CONTRAPODER EDICIÓN 1466

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Los días por venir

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Para reducir las condiciones de pobreza en México y lograr el cumplimiento de los compromisos contraídos por el presidente electo, el país debe de tener un crecimiento económico mínimo del 6% sostenido durante varios años. Sin embargo para Chiapas, el crecimiento debe ser superior del 8%

En el municipio de San Fernando se otorgó un uso del suelo para un relleno sanitario.

Esta autorización no fue sometida al cabildo por un presunto tráfico de influencia.

El relleno es para sustancias tóxicas generadas por los hospitales del país.

En donde se depositan sustancias radioactivas que representan un riesgo ambiental mayor.

La empresa del relleno fue rechazada en varios Estados pero aquí obtuvo el permiso.

Se comenta que donó 200 millones de pesos y el operador fue Enoc Hernández Cruz.

DIARIO

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Jueves 20 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1466

ACUSACIÓN

INVASIONES

Artesanas de Chiapas denuncian a Zara por plagiar uno de sus bordados tradicionales “Hace dos años vinieron unos chinos, nos exigieron mucho trabajo, nos pagaron muy poco, vinieron solo dos veces y ya no aparecieron más”, declaró María Méndez, una de las tejedoras, a eldiario.es sobre su principal hipótesis del origen del plagio denunciado, aunque también apuntó que podrían haberlo “robado” de imágenes en redes sociales

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MANDATO

El TEPJF ordena recuento total de la votación a gobernador en Puebla

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ONU-DH pide a gobiernos atender a damnificados y organizaciones para enfrentar futuras emergencias

DENUNCIA

En Mezcalapa, alcaldesa sin dejar cuentas claras

En Chiapas MOCRI EZ tiene en posesión 15 mil hectáreas

HOY ESCRIBEN ÍNDICE...

Ruperto Portela Alvarado PAG. 15

EU, LA PIEDRA EN EL ZAPATO DE LA POLÍTICA ANTIDROGAS DE AMLO Rafael Croda

EN LA MIRA

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Héctor Estrada

EL CIRCO DE AMLO

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Arturo Rodríguez García

LA DROGA

PAG. 13

Javier Sicilia

PAG. 12

LAS PALABRAS TIENEN UNA RESPONSABILIDAD José Gil Olmos

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DE DÍAZ ORDAZ A PEÑA NIETO, LOS SÍMBOLOS Y LA REPRESIÓN Arturo Rodríguez PAG. 5

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Jueves 20 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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EN CHIAPAS

EDITORIAL Los días por venir

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ara reducir las condiciones de pobreza en México y lograr el cumplimiento de los compromisos contraídos por el presidente electo, el país debe de tener un crecimiento económico mínimo del 6% sostenido durante varios años. Sin embargo para Chiapas, el crecimiento debe ser superior del 8%, situación que resulta prácticamente imposible de alcanzar por los indicadores de rezago que padece.

En la actualidad, la crisis social en Chiapas es severa: 78% de la población vive en pobreza y pobreza extrema; tiene el primer lugar en el país en muerte materno infantil; el primer lugar en infección del SIDA; el 84% de sus niños y adolescentes viven en pobreza; la economía de la entidad no sólo no tuvo crecimiento sino que tiene una tendencia negativa; se cayó la producción del café por la contaminación de la roya, que representó durante décadas el principal artículo de exportación y de ingreso de 170 mil productores; hay una deuda pública de más de 40 mil millones de pesos, lo que hipotecó el futuro de Chiapas; el crecimiento del producto interno de la entidad es del -2%; ocupa el primer lugar en el país en rezago educativo; el 18% de la población es analfabeta; y así, se pueden seguir enumerando una cantidad preocupante de

cifras oficiales negativas, que muestran la verdadera cara de un Chiapas, con una profunda desigualdad económica, con graves problemas de gobernabilidad.

La discusión sobre la atención y mejora de estos indicadores no está presente en la población chiapaneca, que en su mayoría se caracteriza por su falta de visión de futuro y en la que existe una baja participación política en la definición distributiva del presupuesto.

Después de doce años de mal gobierno, Chiapas se encuentra en crisis económica y con varios puntos del territorio con riesgo de violencia, en el que no se toman medidas preventivas ni acciones de atención de los problemas. No son pocos los municipios en donde los conflictos se van a heredar al próximo gobierno: El Bosque, Simojovel, Amatán, Bochil, Ixtapa, Pueblo Nuevo, Santiago del Pinar, Tila, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Palenque y Tenejapa.

La situación de crisis económica y de conflictos políticos muestran que el futuro inmediato de Chiapas resulta poco halagüeño, en virtud de que la economía de la entidad se mueve en torno de los recursos que invierte el gobierno, y no se prevé que esta dependencia se vaya a modificar, de allí que si no se mejoran las condiciones financieras de la entidad se corre el riesgo de que las actividades

productivas mantengan un crecimiento negativo; aunado a esto, existen grupos a quienes no se les ha satisfecho sus demandas, que mantienen una apuesta a la violencia, lo que acentúa la descomposición social de la entidad.

La corrupción, el despilfarro, el pago de la deuda y la impunidad en los últimos doce años, son costos que se van a cargar al nuevo gobierno, quien va a mantener a muchos funcionarios de origen verde, en donde la influencia de Velasco Coello va a estar presente, y en el que se va a sufrir la influencia centralizadora del futuro gobierno federal, que ya anunció proyectos de desarrollo para la región que van a crear tensión social en comunidades indígenas y que además ya señaló la creación de mecanismos para la realización de compras consolidadas, que se contraponen a las políticas de descentralización administrativa y de reactivación económica, al mismo tiempo que violentan la autonomía relativa de las entidades federativas.

Bajo esta lógica, el gobernador electo Rutilio Escandón ya manifestó su propósito de subordinarse a los compromisos y decisiones del presidente electo, lo que lo coloca en una situación compleja, pues él mismo está acotando los márgenes de maniobra y autonomía que debe tener un gobernador en la entidad.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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EN CHIAPAS

De la Redacción Ciudad de México (apro)

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or los pedregosos caminos de Aguacatenango, un humilde poblado de Chiapas, desfilan a pasos cortos mujeres indígenas que lucen coloridas prendas tejidas por ellas mismas. Algunos de esos estampados son similares a los que vende la marca española Zara.

No es una pasarela de París o Milán, pero la industria de la moda se ha fijado en la originalidad de sus vestimentas.

“Hace dos años vinieron unos chinos, nos exigieron mucho trabajo, nos pagaron muy poco, vinieron solo dos veces y ya no aparecieron más”, declaró María Méndez, una de las tejedoras, a eldiario.es sobre su principal hipótesis del origen del plagio denunciado, aunque también apuntó que podrían haberlo “robado” de imágenes en redes sociales.

Los efectos, denuncian, son dañinos para la frágil economía de la comunidad. “Nos afecta bastante porque la gente ya no nos compra a nosotras porque lo pueden encontrar en una tienda o ya nos dicen que son parecidos. Perdemos ese beneficio, que es nuestro principal sustento en el hogar”, narró María, de 39 años de edad y madre de siete hijos.

Las artesanas no solo señalan las consecuencias sobre su economía.

Los dibujos representan la manera de ver el mundo de la comunidad y son un símbolo de identidad que todavía visten.

“Es una falta de respeto porque esos bordados son de nuestros ancestros, que nos enseñaron nuestros abuelos cuando fuimos creciendo, y así de generación en generación. Es una tradición, no es justo que la copien”, aseguró en un esforzado castellano.

Con mucha dedicación, María puede producir cuatro prendas al mes por las que obtendrá cerca de 400 pesos: siete veces menos el salario mínimo en México. Mientras Zara tarda en fabricar una blusa en unos pocos minutos y cuesta 599 pesos mexicanos.

Las artesanas de Aguacatenango tardan más de 50 horas en tejer esa misma prenda y deben malvenderla, dijeron, en 200 pesos.

Contactadas por eldiario.es, fuentes del grupo Inditex indican que “no van a hacer comentarios” sobre este asunto.

Denuncian su desprotección ante las multinacionales En el patio de María se reúnen 37 mujeres con sus ovillos y agujas que guardan en sus camisas holgadas.

Conversan entre susurros sin apartar la vista de sus manos con cierta resignación. Es la segunda ocasión en la que denuncian que Zara ha utilizado diseños tradicionales de esta misma comunidad sin tenerlas en cuenta: ya lo hizo en 2016 con otra blusa, según explicaron.

Tampoco era la primera vez. Desde 2012, Impacto ha documentado que ocho marcas internacionales han copiado los bordados de pueblos ori-

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Artesanas de Chiapas denuncian a Zara por plagiar uno de sus bordados tradicionales “Hace dos años vinieron unos chinos, nos exigieron mucho trabajo, nos pagaron muy poco, vinieron solo dos veces y ya no aparecieron más”, declaró María Méndez, una de las tejedoras, a eldiario.es sobre su principal hipótesis del origen del plagio denunciado, aunque también apuntó que podrían haberlo “robado” de imágenes en redes sociales

ginarios mexicanos de los estados de Oaxaca, Hidalgo y Chiapas sin reconocer a sus autoras ni hacerles llegar una contraprestación económica.

“Hay una protección al patrimonio individual con los derechos de autor, pero no al patrimonio colectivo que lleva cientos de años. La legislación no las protege porque no hay una organización colectiva que pueda hacer vinculante una ley y las autoridades no atienden estos casos”, lamentó Adriana Aguerrebere, directora de Impacto, la organización que apoya a más de 500 artesanas mexicanas para revalorizar su trabajo y lograr un comercio ético, así como denunciar casos de plagio, una batalla que les ha traído más contratiempos que éxitos.

En octubre pasado, en Instagram fue publicada la imagen de una prenda de la marca estadunidense Santa Marguerite para advertir de que fue copiada de un huipil de San Juan Cancuc, otra comunidad chiapaneca.

La empresa acusó a Impacto de usar una fotografía con derechos de autor y forzó a que Instagram cerrase la cuenta de la organización, que contaba con más de 40 mil seguidores. Lejos de bajar los brazos, Impacto empezó de cero con el nuevo hashtag y la cuenta @viernestradicional, una campaña para que la gente publique cada viernes sus ejemplos de auténticas ropas de pueblos originarios.

“La culpa también es de los compradores, que deben informarse sobre esos abusos, hacerse conscientes, tener respeto y practicar un consumo responsable. Siempre reclamamos autenticidad y al final compramos

copias, no vemos ni nos interesa el trasfondo (…) Además hay una incongruencia de pagar precios muy altos en una tienda y no quererlos gastar en una comunidad indígena”, puntualizó Andrea Velasco, una de las diseñadoras que trabaja de forma colaborativa con las mujeres de Aguacatenango.

Velasco paga 20 pesos la hora de trabajo a las artesanas. Son unos mil pesos por una blusa: siete veces más de lo que suelen recibir habitualmente.

“Cuando nos dio todo eso por nuestras prendas, no lo podíamos creer.

Nunca nos habían pagado por hora. A veces nos lo prometían, pero cuando les decíamos las horas que dedicamos, no querían”, aseguró Margarita Espinosa, otra de las indígenas tseltales que asistió a uno de los talleres de costura impartido por otra diseñadora voluntaria de Impacto.

Los abusos en el comercio local Las tejedoras de esta comunidad aseguraron que también se enfrentan a diario con la explotación de su trabajo por parte de los intermediarios urbanos. “Una dedica dos semanas para terminar una camisa y le dan 150 pesos. Es muy poco, pero no nos queda más remedio que aceptarlo por necesidad”, se quejó Margarita.

Sus principales compradores son los comerciantes del mercado de Santo Domingo, en la turística ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde enjambres de extranjeros acuden a llevarse un recuerdo de la tradición indígena, que en realidad muchos son souvenirs importados masivamente desde países

asiáticos, o bien, malpagados a las artesanas de comunidades alejadas.

