CONTRAPODER EDICIÓN 2413

CMAN

DOXA

EDITORIAL

Otro periodista ejecutado

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Los mayores límites que puede tener la libertad de expresión es cuando se asesina a un periodista.

Aquí no solo desaparece la protección y garantía que debe prevalecer en todo Estado democrático a la libre manifestación de las ideas

Ayer el presidente afirmó que su gobierno no tolera la impunidad.

Sin embargo los crímenes de periodistas están impunes.

También afirmó que hay una asociación entre autoridades y narcotráfico.

Este comentario cimbró las oficinas responsables de la seguridad en Chiapas.

DIARIO

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CONTRA PODER INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

EN CHIAPAS

Jueves 30 de Junio de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2413

CONFERENCIA

SOLICITUD

Persiste la asociación entre autoridades y narcotráfico, admite AMLO “Muchos de los casos que todavía tenemos, tiene que ver con la tolerancia y con la impunidad que se da en algunas regiones, algunos estados del país, pero se va a avanzando porque no se permite la impunidad arriba”, dijo López Obrador sin especificar

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CONFERENCIA

Lorenzo Córdova exhibe ataques de AMLO contra el INE en cumbre mundial

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Chiapaneca aclara que no iba en el tráiler con migrantes muertos en Texas; le robaron su INE PAG. 3

HOY ESCRIBEN ANÁLISIS A FONDO: OTRO REPORTERO ASESINADO, MIENTRAS ALITO PIDE ARMAR A LA POBLACIÓN Francisco Gómez Maza

EL DIVÁN

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Sergio Stahl

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MATAR SACERDOTES PARA CALENTAR LA PLAZA Ricardo Raphael

LLAMADO

Solicitan más de 20 Sindicatos Independientes de Chiapas audiencia con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas

Piden la destitución del supervisor de la zona escolar 014 de Chiapas

AEROPUERTOS VS. PLATAFORMAS DE MOVILIDAD

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Jorge Bravo

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LA INCONGRUENCIA COMO MEDIO DE HACER POLÍTICA Elisur Arteaga Nava

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UN NUEVO ATAQUE A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Teresa Mollá Castells PAG. 4

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CONTRAPODER PODER

Jueves 30 de Junio de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

EDITORIAL Otro periodista ejecutado

L

os mayores límites que puede tener la libertad de expresión es cuando se asesina a un periodista.

Aquí no solo desaparece la protección y garantía que debe prevalecer en todo Estado democrático a la libre manifestación de las ideas sino que se produce un efecto disuasivo, intimidante y amenazador sobre los que ejercen la profesión de periodista; lo que a su vez impide el cuestionamiento y debate público sobre temas que resultan de interés en la sociedad.

Los crímenes a periodistas son un mecanismo aterrador de censura previa y de medios indirectos que violan la libertad de expresión, que se encuentran prohibidos en la Constitución y en los instrumentos convencionales sobre la libertad de expresión, debido fundamentalmente, al riesgo que representa abordar ciertos temas que incomodan u ofenden a funcionarios del Estado o a los grupos fácticos de poder, situación que termina provocando que se dejen de expresar críticas con la libertad que se requiere y a su vez,

se limita el derecho de todos a recibir y estar bien informados.

Un solo crimen de un periodista afecta la libertad de expresión y pone en entredicho las libertades democráticas del país. Pero cuando estos crímenes se repiten una y otra vez, como viene sucediendo en México sin que se investigue y sancione a los responsables, se está en una dimensión de extrema gravedad, en donde el Estado se encuentra en omisión y la falta de castigo a los culpables de estos crímenes conduce a la aquiescencia y responsabilidad internacional del Estado.

Sobre la base de los hechos, la recurrencia de crímenes a periodistas en el país produce una supresión a la libertad de expresión y con ello se limita también el derecho a las personas para ejercer opciones políticas que representan posturas divergentes al Estado o al desempeño gubernamental. No es fortuito que se esté viviendo en el país un proceso de linchamiento a periodistas y políticos de oposición, en el que se está utilizando el aparato de justicia para someter a procesos jurídicos a

opositores, en donde previamente, de manera mediática se les convierte en culpables y después se pretende someterlos a juicio, cuando el clamor popular ya dictó su veredicto de culpabilidad.

Por más que se manifieste en el discurso presidencial que en México se respeta la libertad de prensa eso no es creíble. El número de periodistas asesinados así lo demuestran. Y la saña con que se descalifica a los críticos del gobierno muestra un nivel de intolerancia, que no deja dudas de una falta de apertura al debate amplio respecto a los asuntos de interés público, sobre todo porque existe el interés de imponer un solo discurso y una sola visión sobre el rumbo del país.

Aquí ya no importa que el asesinato de los periodistas sea responsabilidad de los grupos fácticos de poder, léase delincuencia organizada, para identificar la responsabilidad del Estado en dos sentidos: por no tomar las medidas preventivas para garantizar la vida de los periodistas y por no investigar y sancionar a los responsables de esas ejecuciones.

DIRECTOR GENERAL

José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL

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EN CHIAPAS

Óscar Gómez San Cristóbal de Las Casas

S

egún el expediente R.A. 0858-078-0301-2022, Inés Crecencia Suárez Cruz denunció a un elemento de la Guardia Nacional, por lesiones, ya que el primero de mayo de este año, fue agredida por Mandonio Omar Pérez, quien se encontraba en su puesto de micheladas y al pasarle la cuenta recibió varios golpes.

En entrevista, con la víctima dijo que hasta el momento la investigación de las autoridades es lenta y sabe que el elemento fue cambiado de adscripción al estado de Puebla, por lo que teme no se le haga justicia, ya que a raíz de ese problema tuvo que entregar el local donde trabajaba y ahora se encuentra sin obtener ingresos.

“Este señor llegó a consumir a mi puesto de micheladas, cuando se le pasó la cuenta al señor en lugar de pagar, me agredió, me aventó y me golpeó, me abrió la boca, corrí rápido a meter mi denuncia porque el hombre se fue corriendo y fui a la Fiscalía a meter mi denuncia, cuando yo llego a la Fiscalía lo encuentro sentado en la puerta”.

Y es que su puesto se encuentra cerca de Palacio de Justicia y la guarnición militar, por lo que se acercó a estos últimos, ya que contaba con su placa de militar que había dejado tirada en su local, “en lugar de que me defendieran lo guardaron, lo metieron, salió su jefe, se comprometió a entregarme al agresor en cuanto lo solicitara la Fiscalía, fui a meter mi denuncia y pensé que al otro día me iban a solicitar”.

“Todavía fui y solicité que lo presentaran de una vez porque yo quería hablar con el hombre, yo estaba muy dolida, quedé muy afectada sicológicamente, la agresión fuerte

Isaín Mandujano Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro)

La joven chiapaneca exhibida por el canciller Marcelo Ebrard como una presunta migrante, sobreviviente del tráiler de San Antonio, Texas, confirmó hoy que nada tiene que ver con ese incidente y que la credencial de elector que subió el funcionario federal en su cuenta de Twitter se la robaron hace más de un año.

Haneydi Yasmín Antonio Guzmán de 24 años, casada, ama de casa y radicada ahora con su pareja en el ejido Unión Costa Rica municipio de Villa Comaltitlán, aclaró hoy que ella no es la persona que fue exhibida por el canciller Ebrard como la presunta sobreviviente de los migrantes.

Entrevistada vía telefónica, la joven chiapaneca indicó que si bien vivía en Escuintla, hace más de un año fue de compras a Tapachula, donde una persona del sexo masculino metió la mano a su bolso y le extrajo su cartera.

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Señalan de agresión de elemento de la GN en San Cristóbal En entrevista, con la víctima dijo que hasta el momento la investigación de las autoridades es lenta y sabe que el elemento fue cambiado de adscripción al estado de Puebla, por lo que teme no se le haga justicia, ya que a raíz de ese problema tuvo que entregar el local donde trabajaba y ahora se encuentra sin obtener ingresos

para mi persona, quería que me pidiera una disculpa, pero dijeron que las autoridades se iba hacer el trabajo, que iba seguir la denuncia, entonces hasta ahorita no se ha he-

cho nada”.

Finalmente, dijo que sabe que a su agresor lo cambiaron de lugar de trabajo, “lo movieron a Puebla, yo pido justicia, tiene el caso la Mesa

3, el secretario se llama Ángel, me quitaron mi local, mis hijos necesitan, están estudiando, pido a las autoridades que hagan lo suyo que me ayuden y se haga justicia”.

Chiapaneca aclara que no iba en el tráiler con migrantes muertos en Texas; le robaron su INE Aunque el delincuente fue perseguido por otras personas no pudo recuperar ni sus credenciales ni su dinero.

Esa credencial sí era mía, me la robaron y no la pude recuperar”, agregó.

Hizo su trámite ante el Instituto Nacional Electoral (INE) donde dio de baja su credencial robada, la que fue exhibida por el canciller Ebrard, y actualmente trae su nueva credencial de elector.

“Eso lo pueden consultar ante el propio INE, esa credencial está cancelada. Yo traigo una nueva credencial”, dijo Haneydi Yasmín.

En su red social, Haneydi Yasmín escribió replicando la imagen que replicó el canciller mexicano: “A los que han visto esta publicación no crean nada esto es mentira, esa credencial

me la robaron hace un año amig@s y familiares estoy bien por la gracia de Dios gracias por su preocupación”.

