo esquema de protección oficial. El problema es más que de reorganización policial. Lo que estamos viviendo, como partes enteras del país, es que la policía está perdiendo espacios ante la delincuencia organizada y quienes lo han permitido se mantienen también en la impunidad.

Viernes 28 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

l martes pasado el gobernador provisional y senador con licencia Manuel Velasco Coello en una encerrona a piedra y lodo –pues solo con personal de extrema confianza y su prensa local predilecta, aquella que nunca le hará preguntas incomodas que lo pongan de mal humor y lo hagan salir huyendo como la “Cenicienta-, de nuevo trato de convencer a la concurrencia el porqué de su decisión de regresar a mal terminar su administración gubernamental. En la reunión celebrada como ya lo dije con la crema y nata de los “cuates”, Velasco se esmeraba tratando de convencer a funcionarios y medios de comunicación invitados casi en secreto, que regresar a gobernar fue una decisión personal, por eso aceptaba las críticas. “Todos los comentarios son respetados, he escuchado con atención las diferentes opiniones, los diferentes posicionamientos, pero quiero decirles que la única convicción que decidí regresar hasta el 8 de diciembre fue precisamente a dar la “cara”… ¡gulp! Por mi compromiso que tengo hasta el último día de mi compromiso… otra vez ¡gulp! Para terminar obras muy importantes para los chiapanecos y trabajar todos los días, todas las horas, por la seguridad de todos, a favor de la salud, de las clínicas que todavía están en proceso de construcción y que debo de entregar antes del 8 de diciembre, a trabajar para cumplir con caminos, libramientos que están pendientes. Sin embargo, Velasco cree que los chiapanecos no tenemos memoria, que pronto olvidamos las afrentas hechas por él y sus funcionarios durante toda la administración y que cree que en tan solo tres meses podrá reivindicarse. Pues no y tenemos su pase de lista por dejar un estado sumido en la pobreza, por un sexenio de mentiras, corrupción, falacias, crímenes, injusticias, ineficacias, enriquecimiento inexplicable de él, de su madre, su tío y demás familiares, así como de sus funcionarios, así como, sus putos berrinches, el narcotráfico e hipocresías. Velasco no podrá reivindicarse ni en uno ni dos ni en tres meses, ni nunca, porque traicionó a los chiapanecos, junto con los miserables de legisladores que se vendieron por una cuantas monedas para que el gobernador pidiera licencia, tomara protesta como senador de la República y regresar a su puesto en el gobierno estatal —como gobernador provisional—tras impulsar cambios a la Constitución local, es decir sus empleadillos diputados le confeccionaron un “traje a la medida”. De manera turbia, Velasco y los desvergonzados diputados locales, el 24 de agosto, le facilitaron el camino, al modificar los artículos 45, 52, 55 y 56 constitucionales que le impedían al mandatario dejar el cargo y después volverlo a tomar. Quiero pensar que los mexicanos el 1 de julio votamos contra los excesos

CONTRAPODER EN CHIAPAS

CARTELERA POLÍTICA Leonel Durante López

• Velasco da la cara, custodiado por sus escoltas • La presidenta de Jucopo salió buena para el dinero • Se cumple una semana del artero asesinato de Mario Gómez de los políticos, pero ni Velasco si su gente lo tomaron en cuenta, se pasaron la constitución por el “arco del triunfo”, pues en Chiapas nadie recibió el mensaje, pues sin pudor alguno, el Congreso dio licencia a Manuel ir y venir al gobierno y luego sentarse en su curul, una vil traición y humillación y eso si pisotear la dignidad de los chiapanecos, no como la que argumenta el senador zanja negra, quien después de todo ese teatro, ya prepara otras traiciones para el próximo gobierno, pues no conforme con ser desplazado de la gubernatura, se valdrá de todas sus artimañas para conseguir su objetivo, ser gobernador de Chiapas, aunque sea interino. Velasco dice que regresó a dar la cara, pero siempre tras su guardia personal que no lo pierde de vista, pues este tiene pánico de quedarse a solas con los chiapanecos, por su traición y haberse valido de componendas políticas para seguir obteniendo beneficios de la mafia del poder, pues con los cinco senadores verdes que se pasaron a MORENA, compró inmunidad política.