“Hay mucho regateo y es muy difícil entrar a vender tu producto directamente. Eso incentiva que los coyotes (intermediarios) paguen lo mínimo”, informó Aguerrebere.

Los comerciantes abusan de las mujeres de Aguacatenango por su situación de vulnerabilidad. En la localidad, ocho de cada diez personas viven en condiciones de pobreza, según datos oficiales, y la mayoría de menores abandonan la escuela antes de los diez años.

En el camino de acceso a esta villa un cartel oxidado advierte: “Prohibida la entrada a funcionarios de empresa eléctrica para cortar luz”. Es una de las escasas muestras de resistencia de esta comunidad azotada por los abusos pese a ubicarse en el entorno de influencia zapatista.

En los días de fiestas patronales se ven hombres en el pueblo. No es común. La única actividad económica en la comunidad es la siembra y cosecha de maíz,que apenas se da un par de veces al año y es pagadpo a un jornal ínfimo. Por esta razón, los campesinos suelen irse durante largas temporadas para trabajar en la construcción.

“Aquí la milpa no rinde. Uno se va a buscar la plata por otros lados. Nos vamos tres o seis meses por fuera”, aseguró Miguel, esposo de María.

“El esposo no tiene trabajo fijo, a veces se van, pero no encuentran nada.

El único sustento seguro son nuestros textiles, es lo que nos mantiene”, añadió Margarita.

El trabajo de la mujer se convierte así en el pilar de la economía familiar y, por ende, en una forma de autonomía para estas tejedoras.

Después de bordar una de las flores de su blusa azul celeste, María cargó varios troncos para hacer leña.

Es la hora del almuerzo y dos de sus hijos ya han regresado de la escuela. El fuego empieza a chamuscar la madera cuando la mujer alza a su nieta de dos años: “El bordado nos hace sacar adelante a nuestra familia. Cuando tejo tengo que echarle ganas porque pienso que con eso voy a alimentar a mis hijos”.

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l Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, recibió el dictamen antropológico “Sistema Normativo Indígena para la designación de autoridades en el municipio de Santo Tomás, Oxchuc”, realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el cual concluyó entre otros aspectos la existencia histórica de sistemas normativos internos para regular a las autoridades municipales.

Dicho dictamen fue solicitado al INAH para dar cumplimiento a lo determinado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en la sentencia TEECH/JDC/19/2017 y acumulados, en la que mandata a este organismo electoral a ejecutar diversas acciones a efecto de verificar, mediante todos los medios atinentes, información objetiva, que demuestre la existencia histórica de un sistema normativo interno acorde al marco constitucional de los derechos humanos, en dicho municipio; ello, a consecuencia de la solicitud que en noviembre de 2016 presentó la Comisión Permanente por la Paz y Justicia del municipio de Oxchuc, para celebrar sus elecciones municipales a través del sistema normativo interno (usos y costumbres).

En la reunión, celebrada el pasado 17 de septiembre, el grupo de especialistas del INAH, encabezado por la Coordinadora Nacional María Elisa Velázquez y por Gabriela Iturralde, refirieron el compromiso mostrado por todos sus integrantes para llevar a cabo con rigor el trabajo de gabinete y de campo, en coordinación con el IEPC. Informó que, como parte del dictamen, el INAH llegó a la conclusión que, “el sistema normativo interno que regula las formas de gobierno indígena en el municipio de Oxchuc, mantiene su vigencia y particularidades. Los cambios experimentados en este sistema de cargos no son prueba de su debilitamiento, sino más bien de la capacidad de adaptación a las nuevas condiciones y circunstancias políticas, características que lo hacen dinámico y permiten su coexistencia con el sistema político nacional. Si bien, el sistema normativo interno no es discordante con el marco

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EN CHIAPAS

Recibe IEPC dictamen antropológico del INAH sobre vigencia de sistemas normativos en Oxchuc

constitucional de los derechos humanos, requiere adaptarse a fin de fortalecer la incorporación de las mujeres y los jóvenes”.

Los trabajos del grupo de investigadores e investigadoras integrado por Rodrigo Megchún, Teresa Mora, Héctor Ortiz y Xóchitl Zolueta, iniciaron formalmente el 24 de marzo de 2018, e incluyeron reuniones con las autoridades municipales y a los promoventes, además de entrevistas con pobladores, autoridades tradicionales e investigadores locales, así como asistencia a asambleas informativas en varias localidades del municipio. Los trabajos fueron suspendidos temporalmente por el INAH del 21 de mayo al 19 de julio, por motivo de las elecciones federales y locales a fin de esperar a que existieran condiciones más favorables para las actividades programadas y evitar posibles conflictos político electorales.

El consejero presidente del IEPC Oswaldo Chacón Rojas afirmó que con este dictamen “se avanza de manera

considerable rumbo a la organización de la consulta que fue solicitada por los pobladores del municipio indígena de Oxchuc a efecto de que puedan definir la naturaleza de sus elecciones municipales”. Consideró que “es un hecho inédito en la historia del estado Chiapas ya que los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados no habían sido puestos a prueba y con este dictamen estamos en condiciones de dar una respuesta en los próximos días a dicha solicitud”.

Sobre los pasos siguientes tras la entrega del dictamen, Chacón Rojas explicó que “están a la espera de que las autoridades de gobierno, responsables de la seguridad en la entidad, les den respuesta formal y por escrito sobre las condiciones que prevalecen en el municipio, para que el Consejo General apruebe el Acuerdo que defina la ruta y la fecha de la consulta”.

Por su parte, la consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, presidenta de la Comisión Permanente

de Participación Ciudadana, reconoció el profesionalismo del equipo de trabajo del INAH, “los especialistas, con mucha vocación y compromiso recorrieron el municipio para entrevistarse con diferentes grupos, en aras de generar información fidedigna y objetiva que permita tomar la mejores decisiones en la organización de la consulta correspondiente”.

Sánchez Domínguez refirió que a la par de la elaboración del Dictamen Antropológico por parte del INAH, el IEPC ha realizado diversas diligencias para allegarse de mayores elementos y estar en aptitud de emitir respuesta conforme a derecho; para ello se han sostenido entrevistas con diversos habitantes de las comunidades de dicho municipio y se han solicitado informes a diversas autoridades federales, estatales o municipales legales y tradicionales, a fin de que el Consejo General del IEPC pueda contar con todos los elementos para determinar la viabilidad de la implementación de los usos y costumbres del Municipio de Oxchuc para la elección de sus autoridades municipales.

En próximos días, de contarse con todos los elementos para declarar factible la realización de la Consulta, el IEPC organizará reuniones de trabajo con los diferentes grupos y autoridades del Municipio de Oxchuc para definir las reglas a seguir para la organización de la consulta, en la que se garantizarán los derechos de las y los ciudadanos del municipio, particularmente los de las mujeres, como lo señala nuestra Carta Magna y los tratados internacionales en la materia.

En Chiapas MOCRI EZ tiene en posesión 15 mil hectáreas Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Actualmente el MOCRI tiene en posesión cerca de 15 mil hectáreas en Chiapas en diferentes regiones, sin embargo su dirigencia asegura que no ha causado grandes afectaciones a particulares.

“Todas son tierras nacionales “no queremos que nos regalen las tierras, hemos llegado a diferentes acuerdos de pago con las personas que se han visto afectadas”, manifestaron en el palacio de gobierno este martes.

Aristeo Gómez Cruz integrante de la Comisión Representativa indicó que el MOCRI lleva 28 años encabe-

zando una lucha agraria y social.

“Nosotros no somos grupo de choque, tampoco estamos trabajando para el gobierno, de eso nos han señalado pero es mentira, queremos el bien de las familias más necesitadas del estado”, agregó.

Respecto a la movilización que este mismo día realizaron en el Hospital Gilberto Gómez Maza, informó que se debe a la petición de la reinstalación de un médico en cual ha atendido con humanidad a la población.

Al ser cuestionado por las invasiones de las que han sido señalados en Berriozábal, y en el predio Las Brisas de Tuxtla explicó que existe una mesa de negociación para tratar el tema y

para ello esperan que el gobierno del estado cumpla su papel correspondiente.

Indicó que todas las movilizaciones que han realizado son para tratar el tema agrario sin afectar a la población.

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Reconstrucción de viviendas, una mentira para damnificados del Soconusco Marvin Bautista Tapachula, Chis. (interMEDIOS)

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amnificados del sismo de 2014 y de 2017 del municipio de Unión Juárez realizarán en los próximos días actividades de protesta contra el Gobierno del Estado, ya que solo fueron engañados con la reconstrucción de sus viviendas y a meses de que concluya la administración exigieran les cumplan con los apoyos.

El Presidente del Comisariado del Ejido Santo Domingo, Herminio Verdugo Muñoz, afirmó que el Gobernador Manuel Velasco solo se burló de la desgracia que sufrieron las familias afectadas de los sismos, porque les prometieron la reconstrucción de sus viviendas, proceso que nunca llegó.

Dijo que tan solo en el municipio de Unión Juárez hay más de 300 familias que en su momento fueron censadas por la Sedatu y cuentan con su número de folio, las cuales han quedado olvidadas por las autoridades estatales, que es a quien le correspondía la reconstrucción de las viviendas de este municipio.

Señaló que en días pasados una comisión de damnificados viajaron nuevamente a las oficinas de Sedatu en la Ciudad de México, donde les expresaron que el recurso fue etiquetado en su momento al gobierno del Estado, y que son ellos los que les corresponde

El Presidente del Comisariado del Ejido Santo Domingo, Herminio Verdugo Muñoz, afirmó que el Gobernador Manuel Velasco solo se burló de la desgracia que sufrieron las familias afectadas de los sismos, porque les prometieron la reconstrucción de sus viviendas, proceso que nunca llegó

explicar dónde quedaron los millonarios recursos destinados al proceso de reconstrucción.

Detalló que es lamentable que el gobierno solo se haya burlado de la desgracia de la gente, dándoles solo algu-

nos paliativos, cuando las viviendas que resultaron dañadas aún permanecen arrumbadas y las familias durante estos años aún han tenido que pagar renta o estar alojados con familiares. Ante la insensibilidad de las autoridades

estatales, enfatizó que en los próximos días los damnificados realizaran actividades de protesta para exigir al Gobernador, Manuel Velasco Coello cumpla con la reconstrucción de las viviendas en este municipio fronterizo. (iM rrc)

En Mezcalapa, alcaldesa sin dejar cuentas claras Jairo Camacho.

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

De nueva cuenta María del Carmen Guzmán Esteban Presidente Municipal de Mezcalapa se encuentra en el ojo del huracán pues termina la administración sin entregar cuentas claras.

Un grupo de ciudadanos denunció que en complicidad con el primer regidor José Luis Jiménez Pérez, quien es su esposo, no han realizado la entrega de la administración que encabezaron durante el periodo 2015 – 2018.

Juan Alberto Sánchez quien ganó la elección a la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), será quien tenga que dar cuentas al pueblo por el posible desvío de recursos públicos que fueron utilizados para la compra de propiedades personales de la actual alcaldesa y regidor como casas, vehículos, ran-

chos y caballos arrendados.

Por ello señalaron que es la misma población que hace las observaciones a la administración saliente por apoyar la campaña con personal y recursos del Ayuntamiento al empresario conocido como Fernando Hugarte González candidato del Partido Verde Ecologista y Expresidente Municipal del Municipio de Mezcalapa.

Detallaron además que según informes del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de Chiapas (OFSCE), la Auditoría Superior con el Documento “Reconocimiento a Municipios IAGF- 2018” publicó la lista de los 52 únicos Municipios que han cumplido con el informe de entrega de gestión financiera.