La joven chiapaneca pidió a las

autoridades mexicanas indagar primero si la credencial era o es falsa, porque ahora han puesto en riesgo su integridad física.

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EN CHIAPAS

Solicitan más de 20 Sindicatos Independientes de Chiapas audiencia con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas Cortesía Tuxtla Gutiérrez, Chis.

E

n representación de miles de trabajadores que integran más de 205 sindicatos en el país, una comisión representativa de la Nueva Central Nacional Obrera Independiente de Trabajadores y Sindicatos Unidos por Chiapas hicieron un llamado respetuoso al gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas a que atienda las demandas de las organizaciones gremiales, sindicatos de la burocracia, sindicatos académicos y administrativos de Chiapas ante una situación cada vez más preocupante por violaciones a derechos sindicales, desconocimiento de acuerdos y contratos colectivos así como atropellos a trabajadores y trabajadoras de instituciones educativas, universidades e identidades públicas en Chiapas.

El coordinador general de la Nueva Central Nacional Obrera Independiente, Oscar Solorzano Méndez al frente de una comisión integrada por Sindicatos de universidades públicas, artistas, burócratas, trabajadores y empleados de instituciones gubernamentales, trabajadores de la salud y profesores jubilados dio a conocer que a casi seis meses de iniciar una campaña para reivindicar las demandas de 20 sindicatos y otras organizaciones gremiales en Chiapas, la organización que él representa y que tiene presencia a nivel nacional ha esperado una respuesta positiva de parte del gobierno de Chiapas, no obstante ha recibido pobre señales de voluntad.

Solorzano Méndez en conferencia

Rodolfo Flores Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

Un grupo de maestros, directivos y administrativos de la zona escolar 014 del estado de Chiapas pidieron la destitución del supervisor por abuso de poder y hostigamiento laboral.

Acusaron a Agustín Ramírez Suriano por actos de hostigamiento.

En voz de los afectados, Noe Solís Reyes, docente del nivel primaria en el municipio de Pijijiapan dio a conocer que, este personaje ha sido sindicado en diferentes ocasiones por actos de hostigamiento laboral.

“Desde el año 2019 este supervisor llegó a la zona escolar que tiene presencia en el municipio de Pijijiapan y desde ese momento comenzó a aplicar descuentos, a generar división, a realizar llamadas fuera del horario laboral, afectando nuestros horarios familiares, nos llamaba sábados, do-

de prensa celebrada frente al Palacio sede del gobierno de Chiapas aseguró que a pesar de que no ha obtenido respuestas favorables encaminadas a establecer contacto de los sindicatos de Chiapas con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas tiene ia confianza de que en los próximos meses las reuniones pueden agendarse y llegar a buenos términos de acuerdos.

Acompañado de integrantes de algunos de los sindicatos que integran la organización Sindicatos Unidos por Chiapas entre los que figuran el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UNICACH (SITRAUNICACH), Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (SUTUNICH), Sindicato Único de Artistas y Músicos de Chiapas (SUAMCH), Sindicato de Trabajadores de CONECULTA (STCEPCACH), Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas, Sindicato de Trabajadores Burocráticos de Chiapas, Sindicato de Trabajadores de Confianza de la UNACH (SITRACOUNACH), Asociación de Profesores Jubilados de Chiapas, Sección 03 de Salud, Lázaro Cardenas, Sin-

dicato Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Salud, (SDTSS y conexos), entre otros, el Coordinador nacional Oscar Solorzano Méndez aseguró que en días pasados logró entregar al personal de gubernatura del estado una carta petición de audiencia en el que los 20 sindicatos de Chiapas solicitan atención a sus demandas.

Dentro de las denuncias que en los últimos años acumulan los sindicatos aglutinados en torno a la figura de Sindicatos Unidos por Chiapas figuran, despidos injustificados, desconocimiento de acuerdos, incumplimiento de Contratos Colectivos, desconocimiento de dirigencias sindicales entre algunas otras violaciones que lesionan los derechos laborales de los trabajadores de Chiapas Señalaron que algunos de estas denuncias no han sido atendidas por las autoridades estatales y a pesar de ganar juicios en contra de patronales como en el caso del SITRAUNICACH y el SUTUNICH que sistemáticamente se ha negado a cumplir los acuerdos ordenados por jueces y juzgados federales, los problemas se acrecientan ante denuncias de

corrupción, tráfico de influencias contra de los derechos de la base trabajadora.

Ante estas denuncias los representantes sindicales, secretarios y secretarios generales presentes en la conferencia de prensa hicieron un llamado al gobernador Rutilio Escandón Cadenas a que atiendan estas demandas que lejos de desaparecer con la indiferencia oficial están escalando en problemas más graves y dejaron en claro de que a partir de la organización colectiva que propone Sindicatos Unidos por Chiapas se prevé que en los próximos meses se realicen paros escalonados y huelgas en las instituciones involucradas en caso de no obtener respuestas positivas.

La actual situación de los sindicatos independientes en Chiapas está cada voz poor y es incongruente que a pesar de que las reformas laborales del 2019 favorecen a la libre sindicalización y el respeto a los derechos de los miles de trabajadores y trabajadoras en México hay estados como Chiapas en los que se viven retrocesos que afectan a la gobernabilidad y no abonan a un clima de tranquilidad y bienestar.

Finalmente los representantes sindicales mostraron a los periodistas el documento sellado de recibido en el que de acuerdo al artículo octavo constitucional solicitan una audiencia con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas mismo que esperan sea, de acuerdo a la ley, respondido en los términos legales y se celebre la reunión en la que el gobernador Escandón Cadenas atiende personalmente sus demandas.

Piden la destitución del supervisor de la zona escolar 014 de Chiapas mingos, o en las noches”, indicaron.

Pero la gota que derramó el vaso fue que aplicó 18 descuentos a la escuela 18 de Marzo de esta zona escolar, y el trato en los consejos técnicos de las 11 escuelas que componen la zona, siempre ha sido hostil.

“Ante este abuso de poder nos organizamos para que esta situación por fin sea solucionada, pero también para trabajar en paz y en armonía en nuestros centros de trabajo con los alumnos”, expresó.

Consideró que, el papel de los docentes y el supervisor debe ser el de generar un ambiente de cordialidad en beneficio de la comunidad estudiantil.

Pero ocurre todo lo contrario,

aplicando descuentos, hostigando, atemorizando, dividiendo a los maestros, todo por órdenes del supervisor.

Este miércoles, los afectados sostuvieron una mesa de trabajo con autoridades educativas para pedir la destitución de este supervisor.

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Jesusa Cervantes Mexicali, BC (apro)

E

l exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y nueve exfuncionarios más deberán presentarse a declarar el 15 de agosto próximo y responder a las acusaciones de peculado y coalición de servidores públicos, al generar un desfalco por 12 mil millones de pesos.

El citatorio fue emitido el martes y confirmado por el fiscal general del Estado, Iván Carpio Sánchez, y por la gobernadora, Marina el Pilar Ávila Olmeda.

La mandataria recordó que el gobierno del estado presentó una denuncia penal contra los exfuncionarios debido a que se firmó un contrato para construir una planta fotovoltaica, comprometiendo las participaciones federales que recibe la entidad.

Incluso, dijo, se cobraron 123 millones de pesos como parte de dichas participaciones para una planta que no se construyó ni se va a construir, pero que, además, nunca contó con los permisos federales para que se llevara a cabo.

El pasado 18 de mayo se adelantó que se imputarían cargos por desfalco y coalición de servidores públicos por la planta fotovoltaica, pero también se detalló que se llegó a un acuerdo con la empresa Next Energy para que diera por finalizado el contrato y no reclamara daño alguno.

“La consejería jurídica ha trabajado, presentó la denuncia por la situación de la planta fotovoltaica, que no tuvo los permisos federales. Recurrimos a los recursos legales a nuestro

Verónica Espinosa Guanajuato, Gto., (apro)

Una rampante impunidad ha permitido la persecución y el virtual exterminio de una familia en León, que comenzó con la desaparición forzada en su domicilio del adolescente Yatziri Misael, el posterior asesinato de su madre buscadora, Rosario, a lo que se ha sumado el asesinato de Ulises, otro hijo de Rosario y hermano de Yatziri.

El domicilio ubicado en la colonia Villa de San Nicolás en León ha sido escenario de todos estos delitos. De esa casa fue sustraído por hombres armados de manera violenta el menor Yatziri Misael Cardona Zavala el 23 de diciembre de 2019, en vísperas de Navidad, sin que su madre Rosario Zavala Aguilar y sus hermanas y hermanos pudieran impedirlo.

El joven fue obligado a subir a un vehículo y desde entonces su familia lo buscaba.

En mayo de 2020, en entrevista con Apro, Rosario reclamó que la Fiscalía general de justicia hubiera tardado 15 días en activar la Alerta Ámber por la desaparición de Yatziri, que se resistió todo lo que pudo cuando hombres armados que entraron a su casa quisieron someter a sus hermanas, una de ellas embarazada

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Jaime Bonilla declarará por el desfalco de 12 mil millones de pesos para planta fotovoltaica

alcance para proteger el patrimonio de los bajacalifornianos, ya que se garantizaba la construcción o no de ese proyecto, con las participaciones federales y se llegaron a descontar 123 millones de pesos por una obra que no se iba a llevar a cabo”, detalló la gobernadora.