Silvia Lilian se quedó hasta con el dinero de los medios de comunicación

Mientras que la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Silvia Lilian Garcés Quiroz se lame los bigotes y se frota las manos a tan solo un mes de salir huyendo con un gran cargamento de paga que hizo en tan solo unos meses que estuvo al frente de la JUCOPO, los trabajadores de esa institución se manifiestan preocupados por la negativa de la ambiciosa diputada de pagarles sus salarios, prestaciones, aguilandos y demás regalía, que a decir de los trabajadores, esta misma se apropió de los recursos y ahora niega tener dinero con el argumento que la Secretaría de Hacienda no les ha depositado. Si la Secretaría de la Función Pública como el mismo Órgano de Fiscalización investigara a Silvia Lilian darían rápido con el dinero, pero como existe contubernio entre estos, difícilmente a los trabajadores se les hará justicia. En cuestión de apropiarse el dinero, en Chiapas lo que hace la mano hace la tras, por ello, si Manuel Velasco le debe a todo mundo y no se sabe a dónde fueron a parar millones de pesos del presupuesto de egresos en seis años, lo mismo hacen los diputados y los funcionarios estatales, de robarse el dinero público, por lo que no se pue-

den cumplir los compromisos, pues el dinero no alcanza, menos si va a parar a los bolsillos de los políticos. Por ejemplo, el gasto diario en el Congreso es superior a los tres cuartos de millón de pesos, pero ni con esos recursos puede pagar la nómina de los trabajadores ni prestaciones laborales adquiridas. Desesperados por la situación actual los trabajadores se han manifestado en varias ocasiones para exigir a la JUCOPO el pago que les adeudan. Por ello, decenas de empleados sindicalizados y de confianza, protestaron en el órgano legislativo para exigir el pago del aguinaldo proporcional, el pago del retroactivo de incremento salarial y bono sexenal. El próximo domingo 30 de septiembre, la actual legislatura, LXVI termina y los empleados temen no recibir dichos pagos, luego de reunirse con el encargado de la Presidencia del Congreso, solo quedó en promesas de pago. Sonia Janapá Lázaro, secretaria general del Servicio del Poder Legislativo de Chiapas, indicó que durante el año la JUCOPO ha dado evasivas a las demandas labores, dónde la presidencia es omisa con las peticiones del sindicato y trabajadores asalariados. Mientras tanto, se vence el plazo y la presidenta finge demencia para no pagar, le debe a todo mundo, a los medios de comunicación desde hace meses les dejó de pagar, para embolsarse la lana, y mientras llega el momento de pegar la huida, se la pasa haciendo remodelaciones al edificio como manera de llevarse más dinero a su bolsa, así de pilla la diputada y buena que Salió para el dinero.

Se montará un altar en las afueras del “muro de lamentaciones”

Es viernes 28 de septiembre se cumple una semana del artero asesinato de Mario Leonel Gómez Sánchez, y de las investigaciones no hay nada claro, con el riesgo que el caso sea encarpetado y archivado como todos los casos a nivel nacional. Por ello, para este viernes los periodistas chiapanecos han organizado instalar en las afueras del Palacio de Gobierno –hoy el muro de lamentaciones-, un altar como una manera de protestar de manera simbólica a tan solo una semana del asesinato de Mario Gómez. Por tal motivo se convoca a todos los compañeros periodistas de todos los géneros a que estén presentes durante la ceremonia luctuosa y montar