“En el que queda la evidencia que el Municipio de Mezcalapa Encabezado por María del Carmen Guzmán Esteban y Pepe Jiménez tienen irregularidades graves en la ejecución

de recursos de su administración”, expresaron.

Por último expresaron que en una búsqueda más específica ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas en lo que va de los tres años el Municipio

de Mezcalapa no ha cumplido con su informe Anual de la ejecución de recursos del municipio lo que traerá sanciones graves para la Presidenta, Síndico y regidores quienes obtuvieron la mayoría de votos para la Administración 2015 – 2018.

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López Obrador nos quiere convertir en zona maquiladora, afirma la defensora zapoteca Bettina Cruz Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

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ntegrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio aseguraron que, a través de “medidas clientelares”, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “pretende entregar nuestros territorios a empresas transnacionales”.

“Escuchamos el discurso de López Obrador y nos quiere convertir en zona maquiladora en donde perdamos toda nuestra esencia cultural como pueblos; necesitamos producir efectivamente, pero necesitamos apoyos a los campesinos, a las mujeres, autonomía para los pueblos, donde haya una política para pueblos”, puntualizó la defensora de derechos humanos Bettina Cruz.

Lo único que el tabasqueño ofrece, añadió, “es que lleguen las empresas y ocupen nuestros territorios. Quiere convertirnos en mano de obra barata. Dice que va a bajar los impuestos, pero es para que lleguen las empresas”, recalcó.

Luego arremetió contra la expresidenta municipal de Juchitán y actual diputada federal, Gloria Sánchez: “Aquí tenemos el caso de Gloria que recibió 65 millones de los eólicos y condonó más de 5 mil millones en impuestos. Eso hubiera servido ahora para rescatar a Juchitán, y miren cómo está podrido con el agua (de caño) en las calles, y tenemos 15 proyectos que están ganando millones de pesos cada día”.

Prosiguió: “¿Y dónde está Gloria Sánchez y va a ser diputada, y un tal Víctor (Blas) que es diputado de Morena que no representan al pueblo?”.

Desde el templete, instalado en Juchitán de Zaragoza, la activista aclaró: “Vamos apoyar proyectos que sean en beneficio del pueblo, no en falsedades.

Necesitamos que se cumplan. Lo que

están diciendo son prácticas clientelares, eso no ayuda, (López Obrador) va a apoyar a empresas, necesitamos una real transformación”.

toría Superior de la Federación realice la fiscalización de los mil 200 millones de pesos contratados como deuda pública por el gobierno del estado para la reconstrucción, y también auditorías a las secretarías de Finanzas y de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra) y a la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi) correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Más de 34 mil mdp para Oaxaca El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en 2019 se invertirán 34 mil 258 millones de pesos en inversión pública en el estado de Oaxaca, con el fin de apoyar una nueva etapa de desarrollo, donde se impulsará una zona franca libre de impuestos en el Istmo.

En Ixtepec, donde acudió con motivo del primer aniversario luctuoso de las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 2017, y como parte de su gira de agradecimiento, dijo que se requiere del apoyo de todos para trabajar en la reconstrucción de caminos hacia las carreteras municipales.

También dio a conocer un nuevo programa de reconstrucción para las zonas afectadas por los sismos de septiembre de 2017, donde –detalló– aplicará 10 mil millones de pesos. Dicho monto, presupuestado mediante el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), será distribuido en 70% para la reconstrucción de vivienda y el 30% restante para acciones de remediación de daños en patrimonio cultural.

Durante la gira que realizó López Obrador por territorio oaxaqueño, la Coordinadora General de Damnificados del Istmo le entregó un documento donde resalta, entre otros puntos, que el terremoto de 8.2 grados del 7 de septiembre del año pasado “causó la muerte de 76 oaxaqueños y cambió para siempre el rostro de nuestros pueblos, así como la vida de más de 60 mil familias que perdieron su patrimonio”.

Los “damnificados de los terremotos, pero también damnificadas de los malos gobiernos”, le hicieron saber al tabasque-

AMLO comparte preocupación de mezcaleros ño que a un año de distancia los gobiernos federal y estatal exhibieron y han exhibido ineptitud, incapacidad y ausencia absoluta de voluntad y compromiso con los damnificados.

Además, “incumplieron con sus obligaciones institucionales durante la contingencia y en la etapa de reconstrucción, cediendo gran parte de sus responsabilidades a la sociedad civil organizada y no organizada que, desde diferentes puntos de la región del istmo, del estado, del país y del mundo, se solidarizaron con los damnificados y nos tendieron la mano en los momentos más difíciles”.

De igual manera, destacaron que el gobierno federal otorgó apoyos en parcialidades, por montos de 120 mil y 15 mil pesos por vivienda, en pérdida total y con daño parcial, respectivamente, “lo cual, por sí mismo, significó una burla a los damnificados”, considerando que la vivienda más modesta del Infonavit cuesta por arriba de los 350 mil pesos.

“Esa burla se profundizó con depósitos incompletos, entrega de tarjetas sin fondos, tarjetas perdidizas y, lo más grave, las clonaciones, cuyo trasfondo es el robo orquestado desde el gobierno, de los recursos destinados a los damnificados sin que a la fecha estos hechos se hayan esclarecido ni se tenga noticia de que algún funcionario haya sido castigado por ello”.

Finalmente, solicitaron que la Audi-

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa expresó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “está llamado a ser el presidente del sureste de México, porque tiene un cariño especial a Oaxaca”.

En un comunicado, aseguró que el tabasqueño le reiteró el apoyo, coordinación y trabajo conjunto para concluir las obras de relevancia estatal, como las autopistas a la Costa y al Istmo, así como hospitales, universidades y caminos rurales.

“El presidente electo comparte con nosotros la felicidad y entusiasmo por trabajar en favor del estado, y eso significa que le irá bien a la entidad”, abundó el priista.

Además, informó que el próximo mandatario federal “comparte la preocupación del sector mezcalero de Oaxaca”, por lo que en días pasados sostuvo una reunión con el presidente del Consejo Regulador del Mezcal, Hipócrates Nolasco, “a quien le expresó su sensibilidad por conservar y defender el patrimonio de los oaxaqueños”.

Finalmente, destacó que el futuro presidente de México coincidió con él sobre la importancia de echar a andar el proyecto del Ferrocarril Transístmico, lo que detonaría y daría prioridad al desarrollo de la región y el estado, sumado a la Zona Económica Especial del Istmo.

Ante falta de pago de nómina, sindicato de la UAEM estallará huelga mañana Jaime Luis Brito Cuernavaca, Mor., (apro)

Hoy se cumplió el plazo. Los más de seis mil trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), no recibieron el pago correspondiente a la segunda quincena de septiembre, por lo que el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) estallarán la huelga emplazada para este jueves 20, a partir de las 12 horas.

Luego de realizar una asamblea de sus integrantes, el gremio académico determinó que no habría más emplazamientos y cuando sólo faltarán 10 días para la transmisión de poderes entre el gobierno saliente del perredista Graco Ramírez, calificado como “nefasto” y el nuevo que

encabezará el futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, los universitarios aprobaron ir a la huelga al medio día.

En entrevista, el apoderado legal del SITAUAEM, Gustavo García Aragón, explicó que tanto el gobierno federal como el estatal no han otorgado los recursos necesarios para el rescate universitario que permitan a la máxima casa de estudios salir de la crisis económica.

Este miércoles no se pagó la nómina a los más de seis mil trabajadores académicos, administrativos y de confianza.

“A pesar del número exorbitante de quienes marchamos en días pasados, parece ser que no fue suficiente, no se han dado cuenta de las condiciones paupérrimas en las que se encuentra nuestra universidad y parece ser que la universidad pública no les interesa y que lamenta-

blemente, porque la principal función de la universidad es la investigación y en la impartición de clases, forjando hombres de bien y de provecho, nos han dejado, nos consideramos aislados, desdeñados, no les ha importado cuando muchos de ellos estudiaron en esta universidad, qué tristeza”, sostuvo.

Y es que el pasado miércoles 12 de septiembre, miles de estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores universitarios marcharon más de 10 kilómetros para exigir la entrega de mil 600 millones de pesos que conforman el déficit que mantiene a la casa de estudios en problemas que la han hecho insolvente y que la ha colocado como una universidad que no puede pagar en tiempo su nómina.

Hasta el momento se han acordado una serie de áreas blancas en donde las

actividades continuarán de forma regular debido a la naturaleza de su función, como por ejemplo la radio universitaria, aunque sólo continuará con la presencia de un productor al aire y música.

Además, la rectoría y otras áreas de la administración central continuarán sus funciones en el centro universitario Los Belenes, una antigua casa de Luis Echeverría donada en los 80 a la UAEM.

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AMLO reitera abrogación de reforma educativa, pero pide a maestros dar clases toda la semana Pedro Matías Oaxaca, Oax. (apro)

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l presidente electo Andrés Manuel López Obrador reiteró a los maestros de Oaxaca que cumplirá su promesa de cancelar la reforma educativa, pero les pidió que actúen en consecuencia dando clases toda la semana.

El tabasqueño también prometió que a los maestros no se les volverá a reprimir.

“Aprovecho para decirle a los maestros que voy a cumplir el compromiso de cancelar, derogar, como sea, la mal llamada reforma educativa, pero también, con todo respeto, porque la mayoría de los maestros cumplen con su responsabilidad y no merecen ser maltratados”.

“Pero también les digo todo esto que va a significar una verdadera reforma educativa, porque ya no van a haber persecuciones y no va a degradarse a los maestros, sino se les va a dar su sitio, también implica actuar en consecuencia de manera responsable, que los maestros den clases, que no haya semanas de martes a jueves, semanas completas, ese es el compromiso, eso es lo que les pido”, puntualizó.

Desde Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, donde fue recibido por el gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa, el presidente electo envió un mensaje a las víctimas de los sismos de septiembre de 2017.

Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)

Un nuevo programa de reconstrucción para las zonas afectadas por los sismos de septiembre del año pasado, que incluye 10 medidas básicas, fue presentado hoy por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

A un año de los sismos que afectaron amplias zonas del país, el nuevo Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) contempla una serie de políticas de naturaleza transversal, en la que participarán dependencias de los tres poderes en los tres órdenes de gobierno de las entidades afectadas, para aplicar en distintos rubros una bolsa de 10 mil millones de pesos.

Dicho monto, presupuestado mediante el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), será distribuido en 70% para la reconstrucción de vivienda y el 30% restante, para acciones de remediación de daños en patrimonio cultural.

La implementación del PNR será coordinada a través de una Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, que se encargará de las accio-

“Nuestro pésame a los familiares de los que perdieron la vida en los terremotos no sólo del Istmo sino de todo México. Nuestro pesar, nuestra tristeza, pero también la esperanza de que estamos luchando por una sociedad más justa, más igualitaria, más fraterna”.

Adelantó que Oaxaca va a ser uno de los estados que va a recibir mayor inversión pública y donde estará la sede de lo que es la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la cual se va a llamar Secretaría del Bienestar.

Igualmente, Bansefi se va a convertir en el Banco del Bienestar para bajar estos apoyos y “vamos apoyar mucho a Oaxaca y vamos a necesitar del apoyo de todos ustedes porque se acabó la robadera, se acabó la corrupción. Y a quien le crezcan las uñas le vamos a dar manicure con tachuela. Ya no más de lo mismo, para eso fue el cambio”.

López Obrador también aclaró sobre su reunión con el gobernador Alejandro Murat: “Por qué vi al gobernador antes de venir a este acto porque

de acuerdo a la constitución los estados son libres y soberanos y tenemos que respetar a las autoridades locales”.

Y agregó: “Tenemos que buscar la unidad y la reconciliación. Ya pasó la campaña. Partido viene de una parte, gobierno es todo. Nada de que tú no ganaste, gané yo, y a ti no te toca nada.