Y añadió: “Se recurrió a todas las instancias para proteger del desfalco, quebranto y atraco más grande que iban a hacer a los bajacalifornianos. Un atraco de 12 mil millones de pesos y yo, como gobernadora, no lo iba a permitir”.

La primera acción que logró el gobierno del estado y que implicó un revés para el exgobernador Jaime Bonilla, fue que se regresaran a las arcas estatales los 123 millones de pesos que

banco Afirme había descontado de las participaciones federales, debido a un fideicomiso que autorizó Bonilla con la empresa Next Energy.

También reclamó que poco a poco se fue obteniendo la documentación relacionada con la planta fotovoltaica, pues dijo, durante el proceso de transición nunca se informó del proyecto y no fue sino hasta después que algunos exfuncionarios les entregaron parte de la información y con los cual se pudo “armar el caso”.

A su vez, el fiscal Iván Carpio, sin referirse en ningún momento al gobernador o exfuncionario alguno, aseguró que “existen datos de prueba sólidas y necesarias de verter ante la autoridad jurisdiccional a efectos de

que personas que tomaron protesta de proteger y hacer guardar la Constitución, leyes y reglamentos, (no lo hicieron), en este caso consideramos que hay datos de prueba legalmente obtenidos, con respeto a los derechos humanos, para proceder con una imputación de manera formal ante el poder judicial”.

El fiscal insistió en que “no se esta simulando ningún expediente, estamos siendo serios, determinados a que se llegue a la instancia para que se haga justicia y no quede en la impunidad”.

La gobernadora reiteró: “No es un acto de simulación, no es una cacería de brujas ni revanchismo, sino un acto de justicia al pueblo del estado, y como gobernadora estoy haciendo lo que tengo que hacer para defender el patrimonio de los bajacalifornianos”.

Finalmente, el consejero jurídico del estado, Juan José Pon, quien trabajó de la mano con el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexia, dijo que no se podía permitir un descalabro de esta magnitud, “la planta no fue creada y no tuvo permisos, por ello hicimos denuncia penal ante las instancias federales para promover un amparo y ante la Fiscalía General de la República”.

Cuando la tragedia toca tres veces la puerta: una desaparición y dos asesinatos en la misma familia y al intervenir, lo obligaron a irse con ellos, según narró la mujer entonces.

A la familia le dijeron que al muchacho “lo habían matado y deshecho en ácido” y que les tomarían muestras de ADN para cotejarlas con huesos que presuntamente la FGE encontró.

Sin embargo, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato denunció que aunque la Alerta Ámber por la desaparición del adolescente continúa activa, no hay avances.

“Rosario solicitó en reiteradas ocasiones que la FGE investigara si su hijo había sido reclutado de manera forzada por grupos delincuenciales, sin que esta línea se incluyera en la carpeta, que, como muchas, no cuenta con un plan de investigación alineado al “Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares de la FGR”, documento rector en la materia”, señaló la Plataforma en un comunicado.

Rosario perdió el empleo que tenía entonces -en una financiera- y se

dedicó a buscar a Yatziri; se integró a un colectivo y participaba en exploraciones de campo en colonias y cerros.

Pero el 14 de octubre de 2020, la mujer de 45 años de edad y madre de otros cinco hijos, fue asesinada a balazos por personas desconocidas que tocaron a la puerta de su propia casa y al abrir, la acribillaron.

“Pese a existir queja en la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) sobre el hostigamiento a Rosario, denuncias ante la FGE y medidas cautelares ante la CNDH, la familia Cardona Zavala no contaba con protección, lo que ha tenido un desenlace fatal”, expresó la Plataforma por la Paz al denunciar el acoso a la familia.

La organización recordó que en julio del 2021, 4 Procedimientos Especiales de la ONU se pronunciaron porque el asesinato de Rosario fuera investigado desde los más altos estándares (AL MEX 11/2021 ver) sin que el Estado Mexicano ofreciera una respuesta integral”.

Y señaló que en específico, se plan-

teó la necesidad de que se aplicara el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas.

“La desaparición de Yatziri y el asesinato de Rosario siguen en la impunidad”, dijo la Plataforma.

El lunes 27 de junio, Jorge Ulises Cardona Zavala, otro hijo de Rosario y hermano de Yatziri, fue víctima de homicidio, también en su casa.

La tarde de ese día, Jorge Ulises se encontraba con otros integrantes de su familia en el exterior de su domicilio, cuando un hombre que ya fue identificado como Ricardo, “El Riki” llegó al lugar en una motocicleta blanca con otro hombre apodado “El Chalán”; El Riki se acercó y le disparó en el tórax.

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Tortura sexual contra mujeres en Atenco impune a 16 años años de los hechos.

Estado mexicano responsable y omiso Berenice Chavarría Tenorio Ciudad de México. (Cimacnoticias)

M

ariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara ltalia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. Estos son los nombres de 11 de las 31 mujeres detenidas en San Salvador Atenco, Estado de México en 2006 que acusaron haber sido víctimas de tortura sexual.

A 16 años de los hechos, las sobrevivientes aún buscan justicia ante un Estado en el que impera la impunidad.

Recientemente, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México. A partir de las mil 280 entrevistas realizadas en el estudio a mujeres privadas de la libertad en 66 penales del país, el documento revela que ocho de cada 10 mujeres fueron víctimas de violencia en algún momento de su proceso judicial.

El informe se llevó a cabo a raíz de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la que se condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violencia sexual, violación y tortura que vivieron las mujeres de Atenco en 2006.

De la Redacción Ciudad de México (Cimacnoticias)

El estigma y la discriminación que enfrentan día a día las mujeres con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) promueven que no reciban atención médica correcta, lo que puede desencadenar riesgos graves a su salud. En este sentido, especialistas destacan que es importante visibilizar y acompañar a las personas que viven con esta enfermedad para incluirlas en la sociedad y quitar la percepción negativa y desinformada que existe sobre ellas.

En México, desde 1983 hasta la actualidad se tienen registrados 336 mil 515 casos de VIH y SIDA, de los cuales 62 mil 055 corresponden a mujeres, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud.

En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que la desigualdad de género contri-

En la sentencia, la CoIDH ordenó que el gobierno mexicano continuara e iniciara, en su caso, las investigaciones para castigar a los culpables. Además, se le instruyó para crear un plan de capacitación de elementos de seguridad federales y del Estado de México, pues fueron estos cuerpos policiacos quienes en 2006 ejercieron la tortura sexual contra las mujeres.

El alto tribunal interamericano también ordenó al Estado mexicano establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y del uso de la fuerza. Además, la CoIDH recomendó la elaboración de un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.

En ese sentido, Segob refirió que con el diagnóstico publicado el 27 de junio se busca contribuir a “generar mecanismos específicos para atender los actos de tortura sexual en contra de las mujeres [privadas de la libertad]”.

Sin embargo, el documento se reali-

zó cuatro años después de la recomendación de la CoIDH, lo cual evidencia que el Estado avanza tardíamente con los pendientes que tiene por resolver para garantizar a las sobrevivientes de Atenco –y a todas las mujeres– un acceso a la justicia ante las vulneraciones a sus derechos humanos.

El derecho a la verdad, justicia y reparación En 2006, San Salvador Atenco fue el escenario de la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían a la expropiación de sus tierras para la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco.

El conflicto escaló de nivel estatal a federal, lo que desembocó en que en mayo del mismo año tuviera lugar el episodio que detonaría severas afectaciones a los derechos humanos de las y los manifestantes.

Fue el 3 de mayo cuando inició un choque entre vendedores de flores de San Salvador Atenco y policías municipales. El conflicto escaló hasta la ejecución de un operativo conformado por mil 815 policías estatales y 628 elementos de la Policía Federal Preventiva

(PFP), quienes enviados por el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, buscaban ponerle fin al movimiento de protesta. Durante el operativo se detuvieron arbitrariamente a más de 200 personas, aproximadamente 50 de ellas fueron mujeres.

31 de las mujeres aprehendidas declararon haber sido agredidas sexualmente por parte de elementos policiales al momento de su detención y traslado; 11 de ellas iniciaron un proceso ante el Sistema Interamericano que concluyó con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2018.

A más de 15 años de lo ocurrido, la exigencia de las sobrevivientes es la misma: acceso a la verdad y justicia.

Hasta el momento no existe ninguna sentencia condenatoria que responsabilice a las autoridades –ni del fuero local ni del federal– por los actos de tortura sexual.

Tortura sexual, problema sin erradicar: gobierno mexicano La impunidad en el caso Atenco ha enviado el mensaje de permisividad, lo que provoca que la tortura sexual sea un problema creciente y sin erradicar, así lo reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

En este panorama de impunidad viven las mujeres en México, donde 80 por ciento de las mujeres privadas de la libertad señalaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia durante su proceso. Además, 40 por ciento de ellas acusaron haber sido víctimas de tortura sexual, sin que existan más que siete sentencias por ese delito.

Urgente acompañar y luchar contra estigma a mujeres que viven con VIH y SIDA buye a la propagación del VIH, puesto que las mujeres y niñas tienen menos acceso a la información y cuentan con escasos recursos para poner en práctica medidas preventivas.