un altar en su memoria. DE esta forma los periodistas protestar simbólicamente por la violencia que enfrentan los periodistas en el país y exigiremos a las autoridades estatales justicia para nuestro compañero de Yajalón. La cita es este viernes, 28 de septiembre, a las 7 P.M. afuera del Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez. *Lleven veladoras, flores y cartulinas *La idea es que no bajemos la guardia hasta que los responsables del homicidio, intelectuales y materiales, estén en la cárcel. Por otro lado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó el asesinato del periodista mexicano Mario Leonel Gómez Sánchez y exhortó al gobierno de Enrique Peña Nieto a redoblar esfuerzos para resolver el caso y procesar a los responsables. En paralelo, exigió al gobierno mexicano fortalecer las políticas de prevención, protección y procuración de justicia en los casos de violencia contra periodistas. “México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos y, particularmente, la seguridad de los periodistas. En consecuencia, llama al Estado a redoblar esfuerzos para fortalecer sus políticas de prevención y protección de violencia contra periodistas”, indicó la Relatoría por medio de un comunicado.

Del Montón

El Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) soliciten al gobierno de Guatemala la autorización para que la Fiscalía estatal de Veracruz ejecute la orden de aprehensión contra el exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada. Durante el debate en el pleno de la Cámara alta, los senadores del PAN, PRD y MC consideraron que la sentencia de nueve años de prisión dictada a Javier Duarte es “insuficiente” y “ridícula” por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, al tiempo que culparon al gobierno federal por falta de rigor en el combate a la corrupción. * * * Para mejorar la protección de los migrantes en tránsito y los solicitantes de refugio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos (CCPDH), y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) realizarán una visita a la ruta migratoria del norte, que abarca Belice, Guatemala y México. El principal objetivo es elaborar un estudio que muestre la realidad de la población que huye de El Salvador, Guatemala y Honduras hacia México y países de Centroamérica. * * *¨Eso es todo por hoy, hasta el lunes próximo primero Dios con más de lo mismo.

CONTRAPODER EN CHIAPAS

LA INMUNDICIA DEL PODER JUDICIAL…

o me dejarán mentir, pero la adminis tración de justicia durante el gobierno de MANUEL VELASCO COELLO en manos del ahora Gobernador Electo, RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, dejó mucho que desear y es una de las peores en la historia del Tribunal Superior de Justicia y del mismo gobierno verde. Nunca como ahora y en este sexenio, la justicia habría quedado a la deriva y en poder de gentes sin compromiso; podría decir que, hasta sin escrúpulos en el manejo de la ley y de los recursos destinados a la impartición de justicia. RUTILIO ESCANDÓN se encargó de corromper lo que él mismo llamó “la casa de la justicia”, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. Todo en esta instancia es de desorden y corrupción cuando debiera ser de pulcra honestidad, responsabilidad y compromiso con la justicia. Aunque no solo el GÜERO VELASCO y RUTILIO ESCANDÓN tienen toda la culpa. También en el gobierno de PABLO SALAZAR y JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO se utilizó al Poder Judicial como muro de protección del gobierno y jueces de consigna. En eso estuvo destinado MILTON ESCOBAR CASTILLEJOS en el pabliato; SONIA SIMÁN MORALES y JUAN GABRIEL COUTIÑO GÓMEZ, en elsabinato, quienes terminaron como notarios públicos sin ningún merecimiento ni capacidad jurídica. No menos envilecimiento de la justicia se ha tenido en el gobierno verde de MANUEL VELASCO COELLO ante un Magistrado Presidente al que se le acusa de neófito en la materia jurídica: el doctor en derecho, RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, quien misteriosamente es ahora Gobernador Electo del Estado de Chiapas, y será constitucional a partir del 8 de diciembre próximo. Durante su gestión en el Poder Judicial se le señaló de indolente y sumiso a las órdenes del gobernador MANUEL VELASCO COELLO. De la misma manera se acusa de comercializar la ley a través de la inconstitucional “Mesa de Reconciliación” que se dedicó a poner en libertad a “cualquier” preso, por “cualquier” delito, aun cuando fuera por violación, a la salud (narcotráfico); feminicidio u homicidio doloso, a cambio de miles o millones de pesos, que la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación están obligadas a investigar. La degradación y el envilecimiento de la justicia en Chiapas se puede constatar desde que el Gobernador –en cualquier época y tiempos—ordena el nombramiento de un magistrado, un consejero y hasta un juez (muchas veces de consigna). En el caso particular de MANUEL VELASCO COELLO se ha extralimitado en esa facultad de proponer y