Ya padecimos mucho en la oposición la discriminación. No se puede seguir actuando igual. El apoyo es para todos, porque el presupuesto es dinero para todo el pueblo”.

En Juchitán informó que se va a construir una refinería en Tabasco y rehabilitar las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz para que en tres años se deje de comprar gasolina.

Respecto a la reconstrucción mencionaron que “el programa será asumido como una responsabilidad del Estado y será un Programa Nacional, que involucrará la participación de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes, de la mano con la sociedad.

Para ello se propondrá la firma de

convenios de colaboración en los que se establezcan claramente las acciones que habrán de realizarse y los recursos que se destinarán, a fin de atender, en el menor tiempo posible, a todas las localidades, tanto en los daños materiales que sufrieron las construcciones, como en otros aspectos en los que se vieron afectadas en su vida cotidiana las personas y las comunidades.

Se creará la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción con el objetivo de coordinar y conducir los trabajos de las dependencias y entidades del gobierno federal que llevarán a cabo las acciones de reconstrucción en cada una de las áreas de atención que les corresponda: vivienda, salud, educación y patrimonio cultural.

El Programa tendrá, (porque es una convicción del nuevo gobierno y porque es obligación constitucional), un enfoque de derechos humanos en todas sus etapas. Son los seres humanos, como personas y como comunidades, a quienes tenemos que reconocer, proteger y restablecer la realización de sus derechos.

Se garantizará que todas las personas y comunidades afectadas sean consideradas con criterios de inclusión, igualdad y no discriminación, definiendo mecanismos que faciliten el acceso a los beneficios del programa, y se agilicen los trámites jurídicos, técnicos y administrativos, que permitan agilizar la reconstrucción en condiciones de seguridad y tranquilidad.

AMLO presenta Programa Nacional de Reconstrucción con bolsa de 10 mil mdp nes de vivienda, salud, educación y patrimonio cultural que requieran intervención.

AMLO encomienda a David Cervantes su plan para la reconstrucción Con la promesa de campaña de López Obrador de resolver los estragos de los sismos del año pasado, el proyecto incluye la coordinación de la mencionada comisión con estados y municipios en la que participarán los delegados estatales, para configurar proyectos de desarrollo regional.

De acuerdo con un documento del Equipo de Transición que resume el plan, en todo el diseño se incluirá una perspectiva derecho-humanista que tendrá criterios que agilicen los trámites y los beneficios del PNR. Además, en los 10 puntos mencionados, el próximo gobierno de México compromete el restablecimiento total de servicios básicos, salud y educación, así como de infraestructura social, adelantando que para las obras se

intentará privilegiar la mano de obra local de profesionistas y obreros, a fin de contribuir a la reactivación de la economía de las comunidades.

A diferencia del gobierno que está por terminar, el PNR considera para la reparación de monumentos con valor artístico o histórico, que los beneficios de la reconstrucción incluyan al paisaje arquitectónico dañado, en el que participarán conservadores locales.

El equipo lopezobradorista compromete también la realización de obras en vivienda e infraestructura, que sean más seguras que aquellas que sufrieron daños.

Finalmente, dijo que mantendrá actualizados esquemas de transparencia y rendición de cuentas y convocó a la sociedad civil y a la iniciativa privada a participar en el PNR. “Nuestro pésame, nuestro pesar, nuestra tristeza, pero también la esperanza de que estamos luchando por

una sociedad mejor, más igualitaria, más fraterna”, dijo López Obrador en Ixtepec, Oaxaca, una de las comunidades más afectadas en los sismos del 7 y del 19 de septiembre del año pasado.

El día de hoy, el futuro mandatario dedicó la jornada a Oaxaca, donde realiza una gira de trabajo en compañía del perfilado titular de la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, y de David Cervantes, responsable del PNR, así como de la anunciada secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.

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El TEPJF ordena recuento total de la votación a gobernador en Puebla Gabriela Hernández Y Jenaro Villamil Ciudad de México (apro)

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or unanimidad, los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenaron el recuento total y nuevo cómputo de votos de la elección a gobernador en los 26 distritos de Puebla y revocó las sentencias del tribunal local que negaron un nuevo escrutinio, por lo tanto, el triunfo de Martha Erika Alonso, de la coalición PAN-PRDMC, está en duda.

El partido Morena, que postuló a Miguel Barbosa como candidato a gobernador, solicitó el recuento en cada uno de los distritos electorales del estado. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla negó esta solicitud, señalando que no se cumplían los requisitos legales para el recuento total.

Además, consideró que no resultaba viable realizar un nuevo escrutinio y cómputo en la sede judicial porque Morena no logró demostrar la posible existencia de errores o inconsistencias que afectaran el principio de certeza.

Contra esta decisión, Morena impugnó ante la Sala Superior del TEPJF. En la discusión de este 19 de septiembre, los siete magistrados consideraron que la sentencia del tribunal poblano carece de congruencia ya que omitió pronunciarse respecto a la veracidad de los resultados asentados en las actas de cómputo distrital para realizar un nuevo escrutinio y cómputo de

Mathieu Tourliere Ciudad de México (apro)

A pesar de que el año pasado se reveló que agencias gubernamentales mexicanas usaron de manera ilegal el programa espía Pegasus para infectar los celulares de defensores de derechos humanos y periodistas, tres cuentas de usuario de dicho programa, probablemente operadas por el gobierno mexicano, siguen activas, reveló el organismo académico canadiense Citizen Lab. “Parece que tres operadores de Pegasus son operacionales en México, a pesar de la extensa evidencia sobre los abusos de Pegasus para espiar a la sociedad civil mexicana (…) los hallazgos sobre el espionaje generalizado en México desembocaron en un escándalo internacional y en una investigación criminal. Sin embargo, parece que ello no resultó en el abandono de todas las operaciones de Pegasus en ese país”, señaló en un estudio que publicó ayer.

El nuevo estudio muestra que tres cuentas llamadas MAYBERECKLESS, PRICKLYPEAR y AGUILAREAL –creadas respectivamente en septiembre de 2017, octubre de 2016

la votación para gobernador.

Ante el análisis realizado en la Sala Superior, los magistrados consideraron que la actuación de la autoridad electoral local fue “deficiente” y “afectó los principios rectores en la materia como son: los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad”.

En consecuencia, para lograr “resultados veraces, reales y ajustados a los hechos”, la Sala Superior ordenó llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo en la totalidad de las casillas de los 26 distritos electorales, aclarando que esto no prejuzga sobre la validez o nulidad de la elección.

El recuento se realizaría en las salas regionales de la Ciudad de México y de Toluca, según la decisión de los magistrados, a partir de este viernes 21 y del sábado 22 de septiembre, con el apoyo de elementos de seguridad para la custodia de los paquetes.

Durante la discusión, el magistrado Felipe Fuentes Barrera afirmó que los resultados de la elección para gobernador en Puebla no fueron certeros, por

tanto, se debe hacer un nuevo escrutinio y cómputo. En el mismo sentido se pronunció el magistrado José Luis Vargas, el ponente sobre este caso.

El TEPJF ordenó al presidente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, y a la secretaria Ejecutiva, Dalhel Lara Gómez, estar presentes en el nuevo escrutinio de los votos, donde también podrán acudir los representantes de los partidos que participaron en la elección.

La diferencia entre la candidata a gobernadora por la coalición por Puebla al Frente, Martha Érika Alonso, virtual ganadora de las votaciones y su contrincante, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, fue de 122 mil 36 votos, lo que representaba el 4.04 por ciento de la votación.

Al conocer este veredicto, Alonso Hidalgo, quien es esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, emitió un mensaje en sus redes sociales en donde aseguró estar de acuerdo con el recuento de los votos.

“Celebro la decisión del @TEPJF_

informa de abrir los paquetes electorales, se contará voto por voto. Estoy convencida que, con esta resolución, se tendrá la plena y absoluta certeza del triunfo que obtuvimos para la gubernatura de Puebla”, afirmó.

En tanto, Barbosa dijo que espera que con este recuento, en el TEPJF se evidencie la manipulación que hubo de la documentación electoral en los comicios poblanos.

Estudio de la Ibero Puebla acreditó irregularidades En días pasados, el doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, académico de la Universidad Iberoamericana de Puebla, documentó que las autoridades estatales electorales pasaron por alto nueve errores de cada 10 casos tomados en la muestra de su estudio “Inconsistencias graves en la elección a gobernador en Puebla”.

Se analizaron 898 casillas, 12.1 por ciento de ellas se seleccionaron por la importancia de sus irregularidades.

Se halló que en todas existe una diferencia de más de 20 por ciento entre el número de votantes para gobernador y el de electores para la presidencia de la República.

“El 1 de julio pasado dejaron atrás el robo de urnas físico y la manipulación de los representantes de casilla para abrir paso a los delincuentes cibernéticos quienes afectan directamente en una decisión que debiera ser de la ciudadanía poblana”, afirmó el investigador Reyes Hernández, en la conferencia de presentación de los resultados.

Tres cuentas del programa espía Pegasus siguen activas en México, revela Citizen Lab y septiembre de 2016– siguen activas y operan Pegasus, el programa desarrollado por la empresa israelí NSO Group que permite recabar información de los celulares de sus víctimas.

Dichas cuentas presuntamente sirvieron para infectar dispositivos electrónicos en México, pues usaron direcciones de IP registradas en compañías de telecomunicaciones mexicanas, como Uninet (de Telmex), Mega Cable, Total Play Comunicaciones, Axtel, Operbes, Televisión Internacional, Cablevisión y Alestra, entre otros.

La cuenta PRICKLYPEAR incluso utilizó direcciones de IP de Cox Communications y Comcast Cable Communications, dos compañías registradas en Arizona, Estados Unidos.

Además de las mexicanas, el informe detectó otras 33 cuentas que emplearon Pegasus en 45 países, entre ellos: Estados Unidos, Brasil, Francia, Reino Unido, Turquía, Sudáfrica, Palestina, Marruecos, Túnez, Kazajstán, Pakistán, Libia, Arabia Saudita, Egip-

to o los Emiratos Árabes Unidos.

El documento muestra que, a raíz de la publicación del informe que reveló el abuso del programa Pegasus contra activistas y periodistas en México –en junio de 2017–, dos cuentas de usuario operadas desde México fueron canceladas en junio; dos más se cerraron “parcialmente” pero se mantuvieron activas, mientras que otra apareció en septiembre del año pasado.

El informe de 2017 –elaborado con la organización mexicana Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D)– desencadenó el escándalo conocido como #GobiernoEspía, pues mostró que agencias del gobierno mexicano, entre ellas la Agencia de Investigación Criminal (AIC), abusaron de Pegasus para espiar los celulares de periodistas, activistas e incluso de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su estancia en México.

Víctimas de las tentativas de espionaje interpusieron una denuncia ante

la Procuraduría General de la República (PGR), pero meses después deploraron que la investigación oficial resultó una simulación.

Hasta marzo pasado, por ejemplo, la PGR no había entrevistado a Tomás Zerón de Lucio, el polémico exjefe de la AIC, quien buscó controlar el sistema de espionaje mexicano a principios del sexenio de Enrique Peña Nieto, como lo documentó Proceso.

Tras ser evidenciado por alterar escenas del crimen y manipular evidencias en el caso de Ayotzinapa, Zerón fue removido de la AIC y nombrado al frente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

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ONU-DH pide a gobiernos atender a damnificados y organizaciones para enfrentar futuras emergencias Gloria Leticia Díaz Ciudad de México (apro)

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un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre, el responsable de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, alentó a las autoridades de todos los niveles a atender las denuncias de damnificados y de organizaciones sobre “la reconstrucción, el impacto de corrupción urbanística, el posible desvío de ayudas y el impacto psicosocial”, para enfrentar próximas situaciones de emergencia en el país.