Además, encuentran impedimentos a la hora de negociar prácticas sexuales más seguras debido a las dinámicas de poder desiguales en los encuentros con hombres. Aunado a esto, la violencia sexual –presente con altas cifras en varios países del mundo– acrecienta el riesgo de transmisión del VIH. A lo anterior se suma el estigma, barrera que impide el acceso a una atención médica adecuada.

Combatir los estigmas “Se le llama estigma a ciertas condiciones, atributos o rasgos que generan una percepción negativa o inaceptable por la sociedad. Los principales estig-

mas que sufren las personas con VIH son relacionados a la forma en la que se pudo adquirir la enfermedad, la orientación sexual, la forma de transmisión o las medidas que se deben tomar una vez que se confirma el diagnóstico”, indica la empresa farmacéutica Novartis.

Ante este panorama, la directora médica de Sandoz México, Katia Pineda, resalta la importancia del acompañamiento a personas con VIH y SIDA, pues si no se atiende de manera oportuna, podría ocasionar retrasos en el diagnóstico y tratamiento adecuados, lo cual pondría en riesgo la vida.

El acompañamiento médico es fundamental, ya que es el o la especialista quien podrá indicar la necesidad de hacer o no determinados exámenes diagnósticos y con base en estos tomar algunas decisiones con respecto al se-

guimiento a cada usuaria o usuario, así como asesorar en cuanto a temas de prevención del VIH. KATIA PINEDA Por su parte, el maestro en Salud Pública y doctor en Ciencias en Sistemas de Salud, Ricardo Baruch, afirma que “es un derecho humano recibir cualquier servicio de salud sin importar las características de la persona, tales como la orientación sexual o el género”.

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EN CHIAPAS

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Alianza de Medios condena el asesinato del periodista Antonio de la Cruz De la Redacción Ciudad de México (apro)

L

a Alianza de Medios MX condenó el asesinato de Antonio de la Cruz, reportero de El Expreso, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que se dio en un contexto de creciente inseguridad y violencia en el país, “que debe ser atendido por las autoridades de los tres niveles de gobierno con urgencia”.

En un comunicado, la alianza indicó que reconoce la voluntad del gobierno federal de ofrecer información de manera cíclica en los casos abiertos en esta materia, de otorgar seguridad social a periodistas que carecen de ella y de comprometerse a revisar el Mecanismo de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos, “pero la realidad va mucho más rápido que la voluntad de todos por detener estos crímenes”.

Abundó: “Al día de hoy no hay nada que nos haga pensar que estamos más segu-

Luego de reconocer la voluntad del gobierno para otorgar seguridad social a periodistas y de comprometerse a revisar el mecanismo de Protección para periodistas y defensores de derechos humanos, el organismo señaló que es necesario detener ya los crímenes contra los comunicadores y la sociedad

ros trabajando. Como tantas otras que existen en el país, Tamaulipas es una de esas zonas de silencio que han sido arrebatadas a la sociedad civil y a

las autoridades por poderes fácticos que han impuesto su ley por sobre las legalmente establecidas”.

Y añadió que tal situación no pue-

de aceptarse porque “de esta manera se acalla no sólo a los comunicadores, sino al derecho de la sociedad a estar informada y, por ende, a todo nuestro sistema democrático”.

Además, consideró necesario esclarecer este y todos los asesinatos de periodistas en el país, pero, más importante, “prevenir que no sigan ocurriendo”.

La Alianza de Medios hizo énfasis en que el asesinato de Antonio de la Cruz es el número 12 en lo que va del año y recordó que su hija, quien lo acompañaba, está gravemente herida.

Con este caso, abundó, “se ha alcanzado una cifra negra inédita de crímenes en contra de comunicadores para estas alturas del año, lo cual es inaceptable”.

Nuevos audios de Alito: Pagos millonarios en efectivo y “clases de lavado” que involucran a Televisa De la Redacción Ciudad de México (apro)

Comunidad judía en México critica a AMLO por llamar “hitleriano” a Carlos Alazraki De la Redacción Ciudad de México (apro)

La comunidad judía mexicana criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber utilizado el término “hitleriano”, como lo hizo al manifestar su desacuerdo con Carlos Alazraki.

“La Comunidad Judía de México rechaza el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona. Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable”, escribió el Comité Central de la Comunidad Judía de México en un breve posicionamiento.

Durante la conferencia mañane-

ra de este miércoles, López Obrador acusó al publicista y conductor Carlos Alazraki de ser conservador y “hitleriano”, a pesar de que, paradójicamente, pertenece a la comunidad judía.

“En el caso del señor Alazraki, pues ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que, porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin, o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe”, dijo el mandatario desde Palacio Nacional.

En una nueva exhibición de audios, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, fue expuesto por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, supuestamente coordinando el reparto de cantidades millonarias de dinero en efectivo, para entregar a Televisa y a sus candidatos de Colima y Campeche durante el pasado proceso electoral.

En dos audios, se escucha a “Alito” hablar con alguien no identificado de su equipo en el PRI dando órdenes de dar dinero en efectivo, en ese momento 700 mil pesos, para a proveedores.

Posteriormente pide hablar con un hombre identificado como Hugo, presunto contador, para pedirle que entregue dinero en “cash” a alguien a quien llamó Bauer, de Televisa.

-A Bauer se le tiene que pagar 5 (millones de pesos), dice “Alito”.

-Le di 2.5 (millones), responde Hugo.

-Estoy de acuerdo.

-La mitad.

-¿Los otros 2.5 cómo se los puedes pagar?, pregunta Cárdenas.

-De los 2.5, 700 mil pesos voy a cargarlo a la campaña y sí le voy a impactar a los candidatos. El resto se

lo pensaba dar también en efectivo y ya matar ese adeudo.

-Déjame hablo con él (Bauer) entonces, y le digo. No quiere cash porque es de Televisa, yo voy a hablar con él, se escucha decir a “Alito”.

Hugo dice que el dinero entregado es de campaña “y no dejamos rastro si pago en efectivo”. “Está bien”, asienta Cárdenas.

Continúan las clases de lavado...

Utilizó dinero que rebasaba los gastos de campaña; esos diputados que tiene el PRI son producto del fraude de este dinero mal habido. pic. twitter.com/fezZwBqe7H — Layda Sansores (@LaydaSansores) June 29, 2022 En otra parte de los audios, se escucha al primer interlocutor hablando con “Alito”: “porque si yo facturo como recurso de campaña, me puede ver la autoridad”, refiriéndose al INE. “Alito”, en ese espacio, le dice que se lo dé en efectivo y Hugo nuevamente le responde: “si es que son recursos de campaña, jefe, se los tengo que entregar en efectivo”.

La gobernadora Layda Sansores, quien posteó en Twitter “Continúan las clases de lavado...” para presentar los audios, comentó en el programa donde transmitió los audios que se pueden transmitir gracias a los tribunales que han descartado el amparo que interpuso “Alito”.

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Juez dictará sentencia este jueves por entrega de 49 mil perfiles de ADN de desaparecidos Diana Lastiri y Germán Canseco Ciudad de México (apro)

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ste jueves, un juez federal dictará sentencia en el caso contra Roberto Cabrera Alfaro, extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusó por la entrega ilegal de 49 mil perfiles genéticos de personas desaparecidas y sus familiares a una empresa privada.

El juicio contra el exfuncionario inició el pasado 27 de junio en el Centro de Justicia penal Federal del Reclusorio Sur, ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien durante tres días escuchó a los testigos de ambas partes, desahogó documentales y los alegatos tanto de la FGR como de Cabrera Alfaro.

Al formular la acusación en su contra, la Fiscalía solicitó al juez declararlo culpable de ejercicio ilícito del servicio público e imponerle una pena de 5 años con 9 meses y multa con 11 mil 323 pesos.

Para ello, indicó que el 31 de mayo de 2017 a las 18:00 horas, en las oficinas de la entonces Comisión Nacional de Seguridad (Conase), en Avenida Constituyentes, Cabrera realizó la entrega de 49 mil perfiles genéticos a la empresa ADN México Central ADN, S. A. de C. V. Dicha entrega, según lo expuesto por la Fiscalía, se realizó a través de una memoria USB directamen-

De la Redacción Ciudad de México (apro)

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, exhibió el hostigamiento’ que reciben las autoridades electorales en México. Señaló que son más de 300 ocasiones en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a órgano electoral de las cuales más de la mitad son ataques.

Al participar en la Cumbre Mundial de la Democracia Electoral, Lorenzo Córdova se refirió al mal trato que le ha dado López Obrador a los órganos electorales señalando que son más peligrosos que los sufridos en gobiernos anteriores.

Córdova detalló que de 869 conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 318 ha hablado del INE y el 63% son ataques directos.

Advirtió que las descalificaciones que sufre el órgano electoral mexica-

Al formular la acusación en su contra, la Fiscalía solicitó al juez declararlo culpable de ejercicio ilícito del servicio público e imponerle una pena de 5 años con 9 meses y multa con 11 mil 323 pesos

te a Mariana García Sosa, directora Comercial de Genética Forense de ADN, quien supuestamente descargó la base de datos en una laptop.

Para la FGR esto fue ilegal porque la entrega de los perfiles genéticos no se realizó en el marco de ningún contrato suscrito con la empresa previa evaluación de impacto, pese a que se trataba de información sensible de víctimas de desaparición.