Viernes 28 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ÍNDICE... Ruperto Portela Alvarado

• La justicia de Chiapas en manos de rufianes… • El desastre que deja MANUEL VELASCO… • Comentarios al Margen…

el Congreso del Estado de aprobar dichos nombramientos. Es el caso de MIRNA CAMACHO PEDRERO, quien fue nombrada magistrada del Tribunal Superior de Justicia sin ningún mérito ni conocimiento de la carrera judicial. Fue una imposición o “pago de factura”, donde la nulidad de su trabajo es la prueba de que en su nombramiento no hubo exigencia ni cumplimentación de requisitos para ocupar ese delicado cargo. Lo mismo me refiero a SALVATORE RAMONE CONSTANZO CEBALLOS, quien de promotor antrero se le encumbró a Consejero Electoral y luego Magistrado del Consejo de la Judicatura sin que haya pasado por alguna experiencia de carrera judicial. Es más, se duda de sus estudios en materia de derecho y no queda duda de que es carente de capacidad para ocupar el puesto que detenta en el Poder Judicial. No menos cuestionable es que a JUAN OSCAR TRINIDAD PALACIOS se la haya nombrado magistrado y más presidente del Tribunal Superior de Justicia cuando nunca ha litigado, pues dicen sus detractores e inclusive paisanos tonalteco-turulos que “como abogado no saca un loro de la jaula ni con la multa pagada”. “Juan Tripas” –le dicen sus amigos y coterráneos de la costa—es un político que se ha servido del poder y por eso ha ocupado cargos que no le corresponden por su falta de conocimiento. Así fue presidente del Tribunal Burocrático del Servicio Civil; presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde dejó mucho que desear y bastante su genuflexión ante el avasallamiento del titular del Poder Ejecutivo a esa instancia. En premio es Notario Público. Hoy el Tribunal Superior de Justicia sigue en manos de un anodino e insustancial político que se regocija en la comodidad de la burbuja del poder. JUAN OSCAR no maneja estrés; se la pasa relajado, relajado y deja hacer y pasar hasta la desfachatez de su secretario particular, LUIS FERRO, el cancerbero que ataja todas sus responsabilidades y le cubre sus ausencias reiteradas. Quiere decir que con la salida de RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CA-

DENAS y la llegada de JUAN OSCAR TRINIDAD PALACIOS, el Tribunal Superior de Justicia salió del chiquero para entrar al lodazal. Si no me creen, ahí lo vemos con el tiempo…

CHIAPAS, EL RECUENTO DE LOS DAÑOS…

Cuando creímos que ya lo habíamos visto todo en las entrañas del poder y los políticos chiapanecos con las veleidades y egocentrismos de PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA y JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, que llega la imberbe “Cuija Verde”, MANUEL VELASCO COELLO para superar a ambos en desfachatez, cinismo, simulaciones, engaños, corrupción e impunidad. Todo se conjuntó en una sola personas; de paso sus familiares, amigos, cómplices y testaferros. El GÜERO VELASCO concentró todo el poder como sus antecesores, pero exageró en disponer del dinero, el abuso de autoridad y hasta de las instancias autónoma como deben ser el Poder Judicial y el Poder Legislativo. A todos corrompió y puso a sus servicios y caprichos. Eso no está a discusión porque se ve a ojo de buen cubero, y también lo hicieron sus antecesores. Ahora los que vienen, de la noche a la mañana quieren ser “demócratas”, quieren ser honrados,honestos, responsables y atentos con los ciudadanos. Pero no lo fueron antes, dejando una estela de irregularidades, desorden y corrupción cuando ejercieron el poder en los últimos gobiernos, especialmente el verde de MANUEL VELASCO COELLO donde uno de sus alfiles era precisamente el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, ahora Gobernador Electo, RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS. Así no se le puede creer a nadie y menos a RUTILIO ESCANDÓN, cuya imagen como titular del Poder Judicial en el Estado de Chiapas, enlodó la justicia y la obligación de ejercer la ley para todos y no para sí mismo y enriquecimiento personal. Tampoco al GÜERO VELASCO que en un afán de ambición y poder, avasalló al Congreso del Estado, envileciendo al Poder Legislativo y en esa misma actitud totalitaria a la propia Constitución local y la General de la República. Se enriqueció desde