En un comunicado en el que la ONU-DH reconoció la solidaridad ciudadana manifestada durante los terremotos del año pasado, recordó que los daños “aún no están superados y que un número considerable de familias sigue en situaciones difícil”. Por ello, llamó a autoridades vigentes y a las que tomarán posesión el próximo 1 de diciembre a “redoblar esfuerzos para garantizar la protección de los derechos de todas y todos los afectados”.

La ONU-DH recordó que durante la contingencia “documentó el proceso de atención a distintas poblaciones en la ciudad de Puebla, y en los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, lo que permitió identificar varias lecciones aprendidas y necesidades pendientes”.

Al hacer un balance, la oficina de la ONU consideró que lo ocurrido hace un año mostró “la necesidad de fortalecer la dimensión de los derechos humanos en la respuesta a los desastres, sobre todo en términos de protección a las víctimas e información a las personas directamente afectadas, familiares y público en general”.

En su mensaje, Jan Jarab recomendó atender las emergencias con pers-

De la redacción Ciudad de México (apro)

Miembros del Comité 68 presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para que obligue a la Procuraduría General de la República (PGR) a reabrir el proceso en contra de Luis Echeverría.

Félix González, quien fuera líder estudiantil en 1968, dijo que acudieron a pedir que un juez dictamine la demanda de amparo.

“Cuando por primera vez denunciamos los hechos en 1998, el juez la rechazó con el argumento que los delitos habían prescrito”, declaró.

La ONU-DH recordó que durante la contingencia “documentó el proceso de atención a distintas poblaciones en la ciudad de Puebla, y en los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, lo que permitió identificar varias lecciones aprendidas y necesidades pendientes”

pectiva de género, tomando como referencia los riesgos a que se enfrentaron mujeres y niñas en albergues, en tanto que, en el caso de trabajadoras domésticas, su localización se complicó debido a “su estatus de informalidad laboral”.

Además, puntualizó que “las autoridades tienen la obligación de garantizar los servicios de salud, educación, agua y otros derechos económicos, sociales y culturales a las personas afectadas por los sismos y otros riesgos naturales”.

En cuanto a la fase de reconstrucción, al ONU-DH urgió a realizar censos completos y a transparentar el uso de recursos, así como “la atención a necesidades e impactos de corto, mediano y largo plazo”.

Pide no discriminar ni condicionar ayuda Jan Jarab alertó a las autoridades para evitar la discriminación en la atención a los damnificados, así como que ésta “no puede ser condicionada por la afiliación política, apoyo electoral o consentimiento ante ciertos proyectos”.

En este proceso de reconstrucción, dijo, “el sector empresarial puede tener

un rol complementario fundamental en el apoyo después de los desastres, pero las autoridades no pueden transferir sus obligaciones a los entes privados”.

Para el representante de la ONUDH es indispensable tomar en cuenta en la aplicación de políticas públicas y programas de reconstrucción a las personas beneficiarias, “quienes deben estar involucradas en su diseño, implementación y evaluación”.

Tomar en cuenta a los beneficiarios, agregó, permitirá “reducir el riesgo de ineficacia, discriminación o corrupción en estos procesos”, participación que debe ser facilitada por las autoridades “por medio de información transparente, espacios de diálogo y el seguimiento a los compromisos adquiridos con las personas afectadas”.

Jarab reconoció que los sismos de septiembre de 2017 impactaron sobre algunas de las poblaciones de mayor vulnerabilidad y marginalidad del país, por lo que los esfuerzos de la reconstrucción “no deben perpetuar la discriminación, la exclusión y la marginación”.

Por el contrario, “debe garantizarse

que la reconstrucción sirva para superar las condiciones pre-existentes y contribuya al pleno disfrute de derechos”, de manera particular a la población indígena afectada para quienes la oferta de vivienda debe ser culturalmente adecuada, apuntó Jarab.

El representante de la ONU-DH recomendó tomar en cuenta el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, toda vez que México es un país con numerosos riesgos naturales y que debe tener entre sus acciones de reconstrucción, medidas de reducción de riesgo, “incluyendo la capacitación y formación de personal especializado y de la población en general”.

Tras reconocer a la población que voluntariamente se volcó en ayudar a damnificados de los sismos del 7 y el 19 de septiembre, Jan Jarab destacó que igual de valioso fue el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que se dedicaron a documentar las deficiencias y el monitoreo del proceso de reconstrucción.

“Es necesario que las autoridades en todos los niveles retomen efectivamente las denuncias y lecciones aprendidas señaladas por las personas afectadas y por las organizaciones”, dijo el representante.

Por último, agregó que, “evaluar la reconstrucción, el impacto de la corrupción urbanística, el posible desvío de ayudas y el impacto psicosocial de los sismos, suponen un gran capital para el diseño de las acciones públicas que contribuyan a una sociedad más resiliente”.

El Comité 68 solicita amparo para que PGR sea obligada a reabrir proceso contra Echeverría Al promover un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se decidió que ni la PGR ni el juez podían cerrar el expediente sin abrir una investigación, por lo que se inició el proceso.

El amparo promueve la reapertura de 54 averiguaciones que integró la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), además de exigir su reestablecimiento para retomar casos pendientes.

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A 2 años del Protocolo contra violencia de género en la UNAM, ésta continúa Hazel Zamora Mendieta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

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n un año, de junio 2017 a junio 2018, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por medio del “Protocolo para la atención de casos de violencia de género” se iniciaron procesos para sancionar a 216 presuntos agresores, pero sólo 146 de ellos recibieron una amonestación, siete agresores tuvieron mediación con la víctima y 35 siguen esperando la resolución de su sanción.

Asimismo, no se encontraron elementos para sancionar a 14 presuntos agresores, cuatro procesos fueron declarados improcedentes por el Tribunal Universitario (TU), y en tres casos más no se pudo concluir su sanción porque la persona que presentó la queja en contra de sus agresores se desistió del procedimiento; en siete casos más no se obtuvo una sanción porque los agresores solicitaron su baja o jubilación de la universidad.

Este es el panorama que brindó la UNAM a 2 años de haber implementado el “Protocolo para la atención de casos de violencia de género”. Este septiembre, las autoridades universitarias presentaron el segundo reporte de los resultados que ha generado este mecanismo con el que cuentan las alumnas, académicas y personal administrativo en las diversas instalaciones que conforman la UNAM para denunciar la violencia de género.

Los datos son similares al primer reporte del Protocolo, ese contempló del 29 agosto de 2016 (fecha que se implementó el mecanismo) al 12 de junio de 2017, periodo en el que se identificaron

a 203 presuntos agresores pero sólo a 176 de ellos se les inició un proceso de sanción por actos de violencia de género.

El reciente informe del Protocolo contempla a partir del cierre del primer informe, del 13 de junio de 2017 al 8 de junio de 2018. En este lapso, 251 personas presentaron una queja por posibles hechos de violencia de género ante Subsistema Jurídico de la UNAM. De estas quejas, se identificaron a 253 presuntos agresores pero únicamente se pudo comenzar procesos de sanción en contra de 216, de estos, finalmente sólo 146 recibieron una amonestación.

De acuerdo con el informe los principales agresores son el alumnado, seguido del personal académico, administrativo, personal de confianza y en menor medida se encuentran personas externas a la universidad.

Sin embargo quienes son sancionados por violencia de género en la UNAM buscan métodos para evadir la amonestación, el reporte indica que de los 146 agresores sancionados 31 interpuso ante las autoridades de la universidad un recurso en contra de la resolución de sanción.

Esto hizo que en un caso que se confirmara la sanción pero en dos se revocó. Otros dos recursos fueron declarados improcedentes y el resto, 26 recursos, siguen pendientes de una resolución.

De igual manera se interpusieron cuatro demandas y cinco amparos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en contra de las sanciones que fueron asignadas a los agresores de la UNAM.

NO PARA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA UNAM Actualmente la UNAM atraviesa por momentos turbios frente a los recientes casos de violencia extrema que enfrentan las alumnas, el año pasado sacudió a la universidad el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, ahora, fue el asesinato de la alumna del CCH Oriente, Miranda Mendoza Flores, secuestrada el 20 de agosto de 2018 al salir del campus y hallada asesinada días posteriores.

El caso desató una manifestación en Ciudad Universitaria que organizaron sus compañeros del CCH Oriente, sin embargo, en el acto irrumpieron “porros” que dejaron a varias perso-

nas heridas. La consecuencia fueron otras movilizaciones estudiantiles que condenaron los hechos y urgieron a las autoridades a implementar medidas seguridad en las diversas escuelas que integran la UNAM. Por su parte, las alumnas siguen demandando a las autoridades de la UNAM espacios libres de violencia y acoso sexual, y el esclarecimiento e investigación de las estudiantes que están siendo asesinadas o desaparecidas en las instalaciones donde estudian.

El segundo informe del Protocolo deja ver esta violencia que tanto denuncian las alumnas de la UNAM. De las 251 personas que presentaron una queja, 77 por ciento fueron por actos de violencia sexual (acoso, abuso y hostigamiento sexual), 36 por ciento fue violencia psicológica, 20 por ciento violencia física, y el resto son otros tipos de violencia como la económica, patrimonial, por género o identidad de género.

La mayoría de las quejas provienen de mujeres pertenecientes a las facultades de Ciudad Universitaria, después de la Facultades de Estudios Superiores (FES) unidades que se encuentran en las periferias de las Ciudad de México, y por último de Preparatorias y CCH de la UNAM. A dos años de que funciona el Protocolo, la Oficina de la Abogada General –de quien depende su funcionamiento- ha hecho “una revisión del mismo para fortalecer la investigación, sanción y reparación de la violencia de género”, ha reforzado “las capacidades humanas y técnicas de la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias dentro de la UNAM”, señala el informe.

Sepultadas entre telas, cemento y máquinas de costura Lucía Lagunes Huerta Ciudad de México. (Cimacnoticias)

La orfandad les abrazó hace un año, cuando el edificio en el que laboraban sus madres se vino abajo y ellas quedaron sepultadas sobre toneladas de cemento, telas y maquinaria de costura.

En el avatar de su whatsapp, se lee “hay luto en mi corazón, duele aceptar tu muerte, es difícil decirte adiós, no sé si podré”. La frase cumple un año, Jessica, hija de Irma Sánchez Ramírez lo puso cuando confirmaron que su madre había muerto en el predio ubicado en Simón Bolívar y Chimalpopoca.

Para Salvador el dolor sigue ahí. Este lunes partió a Hidalgo al cementerio donde enterraron a Irma Chávez Martínez. Lleva un año sin pasar por el lugar donde su madre trabajó en “la fábrica de costura”, como se le identificó, pero en realidad era un pequeño taller de “Línea moda Joven”, donde se realizaban algunas reparaciones y se

almacenaban telas.

De acuerdo con documentos rescatados entre los escombros siete empresas estaban en el edificio de cuatro pisos: Línea Moda Joven, S.A. de C.V; ABC Toys Company S.A de C.V; Dashcam System, Regalomex; Comercializadora Mextoy, S.A. de C.V.; Florina y Seo Young Internacional S.a. de C.V.

LA AYUDA NUNCA LLEGÓ Hace un año no sólo se derrumbó el edificio ubicado en Simón Bolívar 68, para Jessica y Salvador, se derrumbó la estabilidad de sus vidas. De la ayuda que prometió el gobierno de la Ciudad de México no se supo nada, ni siquiera les buscaron.

De los dueños quienes aseguraron que habían apoyado a las familias ni les dieron la cara.

Cuando se le pregunta a Salvador si llegó la ayuda el coraje le aflora; “no necesito su cochino dinero”.

“Por tonto la dejé trabajar, y no es

que yo le diera permiso, yo quería que ella hiciera lo que quisiera, pero si no hubiera entrado a trabajar estaría aquí”.