En tanto, la defensa de Cabrera afirmó que el exfuncionario no pudo entregar la base de datos en la fecha y hora señaladas por la FGR, pues el 29 de mayo de 2017 viajó a Culiacán, Sinaloa, para participar en las investigaciones sobre el asesinato del

periodista Javier Valdez, y regresó a la Ciudad de México el 31 de mayo, fecha en la que supuestamente se concretó el delito.

Para acreditar su dicho, exhibió el boleto de avión y un oficio de Aeroméxico y presentó como testigos a Ricardo Sánchez del Pozo, fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, quien confirmó que Cabrera se encontraba en Sinaloa los días 29 y 30 de mayo.

Así como a Freddy Navarrete, oficial de la Guardia Nacional y exescolta de Cabrera, quien afirmó que él fue el 31 de mayo a recogerlo al Aeropuerto Internacional de la Ciu-

dad de México y de ahí lo llevó a su domicilio ubicado en Santa Fe. Desde ahí, a las 18:05 horas, pidió comida a domicilio a través de la plataforma electrónica Uber Eats, que expidió el recibo presentado como prueba de descargo aquel 31 de mayo a las 20:30 horas.

Con todo esto, Cabrera buscó convencer al juez que no estuvo en las oficinas de Conase en la fecha y hora señalada por la FGR, y señaló además que Mariana García incurrió en declaraciones contradictorias, pues inicialmente dijo que recibió la información a las 18:00 horas y posteriormente declaró que los hechos sucedieron entre las 16:00 y las 17:00 horas de aquel 31 de mayo de 2017.

Este jueves a las 16:00 horas, Cabrera está citado ante el juez Delgadillo Padierna para escuchar la sentencia y, en caso de ser declarado culpable, la pena que le corresponda por la entrega de la base de datos.

Roberto Cabrera Alfaro fue el primer titular de la CNB y fue denunciado por su sucesora, Karla Quintana desde el año 2019.

Pese a que el exfuncionario y un grupo de colaboradores están señalados por entregar la base de datos al laboratorio privado, hasta ahora es el único procesado por estos hechos.

Lorenzo Córdova exhibe ataques de AMLO contra el INE en cumbre mundial no no son nuevas, pero sí novedosas porque “al venir desde el gobierno, desde los circuitos del poder y eso las vuelve mucho más peligrosos’’.

Durante su participación en la cumbre analizó las conferencias de AMLO, en las que detalló con fotos del presidente las expresiones de la narrativa que se han querido impulsar.

Puso como ejemplo que los consejeros del INE ganan más que el presidente. ‘’Que si somos el organismo electoral más caro del mundo, que si no somos demócratas y despreciamos al pueblo’’, expresó Córdova.

El consejero presidente del INE funcionario presentó una gráfica donde se detalló en cuántas conferencias mañaneras desde 2018 se ha nombrado al presidente del INE:

-En 2018, de 19 conferencias, en 7 se mencionó a Lorenzo Córdova.

-En 2019, en 49 de 252.

-En 2020, en 80 de 254.

-En 2021, en 116 de 244.

-En lo que va del 2022, en 47 de 100.

Destacó que el promedio es que el 34.4% de las conferencias del presidente son dedicadas para hablar de las autoridades electorales

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Persiste la asociación entre autoridades y narcotráfico, admite AMLO Ezequiel Flores Ciudad de México (apro)

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l presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en México aún persiste la asociación delictuosa entre autoridades y narcotráfico, aunque dijo que es menos que en los gobiernos de sus antecesores porque ahora no se tolera la impunidad.

“Muchos de los casos que todavía tenemos, tiene que ver con la tolerancia y con la impunidad que se da en algunas regiones, algunos estados del país, pero se va a avanzando porque no se permite la impunidad arriba”, dijo López Obrador sin especificar.

En la conferencia mañanera, el mandatario señaló que cada vez es más evidente cuando “hay corrupción e impunidad” en autoridades locales.

“Esto se manifiesta cuando no hay resultados en una fiscalía estatal, cuando en vez de disminuir los delitos, aumentan”, aseguró.

Luego, puso como ejemplo el caso del estado de Veracruz, donde el gobernador postulado por Mo-

De la Redacción Ciudad de México (apro)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un doble revés a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum: Por un lado, confirmó que la mandataria sí difundió propaganda gubernamental sobre la consulta de revocación de mandato en periodo prohibido, y en otra resolución determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la facultad para poder investigarla por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña rumbo a la elección presidencial de 2024.

En el primer caso, por unanimidad, los magistrados determinaron que Sheinbaum Pardo incumplió con las medidas cautelares impuestas por la autoridad electoral con un mensaje en Twitter en el que escribió: “Les invito a participar en eso que me prohibieron hablar”.

Fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el que denunció ante el INE a la jefa de Gobierno por esta y otra publicación en Twitter, relacionada con propaganda gubernamental indebida.

Los magistrados respaldaron la resolución de la Sala Regional Especializada la cual expuso que al entrelazar la fecha de la publicación (18 de febrero), el mensaje difundido y el contexto en el que se desarrollaba el proceso de revocación de mandato, se infería que la mandataria llamaba a participar a

“Muchos de los casos que todavía tenemos, tiene que ver con la tolerancia y con la impunidad que se da en algunas regiones, algunos estados del país, pero se va a avanzando porque no se permite la impunidad arriba”, dijo López Obrador sin especificar

rena, Cuitláhuac García Jiménez, decidió sustituir al exfiscal Jorge Winckler.

“El gobernador Cuitláhuac Gar-

cía cambió el fiscal, yo no sé si tenía vínculos con la delincuencia, pero es evidente, probable, demostrable, que a partir de que hubo ese

cambio mejoraron las cosas. No quiere decir que ya no haya violencia, pero sí fue notable el cambio”, sostuvo López Obrador.

Sheinbaum difundió propaganda en periodo prohibido y puede ser investigada por el INE: TEPJF este ejercicio.

“La frase denunciada no fue genérica ni neutral, sino que puede señalarse más allá de toda duda razonable que el significado tenía como finalidad promover la participación ciudadana en tal proceso, precisamente al señalar: ‘Los invito a participar en eso que me prohibieron hablar’, en relación a la restricción que le había señalado el INE y el propio mecanismo de participación ciudadano”, señala el proyecto aprobado.

Además, la Sala Superior resolvió que Sheinbaum promocionó obras públicas en el periodo prohibido marcado por la Ley de Revocación de Mandato.

Actos anticipados de campaña En el otro caso, la Sala Superior del TEPJF resolvió que el INE tiene la facultad para investigar a Sheinbaum por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña rumbo a la elección presidencial de 2024.

Lo anterior luego de que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE admitió una queja interpuesta por el PRI, y solicitó el pasado 7 de junio a través de un oficio, que la mandataria confirme si busca o no una candidatura a la Presidencia de la República con Morena.

Además, le requirió confirmar si el 22 de mayo pasado declaró ante la prensa que “México estaba listo para

tener una presidenta”.

La mandataria impugnó el acuerdo del órgano electoral mediante la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino. Sin embargo, el INE le advirtió que, de no responder al requerimiento, podría ser objeto de una amonestación pública.

La resolución del TEPJF fue aprobada por cuatro votos a favor y tres en contra de los magistrados José Luis Vargas, Indalfer Infante y Mónica Soto.

Al argumentar su voto en contra, Indalfer Infante señaló que el acuerdo no debió ser impugnado por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, ya que el PRI denunció a Claudia

Sheinbaum como ciudadana que aspira a la presidencia y no como jefa de Gobierno capitalina.

“A esto habría que agregar que, inclusive, en los eventos donde se señala la participación, se ha expresado que fueron en días inhábiles, y además, en otros casos se ha dicho que se solicitó la licencia y el descuento de los pagos correspondientes para participar en su carácter de ciudadana” “Si la queja se sigue como ciudadana, las autoridades electorales podrán emitir las sanciones correspondientes.

Sin embargo, si se le sigue como servidora pública, únicamente podrán definir y mandarlo a los superiores jerárquicos o los congresos locales”, manifestó.

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UN NUEVO ATAQUE A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Teresa Mollá Castells

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ace apenas dos días conocíamos la terrible noticia de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos devuelve a los estados la potestad para regular sobre el aborto. Están en juego los derechos de treinta y seis millones de mujeres en edad reproductiva, que viven en los veintiséis de los cincuenta estados que se han anunciado dispuestos a promulgar leyes restrictivas con carácter más o menos inmediato.

Es un verdadero mazazo para los derechos de las mujeres de Estados Unidos y, por extensión, para el resto de las mujeres del mundo.

Ayer, con motivo de esta noticia, escuchaba en la radio una reflexión de un señor (cuyo nombre no recuerdo por no haber prestado atención) que me resultó como mínimo curiosa. Soy incapaz de reproducir los datos, pero los dio. Y hablaba de esta medida como consecuencia de los miles de criaturas que mueren cada año a causa de las armas: por tiroteos o por accidentes de las armas que llevan las propias criaturas, a quienes se las entregan sus padres para su autodefensa. Hablaba de la necesidad de procrear para “reemplazar” a las criaturas muertas por armas.

Este ataque al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo es un ataque a la base misma de los derechos humanos de las mujeres, puesto que es una forma de violencia machista, en este caso violencia estructural.

Y es estructural porque parte de las estructuras de poder: en este caso, del poder judicial y también del poder legislativo que va a legislar en contra del derecho a decidir de más de la mitad de la población estadounidense, como lo son las mujeres.