el cargo de gobernador que a su vez degradó a una vil instancia a su servicio particular, familiar, de amigos, cómplices y testaferros, a los que les dejó arcas abiertas para beneficio y enriquecimiento. La percepción ahí está; no se puede esconder la rapiña y la corrupción. El Congreso del Estado, la LXVI Legislatura –más que las anteriores con PABLO SALAZAR y JUAN SABINES—se redujo a una agencia del Ejecutivo y satisfizo en grado sumo los caprichos del gobernador MANUEL VELASCO COELLO, hasta la saciedad de ser los diputados cómplices en la horadación a la Constitución local, leyes, reglamentos, normas y todo lo que ordena sujeción al ejercicio del poder que deben ser respetadas. En esas circunstancias es poca la confianza que se pueda tener en el nuevo gobierno del Estado de Chiapas y la emersión de RUTILIO ESCANDÓN CADENAS a la gubernatura. Pero como dicen los sabios y filósofos: “hay que darle el beneficio de la duda” y como ciudadano, la concedo…

COMENTARIOS AL MARGEN… PRÓXIMA REUNIÓN DE LA CONAGO…

Un saludo a mi amigo ARMANDO CHACÓN por su amistad que perdura desde hace mucho tiempo y la plática que ayer tuvimos sobre diversos tópicos de la política chiapaneca. De eso tengo el apunte de que, para los días 3 y 4 de octubre próximo, se celebrará en esta capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez la reunión de la “Conferencia Nacional de Gobernadores” en la que participará el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. Resulta que antes estos eventos eran motivo de información “a ocho columnas” y hoy las mantienen en secreto hasta que alguien la filtra. No sé cuál es el motivo por el que ocultan los actos públicos que “deben ser públicos”. Si es por seguridad, pues ¿a qué le temen? El resguardo es impresionante y nadie puede acercarse a la sede de la reunión donde estarán los 32 gobernadores del Estado, el Presidente de la República y el Secretario de Gobernación. El Estado Mayor Presidencial atacará una presunta inseguridad al evento de un millar de elementos, cuando menos, y la sede de la “Conferencia Nacional de Gobernadores” totalmente protegida. Lo que sí me llama la atención es que “en Chiapas no hay dinero” para salud, educación, deporte, trabajo, medicinas, atención y equipamiento de hospitales, pero para un evento donde arribarán miles de invitados, policías, ayudantes y hasta perros de seguridad, “el presupuesto no tiene límite de gasto”. Así es este gobierno –federal y estatal-- de irresponsable; pues mientras la pobreza se incrementa entre4 millones 114 mil chiapanecos, el gobernador dilapida el presupuesto en eventos de relumbre y sin provecho para el Estado… Se acabó el mecate… Y ES TODO…

CMAN

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Viernes 28 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1472

MANIFESTACIÓN

EVENTO

Realiza UNACH Congreso sobre Gestión y Gerencia en los Sistemas de Salud

Antorcha campesina en Plantón indefinido por incumplimiento de la SEDATU

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MARCHA

Padres de los 43 condenan mala integración de la PGR que permitió liberar a ocho implicados

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INCONFORMIDAD

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COMPROMISO

Petroleros dicen que AMLO les ofreció certidumbre en contratos ya asignados

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Ahora es SCT quien incumple con la rehabilitación de los caminos de la Zona Alta de Tapachula A través de un recurso federal que comuneros lograron gestionar, las autoridades se comprometieron a rehabilitar 25 caminos sacacosechas en la zona alta de Tapachula, trabajos que fueron asignados a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, sin embargo la dependencia ha incumplido con las obras.

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Piden a gobernador de Oaxaca proteger a periodista por allanamiento ilegal de Agencia de investigación