A Irmita, como le decía su hijo Salvador, con quien vivía, le gustaba ser independiente, ganarse su dinero, por eso buscó entrar a trabajar, aunque no le faltara nada, dice Salvador.

Para él la orfandad de su madre lo tiene herido, “éramos una familia chiquita, y me quedé solo”.

Aunque trabaja muy cerca de donde trabajaba su madre, Salvador evita pasar por ahí, no quiere hablar del tema y prefiere alejarse de la ciudad.

LA HISTORIA El 19 de septiembre del 2017, el predio de Bolívar 68 revivió el dolor, no habían pasado 6 horas de la conmemoración de las costureras fallecidas en el terremoto de 1985 cuando la tierra volvió a cimbrar la Ciudad de México.

Al saber que en Bolívar y Chimalpopoca había costureras, la solidaridad, la

exigencia de no repetición y la ausencia de información provocó caos y angustia por no saber cuánta gente trabajaba en el lugar y cuantas personas quedaron atrapadas.

La historia se repitió como en el 85: telas, maquinaria, herramientas y drones fueron rescatados antes que las personas.

Los escombros del edificio que ocupó el predio en Bolívar 68 siguen ahí, al igual que las pintas elaboradas en memoria de las mujeres fallecidas en el lugar, las dos Irmas que en vida fueron amigas y murieron juntas un 19 de septiembre de 2017.

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LAS PALABRAS TIENEN UNA RESPONSABILIDAD

C

inco meses de transición es una larga pausa que Andrés Manuel López Obrador y su equipo han tenido que aguantar para asumir el poder y en estos días se han expuesto, de manera anticipada, las principales dificultades que habrán de enfrentar los próximos seis años, algunas de ellas, propias de las circunstancias y otras generadas por ellos mismos.

Una de las dificultades que se han expuesto en este periodo de espera es el uso de los términos con los cuales López Obrador ha definido algunas estrategias de su gobierno o calificado la situación del país que heredará de Enrique Peña Nieto.

Acostumbrado a usar un lenguaje como candidato, ahora como presidente electo no distingue la importancia de las diferencias semánticas y de la responsabilidad que conllevan las mismas.

Aunque parezca que no tiene importancia, el uso de estos términos ya le ha acarreado problemas que han impactado en la credibilidad de su proyecto.

Más allá de haberle llamado “co-

José Gil Olmos

razoncito” a una reportera, un término coloquial el Tabasco, cuando López Obrador menciona que el país está en “bancarrota”, esta expresión propia de un candidato en campaña para atraer votos, ya no puede ser utilizada tan fácilmente por un gobernante, pues atañe a una situación de crisis financiera y económica que puede generar la cancelación de la deuda externa con las consecuencias que esto podría tener para México.

Otro ejemplo de esta situación es mencionar los términos de “perdón” y “amnistía” ante los familiares de

los muertos y desaparecidos en esta guerra contra el crimen organizado.

La sola mención del “perdón” a los victimarios ante los familiares de las víctimas ha generado molestia y enojo social, mismo que, precisamente, fue uno de los factores que inclinaron el voto a su favor el pasado 1 de julio.

Aunque le recomendaron ya no insistiera en el “perdón” y la “amnistía” antes de que entrara al segundo foro de Paz y Justicia celebrado la semana pasada, en su necedad eso fue lo que hizo ante los reclamos de

los familiares de desaparecidos y las organizaciones de víctimas de la violencia que piden justicia, verdad y reparación de daño antes que perdonar a los victimarios.

Con estos ejemplos, es evidente que la importancia de que el presidente electo haga cambios y ajustes en el uso del lenguaje, porque no es lo mismo hablar como candidato que como futuro presidente de la República.

Insisto, aunque parezca una nimiedad, el uso de las palabras implica una responsabilidad en ese nivel de gobierno.

Por cierto… Ahora que está en su “gira de agradecimiento”, López Obrador mantiene el discurso de candidato que ya no es necesario.

Otra vez habló de “camajanes” y de “prensa fifi”. Habrá que esperar que asuma su responsabilidad como titular del Ejecutivo para saber si utilizará otro discurso y si éste estará acompañado de hechos y acciones como lo esperan los 30 millones de personas que votaron por él en un acto de fe y de esperanza de que la situación de crisis en el país cambie y mejore.

DE DÍAZ ORDAZ A PEÑA NIETO, LOS SÍMBOLOS Y LA REPRESIÓN

U

no de los comunes denominadores del presidencialismo autoritario frente a los movimientos sociales, es su intolerancia a la profanación de aquellos actos emblemáticos del poder que, como parte de la parafernalia propagandística, revisten al mandatario en turno.

En el régimen hegemónico, el 1 de septiembre de cada año, la entrega del informe de gobierno era objeto de un ritual que incluía asueto, transmisión en vivo del mensaje y una vez terminado, la salutación que las diferentes cúpulas de poder protagonizaban, acudiendo a Palacio Nacional. La fecha era designada “el día del Presidente” y la salutación conocida como “el besamanos”, una reminiscencia de las formas monárquicas.

El discurso del presidente incluía mensajes políticos que definían ciertos aspectos, para los entendedores, de lo que estaba por venir. Era la famosa lectura entrelíneas.

Así, en su informe de 1968, Gustavo Díaz Ordaz dio forma a lo que cuatro días antes se anticipó en el desalojo de estudiantes del Zócalo

Arturo Rodríguez con la fuerza del ejército, porque osaron amagar con su permanencia hasta el “Día del Presidente”. Fue cuando quedó públicamente anunciado el destino sangriento que un mes después se sellaría en la represión más significativa del régimen hegemónico en la Plaza de las Tres Culturas.

Los sectores y organizaciones del PRI, a los que se designaba en la jerga oficial como “las fuerzas vivas de la revolución”, apoyaron a Díaz Ordaz y, el Congreso, simulación parlamentaria bajo control presidencial, le recomendó el uso de la fuerza para la pretendida legitimidad.

Las expresiones de unidad en torno a los presidentes suelen repetirse hasta nuestros días como parte de los rituales, así sea reeditados o modernizados, del presidencialismo mexicano.

En aquel tiempo, hasta una asociación de periodistas apoyaba a Díaz Ordaz en su represión, como en los sexenios recientes hemos visto ejemplos similares: una iniciativa de medios apoyó a Felipe Calderón en su discurso securitario; la CTM y los sindicatos corporativos, avalaron a Peña Nieto en la reforma laboral.

Los organismos empresariales pidieron represión en plenas movilizaciones magisteriales, acusando perdidas que cuantificaban conforme a parámetros ignotos, igual que en 1968; demandaron la intervención contra la CNTE que el 1 de septiembre de 2013 acampaba en el Zócalo, obligando a Peña Nieto a rendir su mensaje con motivo del Informe bajo una carpa de boda en los patios de Los Pinos.

El 13 de septiembre de 2013, con un argumento patriotero que reclamaba el Zócalo para la realización de su primera ceremonia del Grito y el posterior desfile militar, Peña ordenó el desalojo del campamento. Y aunque los profesores inconformes se retiraban en paz y ordenadamen-

te, la golpiza fue inevitable, cobro de la afrenta del 1 de septiembre.

“El Grito” fue usado por Díaz Ordaz para alegar un amago a la soberanía y un intento golpista, sólo porque el Consejo Nacional de Huelga pidió a Heberto Castillo, protagonizar una ceremonia patria en Ciudad Universitaria. Se los cobró con la ocupación militar de la UNAM, que justo hoy cumple 50 años. Peña Nieto y su gabinete, arengaron por la fiesta patria, configurando en la CNTE a un extraño enemigo: “inercias y resistencias que deben vencerse”.

Los profesores habían “secuestrado la educación”, no debía permitírseles secuestrar la fiesta nacional.

Díaz Ordaz hizo lo que sabemos, y Peña Nieto pudo dar ese y todos sus gritos, llenando la Plaza de la Constitución aclamado con la porra clientelar y despliegues de seguridad para evitar las protestas, haciendo gala del exceso y despilfarro.

Triunfos momentáneos. Uno y otro, toda proporción guardada en los saldos sangrientos, usaron sus símbolos, se impusieron por la fuerza del ejército, pero sólo lograron el desprecio de la sociedad, un vergonzante paso a la historia.

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Jueves 20 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTRAPODER

EN CHIAPAS

LA DROGA Javier Sicilia

E

n 1978 un antropólogo, Robert Gordon Wasson; un químico, Albert Hofmann; y un filólogo clásico, Carl A. P. Ruck, publicaron el libro El camino a Eleusis. En él intentaron descifrar el misterio de los ritos secretos que se realizaban sobre ese sitio sagrado en honor a Perséfone –la diosa de la fertilidad que vuelve de la muerte– y cuya visión mística e indescriptible, Píndaro condensó en estos versos: “El fin de la vida/ así como su principio/ otorgado por gracia divina”.

Según ellos, esa experiencia mística era fruto del keykon (mezclar) –un brebaje preparado con la sustancia psicoactiva del hongo del cornezuelo (el LSA, precursor del LSD, sintetizado por Hofmann) –, cebada y menta. Esta droga (una voz andaluza que degradó el sentido original de farmakon –veneno o remedio–, de donde viene “farmacia”), tanto como aquellas que se han dado en llamar drogas místicas (opio, peyote, hongos, incluso la mariguana, en algunas de sus variedades) no son, en consecuencia, sustancias alucinógenas –que producen falsas imágenes–, sino sustancias que abren el campo de la percepción y permiten entrar en los misterios trascendentes, como lo hacen los místicos mediante prácticas ascéticas de naturaleza espiritual. De allí que el poeta Baudelaire afirmara al mismo tiempo que la droga es una manifestación de nuestro amor por el infinito, pero también una experiencia que le permitió ver el banquete, pero nunca participar de él.

En este sentido, las drogas son un poder. Por ello en la antigüedad, o en algunos pueblos amerindios, su uso se circunscribía a ritos iniciáticos que sucedían o suceden en determinadas épocas del año y eran o son conducidos por guías que conocen sus caminos y sus significaciones.

Se dice que Platón, al igual que Píndaro, Aristóteles y muchos griegos más,

fueron por lo menos una vez a Eleusis.

Se dice también que de la experiencia de Platón con el keykon surgió su mito de la caverna y el fundamento de la metafísica de Occidente.

El propio Hofmann, que al igual que Stanislav Grof –el creador de la psicología transpersonal– tuvieron varias experiencias con el LSD; lo utilizaron, con magníficos resultados, hasta la prohibición de las drogas, para tratar, en una experiencia de muerte-resurrección, a enfermos en estado terminal. Iván Illich utilizaba el opio como un medicamento para el “cáncer”, algo que le permitió vivir y darnos obras fundamentales sobre el sentido de la existencia. Baudelaire, Huxley, Carlos Castaneda, Octavio Paz, entre otros, utilizaron la droga, como Platón o Píndaro, para explorar los misterios del trasmundo y de la trascendencia.

Por desgracia la modernidad, que Zygmunt Bauman definió como una “sociedad líquida” –habría que agregar licuante–, no sólo ha degradado el misterio, volvió los poderes de la droga una mercancía atroz. Desencadenado, como lo hizo la fisión del átomo con la energía, de su lugar en el mundo, el poder de la droga se volvió, semejante al alcohol y al tabaco, destructivo, cambió su condición de remedio del alma en veneno o en una mera y pueril recreación. Fue la queja de María Sabina, la gran chamán del hongo en Huautla, Oaxaca, cuando el boom de la experiencia deslegitimada de la droga llevó a cientos de personas a buscarla para “hacer un viaje”, un eufemismo de lo recreativo: “Cuando el hombre blanco tocó el hongo, el dios dejó de estar allí”. Una queja semejante, pero menos profunda, surgió de la pluma de Hofmann: “Si fuera posible detener (el uso) inapropiado (de la droga), entonces pienso que sería posible dispensarla para su uso médico (…) En las calles, las drogas se entienden mal y ocurren accidentes”.