El avance de las derechas nunca es una buena noticia para las mujeres. La derecha, incluso la llamada “modera-

da”, siempre hace sentir la influencia de la Iglesia Católica en cualquiera de sus versiones. Y ya conocemos que la Iglesia Católica no se caracteriza, precisamente, por la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres.

Por tanto, el resultado de esa influencia siempre conllevará el retroceso en los derechos de las mujeres.

Y de eso saben mucho nuestras madres y abuelas que sufrieron la furia del régimen fascista del dictador en sus propias carnes, cuando después de una etapa de libertades con la II República, las devolvieron a casa y les prohibieron trabajar después del matrimonio, salvo algunas excepciones.

Con la sentencia del Supremo de los Estados Unidos, se abre la puerta a una recesión de los derechos ya conseguidos de las mujeres sobre sus propios cuerpos y sobre su decisión de ser o no madres voluntariamente. En alguna ocasión he dicho que el feminismo es un movimiento universalista porque cuando nos toca a una, sea de donde sea, nos tocan a todas. Y este ataque a los derechos de las mujeres estadounidense lo es para todas las mujeres del mundo.

Como era de esperarse, las movilizaciones contra esta decisión no se han hecho esperar y miles y miles de mujeres se echaron a la calle, y lo seguirán haciendo en los próximos días, para hacer patente su desacuerdo con dicha decisión de un Tribunal Supremo; pero mucho me temo que esta decisión de claro corte republicano y de derechas, con claras influencias de la Iglesia Evangelista más reaccionaria, será difícil de revertir por el movimiento feminista estadounidense. Al menos, en los próximos años.

La idea obsesiva del patriarcado más rancio por controlar el cuerpo de las mujeres ha de tener una clara respuesta que las mujeres norteame-

ricanas están dando en las calles, pero debería ser una respuesta global.

Y creo que el derecho al aborto debería ser protegido en todo el mundo y ser declarado un derecho inalienable de todas las mujeres del mundo, ya que la gestación solo la podemos llevar adelante las mujeres. Dejen nuestros ovarios en paz y dejen que seamos nosotras las que decidamos si queremos ser o no madres. Y sobre todo, y tal como dice un eslogan feminista, saquen sus rosarios de nuestros ovarios.

Nuestro cuerpo es nuestro y sobre él solo deberíamos decidir nosotras. No somos posesión de jueces, políticos, sacerdotes, etcétera. Y si se quieren más nacimientos por aquello de la curva poblacional y esas cosas, que se legisle sobre políticas públicas de ayuda a la natalidad y a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar con servicios públicos de calidad para revertir el envejecimiento poblacional. Solo de esa manera se estimulará la natalidad para revertir la situación actual.

Con prohibiciones de la interrupción de los embarazos no deseados solo van a conseguir más muertes de mujeres porque se seguirán practicando en la clandestinidad y en peores condiciones médicas que pueden acabar poniendo en peligro la vida de las mujeres.

Estamos ante un reto mundial que como feministas debemos afrontar sin ninguna vacilación. Recordemos que en el Estado español estamos pendientes de un recurso que el partido popular, un partido de derechas (y últimamente creo que de ultraderecha), presentó ante el Tribunal Constitucional. Las próximas podemos ser nosotras: las mujeres del Estado español.

Toda mi solidaridad con las mujeres de los Estados Unidos y muy alerta porque esta sentencia puede ser la primera de muchas.

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LA INCONGRUENCIA COMO MEDIO DE HACER POLÍTICA Elisur Arteaga Nava

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rancisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, está viviendo sus últimos días en libertad. Se le acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero (Milenio, 20 de junio). Le aguarda una prolongada estancia en prisión. Primero, en el extranjero, como sujeto a un proceso de extradición. Después como cliente distinguido del Altiplano. Va a estar algunos años a la sombra.

Hay mucho que comentar respecto a la situación jurídica y política del señor García Cabeza de Vaca. De inicio reconocer que su frivolidad, irresponsabilidad y negligencia incidieron negativamente en las elecciones celebradas a principio de este mes en Tamaulipas, el estado que está a punto de dejar de gobernar. Por su culpa, Acción Nacional perdió un bastión de poder y de votos importante.

Morena se hizo de la gubernatura y del Congreso de la entidad. La derrota es políticamente imperdonable, sobre todo con vistas a la elección presidencial a celebrarse en 2024. Se perdieron esos votos cuando más se necesitaban.

García Cabeza de Vaca no es el único responsable del fracaso; son corresponsables los diputados del Congreso local y los dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional. Los primeros por no haber dado curso, como debían, a la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, a través de una reforma a la legislación local, haber dilatado el cumplimiento de lo mandado por la autoridad federal. Los segundos, los dirigentes de Acción Nacional, por no haber presionado para que se diera cum-

plimiento a la suspensión del cargo del gobernador.

Los directivos de Acción Nacional se mostraron acomodaticios y convenencieros. En 2005, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en defensa del jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, recurrió a la controversia constitucional ante la Corte para impugnar la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, alegando que se requería de una nueva declaración local para que operara la suspensión en el ejercicio del cargo del desaforado, es decir lo mismo que se invoca por el gobierno de Tamaulipas en la controversia constitucional que ahora se ventila ante la Corte, el Partido Acción Nacional se pronunció en el sentido de que era incorrecto ese punto de vista e infundada la controversia. La Corte, por su parte, en ese entonces rechazó lo que ahora ha admitido a trámite y, de lo que ha trascendido, va a declarar fundado. ¿Por qué ahora Acción Nacional no se opuso a que se admitiera la controversia constitucional? ¿Por qué la Corte cambió de opinión y dio trámite a algo que antes declaró improcedente? ¿Ignorancia? ¿Desmemoria? ¿Falta de principios?

Una autoridad competente solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que emitiera una declaración de procedencia a fin de que el señor García Cabeza de Vaca enfrente diferentes acusaciones en su contra. Después de agotar el procedimiento de ley, esa cámara obsequió la solicitud que le fue formulada.

Ante esa declaración, García Cabeza de Vaca, para rehuir su cumplimiento, en fraude a la ley, con la complicidad de la Legislatura del

estado modificaron la Constitución política local para hacer depender lo resuelto por la Cámara de Diputados de su homologación por el Congreso local.

Esa acción indebida fue cuestionada. Actualmente se ventila una controversia constitucional para determinar si la reforma es correcta y la interpretación dada por la Legislatura está apegada a la Constitución general.

Ha trascendido que el proyecto de sentencia que presentará al Pleno de la Corte el señor ministro Juan Luis González Alcántara viene en el sentido de establecer que se requiere de una nueva declaración de la Legislatura del estado de Tamaulipas para entender que el señor García Cabeza de Vaca tiene suspendida la inmunidad de que goza.

Si es cierto lo que ha trascendido a los medios, disiento del punto de vista del distinguido jurista y entrañable amigo. Me llevan a disentir de su opinión las siguientes consideraciones: Los órdenes federal y local son completos en sí mismos. No requieren uno del otro para cumplimentar las determinaciones que emiten en ejercicio de las facultades que les tienen conferidas. Una declaración emitida por la Cámara de Diputados que suspende del ejercicio del cargo a un servidor público tiene efectos por sí, sin necesidad de una declaración complementaria que emita la Legislatura local.

La notificación a que hace referencia el artículo 111 es únicamente para que la Legislatura local provea lo relativo a la suplencia del gobernador suspendido en el ejercicio del cargo, no para que homologue lo resuelto por la Cámara de Diputados o para que lo ratifique.

Lo anterior no es un punto de vista que yo haya elaborado con miras al caso concreto; ese punto de vista lo he expuesto desde hace muchos años tanto en mi Tratado de derecho constitucional (México, Oxford University Press, 1999, tomo IV, p. 1311) como en mi Derecho constitucional (Oxford University Press, México, 2016, tomo I, p. 359).

Ahora agrego un argumento adicional. En el momento en que se hace depender de la Legislatura de Tamaulipas el cumplimiento de lo resuelto por la Cámara de Diputados, en el sentido de suspender de su cargo al gobernador, se atenta, en forma adicional, contra lo que dispone el artículo 111: “Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados o Senadores son inatacables”.

El prever la homologación de una declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados es hacerla atacable.

Si García Cabeza de Vaca tiene la convicción de que es inocente y sabe que en un futuro inmediato se le acabará la inmunidad de que goza, ¿por qué no se entregó a la autoridad que lo requería y enfrentó, sin más, las acusaciones de que era objeto? Su situación jurídica se complicó. Se quiso pasar de listo en el momento menos oportuno para él y para su partido. Recurrió al fraude a la ley para retrasar el momento en que deberá enfrentar los procesos penales que se le siguen.

Una vez que asuman el poder quienes resultaron ganadores y que termine la inmunidad de que goza, le podrán repetir al señor García Cabeza de Vaca lo que dice el dicho: “Si caes en mi tribunal, ni declaración te tomo”. Su causa ya ha sido juzgada y sentenciada.

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AEROPUERTOS VS. PLATAFORMAS DE MOVILIDAD Jorge Bravo

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n días recientes los usuarios que llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y pidieron un transporte privado a través de aplicación móvil recibieron una desagradable sorpresa. Los policías apostados en la terminal impidieron que los usuarios de plataformas como DiDi y Uber abordaran los vehículos que habían solicitado.