La droga ha perdido su contención sagrada, su profundidad mistérica, su gra-

vedad, su sentido de remedio frente a la finitud de la vida o la enfermedad. Se ha convertido en un poder desencadenado que, como todo poder no circunscrito, es destructor. Pasados ciertos umbrales todo adquiere un sentido inverso a su uso. Así, la perversa ignorancia de los narcotraficantes la ha colocado como una mercancía más en la calle; la imbecilidad, llena de prejuicios y de doble moral, como la de Felipe Calderón y Peña Nieto, la han visto como un problema de seguridad nacional que se combate con la violencia. Unos y otros son, sin embargo y como lo padecemos con horror en México, víctimas y difusores de su veneno y su crueldad.

No es posible volver a acotar la droga en los ámbitos de lo sagrado –habrá todavía un puñado que la vivan con esa profundidad–. La liquidez del mercado, la puerilidad de la modernidad y su ausencia de espiritualidad la han convertido en un asunto que debe abordarse, como el alcohol y el tabaco, desde la perspectiva de la salud, y contenido mediante su regulación en marcos legales y campañas educativas sobre su lugar en la historia, sus efectos y sus consecuencias. Ésta parece ser la óptica del gobierno de AMLO, una óptica que no deben abandonar.

Regular la droga y educar con respecto a ella no resolverá el problema de la violencia –la estúpida manera en que Calderón y Peña Nieto lo abordaron la multiplicó–, pero ayudará a proteger a nuestros jóvenes de parte de la violencia que su prohibición y persecución ha generado; será también una manera más de contribuir a la justicia, a la dignidad y a la paz que hemos perdido en medio de una de las guerras más imbéciles de la historia.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE.

CONTRAPODER

EN CHIAPAS

S

e ha cumplido ya un año de los dos terremotos que sacudieron a México en septiembre 2017 y miles de familias damnificadas siguen sin poder regresar a sus hogares. El programa para la reconstrucción a cargo de la Sedatu y Rosario Robles Berlanga se ha plagado de irregularidades y demoras por demás sospechosas.

De acuerdo a datos de la propia dependencia federal, en Chiapas sólo una de cada cuatro viviendas empadronas ha concluido ya su reconstrucción. Más de la mitad registra un avance del 50 por ciento o menos, lo que representa un aproximado de más 32 mil familias a la espera de que sus viviendas sean concluidas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha reportado hasta el mes de agosto una inversión de más de siete mil millones de pesos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas. Dinero que se encuentra ya en plena ejecución.

Sin embargo, son miles de familias damnificadas quienes aseguran no haber recibido todavía los recursos prometidos por la federación.

En Chiapas las protestas por presuntas irregularidades en la entrega de recursos han sido una constante desde que el presupuesto fue autorizado. Habitantes de municipios como Villaflores, Cintalapa y Tonalá han denunciado formalmente el incumplimiento en el pago del dinero

Jueves 20 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN LA MIRA Héctor Estrada

A un año de los terremotos miles siguen en las calles

para la reparación o reconstrucción de sus viviendas.

A muchos de ellos los censaron, empadronaron y les entregaron las tarjetas o folios, pero el dinero nunca llegó a sus manos. Otros, sin ninguna explicación, simplemente fueron excluidos del programa aunque sus viviendas habían sido dictaminadas como pérdida total por Protección

Civil.

Existen ya procesos judiciales contra el propio gobierno federal por negar a damnificados el derecho a recibir los recursos para la reconstrucción de sus hogares. Es el caso de la sentencia emitida por el Juzgado 1ro. de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas que hace sólo unos días resolvió así

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el amparo 712/2018 para obligar a la Sedatu a atender a una familia damnificada que había sido excluida del programa.

Se estima que actualmente en Chiapas son más de 15 mil familias quienes permanecen a la espera del total del dinero prometido por Enrique Peña Nieto para reparar o reedificar sus viviendas. Familias que ni siquiera han comenzado la reparación o reconstrucción ante el incumplimiento de la Sedatu.

La reconstrucción se ha prolongado demasiado para familias que han esperado por un año a fin tratar de retornar a la normalidad y reconstruir sus vidas. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) admitió recientemente que no existe “certeza del avance de la reconstrucción de 209 mil viviendas, 938 unidades médicas y 16 mil 795 escuelas que el gobierno se comprometió rehabilitar” No han sido suficientes los más de siete mil millones de pesos para agilizar el proceso, mientras las irregularidades sobre al asignación de recursos, la contratación de empresas y el destino real del dinero se acumulan con el paso del tiempo.

El gobierno entrante tendrá la obligación de abrir una investigación a fondo sobre un tema que no deja de indignar a la ciudadanía mexicana, lastimada por una corrupción rapaz que no respeta ni a las víctimas de tragedias naturales… así las cosas.

EL CIRCO DE AMLO

H

ace ya dos años, el 12 de agosto de 2016, Andrés Manuel López Obrador anticipó que, de ganar las elecciones, no perseguiría a “la minoría rapaz”, que no habría represalias si ganaba en 2018, muy “a pesar del daño que le han hecho al país”. Luego, no hay engaño.

Con algunas variaciones en la forma de reiterar esa promesa de no persecución, de no represalia, López Obrador ha sido persistente desde la fecha citada. Por ejemplo, el pasado 3 de mayo, en el programa “Tercer Grado” de Televisa, lo repitió asegurando que la erradicación de la corrupción iniciaría a partir del 1 de julio, pero que dejaría correr y concluir los procesos que estuvieran en curso.

Esas y otras declaraciones parecían establecer una diferencia, si bien de manera muy tenue, muy de su estilo en temas que se tornan polémicos por la ambigüedad con que verbaliza una posición personal, y esta se confunde con su posición política y la situación jurídica. Un ejemplo es su constante referencia a citas bíblicas y conceptos cristianos.

Para el caso, cuando ha dicho

Arturo Rodríguez García

que no perseguirá y no tomará represalias, parecía situarse en una definición de carácter ético político, personalísima, alusiva a las costumbres del presidencialismo mexicano que históricamente, al llegar al poder, especialmente en los gobiernos priistas, solía ejecutarse en un golpe espectacular, el encarcelamiento y la desgracia de un poderoso.

La costumbre ha tenido un triple propósito: atemperar la indignación ciudadana, cobrar una factura política y, por encima de todo, mostrar la fuerza y determinación del nuevo presidente frente a los grupos de poder que le son antagónicos. Esto es autoafirmación, puro efectismo y manipulación para perpetuar el control hegemónico.

En los sexenios recientes, destacan los encarcelamientos del jefe policiaco Arturo El Negro Durazo, al iniciar Miguel de la Madrid; el de Joaquín Hernández Galicia La Quina, al iniciar el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuyo hermano Raúl, fue preso al iniciar Ernesto Zedillo. Vicente Fox lo intentó, de manera infructuosa con Rogelio Montemayor, en tanto, Felipe Calderón, enclenque como llegó, optó por militarizar el país. Peña Nieto reeditó la costumbre, con Elba Esther Gordillo.

Una promesa de cambio implicaría desterrar la costumbre, estrictamente política, de dar el manotazo y establecer las condiciones de erradicación de la corrupción como ha

prometido López Obrador.

Sin embargo, las declaraciones del presidente electo ahora parecen encaminarse más que a una transformación a respetar un pacto de impunidad por el que está dispuesto a cumplir –su bono electoral se lo permite como casi cualquier cosa, por cierto— la oferta de no perseguir a nadie por el pasado inmediato.

Para eso, es capaz de descalificar a quienes con investigación y esfuerzo colocan los asuntos en la agenda, informando casos como el de Rosario Robles, y prácticamente regañando al periodismo por no haber ido más allá, como si él supiera más, lo que inevitablemente plantea la duda sobre su propia omisión. El conjunto declarativo es el verdadero circo.

Una vez más surge el problema de la ambigüedad, pues por sus convicciones personales y su posición política, deja un asunto de primera importancia, como lo es la aplicación de la justicia a quienes incurrieron en actos de corrupción, en pura anécdota y promesa para el futuro, bajando una línea –en un sistema presidencialista con particularidades vernáculas que él reivindica– para la impunidad.

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EN CHIAPAS

EU, LA PIEDRA EN EL ZAPATO DE LA POLÍTICA ANTIDROGAS DE AMLO Rafael Croda

U

n factor de poder con el que tendrá que lidiar el próximo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en la heterodoxa estrategia que planea instrumentar para combatir la violencia y el narcotráfico es el gobierno que encabeza en Estados Unidos el presidente Donald Trump.

No sólo porque el mandatario estadounidense concibe la lucha contra las drogas como una guerra que tiene uno de sus principales escenarios en la frontera con México, sino porque varios funcionarios clave del área de seguridad y justicia están en las antípodas de la política antidrogas que propone López Obrador.

El futuro presidente mexicano es partidario de enfrentar el tema con un enfoque preventivo, de salud pública y con elementos de la justicia restaurativa.

Esto debe sonarles a claudicación a Trump y sus “halcones”, quienes insisten en mantener la fallida estrategia contra los estupefacientes que lanzó hace más de medio siglo el presidente Richard Nixon –la cual pone el acento en la represión– y cuyos resultados son decepcionantes: no ha logrado reducir ni el consumo ni la producción de drogas.

Al contrario, Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor mundial de estupefacientes, no solo de los tradicionales, como mariguana, cocaína y heroína, sino de una amplia variedad de drogas de diseño que se pueden fabricar en casa y de productos químicos como el oxicodona, un opiáceo sintético producido mayoritariamente en China.

En contraste con la flexibilidad que mostró el presidente Barack Obama para al menos debatir a nivel hemisférico la conveniencia de mantener políticas antidrogas represivas y prohibicionistas que han agravado el problema del consumo y han causado varios miles de muertos en México, Colombia y Centroamérica, Trump propone más mano dura para enfrentar el problema.

En marzo pasado, planteó incluso apli-

car la pena de muerte a los traficantes de drogas y aseguró en todo épico: “Ganaré esta batalla”. Pero la guerra contra las drogas ya demostró suficientemente su fracaso.

En México, Felipe Calderón, el presidente que le declaró la guerra al narcotráfico, la perdió de manera incontrovertible.

Durante su sexenio (2006-2012), los homicidios aumentaron en 102 por ciento con relación al de su predecesor, Vicente Fox, y los cárteles de la droga alcanzaron un control territorial sin precedentes.

Y luego de que Calderón perdió la guerra, y de que dejó un país con 121,613 muertos y 24,956 desaparecidos –según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)–, Enrique Peña Nieto mantuvo la misma estrategia.

El resultado es que en los dos últimos sexenios se han producido 257,556 homicidios, uno cada 25 minutos en promedio, según cifras del Inegi y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El fenómeno que los dos últimos presidentes de México se propusieron combatir con mano dura y con tropas del Ejército y la Marina en las calles se agravó y ubicó el fenómeno de la violencia como el de mayor preocupación para los mexicanos.

Esa estrategia contó con todo el respaldo de Estados Unidos y de sus agencias de seguridad, que tuvieron un protagonismo sin precedente en México, aunque no siempre transparente frente a la opinión pública.

Ahora que López Obrador propone ensayar políticas diferentes contra las drogas y alienta un debate nacional para buscar enfoques que logren reducir la violencia, Washington se ha mostrado entre escéptico, cauteloso y renuente a respaldar la nueva estrategia.

La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha dicho que para lograr la paz en México es necesario considerar una ley de amnistía para campesinos dedicados a los cultivos ilícitos, reducción de penas a los narcotraficantes que se so-

metan a la justicia, reparación integral a las víctimas y la despenalización de drogas como la mariguana y la amapola.

En julio pasado, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que el gobierno de Trump no apoyaría “la legalización de todas las drogas en ningún lugar” ni nada “que pudiera permitir que más drogas entraran en nuestro país”.

El año pasado, en Estados Unidos murieron por sobredosis de drogas 63,600 personas, el 66 por ciento de ellas por el consumo de opiáceos que no sólo llegan desde México, Colombia y Asia, sino también se adquieren en las farmacias de ese país.

El año pasado, las farmacias estadounidenses distribuyeron 11,200 millones de pastillas con contenido de opioides que se utilizan para el tratamiento del dolor pero a las cuales son adictos millones de estadounidenses.

Un estudio de Jama Psychiatry reveló que el 75 por ciento de los heroinómanos en Estados Unidos empezaron con esos analgésicos opioides.

La respuesta de la administración Trump ha sido más mano dura. El fiscal general, Jeff Sessions, ha pedido a los fiscales pedir la pena de muerte para las personas vinculadas con el tráfico de drogas “cuando corresponda”, lo que es rechazado por defensores de derechos humanos y libertades civiles.

Trump ha elogiado la estrategia antidrogas del presidente filipino Rodrigo Duterte, quien según denuncias de organismos humanitarios ha matado personalmente a presuntos traficantes de estupefacientes.

Y una de las razones que expone el presidente de Estados Unidos para justificar la construcción del muro en la frontera con México es que “detendrá” el flujo de drogas a ese país.

Es evidente que las políticas alternativas de seguridad que busca implementar López Obrador se perfilan como un elemento de tensión en las relaciones México-Estados Unidos.

CONTRAPODER

EN CHIAPAS

LAS PORQUERÍAS DE UN SEXENIO VERDE…

E

n el ambiente chiapaneco gravita la frustración, el coraje, el hartazgo y la desesperación. Todo eso junto lo construyó en menos de su sexenio el gobernador constitucional MANUEL VELASCO COELLO y el ahora “Gobernador Sustituto de sí mismo”, el GÜERO VELASCO. La desfachatez, el cinismo, la rapiña, el desorden, la corrupción y la violación sistemática a los derechos humanos, a la constitución local y la de la República, son sinónimo de esta administración verde, que nunca maduró.

Se destaca MANUEL VELASCO COELLO y “él mismo”, GÜERO VELASCO; gobernador con licencia calificada como renuncia; senador con licencia y hoy “Gobernador Sustituto de sí mismo”, el desprecio a los chiapanecos que le han respondido con la misma moneda con un 82.2 por ciento de desaprobación de su administración y tan solo 5.3 que todavía le aplauden. 10.5 por ciento “ni lo repudian ni lo aceptan”.

En esas condiciones, si el Presidente Electo, San MANUEL LÓPEZ OBRADOR hubiese actuado como en otras situaciones ordenando una encuesta o consulta popular a los chiapanecos para que regresara o no MANUEL VELASCO a la gubernatura sustituta, lo más probable es que el repudio hubiera sido generalizado y arriba del 82.2 por ciento que goza de desprecio a su gobierno.

Y no es para menos porque en el camino de este sexenio verde –que nunca maduró—ha dejado muchas heridas abiertas entre los chiapanecos que le quieren cobrar con un juicio político, una demanda judicial y su privación de libertad. No se olvida que gastó 10 millones de dólares en una precampaña presidencial anticipada en su primer año de gobierno, en 2013 y, 170 millones de pesos en un capricho de lienzo charro que hoy es un “elefante blanco”.

Siguiendo los pasos de sus antecesores PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA y su mentor JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, dilapidó millones de pesos para sostener el negocio particular de RICARDO SALINAS PLIEGO con el equipo de fútbol de primera división, “Jaguares de Chiapas”. De la misma manera, aumentó en 18 por ciento la deuda del Estado con los bancos (a más de 19 mil millones de pesos) con respecto a la que le heredó su guía político y antecesor, JUAN SABINES. En el histórico gobierno verde de corrupción, la Auditoría Superior de la Federación le ha detectado irregularidades en el uso y abuso de las participaciones federales por un aproximado de 5 mil millones de pesos que han pasado a la impunidad por sus nexos, negocios o relaciones extrañas con el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. Hoy la cofradía o negocios que se ventilaron antes, durante y después de las elecciones del 1 de julio pasado, es con el “Mesías del Trópico” y Presidente Electo,

Jueves 20 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

ÍNDICE...

Ruperto Portela Alvarado

• Chiapas Delasco y hasta el Cuello…

• Gracias Señor Gobernador: Valanci…

• Comentarios al Margen…

San ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. De hecho MANUEL VELASCO ha servido de celestina entre PEÑA y el PEJE. En otra parte, no creo que los burócratas del Estado le perdonen a MANUEL VELASCO COELLO su infamia de desmantelar el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGECH) con tal de mantener el total control de las ruinas del sindicato y los trabajadores de la burocracia para lo que se prestaron los magistrado presidentes del Tribunal Burocrático, JUAN OSCAR TRINIDAD PALACIOS y el “Jurisenanito”, JUAN CARLOS MORENO GUILLÉN. Ambos, “desagradablemente” premiados.

Con el desmantelamiento del STSGECH, buscó repercutir en a).-Cero negociación de aumento salarial. b).- Retención de las cuotas sindicales. c).- Suspensión de préstamos personales. d).- Retención de recursos de pago de marcha (fallecidos). e).- Extinción del pago de seguro de vida y colectivo. f ).- Provocación de conflictos y desestabilización de la burocracia a través de los aspirantes a la dirigencia estatal del sindicato.

En esa misma embestida, se sumó la omisión al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y las cuotas del Infonavit que están siendo requeridas para mantener los derechos de los burócratas del Estado.

La retahíla es larga en transgresiones a los chiapanecos y en especial a los trabajadores de la burocracia de nivel sindicalizados y de confianza, cuando en este año el Presupuesto del Ejercicio Fiscal tuvo un aumento del 0.8 por ciento, el gobierno verde y particularmente el gobernador MANUEL VELASCO COELLO ordenó el despido de casi 25 mil empleados.

El desorden administrativo, la rapiña en todos los órdenes del gobierno y la corrupción institucional, llevaron al desastre político, económico y social a Chiapas y los chiapanecos donde un indicador fatal es

el aumento de la pobreza a 76 por ciento y un nulo crecimiento económico. Esas son las porquerías de un sexenio verde que ejerció despótica, opresiva y tiránicamente MANUEL VELASCO COELLO. Y ahí están las consecuencias…

SIMÓN VALANCI, AGRADECIDAMENTE…

Hace unos días oí casualmente las “Líneas Editoriales” de la “Casa del Jabonero”, SIMÓN VALANCI BUZALI. Y la verdad, me dieron nauseas de la forma tan servil y tirado de alfombra con el gobernador sustituto MANUEL VELASCO COELLO, como antes lo hizo con SABINES, PABLO, ALBORES GUILLÉN y todos los de tiempo atrás, como es su costumbre.

Por supuesto que no me espanta que en las radiodifusoras del “Grupo Radio Digital” se pondere a un gañán como el GÜERO VELASCO. Lo entiendo de SIMÓN VALANCI BUZALI porque ese es su estilo, negocio y de eso se ha convertido en un “empresario exitoso” y millonario.

También lo sé, para este empresario radiofónico, de medios de comunicación, mueblero e inmobiliario no le importa la opinión pública ni el sentir de los chiapanecos: ¡el dinero es primero!

A qué viene todo este pinche cuento. Bueno, a sus “Líneas Editoriales” donde “abusa de la inteligencia” para sugerir que le debemos agradecer a MANUEL VELASCO COELLO que haya regresado a seguir gobernando (desmantelando, debiera decir) al Estado de Chiapas y los Chiapanecos.

Dice en su editorial: “ha habido gobernadores que se han ido y nunca han regresado a Chiapas. MANUEL VELASCO regresó a seguir gobernando y terminar su mandato que le otorgaron los chiapanecos”.

Más o menos por ahí va el rollo que pretende corregir entuertos y abuso de poder por parte del GÜERO VELASCO. Por supuesto que la patraña de editorial no convence a nadie y por el contrario crea animadversión a esa empresa radiodifusora y al mismo

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SIMÓN VALANCI BUZALI. Poco le interesa al buen SIMÓN VALANCI lo que de él se diga cuándo lo que importa son los negocios al amparo del gobierno, como lo ha hecho en toda su vida, pues lo mismo le vende espacios noticiosos que en su empresa de “Súper Cable” o le renta edificios completos al Gobierno del Estado o al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Un editorial más donde la factura millonaria va de por medio, poco importa lo que se diga, pues SIMÓN VALANCI es un especialista en negocios bajo presión para obtener millones de pesos publicidad o renta de inmuebles. Pero que insista en que le debemos agradecer a MANUEL VELASCO COELLO haber regresado a la gubernatura, es una mentada de madre…

COMENTARIOS AL MARGEN…

Sin lugar a dudas, esta LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas pasará a la historia. Pasará por haber cometido diversos atentados a la constitución local en muchas ocasiones; en ser cómplice del titular del Poder Ejecutivo en innumerables asuntos de interés general, atentando contra los intereses de los chiapanecos y los trabajadores del propio gobierno verde.

Fue esta Legislatura presidida por OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR que le autorizó un préstamo por 3 mil 500 millones de pesos; que en esa misma presidencia reformaron en totalidad la Constitución Política de Chiapas y reformaron diversas leyes, como el Código Penal, la Ley del ISSTECH; la disolución de fideicomisos que representaban miles de millones de pesos que se reintegrarían a la Hacienda del Estado (¿?) o la disposición de terrenos para otorgarlos a particulares, como el caso de la Feria Comitán.

Toda una rapiña avalada por la LXVI Legislatura que merece un juicio político en cada uno de los casos de sus 40 integrantes. Todo muy parecido a la LXIII Legislatura que le aprobó al gobernador JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO cinco préstamos que dejaron a la hacienda pública estatal endeudada con más de 16 mil millones de pesos, más los casi 25 mil millones que le quedaron a deber a constructores, proveedores de materiales y servicios para hacer un monto de 42 mil millones.

Es así como se maneja esta LXVI Legislatura que ayer miércoles 19 de septiembre de 2018, la Comisión Permanente sesionó con solo cuatro de los siete integrantes, tomando decisiones importantes como el de la desincorporación de terrenos para adjudicarlos a particulares o autorizaciones a diversos ayuntamientos para dar de baja vehículos inservibles.

Esta es la LXVI Legislatura a la que solo le quedan 30 días de su gestión y vigencia; que dicho de otra manera, “más vale que nunca hubiesen llegado”…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

CMAN

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INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Jueves 20 de Septiembre de 2018 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 6 | No. 1466 ESTUDIO

Tres cuentas del programa espía Pegasus siguen activas en México, revela Citizen Lab

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PROTESTA

Reconstrucción de viviendas, una mentira para damnificados del Soconusco

DEMANDA

El Comité 68 solicita amparo para que PGR sea obligada a reabrir proceso contra Echeverría PAG. 5

ELECCIONES

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DECLARACIÓN

AMLO reitera abrogación de reforma educativa, pero pide a maestros dar clases toda la semana

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Recibe IEPC dictamen antropológico del INAH sobre vigencia de sistemas normativos en Oxchuc El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, recibió el dictamen antropológico “Sistema Normativo Indígena para la designación de autoridades en el municipio de Santo Tomás, Oxchuc”, realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el cual concluyó entre otros aspectos la existencia histórica de sistemas normativos internos para regular a las autoridades municipales.

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López Obrador nos quiere convertir en zona maquiladora, afirma la defensora zapoteca Bettina Cruz