Entre conductores de apps de transporte y usuarios del aeropuerto reinó la confusión, el caos y el malestar; se formaron largas filas para contratar a alguno de los servicios de taxi tradicional que operan en la terminal y que cobran el doble por transportar a los pasajeros a sus destinos. Un visitante extranjero a quien se le impidió abordar su transporte solicitado por plataforma digital clamó: “¿qué le pasa a México?”

Lo que le pasa a México es que desde mayo se observan en las puertas de llegada del AICM mensajes con la leyenda “Zona federal. Prohibido prestar servicio o abordaje de pasajeros en taxis de plataforma digital.” El aeropuerto dirigido por Carlos Morán Moguel amenaza con una multa de 43 mil pesos a los conductores de dichas apps.

Los habitantes del país y de la Ciudad de México tenemos derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

También se le conoce como derecho al libre tránsito.

Quien desee contratar los servicios de taxi tradicional en la terminal aérea debe poder ha-

cerlo, pero quien opte por solicitar un vehículo privado a través de plataformas de Internet no debe ser impedido de su derecho a elegir la mejor opción para transportarse por la ciudad.

Este problema también está presente en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Antes de que fuera inaugurada la terminal federal en Santa Lucía, el director general del proyecto, Isidoro Pastor Román, advirtió que las plataformas de transporte sólo podrán llevar pero no recoger a las personas en el aeropuerto.

En marzo de 2022, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó a los administradores del AIFA permitir la prestación del servicio de transporte de pasajeros a las plataformas digitales.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) habilitan nuestros derechos fundamentales de forma directa. Uno de ellos es el derecho a la movilidad o libre tránsito a través de plataformas digitales.

Las personas descargan en sus smartphones las apps de transporte para desplazarse libremente mediante servicios digitales transparentes, cómodos, eficientes y seguros.

A los usuarios de los aeropuertos federales (o terminales de autobuses, como ocurre en varias ciudades del país como Morelia, Michoacán, donde incluso se ejerce violencia contra los conductores de plataformas tecnológicas), no se les puede forzar a contratar un servicio oneroso, ineficiente y a veces inseguro como el de los taxis tra-

dicionales, que cobran el doble a los pasajeros y en ocasiones éstos reciben malos tratos.

Recientemente, diversos taxistas agremiados al Movimiento Nacional Taxista y a los grupos que operan en el AICM bloquearon durante más de cuatro horas el acceso a la terminal aérea capitalina, ocasionando caos vial, atropellando el propio derecho a la movilidad que ellos deberían garantizar y afectando las actividades cotidianas y económicas de miles de personas.

Las principales quejas de los usuarios contra los taxistas aeroportuarios destacaron las altas tarifas que cobran, el mal estado de los vehículos y el deficiente servicio que prestan a los pasajeros.

Estos taxis también contaminan más, porque deben realizar el trayecto de regreso al aeropuerto sin llevar pasaje, por lo que es un servicio altamente ineficiente y costoso.

Los usuarios que llegan al AICM y usan las plataformas de transporte ya se acostumbraron a un servicio más accesible, eficiente, económico y seguro que debe operar con normalidad en los aeropuertos federales tanto para dejar como para recoger pasajeros.

La prohibición contra las plataformas de movilidad viene de una desfasada Ley de Aeropuertos de 1995 que señala que la Secretaría de Infraestructura, Transportes y Comunicaciones es la autoridad aeroportuaria responsable de otorgar concesiones y permisos para la administración, operación y explotación en los aeropuertos, incluido el

servicio de taxi.

Tanto la autoridad aeroportuaria federal como los administradores del AICM y del AIFA tienen la oportunidad de crear las condiciones para que las plataformas de transporte operen de forma complementaria al servicio de taxi tradicional en beneficio del usuario, para que sea éste quien decida libremente qué servicio contratar, en condiciones de competencia, sin discriminación y sin priviligar a los grupos de taxistas que se oponen a la operación de las plataformas.

Se requiere un marco legal y regulatorio que reconozca las nuevas ofertas y modalidades de servicio de transporte, la flexibilidad en los modelos de negocio, la innovación que introducen las tecnologías digitales, las nuevas condiciones del mercado y los hábitos de los usuarios que optan por utilizar plataformas de transporte.

En las terminales aéreas más avanzadas del mundo se permite la operación de las plataformas de transporte, incluso existen zonas específicas para que los conductores de dichas aplicaciones puedan dejar y recoger a los pasajeros.

Aeropuertos federales en México que se dicen modernos, con infraestructura de avanzada y equipados con la más alta tecnología, simplemente no pueden impedir el libre tránsito de los ciudadanos ni el derecho a la movilidad que habilitan las TIC y facilitan las plataformas digitales de transporte, lo cual debe ser reconocido por las leyes favorables a la innovación.

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MATAR SACERDOTES PARA CALENTAR LA PLAZA Ricardo Raphael

¿

Por qué asesinar a dos sacerdotes adultos mayores de la orden de los jesuitas dentro de su iglesia? ¿Qué tal si no hubiese azar en esa ejecución, sino un cálculo preciso del escándalo nacional que este acto de barbarie iba a provocar?

Hacia la una de la tarde del pasado lunes 20, Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, guía de turistas en la Sierra Tarahumara, ingresó a la iglesia de Cerocahui seguido por sicarios. Ahí dentro lo ultimaron y también arrebataron la vida a Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, ambos sacerdotes de la Compañía de Jesús, el primero de 79 y el segundo de 81 años.

La reacción nacional frente a estos asesinatos fue contundente y da prueba de que en México hay muertos de primera y segunda categoría. Es duro decirlo pero es verdad: muy probablemente habría pasado inadvertido ese acto de violencia si las víctimas hubiesen sido tres adultos mayores pertenecientes a la etnia rarámuri.

El pasado mes de abril un grupo armado y con el rostro cubierto arribó a la comunidad de Jicamorachi, ubicada en la frontera entre Chihuahua y Sonora. Ahí los sicarios dispararon contra las viviendas, la iglesia y los comercios para provocar que las y los pobladores abandonaran ese asentamiento.

De las 122 familias que ahí vivían actualmente sólo quedan 40.

Salvo alguna excepción, el hecho pasó inadvertido para la prensa nacional.

Patricia Mayorga sí reportó para la edición digital de Proceso (02.07.21) sobre el desplazamiento forzado derivado de esa violencia que ha vuelto víctimas a decenas de habitantes de la

región en los últimos años. Las organizaciones criminales han impuesto sus leyes para hacer o deshacer con un territorio que asumen como propio y que sirve para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, pero también para dominar el lucrativo negocio de la tala ilegal de bosques.

Han sufrido de este látigo arbitrario las poblaciones de varios municipios de Chihuahua, como Guazapares, Uruachi y también Ciudad Cuauhtémoc. Se trata de una verdadera ola cargada de extorsiones, negocios incendiados, personas “levantadas” y asesinatos.

Mientras Chihuahua arde, la autoridad legal confirma su participación como mera espectadora del desastre. Con el asesinato de Morita y El Gallo, como la población solía referirse a los sacerdotes Joaquín Mora y Javier Campos, la actitud pasiva dejará por un tiempo de ser tolerada. Se suma al cuadro macabro el que los asesinos hayan plagiado los cuerpos sin vida de los dos religiosos y también del guía de turistas, Pedro Palma.

Estas muertes son un escándalo cuyas llamas se elevan a tal punto que se hace imposible no verlas, incluso desde lejos.

Ha sido señalado como responsable de esta masacre el joven de 30 años José Noriel Portillo Gill, conocido en su medio como El Chueco. Los antecedentes de este criminal tienen varios años acumulándose. Se le acusa de haber mandado ejecutar, en 2018, al profesor estadunidense Braxton Andrew, a quien se le habría confundido con un agente de la DEA. También hay imputaciones que pesan sobre El Chueco, desde 2019, por la desaparición y homicidio del activista Cruz Soto Caraveo.

Se trataría del líder de una

empresa criminal que controla la región de Urique, ligada a la organización Los Salazar que, a su vez, estaría vinculada con el Cártel de Sinaloa.

Más allá de estas malas cartas de referencia, la acusación que desde la Presidencia de la República se ha hecho contra Portillo Gill merecería valorarse con precaución.

Resulta un tanto sospechoso que el líder de una organización criminal sea al mismo tiempo el autor material de los crímenes referidos. Sin embargo, afirmó Andrés Manuel López Obrador que un tercer sacerdote, que estaba presente en el momento de los hechos, habría reconocido al Chueco. Esta pieza de información tendría todavía que ser corroborada.

Pero aún más extraño es que el líder criminal de la región haya cometido el error de ejecutar un doble asesinato –el de los sacerdotes jesuitas– sabiendo que ese evento terminaría por “calentar” su plaza, como se dice coloquialmente.

Es común que el asesinato de civiles inocentes por parte de las bandas criminales tenga como propósito atraer reflectores públicos de tal manera que las fuerzas del Estado tomen control del lugar. Esto, a su vez, tiende a favorecer a las empresas criminales que, de otra manera, no habían podido arrebatar territorio a sus adversarias.

Es decir que el “calentamiento” de una plaza tendría como propósito el empoderamiento de las bandas rivales. En caso de que los asesinatos de Cerocahui fuesen la consecuencia de este patrón delictivo, El Chueco no sería el autor de los hechos, sino el chivo expiatorio designado para mitigar la ira social.

Suma a esta línea de reflexión la pugna que lleva un buen rato andando entre el Cártel de Sinaloa, de un lado, y la alianza que han formado la organización delictiva La Línea y el Cártel de Caborca comandado por Rafael Caro Quintero.

Hace apenas cuatro meses empleados de la empresa comandada por Caro colgaron de un puente en Hermosillo el cadáver de un hombre y un mensaje en el que se señalaba a funcionarios del gobierno sonorense de estar vinculados justamente con Los Salazar, grupo al que pertenecería El Chueco.

La alianza entre Caro y la Línea para arrebatarle posiciones al Cártel de Sinaloa, concretamente la lucrativa región maderera de la Sierra Tarahumara, una de las más importantes para la tala ilegal, podría ser una explicación alternativa y más coherente respecto al secuestro y asesinato de las víctimas de Cerocahui. ¿Fue realmente José Noriel Portillo Gill el responsable de lo ocurrido o alguien más decidió calentarle la plaza con el propósito deliberado de sacar a la organización sinaloense de la sierra de Chihuahua?

Más allá de las personas a las que puedan imputarse estos crímenes, no debería la autoridad cerrar el caso una vez que se detenga al presunto responsable, porque el fenómeno de la violencia que se vive en esa zona del país trasciende a esa persona.

Que la muerte de los sacerdotes Morita y el Gallo no vaya a servir para que salgan unos criminales de Cerocahui y en su lugar ingresen otros. El tema de fondo es el control de la sierra, el cual debería volver a manos del Estado en vez de continuar siendo territorio de criminales.

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CONTRAPODER PODER

Jueves 30 de Junio de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EL DIVÁN Sergio Stahl

Transparentar el gasto público

A

nte los retos de marginación y pobreza de un porcentaje importante de la población chiapaneca, es necesario transparentar la inversión del erario para hacer más obras pagando los costos justo y sin menoscabo de la calidad, les señaló el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, a los integrantes de su gabinete legal y ampliado, durante su última reunión de este miércoles 15.

Por enésima ocasión les recomendó proseguir combatiendo y previniendo el cáncer de la corrupción, porque los recursos públicos son para mejorar las condiciones de vida de todos, fundamentalmente a los que menos tienen como se está haciendo ahora en la entidad y en todo el país.

Claro que en su mensaje a los chiapanecos recalcó que se erradicó el tráfico de influencia y si la ciudadanía lo detecta, los denunciará y se actuará conforme a la ley, porque ahora, gracias a la contraloría social y la participación del pueblo ya no posible proseguir engañado.

Aquellos tratos en lo oscurito ha quedado proscrito

en Chiapas porque la cruzada contra la corrupción: no es pose alguna, sino realidad contundente. Por esa misma razón a quien sea denunciado se le investigará y se actuará conforme a la ley porque el presupuesto es recurso del pueblo que el gobierno administra.

Para hacer más obras se requiere no inflar las cifras o disminuir la calidad de las mismas. Así es como se está llevando a cabo más acciones para todos. Claro que la prioridad son los que menos tienen para mejorar sus indicadores de vida a lo cual todos tenemos derecho, fundamentalmente ello los que durante décadas han esperado un consultorio médico, clínica, camino, aula, escuelas, servicios básicos, entre muchos otros.

En cada una de las reuniones de gabinete, el mandatario revisa los avances de los programas y las obras que realiza cada dependencia, buscando que no se duplique ni los gasto o el esfuerzo porque ese era otro de los errores de las administraciones anteriores y porque al final pocas cosas se hicieran aceptablemente bien para que perduraran y sirvieran.

Si alguien ha estado al

pendiente de cada una de las acciones de gobierno ha sido el jefe del ejecutivo estatal que mañana a mañana revisa los avances. Asimismo destraba algunos problemas que enfrentan esas tareas realizando gestiones porque se deben de entregar en tiempo y forma. Y sobre todo porque además, otras comunidades están a la espera de esas labores para mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo durante sus diversas giras de trabajo, Rutilio Escandón Cadenas ha logrado establecer un diálogo permanente con la gente que le señala algunos contratiempos, alternativas de solución o la forma en que se debe de abordar esas acciones de gobierno para que salgan de la mejor calidad al precio justo.

En definitiva: la corrupción se le combate frontalmente en Chiapas y el funcionario que se le sorprenda desviando recursos, que se atenga a las consecuencias, porque la popularidad se logra realizando las acciones ajustadas a la ley. Así es como se ha venido legitimando Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas, lo cual reconocen propios y extraños.

En fin.

EN CHIAPAS

CONTRAPODER PODER

Jueves 30 de Junio de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EN CHIAPAS

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ANÁLISIS A FONDO: OTRO REPORTERO ASESINADO, MIENTRAS ALITO PIDE ARMAR A LA POBLACIÓN Francisco Gómez Maza

• Indefensos, los periodistas de a pie • Alito ¿sufre de insuficiencia neuronal?

L

a violación al derecho de ejercer el periodismo, para informar y para vivir, es respuesta radical. ideológica, de los criminales, que se niegan, a que la gente de la base de la pirámide, por lo menos, sea informada de los dichos y los hechos que le afectan justa o injustamente.

Esta breve reflexión se plantea, en este espacio, ante el asesinato, perpetrado en la humanidad del compañero Antonio de la Cruz, reportero del periódico Expreso, que se edita en la misma ciudad donde ocurrió el crimen.

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles 29 de junio.

Hombres armados atacaron a De la Cruz, quien iba saliendo a eso de las 9 de la mañana, de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Puerta de Tamatán -al poniente de Victoria- junto con su esposa, quien resultó gravemente herida y su hija, quien lamentablemente falleció. Otras fuentes no confirman el asesinato de la niña.

En este espacio nos unimos a los colegas de Expreso para exigir a las autoridades jurisdiccionales el esclarecimiento del hecho criminal.

Con este crimen, serían 12 los periodistas asesinados en lo que va del año. México sigue siendo el país más mortífero para los periodistas: De acuerdo con la Voz de Alemania, más

de 30 han sido asesinados desde el 1 de diciembre de 2018.

Gravísimo síntoma social es la muerte por asesinato de muchos colegas. Y más grave es que las autoridades jurídicoministeriales hagan poco para revolver los casos; averiguar quienes son los asesinos, llevarlos a juicio y castigarlos. No es comprensible que los fiscales no pongan todo lo que está de su parte en este asunto de la definitiva violación del derecho humano a la vida.

Las pistolas de Alito Estúpidamente ocurrente, el fracasado dirigente nacional del PRI. El ex gobernador de Campeche, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, acaba de informarle a los medios de que su bancada, supongo que, en la Cámara de Diputados, presentará una iniciativa de Ley para que la ciudadanía tenga fácil acceso a la compra y posesión de armas y así pueda defenderse de la delincuencia. ¡Qué tal! ¿Eh? Este fue el anuncio de Moreno Cárdenas: “Vamos a proponer modificar la Ley de Armas de fuego para que, con mayor facilidad, las familias mexicanas puedan acceder a armas de mayor calibre, a efecto de que puedan proteger su casa, sus negocios y su vida. La gente está indefensa; se trata de que, a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexica-

nos, que los delincuentes sepan que la gente se pueda defender”.

De veras, ¿Lo dice en serio?

La propuesta, anunciada en un evento acompañado de priistas y que ratificó a través de su cuenta de Twitter dice: “Si el gobierno no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, que las familias que lo deseen tengan la opción de armarse para proteger su vida y las de sus hijos. Ya es hora de que los delincuentes sepan que la gente se va a defender”.

Bueno. Si el campechano no repara de que todo el mundo se da cuenta de que es un corrupto, menos descubrirá que por problemas neuronales no puede ver la estupidez de sus propuestas y de sus gravísimos errores frente a la dirigencia de su partido, como ganar sólo una gubernatura- Y a medias.

Por su parte, integrantes de su mismo partido se mostraron en contra de la propuesta de su líder, como el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Este legislador pedirá a las autoridades electorales y judiciales que declaren la expulsión del campechano de la presidencia del PRI. Otro tanto planteó la yucateca Dulce María Sauri Riancho, ex presidenta del CEN tricolor.

La propuesta de armar a la población no es una barbaridad, no es un error. Es una verdadera estupidez.

CMAN

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CONTRA PODER EN CHIAPAS

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

Jueves 30 de Junio de 2022 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 8 | No. 2413 RESOLUCIÓN

Sheinbaum difundió propaganda en periodo prohibido y puede ser investigada por el INE: TEPJF

DENUNCIA

Señalan de agresión de elemento de la GN en San Cristóbal

PAG. 9

REPORTE

Juez dictará sentencia este jueves por entrega de 49 mil perfiles de ADN de desaparecidos PAG. 3

ACUSACIÓN

PAG. 8

COMUNICADO

Alianza de Medios condena el asesinato del periodista Antonio de la Cruz

PAG. 7

Jaime Bonilla declarará por el desfalco de 12 mil millones de pesos para planta fotovoltaica El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y nueve exfuncionarios más deberán presentarse a declarar el 15 de agosto próximo y responder a las acusaciones de peculado y coalición de servidores públicos, al generar un desfalco por 12 mil millones de pesos.

PAG. 5

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Comunidad judía en México critica a AMLO por llamar “hitleriano” a Carlos Alazraki